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El juicio oral y público por la Causa Revelación se demorará hasta después de mediados de año por inconvenientes surgidos con el paro de los empleados judiciales. Sería recién en agosto.

Es la investigación por los retornos que pagaron empresarios de la construcción a funcionarios de la tercera Gobernación de Mario Das Neves.

El fiscal Marcos Nápoli explicó que si bien la fecha original del inicio del debate era marzo o abril, desde la Oficina Judicial de Rawson le informaron que no se podrá concretar hasta después de la feria de invierno.

La semana pasada se sorteó el tribunal: los jueces serán Ivana González (Trelew), Mariano Nicosia (Comodoro Rivadavia) y José Rosales (Sarmiento).

Consideró Nápoli que “falta poco en términos de cumplimiento de las etapas procesales, pero no tan poco en tiempo, porque con toda esta problemática de servicios por la mitad, por gente que no cumple con su trabajo porque no se les cumple con su sueldo, es que se vio resentido en gran medida el servicio y genera que el juicio sea prorrogado para después de la feria de invierno, agosto o setiembre”.

Esta situación “es molesta para todos nosotros pero entendible cuando no hay suficiente gente para poder llevar adelante las dirigencias. La fecha original del juicio era marzo o abril pero antes de agosto no será posible fijar el debate”.

Esta demora implica que las medidas de seguridad “continúan para las personas que están involucradas pero en libertad. Tenemos que tener la certeza que los mismos se encuentran en la zona o han pedido permiso en caso de hacer un viaje”.

Muchos de los empresarios denunciados en los inicios de la causa se acogieron al beneficio de la probation. El juicio lo deben afrontar Víctor Cisterna, Pablo Oca, Gonzalo Carpintero, Federico Piccione, Pablo Bastida, Diego Lüters, Diego Correa, Martín Castillo, Martín Bortagara y Alejandro Pagani. En cuanto al empresario Pablo Menedin, “se acercó a Fiscalía con intenciones de hacer una probation, ya que tiene la posibilidad de pedirla por no ser funcionario público”, aclaró Nápoli.

Reconoció que “quienes deben tener más quejas en cuanto a la fecha son los imputados, porque el grado de incertidumbre de un ciudadano cada vez que es perseguido por el Estado crece con la prolongación en el tiempo. Muchas veces se dice que la Justicia cuando llega tarde no es Justicia, pero son imponderables”.

Fallo en juicio por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario

La jueza integrante del tribunal unipersonal Raquel Tassello resolvió el mediodía del presente viernes absolver a Martín Buzzi y Néstor Di Pierro ya que sus conductas resultan atípicas y que no constituye delito el hecho imputado. Asimismo rechazó todos los planteos previos impetrados por la defensa de Di Pierro, como también objetó que las costas del proceso sean a cargo del querellante. Sin embargo tuvo pro desistida la querella en tanto que el querellante no presentó sus conclusiones finales.

Presidió el acto como tribunal unipersonal Raquel Tassello, jueza penal; por Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro fue realizada por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari, defensor particular y defensora pública respectivamente.

Respecto del planteo de la defensa de Di Pierro sobre la prescripción de la acción penal dijo la jueza que las sentencias resuelven casos particulares y no es aplicable como Ley a todos. La defensa debió plantear la revisión ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia provincial, por el cambio de jurisprudencia. Los recursos provinciales se agotaron y mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenden los plazos del proceso.

Respecto de la querella sostuvo que esta parte fue admitida por el juez penal en la etapa procesal oportuna, invocando interés del damnificado y como ciudadano de Comodoro. Rechazando los planteos previos de la defensa para que se rechace la parte querellante.

La única obligación impuesta al intendente desde el Superior con la sentencia era que realice el acto de cesión de derecho, todas las otras cuestiones son ajenas al proceso y deben ventilarse por los canales procesales pertinentes.

