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Justicia Federal

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En los últimos días se detectaron nueve casos de viajeros o contactos estrechos de contagiados que debían cumplir aislamiento obligatorio, pero que no pudieron ser ubicados en los lugares donde debían permanecer.

Autoridades de la Policía Federal Argentina se reunieron este viernes en Comodoro Rivadavia con personal de Salud y representantes de organismos que se dedican al control del aislamiento social preventivo y obligatorio. Se acordó que ante los incumplimientos de la cuarentena por parte de viajeros y aquellos contactos estrechos de casos positivos de COVID-19 o incluso personas infectadas, se realizará un acta que se enviará a la Justicia Federal.

Esto es debido a la gran cantidad de incumplimientos que se vienen registrando por parte de los que deben cumplir la cuarentena estricta por 14 días y no sin localizados.

El centro de control telefónico ha detectado junto a la Policía Federal estás infracciones.

De ese modo, ya se han labrado nueve actas de incumplimiento que ya fueron giradas a la Justicia Federal para iniciar una causa en la que se sancione este comportamiento que pone en peligro y grave riesgo a la salud pública, señaló El Comodorense.

La reforma judicial que presentó el Gobierno hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país y crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de «reglas de actuación» para los magistrados federales.

Justicia Federal Penal

Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.

Nuevos magistrados

Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Juicios en curso

El presidente Alberto Fernández aclaró que «la conformación de esta nueva reforma judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando».

Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías

El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.

Transferencia de la competencia penal a la Ciudad

La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.

Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo

Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.

Fortalecimiento de la justicia en todo el país

El plan para fortalecer la justicia federal en todo el país tomó la iniciativa presentada por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del programa «Justicia 2020», considerando los 114 proyectos de ley que proponían la creación de juzgados federales desde el año 2008. Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el Gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.

-Consejo Consultivo

La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho con antecedentes y prestigio para, en palabras del Presidente, «repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público» y hacer propuestas.

-Pautas para jueces.

El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:

A. Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

B. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

C. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

D. Ejercer sus funciones libres de interferencias.

E. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

F. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

G. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

Referentes de la justicia provincial y federal cuestionaron el proyecto del Ministerio de Seguridad. Ninguno fue consultado y recordaron que ninguna de las provincias que hizo lo que Chubut impulsa recibió fondos de Nación. Falta de laboratorios, policías que renuncian y estrategias encontradas.

El proyecto de ley para que la Justicia provincial sea competente para investigar el narcomenudeo fue rechazada por referentes del fuero federal y criticada por la Procuración General. Todos coincidieron en advertir que Chubut no cuenta con los recursos económicos ni humanos capacitados adecuadamente para un tratamiento integral de la problemática. Si bien esta dificultad está prevista en el proyecto, que prevé financiamiento nacional, aseguran que en las provincias que adhirieron a la desfederalización de estas investigaciones no se recibieron los aportes comprometidos. No es un dato menor para investigar uno de los delitos que cuenta con todos los recursos económicos para sortear las pesquisas, indicó un informe publicado hoy en Jornada.

El procurador Jorge Miquelarena afirmó que “ninguna de las provincias que desfederalizó recibió ni un solo peso. Se cansan de manifestarlo mis colegas procuradores cada vez que tenemos una reunión”.

En Tucumán cuando salió la Ley “el propio procurador se opuso y está frenada”. El jefe de los fiscales adelantó que el proyecto no contaría con el respaldo de Legislatura al indicar que en Chubut podría pasar lo mismo “en la medida en que salga aprobada la Ley”.

“Ni hablar”

Sobre lo económico, Miquelarena explicó que “hay que hacer las pericias químicas en laboratorios forenses con reactivos y equipamientos que salen mucha plata. Y ni hablar de los equipos con los que sí contamos, que se llaman UFE, una valija tipo computadora de origen Israelí, para bajar la información de los celulares. Tienen un costo muy elevado y otro costo muy elevado para actualizar los software cada 3 años. Por ejemplo los últimos presupuestos de mayo, son de 55 mil dólares o 58 mil dólares para actualizar un solo equipo”.

