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La cúpula del Ministerio Público Fiscal, gremios, abogados y Defensoría mantienen un encuentro esta mañana para poder, junto al Superior Tribunal de Justicia, llegar a un consenso para lograr recomponer el servicio de la justicia en la Provincia.

Los distintos operadores de la justicia (Defensa Pública, Asociación de Magistrados, Sindicato de Trabajadores Judiciales y Colegios de Abogados de la Provincia) se reunieron con el Superior Tribunal de Justicia para llegar a un acuerdo para «pactar ideas» y lograr recomponer el servicio de la Justicia en Chubut.

Estaba pautada para hoy e involucraba a abogados del MPF, gremios, magistrados y Defensoría. Los ministros del Superior Tribunal de Justicia argumentaron a sus invitados que el encuentro se suspende por las «movilizaciones del día de hoy y posibles cortes de rutas».

Este martes, se prevé una jornada caliente de movilizaciones y es por ello que varias actividades que sucederán hoy en la Provincia algunas deciden suspender o reprogramarse.

En este caso, la reunión pautada entre el Superior Tribunal de Justicia y los actores de la misma (abogados, gremios, magistrados, Defensoría) se resolvió suspender «por las movilizaciones del día de hoy y posibles cortes de rutas», según fuentes oficiales.

Mientras la campaña avanza, también lo hace la Justicia. En el marco de la causa penal que se inició en 2017 por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín contra funcionarios del Gobierno de Cambiemos por el intento de acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA para condonar (perdonar) una deuda de la empresa, la jueza en lo comercial Marta Cirulli ordenó la intervención de Correo Argentino SA (de la familia Macri). La magistrada cree que la compañía presentó información falsa sobre el estado de sus cuentas para obstaculizar la investigación por vaciamiento de la empresa.

Desde la Justicia se encontraron con que Correo Argentino SA impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con las empresas Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana (también de los Macri).

Cirulli lo definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”. Por lo tanto, decidió designar a un coadministrador en la empresa, que deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada [en alusión a Correo Argentino SA] luego de los requerimientos [de la Justicia] el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.

La resolución de intervención fue firmada el viernes pasado y define que el interventor/coadministrador trabajará en la empresa durante al menos 30 días. Luego de ese plazo la intervención podría levantarse o profundizarse.

Según publicó LetraP, en la resolución figuran algunos ejemplos de información dudosa que la jueza destacó. Por ejemplo, que Correo Argentino SA afirmó que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una “gracia”, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de US$ 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastos legales”. Es decir que habría una deuda de $64 millones a favor de la empresa Sideco Americana.

Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño (ambas eran de la familia Macri). El precio pactado eran US$ 18.000 mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino SA tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscal Gabriela Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.

La causa penal

La fiscal Gabriela Boquín había denunciado en 2017 a Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, que cedió fondos a Socma y Sideco y contrató consultoras y estudios allegados a funcionarios. El objetivo: hacer cerrar las cuentas de la empresa en detrimento de sus acreedores reales (como el Estado), además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).

Correo Argentino SA tiene una millonaria deuda con el Estado (originada principalmente por el incumplimiento del canon que la empresa tenía que pagar durante los 6 años que mantuvo la concesión del servicio). La fiscal Boquín denunció que el Gobierno de Macri quiso firmar un acuerdo para eludir el pago de al menos $4.000 millones, pero el mismo no se realizó luego de que la denuncia tomara estado público.

La causa se encuentra hoy bastante paralizada. Hace apenas unos días el juez Ariel Lijo fue denunciado por presunto “encubrimiento” por su demora en resolver la situación de los imputados en la causa Correo Argentino. Como respuesta, el juez ordenó el lunes 9/9 la realización de un “informe técnico contable” en la causa penal por la deuda de Correo Argentino, para establecer si la quita millonaria a la empresa, que era de la familia de Mauricio Macri, fue “abusiva” como sostuvo la fiscal Gabriela Boquin, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.

Causa a la CSJN

Además, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente de la causa a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se trata de la causa comercial (que va en paralelo a la penal).

El expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso, dadas sus potenciales “graves consecuencias”.

