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«Más allá de este error involuntario en los gráficos publicados, queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada», añadió el Ministerio de Salud de la Nación.

El Ministerio de Salud de la Nación aclaró este domingo que la tasa de mortalidad por coronavirus en la Argentina dada a conocer por el presidente Alberto Fernández al anunciar la extensión de la cuarentena es «por millón de habitantes, no por 100.000» y dijo que hubo un «error en la rotulación de cada país» que fue «involuntario».

La cartera a cargo de Ginés González García pidió «disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas» y enfatizó a la vez que, pese a ello, «no aceptamos ni validamos mentiras»

«Es necesaria una aclaración en relación a la información presentada en el día de ayer: La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000. Si bien las tasas de mortalidad y de incidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país», dijo el Ministerio en la red Twitter.

«Más allá de este error involuntario en los gráficos publicados, queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada», añadió.

El Ministerio destacó que «para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso».

 

En un acto realizado este lunes por la mañana los concejales de Trelew retiraron la placa que señalaba a Tito Nichols -recientemente condenado por la Justicia- como edil del PJ durante los años 1999-2003 y la reemplazaron por un cuadro del militante desaparecido en 1976, Elvio Ángel Bel.

Este lunes, durante la sesión del Concejo Deliberante de Trelew, se llevó a cabo un emotivo acto en el que los ediles de la ciudad, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo N°39 del reglamento interno, establecieron que se retire la placa correspondiente al periodo 1999 a 2003 en la cual figuraba que Tito Nichols fue concejal del partido Justicialista por dicho lapso de tiempo en la ciudad de Trelew.

Jornada publicó que en la misma se encontraba presente en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de Trelew y fue reemplazada por un cuadro del docente y militante comunista Elvio Ángel Bel, desaparecido el 5 de noviembre de 1976. Vale recordar que Nichols fue condenado por delito de lesa humanidad por el secuestro y la desaparición forzada del militante.

Durante el acto, Hilda Fredes, viuda del docente desaparecido, manifestó: «Es importantísimo este momento. Han pasado más de 40 años, cuando a pocas cuadras de acá se llevaban a un hombre que luchaba por un cambio en la sociedad».

«Gran dolor se siente en este momento en el que estamos llegando a un final importante. Hemos luchado todos estos años, para poder llegar a esto. Hoy tenemos un Concejo Deliberante joven que se ha animado a hacer esto, porque Tito Nichols pertenece a un sector muy comprometido con los sectores políticos», expresó Fredes, que se mostró muy emocionada durante la ceremonia.

«Seguro que faltan cosas y queremos más», agregó: «Tenemos que seguir construyendo un mundo nuevo».

El ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, cuestionó duramente el proyecto de la Ley de Autarquía Financiara presentada por el Ejecutivo provincial, y que haya sido promovida en medio de una crisis financiara, agravada por la pandemia. Aseguró que “esto es una cuestión de Estado muy grave que no se puede hacer a las apuradas, a las escondidas como hizo Arcioni”.

Tal como adelantó ADNSUR, se ha generado una fuerte dispuesta en torno al proyecto de Ley de Autarquía Financiera que el gobierno provincial envió a la Legislatura de Chubut, que establece ingresos semanales para ambos poderes, y fija el 2,30% de fondos de Rentas Generales de libre disponibilidad para Legislatura y el 7,46% al Poder Judicial.

Alejandro Panizzi, ministro del Superior Tribunal de Justicia, en diálogo con esta agencia de noticias, cuestionó duramente el proyecto. “Oficialmente no lo hemos conocido, no nos han participado del proyecto del Ejecutivo, aquí se nos subrogó en una facultad constitucional de remitir un proyecto que rija la vida del poder judicial al STJ, no lo conocemos”, afirmó.

Asimismo, destacó que el texto que estuvo circulando “no sabemos si es real”, por lo que manifestó que “me parece que está hecho a las apuradas, previo a la confección de un proyecto hay que dar una discusión plural y cristalina, convocando al Poder Judicial, al colegio de abogados, al sindicato; yo no entiendo por qué esto se hace entre gallos y medianoche, cuando se trata de una cuestión de Estado”.

