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El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, manifestó su oposición a lo resuelto por la magistrada rawsense Mirta Moreno, quien determinó el final de lo que era prácticamente un estado de sitio dictaminado por el funcionario provincial.

“No tomo como personal la Resolución de la jueza. Soy extremadamente respetuoso de la vida democrática y de su determinación, pero no estoy de acuerdo”, señaló.

Y agregó que “el problema surge es que se pierde el orden. Veníamos haciendo un trabajo para cuidar a los chubutenses, estudiando cada localidad”, señaló en conferencia de prensa hoy desde Rawson.

Massoni remarcó que “acá no podemos contar con el factor suerte. Este trabajo es planificado, ordenado y paulatino”.

“Le pedimos al fiscal que vaya a fondo con los efectivos policiales para corroborar si existió abuso policial o no. Lo que no podemos ser es ser desordenados, esto es una pandemia”, añadió.

En el mismo marco, dijo que son inflexibles con aquellos que se compruebe cualquier clase de abuso de autoridad y que de corroborarse el mismo, de inmediato se pide el pase a disponibilidad, publicó El Comodorense.

Se declaró “insatisfactorio” el trabajo de Mirta del Valle Moreno, de Trelew. Su caso se elevó al STJ para que tome medidas.

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declaró “insatisfactorio” los primeros tres años de trabajo de la jueza de Trelew Mirta del Valle Moreno y elevó el informe al Superior Tribunal de Justicia para que decida alguna medida disciplinaria.

Tras entrevistarse con la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Cámara Penal, los evaluadores concluyeron en una coincidencia: “La jueza exhibe constantemente una conducta inflexible y en momentos críticos pierde el equilibrio que debe mantener un juez”. En las audiencias muestra “un temperamento irritable que no puede controlar, siendo descortés con las partes, rayando la falta de respeto”.

Los informes de la Defensa y la Fiscalía refieren “el maltrato que tiene con las partes, la falta de respeto, la descortesía a imponer caprichosamente criterios personales sin fundamentos jurídicos, lo que devienen en arbitrarios”.

“Sus actuaciones son expeditivas y rápidas –concluyeron- pero generalmente lo hace en forma arbitraria y estas decisiones hacen que se generen demoras y un dispendio jurisdiccional innecesario”.

Moreno no sigue los criterios jurisprudenciales de la Cámara y no argumenta su posición. “Esto hace que las revisiones de las partes generen inconvenientes y demoras en el funcionamiento del sistema penal”.

La magistrada evaluada “exterioriza sus problemas personales con algunos funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública al punto de mostrarse de manera descortés”.

“Es un secreto a voces que no comparte el piso del Colegio de Jueces de Trelew por inconvenientes personales con algún magistrado, actual juez, que arrastra desde su paso por Fiscalía”.

Surge de las entrevistas que si bien está capacitada, “se advierte que carece de la ´templanza´ que este Consejo exige para cumplir la función de juez; carece de la cualidad humana de actuar con moderación, con equilibrio y ecuanimidad”.

Por otro lado “carece de aptitud para el trabajo en equipo, lo cual no es un hecho menor toda vez que debe integrar con otros jueces tribunales. Sin embargo estas aptitudes pueden revertirse en la medida que la evaluada en su fuero íntimo reconozca por sí o a través de una asistencia profesional para adquirir la calidad de magistrado que este Consejo exige”.

Al informe lo firmaron los consejeros Oscar Massari, Enrique Maglione, Luis Torrijos y Nelly García. Revisaron el lapso del 27 de agosto de 2015 al 27 de agosto de 2018. También hubo entrevistas con la Oficina Judicial de Trelew, funcionarios de Fiscalía y el Colegio de Jueces. E informes del Colegio Público de Abogados.

Según el informe de la Defensa Pública, más que problemas de Moreno con la fundamentación jurídica “existiría un exceso de formalismo en la interpretación, particularmente de las salidas alternativas y juicios abreviados que lentifica el logro de la paz social”.

“Sus decisiones deben ser impugnadas ante la Cámara, que en la mayoría de los casos revocó estas resoluciones y se vuelve a empezar”, agregó. “La fundamentación es justamente ese exceso de ritualismo”. No es que la magistrada decida sin fundamentos. “Sólo que a criterio de los defensores el fundamento no siempre es el adecuado”.

