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El Ministerio Público Fiscal informó que la joven ha autorizado que se comunique su opinión a la sociedad sobre el caso de «la manada de Chubut», en la audiencia ante el Juez Nieto Di Biase. La víctima dijo que ella está totalmente conforme con el acuerdo que se presentó en la causa en la que se investigan los hechos que la damnificaron en su adolescencia. Que el acuerdo es un «alivio» para ella, pues vio en el mismo la posibilidad de darle un cierre definitivo a este hecho, ya que le hace muy mal y necesita cerrarlo para seguir viviendo.

Contó que “cuando comenzó la investigación Fernando Rivarola le explicó que iba a investigar hasta donde ella aceptara, que cuando no quisiera seguir se lo informara, y nunca me sentí presionada”.

Y pese a los cuestionamientos sociales levantados en las últimas horas remarcó, “que el Fiscal siempre me mantuvo al tanto del avance de la investigación, de cada una de las pruebas que se iban recolectando, y me explicaba cuan valiosas eran o no”. En cuanto, al asesoramiento personal manifestó que fue asesorada jurídicamente por un tío abogado “quien me señaló que los términos del acuerdo eran correctos y entendí las diferencias entre las distintas calificaciones legales”.

Por su parte la licenciada en Psicología, que la acompañó en la videoconfrencia también autorizó se haga saber que atiende a la víctima desde septiembre de 2015. Explicó que su paciente se encuentra en posición de sujeto activo capaz de tomar decisiones en torno a este proceso judicial. Expresó que la joven tiene un fuerte deseo de sanar a partir de que los imputados reconozcan que este hecho sucedió y que ellos fueron partícipes.

El acuerdo fue intensamente trabajado con ella en las sesiones, también con el equipo del Fiscal Rivarola y un psicólogo de la institución. Hubo dos momentos de quiebre en su estado emocional, explicó, uno de ellos al inicio del proceso pericial y el segundo estuvo vinculado a la angustia de llegar al juicio oral, pues significaría una revictimización que no estaba dispuesta a atravesar.

Relató que la víctima luego de acordar el acuerdo de juicio abreviado sintió una inmensa tranquilidad y empezó a retomar su vida cotidiana. Es allí que irrumpe el hecho inesperado de ver en las redes sociales y la televisión, que su caso reaparece sin su consentimiento, re-victimizándola una vez más. La profesional agregó al final de la audiencia que tanto ella como la víctima “se han sentido absolutamente acompañadas por la Fiscalía en todo momento”.

El juicio oral y público por la desaparición del soldado riojano Alberto Agapito Ledo comenzó esta mañana, cerca de las 10, en la capital tucumana, con el ex jefe del Ejército César Milani y el ex capitán Esteban Sanguinetti en el banquillo de los acusados. Se trata del segundo debate que debe enfrentar quien se desempeñara como titular del Ejército durante los últimos años de la gestión presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.

El anterior proceso fue el que enfrentó en La Rioja, por el secuestro y las torturas sufridas por Pedro Olivera y su hijo, Ramón, durante la última dictadura militar, en el que resultó absuelto hace exactamente dos meses y logró recuperar su libertad.

En este caso, referente a la desaparición del soldado Ledo, a Milani se lo acusa de los presuntos delitos de encubrimiento y de falsificación ideológica de instrumento público (sumario de deserción), mientras que a Sanguinetti se le endilgan los cargos de homicidio calificado y privación ilegítima de la libertad.

El nuevo juicio oral, el segundo que enfrenta Milani, pero el primero que afronta en libertad, arrancó cerca de las 10, conducido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF), con la lectura de la acusación fiscal. De acuerdo con lo previsto, las audiencias en este debate se desarrollarán los días jueves y viernes, con lo cual la segunda jornada del juicio tendrá lugar este viernes.

A diferencia del anterior proceso, en el que Milani contó con el patrocinio de la abogada penalista Mariana Barbitta, en esta ocasión afronta el debate asistido por un defensor público oficial, del mismo modo en que lo hace Sanguinetti.

El fiscal Marcos Nápoli ya fue notificado por la Oficina Judicial de Rawson. En marzo comenzaría el juicio oral y público contra Correa, Carpintero, Cisterna, Oca, Pagani y Bortagaray.

La investigación que busca determinar el pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política se aproxima al juicio oral y a mediados de noviembre se desarrollará la audiencia preliminar en donde se revisarán las prisiones preventivas y domiciliarias y se revisarán situaciones de controversias entre el fiscal, las querellas y las defensas.

«A mediados de noviembre se hará la audiencia preliminar por la causa Revelación. Me lo confirmaron desde la Oficina Judicial de Rawson», señaló el fiscal Nápoli a diario EL CHUBUT.

Nápoli estimó que el juicio oral y público podría comenzar en marzo o abril del 2020.

Como anticipó EL CHUBUT en la edición de ayer, Nápoli llevará en forma individual esta causa. Ya había un acuerdo para que el fiscal Héctor Iturrioz salga de «Revelación» debido a la investigación que encabeza por la emergencia climática en Comodoro Rivadaiva. Esta «salida pactada» se terminó de adelantar luego del jury de enjuiciamiento que afrontará el comodorense por la detención del exministro de Familia, Martín Bortagaray, cuando aún tenía fueros.

IRÁN A JUICIO 17 EXFUNCIONARIOS Y EMPRESARIOS

Con las últimas probation acordadas entre Nápoli y las defensas otorgadas por el juez de Garantías, Sergio Piñeda, sumado a la confirmación de la condena del periodista y empresarios Andrés Ninín (ver recuadro), el juicio oral y público comenzará con 17 imputados.