Versión Gélvez

El fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez hizo la misma observación. “Cuando se implementa un cambio de sistema se requiere mucho dinero porque hay que nombrar fiscales, oficinas judiciales. El proyecto va a implicar dinero y en estos momentos no tengo ni que argumentar mucho para decir que no existe. Es inviable”.

Sobre el financiamiento federal previsto por el proyecto, Gélvez señaló que “estuve hace unos años en una reunión de procuradores generales de las provincias en Puerto Madryn, donde todos señalaron que nunca el Estado Federal les había remitido esos recursos para investigar y juzgar el narcomenudeo”. Según su evaluación, a pesar del cambio de gobierno y de los años, “esto no varió”.

“La situación del Estado no es la mejor y será muy difícil que transfiera esos fondos. Desde el punto de vista financiero sin entrar a analizar el proyecto, es inviable” insistió.

“Mitad de camino”

Gélvez relacionó la falta de recursos con las investigaciones de narcotráfico que quedan truncas en la medida que ascienden en la cadena de los involucrados.

“Falta más personal en las fuerzas federales y en Policía de la provincia para investigar más a fondo y lo que tanto quiere el juez como yo es subir en la cadena de tráfico de estupefacientes. Se llega a mitad de camino pero nunca se puede ir más arriba también porque faltan recursos del Estado para investigar”.

Según ejemplificó, “en Chubut no tenemos las cabinas telefónicas para interceptar las líneas en la zona, entonces hay que ir a Buenos Aires. Pero hay problemas, y que no digan que lo van a solucionar, con los viáticos que le pagan a la policía de Chubut para que vaya una persona”.

Desintoxicar

Además se necesita un laboratorio, para analizar LCD, marihuana, cocaína y drogas sintéticas. “No lo hay en la provincia, ni del Ejecutivo ni de Policía. Todo eso implica más dinero” advirtió el fiscal.

En cuanto a los consumidores: “la Ley establece medidas de seguridad curativas y primarias que son educativas .¿Provincia va a también crear organismos para llevar adelante la desintoxicación de los enfermos y que así se considera o de aquellos que experimentan por primera vez y que hay que darle la educación al respecto?”.

“De golpe”

El presidente del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, Enrique Guanziroli, indicó que “de golpe llevarles este tema excede las posibilidades por los recursos no sólo materiales sino humanos, porque requiere preparación”. Y su traslado al fuero provincial desde septiembre “complicaría un poco las cosas”.

“Es loable que la provincia adquiera madurez en este tema para asumir esta responsabilidad, pero no están muy dadas las condiciones para que pueda hacerlo desde los recursos económicos y la formación de los operadores”, sintetizó. “De pronto insertar esto de golpe en todas las estructuras del Estado provincial, que además pasa por crisis muy severas, es un poco aventurado”.

70 por ciento

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral precisó que el 70% de las causas que investigan son por narcomenudeo. A a su criterio el principal inconveniente será la coordinación de las investigaciones provincial y federal en el momento en que se deja de considerar narcomenudeo y se avanza en la cadena a otros eslabones. “Sucede que el resto de investigaciones más complejas tienen su razón de ser en vínculos que están dentro de la escala de responsabilidades de la cadena del tráfico”. Esta división es a su criterio la que puede generar inconvenientes en la práctica.

Lleral no fue consultado para elaborar el proyecto. “Tiene ciertas dificultades que las demuestran la experiencia. Se presentan en donde se corta la investigación y en la cadena de relaciones que surgen de los delitos. Eso dificulta la investigación, pero es una opinión personal”. El juez afirmó que hasta el momento en las provincias en las que se aplicó la desfederalización, no hubo una mejora en la problemática a combatir. “Hay provincias que adhirieron y no tuvieron éxito ni disminuyó el tráfico. No contribuyó”. Un ejemplo es la provincia de Buenos Aires, donde la problemática de hecho se incrementa.