“No puede obviarse”, indicó Saravia Frías al pedir que intervenga la Corte, “que este concurso preventivo ostenta características muy particulares. Los montos en juego y la complejidad de su evaluación, el tiempo transcurrido, la existencia de reclamos recíprocos, la cantidad de partes involucradas y, especialmente, la existencia de diversas causas penales en las que se investiga la conducta de funcionarios públicos intervinientes”

“Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”, resolvieron los camaristas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini

La CSJN debe evaluar si se trata de un expediente “de marcada excepcionalidad” o si lo devuelve al fuero en lo Comercial. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el planteo, el expediente volverá al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001. Esta decisión podría ser tomada recién después de las elecciones de octubre.

La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir si el Estado nacional acepta o rechaza la propuesta de acuerdo que la empresa de la familia Macri presentó hace más de 31 meses.

Se debe “a la omisión, que es público y notorio, de asegurar el servicio de justicia a todos los abogados y justiciables que operan en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia; por ende su normal funcionamiento.»

El Colegio de Abogados presentó un recurso de amparo contra la Provincia del Chubut “con el objeto de que se reanude la actividad judicial, se normalice y se preste el servicio correspondiente”, de acuerdo con lo que dispone la Constitución Provincial, reza el texto firmado por el vicepresidente de la entidad, Miguel Medina Insúa.

El amparo, presentado ante el Juzgado de Familia de Rawson, se debe “a la omisión, que es público y notorio, de asegurar el servicio de justicia a todos los abogados y justiciables que operan en las distintas Circunscripciones Judiciales de la Provincia; por ende su normal funcionamiento y específicamente, el derecho a la tutela judicial efectiva, el acceso irrestricto a la justicia y el debido proceso que garantiza el art. 44 de la Constitución de la Provincia”.

“Es más que obvio que la omisión del servicio de justicia en la Provincia es violatorio de normas elementales respecto de los abogados en cuanto cercena el derecho al trabajo y la percepción de honorarios que tienen carácter alimentario, y en cuanto a los ciudadanos, su posibilidad de acceder a los Tribunales en defensa de sus derechos y garantías, lo cual es reconocido no sólo por la normativa mencionada de la Constitución provincial, sino además por el art. 14 de la Constitución Nacional”, agrega el amparo presentado por los abogados trelewense, así lo informó Diario Jornada.

“Desde hace dos meses que no existe un normal funcionamiento del Poder Judicial en ninguno de sus estamentos y organismos, y sólo es discontinuado en pocos días a partir del pago de los salarios el que se concreta en su totalidad casi a fin de cada mes y luego, el no pago en término hace que se renueve la medida”, agregan los abogados.

Julio De Vido desistió de reclamar que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud y denunció un trato «arbitrario» por parte del juez federal Claudio Bonadio.

En un comunicado difundido el lunes por la noche por su defensa, se aseguró que Bonadio trasladó de manera sorpresiva a De Vido desde la cárcel el viernes último para cumplir la orden de realizar una pericia en el Cuerpo Médico Forense, dada por la Cámara Federal porteña.

«Como acostumbra suceder cada vez que en dicho juzgado se ordena una pericia, que luego da lugar a procesos nulos y peritos denunciados, por su intervención ilícita, una vez más Bonadio ‘intentó’ cumplir con lo ordenado por el superior al margen de la ley», sostuvo la defensa en el comunicado.

Bonadio, según el comunicado, ordenó el viernes último el traslado de De Vido al Cuerpo Médico Forense «de manera abrupta, sorpresiva, sin notificar a su defensa e impidiendo de este modo que esté presente un perito de parte». Por ello, se denunció un trato «inhumano, cruel y degradante» hacia el ex funcionario detenido con prisión preventiva en la causa por los cuadernos de la corrupción. Ante ello se informó que desistió de reclamar el beneficio de la prisión domiciliaria, así lo reseña Télam.

El Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa confirmó este viernes una condena a 12 años de prisión a un hombre que violó a su hija cuando ella tenía entre 5 y 10 años, y le daba plata para que no lo denunciara, informaron fuentes judiciales.

El TIP ratificó este viernes la condena contra un hombre de 70 años, encontrado como autor del delito de abuso sexual simple por haber sido cometido contra una menor de 13 años, gravemente ultrajante tanto por la duración como por las circunstancia de realización, agravado por el vínculo como delito continuado.

Además de violarla, el sujeto -padre de la menor- le daba dinero para que no contara lo sucedido. Publicó Diario Jornada.

Pese a esa presión, un día la pequeña le dijo que lo iba a denunciar y que iba a contar todo lo que le hacía, y el hombre, cesó con los abusos.