Respecto de los argumentos del gobierno provincial, que indicó que este proyecto está relacionado con una demanda histórica: “Estamos en medio de una pandemia, y de una crisis agobiante que no tiene antecedentes de la historia de la provincia. Yo no sé las razones de por qué el gobierno no las ha expresado, enviar un proyecto de autarquía en medio de esta crisis, es un mal acto de gobierno”, afirmó el ministro.

Panizzi además aseveró que “Argentina es un país federal, se confederaron los estados provinciales con una condición, que aseguren el servicio de la justicia, si eso no sucede se interviene la provincia”, dijo y reiteró: “Estamos hablando de intervención federal, esto no es una tontería, esto es una cuestión de estado muy grave que no se puede hacer a las apuradas, a las escondidas como hizo Arcioni”.

Tras esta confirmación, indicó que la intervención está estipulada en el artículo 5° de la Constitución Nacional. “Esto no es un invento mío, lo que hizo Arcioni está mal”, señaló.

Por último, Panizzi manifestó en relación a la posibilidad de que esto sea aprobado en la Legislatura “hay legisladores serios que harán caso omiso a este disparate, yo por ese lado estoy tranquilo. A quien se le ocurre en medio de esta crisis hablar de autarquía, todavía nos están debiendo dos sueldos”, puntualizó.

El fiscal de Puerto Madryn cruzó a gremialistas judiciales que instaban a afiliados a no concurrir a Tribunales y tampoco trabajar desde la casa, y destacó que “en el Ministerio Público hay empleados que voluntariamente están yendo a trabajar, porque entienden que el servicio de justicia es algo esencial, al contrario de lo que piensan algunos dirigentes, que parece que privilegian su salario a la gente y al derecho de justicia”.

“Viven en otra realidad. Hay empleados de salud, policías, cajeros de supermercado y playeros de estación de servicio que cumplen con sus tareas. Y es una actividad mucho más riesgosa que manipular un expediente. Con un sueldo mucho, mucho menor que un trabajador judicial”

Báez detalló que “los fiscales y funcionarios continúan atendiendo a las víctimas y prosiguen las investigaciones. En Madryn hubo dos homicidios en este mes. No se le puede decir a las familias de las víctimas que las causas no se investigan porque no hay muebles ergonómicos”, ejemplificó.

En relación a las medidas dispuestas para evitar la propagación del Coronavirus, Báez indicó que “obviamente la salud es lo primero y para ello se toman todos los recaudos y medidas de prevención necesarios, como el uso de barbijos, guantes, alcohol en gel y distanciamiento. Pero no se puede paralizar el servicio de Justicia”.

Actualmente, pese a que los Tribunales funcionan con guardias mínimas en el marco de la Feria Judicial decretada por el Superior Tribunal de Justicia, Báez recordó que la fiscalía manteniendo las actividades y, en tal sentido, destacó que la pandemia aceleró la modernización de determinadas prácticas. “El Poder Judicial actualizó muchas de sus prácticas. El expediente digital, las audiencias por videoconferencias, la recepción de denuncias por correo electrónico” y explicó que a la vez “se habilitaron sistemas donde los jueces, defensores y fiscales desde su casa pueden acceder de manera remota a su computadora del despacho y firmar escritos”

“La pandemia aceleró cambios en el mundo del trabajo. Hoy muchas actividades que antes se hacían manualmente y requerían de varias personas, con el avance tecnológico se pueden hacer de forma digital y ya no se requiere tanto personal. De todas formas, estas situaciones han demostrado que hay empleados comprometidos con su trabajo y el servicio de justicia”

Este sábado, el Juez Coordinador de la Ejecución de la Pena en Chubut, Daniel Yangüela, se refirió a uno de los planteos que realizaron los internos al informar que comenzaban con una huelga de hambre.

El magistrado aseguró que en el establecimiento penitenciario no hay personas consideradas como “caso sospechoso” de Coronavirus.

