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La juez Carina Estefanía realizó un cuarto intermedio para escuchar los audios de la audiencia preliminar, analizar los planteos de las Defensas y las respuestas de la Fiscalía. Su decisión se conocerá el jueves a las 10 hs.

Al pedido de declaración de nulidad del allanamiento que permitió la identificación de los imputados y la constatación de la posible comisión de los delitos de abigeato y tenencia compartida de arma de fuego, el fiscal Marcelo Crettón opuso varios argumentos. En primer lugar explicó el origen y derrotero de la información que fundamentó el pedido de allanamiento, originalmente basado en la sospecha firme de que en el lugar estaría Facundo Jones Huala, sobre quien pesaba un pedido internacional de captura tramitado en Interpol. El acusador relató que al ingresar al predio, además de corroborar su presencia, se halló un arma de fuego y animales recientemente faenados que tendrían la marca de la Compañía de Tierras. La evidencia de la posible comisión de otros delitos es la que permitió ampliar el objeto del procedimiento, aunque era imposible que dicha ampliación estuviera por escrito simultáneamente.

También rechazó el planteo de la existencia de apremios respecto de la persona que brindó información sobre la presencia de Jones Huala en la zona, para ello se refirió a las evidencias colectadas al formar legajo para investigar esa situación y a los elementos que llevaron a desestimarlo.

En relación al planteo de nulidad de la audiencia preliminar, Crettón desmenuzó su derrotero, defendió el criterio del juez actuante y del Procurador, indicando cuáles irregularidades observó en relación al accionar de los fiscales que intervinieron en aquella audiencia.

Por su parte el fiscal Fidel González se refirió al planteo de incongruencia realizado por la Defensa, al cuestionar que el juez declaró abierta la etapa de juicio por usurpación en relación a siete imputados, con la misma plataforma fáctica que rechazó en relación a quien al momento del allanamiento era menor de edad. Gonzáles detalló la secuencia histórica que pudo reconstruir a partir de escuchar los audios de las audiencias, indicó que el hecho descripto en la acusación es el del pedido de allanamiento, no el expuesto oralmente por la fiscal Banfi en la audiencia de formalización de la investigación. Sobre esa descripción el juez requirió un ajuste al respecto del joven, la corrección no se realizó y finalmente fue acusado únicamente por los delitos de tenencia compartida de arma y abigeato. El acusador concluyó que no es aplicable su situación al resto de los imputados.

Así lo resolvieron, de manera unánime, los jueces Ivana González, Marcelo Nieto Di Biase y Gustavo Castro. Hoy será la cesura de pena, donde se sabrá los años que recibirá.

El hombre de 59 años que está imputado por haber violado a su hermanastra fue declarado “culpable” ayer en los tribunales de Trelew.

El veredicto en el que se lo considera autor del delito de abuso sexual por el que lo acusó la Fiscalía fue alcanzado en forma “unánime” por los jueces que intervienen en la causa: Ivana González (presidente), Marcelo Nieto Di Biase y Gustavo Castro. Hoy, será la cesura de pena. El Ministerio Publico Fiscal de esa jurisdicción pedirá 12 años de prisión.

Cabe acotar que el abuso sexual con acceso carnal lo cometió el imputado, hacia una chica menor de edad. La víctima tiene 15 años y es su hermanastra.

Intrafamiliar

Este tipo de hecho es conocido en la sociedad como “violación intrafamiliar”. La denuncia de lo ocurrido, fue presentada en el mes de enero de 2016 por parte de la madre de la víctima. El hecho, ocurrió en noviembre de 2015 y desde la semana pasada ya se comenzó con la declaración ante los jueces de los testigos de Fiscalía y la Defensa. Ayer, se conoció el veredicto.

Respecto al vínculo de la chica con el abusador, se informó que se trata del hermano por parte de su padre. No viven en la misma vivienda. La violación fue en la casa donde reside la menor.

El Ministerio Público Fiscal, representado por Silvia Pereira, lo acusa de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en calidad de autor” y la pena que se solicita no es leve: 12 años. La Defensa del imputado es ejercida por el abogado Juan Manuel Salgado.

