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La reconocida jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg murió este viernes. Esto tras complicaciones de salud. La magistrada fue ingresada en julio al Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, para recibir tratamiento por un nuevo cáncer que le fue encontrado a principios de este año.

“Mi deseo más ferviente es que no sea reemplazada hasta que se instale un nuevo presidente”, comunicó Clara Spera, nieta de la jueza.

Ginsburg ocupaba uno de los cargos más importantes en EE UU. Su enfermedad preocupó al Partido Demócrata debido a que su salida del cargo obliga a que el presidente Donald Trump nombre a un nuevo juez en la Corte Suprema, el cual sería más conservador que Brett Kavanaugh y Neil Gorsuch, los dos magistrados que el republicano ya nombró en el tribunal.

Considerando que la Corte Suprema cuenta con cinco jueces conservadores y cuatro liberales, incluyendo a Ginsburg, un nuevo cambio bajo esta administración cimentará la mayoría conservadora en el tribunal

En diálogo con FM La Petrolera, la jueza penal con competencia local, Mariel Suárez, habló sobre la convocatoria de este viernes ante la situación de atraso salarial que vive el sector. “Son los empleados públicos en general, no solo los jueces pasamos por esto, sino todas las áreas del Estado”, indicó.

Este viernes los magistrados de la ciudad protestaron en el edificio de Tribunales por el retraso en el pago de sus haberes. La Magistrada dijo que hay jueces que “no pueden hacer frente al pago de alquiler, te cortan internet y tenés que trabajar con la conexión del vecino”.

Según publicó El Patagónico, la jueza expresó que “muchos de los empleados judiciales nos encontramos en el cuarto rango, pero estamos sufriendo todos y desde hace dos años. Viene antes de la pandemia”.

Suárez aclaró que durante todo este lapso el servicio de Justicia se ha visto seriamente resentido “por más de que los jueces no puedan hacer paro, frente al paro de los empleados no podemos sobre exigir a los que quedan en la guardia”.

Sin embargo, ante la falta de pago, Suárez sostuvo que “hemos brindado todas las tareas para cubrir todas las necesidades de la Justicia y que el servicio no cese” e incluso “con problemas personales; el no poder pagar una tarjeta de crédito, no poder hacer frente al pago de alquiler, que te corten internet y trabajar con la conexión del vecino. Lo mismo que les pasa a todos los empleados públicos”.

Los jueces, explicó “seguimos haciendo teletrabajo o trabajo presencial. Lo que pasa que la Justicia Penal no puede parar porque hay cosas urgentes” y agregó que “es mucho el volumen de trabajo que hay que atender las detenciones que se producen en la ciudad, constantemente, las 24 horas”.

Sobre el Proyecto de Ley de Endeudamiento para el Poder Judicial, Suarez, comentó que “quizás es una solución paliativa, del momento, pero no será una solución a largo plazo”.

La jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, que tiene a su cargo la causa por la muerte de Facundo Astudillo Castro, dio positivo de coronavirus. Se trata del primer caso positivo de Covid-19 registrado en el ámbito de la Justicia Federal esa ciudad.

Una fuente judicial señaló a Télam que «la doctora Marrón se encuentra bien y en su domicilio particular llevando a cabo el aislamiento».»En tanto que la secretaria penal, María Paula Riganti, quien acompaña a la jueza, dio negativo», agregó el vocero.

A raíz de la situación, se activaron distintas medidas, entre ellas que el personal lleve a cabo sus trabajos de forma virtual como así también tareas de desinfección en el juzgado ubicado en la calle Belgrano al 200 de la ciudad de Bahía Blanca.

Marrón, junto a Riganti, habían viajado el pasado 25 de agosto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde participaron de la autopsia sobre el cuerpo hallado el 15 de agosto en cercanías de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri y que posteriormente se determinó que se trataba de Facundo Astudillo Castro (22).

La magistrada y su secretaria estuvieron en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), en la exEsma, donde distintos expertos llevaron a cabo las tareas de autopsia sobre restos esqueléticos hallados en la zona conocida como canal «Cola de Ballena».

El miércoles pasado, mediante un comunicado, el juzgado de Marrón había informado que los restos óseos encontrados en Villarino Viejo pertenecían a Astudillo Castro.

Los restos de Facundo fueron inhumados el pasado jueves en el cementerio de Pedro Luro, tras ser trasladados desde la Ciudad de Buenos Aires.

El joven fue visto con vida por última vez el 30 de abril último, cuando en plena cuarentena por el Covid-19 dejó su casa de Pedro Luro para ir a Bahía Blanca a ver a su ex novia.

En el trayecto fue detenido en, al menos, un control policial por violar el aislamiento, aunque se lo dejó continuar y, según cree su madre, tras ello fue desaparecido por la Policía bonaerense.

A instancias de la querella, la causa es investigada bajo la carátula «desaparición forzada» por la Justicia Federal de Bahía Blanca, que apartó del caso a la Policía bonaerense y puso a cargo a la Policía Federal Argentina (PFA).

Fuente: Télam

 

El senador chubutense, Mario Pais, afirmó que está «meritando» la posibilidad de impulsar el juicio político contra la jueza Alejandra Biotti por suspender el traslado de dos jueces federales, decisión en análisis de la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

«Estoy meritando. Voy a analizar cómo obra esa magistrada, no sólo ahí, sino también en otros casos», sostuvo el legislador chubutense al ser consultado sobre la posibilidad de avanzar para destituir a la magistrada en lo Contencioso Administrativo federal.

El dirigente oficialista consideró que la medida de la jueza fue «un mamarracho» porque le «ordenaba a un poder de la Constitución que no actuara en el marco de sus potestades».

