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La abogada Verónica Heredia fue aceptada este lunes como querellante en la causa conocida como la “Manada de Chubut”, donde se investiga un hecho de abuso sexual colectivo que se cometió contra una menor de edad en Playa Unión en 2012.

Desde que la joven hizo pública la denuncia, el año pasado, intervino de oficio el Ministerio Público Fiscal, con el fiscal de Rawson Fernando Rivarola al frente de la investigación. Ahora, por primera vez desde entonces, la víctima tendrá una representante legal tras “caer” el acuerdo de las partes para la realización de un juicio abreviado.

La representación y constitución como querellantes la confirmó la propia Heredia al detallar que “anoche (lunes) me notificaron que voy a representar a la víctima, trabajo que vamos a hacer junto a la doctora Florencia Piermarini, y avanzaremos en el juicio oral”, confirmó.

La abogada es reconocida por su trabajo en el área de Derechos Humanos, representando a la familia de Santiago Maldonado y a la de Lucía Pérez, logrando en este caso un nuevo juicio y que se revirtiera la absolución de los imputados por el femicidio de la adolescente de 16 años.

Ahora, Heredia se hace cargo de la representación legal de la joven chubutense que al momento del crimen tenía 16 años.

En su momento, el fiscal Fernando Rivarola avanzó con el consentimiento de la joven en un juicio abreviado, cuyo acuerdo se presentó, no se homologó y finalmente esa decisión fue revertida.

Sin embargo, el mismo no siguió en pie ya que los imputados no aceptaron todos los términos acordados y realizaron nuevas solicitudes a la Justicia para cumplir parte del acuerdo.

Luego de la polémica, Rivarola sostuvo que la víctima no pretendía avanzar en la causa, a lo cual la abogada Heredia remarcó que “ahora, la víctima está informada, y a partir de esa información, tomó una decisión, y su decisión es ir a juicio oral”.

También ratificó que la joven “nunca tuvo representante legal, sólo escucho lo que le dijo el Ministerio Público Fiscal, que lo que busca es asegurarse un porcentaje de condenas, no buscan la reparación de la víctima”, consideró.

Por su parte, Rivarola trabaja ahora con las fiscales María Bottini y Andrea Vázquez, por decisión de la Procuración General para eventualmente llevar el caso a juicio, con la carátula “abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por la participación de más de dos personas”.

“Nosotras pedimos que se califique como abuso sexual con acceso carnal, gravemente ultrajante y agravado por la participación de más de dos personas pero en base al artículo 119 párrafos 2, 3 y 4, Inciso d.”, puntualizó la abogada.

Explicó que esto “significa reconocer el daño, no sólo físico, sino emocional-mental que significó el hecho y todo este proceso para la víctima, y que implican más años de condena”.

Por otra parte, este martes se conoció que el juez penal César Marcelo Zaratiegui rechazó distintos planteos de nulidad presentados por los abogados de Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci y Ezequiel Quintana, los tres imputados en la causa. Vale recordar que dos de los señalados por la víctima quedaron fuera del proceso por ser menores de edad.

El juez Zaratiegui consideró que los imputados “pretenden que conserve validez un acuerdo del que ellos mismos desistieron y sólo respecto de aquello que los beneficiaría –lo cual- resulta totalmente arbitrario y antojadizo”.

Ante este panorama, la abogada dijo que espera que “antes de fin de año” tengan “fecha de juicio” y contó que la víctima “no vive más en Chubut, está acompañada y contenida, esperando reparación”.

Fuente: Télam

El juez Gustavo Castro consideró que se ha acreditado de manera probable, la materialidad de los hechos y la presunta participación de los acusados en los siniestros del 17 de septiembre de 2019 en la Legislatura y en Casa de Gobierno de Rawson. Además del secretario general de la ATECH, serán juzgados en el debate oral y público Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

El juez de Trelew Gustavo Castro, resolvió elevar a juicio oral y público la causa en la que se investiga el atentado perpetrado contra los edificios de la Legislatura Provincial y Casa de Gobierno, en septiembre del año pasado.

Por estos hechos están imputados los dirigentes gremiales Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

El magistrado declaró admisible la totalidad de la prueba ofrecida por las partes y rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por los defensores particulares de los acusados.

Ahora, por intermedio de la Oficina Judicial, se conformará un tribunal unipersonal y a la mayor brevedad posible se fijará la audiencia de debate.