Diario Jornada

Un tribunal argentino rechazó este lunes aplazar el inicio del primer juicio por corrupción que afecta a la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015), que comenzará el próximo 26 de febrero y que la actual senadora pidió postergar al alegar que no ha finalizado una instrucción suplementaria.

Según confirmaron a Efe fuentes de la defensa de la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 rechazó el pedido al considerar que las pericias que todavía quedan por hacer no son indispensables para que comience el juicio, ya que podrán ser incluidas mientras se desarrolla el mismo.

En la causa, la primera que llega a juicio de las que afectan a Fernández, se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación, durante su mandato presidencial, de obras públicas viales al Grupo Austral, propiedad del empresario Lázaro Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz, tierra natal de Kirchner.

Además de la exmandataria -que por ser senadora cuenta con fueros que impiden su eventual arresto-, en el banquillo deberán sentarse los ya detenidos Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner, primo de Kirchner.

Al elevar el caso a juicio, el juez Julián Ercolini indicó que Fernández, en su carácter de presidenta, “habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad”.

El juez cree que las maniobras investigadas habrían tenido el “objeto de procurarle al empresario Lázaro Antonio Báez un lucro indebido, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”.

No obstante, la expresidenta está procesada en otras causas en las que es acusada de alquilar a empresarios algunas de sus propiedades inmobiliarias a altos precios para recibir supuestamente retornos de dinero público.

Fernández había pedido que se suspendiera el inicio del juicio, fijado para el día 26, debido a que sigue abierto un proceso de instrucción suplementaria, pero el TOF 2, encargado de la vista, entendió que los resultados de esas pericias no serán necesarios antes de mitad de año.

Ya la semana pasada, la Fiscalía se opuso a cambiar el inicio del juicio.

Fuentes de la defensa de Fernández dijeron a Efe que la decisión es “una arbitrariedad absoluta”, al considerar que es la primera vez que el TOF 2 inicia un juicio “sin que se encuentre terminada la instrucción suplementaria”.

“Esto a nuestro criterio demuestra persecución judicial. Y por sobre todas las cosas, un tribunal parcial e inquisidor que no respeta el debido proceso y las garantías de defensa en juicio. Esto podría costar en otra instancia en una nulidad absoluta. Es incomprensible”, aseveraron.

El hecho de que la vista comience sin las pericias concluidas “afecta a la defensa por cuanto la estrategia defensiva depende del resultado de esa pericia”, añadieron.

“Iniciarla sin ella es derrumbar por completo el Estado de Derecho”, remarcaron.

Entre los varios procesos contra Fernández, para cuatro de ellos ya fue citada a juicio oral pero tan solo el de la causa por corrupción en la obra pública tiene su fecha fijada.

La Patilla

Los fiscales Nápoli e Iturrioz lo investigan como “recaudador” del dinero de los presuntos retornos que se pagaban a funcionarios provinciales. Pero consideraron que el empresario trelewense tiene “buena conducta” y el juez Piñeda aceptó liberarlo.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió este lunes la libertad de Pablo Bastida hasta el juicio oral y público en su contra. Se trata de uno de llos imputados en la causa “Revelación” en donde la Justicia investiga a un grupo de exfuncionarios provinciales y empresarios de la construcción.

Para los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, Bastida cumplió el rol de “recaudador” del dinero que empresarios de construcción pagaban para tener la posibilidad de cobrar las obras que habían ejecutado.

Ante el acuerdo entre el defensor del imputado, el penalista Fabián Gabalachis y los investigadores para que Bastida siga en libertad el proceso judicial que pesa en su contra, el juez Piñeda convalidó el acuerdo entre las partes.

Bastida se encontraba con arresto domiciliario en su casa de Trelew con salidas laborales que en los últimos meses fueron cada vez más progresivas. Antes, desde julio del año pasado, estuvo detenido en una comisaría de Trelew, ante la posibilidad de que en libertad entorpezca la investigación. Las pesquisas están muy avanzadas al punto tal de que los fiscales Nápoli e Iturrioz, trabajan para elevar la investigación a juicio oral y público.

