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Juicio Político

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Ante los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno de Chubut para cancelar los salarios de los empleados de la Administración Pública, un grupo de trabajadores de la Salud anticipó que presentará un pedido de juicio político contra el gobernador Mariano Arcioni.

La iniciativa surge desde Comodoro Rivadavia, pero ya están sumando adhesiones en otras localidades, así lo confirmó Gladys Díaz, una de las profesionales sanitarias que impulsará esta solicitud en conjunto con otros colegas, en diálogo con El Diario, y confirmó que la decisión se resolvió por asamblea.

“Tiene que ver con la falta de cumplimiento del cargo que representan. Es contra el Gobierno Provincial, porque si nosotros centralizamos solamente en Arcioni parece es una sola persona la que gobierna y no es así”, apuntó Díaz, quien es dirigente de la CTA.

En este contexto explicó que lo que se plantea “es que hay un incumplimiento del cargo público y esto tiene que ver con el vaciamiento que está pasando en Comodoro Rivadavia, donde no tenemos hisopados. El trabajo ‘negro’ lo hacemos acá en el Hospital y después se llevan los análisis a laboratorios privados. No tenemos personal de limpieza en los servicios de Farmacia o Salud Mental, no tenemos recurso humano”.

“Esto tiene un techo y los trabajadores lo venimos denunciando hace rato, pero en este contexto ya es insostenible. El Gobierno tenía un compromiso de que a partir de marzo iban a resolver un montón de cosas y nada. Entonces basta, porque los trabajadores no nos vamos a inmolar. Estamos sufriendo mal trato hace tres años, con sueldos atrasadísimos, aguinaldo y con las cláusulas gatillo”, enfatizó.

En un estado evidente de malestar, Gladys lanzó que solo “falta que pongan cuatro cruces en la Plaza San Martín y uno de cada ámbito (Salud, Educación, Justicia y Seguridad) y darle látigos a quien quiera para que pase, observe y nos den un latigazo. Es lo único que nos falta. Hemos hecho de todo, los trabajadores para plantear lo que está ocurriendo, que además es en detrimento de la salud de la sociedad”.

Respecto de la presentación del pedido de juicio político, Gladys Díaz precisó que este lunes se realizarán asambleas en todos los servicios, donde se definirá quienes son los trabajadores que estén dispuestos a brindar su nombre y apellido para solicitar el juicio, y avanzarían en la formalización en los próximos días.

Paro en Salud

Mientras en Comodoro Rivadavia se propone específicamente el pedido de juicio político al Gobernador, en todo el territorio provincial se realizarán asambleas y movilizaciones en las próximas horas, en tanto el martes inicia un paro por 72 horas.

La convocatoria en este caso fue realizada por el SISAP, pero la demanda de soluciones en el sector de la Salud excede a las organizaciones gremiales, porque el estado de fatiga, estrés y malestar alcanza a la totalidad de los trabajadores.

Lo manifestó Gladys Díaz, dirigente del sector de Salud en Comodoro, que también anunció que los trabajadores sanitarios “empezamos a ver el asesoramiento para iniciar un juicio político a quienes hoy, según la Constitución Nacional y Provincial, están incumpliendo las funciones de sus cargos”, refiriéndose al gobernador Mariano Arcioni y el ministro de Seguridad Federico Massoni. “Hace tres años venimos pidiendo que se resuelvan y ordenen las cosas”, enfatizó agotada.

Tres meses y medio de atraso lleva el gobierno de Mariano Arcioni con respecto al pago de salarios de los trabajadores estatales, y la pandemia de Coronavirus llegó para profundizar una crisis económica y sanitaria que según los trabajadores de la Salud, azota a la provincia hace al menos tres años.

“Con la Ley de Emergencia Sanitaria pensábamos que esto –el atraso en el pago de los salarios- se iba a resolver y no ha sido así”, expresó la dirigente del sector de Salud en Comodoro, Gladys Díaz.

La trabajadora de la Salud indicó que los empleados del sector sanitario cobran “en un tercer rango”, ya que “nunca se ha cobrado con el primero ni con el segundo rango”.