El juez rechazó el planteo de nulidad presentado por los abogados defensores que sostenían que la acusación era incomprensible y confusa, y que por no saber claramente de qué se los acusaba, los imputados no podían ejercer eficazmente su derecho de defensa.

En ese sentido, expresó que “el Ministerio Público Fiscal, al relatar los fundamentos de la imputación, ha señalado la prueba que vincula a cada uno de los imputados, tanto documental como testimonial”.

En la resolución, Castro sostuvo que “queda clara la conducta que se le atribuye al señor Goodman, específicamente, la de transportar los elementos combustibles que a la postre fueron utilizados para provocar los incendios tanto en la Casa de Gobierno como en la Legislatura, como así también la de dar directivas a todas a aquellas personas que se encontraban participando de los incidentes.

Según el juez, tampoco hay dudas de la conducta que se le atribuye a Marcela Ancaleo y Mariana Castro, de haber realizado varios viajes en la camioneta descripta, transportando un número importante de cubiertas de automóvil usadas para bajarlas en el sector de los incendios, las que fueron utilizadas para avivar el fuego, generando mayor volumen y densidad de humo.

Y respecto de Matías Schierloh, manifestó que “queda claro que se le atribuye haber arrojado cubiertas al fuego que se desarrollaba debajo de la sala de sesiones con el fin de avivar dicho foco ígneo”.

“Por todo lo expuesto”, concluyó el magistrado, “entiendo que, de la prueba ofrecida, se ha acreditado de manera probable, no sólo la materialidad de los hechos imputados sino también la presunta participación de los acusados, por lo que en este estado correspondo elevar la causa a juicio, tal como ha sido solicitado por el Ministerio Público Fiscal”.

Juan Luis Ale está acusado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en modalidad de delito continuado”, en perjuicio de dos niñas, entre 1998 y finales de 2001. Este jueves a las 10 horas será el veredicto.

Su abogado defensor Adrián Sandoval había planteado la prescripción de los delitos, además de fundar una serie de nulidades. Sin embargo, el tribunal decidió, por mayoría, rechazar los planteos de nulidad y de prescripción del delito.

La Fiscalía oportunamente destacó la decisión del tribunal que permitirá que se “haga efectivo el acceso a la justicia que tuvieron dos niñas, que hoy son mujeres que les llevó un periodo largo poder denunciar los hechos”, dijo la fiscal Hernández.

El ex comisario y ex diputado provincial, en caso de ser condenado, tiene una pena prevista que tiene un mínimo que podría superar los 15 años de prisión.

Hoy comenzó el juicio contra Juan Luis Ale, exjefe de la Policía de Chubut y exdiputado provincial, acusado por “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la convivencia en modalidad de delito continuado”, en perjuicio de dos niñas, entre 1998 y finales de 2001.

Uno de los ejes de la discusión jurídica planteada consistía en si se puede aplicar la “Ley Piazza”, bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza.Esta ley modificó el Código Penal y prevé “una regulación especial, en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad y sufre delitos de integridad sexual”, explicaron desde la Fiscalía de Puerto Madryn, indicando que “la ley 27.206 apunta a que los plazos de prescripción de los delitos contra la integridad sexual, en víctimas menores, empiezan a correr una vez que la víctima denuncia, independientemente de su edad”.

“Desde la Fiscalía se planteó la inconstitucional del artículo 2 del Código Penal, que se basa en la irretroactividad de la ley. En este caso en concreto es que se aplique la Ley Piazza, la prescripción comience a correr cuando son mayores de edad, o cuando denuncien. Pedimos se dicte la inconstitucionalidad”, había declarado la fiscal.

“¿Por qué hizo que el deseo de cada día sea morir? Hizo que quiera morir para dejar de sufrir por sus abusos». Una de las víctimas del abusador señaló «justicia por esa niña que fui, por esa adolescente que dejó de soñar y por esta mujer que soy hoy que quiere dormir tranquila y seguir sanando. Yo voy a tener que convivir el resto de mi vida con este dolor. Pido una condena ejemplar para que nunca más él abuse de nadie, para que nadie más se sienta muerta en vida” .

Un tribunal de Chubut reanuda este lunes 3 de agosto el juicio oral al ex jefe de la policía provincial Juan Luis Ale por el delito de abuso sexual de dos niñas, hijas de su ex pareja con las que convivía, entre 1998 y finales del 2001. Los jueces Gustavo Castro, Marcelo Orlando y Marcela Pérez Bogado decidieron continuar el proceso tras rechazar un pedido de la defensa del imputado que argumentó la prescripción de los delitos por considerar que la llamada «ley Piazza» no estaba vigente cuando los presuntos hechos ocurrieron.