En la audiencia de revisión de la situación de Bastida realizada este mediodía en la Oficina Judicial de Rawson, el fiscal Nápoli reconoció el buen comportamiento y la actitud de someterse a la Justicia que ha tenido Bastida, además de destacar que la imputación que pesa en su contra –ser partícipe necesarios de una asociación ilícita- sumado a la ausencia de antecedentes penales, aventuran la posibilidad de que en caso de ser hallado culpable, la pena no superará los tres años en prisión.

Diario Jornada

Lo manifestó la exmujer de Lázaro Báez y madre de Martín Báez, detenido este jueves en Comodoro Py.

Luego de que Martín Báez quedara detenido este jueves tras presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, habló su mamá, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez. “No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, expresó y aseguró: “Todo lo que han dicho de mí es mentira; nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´”.

Ayer jueves los jueces le dictaron la prisión preventiva a uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, Martín, por mover más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido.

Su madre, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez y una voz desconocida hasta el momento, calificó la causa judicial como un “circo romano”, en un audio difundido por el periodista Luis Gasulla, de Periodismo y Punto.

La mujer, además, apunta a que debería estar presa “otra persona” y “otras personas”, según destacó el Diario Nuevo Día.

“No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, se escucha enojada a la ex mujer del hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia en el audio difundido.

Agregó: “Todo lo que han dicho de mí es mentira, nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´. Todas son habladurías. Este juicio se va a caer a pedazos”, resumió.

ADN Sur

“Estamos frente a un proceso judicial que va a marcar la historia del pueblo mapuche a futuro”, dijo Fernando Jones Huala

Minutos antes de las 10 de la mañana de ayer, la jueza Karina Estefanía decidió suspender la primera audiencia del juicio oral y público que debía realizarse en los Tribunales de Esquel, en la causa por usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que involucra a varios miembros  del denominado lof en resistencia Cushamen, entre ellos Facundo Jones Huala, actualmente preso en Chile, en un hecho ocurrido en un cuadro de la estancia Leleque propiedad del grupo Benetton.

La jueza Estefania anunció un cuarto intermedio hasta el lunes ante la imposibilidad de contar con la presencia de la Dra. Sonia Ivanoff, abogada del lonco mapuche, ausente en Esquel por problema de salud.

La jornada judicial había arrancado a las 9 de la mañana con estrictas medidas de seguridad y restricciones a la prensa que se van a mantener a lo largo de las audiencias previstas hasta el 27 de febrero.

“Seguimos denunciando que estas instancias judiciales son las herramientas que utiliza el estado para perseguirnos judicialmente, y al día de hoy se han vulnerado muchísimos derechos”, acusó Fernando Jones Huala, uno de los imputados, quien advirtió que “la audiencia fue muy breve y se suspendió por motivos de salud que en los días previos no se tuvieron en cuenta. Nos hicieron viajar cientos de kilómetros, en el caso de Andrea fueron miles de kilómetros porque estaba del otro lado de la cordillera. Tuvimos que dejar nuestras familias, el campo, para poder asistir a esta audiencia que terminó durando unos minutos”.

El hermano del lonco Facundo Jones Huala adelantó que bajo este proceso judicial se va a estar analizando el reclamo histórico de los pueblos originarios por el derecho a tierras ancestrales. “A casi tres años de iniciado el proceso judicial el principal acusante es el magnate Benetton, usurpador de territorios, del Pull Lof y de otros territorios. Pero esta es una instancia judicial histórica que se suma a las luchas centenarias que ha tenido el pueblo mapuche por la recuperación del territorio. De una vez por todas se deberían tocar los derechos territoriales”.

Para Jones Huala, este juicio será “un proceso judicial que va a marcar la historia del pueblo mapuche a futuro”.

Control territorial  del  Lof Cushamen 

Más allá del juicio, comentó que en el Lof Cushamen “se sigue sosteniendo el control territorial, se sigue trabajando al interior de la comunidad y manteniendo la cotidianeidad que debe mantenerse en todo territorio rural. Se siguen levantando las ceremonias propias de nuestro pueblo, se sigue participando con el resto de las comunidades que sostienen este proceso de recuperación y reivindicación territorial. También se sigue sufriendo la persecución judicial, la estigmatización, la difamación”.

