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En los próximos días ingresarán a la legislatura alrededor de 200 pedidos de juicio político por mal desempeño para el gobernador Mariano Arcioni, los ministros de seguridad Federico Massoni y de Salud Fabián Puratich.

Vienen a distintos lugares de la provincia y con el correr de las semanas podrían sumarse más. Uno de los abogados que está asesorando legalmente a los solicitantes, coincide en qué es un hecho “sin precedentes” en Chubut y en la Nación.

Gastón Bordier explicó que ahora la legislatura- cuando empieza a funcionar nuevamente- deberá analizar si existe el mal desempeño en el cargo por parte de los funcionarios denunciados y refiriéndose a la situación del gobernador recordó: “Yo ya lo decía hace un tiempo atrás: es evidente que Mariano Arcioni es incapaz para ejercer el cargo”, y agregó que “hay funcionarios que se creen personajes de cómics o superhéroes que en los hechos son los que están gobernando” la provincia.

El abogado Bordier explicó que: “A él (y su socia la doctora Tamara Castro) nos han contratado los estatales que están en lucha constante porque han visto que cortar calles ya no sirve, cortar rutas tampoco sirve. Manifestarse con barbijos no sirve. Y entonces ha vuelto a canales institucionales y nos han vuelto a los canales institucionales y nos han contratado para que verifiquemos los extremos de los (pedidos de) juicios políticos que están solicitando y quieren presentar en los próximos días ante la legislatura de la provincia de Chubut”, indicó.

Luego, enúmero que los pedidos de juicio político son porque “primero, haber faltado a la buena fe con la que se tiene que expresar el Gobierno. Segundo, en el caso del gobierno Arcioni es haber permitido la comisión de todos los delitos llevados adelante por el ministro de (Salud Fabián) Puratich el ministro de Seguridad Federico) Massoni”, señaló.

“Nosotros hemos evaluados los casos de cada uno de los funcionarios sobre los que se piden los juicios políticos y entendemos desde nuestro lugar como abogados que- efectivamente- hay material suficiente para los tres pedidos de juicio políticos”, detalló Bordier.

“Tenemos alrededor de 200 pedidos de juicio político para los tres funcionarios (Arcioni Massoni y Puratich) que se está evaluando Si presentarlos todos juntos o ir presentando los a partir que comience a sesionar la legislatura acotó Bordier.

¿200 pedidos de juicio político? Se le preguntó

“Son 200, por qué hay de todas las circunscripciones de la provincia,” ratificó. “En el caso del ministro Massoni y Puratich vienen de distintos estamentos de la sociedad”, aclaró.

“En el caso del agente de Salud, entienden que son los máximos responsables de la situación sanitaria por la que atravesamos hoy (en la provincia Puratich y demás Massoni) y en el caso del gobernador lo consideran responsable por no haber actuado”, indicó.

Doctor, estos 200 pedidos de juicio político se suman a los que ¿ustedes presentaron en la legislatura hace algunas semanas atrás?

“Acá se ha incorporado nuevas pruebas y nuevos fundamentos el nuestro se basó pura y exclusivamente en la figura de Massoni, y ahora hay pruebas sobre abundantes para sumar más personajes. Más funcionarios”, afirmó.

“Estamos hablando alrededor de 200 pedidos de juicio político que creo que son una demanda de pueblo de Chubut nosotros no hemos visto desbordados en el estudio al tener que analizarlos prepararlos Y darles el marco jurídico como para que tengan la entidad que merecen ahora si uno de los analiza desde el punto de vista social es evidente que hay un reclamo hacia los funcionarios que tiene que ver con que sean desplazados Y dejen los cargos para los que fueron elegidos”, observó Bordier.

“También hemos tenido la posibilidad de analizar la revocatoria de mandato pero ahora hemos avanzado con los pedidos de juicio político”, añadió.

Finalmente se le preguntó si era un hecho sin precedente en la historia de Chubut, a lo que contestó: “No hay antecedentes en la provincia ni creo que los haya en la Nación, de que la ciudadanía está tan comprometida con lo que le está pasando y con lo que está reclamando a sus funcionarios”

Puede retirar a la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera y la AFIP como querellantes en las causas. O mantenerlas, pero desistir de las acusaciones.