Buzzi realizó la cesión de derechos y posteriormente otorga el título a Idalio Do Santos Pires, por lo que no puede decirse que la conducta de Buzzi haya sido desobedecer una orden. Tienen razón los defensores al plantear que las conductas de sus defendidos resulta atípica, el hecho relatado por el fiscal es incumplimiento contractual, aseguró para finalizar la jueza.

Los jueces Miguel Caviglia (de Comodoro Rivadavia), Fabio Monti (de Trelew) y Jorge Novarino (de Sarmiento) serán los integrantes del tribunal encargado de enjuiciar a los 12 imputados en la causa penal que investiga presuntos sobreprecios en la compra de elementos para los damnificados por la emergencia climática que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año 2017. Se trata de seis funcionarios públicos -al momento de los ilícitos- y seis comerciantes

El próximo 17 de marzo se iniciará el juicio oral y público en la causa denominada emergencia climática. Se trata de la investigación en la que se encuentran involucrados ex funcionarios provinciales de la última gestión del extinto Mario Das Neves, junto a titulares de comercios proveedores del Estado.

La jueza de garantías Mirta Moreno fue quien elevó a juicio oral y público la causa, luego de rechazar varios planteos esgrimidos por los defensores Omar López, Fabián Gabalachis y Romano Cominetti. Los ilícitos se habrían producido durante la grave emergencia climática de lluvias intensas que entre fines de marzo y principios de abril del año 2017 afectó a toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Se investigaron presuntos sobreprecios en la provisión de víveres, agua mineral y elementos en general.

En el banquillo de los acusados estarán ex funcionarios provinciales de esa época y a proveedores del Estado. Los imputados ex funcionarios públicos son: Marcelo Suárez, Diego Luters, Diego Correa, Leticia Huichaqueo, Vanina Varale y Cristian Orsi. Por parte de los proveedores del Estado se trata de Estanislao Finiguerra, Marta Fracaso, Cecilia Sadava, Bruno Bilbao, Guillermo Yanguela y César Hugues.

Se cree que abogados defensores de algunos de los imputados planteen la posibilidad de que se aplique la suspensión del juicio a prueba para sus clientes, lo que llevaría al cumplimiento de distintas etapas procesales para darle luego continuidad a las audiencias.

Causa por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia judicial contra Buzzi y Di Pierro

A lo largo de toda la mañana del presente martes se desarrolló en los tribunales penales ordinarios la segunda jornada de debate en relación a una causa por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario que tiene como imputados a Martín Buzzi y Néstor Di Pierro. En la jornada pudo escucharse los relatos de diversos testigos y para mañana miércoles se espera continuar con la recepción de la prueba testimonial del caso.

Uno de los testimonios de la fecha fue el ex juez penal Hugo Juárez, quién dijo ser amigo de ambos imputados, de diciembre 2007 a marzo 2009 se desempeñó como asesor letrado en el Municipio, el gobierno de Buzzi. Tuvo conocimiento de la marcha del proceso judicial del expediente “Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia”. Le sugiere al intendente que había que darle un corte a la causa. Así recuerda que por mandato del entonces intendente Buzzi le realizó un ofrecimiento por parte del Municipio a Ferreira de las Casas ofreciéndole terrenos para reemplazar el inmueble que él reclamaba en el barrio Industrial. Pero no se llegó a un acuerdo y así se lo transmite al intendente.

El segundo testigo Manuel Mauriño, abogado y concejal de Sarmiento, fue abogado contratado del Municipio de Comodoro durante la gestión de Di Pierro. Su función era el control de expedientes en que la Municipalidad fuera actora o demandada. Interpusieron una cautelar auto-satisfactiva en relación al expediente Idalio Do Santos Pires.

El tercer testigo fue Manuel Pis Diez, abogado actualmente a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nro. 2 de esta ciudad, recuerda que por el 2010 fue asesor jurídico de la Municipalidad de Comodoro. Fue un año y medio Asesor Letrado del municipio en la intendencia de Buzzi. Recuerda que llegó un conflicto por la adjudicación de un terreno en disputa por Do Santos Pires y De Roberto. Se genera un conflicto donde la Cámara de apelaciones decreta la nulidad de la adjudicación que le habían dado a Martínez. Luego hice un dictamen que ordenaba a tierras que había que cumplir con la Orden judicial, recordó el testigo.