La condena fue dictada este viernes con la aprobación de los jueces de la Sala B, Filinto Rebechi y Mauricio Piombi, quienes no hicieron lugar al recurso de impugnación del defensor oficial de General Acha, Federico Manuel Ibazetta.

De esta manera, quedó ratificado el fallo que dictó a mediados de año el juez de audiencia santarroseño, Daniel Sáez Zamora.

Este magistrado dio por probado, luego del juicio oral, que el acusado abusó sexualmente de su hija durante esos cinco años, abusos que dijo «fueron prácticamente a diario y continuaron hasta que la víctima le dijo que ‘si la tocaba, ella iba a hablar…’”.

En los fundamentos, el juez manifestó: «Existe además un elemento normativo ­el grado de parentesco, que integra la acusación. Esa posición de poder le permitió al acusado vencer cualquier resistencia por parte de la niña para impedir sus acciones y además, también quedó evidenciado por la dependencia económica de ella, ya que luego le daba dinero para que no hablara, tal como surgió de la propia audiencia de juicio oral (…)»

«En definitiva, ese cuadro de asimetría de poder y vulnerabilidad de la niña le impidió resistir los ataques sexuales del acusado”, señaló.

Los jueces hoy, al ratificar la condena, concluyeron que «los actos aberrantes que fueron cometidos contra la menor, cuando era una niña, indudablemente no pueden dejar de ser tenidos en cuenta a los efectos de la fijación de la pena a imponer, máxime teniendo en cuenta el vínculo existente entre el abusador y la abusada y el daño ocasionado a ella en su psiquis”.

La justicia laboral ha ido al extremo haciendo problemas que no tienen reparos en daños a las pequeñas empresas que inviertan en la ciudad de Trelew.-

Ha sido llamativo un Fallo judicial que condenó a la Clínica San Pablo SRL a pagar una suma millonaria a una empleada que se considera despedida. Cuando el reclamo principal era por una suma por indemnización; increíblemente el juez de primera instancia del Juzgado Laboral n ° 1, dr. Adrián DURET, y después de la Cámara de Apelación, de las Dras. Florencia CORDÓN y Natalia SPORTURNO, aumentaron dicho monto casi cuadruplicándolo.-

La justicia laboral ha ido al extremo haciendo problemas que no tienen reparos en daños a las pequeñas empresas que inviertan en nuestra ciudad.-

Lo más grave fue que decretaron un embargo por casi cinco millones de pesos a la empresa demandada, congelando las cuentas bancarias, poniendo en peligro el pago de sueldos de todos los empleados y los compromisos con proveedores.

La empresa debió a salir a buscar préstamos a tasas imposibles para poder afrontar el embargo, el cual resultó ser absolutamente exagerado.

El valle es así, que luego el mismo juez Adrián Duret que admite que el embargo había superado los gastos, el monto que se tuvo que pagar, y decidió devolver una suma millonaria que al día de la fecha no se ha devuelto (La urgencia no es justa al parecer), eso sí, tres meses después y poniendo «en jaque» a la empresa.-

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Quién paga el interés por el préstamo que tuvo que pedir empresa, ¿la «equivocación» del juez DURET? Al parecer siempre es fácil poner cifras millonarias cuando la plata no es de uno.

¿Cuál era el apuro de hacer un embargo preventivo de 5 millones de pesos sin tener definida la sentencia? ¿Pruebas, la mala actitud con el que ha actuado el Dr. Duret? Esto no tiene precedentes y sin dudas traerá serios problemas en la jurisprudencia laboral.

Será necesario que se efectúe una investigación para poder saber el por qué del ensañamiento con la Clínica San Pablo SRL- Se espera que pronto se efectúen las denuncias en el Consejo de la Magistratura para que los responsables den las explicaciones a tanta injusticia.-

A través de un fallo, se ordenó a una pareja a cumplir con el calendario previsto por la Ley a pesar de su oposición, en un fallo inédito para la provincia.

La justicia de Mendoza emitió un fallo que se dio a conocer en las últimas horas pero que fue dictaminado semanas antes. Se basó en la nueva Ley Nacional de Vacunación que rige desde enero de este año y, por medio del mismo, los dos chicos de una pareja, de 5 y 7 años, fueron obligados a recibir la vacunación.

Se trata de la primera vez que un juez ordena a una pareja a cumplir con el calendario de vacunación de sus hijos. El argumento consiste en que la vacunación es obligatoria, por un lado como forma de una estrategia de salud pública, mientras que también se pondera el interés colectivo por encima del individual.

