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Keiko Fujimori

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La ex candidata presidencial de Perú Keiko Fujimori (44) fue excarcelada y pasó este martes el primer día en su casa, donde fue testeada por coronavirus. Esto sucedió luego que la Justicia revocara su prisión preventiva y exigiera a la Fiscalía que avance en una fecha para el juicio por financiamiento electoral ilegal y lavado de dinero.

Fujimori esperará su juicio en libertad luego que la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Especializada en Delitos de Crimen Organizado resolviera el jueves pasado que la Fiscalía no tenía fundamentos para pedir su prisión preventiva ni la corte de primera instancia para aprobarla en enero pasado.

El tribunal de apelaciones estableció una fianza de 20.5000 dólares y, tras el pago, Fujimori fue liberada anoche y regresó a su casa en Lima, informó la agencia de noticias EFE

Se trata de la segunda vez en cinco meses que la hija ex presidente Alberto Fujimori -que gobernó el país entre 1990 y 2000, dio un autogolpe y está preso por abusos a los derechos humanos- recuperó la libertad, lo que demuestra lo política y judicialmente sensible que se ha vuelto el caso.

La corte de apelaciones rechazó el argumento de inocencia de los abogados de Fujimori y hasta ratificó las pruebas presentadas en la imputación. Sin embargo, le exigió a la Fiscalía que no siga dilatando el inicio del juicio, para el que aún no hay fecha.

Según el fiscal del caso, José Domingo Pérez, la investigación debía concluir en marzo, pero el trabajo se suspendió por la cuarentena que rige en el país por la pandemia de coronavirus y que el gobierno prometió comenzar a flexibilizar en breve.

Tras salir de la cárcel, Fujimori anunció que no vivirá con sus hijas y esposo hasta que se descarte si tiene coronavirus, pero sobre todo porque su cónyuge, el estadounidense Mark Vito, es otro de los imputados en la causa por lavado de activos y financiamiento electoral ilegal.

La imputación, que alcanza al entorno familiar y político más cercano de Fujimori, sostiene que la ex candidata presidencial recibió millonarios aportes no declarados de empresas como la brasileña Odebrecht y la peruana Credicorp, entre otras.

Algunos de los empresarios confirmaron el pago de esos aportes no declarados.

La excarcelación de Fujimori no solo provocó rechazo en las redes sociales por su imagen vinculada a actos de corrupción, sino porque la dirigente opositora tendrá acceso a una prueba molecular y a otra rápida de descarte del coronavirus, dos recursos que escasean en el país, incluso para miles de enfermos que esperan horas en los hospitales para poder ser testeados.

El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Especializado de Perú, concedió este miércoles la apelación presentada por la defensa de Keiko Fujimori, a quien se le dictó en enero prisión preventiva por 15 meses.

“Comunicamos a la opinión pública que se ha concedido el recurso de apelación en favor de Keiko. Esperamos que se eleve el incidente en el menor plazo posible”, afirmó la abogada de la líder de Fuerza Popular, Giulliana Loza.

Por su parte, el juez Víctor Zúñiga Urday  acordó “conceder el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la investigada Keiko Fujimori”, tras el cumplimiento de los requisitos para aprobar el mismo.

Asimismo, el titular del Juzgado dispuso que se elevará el cuaderno incidental al superior jerárquico (la Segunda Sala Penal de Apelaciones), la cual se pronunciará respecto al pedido para dejar sin efecto la prisión preventiva contra la hija del expresidente, Alberto Fujimori.

La excandidata a la presidencia de Perú, es acusada de recibir financiamiento de la empresa Odebrecht para sus campañas presidenciales, así como por el delito de lavado de activos.

Fujimorifue detenida el 15 de enero último cuando el juez Zúñiga Urday, dispuso que la dirigente política cumpliera prisión preventiva mientras se investigan los delitos de los que se le acusa.

La líder opositora cumple una orden de prisión preventiva por 18 meses, hasta abril próximo, a raíz de las investigaciones en su contra por los aportes irregulares de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña electoral del 2011 y 2016.