El hecho ventilado en debate acontece el día 14 de Diciembre del año 2.007 la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, dictó Sentencia Definitiva en relación a los autos caratulados: “Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia” mediante la cual puso fin a un largo litigio existente entre el allí actor Idalio Dos Santos Pires y la Comuna local en relación al fundo urbano identificado como Lote “e” de la Manzana 65 del Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia. En ese sentido el Punto 3° de la parte resolutiva del fallo, rezaba: “insistir en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva dada por la misma Cámara, intimando a la demanda Municipalidad de Comodoro Rivadavia a dictar en el término de cinco días desde que quede firme la presente, el acto administrativo que apruebe la cesión de derechos efectuada por el Sr. Delfor Martínez a favor del actor sobre el lote “e” de la manzana 65 del Barrio Industrial de la misma ciudad. Si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de pesos quinientos ($ 500) por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente.”

En cumplimiento de la manda antes mentada, el Ejecutivo Municipal en la persona del por entonces su titular, Intendente Martín Buzzi, dictó las Resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre los Sres. Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar Título de Propiedad a favor de este último, todo en relación al lote ya referenciado. Sin perjuicio de ello posteriormente el mismo jefe del ejecutivo municipal, Buzzi, resolvió, en claro incumplimiento de la norma individual transcripta al inicio y de sus propias resoluciones; mediante Resolución N°: 2227/08: “Suspender la ejecutoriedad de la Resolución 1108/08”, la que seguidamente fue abrogada mediante Resolución N°: 2457/09, dando muestra cabal de la ilegitimidad manifiesta que evidenciaba esta desde su dictado. Por último y ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del Municipio, mediante Resolución N°: 2108/10, el mismo Buzzi resolvió dejar sin efecto la Reserva efectuada mediante Resolución 2068/92, e intimar (al Sr. De Roberto) a desocupar el inmueble, libre de ocupantes (sic) y casas.

A partir de allí ninguna acción positiva han tomado para dar cumplimiento a la Sentencia del Superior Tribunal, ni a la Resolución N°: 1108/08 no obstante estar esta última en plena vigencia; negándose a ejecutar dichos mandatos legales, tanto Buzzi, ni el sucesor de este el intendente, Néstor José Di Pierro, siendo que este último contó con partidas presupuestarias para hacer frente a la obligación en mora durante los ejercicios 2.012 (Ordenanza N°: 10.303/11 Anexo IX $ 4.400.000), 2.013 ($ 2.500.000) y 2.014 (1.500.000); inejecución que ha irrogado ya ingentes perjuicios al erario Municipal, por los que deberán responder en el fuero respectivo.

Calificando legalmente los mismos como “desobediencia judicial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” en calidad de “autores” para Buzzi y Di Pierro.

Presidió el acto como tribunal unipersonal Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro fue realizada por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari, defensor particular y defensora pública respectivamente.

En una audiencia preliminar desarrollada en sala de oficina judicial, tercer piso de tribunales, el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Carolina Marín solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa por la cuál se acusa al abogado Edgardo Oscar Bruno Romero por tentativa de homicidio y portación de arma debido al hecho ocurrido el 16 de abril de 2019.