La fiscal Alejandra Hernández recordó que «no es la primera vez que la defensa plantea la prescripción de la causa, ya lo había hecho al principio mismo de la investigación».

El comisario general retirado Juan Luis Ale fue el jefe de la policía de Chubut durante los dos primeros gobiernos de Mario Das Neves y luego llegó ser diputado provincial del Frente para la Victoria, aunque los hechos denunciados ocurrieron antes de ocupar esos cargos, cuando era autoridad policial en Puerto Madryn.

«Las víctimas eran niñas al momento de cometerse los hechos y hay que hacer valer sus derechos, ese fue nuestro planteo desde un principio y por suerte hasta ahora siempre fuimos avalados por la juez natural de la causa primero y ahora por el tribunal que revisó el planteo», aseguró la fiscal en diálogo con Télam.

«Éramos criaturas»

Las víctimas aseguraron en un reportaje concedido a canal 12 que «los hechos ocurrieron en Puerto Madryn durante tres años, impunemente, mientras (el acusado) se mostraba al resto de la comunidad como una persona cariñosa a los ojos de los otros, se hacía llamar como un padre para nosotras mientras puertas adentro abusaba sexualmente de nosotras».

«La denuncia fue en 2017, pero fue en el 2015 cuando pudimos hablar con nuestra familia y contar todo lo que habíamos pasado, con lo que ello significa porque pasamos por un montón de pericias psiquiátricas, pasamos por varios médicos y psicólogos» describieron.

Además, relataron que «teníamos 9 y 10 años cuando abusó de nuestros cuerpos, éramos criaturas».

En el 2018 la jueza Patricia Reyes resolvió abrir la investigación sobre Ale que derivó en la elevación a juicio oral, cuya primera audiencia comenzó el 21 del mes pasado, pero se interrumpió por los planteos de la defensa que ya fueron resueltos por el tribunal de revisión.

La defensa pedía que no se aplique la «Ley Piazza», bautizada así por el diseñador de modas Roberto Piazza, porque en ese entonces no estaba vigente.

Se trata de la ley que modificó el Código Penal y estableció «una regulación especial, en cuanto suspende el plazo de prescripción para estos delitos cuando la víctima es menor de edad y sufre delitos de integridad sexual».

Fuente: Télam

A lo largo de gran parte de la mañana del presente viernes se desarrolló en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia de censura en el juicio oral por abuso sexual que tiene a Jonathan Barría como responsable. En virtud de las circunstancias agravantes y atenuantes del caso el fiscal solicitó se la imposición de la pena por 12 años de prisión. Por su parte la defensora planteó la pena de 6 años y ocho meses de prisión.

Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y el próximo miércoles 29 de julio, a las 12.00 hs., por videoconferencia dará a conocer su resolución; y asimismo prorrogaron la prisión preventiva que pesa sobre Barría por seis meses. Cabe recordar que el pasado martes Barría fue declarado, por unanimidad, penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal, dos hechos, en concurso real” en calidad de “autor”.

El fiscal Cárcamo, en virtud de la declaración de responsabilidad penal del imputado Barría, solicitó la pena de 12 años de prisión; más la imposición de tratamiento terapéutico -psicológico vinculado con la temática de la agresión sexual y de sus adicciones. El imputado no presenta signos o síntomas para sospechar de una enfermedad mental en Barría, según el Informe psiquiátrico del Cuerpo Médico Forense.

“La circunstancia de intoxicación no ha tenido incidencia en el modo de acción de Barría, que actuó contrario al mandato prohibitivo. No debe operar esa circunstancia como un criterio subjetivo de atenuación de la pena”. Como circunstancias agravantes el fiscal consideró: la naturaleza de la acción, estamos ante un caso de violencia de género, los medios empleados para concretar el abuso sexual, la víctima fue trasladada mediante intimidación.

La nocturnidad en la que fue cometido el hecho y también por la extensión del daño causado, como circunstancia agravatoria. Por las secuelas que ha dejado el hecho en la víctima, stress post-traumático, sosteniendo que le había arruinado la vida. Como atenuante consideró el fiscal la ausencia de antecedentes penales y que es padre de dos niños menores y la pena no debe trascender a terceros. Por último el fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción al imputada hasta tanto la sentencia quede firme.