“El tráfico aumentó en todo el país y la experiencia lo refleja incluso en estas provincias que tiene la doble persecución”. Si avanza la iniciativa “El gran problema son los límites que pueden existir en las investigaciones, dónde ponemos el límite de la intervención provincial y federal. El problema debe ser atacado globalmente en forma abarcativa por un solo fuero”.

Lleral además coincidió con Guanziroli es que la propuesta provincial tiene el foco puesto en la represión del delito pero no prevé un tratamiento integral del problema.

“El combate al narcotráfico implica otras acciones por parte del Estado como la concientización, educación, relacionarlo con otros aspectos de la vida de una persona” advirtió.

“El problema debe ser atacado globalmente y en forma abarcativa por un solo fuero”, sugirió el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Los trabajadores de la Justicia Federal del país cobrarán el medio aguinaldo en tres cuotas, según lo dispuesto este martes en una acordada de la Corte Suprema de la Nación.

La disposición incluye a los juzgados nacionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no abarca a los Poderes Judiciales provinciales.

La decisión del máximo tribunal del país se alinea con la tomada por el Poder Ejecutivo en relación con el sueldo anual complementario para los empleados estatales nacionales.

En la acordada difundida por la Corte, los magistrados expresan que en el Poder Judicial de la Nación “se verifican” las mismas circunstancias invocadas por Presidencia para abonar en tres veces el aguinaldo.

La primera parte se abonará dentro del plazo previsto hasta la suma de 40 mil pesos brutos y el excedente se repartirá en dos veces cuotas iguales junto con las remuneraciones de julio y agosto.

Cabe señalar que los motivos del pago en tres veces se enmarcan en la crisis económica provocada por la pandemia de coronavirus.

El juez federal Gustavo Lleral informó que la justicia Federal inició unas 2500 causas por incumplimiento al decreto de aislamiento y detalló que hubo casos en los que se procedió al secuestro de vehículos que en total, suman 500, aunque algunos de ellos fueron restituidos cuando los pedidos fueron debidamente justificados.

El juez Federal remarcó en diálogo con Radio Chubut que desde el juzgado que él dirige nunca se solicitó la detención de ninguna persona que hubiera incumplido con el decreto y que sí se procedió a las demoras del caso, relacionadas más que nada con la toma de datos o la verificación de los hechos.

En algunos casos, las personas imputadas por este delito de incumplimiento al decreto de aislamiento propusieron la suspensión del juicio a prueba ofreciendo la realización de trabajos comunitarios, aunque debido a la situación que estamos atravesando, eso es de imposible cumplimento por el momento, según detalló el juez.

Lleral aseguró que no se contemplan multas y que sí podría existir una especie de resarcimiento, la donación a alguna institución de bien público, pero se trata de cuestiones que se decidirán en el futuro.

La Policía apresó ayer a cuatro ladrones cuando escapaban en un utilitario, llevándose una importante extensión de un cable telefónico que habían cortado en dos tramos, en las inmediaciones del acceso sur de la ciudad, dejando sin el servicio de telefonía fija a unos 135 abonados, pero desde la Justicia Federal de Rawson dispusieron que les secuestraran el «botín» y se los liberara.

Por lo que se supo, desde el juzgado del doctor Gustavo Lleral los citarían este lunes para notificarlos de que se los va a investigar por un delito federal; el de robo con interrupción de las comunicaciones.

La Policía sospecha que algo tienen que ver con la banda de delincuentes que con fines de robo durante los últimos tiempos vino saboteando la fibra óptica de Movistar para neutralizar los sistemas de seguridad de bancos, cajeros o lugares en donde hay cajas fuertes; y en consecuencia mientras estaban siendo identificados en la Comisaría antes de que salieran en libertad les allanaron las casas pero -lamentablemente- en esos procedimientos, no encontraron nada que los incriminara, refirió una fuente.

Los cables que habían sustraído no son fibra óptica sino conductores multifilamento de una instalación que provee de telefonía fija a un vasto sector de la zona sur de Trelew que ayer, a la mañana entre las siete y las diez se quedó momentáneamente sin el servicio, hasta que la empresa prestataria logró reemplazar la extensión de cable que había sido cortada.