La fiscal relató lo sucedido aquel día cuando siendo aproximadamente las 20:15 horas, Edgardo Oscar Bruno Romero munido de un arma de fuego tipo pistola semiautomática completamente limada sin número de serie ni marca, con supresor de sonido adosado al caño del arma de fabricación casera calibre 45, se hizo presente en el domicilio sito en Avenida Hipólito Irigoyen 1015 de esta ciudad de Trelew, ingresó al mismo, se dirigió hacia el fondo del predio, en el que se encuentra el taller de tapicería de Horacio Pavés y conociendo el poder vulnerante del arma que portaba, gritando «te voy a matar hijo de puta» le realizó al menos 2 disparos de arma de fuego, alcanzando uno de ellos a la víctima en la región dorsal baja derecha de la espalda, momento éste en que Pavés se gira hacia Romero, se trenza en lucha con el mismo y para resguardar su integridad, con el destornillador que estaba utilizando en el arreglo de una silla se defiende, dándole con el mismo en la cara a su agresor, mientras forcejeaba con éste a fin de evitar que continuara con su ataque y lograra darle muerte.

Agregó que Romero no logró su cometido, por circunstancias ajenas a su voluntad, dado que la víctima ante gritos de auxilio advirtió a una transeúnte ocasional, la que de manera inmediata dio aviso a los empleados de la carnicería lindera a la tapicería, y provocó la reacción de dos empleados, quienes se hicieron presentes en el predio, siendo uno de ellos quien le saca de la mano a Romero el arma de fuego y llama de inmediato a la policía y a la ambulancia, dado que tanto víctima como victimario se hallaban heridos y fueron trasladados ambos al hospital zonal de la ciudad de Trelew.

La calificación es la de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación de arma de guerra sin la debida autorización legal, en calidad de autor, en el marco de los artículos 79, 41 bis, 42,45, 54 y 189 bis inciso segundo, párrafo cuarto del código penal y artículo 4 inciso 3 b) del decreto 395/75 y la pretensión punitiva alcanza a los siete años de prisión de ejecución efectiva.

Argumentó además sobre la existencia de los peligros de fuga y entorpecimiento al solicitar el mantenimiento de la prisión preventiva hasta tanto se efectivice el debate correspondiente.

Tras el ofrecimiento de pruebas ofrecido por las partes, el doctor Romero se explayó en un amplio alegato intentando revertir lo expuesto por la fiscalía en cuanto a los hechos endilgados como asimismo reiteró un pedido de morigeración de la medida de coerción y exigió el pronto cumplimiento de plazos fijados por las normas para el debido proceso.

Juicio y prisión preventiva

El Juez Gustavo Castro confirmó lo solicitado por el Ministerio Público y resolvió la elevación a juicio oral y publico de la causa por el delito fijado en la acusación y además informó que la oficina judicial ya resolvió la fecha del debate que será el jueves 5 de marzo próximo con un tribunal conformado por los Jueces Marcelo Nieto Di Biasse, Mirta Moreno y Gladys Olavarría. Del mismo modo, determinó la continuidad de la prisión preventiva hasta el momento del juicio, el que Romero deberá esperar alojado en una dependencia policial.

En la mañana del presente lunes finalizó en horas del mediodía la primera jornada de debate en relación a una causa por los delitos de desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario que tiene como imputados a Martín Buzzi y Néstor Di Pierro. En un primer momento la defensa de éste último planteó como cuestión previa postuló la prescripción de la acción penal y cuestionó la intervención de la parte querellante. La defensa de Buzzi adhirió a lo planteado por el codefensor. El fiscal y la querella por su parte argumentaron que los planteos defensivos ya fueron reeditados y rechazados, por lo cual solicitaron se continúe con el debate. Finalmente la jueza resolvió que las cuestiones planteadas las resolverá al momento de la sentencia; y dio continuidad al juicio.

Presidió el acto como tribunal unipersonal Raquel Tassello, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro fue ejecutada por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari, defensor particular y defensora pública respectivamente.

En un primer momento el defensor de Di Pierro planteó como cuestión previa al inicio del debate la prescripción de la acción penal del caso, ya que a su entender el Superior Tribunal de Justicia provincia ha afectado “el principio de legalidad del caso, ya que se toma un año y medio en resolver, ahí se produce la interrupción del principio de legalidad”. Se presentó en queja ante la Corte Suprema de Justicia nacional y solicitó se declare la prescripción de la acción del caso en base a un Fallo de la Corte. Por otra parte cuestionó la intervención del querellante ya que la causa tiene como bien protegido, afectado, a la Administración Pública y a su entender en el caso “no debe continuar el querellante”.