El fallo fue difundido a través de organismos provinciales. “Lo que nosotros queremos hacer saber es que las vacunas son obligatorias en la Argentina por Ley y que la importancia radica fundamentalmente en que la decisión de vacunar o no, no es una decisión individual. Porque si yo decido no vacunarme no solo me pongo en riesgo sino que también pongo en riesgo a los demás», explicó Iris Aguilar, jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza.

Asimismo,  la funcionaria advirtió que «la mayoría de aquellas personas que tienen reticencia con las vacunas tiene que ver con mitos, falsas contraindicaciones, muchos rumores que circulan por redes sociales, por cadenas de WhatsApp. Entonces hay mucha falsa información circulando en redes», dijo a Diario Uno y replicadas por Telefe Noticias.

La Justicia ordenó reponer de manera inmediata en su cargo y suspender el jury contra el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, y pidió la inmediata remisión al Consejo de la Magistratura de la causa por el sumario administrativo en su contra.

El sentencia interlocutoria lleva la firma del juez laboral de Trelew Paulo König y es la consecuencia de un acción de amparo presentada por Alesi contra el Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia del Chubut.

En el fallo, König aclara que “las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud”, y más adelante agrega que el acogimiento de la medida solicitada por Alesi “es solo un pronunciamiento provisional realizado sin efectuar el análisis propio de una sentencia definitiva”.

La denuncia contra Alesi -que no pasó por el Consejo de la Magistratura- surgió a raíz de un incidente protagonizado por el juez en una pizzería de Trelew contra el ministro del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas, quien fue el que pidió el jury.

En marzo pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento compuesto por dos abogados del foro, los diputados Roddy Ingram (Chusoto) y José María Grazzini (PJ-FpV), y el presidente del STJ, Alejandro Panizzi, suspendió a Alesi hasta la finalización del jury.

Pero en junio pasado, varios integrantes del Consejo de la Magistratura consideraron que la presunta falta de Alesi no se vincula con su trabajo jurisdiccional y que por eso el proceso debe revisarse antes de iniciar las audiencias orales y públicas.

Entonces, el Consejo solicitó levantar la suspensión de Alesi, se declaró competente sobre el tema y pidió al Tribunal de Enjuiciamiento el sumario para tramitarlo ellos mismos.

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El ministro coordinador de Gabinete de Chubut, Federico Massoni, culpó hoy a la Justicia federal por su rol en los piquetes de docentes. “Esto lleva tres semanas con cortes que son férreos, ya que los manifestantes no permiten pasar a nadie relacionado con el petróleo, avasallando el derecho a transitar e incluso se reservan la facultad de pedir documentación al que quiera pasar”, indicó el funcionario provincial.

“Nosotros, desde el Gobierno, siempre le dimos participación a la Fiscalía federal, y nos encontramos con algo extraño. La misma fiscal que nos pedía intervenir, de la forma menos violenta (para levantar los piquetes) luego decía que retrocedamos y que no pusiéramos frente a los manifestantes a ningún efectivo policial”, dijo.

“En el último oficio que nos mandan desde la fiscalía se agregó un párrafo donde nos decía que antes de actuar teníamos que llamar a la fiscal…Y cada vez que la llamábamos nos decía que no se deje a ningún grupo policial a la vista de los manifestantes, o sea nos hacía retroceder”, aseguró el jefe de Gabinete chubutense.

También recordó que durante un operativo policial días pasados se detuvo a dos sindicalistas que luego fueron imputados por atentados y lesiones a la autoridad, pero no por el delito del corte de ruta.

“La situación -continuó Massoni- es muy preocupante. El que se hayan desatado estos hechos nos genera mucha preocupación. No podemos permitir que se den este tipo de enfrentamientos y la justicia debería tomar una intervención directa”.

Sobre los enfrentamientos de esta madrugada, cuando un grupo de petroleros logró avanzar sobre uno de los piquetes, Massoni indicó que al llegar al lugar de los incidentes vio “que no existía presencia de docentes, sino un volumen importante (de manifestantes) que era de camioneros”.

En este contexto, la producción de hidrocarburos está afectada e YPF anunció el lunes pasado que “las operaciones de YPF en la provincia están seriamente afectadas por los cortes de ruta que hacen imposible el acceso a los yacimientos”.

En este sentido explicaron que la compañía se vio obligada a “dejar en stand by a 4 equipos perforadores, 9 de workover y 9 de pulling”.