El escrito de elevación a juicio que cuenta con 438 páginas tiene como principales implicados a Diego Correa, Gonzalo Carpintero y Víctor Cisterna con un pedido de 8 años de prisión. Para Nápoli son «los organizadores de la asociación ilícita» y en el caso de Carpintero se suma el presunto enriquecimiento ilícito.

En la tabla punitiva siguen los exministros de Economía, Pablo Oca, y de Infraestructura, Alejandro Pagani, con un pedido de prisión de 7 años.

El exministro de Familia, Martín Bortagaray y el funcionario de Unidad Gobernador, Diego Luthers, afrontan un pedido de 6 años de prisión.

En el rubro empresarial, el dueño de la constructora Nitens, Federico Piccione, atraviesa una solicitud de condena de 6 años, en tanto que Pablo Bastida, mano derecha de Cisterna, afronta un pedido de prisión de 5 años.

Para los empresarios de la construcción Mauricio Capandeguy; Patricio Manzanel; Jorge Rossi; Juan Riquelme; Pablo Menedin; Martín Castillo; Gonzalo Cordón Ferrando; y Oscar Sandín, el fiscal Nápoli solicitó una condena de 2 años de prisión y el decomiso de los bienes producto del presunto delito.

En el proceso deberán declarar testigos y se presentarán pruebas, algo que la defensa quería evitar al solicitar el juicio abreviado.

Fuentes judiciales confirmaron a ADNSUR que la jueza Daniela Arcuri rechazó el acuerdo de juicio abreviado que se había presentado en torno a la situación de Abel Reyna, ex delegado local del IPV, por lo que el caso tendrá que ventilarse en juicio oral y público. Entre los fundamentos de la magistrada se contaría la expectativa de pena mayor a la acordada entre defensa y fiscalía, que se situaba en 3 años de prisión en suspenso.

La audiencia de homologación del juicio abreviado se había realizado el viernes 15 de febrero, mientras que este lunes trascendió el pronunciamiento de la jueza Arcuri, en un extenso escrito en el que da sus fundamentos para el rechazo.

El camino que se abre ahora es el de un juicio oral y público, que podría concretarse antes del mes de mayo, en el que se tendrán que presentar los testigos y otras pruebas en torno a las irregularidades que se imputan al ex delegado en el manejo de planes de vivienda, en particular en lo que respecta al de 81 viviendas de barrio Ciudadadela.

Según supo ADNSUR, también cabe la posibilidad de que la defensa del ex imputado, el abogado Guillermo Iglesias, apele la decisión de la jueza Arcuri. Al acordar el juicio abreviado, el imputado acepta su participación en los delitos imputados, que la fiscalía había detallado como incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho y tráfico de influencias.

La perspectiva de un juicio oral y público puede implicar un proceso más espinoso, en el que la eventual condena podría ser más alta (ya que la del acuerdo estaba basada en los mínimos de cada delito), aunque también se abre la posibilidad de una absolución, en caso de no poderse probar los delitos imputados.

También podría haber otras derivaciones que surjan de los posibles testimonios del juicio. Por caso, el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, ha sostenido públicamente que su cliente ha sido “víctima” y que en las irregularidades investigadas cabría involucrar también al ex titular provincial del IPV, Ricardo Trovant (quien actuó como denunciante del caso).

 

ADN Sur

Ya pasaron cuatro años desde el espectacular operativo antinarcóticos, que dejó como saldo unos 64 allanamientos, una cantidad similar de detenidos e imputados, que todos están en libertad, vale destacar, y los secuestros siguen a disposición de la Justicia Federal, entendiendo que se trata de bienes logrados producto de la comercialización de estupefacientes.

Días atrás, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, junto al Secretario de Seguridad Eugenio Burzaco y otros funcionarios nacionales presentaron los autos y camiones que fueron incautados producto de causas de narcotráfico y puestos a disposición de organismos nacionales con las obleas que los identifican como bienes recuperados del narcotráfico.

Autos de alta gama y camionetas

El 12 de septiembre de 2014 se llevó a cabo el operativo, en que fueron detenidas 49 personas, se incautaron armas, una importante cantidad de dinero, drogas y doce vehículos de alta gama, como una coupe BMW Z4, un Mercedes Benz, dos camionetas VW Amarok, dos VW Bora, y otros seis vehículos más, incluido un auto de Rally que utilizaba uno de los detenidos para competir a nivel nacional.

Los autos permanecen en custodia de la Justicia Federal, cerrados y sin las fajas de secuestro en el puesto ubicado en el acceso norte, el puesto 203 desde ese momento, sin mayores cuidados, y podrían ser puestos a disposición de la Policía Federal, que de hecho ya tiene un Audi recuperado del narcotráfico, al que poco uso se le da.

Cabe señalar que la misma modalidad utilizó la Justicia de Chubut, que entregó al Municipio un auto de alta gama recuperado de un hecho ilícito.

En Buenos Aires, fueron 27 los autos recuperados, que fueron entregados a la Policía Federal, a la Gendarmería, la Prefectura Naval Argentina y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

A juicio en el segundo semestre

Por estos tiempos, se espera que en el transcurso del primer semestre se lleve a cabo el juicio oral y público, lo que podría acontecer en junio o julio de este año, lo que genera una expectativa importante, ya que se trata de una banda que vendía estupefacientes por décadas en la zona, especialmente en Puerto Madryn y Trelew.

El Chubut