El esposo de la líder opositora Keiko Fujimori, el estadounidense Mark Vito, cumple desde este jueves una huelga de hambre en la puerta de la prisión en la que está recluida en Lima la ex legisladora, a escasos días de que el Tribunal Constitucional resuelva un pedido de excarcelación de la ex candidata presidencial.

Vito explicó que tomó la decisión «en una protesta contra tantos abusos, tantos excesos, tantas jugadas de parte del Ministerio Público», que abrió una investigación contra Keiko por lavado de activos.

Según la agencia EFE, Vito se quejó de «tanto show de parte del fiscal (del caso José Domingo Pérez), que llega un momento que uno dice basta, basta de tantos abusos».

Los intentos de su defensa por sacarla de prisión fueron inútiles y queda pendiente un recurso presentado por su hermana Sachi Fujimori, que debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional (TC) el martes 19.

Vito afirmó que Keiko Fujimori «está en prisión preventiva sin fundamento (porque) está investigada por un tema de aportes y en Perú no está tipificado en el Código Penal como delito».

El esposo de la fundadora de Fuerza Popular se instaló en las afueras del penal de mujeres de Chorrillos en una pequeña carpa, rodeado de seguidores de Fujimori que muestran fotografías de su líder y carteles pidiendo su liberación.

En opinión de Vito, «lamentablemente este caso se ha politizado, es un juicio e investigación mediático (aunque) jurídicamente no hay nada».

La líder opositora peruana Keiko Fujimori, encarcelada desde hace 10 meses por el escándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht, fue internada de urgencia en una clínica tras sufrir problemas coronarios, informó el domingo su abogada.

«Quiero confirmar que Keiko ha sido trasladada a la clínica Centenario por problemas coronarios», indicó en Twitter la abogada Giulliana Loza.

Horas más tarde se conoció que la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), de 44 años, había sufrido una crisis hipertensiva, la segunda en lo que va del mes.

«El diagnóstico es de una crisis hipertensiva», dijo a periodistas la congresista Milagros Salazar, vocera del partido fujimorista tras visitar a Keiko Fujimori en la clínica.

Los médicos lograron estabilizar la presión arterial de la paciente, «que presentó dolor precordial en el pecho», agregó la congresista quien indicó ser enfermera de profesión.

Esposada 

Keiko Fujimori fue trasladada en ambulancia la noche del sábado desde la cárcel de mujeres de Chorrillos, al sur de Lima, hasta la clínica peruano-japonesa Centenario, en el distrito limeño de Pueblo Libre, a unos 16 kilómetros de la prisión, esposada a la camilla.

Trasladarla esposada fue un exceso, lamentó el también congresista fujimorista Miguel Torres, amigo de la familia Fujimori y quien acudió a la clínica este domingo.

La dirigente política y dos veces candidata presidencial, fue enviada a prisión preventiva el pasado 31 de octubre en el marco del escándalo Odebrecht, que salpica a cuatro exmandatarios peruanos.

La fiscalía investiga si ella cometió lavado de activos vinculados a aportes ilícitos a su campaña electoral por parte de Odebrecht por un monto de 1,2 millones de dólares.

Primogénita del encarcelado expresidente Fujimori, Keiko se halla internada en la misma clínica donde su padre estuvo por cinco días, hasta el viernes, por una afección cardíaca.

Es la segunda vez, en los últimos 15 días, que Keiko presenta problemas coronarios en la cárcel, donde está recluida desde octubre de 2018.

Recurso de amparo 

La recaída de Keiko se produce luego que el jueves la Corte Suprema le redujera de 36 a 18 meses la prisión preventiva que cumple mientras avanzan las investigaciones por el caso Odebrecht.

Con la resolución de la Corte Suprema, la líder del partido Fuerza Popular (derecha populista) y madre de dos hijas menores, se mantendrá encarcelada hasta el 30 de abril de 2020.