La defensora propuso ingresar a la pena por el mínimo establecido para el delito, donde la imposición de la pena seria por  6 años de prisión. Respecto de la naturaleza de la acción como agravante no debe considerarse ya que el delito por el cual se lo responsabilizó ya lo contiene. Respecto del modo comisivo el tipo objetivo se abastece, aseguró la defensa.

El tribunal de debate fue presidido por Daniela Arcuri, e integrado por Raquel Tasssello y Martín Cosmaro; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general y Cristian Ovalle, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Cristina Sadino, defensora pública. La víctima fue acompañada y asistida por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) de fiscalía.

El ilícito ventilado en el debate:

El hecho contra la integridad sexual juzgado acontece el pasado 30 de enero de 2019, cuando la víctima se encontraba en una parada de colectivos en la calles Huergo y Los Pensamientos, del barrio San Martín. Al advertir la presencia de varias personas de sexo masculino la víctima camina hacia la Av. Rivadavia. Antes de llegar a la estación de servicio, el imputado Jonathan Barría se acerca a la víctima y mediante la utilización de un arma blanca la obliga a la víctima a que lo acompañe, diciéndole “vení, dale hagamos como si fuéramos novios”. Manteniendo el arma blanca contra su cuello y obligándola a caminar hasta un descampado donde la amenaza y luego la somete sexualmente.

La vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, prestó declaración indagatoria este lunes por más de tres horas en el marco del juicio oral que se lleva a cabo por presunta corrupción en la obra pública durante su gobierno. Durante su enérgica exposición, la ex mandataria denunció persecución e ironizó sobre la justicia federal y las acusaciones a su familia.

En el inicio de la audiencia, la ex mandataria expresó: «Voy a declarar y oportunamente contestaré preguntas».

Además, la vicepresidenta electa se quejó porque el tribunal rechazó que sus palabras fueran televisadas en vivo e inició su declaración aludiendo a lawfare -o guerra jurídica-.

Estas son sus frases más destacadas de su extensa indagatoria:

– «Si alguien tenía dudas de la existencia del lafware, la lectura del presidente del tribunal del rechazo del recurso de la transmisión es una clase práctica del lafaware en Argentina llevado a cabo por este tribunal».

– «Esta causa que hoy está aquí, que se conoce como la causa de la corrupción de la obra pública, tuvo una difusión mediática en vivo y en directo inédita. Y así fue durante todo el juicio. Además, la causa cayó por sorteo (hizo con los dedos las comillas), voy a tener que comprar un número de la lotería. Siempre me toca Bonadio o Ercolini. Todo trasmitido en vivo y en directo. Y ni que hablar cuando comenzó el juicio: se transmitió en vivo y en directo toda la acusación. Nunca en mi vida escuché un guión en lugar de una acusación fiscal».

– «No sólo todo el juicio de instrucción fue difundido, sino que era tema en 20 millones de programas de televisión. Hubo cinco audiencias completas que fueron transmitidas en vivo y en directo y en los pasajes más escabrosos del guión fiscal apuntaban a mi cara. Eso es el lafware: que los medios de comunicación publiciten cosas que no figuran en el expediente o que no son delitos para conformar a la opinión pública y con eso los jueces no tengan otra alternativa que condenar. Eso es para presionar a los jueces probos. Es para construir mediáticamente lo que no pueden comprobar jurídicamente».

– Mirando a los jueces: «¿No les parece que tiene impacto que la vicepresidenta de la Argentina está acusada de asociación ilícita, de ser la jefa de una banda? ¿En serio les parece que no?, ¿en serio me lo dicen?, ¿en serio?».

– «Fue un plan ordenado por el gobierno saliente».

– «El gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de dolores, que el tribunal debería tener en cuenta».

– «El gobierno que se va tenía una mesa judicial que decidía quién iba preso, quién no, a qué empresario había que apretar para que no vaya preso, para que venda sus empresas».

– «El plan fue ideado para una feroz e inédita persecución para quien fuera dos veces presidenta de la República. Primero, multiplicidad de procesamientos. Soy jefa de cuatro asociaciones ilícitas, la verdad que no sé cómo tuve tiempo para gobernar porque me la pasaba haciendo asociaciones ilícitas».