Esto lleva a situaciones de extrema delicadeza a los trabajadores. “Con 30 mil pesos, ¿cómo hacen para sostenerse durante 60 días? Para poder pagar alimentos, alquiler y otros gastos, más aún si se tiene un familiar con alguna enfermedad”, cuestionó la dirigente, y expuso que “hay compañeros que no van a comer”, y que “esto ya no da para más”.

EL ABANDONO DEL SECTOR

Bien claro está que en el sector de Salud se encuentran quienes están más expuestos a la enfermedad. Todos los que lo componen se arriesgan diariamente a contraer el virus, y ante esta situación “no tenemos recurso humano para reponer”, señala Díaz.

“Venimos denunciando vaciamiento. Nunca hay cargos vacantes que están cubiertos”, advierte.

Esta fue una de las razones que llevó a los empleados del sector al Concejo Deliberante, donde “pedimos que los que tengan responsabilidad política se reúnan”, en todos los niveles del Estado.

A Gladys le parece “lamentable que nosotros tengamos que decir lo que hay que hacer”, y critica que “el gobernador sale a decir: ‘Pedí que en 48hs mis ministros, tengan una propuesta’ cuando estamos en conflicto hace 3 años”.

En este sentido, pide que “no comencemos a desconocer las capacidades y la inteligencia de cada uno de los habitantes de la provincia”, porque “este Gobierno ofende la inteligencia de los ciudadanos de Chubut”.

Con sumo hartazgo, la trabajadora mencionó que “lo único que falta es poner cuatro cruces en la plaza San Martín y poner un compañero estatal en cada una y que armen fila para defenestrar y castigar a los empleados estatales y que alquilemos balcones para que veamos esto. Porque eso está ocurriendo, todo el mundo reconoce la situación. Dejemos tanta hipocresía”.

JUICIO POLÍTICO

Por otro lado, la dirigente del sector de la Salud anunció que “empezamos a ver el asesoramiento para iniciar un juicio político a quienes hoy, según la Constitución Nacional y Provincial, están incumpliendo las funciones de sus cargos”.

Gladys se refiere al “periodo desde el mes de marzo hasta el mes de abril en el que –el ministro de Seguridad- Federico Massoni, junto con el ministro de Salud –Fabián- Puratich, gobernaron la provincia pasando por encima todas las leyes provinciales, y pasando por encima la legislatura”.

“¿Qué significa esto? Violencia del Estado de Derecho, nadie dice nada. Los trabajadores de la Salud decimos basta”, enfatizó rotundamente.

Es que “hace 3 años que venimos pidiendo resolver esto, que se resuelva y se ordenen las cosas, y todos miran para el costado pero también se lamentan cuando ven las noticias de cómo luchamos”, finalizó explicando.

El senador chubutense, Mario Pais, afirmó que está «meritando» la posibilidad de impulsar el juicio político contra la jueza Alejandra Biotti por suspender el traslado de dos jueces federales, decisión en análisis de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

«Estoy meritando. Voy a analizar cómo obra esa magistrada, no sólo ahí, sino también en otros casos», sostuvo el legislador chubutense al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar para destituir a la magistrada en lo Contencioso Administrativo federal.

El dirigente oficialista consideró que la medida de la jueza fue «un mamarracho» porque le «ordenaba a un poder de la Constitución que no actuara en el marco de sus potestades».

Biotti había ordenado la semana pasada al Senado que se abstuviera de evaluar si da marcha atrás con la designación de los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, cuyos traslados a esos cargos son objetados por el Gobierno.

La magistrada había hecho lugar al planteo de los jueces y ordenado al Congreso no tratar si estuvieron bien hechas las designaciones, tal como lo había solicitado el Consejo de la Magistratura con el voto oficialista en el organismo.

El cuestionado juez que fuera abogado particular de Mario Das Neves realizó su jugada para evitar posibles consecuencias negativas. Donnet trabajó como ministro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut solamente durante tres años. Juró el 7 de junio de 2016 y en 2019 pidió licencia por estrés. A principios de este mes ingresó a la Legislatura un pedido de juicio político por declaraciones misóginas, pero ahora presentó su renuncia. Eso sí, la renuncia entrará en vigencia desde el 1° de septiembre, cuando podrá acogerse a los beneficios de la jubilación.