Yangüela afirmó que se trata estas versiones de información “inexacta”, al detallar que un recluso de la Unidad Penitenciaria Nº 6 fue recientemente trasladado por problemas de salud a un centro asistencial.

Allí fue sometido a una operación de vesícula y tras recibir el alta, volvió al penal ubicado en la Capital chubutense, donde cumplió con el aislamiento preventivo obligatorio de 14 días.

Esto viene a colación de la denuncia que se realizó desde el establecimiento carcelario, que daban cuenta de un reciente traslado desde Buenos Aires, lo cual generó preocupación y se sumó a los reclamos de los internos, que habían comenzado una huelga de hambre.

Yangüela expresó que en los establecimientos carcelarios de Chubut “se cumple con las medidas exigidas por las autoridades sanitarias para garantizar la salud de los detenidos y evitar la propagación del coronavirus”.

A través de cartas enviadas al intendente local, Gustavo Sastre, y al gobernador, Mariano Arcioni; solicitaron que en el contexto de la cuarentena, se declare “una actividad esencial” la de los estudios jurídicos.

Ambos “deberán hacer llegar al Poder Ejecutivo Nacional de forma urgente y directa –el pedido, para que- se autorice el ejercicio profesional de la abogacía, en Madryn”.

Los letrados argumentaron la inexistencia de casos de Coronavirus en la ciudad portuaria y que existen condiciones para que se habilite la actividad.

En igual sentido reseñaron que los abogados defienden a vecinos y trabajadores que “no han cesado ni han interrumpido (sus actividades) durante el último mes y requieren el asesoramiento”.

Asimismo, indicaron que en otros distritos como Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan, Neuquén y la vecina Santa Cruz, se autorizará la actividad de los abogados, contadores y demás profesionales liberales.

En otra presentación, el Colegio de Abogados de Madryn reiteró una solicitud al Superior Tribunal de Justicia, en la que requieren que se reactive completamente la actividad judicial, actualmente restringida y de excepción, tornando el servicio “inaccesible para la mayoría de los ciudadanos”.

Esto se plantea ante el vencimiento de Feria dispuesta por Acuerdo.

Así, solicitan que “se retome la actividad judicial adoptando las medidas necesarias para resguardar debidamente la salud de los trabajadores, magistrados y funcionarios judiciales, los profesionales y la ciudadanía que requiere del servicio de Justicia”.

“La democracia se encuentra afectada sin el pleno funcionamiento de los tres poderes del Estado y, en particular la función del Judicial, se hace más imprescindible que nunca para la sociedad, frente a abusos, vulneración de derechos e inobservancia de las normas vigentes”, concluyeron.

Dos fiscales quieren investigar al ministro de Seguridad, Federico Massoni por presunto abuso de autoridad y otros delitos de acción pública y ya hay al menos cuatro abogados de distintos lugares de la provincia que están interesados también en llevarlo a la justicia a él y a las máximas autoridades de la Policía de Chubut, aglutinando todos aquellos hechos en los que se han denunciado excesos y hasta vejaciones, en operativos que tenían como única finalidad hacer cumplir la cuarentena.

El jefe de los fiscales de Puerto Madryn, Daniel Báez, por ejemplo, es uno de los funcionarios judiciales que en las últimas horas reveló en declaraciones periodísticas que ha iniciado causas de oficio que apuntarían directamente a Massoni, en la sospecha de que el ministro pudo haber incurrido en delitos de abuso de autoridad o violación de los deberes de funcionario público.

Báez sostiene que “a medida que ha ido avanzando el tiempo de la cuarentena, (en Chubut) han ido restringiéndose los derechos de las personas” y él dijo públicamente que fue víctima de esas maniobras cuando no lo dejaron pasar en un retén policial mientras andaba trabajando y al momento en que se dirigía a una comisaría de Madryn.