– «Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso. Esa sería la fórmula de Comodoro Py»

– «Con la DaJuDeCO se difunden en vivo y en directo escuchas de una ex presidenta con un ex funcionario y hay programas de televisión que anuncian como un circo «gran función hoy» la difusión de las escuchas. Y a los jueces de Comodoro Py no se les mueve un pelo cuando son los responsables de esas escuchas. Esto pasó en la República Argentina, no en ningún lugar exótico del mundo. Un año y pico estuvo la responsabilidad de las escuchas en la doctora Gils Carbó y nunca se filtró ni una letra. Bastó que llegara este gobierno para que se difundan conversaciones privadas. ¿Eso no es lafware? ¿Eso no es persecución?»-

– También se refirió a Stornelli, sin nombrarlo: «Siempre asistí a las indagatorias. No fue la misma actitud de todos los de este edificio que después de acusar a medio mundo tardó ocho meses, nueves meses, para ser indagado de cosas gravísimas».

– «Este gobierno llegó con el auxilio invalorable del aparato judicial».

– «Esta audiencia que empezó, fue convocada por el tribunal para el 20 de mayo del año que se acaba, justo un mes antes de que cerraran las listas para candidatos a presidente y vicepresidente. Un mes antes me sentaron en el juicio oral por corrupción en la obra pública. Lawfare puro, lawfare puro».

– «Si Lázaro Báez, que siempre vivió en Santa Cruz, ¿por qué Néstor no lo hizo empresario los 16 años que fue gobernador? Ni pintar el nombre en las paredes sabían en Buenos Aires y ustedes dicen que tenía desde Santa Cruz un plan maestro para saquear la obra pública. Pero por favor, digan cosas lógicas. Por Dios, para mentir hay que saber mentir».

– «El hecho de que una persona sea amigo y tenga empresas no es delito. Si no, cómo lo llamarían al amigo del alma del presidente que se quedó con las empresas energéticas que saquearon los bolsillos de los argentinos».

– «Todos los presidentes lo hicieron. El doctor Menem se trajo a todos los funcionarios de La Rioja, inclusive puso a uno en la Corte Suprema. El único presidente que no puso amigos en la Corte es acusado por el Poder Judicial de la Nación de ser miembro de una banda de asociación ilícita. Kirchner no conocía a nadie de los que integran la Corte. Al primero que puso fue a Zaffaroni, que iba a Santa Cruz a criticar por las reelecciones. Y al resto no los conocía. Cuando Duhalde es designado presidente por el Senado, llevó a todos los funcionarios que tenía en la provincia de Buenos Aires, Remes Lenicov, Pampuro, Aníbal Fernández».

Al cerrar su declaración indagatoria de casi cuatro horas en los tribunales federales de Comodoro Py, la vicepresidenta electa señaló: «A mí me absolvió la historia y a ellos los va a condenar». Así lo informó el Diario iProfesional.

Hoy martes a las 9 de la mañana está previsto que se realice la ronda de los alegatos finales en el juicio oral y público que se lleva adelante por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado por su condición de funcionario público, en contra de Oscar Alarcón. Así lo acordaron las partes en una nueva audiencia realizada ayer en la Oficina Judicial de Rawson.

En la etapa final del juicio oral y público en el que se encuentra sentado en el banquillo de los acusados Alarcón, ex director de Ceremonial de la Provincia durante las tres gestiones del extinto gobernador Mario Das Neves, el defensor del imputado desistió de dos testigos que tenía previsto declaren en la mañana de este lunes.

Se trata del caso que tiene al ex funcionario provincial imputado del delito de enriquecimiento ilícito ya que según sostuvieron los fiscales que lo investigaron, sus ingresos como empleado público, no se condicen con las propiedades adquiridas en los últimos años. Son cuatro terrenos en Playa Unión, un edificio de dos plantas en pleno centro de Rawson construido a nuevo para disponer de oficinas y consultorios, además de una casa en una zona residencial en las afueras de Rawson. Todo fue valuado a precios actuales, en 53 millones de pesos.

El tribunal de enjuiciamiento está integrado por Marcelo Nieto Di Biase, Mirta Moreno y Sergio Piñeda. Los fiscales que realizaron la investigación son Omar Rodríguez y Alex Williams, de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos contra la Administración Pública. En carácter de querellante participan en el juicio la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción y los diputados del Frente para la Victoria, denunciantes del delito investigado.

Un individuo con domicilio en el barrio Tiro Federal de Trelew que en junio pasado intentó eludir un control de tránsito en Rawson conduciendo un vehículo robado, irá a juicio oral y público por los delitos de desobediencia y encubrimiento que lo podrían llevar a prisión de efectivo cumplimiento por dos años.