Sobre Donnet pesaba un pedido por haber calificado de «negra chorra» a Milagro Sala en las redes sociales. No era la primera vez que se refería en términos despectivos a las mujeres.

Apenas asumió expuso su pensamiento al considerar que «la participación de la mujer oxigena mucho, pero se debe preparar. Si hay una vacante no tengo ningún problema que venga una mujer, al contrario, pero lo que pasa es que la mujer no deja de ser mujer (¿?) y tiene las responsabilidades de la casa, hijos, estudio. Se le hace mucho más difícil… me la está haciendo más difícil mi mujer para que yo pueda venir acá; ¿se imagina una mujer abogada?».

Mujeres y hembras

En diciembre de 2018, Donnet utilizó su cuenta de Facebook para reflexionar sobre lo que vio en una marcha en la que las mujeres reclamaban igualdad de oportunidades, y en donde algunas apelaron a métodos que al parecer le afectaron al juez uno de sus sentidos: la vista.

«La verdad que los senos más bellos son los de mi mujer amada y los de mi madre que me alimentaron de bebé. Lo que vemos en las protestas tienen la misma imagen de las hembras de los mamíferos y anhelo que un día no muy lejano dejen de denigrarse como seres humanos», fue su súplica.

Al renunciar a su cargo evita un juicio político que lleva sus tiempos ya que hoy se halla en comisión y para impulsarlo primero hay que derivarlo a la Sala de Acusar, conformada recién la semana pasada con la presidencia de la radical María Andrea Aguilera.

Donnet fue secretario de Gobierno del municipio de Comodoro durante la gestión del intendente Raúl Simoncini (2003-07) y presidente del PJ comodorense mientras Das Neves fue gobernador.

El exintendente de Comodoro, Carlos Linares, apuntó contra el gobierno de Mariano Arcioni y sus estrategias para llegar al poder. “Sabíamos lo que iba a pasar”, apuntó.

“Cuando se falta a la palabra esa persona tiene la voluntad de pedir el juicio político a un Gobernador que entró mintiéndole a la gente, y nosotros vamos a tratar este tema como corresponde”, señaló Carlos Linares en declaraciones a la prensa.

Sobre las turbulencias en la relación con algunos municipios, como por ejemplo el de Puerto Madryn y el actual intendente Gustavo Sastre, el ex jefe comunal de la ciudad petrolera fue determinante: “Si uno mira las notas mías de hace un año y medio, yo dije que era una ‘UTE’ (unión transitoria de empresas), y eso terminó siendo. Hoy, tanto Gustavo como Ricardo y Adrián lo reconocen. Ellos hicieron una alianza pensando en un tipo de gobierno, y una vez que el gobernador fue gobernador, hizo lo que a él le parecía y no al equipo, defraudando a sus compañeros de fórmula y de campaña; no a nosotros, que sabíamos claramente lo que iba a pasar”.

«No es un club de amigos»

Por otro lado, Linares criticó que “ya está gobernando hace 6 o 7 meses y ya no habla con el Vicegobernador, no pisó nunca Puerto Madryn, una sola vez pisó Trelew, que serían teóricamente sus aliados políticos” y remarcó que “uno viene a hacer política con la gente, la política no es un club de amigos; nosotros pertenecemos a un proyecto nacional, no somos librepensadores; bajamos una línea desde Alberto Fernández y Cristina para abajo, y tratamos de mantener una coherencia en estos doce o trece años que hace que militamos en este proyecto político”.

«Llenaron de ñoquis el gobierno»

Sobre el proyecto de reestructuración de la deuda provincial, el ex candidato a gobernador de Chubut señaló que “uno ve la deuda que ellos mismos tomaron y todavía no explicaron que hicieron con la misma”, objetando el hecho “de tomar deuda, patear para adelante y que en 2023 ‘pague el que viene’ sin un plan económico”.