Keiko Fujimori, sin embargo, tiene aun abierta la posibilidad legal de salir libre antes de esa fecha.

El Tribunal Constitucional peruano evaluará el 25 de septiembre un recurso judicial de hábeas corpus y Keiko Fujimori podría intervenir en la audiencia por teléfono o video conferencia desde la prisión.

El recurso de amparo fue presentado en julio por su hermana menor Sachi Fujimori, quien pidió la anulación de la prisión preventiva de 36 meses al estimar que los derechos de Keiko fueron vulnerados por el juez César Sahuanay y otros magistrados que dictaron sentencia en primera y segunda instancia.

Con este recurso la defensa de Fujimori sigue el mismo camino usado por el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, que logró su excarcelación el 26 de abril de 2018 tras cumplir nueve de los 36 meses de prisión preventiva que le impuso la justicia.

La líder opositora peruana Keiko Fujimori presenta problemas coronarios en el penal de mujeres donde cumple una prisión preventiva de 36 meses por corrupción, informó este sábado su partido Fuerza Popular.

«Keiko Fujimori ha tenido problemas de salud y ha requerido la atención de un médico cardiólogo», señaló el principal partido opositor en un comunicado.

La complicación de salud se presentó el viernes y fue tratada por personal médico del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Hasta el momento, el Inpe no ha informado sobre la salud de la primogénita del también encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo partido controla el Congreso peruano.

«La situación está controlada y nos encontramos a la espera de los resultados de los exámenes médicos a los que ha sido sometida», afirmó el comunicado.

«Es evidente que esta injusta privación de su libertad está generando un impacto en su salud», agregó.

El miércoles, un tribunal rechazó un recurso de «habeas corpus» para excarcelar a Keiko Fujimori, presa desde hace 10 meses por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.

Ahora la líder opositora espera el fallo de la Corte Suprema sobre otro recurso de casación, anunciado para el 12 de septiembre. El máximo tribunal no evalúa excarcelar a Keiko, sino eventualmente reducir a 18 meses su prisión preventiva.

El escándalo Odebrecht también salpica a cuatro exmandatarios peruanos.

Los cinco miembros de la Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú coincidieron en que la ex candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tenía pleno conocimiento del aporte no declarado y presuntamente ilegal que hizo a su campaña la constructora brasileña Odebrecht, por lo que rechazaron que sea excarcelada, publica la prensa limeña.

Los magistrados, que habían mostrado disidencias respecto de la extensión de la prisión preventiva que cumple la líder opositoria, una mayoría votó por 36 meses y otros por 18 meses, pero la investigación sobre Odebrecht aunó criterios, informa el diario La Republica.

La defensa de la hija del ex presidente Alberto Fujimori tramita ante la Cámara de Casación la libertad de la dirigente, cuyo encarcelamiento considera “injusto” porque la fiscalía no ha probado que ella recibió fondos para financiar su campaña presidencial.

Sin embargo, de acuerdo con la resolución de la Sala Penal Permanente que publica La República, la ex candidata sí estaba enterada del origen del financiamiento para su postulación presidencial.

Para empezar, los vocales supremos acordaron que la instancia anterior a la Corte Suprema pudo establecer que la fuente del dinero no era legal, por lo que resolvió correctamente a favor del pedido de los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato de imponer la detención preventiva para Keiko Fujimori con la finalidad de no interferir u obstaculizar la investigación del caso.

“La Sala Superior cumplió con precisar y analizar los elementos de convicción válidamente incorporados que acreditarían la procedencia ilícita del dinero de parte de la empresa Odebrecht”, señalaron los vocales supremos Hugo Príncipe Trujillo, Jorge Castañeda Espinoza, Zavina Chávez Mella, Iván Sequeiros Vargas e Iris Pacheco Huancas, por lo que rechazaron la pretensión de la defensa de declarar nula la detención de Fujimori.

“Los hechos determinan que la investigada, por el lugar que ocupaba en la agrupación política, tenía conocimiento de las actividades que se desarrollaban (en el partido). También tenía conocimiento de la procedencia del dinero para financiar la campaña electoral”, precisaron los vocales supremos.