Se trata de Mauricio Santos que este viernes fue sometido a una audiencia preliminar por el hecho ocurrido el 26 de junio pasado cuando junto a otros dos sujetos ingresaban a Rawson en el interior de un Chevrolet Corsa que había sido robado en Trelew y al que le habían colocado una chapa patente falsa. Ante la presencia de un control de tránsito programado por la Municipalidad de Rawson, al ser obligados a detenerse, prefirieron huir, abandonar el vehículo y huir por las calles del barrio Gregorio Mayo. Convocada la policía, dos de los sujetos lograron eludir a los efectivos y no fueron localizados.

Santos fue detenido y sometido al proceso judicial ahora deberá enfrentar el juicio oral y público. Los acusadores Leonardo Cheuquemán y Fernando Rivarola anticiparon que de ser hallado culpable de los delitos de desobediencia y encubrimiento por lo sucedido al huir con el vehículo, pedirán dos años de prisión. El imputado ya tiene dos antecedentes condenatorios en Trelew por haber sido hallado culpable en dos robos. Estos antecedentes podrían llevar a que esos dos años, sean de efectivo cumplimiento.

La posición de los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la defensora Janet Davies que no se opuso a la realización del juicio oral, fue convalidada por el juez de garantías Fabio Monti.

-Producido por el Área Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Oficina Rawson.

El juez federal Claudio Bonadio envió hoy a juicio oral y público a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado nacional Julio De Vido y a otros imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de la corrupción y dos expedientes derivados de esa pesquisa, confirmaron fuentes judiciales.

El magistrado volvió a pedir al Senado el desafuero de la senadora y ahora candidata a vicepresidenta de la Nación, «con el fin de cumplir con la prisión preventiva» dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia.

El exgobernador Sergio Urribarri deberá enfrentar su primer juicio oral y público. Así lo decidió el juez de garantías Ricardo Bonazzola, en una audiencia que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

Se trata de una megacausa, en la que se investiga el supuesto desvío de $47 millones de fondos públicos para financiar la fallida campaña presidencial, que en su momento se dio en llamar el «sueño entrerriano». Están también imputados exministros y funcionarios de la gestión justicialista anterior.

Al exmandatario y actual presidente de la Cámara de Diputados de la provincia se le atribuye el uso de fondos públicos para la publicación de una solicitada en 18 diarios nacionales y provinciales, en junio de 2014, en la que se criticaba a los fondos buitres, con el título «Acuerdo de compromiso para la reafirmación democrática argentina».

Por la publicación se pagaron $4.308.500,23. También se investiga a Urribarri por la contratación que hizo con la productora Nelly Entertainment SA, por un monto de $28,4 millones, en el marco de la Cumbre del Mercosur que se desarrolló en Paraná en diciembre de ese año. Y la otra investigación abierta apunta a la instalación del parador playero en Mar del Plata, en el verano de 2015, por el que se pagaron $14.561.870.

Estos tres hechos, en un comienzo, fueron investigados en tres pesquisas, pero finalmente se unificaron en un mismo expediente.

Según el sistema acusatorio que rige en la provincia de Entre Ríos, los fiscales deben adelantar la pena antes de que el caso se eleve a juicio. Los representantes del Ministerio Público Fiscal -Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano- solicitaron para Urribarri una pena de nueve años de prisión. Entendieron que esas iniciativas fueron en beneficio personal, como parte de una campaña para instalar su figura en el plano nacional.

Testigos de renombre

En la audiencia, los fiscales y los abogados defensores expusieron cuáles son los testimonios y pruebas documentales que aspiran a presentar en el debate oral y público. Surgió, así, el ofrecieron de las declaraciones testimoniales del exdirector de la Biblioteca Nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner, Horacio González, y el politólogo y filósofo Eduardo Rinesi, identificado con el gobierno anterior.

En la causa también está imputado Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, sospechado de haber cobrado una coima por la instalación del parador playero. Los exfuncionarios provinciales Hugo Félix Céspedes, quien fue coordinador de la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur, y Gustavo Javier Tortul, entonces coordinador contable de esa comisión especial, deberán enfrentar el juicio, que aún no tiene fecha.

El otro imputado que eludió el juicio oral y público luego de acudir a la suspensión del juicio a prueba es el empresario Jorge «Corcho» Rodríguez. Estaba imputado, pero acordó el pago de un resarcimiento al Estado de $150.000, en doce cuotas iguales y consecutivas, y la realización de campañas de bien público en beneficio del comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos, a modo de canje, a través de la cuenta de Instagram de la conductora Verónica Lozano, su pareja, y también en el programa «Cortá por Lozano», que se emite por Telefe, informó La Nación.