A todo esto, en Trelew hay abogados que están representando a víctimas de una supuesta acción desmedida de la Policía, en Esquel pasa lo mismo y en Puerto Madryn un letreado de reconocida trayectoria hizo declaraciones en las últimas horas acusándolo a Massoni de querer “solucionar los problemas metiendo gente en cana”. Es prácticamente un hecho –vaticinios varios letrados- de que el ministro en algún momento va a tener que ir a dar explicaciones a la justicia, publicó Diario Crónica.

Como ya se sabe; a raíz de la pandemia del coronavirus la Justicia aisló a todos los reclusos del país suspendiéndoles las visitas y salidas transitorias, aunque en esa misma disposición se le pedía a las autoridades de los establecimientos carcelarios que les dieran teléfonos celulares para que pudieran comunicarse con los familiares o abogados: esta solicitud de los jueces en la Alcaidía de Trelew no se estaría cumpliendo y, en consecuencia, los presos presentaron un «Habeas Corpus» pidiendo a la Oficina Judicial local que la haga cumplir.

En el escrito, entre otras cosas, advierten que en otras cárceles ya han distribuido celulares y que lo que ellos están viviendo en la Alcaidía provoca que “prácticamente hayamos perdido todo contacto con nuestras familias desde la suspensión de las visitas”

Se trata de electrodomésticos que se encontraban en la casa en construcción que tenía Diego Correa en Playa Unión, protagonista de una de las causas más emblemáticas de corrupción de la provincia.

La Justicia de Chubut entregará una heladera y un generador de electricidad al Hospital «Santa Teresita» de Rawson para su disposición. Los bienes son propiedad de Diego Correa, protagonista de la causa Embrujo, una de las causas más emblemáticas de corrupción de la provincia.

Los tenía en una casa que había quedado en construcción en Playa Unión, informó El Chubut.

Además, el Ministro mantuvo dos reuniones con representantes de la Asociación de Comerciantes y la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción del Oeste del Chubut.

El ministro de Seguridad del Chubut, Federico Massoni, y autoridades de la Justicia Federal en Esquel evaluaron las líneas de acción conjuntas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto para frenar la circulación del Coronavirus en todo el país.

Una intensa agenda cumplió este miércoles en la localidad cordillerana el titular de la cartera provincial de Seguridad, la que incluyó reuniones con efectivos de la Unidad Regional de Policía, integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia (COEM) e intendentes de la región.

También mantuvo un importante encuentro junto al responsable a cargo del Juzgado Federal, el juez Guido Otranto, y el fiscal federal subrogante Federico Baquioni, con quienes analizó detenidamente lo efectuado hasta el momento en virtud de la contingencia epidemiológica.

En esta oportunidad el funcionario chubutense estuvo acompañado además por el jefe de la Unidad Regional Esquel (URE), Comisario Mayor Víctor Acosta, y Rocío Ferré de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APVS).

Massoni destacó el trabajo articulado entre el Justicia Federal y la fuerza de seguridad bajo el contexto sanitario actual y las diferentes resoluciones adoptadas para evitar la circulación del COVID- 19, el virus que hace varias semanas viene afectando el mundo.

Durante el encuentro realizado cerca de las 17 horas -en las oficinas del Juzgado Federal- se repasaron los procedimientos en la vía pública, detenciones e infracciones registradas al decreto que establece el aislamiento social preventivo y obligatorio.

Hablaron asimismo sobre los alcances del artículo 205 y 239 del Código Penal argentino, los cuales encuadran para aquellos infractores de la cuarentena que en el territorio nacional está vigente hasta el próximo 12 de abril inclusive.

Con comerciantes

Por otro lado, el ministro encabezó dos reuniones con representantes de la Asociación de Comerciantes y la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, Industria, Turismo y Producción del Oeste del Chubut.

Los temas analizados fueron el cronograma de atención al público en los establecimientos comerciales, los controles de la Policía del Chubut, los operativos y medidas preventivas para asegurar el cumplimiento del aislamiento social, entre otros.

Massoni les explicó que en el transcurso de los próximos días el propio gobernador de la Provincia, Mariano Arcioni, dará precisiones de un plan que prevé flexibilizar salidas laborales para algunas actividades puntuales.