¿Puede Alberto Fernández acusar a Cristina Kirchner? El escenario judicial de la electa vicepresidenta de la Nación es complejo, y su compañero de fórmula lo sabe. Pero durante toda la campaña se ocupó de distinguir que la justicia debía investigarlo todo, aunque ella es inocente de los once procesamientos y siete pedidos de prisión preventiva con los que cuenta. Ahora, el electo presidente deberá nombrar a los responsables de los organismos estatales que deben sentarse en los juicios por corrupcióncontra la actual senadora. No será el único caso. La decisión alcanzará a Lázaro Báez, Julio De Vido, Cristóbal López.

Hay al menos tres organismos del Estado que tendrán incidencia directa sobre Cristina Kirchner en la justicia federal. Se trata de la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP. Hasta la fecha, esas tres dependencias públicas son querellantes en muchas causas de corrupción contra la ex presidenta y ex funcionarios kirchneristas. Es decir que en los juicios orales se sientan como partes acusadoras, y al igual que los fiscales son responsables de pedir condenas.

El juicio que se encuentra en curso es el del direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. En este caso, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) juzga a Cristina como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado al otorgarle 51 contratos viales al Grupo Austral por 46.000 millones de pesos.

En este juicio la OA, la UIF y la Dirección Nacional de Vialidad son los organismos estatales que acusan a la senadora y otros doce imputados, entre ellos Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner y Báez. Después del 10 de diciembre, los nuevos representantes de esas instituciones reemplazarán a quienes cada lunes están en el juicio.

En abril, se espera que el TOF 4 dicte la sentencia contra Báez en el juicio por «la ruta del dinero K», donde se lo acusa de haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Allí, los acusadores son la OA, la UIF y la AFIP. El organismo recaudador también es querella en el juicio contra Cristóbal López por haber defraudado al Estado en 8.000 millones de pesos por no pagar con su empresa petrolera el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).

Son sólo algunos ejemplos de causas resonantes en los que ocurrirá el singular fenómeno. En el primer semestre de 2020, el TOF 5 espera iniciar el juicio contra Cristina, Máximo y Florencia Kirchner por lavado de dinero en las causas Hotesur y Los Sauces, y una vez más el Estado es acusador en ese expediente.  Algo similar sucederá con los juicios contra Julio De Vido, como el de la malversación de fondos que debían dirigirse a la mina de carbón de Río Turbio, donde la OA es una de las querellas.

En la causa conocida como los cuadernos de las coimas, la UIF es querellante. En esa investigación, elevada a juicio oral por el juez Claudio Bonadio, la electa vicepresidenta está acusada también de ser jefa de una supuesta asociación ilícita, que durante doce años se habría dedicado a recaudar sobornos.

El electo presidente Alberto Fernández puede mantener las acusaciones a través de los funcionarios que designe en los organismos querellantes. Pero también tiene otra alternativa: desistir del pedido de penas durante los alegatos, algo que hizo Mauricio Macri, cuando retiró la acusación a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia en la causa por el supuesto encubrimiento del atentado contra la AMIA. Los abogados de la Unidad AMIA, que depende del Ministerio de Justicia de Germán Garavano, fueron quienes tomaron esta decisión, informó El Clarín.

En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución. Se trata del juez Gustavo Toquier, que tiene un sumario tras su cuestionado accionar ante el concurso preventivo de Oil Combustibles, y de los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, junto con el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.

Consejo de la Magistratura sesionará entre miércoles y juevesen Comodoro Rivadavia, para resolver las acusaciones que pesan contra el juez Gustavo Toquier, por un lado, mientras que en otro sumario se evaluará la situación de los fiscales Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.  En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución, aunque las decisiones podrían postergarse.

El juez de Ejecución Gustavo Toquierafronta un nuevo sumario. Este es consecuencia de una sanción anterior, que derivó en una suspensión temporal aplicada por el Superior Tribunal de Justicia, luego de que fuera cuestionada su conducta durante el concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López.

Como consecuencia de ese primer proceso, la corte provincial requirió al Consejo de la Magistratura que evalúe una serie de conductas que fueron reprochadas al mismo juez –durante la misma etapa instructoria-, de las que hoy la consejera sumariante intentará exponer sus conclusiones.