El lugar en donde ocurrió ese hecho, situado en las proximidades del complejo deportivo del Club Huracán, en el acceso sur; está protegido ahora con sensores que se activaron y dieron la señal de alerta a la policía ni bien detectaron el corte. Así los ladrones pudieron ser interceptados cuando se estaban alejando del lugar.

Reconoció el “daño moral” sufrido por el oficial Marcelo Toulemonde, pasado a retiro obligatorio en 2012. La Armada aún pide su ascenso retroactivo.

La Justicia federal reconoció el «daño moral» y ordenó a la Armada y al Estado nacional indemnizar al capitán de fragata Marcelo Toulemonde, sancionado, perseguido por autoridades navales y de Defensa en los años K y finalmente pasado a retiro obligatorio en 2012, a partir de que su esposa gritara en un acto encabezado por Cristina Kirchner.

En su fallo de 28 páginas, al que accedió Clarín, la jueza federal subrogante del juzgado en lo Contencioso Administrativo 11, Cecilia Gilardi De Negre, acogió parcialmente la demanda del marino, ya que si bien le reconoce el daño y fija indemnización, rechaza su pedido de ser reincorporado al servicio activo y evaluado ante la Junta de Calificaciones de la Armada. Un expediente en este sentido, que ya tiene pedido favorable de la Armada con la firma del jefe naval, almirante José Luis Villán, está en trámite hace meses en el Ministerio de Defensa,según contaron a Clarín cerca de Toulemonde.

Toulemonde era hace 12 años jefe del Arsenal Naval Mar del Plata, un cargo considerado «técnico» en la Armada, que ejercía con responsabilidad y dedicación según múltiples testimonios. Su vida y la de su familia tendría un antes y un después del 20 de diciembre de 2007,cuando a diez días de asumir su primer mandato, Cristina Kirchner presidió la ceremonia de egreso conjunto de los cadetes de las tres fuerzas, en el Colegio Militar.

Cuando daba su mensaje «a las nuevas generaciones» referido a las tragedias del pasado a dejar atrás, en relación a los años de plomo de la dictadura, un grito retumbó en el solemne Patio de Honor: «¡Larrabure!» Clarín estaba allí ese día, y sigue el caso desde entonces. La custodia presidencial empezó a rastrear nerviosamente entre los asistentes. La autora sería identificada como Mónica Liberatori, esposa de Toulemonde. La mujer reconoció su actitud e hizo público su caso, unos meses después en una carta al diario La Nación.

El caso Toulemonde, que remite al caso Larrabure, es emblemático de los conflictos en los años de gobiernos Kirchner (2003-2015) con las Fuerzas Armadas a partir de la decisión de Néstor Kirchner de reabrir los juicios por la represión ilegal de la dictadura. Que reavivó el reclamo de la «familia militar» de tener en cuenta a las víctimas de la guerrilla. Larrabure es acaso su principal emblema.

Larrabure era el mayor Argentino del Valle Larrabure, ingeniero químico, secuestrado el 11 de agosto de 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) durante el copamiento de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de Villa María, de la que era subdirector. Estuvo 372 días cautivo en una «cárcel del pueblo» en Rosario.

El Ejército se negó a canjearlo por presos del ERP, y Larrabure se negó a colaborar con sus conocimientos técnicos con la guerrilla. Murió por asfixia, ahorcado según afirma hasta hoy su hijo Arturo Larrabure que sigue pujando en tribunales para que se considere su caso como delito de lesa humanidad (el ERP dijo que se suicidó). Su cuerpo fue hallado el 25 de agosto de 1975 en condiciones lamentables. Tenía 43 años. Historias trágicas de los 70: la familia de militantes que fueron los «carceleros» de Larrabure, fue identificada y cinco de sus miembros fueron salvajemente torturados, violados al menos en un caso y asesinados por los militares. Sobrevivió la que era una beba, Josefina Tosetto González, actual diputada de la Nación.