En el mismo sentido, puntualizó Linares que “es muy difícil para nosotros decir cómo salimos de esto si no tenemos números, no hay cifras reales y concretas del déficit de la provincia; tampoco los hay de la planta política, porque acá quieren ajustar el salario de los trabajadores y llenaron de ñoquis el Gobierno de la Provincia” y se preguntó “qué ejemplo le estamos dando a los trabajadores”.

Hay cuatro pedidos de juicio político en la Cámara de Diputados y este martes se constituirán las autoridades de la Sala de Acusar para conformar la Comisión Investigadora. El trámite está en Asuntos Constitucionales y tiene varios pasos previos. Entérate aquí de qué diputados integran cada sala, y cuáles son los pasos previstos por la Ley.

La convocatoria para este martes al mediodía a los diputados que integran la Sala de Acusar de la Legislatura generó la expectativa de que ya comienza el análisis de los pedidos de juicio político contra el gobernador, un ministro y un juez de la corte, pero en realidad, el trámite es un poco más complejo. Se trata de cuatro pedidos que en la sesión pasada fueron derivados a la comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que ahora tiene la pelota. De todos modos, es un buen momento para observar la relación de las fuerzas políticas dentro de cada una de las salas que fueron sorteadas en la sesión del pasado 3 de marzo.

Lo primero que hay que recordar es cuáles son los cuatro pedidos de juicio político: hay dos contra el gobernador Mariano Arcioni, uno presentado por la ciudadana Mabel Alejandra Pérez, madre de Evelyn Lehr quien fue asesinada con ensañamiento por Archie Phillips, y cuestiona que en Chubut «no hay partidas presupuestarias para prevenir y erradicar la violencia de género según lo establecido en la Ley XV NRO. 26, y acusa al mandatario de incumplir los deberes a su cargo; el otro pedido fue presentado por Carlos Arazi y Rosa Contrera, por la falta de pago de haberes en tiempo y forma de manera reiterada a todos los empleados de la Administración Pública que afecta también a los jubilados, retirados y pensionados de la Provincia y de la Obra Social Seros, y también argumenta incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Por otra parte, los otros dos pedidos son, uno contra el ministro del Superior Tribunal, Miguel Donnet, presentado por Celia Debono y María Luisa Gómez, por mal desempeño, por sus expresiones en redes sociales contra el género femenino en una publicación sobre Milagros Sala; y el otro presentado por los abogados Gastón Bordier y Cynthia Castro, solicitando se promueva juicio político contra el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, inobservancia del orden constitucional y abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones.

Lo segundo a tener en cuenta, es que un pedido de juicio político es, como dice la palabra, una cuestión eminentemente política. Es decir que depende de las voluntades mayoritarias de los diputados de turno para que avance. Por ejemplo, el primer paso que es la admisibilidad formal por parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, puede dormir en los cajones meses, y hasta años. Ha ocurrido con varios juicios pedidos en los últimos tiempos, que nunca salieron de la comisión y quedaron archivados, en todo caso, si alguno de estos pedidos tuviera la mayoría de 5 votos dentro de la comisión como para ser admitido de manera formal, recién allí sería elevado a la Sala de Acusar, que comenzaría su investigación interna.

LAS SALAS

Para que esto ocurra, es indispensable el paso que se dará mañana, según el cual la Sala de Acusar se dará las autoridades de su seno, eligiendo un presidente, y luego definiendo cuáles serán los 5 diputados que integrarán la Comisión Investigadora que tendría el rol de hacer una instrucción sumaria, como si fueran una especia de fiscales, para determinar luego en un dictamen si hay méritos o no para avanzar a la Sala de Juzgar, es decir, el juicio propiamente dicho. para ello tienen amplias facultades de citar testigos y tomar declaración, así como pedir documentación.

Recién una vez que está el dictamen de la Comisión Investigadora, si es que recomienda el avance del juicio, esto debe ser votado por el pleno de la sala y obtener dos tercios de los votos, es decir, 10 de los 14 integrantes deben votar por la acusación, lo que requiere de una relación de fuerzas políticas muy particular.