La defensa de Buzzi adhirió en todo a lo planteado por su predecesor postulando “la prescripción de la acción penal” y argumentando que “debe acatarse el pronunciamiento de la Corte” sobre el tema. Asimismo planteó que “el Superior Tribunal de Justicia provincial se excedió en el límite, impactando sobre el principio de legalidad” de la causa.

En contraposición el fiscal sostuvo que los planteos defensivos sobre cuestiones previas han sido reeditados. “Fueron planteados con anterioridad en el proceso y con magros resultados”. La cuestión de “la prescripción ya fue resuelta” por el Superior Tribunal de Justicia “no hubo prescripción porque acá sí hay interés del Estado”. Respecto de la cuestión de la querella también ya fue zanjeada y se resolvió que se presentó como apoderado y como ciudadano de Comodoro. Así fue admitido como querellante autónomo, concluyó el fiscal Iturrioz. Requiriendo se rechacen ambos planteos y se continúe con el debate.

Seguidamente el querellante adhirió a lo manifestado por el fiscal y respecto del tema de la prescripción advirtió que el mismo ya había sido resuelto por el Superior Tribunal de Justicia provincial. Respecto de la queja interpuestas por las defensas ante la Corte aseguró “nadie pude asegurar que dicha expectativa sea atendida con el Fallo citado como precedente. Nadie puede decir cual fallo va a tener prevalencia, si ese u otro referenciado a causas saboteadas, como ésta, que no prescriben”. La cuestión de la querella ya fue resuelta, solicitando que “ambos planteos de las defensas sean rechazados”.

La jueza por su parte, en virtud de las cuestiones planteadas, que le exigen introducirse en cuestiones de fondo, resolverá sobre las mismas en la sentencia final.

Seguidamente se dio inicio al debate y el fiscal expuso su teoría del caso que día 14 de Diciembre del año 2.007 la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, dictó Sentencia Definitiva en relación a los autos caratulados: “Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia” mediante la cual puso fin a un largo litigio existente entre el allí actor Idalio Dos Santos Pires y la Comuna local en relación al fundo urbano identificado como Lote “e” de la Manzana 65 del Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia.

En ese sentido el Punto 3° de la parte resolutiva del fallo, rezaba: “insistir en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva dada por la misma Cámara, intimando a la demanda Municipalidad de Comodoro Rivadavia a dictar en el término de cinco días desde que quede firme la presente, el acto administrativo que apruebe la cesión de derechos efectuada por el Sr. Delfor Martínez a favor del actor sobre el lote “e” de la manzana 65 del Barrio Industrial de la misma ciudad. Si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de pesos quinientos ($ 500) por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente.”

En cumplimiento de la manda antes mentada, el Ejecutivo Municipal en la persona del por entonces su titular, Intendente Martín Buzzi, dictó las Resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre los Sres. Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar Título de Propiedad a favor de este último, todo en relación al lote ya referenciado. Sin perjuicio de ello posteriormente el mismo jefe del ejecutivo municipal resolvió, en claro incumplimiento de la norma individual transcripta al inicio y de sus propias resoluciones; mediante Resolución N°: 2227/08: “Suspender la ejecutoriedad de la Resolución 1108/08”, la que seguidamente fue abrogada mediante Resolución N°: 2457/09, dando muestra cabal de la ilegitimidad manifiesta que evidenciaba esta desde su dictado. Por último y ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del Municipio, mediante Resolución N°: 2108/10, el mismo Buzzi resolvió dejar sin efecto la Reserva efectuada mediante Resolución 2068/92, e intimar (al Sr. De Roberto) a desocupar el inmueble, libre de ocupantes (sic) y casas.