Hubo “variados conflictos en relación al trato”. Estos episodios le fueron informados “en forma expresa” al Defensor General Sebastián Daroca. Funcionarios y magistrados de esta área “se vieron afectados por cuestionamientos y degradación de la actuación de la Defensa Pública en planteos formales y estratégicos, y trato señalado como hostil, violento e irrespetuoso hacia ellos”. Daroca lo informó a la Sala Penal del Superior.

Al dar su opinión, el MPF consideró que los fundamentos jurídicos de la jueza “son arbitrarios, orientados a imponer un criterio que solo contemplan sus propias necesidades”. Aunque las audiencias que conduce no duran mucho y Moreno resuelve sin demora, “generalmente lo hace en forma arbitraria, lo que origina que el caso finalmente se vea demorado ante recursos que se plantean a posteriori, dada la arbitrariedad de sus fallos”.

“Por lo general sus decisiones son apeladas y revocadas por la instancia superior, la razón preponderante es la arbitrariedad de sus votos”, subrayó Fiscalía. Cuando le piden juicios abreviados y suspensión de juicio a prueba su postura es restrictiva, postura contraria al artículo 18 del Código Procesal Penal. “El fundamento de sus decisiones es arbitrario y desajustado a Derecho”.

En la relación “prima la falta de respeto, el autoritarismo, el destrato hacia todos los integrantes del Ministerio” adoptando “actitudes caprichosas, autoritarias, irascibles, que se traducen en un clima de tensión en las audiencias y que inevitablemente repercuten en el resultado, trasladando dicha actitud a la resolución del caso”.

Otros vicios que destacó fueron “su impaciencia, destrato y descortesía, sin contemplar en absoluto al otro”. Según Fiscalía estas actitudes “se traducen en demora en la obtención de una respuesta al caso, llevando los mismos en varias situaciones al borde de la prescripción”.

Por su parte, desde la Cámara explicaron que “no se advierte una actitud proactiva en los procesos”.

Respecto a la suspensión del juicio, “se advierte una tendencia a su no otorgamiento a pesar de darse en el caso los requisitos legales, todo en contra de la jurisprudencia del cuerpo”, según consta en el informe.

Evita emplear el genérico masculino y lo sustituye por la letra «e». Aseguró que nunca recibió cuestionamientos ni de sus colegas, ni de las partes. Con esto busca darle otra legitimidad al lenguaje inclusivo y promover un cambio cultural.

“Muchas veces hago votos unánimes, y nadie, nunca, ninguno de mis compañeros o compañeras me dijo: “che, no, corregí”, afirmó Leticia Lorenzo, jueza de Garantías de Zapala, que escribe sus fallos en lenguaje inclusivo. Aseguró que las resoluciones judicialesno se vuelven incomprensiblespor el uso de la «e», sino que “cuando usamos latinazgos, párrafos interminables, oraciones con tantas comas en el medio, es ahí cuando hacemos poco comprensibles nuestras decisiones”.

La magistrada asegura que tampoco recibió cuestionamientos de fiscales, defensores, víctimas, imputadospor la redacción de sus resoluciones en las que evita usar el genérico masculino

Lorenzo indicó que siempre empleó lenguaje inclusivo. “Usaba el asterisco, después el arroba, después la equis. Tenía el inconveniente de que no podían traducirse en la lectura, la «e» si. “Les” me parece maravilloso, porque de alguna manera economizas, en estos términos, de que no tenes que estar escribiendo las juezas y los jueces, sino que pones “les jueces” y estas abarcando a todos. Por otro lado me parece que las palabras significan el mundo, entonces en la medida en que nosotros usamos lenguaje inclusivo estamos hablando detodos, todas y todes. En las sentencias judiciales también hay que considerar que en general una no está hablando de toda la población, sino que estas hablando de un conflicto específico, pero muchas veces hay que referirse a conjuntos mayores y ahí creo que el lenguaje inclusivo para nosotros es una obligación», indicó al Diario Río Negro.

En cuanto a si el uso de la “e” compromete la posibilidad de una resolución comprensible, Lorenzo manifestó: “el hacer comprensible las resoluciones para mí no tiene que ver con estructurar de una forma la comunicación y el lenguaje, sino que tiene que ver conpensar a quien le estás comunicando y estructurar la resolución en función a todas las herramientas que tenés disponibles. Eso es para que ese mensaje sea lo más claro y preciso posible para los destinatarios y destinatarias de la resolución directas, en primer lugar, pero también para toda la comunidad, porque no nos podemos olvidar de que la sentencia es un acto público. Es el único acto público y controlable que tenemos los jueces.”