La integración actual, marca lo siguiente: hay 4 diputados del bloque oficialista que responden al gobierno, que son Carlos Gómez, Emiliano Mongilardi, Maria Cativa y Juan Pais; 2 diputados de Juntos por el Cambio (Aguilera y López); 4 diputados del PJ (Mansilla, Mantegna, Goic y Casanocas) y 4 del interbloque (Mariela Williams, José Giménez, Xenia Gabella y Gaberiela De Lucía).

En el caso de que una acusación avanzara a la Sala de Juzgar, se sustanciaría un juicio político y el tribunal sería presidido por el presidente del Superior Tribunal, aunque sin poder de voto. Los que definen son los 13 diputados integrantes, quienes para destituir a un funcionario, necesitan una mayoría especial de 9 votos.

Analizando la relación de fuerzas actual, hay que decir que la Sala de Juzgar tiene a 3 integrantes del oficialismo (Nouveau, Ingram y Cigudosa), uno de Juntos por el Cambio (Pagliaroni), 5 diputados del interbloque (Lloyd Jones, Chiquichano, Anden, Antin y Artero) y 4 del PJ (Baskovc, Eliceche, Saso y Rafael Williams).

La presidente de la Asociación de Magistrados de la Provincia de Chubut, Carina Estefanía, criticó el proyecto de Ley de Autarquía presentado por el gobernador Mariano Arcioni y manifestó que «obviamente podría ameritar una intervención federal; lo que tratamos cuando nos expedimos en contra, es tratar de evitar llegar a una situación como esta».

«Entendemos que lo que se investiga es un delito de administración pública. El contador (Oscar) Antonena dispuso un pago preferencial. Siempre que hay un delito de administración, los magistrados son tan víctimas como los ciudadanos», dijo Estefanía a la emisora 100.1.

Por otra parte, indicó que «fue la Doctora Pacheco quien dictó la resolución (en contra de la pretensión de la ATECh) donde se decía que el pago escalonado era inconstitucional, porque era discriminatorio», aclarando que «hay que ser muy cuidadosos porque los jueces tienen una función y en esa función no dejan de ser ciudadanos, tal es así que muchos de los planteos que llegan a sus estrados, a veces los alcanzan como tales».

«Resolver los conflictos que no se resuelven»

«Las razones de inhibición son muy excepcionales, la regla es que ingrese el juez que tiene jurisdicción para ellos. El Poder Judicial está para resolver los conflictos que no se resuelven, y aquí el Poder Ejecutivo no está pagando los salarios. Llegado el caso, si hubiera una acción judicial, sería el Poder Judicial quien resolvería sobre el particular. La respuesta que debería dar el Ejecutivo es qué está haciendo para volver a la normalidad financiera, dar un plan de cómo hacer para que eso suceda a mediano o largo plazo».

«Hasta aquí no lo han hecho, solo golpean puertas para pedir adelantos de coparticipación o créditos a corto plazo y muy caros. Está claro que con esas medidas no vamos a salir», determinó.

Conflicto de poderes

Consultada sobre la Ley de Autarquía, de la que dijo que «tiene defectos técnicos graves en su proyecto ya que no asegura la remisión de los fondos necesarios para el funcionamiento de un Poder del Estado», la titular de la Asociación de Magistrados explicó que la crisis crónica podría «obviamente podría ameritar una intervención federal. Lo que tratamos cuando nos expedimos en contra, es tratar de evitar llegar a una situación como esta».

«Camino descendente»

«Veo que la provincia del Chubut va en un camino descendente donde es muy probable que si esto no se resuelve, se tenga que apelar a alguna de las salidas constitucionales que prevé el Código para que algún Gobierno venga a poner un poco de orden institucional a la provincia. Las tres salidas que tiene la Constitución de Chubut son el juicio político, la revocatoria de mandato y la intervención federal. No es el futuro que le veo ni le deseo, son salidas extraordinarias. Pero si me dicen que van a sancionar una Ley de Autarquía donde no se van a poder pagar salarios y que no funcione el Poder judicial, debiendo cada vez más salarios, obviamente nos tenemos que preguntar cómo salimos de todo esto si el Gobierno no toma ninguna medida para empezar a torcer el rumbo», analizó Estefanía.