Sin embargo, es posible que esa instancia definitoria se postergue. Esto es a raíz de un nuevo recurso de amparointerpuesto por el magistrado, quien cuestiona que los plazos para el sumario se encuentran vencidos (el nuevo proceso comenzó en agosto de 2018). El mismo planteo había formulado en febrero de este año, pero la Cámara de Apelaciones entendió que no le asistía la razón y dio luz verde para continuar adelante con el sumario, en el mes de abril. Según detallaron fuentes del Consejo de la Magistratura ante ADNSUR, ahora el pleno de consejeros debe resolver si espera una vez más a que  la Cámara de Apelaciones se expida, o si sigue adelante con la exposición de las conclusiones del sumario.

Si se resuelve esta última opción, el sumario a presentar resultaría concluyente en al menos una de las acusaciones que se plantearon contra el juez. De un total de 5 conductas investigadas, 4 fueron descartadas como causales de sanción. Sin embargo, sí se sostuvo el cuestionamiento por haber actuado “como juez y parte”, según las conclusiones de la sumariante, en una serie de resoluciones que involucraban a una empresa de carácter financiero, en la que la esposa del magistrado tendría participación accionaria.

“Como el juez tomó decisiones para ejecutar algunos créditos impagos, esa resolución le favoreció indirectamente por beneficiar a su sociedad conyugal”, se explicó desde el seno del Consejo. Esta es al menos la argumentación del sumario, lo que deberá ser evaluado por todos los consejeros y resolver si hay fundamentos para sostener la acusación y, en tal caso, si cabe una sanción de tipo administrativo o si se debe iniciar unjuicio para remover al juez de su cargo.

Vale recordar que el mismo magistrado afronta un proceso penal, llevado adelante por la fiscal Verónica Dagotto, a partir de la derivación que tuvo su actuación en la causa de Oil Combustibles (independientemente de la sanción administrativa ya aplicada). También en esa vía, la fiscalía apunta a una pena que derive en la destitución del juez, según lo planteado en la audiencia preliminar, en la que se lo acusó por los presuntos delitos de “prevaricato” y “retardo de justicia”.

La detención de Bortagaray en la causa Revelación

El otro sumario que será tratado en esta sesión del Consejo de la Magistratura se vincula a la situación de los fiscales y el juez de la Causa “Revelación”. Los tres son cuestionados por la detención de Martín Bortagaray cuando todavía era ministro de Familiay como tal, estaba protegido por fuerosque garantizan inmunidad. Esto significa que no se puede detener al funcionario público, según la Constitución Provincial, salvo que se lo encuentre cometiendo un delito en flagrancia. Esa inmunidad, vale aclarar, no impide la investigación penal y posterior quita de los fueros por parte de los eventuales involucrados.

En este caso, la conclusión del sumario reparte responsabilidades en modo diferente: se solicita una sanción administrativa para el juez interviniente, mientras que para los fiscales se solicita el inicio del juicio de destitución. Una vez expuestas las conclusiones del sumariante, el pleno del Consejo deberá resolver si adopta el mismo criterio del sumariante, o si toma otra decisión. La sesión del jueves promete ser caliente, ya que el fiscal Iturrioz solicitó hacer uso de su derecho a réplica contra la acusación, lo que llevará los plazos de definición hasta la próxima sesión del Consejo, informó ADN SUR.

Ayer dio inicio el juicio oral por la causa narco Conejo Verde. Se trata del proceso penal que se le sigue a 21 personas acusadas de tráfico de sustancias prohibidas en Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Chile.

El caso está en manos del Tribunal Oral Federal con asiento en Comodoro Rivadavia, que ayer estuvo presidido por el juez Enrique Guanziroli. Siete de los implicados estaban con prisión preventiva. Ayer la fiscalía Federal leyó los cargos a la cartera de imputados y se oyeron los planteos de las defensas.

Se expusieron 26 escuchas telefónicas. Para hoy a las 10 está previsto que declaren los primeros testigos. Procurarán que los alegatos sean el 27 de este mes y en junio la sentencia. La causa trascendió tras un procedimiento policial ocurrido en diciembre de 2015. En aquella oportunidad fueron secuestrados 40 kilos de droga.

Ayer se dieron detalles de cómo será la instancia de toma de declaraciones de los testigos que tomarán parte del juicio. Hoy se reproducirán pruebas de cargo.

 

 

Diario Jornada