El fallo de la jueza Gilardi De Negre refleja el calvario personal que empezó a vivir el marino Toulemonde, y que arrancó con una sanción tras los hechos en el Colegio Militar por “no controlar debidamente a su señora esposa respecto de las normas de comportamiento a seguir». Había un en ejercicio una presidenta (hoy vicepresidenta electa) mujer, Cristina KIrchner; y una ministra de Defensa, mujer, Nilda Garré, paradójicamente la ministra de Defensa más reformistadesde la restauración democrática. Ambas consintieron la idea de que la mujer debe ser controlada por el marido, y el escarmiento al varón, por la falta cometida por su esposa.

Toulemonde fuetrasladado a Buenos Aires, alejado de su familia en Mar del Plata. Tuvo otras sanciones, leídas por sus camaradas como parte de un claro hostigamiento. No fue considerado para el ascenso en 2008. Enfrentó con el reglamento en la mano las arbitrariedades,la falta de resolución de su caso, que lo hizo permanecer 9 años en la jerarquía, cuando lo normal son 6, según recogió el fallo de Gilardi de Negre.

Tuvo graves consecuencias para su salud que derivaron en licencias médicas. Fue pasado a retiro obligatorio en 2012.

Aquel día fatal del acto en el Colegio Militar, un hijo del matrimonio Toulemonde-Liberatori egresaba como cadete naval; otro era escolta de la Bandera. Ninguno sigue hoy en la Armada.

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, en una decisión simbólica y reivindicatoria, revocó hace exactamente un año una resolución de la ministra Garré, de 2010, y ordenó pagar los sueldos retroactivos a una treintena de oficiales de las tres fuerzas pasados a retiro por» por portación de apellido». Eran primeros o entre los más destacados de sus promociones, pero eran hijos o parientes de militares connotados durante la dictadura. Por eso el kirchnerismo, en una polémica decisión política, les clausuró sus carreras.

Toulemonde no entró en este beneficio, porque ya había acudido a la Justicia, según se explica en voz baja.

El actual jefe de la Armada, almirante Villán, es compañero de promoción de Toulemonde. Conoce el caso al dedillo.El 19 de abril pasado, Villán envió una nota a Aguad con la postura de la Armada: consideró «sobresalientes» los antecedentes de Toulemonde, y le pidió a Aguad«equidad» en el tratamiento frente a los llamados «portadores de apellido». Por eso, pidió el aval a la decisión de la Armada de computar haberes de servicios reconociendo a Toulemonde el tiempo pasado “en retiro” como “en actividad”; y continuar con el trámite de ascenso retroactivo al 31 de diciembre de 2008. La decisión final está a consideración del ministro que se despide el 10 de diciembre, informó Clarín.

El secretario general de la Atech, Santiago Goodman, se presentó ayer en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia, donde fue convocado a prestar declaración como procesado por los cortes de rutas registrados en 2018 en la provincia, uno el 4 de abril y otro en el mes de mayo del mismo año.

A las 10 de la mañana concurrió el sindicalista al Juzgado, y estuvo acompañado por representantes de diferentes gremios que le manifestaron su apoyo.

«Planteamos claramente que lo denunciado por los gendarmes tiene que ver, nada más ni nada menos, que con la criminalización de la protesta social del gobierno provincial», dijo Goodman. Y aseguró que el gobierno busca «tratar de callar a los trabajadores».

En diálogo con la prensa, el dirigente de Atech informó que «expusimos ante el Tribunal todas las mentiras planteadas en el escrito y defendemos nuestra posición del reclamo», así lo informó el chubut.

Y concluyó que «ahora tienen que deliberar los tres jueces de Cámara y después tendremos lugar al veredicto».

Los recibió el juez Julián Ercolini, quien investigó el caso de Oil Combustibles, considerado una investigación de corrupción y no un delito tributario.