A partir de allí ninguna acción positiva han tomado para dar cumplimiento a la Sentencia del Superior Tribunal, ni a la Resolución N°: 1108/08 no obstante estar esta última en plena vigencia; negándose a ejecutar dichos mandatos legales, tanto Buzzi, ni el sucesor de este el intendente, Néstor José Di Pierro, siendo que este último contó con partidas presupuestarias para hacer frente a la obligación en mora durante los ejercicios 2.012 (Ordenanza N°: 10.303/11 Anexo IX $ 4.400.000), 2.013 ($ 2.500.000) y 2.014 (1.500.000); inejecución que ha irrogado ya ingentes perjuicios al erario Municipal, por los que deberán responder en el fuero respectivo.

Calificando legalmente los mismos como “desobediencia judicial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” en calidad de autores para Buzzi y Di Pierro.

La defensa de Buzzi planteó que el querellante incorpora un delito que no fue imputado en la audiencia preliminar y ello viola el debido proceso.

En tanto que la de Di Pierro postuló la teoría del caso negativa y subsidiariamente expresó que “no se pude defender a alguien a tientas, y el hecho no se cambia”.

Seguidamente se escuchó los testimonios de varios testigos y para mañana martes se espera continuar con el debate.

Es por una demanda judicial de un vecino que demandó al Municipio por un terreno fiscal que nunca se le fue entregado. Los ex intendentes están acusados de presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia judicial”.

Este lunes por la mañana, en los tribunales de la ciudad, se dio inicio al juicio oral y público contra los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro.

A los ex intendentes de Comodoro se les imputa el delito de desobediencia judicial, a raíz de un largo litigio iniciado por un vecino de la ciudad, quien ganó un juicio al municipio por la propiedad de un lote fiscal. Sin embargo, esa tierra no le fue entregada.

El delito que se les imputa a Buzzi y Di Pierro es por desobediencia judicial a raíz de un largo litigio iniciado hace casi dos décadas, por Idalio Dos Santos Pires, quien ganó un juicio al municipio por la propiedad de un lote fiscal.

Sin embargo, esa tierra no le fue entregada, de allí el origen de la denuncia penal por presunto “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “desobediencia judicial”.

El caso contra el expresidente Rafael Correa y otras 20 personas podría extenderse hasta finales de 2020 y se centra en supuestos millonarios sobornos que habrían recibido las personas mencionadas, entre las que además del exmandatario resaltan el ex vicepresidente  Glas, el secretario jurídico de la Presidencia Alexis Mera y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte.

La Fiscalía acusa al exmandatario de dirigir su partido político, Alianza País, como una organización criminal, debido a que, presuntamente, habría canalizado grandes sumas de dinero en pagos de empresas privadas para financiar ilegalmente su campaña electoral.

La audiencia de juzgamiento por el delito de cohecho dentro del caso «Sobornos 2012-2016» comenzó formalmente este 10 de febrero en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y en sus primeros 90 minutos participaron con sus alegatos de apertura la fiscal general Diana Salazar; el procurador Íñigo Salvador y los abogados de cinco procesados: Bolívar Sánchez, Vinicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Pamela Martínez y Laura Terán.

La Fiscalía anunció que probará que existió una organización criminal encabezada por el entonces presidente, en la que operaron empleados gubernamentales de diferentes jerarquías, una acusación que el expresidente ha negado reiteradas veces.

Rafael Correa: esta es una «acusación cantinflesca»

Correa ha reiterado que quieren bloquearle sus posibilidades electorales, que es víctima de «persecución política» y que la serie de indagaciones judiciales en su contra demuestran la «desesperación» de sus opositores.

«Para que haya corrupción es obvio que alguien debió enriquecerse. No somos nosotros los que tenemos las cuentas ‘offshore’, empresas en paraísos fiscales, es el Gobierno encubierto por fiscal, el resto de autoridades de Estado, la prensa», respondió con ataque el expresidente en un video publicado el pasado 5 de febrero.

El exmandatario ha calificado el proceso en su contra como una «gran payasada» y de «acusación cantinflesca» pues a su juicio no hay bases jurídicas para juzgarlo.