«Grave déficit de funcionamiento»

La magistrada señaló que «hay un grave déficit en funcionamiento institucional, en el cual Mariano Arcioni debe encabezar, con diálogo y consenso» y que «el Gobierno de Chubut debe renegociar deudas que fueron adquiridas en otro contexto provincial. El Poder Ejecutivo debe encarar un proceso de consenso sensato de política institucional. Esa va a ser la única forma en que la provincia pueda salir de la crisis. No rompiendo las instituciones, ni unilateralmente; sino fortaleciéndolas con consenso».

El pasado martes 12 de mayo ingresó directamente a la Presidencia de la Legislatura una nota firmada por referentes de la lucha por los derechos humanos y de género, en la que se solicita la realización de un juicio político para destituir al ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, Miguel Donnet, por haber realizado comentarios misóginos y discriminatorios contra la dirigente social Milagro Sala a través de la red social Facebook.

Donnet se encuentra de licencia desde hace más de 6 meses, luego de que en noviembre los médicos laborales de la justicia indicaron reposo para el abogado comodorense, en una situación en la que no ha trascendido un diagnóstico oficial, pero que está vinculada a su salud mental. Donnet -propuesto por el ex gobernador Mario Das Neves en 2016- ya cumplió los requisitos para acceder a su jubilación, y si bien más de una vez comentó a los empleados de la corte chubutense su intención de dejar su lugar, nunca presentó su renuncia al gobernador Mariano Arcioni, por lo que sigue en posesión del cargo, que es subrogado por los otros dos ministros, Mario Vivas y Alejandro Panizzi.

El pedido que ingresó a la Legislatura pide su remoción por desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño en sus funciones, de acuerdo al planteo que lleva las firmas de Celia Debono (Coordinadora Cladem Argentina), María Luisa Gómez (Coordinadora Cátedra Libre UNPSJB), y la reconocida abogada en materia de género, Alejandra Tolosa.

Según detalla en la presentación, «la causal tiene su fundamento en el incumplimiento por parte del ministro con las obligaciones que el Estado Argentino tiene con la comunidad internacional en relación a los derechos humanos, en especial derecho a la no discriminación por motivos de género», y el hecho puntual cuestionado es la publicación de una noticia sobre la prisión domicliaria otorgada a Milagro Sala que fue subida en el perfil público de Facebook de Coca Echeverria, donde figura un comentario de Donnet en el que afirma «está bien, no hay que discriminar, las negras chorras también son mujeres».

Recuerdan las denunciantes que ya en otras oportunidades el ministro Donnet se expresó de forma misógina y discriminatoria (en alusión a las declaraciones del día de su asunción cuando se refirió a las habilidades como madres y amas de casa), y señalan que «consideramos gravísimo que un vocal de la más alta magistratura de la provincia se exprese de manera discriminatoria e incompatible con el derecho internacional de derechos humanos, que el ministro o bien desconoce ampliamente o lo que sería también muy grave, se burla de los derechos constitucionales de las personas».

En ese sentido, le endilgan desconocimiento inexcusable del derecho «por desconocer la normativa internacional, algo muy grave tratándose de un magistrado que tiene el requisito de idoneidad de las normas». Y manifiestan que sus expresiones «son discriminatorias por razones étnico-raciales, y por razones de género», en virtud de «la condición de mujer indígena de Milagro Sala», al tiempo que aseguran que «la idea de generalizar a todas las personas pertenecientes a una misma etnia bajo caracterizaciones generalizantes y ligadas al delito, afecta el reconocimiento a la no discriminación».

Agregan las autoras de la nota que «es inadmisible» que una persona en el cargo de juez, donde es especialmente relevante la garantía de imparcialidad y el principio de igualdad, se manifieste sobre una persona como «negra chorra», al tiempo que «atenta contra el principio de imparcialidad y de igualdad en relación a los debidos procesos».

En la parte final de la presentación que consta de 32 fojas, se adjuntan copias de las publicaciones aludidas, y se pide que, en el caso de que Donnet las llegara a negar, se haga un peritaje informático de origen, autenticidad y contenido del comentario.