Lorenzo planteó que el empleo de lenguaje inclusivo en una sentencia le da otra legitimidad. “Cuando lo usan los adolescentes y las adolescentes lo toleramos, que la tolerancia es una palabra horrible: “lo aguanto más allá de que sé que no corresponde porque: “bueno, son chicos, son disruptivos, ya sé les va a pasar”. Cuando lo usa una autoridad pública en un acto público le está dando, en esta caso al “les”, una legitimidad distinta y está intentando, por lo menos esta es mi intención, provocar el inicio de un cambio cultural. Que no es un cambio estético, o no lo es solamente, sino que también es un cambio en como nosotros construimos nuestra convivencia social en relaciones igualitarias entre todes, y no en relaciones de poder entre: “él que manda, y la que obedece”, subrayó.

El uso del lenguaje inclusivo en distintos ámbitos

Esta semana, una magistrada porteña, Elena Liberatori, le ordenó al gobierno de CABA garantizar el acceso de los chicos a la primaria y a la secundaria. En su fallo, expresa que «miles de niñesy adolescentes no logran obtener una vacante en el sistema de educación de gestión estatal de la ciudad”, escribió.

El lenguaje inclusivo ya se admite formalmente en la academia. La facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires aprobó el reconocimiento del lenguaje inclusivo “como recurso válido en las producciones realizadas por estudiantes de grado y posgrado”.

También lo hizo la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. En el artículo 22 del reglamento de Posgrado se establece que en las presentaciones de cursos, seminarios, programas de actualizaciones y carreras se sugiere la utilización artículos y pronombres en todos sus géneros o bien el uso de la “x” o de la “e”, informó ADN SUR.

La denuncia fue efectuada por un empleado del Ministerio Público Fiscal que reside en una vivienda contigua a la de la profesional de los medios y, según testimonio de Videla, “desde el día 23 he sido víctima de una medida arbitraria de la jueza de Familia, Teresa Apaza, quien dio lugar a una denuncia falsa tomando una medida atroz, como es separar a un niño de su madre”.
El denunciante “alquila en la vivienda que está al lado de mi casa” y que es propiedad de un jefe policial que, según Videla, “está al tanto de lo que ocurre con su inquilino”.

“Yo vivo sola con mi hija de 20 años y con mi hijo de 3 años. Estoy separada. Este vecino suele merodear por mi domicilio, acosa a mi hija, nos dice groserías, le quiso dar golosinas a mi hijo a través de las rejas y yo al verlo lo he tratado mal porque a este tipo no lo conozco”, señaló.

Antes de la denuncia, contó Videla, “yo estaba discutiendo con el papá de mi hijo. Y se acercó este tipo a hacerse el solidario, por lo cual yo lo traté muy mal y me amenazó diciendo “te voy a pegar donde más te duele”.

Videla señaló además que, para llevarse a su hijo (que actualmente está con su abuela paterna) “la Justicia ordenó llegar a mi casa como si yo fuera una asesina serial: dos patrulleros, 10 efectivos policiales, la Guardia Urbana y hasta la comisario Laura Mirantes, jefa de la Comisaría de la Mujer”.

“Me quitaron a mi hijo. Me prohibieron verlo, hablar con él; no se le hizo estudio físico o psicológico. Y la jueza Apaza está de vacaciones, pasando mi caso a la jueza Gladys Rodríguez. Nadie ve el dolor de mi hijo y el mío”, dijo Videla, indicando que su abogado es el doctor Mateo Rossio, así lo informó El Chubut.

La medida cautelar dispone la provisión del producto mientras se resuelve la entrega por vía del registro nacional, recientemente creado por ley, que autoriza el uso de este producto para fines medicinales y en carácter experimental.

La justicia federal de Comodoro Rivadavia ordenó a una obra social a proveer el aceite de cannabis medicinal a favor de unniño de 3 años que padece de epilepsia refractaria, para evitar así que la continuidad de convulsiones provoque en el chico secuelas irreversibles. El fallo, al que tuvo acceso ADNSUR, se produjo a raíz de un recurso de amparo presentado por la madre, ante la negativa de la prestadora de salud a brindar dicho medicamento, identificado como CBD.