“Juicio político”

A su turno, Andrea Millañanco, también imputada en esta causa, cuestionó la decisión de llevar adelante la audiencia a pesar de la ausencia de la Dra. Ivanoff. “Varios tuvimos que dejar nuestras tareas habituales para acudir repentinamente a este proceso judicial que comienza sin las garantías del debido proceso, porque se fija sin la presencia de las defensas, tanto de la defensa particular a cargo de la Dra. Sonia Ivanoff como de la defensa pública”.

Asimismo, opinó que “desde hace mucho tiempo que venimos denunciando la permeabilidad de la justicia en ambos estados, corrompida por los poderes económicos y políticos. Aquí estamos hablando de un juicio netamente político, donde el pueblo mapuche reclama el derecho al territorio. Derecho que ya está plasmado en la Constitución Nacional pero no se está dando y es por eso que las comunidades tienen que tener acceso a la tierra, ejerciendo el control territorial para poder volver a las tierras que ancestralmente nos pertenecieron”.

El Chubut

El viernes se conocerá la decisión de la jueza Daniela Arcuri. Los acusados en la causa propusieron realizar trabajos comunitarios y retribuciones económicas.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, realizó maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

El abogado de Dario Acosta, Francisco Miguel Romero, solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una institución de bien público, y el pago del 20% de su sueldo durante dos años.

Por su parte, el defensor de Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla, Esteban Mantecon, pidió que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitó por ende la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte, Guillermo Iglesias, el defensor de Claudia Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

El Comodorense

El Superior Tribunal de Justicia no hizo lugar al planteo de conflicto de poderes alegado por el destituido jefe comunal de Río Pico.

El Superior Tribunal de Justicia rechazó el conflicto de poderes alegado por el intendente de Rio Pico, Marcos Machado, quien pretendía que se deje sin efecto el procedimiento de Juicio Político impulsado por el Concejo Deliberante, que derivó en su destitución.

La Defensa sostuvo que en la audiencia de debate convocada por los ediles se ocasionó una flagrante afectación de sus derechos constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y legalidad y afirmó que existían elementos para declarar la admisibilidad de la acción como un conflicto de poderes.

Adujo también que el Concejo Deliberante ignoró una medida cautelar dictada por el Juez Colabelli mediante la cual se ordenaba la suspensión de la audiencia de debate en la que fue apartado del cargo.

Al respecto, los ministros Alejandro Panizzi, Mario Vivas y Miguel Donnet señalaron que “resulta evidente que la orden jurisdiccional de suspender la audiencia de debate fue notificada con posterioridad a la finalización de aquella, motivo por el que la medida devino abstracta”.

En relación a la denuncia por un supuesto conflicto de poderes, el Superior Tribunal sostuvo en el fallo que el objeto de la acción no fue debidamente argumentado. Recordó que cuando el actor inició el camino judicial ante el Juez Penal (Dr. Colabelli), sostuvo como propósito de su presentación el de obtener amparo judicial a los derechos constitucionales que consideró se le habían cercenado, pero que, en esa oportunidad, no refirió ningún conflicto de poderes.

Los magistrados recordaron que la intervención de la Corte Provincial en los conflictos de poderes municipales tiene carácter “especialísimo” y afirmaron que no les corresponde invadir atribuciones privativas de los poderes municipales. Aclararon que “la atribución de este Superior Tribunal se circunscribe al análisis de legalidad de los actos cumplidos” y en ese sentido,” se ha podido verificar el cumplimiento de los pasos procesales previstos en la legislación aplicable al caso”.

Panizzi, Vivas y Donnet subrayaron que el Concejo Deliberante designó una Comisión Investigadora que emitió un dictamen acusatorio y que fue aprobado por unanimidad, es decir con absoluta suficiencia para determinar que excedió el mínimo de la mayoría agravada exigida por ley.