La justicia federal ya investiga 1.200 casos de violaciones a la legislación tributaria de los dueños del Grupo Indalo, un conglomerado de 170 empresas. Según denunció la AFIP, diferentes compañías de Cristóbal López -que por estos días presentó recursos para ser liberado- no pagaron IVA, el Impuesto a las Ganancias o retuvieron indebidamente los aportes de la seguridad social.

Esas denuncias fueron enviadas desde el fuero Penal Tributario hacia los tribunales de Comodoro Py en más de 90 cajas de documentos para que queden relacionadas procesalmente con la causa por la defraudación contra el Estado que implicó la deuda impositiva de $ 8.000 millones generada con Oil Combustibles, de López y Fabián De Sousa, que se apropiaron de lo que le cobraban en concepto de impuesto a la transferencia de los combustibles a sus clientes de las estaciones de servicio. La causa de Oil ya está en manos de un tribunal oral, de modo que ahora todos esos expedientes se encuentran en los tribunales federales.

Las más de cien causas que reflejan esos más 1.200 hechos que se tramitaban en el fuero penal tributario habían sido remitidas -en cajas numeradas y atadas con hilo sisal y bolsas que contienen carpetas rotuladas, expedientes con poco avance y documentación secuestrada- hace varios meses al juez federal Julián Ercolini, quien procesó y ordenó detener al empresario K como parte de su investigación por la defraudación en Oil. Sin espacio para almacenar la cantidad de expedientes ni recursos para procesar los miles de documentos que estas causas representan, Ercolini decidió delegar estas causas en el fiscal Gerardo Pollicita, quien también llevaba la investigación sobre la defraudación multimillonaria de López, De Sousa y Ricardo Echegaray (titular de la AFIP durante el kirchnerismo) al Estado.

Hoy, las cajas que habían sido enviadas al juzgado de Ercolini, aguardan un espacio físico para ser derivadas a la fiscalía, que ya comenzó a notificar a los acusados en esas causas. La justicia ya determinó a qué lugar mandará esos papeles: están aguardando que sean retiradas de una pequeña habitación en el Edificio Libertad (la sede de la Armada Argentina, ubicada frente a los tribunales federales), más de 80 cajas de la causa Hotesur SA, la empresa hotelera de la familia Kirchner. Paradójicamente, Cristóbal López también es investigado en ese expediente.

Los papeles de las causas acumuladas contra Cristóbal López por denuncias de la AFIP.

Los papeles de las causas acumuladas contra Cristóbal López por denuncias de la AFIP.

Las 1.200 denuncias por falta de pago de diferentes impuestos fueron presentadas por la AFIP como principal perjudicado, y quedaron radicadas inicialmente en el edificio de calle Inmigrantes donde funciona el fuero Penal Económico.

El destino de esas carpetas comenzó a modificarse cuando la Cámara de Casación Penal dictaminó que la causa por la retención del impuesto a la transferencia de combustibles por parte de Oil Combustibles (el principal activo que tenía el grupo) debía investigarse como un delito de corrupción y no tributario, ya que consideraron que el plan de López y De Souza fue financiar con esa evasión la expansión del holding. Así, Casación ordenó que Ercolini recibiera todas las causas de evasión de Indalo que tramitaban en otros fueros.

Más denuncias acumuladas contra los dueños del Grupo Indalo

Más denuncias acumuladas contra los dueños del Grupo Indalo

En Comodoro Py se resistió ese planteo, pero sin éxito, y de ese modo quedaron allí las causas que Pollicita terminó ordenando en grupos. Así, quedaron por un lado los expedientes que están para ser elevados a juicio oral, por otro aquellos en los que se indagó a los acusados pero que tienen no resuelta su situación procesal, y por último un tercer grupo cuyos casos fueron enviados a la AFIP para que analice si la suma por la que se formuló la denuncia sigue siendo punible.

Un problema adicional que detectó la justicia federal con estos 1.200 casos es que muchos de los hechos no se encuentran vinculados al período en el que se investigó la defraudación que juzga el Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3). “La causa de Oil Combustibles plantea que toda la maniobra no se podría haber generado sin la connivencia de Ricardo Echegaray, pero hay muchos hechos que son posteriores a 2015, con lo cual no corresponde la misma figura, porque Echegaray ya no estaba en la AFIP”, explicaron fuentes judiciales a Clarín.