 

La jueza Eva Parcio ordenó (mediante una medida cautelar) a la obra social Medife que brinde “cobertura total del producto CBD prescripto por el médico neurólogo”, a favor del niño I.A.L, de 3 años de edad, por lo que la institución deberá tramitar “en calidad de gestor para que el niño sea incluido en el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis, para obtener la medicación de manera gratuita. Hasta tanto ello ocurra –añade la resolución-, deberá dar cobertura total del que fuera autorizado por el ANMAT para su adquisición, a fin de no interrumpirlo por más tiempo”, así lo informó ADN Sur.

De esta manera, si bien el caso podría encuadrar en un acceso gratuito, a través de la provisión del producto a través del Estado nacional, mientras ello ocurra la obra social deberá proveerlo para no seguir demorando el tratamiento.

La nueva ley nacional garantiza el aceite de cannabis para determinadas patologías

La obra social demandada, según consta en el pronunciamiento judicial, adujo que no corresponde brindar cobertura de aceite de cannabis “en virtud de que no existe evidencia científica que compruebe mejoría”.

Sin embargo, el uso medicinal del aceite de cannabis fue legislado a partir de la ley 27.350, publicada en el Boletín Oficial el 19 de abril del año 2017, de “Uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados”, la que tiene por objeto “establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados” (artículo 1 de la norma).

Para ello se creó un registro voluntario de pacientes, con determinadas patologías (entre las que se cuenta la epilepsia refractaria) y hayan recibido la prescripción por médicos de hospitales públicos.

Si bien hasta antes de la norma no estaba claro si las obras sociales estaban obligadas a dar cobertura, ya que existía un régimen excepcional y de tramitación personal para la compra, la situación cambió a partir de la ley y sus resoluciones reglamentarias. Así, la Resolución 133/2019 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación estableció que “las obras sociales nacionales y provinciales, sindicales, gremiales, mutuales de salud y las empresas de medicina prepaga, podrán solicitar  en carácter de gestor los trámites destinados al tratamiento de pacientes individuales mediante el Régimen aprobado por la presente normativa”.

En definitiva, aclara el fallo, existen dos formas legales para la provisión del aceite de cannabis para aquellos pacientes que cuenten con prescripción médica:

1)  Gratuita (para los inscriptos en el Programa y se ajusten a sus requerimientos).

2) A cargo del paciente (debiendo transitar el procedimiento para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que autorice la ANMAT).

En este caso, la mamá del chico inició el trámite para la inscripción en el Programa, pero el mismo todavía se encuentra en trámite, de allí que a fin de evitar más demoras, que podrían provocar severos daños en la salud del chico, por lo que se ordena a la obra social proveer a la familia del aceite de cannabis con fines terapéuticos hasta la finalización de dicha tramitación.

La jueza que liberó al motochorro colombiano tras un pago de 700 pesos ahora autorizó su expulsión del país. De esta manera, Migraciones necesita la aprobación del Juzgado Contencioso Administrativo Federal de turno para poder ordenarle a la Policía la detención de Jair Stevens Jurado Mora y avanzar luego en el proceso que terminaría con su expulsión.

Este jueves, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), informó que el pedido de expulsión del país del ciudadano colombiano Jurado Mora quedó firme al vencer el plazo que el motochorro tenía para interponer un recurso jerárquico contra la medida.

La situación de Jurado Mora, que cuenta con antecedentes penales en su país, había vuelto a quedar en manos de Patricia Guichandut, la magistrada que lo liberó dos días después de ser arrestado por un robo de un teléfono celular a una joven en Almagro.

Para poder solicitar una nueva detención del delincuente mientras se tramita la deportación, Migraciones necesitaba el aval de Guichandut. Finalmente, la jueza notificó que no se opone al proceso de extradición.

Jurado Mora, un joven de 25 años que llegó al país hace poco más de tres meses y nunca tramitó su residencia, había sido arrestado el pasado 22 de enero. El Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62 a cargo de Guichandut le concedió una probation en una causa por «robo en grado de tentativa».

En un juicio abreviado, la magistrada le impuso la obligación de cumplir cuatro condiciones: regularizar su situación en Migraciones, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, no consumir drogas ni alcohol durante un año y resarcir a la víctima del robo con $700. Así, Jurado Mora recuperó la libertad dos días después.