«¿Creen que Moreno que fue vicepresidente no se iba a dar cuenta de (la existencia de) una organización criminal liderada por el propio presidente de la República?», increpó a sus seguidores en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Los abogados del exmandatario plantearon un recurso de recusación porque consideran que los jueces que llevan adelante el juicio no son competentes y consideraron por lo tanto que la audiencia debería ser suspendida.

El principal defensor legal de Correa, Fausto Jarrín, indicó a los medios que ejercería «todos los derechos» como «por ejemplo dudar de la imparcialidad de un tribunal».

El avance de los procesos definirán si Correa puede ser o no candidato a legislador 

Por su parte, Correa no puede aspirar a una nueva reelección por una enmienda aprobada en el referendo de febrero de 2018 que fija límites de plazos presidenciales, pero sí podría postularse para legislador en las elecciones nacionales de febrero de 2021, lo que le daría fuero parlamentario para no ser enjuiciado. Pero si existe una sentencia ejecutoriada antes del 20 de noviembre, el expresidente no podrá aspirar a ningún cargo de elección popular.

El analista Santiago Basabe, profesor del Departamento de Estudios Políticos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, dice que Correa cuenta aún con mucha aceptación en los ecuatorianos: «Diez años no son poco. Hay mucha gente que le guarda respaldo (…) La gente ya está diciendo: ‘con Correa estábamos mejor'».

Aunque el expresidente viajó a Bélgica poco después de dejar el poder, su influencia sigue latente en la esfera política ecuatoriana. Correa, que critica duramente al actual presidente Lenín Moreno, su exaliado y ex vicepresidente a quien acusa de haber traicionado los postulados del movimiento Alianza País, repite con insistencia que «recuperaremos la patria».

Con el tribunal presidido por el Juez César Zaratiegui acompañado como vocales por Sergio Piñeda y Gladys Olavarría comenzó a desarrollarse en la sala de la cámara penal ubicada en el sexto piso de tribunales el juicio oral mediante el cuál se juzga la conducta de quien ejercía como maestro panadero y encargado de la educación de quienes concurrían al centro de personas discapacitadas mentales (capdim) en Trelew.

Se trata de Sergio Chapingo quien está siendo defendido por el abogado Matías Castro argumentando la ausencia de materialidad y autoría de los hechos endilgados. El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Arnaldo Maza y el funcionario de fiscalía Enrique Kaltenmeier expuso la acusación en la que se considera al imputado autor de abuso sexual simple agravado por haber sido cometido por un encargado de la educación, seis hechos y coacción agravada en un hecho. Estos delitos están enmarcados en los artículos 119, cuarto párrafo inciso b y primer párrafo, 149 inciso primero, 55 y 45 del código penal.

De acuerdo a lo relatado por el fiscal, durante las jornadas podrán escucharse los testimonios de autoridades, empleados y de las propias víctimas en la modalidad de cámara gessel, además de presentarse material documental que acreditarán lo expuesto en la respectiva acusación.

La Justicia lo citará después de la feria judicial de invierno en la causa que investiga corrupción en la obra pública. El Presidente puede evitar presentarse y declarar por escrito. La vicepresidenta había solicitado su testimonial.

Con un listado de 180 testigos, el 10 de febrero se retomarán las audiencia del primer juicio por corrupción contra Cristina Kirchner. Se trata de la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) a cargo de las audiencias, tiene entre las personas que serán llamadas a declaración testimonial al presidente Alberto Fernández, propuesto por su compañera de fórmula. Los Jueces estiman que será citado a mitad de este año.

El juicio inició el 21 de mayo pasado. Con trece imputados, la ex mandataria es la principal acusada: está procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar la obra pública vial a favor de Lázaro Báez, sostiene el requerimiento fiscal tras analizar 51 licitaciones adjudicadas al Grupo Austral. El requerimiento argumenta que operó una «estructura criminal» para beneficiar “al amigo presidencial”.