Los dueños del Grupo Indalo están presos desde el año pasado, pero el TOF 3 les otorgó la excarcelación tras un sobreseimiento a favor de López y De Souza en una investigación sobre el intento de venta del holding. Pese a ello, los empresarios cuentan con prisión preventiva en dos expedientes vinculados a la causa de los Cuadernos de las Coimas y el viernes pasado el juez Claudio Bonadio rechazó liberarlos. Será la Sala I, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, la que decida si concede la excarcelación o no en este último caso, lo cual podría implicar la salida en libertad de López y De Souza.

«La Justicia Federal tiene que tomar una determinación para evitar este nivel de conflicto entre trabajadores», reclamó ayer el ministro Coordinador, Federico Massoni, a raíz de la violenta situación que se dio durante la madrugada cuando petroleros atacaron a manifestantes estatales en un piquete cerca de Comodoro Rivadavia.

Massoni se refirió al conflicto entre gremios de la educación y petroleros, por el acceso a los pozos en la intersección de las rutas nacionales Nº 3 y 26 en Comodoro Rivadavia, indicando que «Comodoro debe estar en paz, por eso mañana (por hoy jueves) voy a tener reunión con la Ministra de Seguridad de la Nación (Patricia Bullrich). Necesitamos que cada uno de los actores de los tres poderes trabaje con responsabilidad», señaló.

El ministro de Coordinación de Gabinete dijo estar preocupado por los hechos sucedidos en la intersección de las rutas 3 y 26, en Comodoro Rivadavia, producto del corte de ruta que mantienen los docentes, y que derivó en un enfrentamiento con el gremio de petroleros por el acceso a los pozos. Reseñó El Chubut.

CONTRA LA JUSTICIA FEDERAL

Dijo Massoni que el motivo de la reunión con Bullrich es porque «necesitamos que cada uno de los actores de los tres poderes trabaje con responsabilidad. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra función, pero es la Justicia Federal, que nunca se quiso meter en la problemática, la que tiene que tomar una determinación para evitar este nivel de conflictos entre trabajadores».

Asimismo, el funcionario provincial sostuvo que «se trata de una ruta nacional, es competencia federal, por lo que la seguridad la tiene que brindar Gendarmería, Prefectura o Policía Federal, y acá hay muchos que están mirando para otro lado. Nosotros no podemos permitir que comprovincianos se estén peleando entre ellos, sin tomar una intervención». Y agregó que «se hicieron las presentaciones y actas de todos los cortes, está en manos del Juzgado Federal, pero hasta ahora no se tomó intervención».

«Esperábamos que después de la conferencia que dio el Gobernador ayer (por el martes), en donde llamó a la unidad, con la premisa de que es la única forma de salir de esta crisis financiera, se revea esa situación de los cortes. Como Estado no podemos permitir que existan este tipo de confrontaciones violentas entre trabajadores», concluyó Massoni.

LOS PIQUETES

«Esto lleva tres semanas de cortes que son férreos, ya que los manifestantes no permiten pasar a nadie relacionado con el petróleo, avasallando el derecho a transitar e incluso se reservan la facultad de pedir documentación al que quiera pasar», sostuvo el ministro.

Señalando una vez más a la Justicia Nacional, dijo Massoni que «nosotros desde el Gobierno siempre le dimos participación a la fiscalía federal, y nos encontramos con algo extraño: la misma fiscal que nos pedía intervenir, de la forma menos violenta (para levantar los piquetes) luego decía que retrocedamos y que no pusiéramos frente a los manifestantes a ningún efectivo policial».

Y agregó que «en el último oficio que nos mandan desde la fiscalía, se agregó un párrafo donde nos decía que antes de actuar teníamos que llamar al fiscal. Y cada vez que la llamábamos, nos decía que no se deje a ningún grupo policial a la vista de los manifestantes, o sea, nos hacía retroceder».