Sin embargo, al día siguiente, el viernes 25, fue informado de la expulsión del territorio dispuesta por Migraciones. De acuerdo a la normativa para estos casos, el lunes 28 empezó a correr el plazo de tres días para que Jurado Mora pudiese interponer un recurso jerárquico. Este plazo terminó ayer.

El fallo despertó críticas por los antecedentes penales del ciudadano extranjero. En su Colombia natal, Jurado Mora cuenta con un importante historial delictivo: en 2011 fue condenado por «hurto calificado agravado», en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar y en 2017 lo sentenciaron a 4 años y 6 meses por tráfico de armas.

Al mismo tiempo se sumó un caso similar, cuando la Policía detuvo a Antonio José Franco, ciudadano uruguayo de 36 años que tenía prohibido entrar a la Argentina y, pese a ello, fue liberado al día siguiente.

En su caso, la DNM explicó que dispuso su expulsión el 10 de noviembre del 2016, pero fue apelada el 23 de abril de 2018 y tiene todavía el expediente en trámite. Es distinta a la situación del colombiano.

Al igual que ocurrió con Jurado Mora, la liberación de Franco generó fuerte rechazo en las altas esferas de poder: el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta cuestionaron las polémicas resoluciones.

Guichandut, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó y justificó su accionar en el caso del delincuente colombiano, aunque dijo que no intervino en el caso del ciudadano uruguayo.

La DNM recordó que el Decreto 70/2017, que permitió agilizar judicial y administrativamente los trámites de expulsión, fue dictado hace dos años, el 27 de enero de 2017. «El trámite no debería demorar más de seis meses», se aseguró.

 

INFOBAE

El presidente Mauricio Macri se sumó a la ola de críticas a la jueza Patricia Guichandut, quien liberó a un motochorro que robó un celular luego de que el delincuente pagara 700 pesos. En un mensaje en su cuenta de Twitter, el mandatario destacó que «las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance».

«Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país», escribió Macri.

Más temprano este jueves, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta también consideró “escandaloso” el proceder de la jueza que aparentemente había dejado en libertad a un ciudadano uruguayo que tenía condenas por delitos anteriores y un pedido de expulsión del país y que había sido detenido en el barrio de Boedo acusado de haber robado un celuar. “Estoy un poco caliente por el caso de la jueza que ayer que liberó al motochorro tres veces condenado. Un tipo con pedido de expulsión de la Argentina dictaminada, lo volvemos a agarrar en Boedo y lo liberan en 24 horas”, manifestó Rodríguez Larreta a radio Mitre.

Sin embargo, en un comunicado, la magistrada rechazó haber intervenido en el caso de los delincuentes detenidos en Boedo.

El Jefe de Gobierno se refirió a un caso en el que dos “motochorros» con antecedentes penales, uno de ellos de nacionalidad uruguaya con prohibición de entrar a la Argentina, fueron detenidos por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Boedo.

Personal motorizado recorría la zona cuando sobre la calle Virrey Liniers al 900 observaron a dos sujetos en una moto, quienes al advertir la presencia policial realizaron una maniobra evasiva y se ocultaron tras un camión estacionado.

Esta actitud llamó la atención de los efectivos por lo que se aproximaron a fin de identificar a los sospechosos, y al consultar los datos el sistema arrojó que quien conducía la moto, un ciudadano uruguayo de 36 años, tenía un impedimento de ingreso al país con expulsión en caso de ser hallado.

La solicitud era del Juzgado Nacional de Ejecución Penal número 4, a cargo de Marcelo Peluzzi. Asimismo su acompañante también registraba un pedido de captura vigente por robo. Inicialmente, intervino en la causa el juzgado de Guichandut, pero derivó el caso al juez Peluzzi, quien había ordenado la detención.

En un comunicado, la magistrada Patricia Guichandut dinfudió un comunicado de prensa en el que aseguró que no estaba al tanto del prontuario del delincuente que fue liberado luego de pagar 700 pesos y defendió su resolución: “Como consecuencia de la suspensión de juicio a prueba, le impuse a Jurado Mora varias reglas de conducta entre las que se cuenta el pago de una suma dineraria en concepto de reparación del daño causado a la víctima, como lo señala la ley en la medida de las posibilidades del nombrado”.

Además, la magistrada se desligó del caso del ciudadano uruguayo que fue detenido en Boedo.

Infobae