Además de Cristina, el juez Julián Ercolini procesó a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y Báez quien recibió medio centenar de contratos, «plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles». Por ello, se habla de un «direccionamiento» a favor del conglomerado del empresario K.

La Justicia sostiene que se instauró una «maniobra de corrupción» desde el Gobierno y organismos estatal vinculados a la obra pública, con quienes «se montó una organización criminal» para la «sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez»: fueron 52 contratos por más de 46 mil millones de pesos.

Ante estas acusaciones se defendió Cristina Kirchner durante más de tres horas cuando declaró a ocho días de jurar como vicepresidenta de la Nación. Todo respondió, según sus argumentos, al lawfare, la teoría que sostiene que se arman causas desde el poder judicial para perseguir dirigentes políticos opositores. Fue en ese contexto en el que acusó a los jueces del TOF 2 de ser parte de dicha doctrina y además, señaló que serán ellos quienes terminarán siendo juzgados por la historia, “a mí la historia ya me absolvió”, sentenció.

Fue la última de las indagatorias que se tomaron en el juicio y se dio comienzo a la etapa de declaraciones testimoniales. El Tribunal presidido por el juez Jorge Gorini aceptó las sugerencia de los imputados para armar el listado de 180 testigos que fue inaugurada por Margarita Stolbizer antes del inicio de la feria de verano.

«Van a tener un problema si llaman a los ex jefes de Gabinete, porque van a tener que llamar al Presidente de la República. Pero será interesante escucharlo”, dijo Cristina Kirchner durante su declaración indagatoria en relación al presidente Fernández.

Durante el ofrecimiento de prueba, Alberto Fernández fue uno de los principales testigos que solicitó Cristina, para que declare en el juicio. Cuando realizó este pedido, lejos estaba la posibilidad de que lo elija como el candidato presidencial para las elecciones pasadas.

Según la acusación de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, la maniobra «criminal y de corrupción», contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo (Báez) y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de «beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado».

Uno de estos puntos refiere a las partidas presupuestarias que se volcaron a favor de Báez. En su larga declaración, Cristina Kirchner dijo que los fiscales se «olvidaron de la reforma de la Constitución del 94, donde se le dio rango a la jefatura de Gabinete y son quienes ejecutan los presupuestos». Y a continuación recordó que ella había pedido que, en consecuencia, los ex jefe de Gabinete de sus dos presidencias y de la de Néstor Kirchner sean citados como testigos.

Juicio causa

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, el “bloque de ex jefes de gabinete” será citado para mitad de año. El 10 de febrero cuando se retomen las audiencia el ex diputado Fernando Sánchez subirá al estrado a declarar, como integrante de los denunciantes de la causa que tuvo su origen en 2008.

El extenso listado, incluye al Presidente que podría llegar a declarar a mitad de año en el juicio donde la principal acusada, es su compañera de fórmula. La duda que persiste en los Tribunales Federales es si sus dichos podrían verse condicionados respecto al momento en el que fue sugerido como testigo, y la actual situación política. Como principal autoridad del país, Alberto Fernández tiene la posibilidad de no responder por escrito y no presentarse en el juicio.

El ex jefe de Gabinete K había criticado el juicio, al que calificó como un mamarracho jurídico. Además, cuestionó a los jueces que investigaron a la ex presidenta -incluso a Julian Ercolini que llevó adelante la causa de Vialidad- y dijo que iban a «tener que dar explicaciones». Las críticas de la ex Presidenta durante su indagatoria fueron más allá: acusó al TOF 2 de responder al lawfare y de «tener escrita la sentencia».

De la lista de testigos presentada por la defensa de la vicepresidenta, el Tribunal hizo lugar a sólo diez. Esa nómina incluye a Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Enrique Eskenazi, Eduardo Eurnekian y Carlos Wagner. Al respecto, el TOF 2 analiza la situación de cada uno de estos empresarios que en su mayoría, se convirtieron en imputados colaboradores en la causa conocida como los cuadernos de las coimas.