Concluyeron que “ello impide achacarle al Concejo Deliberante incumplimiento alguno respecto de la manda judicial. Por el contrario, es posible afirmar que el procedimiento realizado es conteste con las previsiones legales”.

Diario Jornada

El abogado de uno de los acusados plantearía una inhibitoria ante la Justicia Federal la semana que viene, lo que generaría meses de atraso.

El inicio del juicio por la causa Embrujo, previsto pra el 12 de marzo, podría demorarse porque el abogado del contador Federico Gatica –uno de los acusados- plantearía una inhibitoria ante la Justicia Federal la semana que viene. La causa cuenta con 12 imputados, entre ellos, los exsecretarios de Unidad Gobernador Diego Correa y Diego Luthers.

El abogado Javier Romero, quien presentaría una inibitoria ante los tribunales federales, sostiene que el delito de lavado del que acusan a su defendido, quien habría buscado desde su estudio contable darle viso de legalidad a toda la plata en negro recaudada, es de competencia federal.

Según información a la que accedió ADSUR en exclusiva, teniendo en cuenta que hay un fallo cercano de la Corte Suprema por lavado de dinero en la cooperativa de Trelew -en el que se terminó resolviendo que el tema debe resolverlo la Justicia Federal- el abogado entiende que deberá ser la Justicia Federal quien resuelva el tema, quitándole al menos la causa contra Gatica a la Justicia Provincial.

Esta situación puede generar meses de demora en el inicio del juicio por la causa Embrujo. Si la inhibitoria es presentada ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro o el Juzgado Federal de Rawson generará apelaciones de la Justicia Provincial que pueden llegar hasta la Corte Suprema.

La investigación que desarrollaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams tiene 12 imputados: Diego Correa, Diego Luthers, Natalia Mc Leod, Daniela Souza, Federico Gatica, Sandro Figueroa, Juan Carlos Ramón, Rubén Darío Reinoso, Domingo Darío Correa, Giuliana Mc Leod, Christian Gisande y Jorge Godoy.

El tribunal a cargo del enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcela Pérez, Ricardo Rolón y Alejandro Soñis. Los tres magistrados fueron designados por sorteo.

Los jueces deberán determinar si esta presunta asociación ilícita constituyó las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting para defraudar al Estado y lavar activos provenientes de una caja negra de la política.

ADN Sur

Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes.

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que envíe a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Florencia y Máximo, por presunto lavado de dinero en el caso Hotesur por el alquiler de sus hoteles.

Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras evalúa el pedido de todas las partes, en el caso de la UIF querellante en el caso por el cual la expresidenta está procesada por lavado de dinero.

Ahora, se correrá vista a la Oficina Anticorrupción, también querellante en el caso, previo a definir si eleva a juicio el expediente.

El pedido de juicio ya fue formulado por los fiscales del caso, Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, y abarca además al empresario Lázaro Báez.

La causa es por la maniobra de lavado de dinero de 80 millones de pesos a través del alquiler de plazas hoteleras a las empresas de Lázaro Báez, quien se encuentra detenido y actualmente es juzgado en la causa conocida como la “ruta del dinero K”.

“Los planes criminales llevados adelante por esta organización criminal no se agotaban en el sistema de beneficios y prebendas a favor de los empresarios amigos, que de esta forma se enriquecían gracias a los vínculos trazados”, sostuvieron los fiscales.

Bonadio, sobreseído

El fiscal Eduardo Taiano pidió sobreseer al juez Claudio Bonadio por el procedimiento en los allanamientos realizados en las propiedades de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas.

En agosto pasado, el abogado defensor de CFK, Carlos Beraldi, presentó una denuncia en los Tribunales de Comodoro Py contra Bonadio por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

Para la defensa de Cristina, los allanamientos realizados en dos propiedades de la senadora, en el barrio de Recoleta y en Río Gallegos, expresan una “extraordinaria gravedad institucional” que además “de violentar garantías constitucionales básicas (inviolabilidad del domicilio y defensa en juicio), constituye un indebido entorpecimiento del ejercicio de la profesión de abogado”, ya que, según denuncia Beraldi, no le permitieron presenciar el operativo.

 

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