La nota ingresó a la Cámara inmediatamente después de la última sesión, en la que el tema fue abordado en la Hora de Preferencia por la diputada del PJ, Mónica Saso, quien pidió a Donnet que se retracte de sus expresiones. Ahora el trámite debe tomar estado parlamentario para ser girado luego a la comisión de Asuntos Constitucionales, donde se deberán evaluar los requisitos formales para ver si es admitida, y luego ser derivada para su análisis a la Sala de Acusar.

Organizaciones feministas presentarán en la Legislatura una solicitud para iniciarle juicio político según la constitución provincial al juez Miguel Angel Donnet, integrante del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, a partir de sus reiteradas expresiones discriminatorias.

La presentación es impulsada por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) Y la Cátedra de Géneros, Sexualidades y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» y cuentan con el acompañamiento de numerosas organizaciones sociales y políticas.

El pedido de juicio político a un miembro del máximo órgano de Justicia del Chubut se realizará el martes 12 de mayo ante el presidente de la Legislatura Ricardo Sastre, en cuyo documento se acusa a Donnet por falta de idoneidad, desconocimiento inexcusable del derecho y mal desempeño de sus funciones.

La presentación hace referencia -entre otras- a una publicación de Facebook, en la que el juez del Superior Tribunal de Justicia, se expresa de forma racista, misógina y discriminatoria contra Milagro Salas. «Está bien no hay que discriminar, las negras chorras también son mujeres», escribió el juez.

Las organizaciones feministas consideran «gravísimo» que un vocal de la más alta magistratura de la provincia se exprese de manera discriminatoria e incompatible con el derecho internacional de derechos humanos.

Argumentan que en los Tratados sobre Derechos Humanos, ratificados por nuestro Estado y con jerarquía constitucional, se prohíbe la discriminación en razón de sexo y pueblos indígenas y se establece que el judicial es uno de los poderes del Estado que está obligado a hacer efectivos los derechos reconocidos en los tratados.

Tales conceptos se establecen en los artículos 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 2 b de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia y Convenio 169 OIT sobre Pueblos Indígenas, Convención Internacional sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial entre otros.

En otro tramo del documento, consideran que los dichos del juez no son inofensivos, ya que reflejan no sólo el desconocimiento de las normas jurídicas de jerarquía constitucional, sino también una ideología que promueve la desigualdad.

El titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, Dr. Claudio Brun, fue denunciado ante la justicia luego de que haya dictado las excarcelaciones de 13 delincuentes aludiendo razones médicas en el marco de la pandemia de coronavirus.

Entre los detenidos que fueron beneficiados por el Dr. Brun, hay seis que lo estaban por delitos de abuso sexual agravado y con acceso carnal, uno condenado a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía y los seis restantes por robo agravado, algunos con portación ilegitima de armas.

La denuncia formal contra el Juez Brun fue presentada ante el Dr. Ulises Alberto Giménez, Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

En la misma se hace la petición formal de la suspensión de Blum a su cargo de al frente del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, mientras que se adjuntaron evidencias del incumplimiento en los pasos formales para la concesión de las excarcelaciones.

Delincuentes excarcelados por el Dr. Claudio Brun:

  • Jorge Pedro Bergondi: Abuso sexual agravado de una menor de 9 años.
  • Néstor Luis Ibars: Abuso sexual con acceso carnal contra una niña con retraso madurativo.
  • Pedro Efrain Muñóz: Abuso sexual reiterado.
  • Luis Alberto Riquelme: Abuso sexual agravado.
  • Ricardo Roberto Moreyra: Abuso sexual agravado.
  • Juan Mattioli: Robo agravado por el uso de arma de fuego.
  • Claudio Molina: Robo agravado por el uso de arma de fuego.
  • Rodrigo Pereda: Robo con armas.
  • Oscar Galetti: Condena a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía.
  • Juan Domingo Sosa: Robo agravado por el uso de arma de fuego.
  • Federico Longiariu: Robo agravado reiterado. Portación ilegal de arma y reincidente por robo e intento de homicidio.
  • Cristian Marcelo Victola: Robo agravado.