Entre los elementos a los que se refieren los vocales supremos –señalados por el fiscal José Domingo Pérez– están los documentos presentados por el representante de Odebrecht sobre las dos entregas de US$ 500 mil, cada una para la campaña presidencial fujimorista.

También las confesiones del ex operador de la empresa brasileña en el Perú Jorge Barata; la declaración del ex presidente de Odebrecht, Marcelo Bahía Odebrecht, quien autorizó la entrega de un millón de dólares; la manifestación del ex director de la empresa en América Latina Luiz Antonio Mamerí, y el testimonio del ex ejecutivo Fernando Migliaccio Da Silva.

En el mismo sentido volvió a declarar Jorge Barata, el 6 de agosto pasado, cuando indicó que quien le pidió el dinero para Keiko Fujimori fue Jaime Yoshiyama Tanaka, y que fue a éste y a su mano derecha en la campaña presidencial, Augusto Bedoya Cámere, a quienes proporcionó el dinero en efectivo, señaló la Fiscalía.

La multinacional brasileña Odebrecht reconoció que aportó 500.000 dólares a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, otros 500.000 para la alcaldesa limeña Susana Villarán y 60.000 dólares para el ex gobernador de San Martín, César Villanueva, a cambio de la adjudicación de Rutas de Lima y de una carretera.

La admisión se dio en la ronda del interrogatorio a los ex superintendentes deOdebrechten el PerúJorge Barata(2001-2012) y Ricardo Boleira (2012-2017) cuando los ex funcionarios de la constructora declararon que los pagos se hicieron mediante el Departamento de Operaciones Estructuradas, así lo detallo el Diario Jornada.

En el caso de Villarán, a ella se le pagó con el seudónimo de“Careca”, en alusión a un conocido payaso brasileño, “Carequinha”, porque estilaba usar una bufanda verde como la ex alcaldesa, dijoJorge Barata, informó el diario limeño La República.

Los interrogatorios de ayer martes en Sao Pablo se organizaron luego de que la prensa revelara transferencias de fondos desde el Departamento de Operaciones Estructuradas que no habían sido declaradas anteriormente por la constructora.

A Villanueva, en cuya gestión como gobernador de San Martín se adjudicó aOdebrechtla construcción de una carretera por 109.5 millones de soles, se le pagó en efectivo una presunta coima de 60.000 dólares, segúnBarata.

Entre el 2 de abril del 2018 y el 8 de marzo del 2019, Villanueva ejerció como primer ministro del presidenteMartín Vizcarra.

Barata además ratificó queOdebrechtabonó US$ 500.000 a la campaña presidencial deKeiko Fujimorien 2011, lo que documentó ante las autoridades.

La declaración afecta seriamente la defensa de la ex candidata presidencial, que alega que nunca recibió un centavo de la constructora brasileña.

La delación de Barata se produce justo cuando la líder deFuerza Popular solicitó una casación contra la orden de detención preventiva por 36 meses por presunto lavado de activos.

La confesión del brasileño influirá en la decisión de laCorte Suprema.

Por otro lado, el ex gerente general de la Empresa Municipal de Peaje (Emape) Martín Bustamante Castro, y ex hombre fuerte de las gestiones del ex alcaldeLuis Castañeda Lossio, es otro de los que según los confesores recibió dinero por lo bajo. Bajo el seudónimo de “Bigode” (‘Bigote’, en español),Odebrechtle abonó US$ 75.527, supuestamente por facilitar la continuidad de la concesión aRutas de Lima.

También trascendió en Sao Pablo que Jorge Barata señaló que la persona que se ocultaba detrás del seudónimo“Almonadinha”era el abogado Horacio Cánepa Torre, a quien el Departamento de Operaciones Estructuradas había abonado US$ 878 mil 364 en sobornos. Cánepa actuaba como árbitro en beneficio de la empresa brasileña.