Biotti había ordenado la semana pasada al Senado que se abstuviera de evaluar si da marcha atrás con la designación de los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, cuyos traslados a esos cargos son objetados por el Gobierno.

La magistrada había hecho lugar al planteo de los jueces y ordenado al Congreso no tratar si estuvieron bien hechas las designaciones, tal como lo había solicitado el Consejo de la Magistratura con el voto oficialista en el organismo.

La causa tiene a 13 personas imputadas, entre ellas a Otarola, ex diputada provincial y ministra de Familia.Algunos de los defensores se opusieron a la apertura de la investigación y en general estuvieron en contra de la postura de los fiscales de que la causa sea considerada compleja lo que permitiría extender el plazo de investigación. Estos dos y otros aspectos, deberán ser resueltos por la jueza de garantías Ivana González –según publica ADN Sur-.

La causa está caratulada como “Cecilia Torres Otarola y otros, presunto fraude a la administración pública”. Además de Otarola, fueron llevados a proceso Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal, además de incumplimiento de los deberes del funcionario público a su vez concurriendo materialmente, entre ellos, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos, pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Los defensores y sus asistidos

El conocido abogado penalista Fabián Gabalachis defiende a Torres Otarola y a otros cinco imputados. No se opuso a la apertura de la investigación aunque sí rechazó que la causa sea considerada compleja, al igual que el resto de los defensores.

El defensor oficial Carlos Pericich defiende a Mara Rodera, su colega Omar López defiende a Patricia Claudina Antonio. El defensor oficial Damián Dantonio defiende a Alberto Gilardino, el abogado particular Jorge Rubiolo asiste a Pamela Matamala y Facundo Andrés Jodré, mientas que Zulma Manyauik asiste a Marcelo Neira, Carlos Antonio Cundari, Miguel Ángel Retro Trelles y el penalista Fabian Gabalachis a Cecilia Torres Otarola, Jaquelina Rodera, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil y Branco Rodera Neira.

La reanudación de la audiencia fue confirmada por la Oficina Judicial de Rawson, lugar donde el martes pasado que se inició el debate y que solo pudo ser ocupada por empleados, fiscales y trabajadores de prensa, por cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios.

Niñera y empleada

Según la imputación, Torres Otarola antes de asumir como diputada provincial en diciembre de 2015 era dueña del comercio “5mentarios” en Esquel. Desde 2014 y hasta su asunción empleó a Cañumil. Pero ya como diputada la hizo ingresar a Legislatura como empleada administrativa y luego asistente de bloque, hasta diciembre de 2019. Cañumil figuraba en los papeles trabajando en el parlamento. En realidad era niñera de los hijos menores de la diputada. Vivía en la casa de Otarola en Esquel, según la investigación previa realizada por los fiscales.

Como legisladora, Otarola también gestionó el ingreso a Legislatura de Rodera, actual subsecretaria del Ministerio. “Las unía un estrecho vínculo de amistad”, dice la acusación. También ingresó el esposo de Rodera, Marcelo Neira, actual director de Políticas Sociales. Y logró un contrato en Legislatura para el hijo de ambos, Branco Rodero Neira.

Según el fiscal, gracias a Otarola también ingresaron a la casa de las leyes en 2017 Alexis Ganga, Erica Paludi, y Martín Sandoval. Los obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Al cobrar “debían entregar un porcentaje elevado a Cañumil, encargada de la recaudación”. Eran transferencias bancarias. Cañumil giraba la plata a las cuentas de Torres Otalora en el Banco Chubut y Banco Nación.

Mismo modus operandi

Este modus operandi, según la fiscalía, habría cambiado cuando asume como ministra. “En diciembre de 2019 va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar contraprestación”. Dicho grupo se diferencia de otro, que ocupan cargos sin vínculo estrecho con Otarola,y “servía para nutrir sus intereses espurios”.

Logró el nombramiento de Rodera como subsecretaria de Desarrollo Social, y de su su hermana Mara Rodera como directora de Control de Auditoría y compras; Facundo Rodera, sobrino de la subsecretaria, fue como director general, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- secretario de la ministro; Cañumil fue subsecretaria; Carlos Cundari, secretario privado de Jaquelina y Miguel Reto, director general.

Según el fiscal, “surge clara la relación de Otarola con los Rodera-Neira. Su gestión para que puedan ocupar cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada”.

En el caso de Cundari, fue socio de Marcelo Neira en 1998, en Telemec SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Y en 2005 en Industria Carma SRL. “Surge con claridad que la designación en el cargo de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Neira”. La designación de Reto también es por una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En 2010 Jaquelina y Mara Lorena Rodera constituyen la sociedad Devorebuenosayres Com SRL, para explotar un hostel y residencia estudiantil en Guatemala 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Rodríguez advirtió que el domicilio fiscal de Reto es el mismo. “Esto explica su designación como director, por su vinculación con los Rodera”.

Todos tienen domicilio en Buenos Aires. La única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, en el domicilio de Torres Otarola, Costamagna 79, Playa Unión.

Transferencias

En el otro grupo de la planta política nombrada por la exministro se menciona a Pamela Matamala, directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada. Facundo Jofré es director general, oriundo de Dolavon y con vínculos con Matamala. El 7 de mayo Jofré realiza una transferencia de $ 75.000 a Matamala. Y ésta transfiere a la cuenta de Cañumil en el Banco Chubut los días 24 de abril por $ 87,816 y el 7 de mayo por $ 84.216.

Por su parte Cañumil le transfiere a Otarola el 27 de abril $ 100.000. Y el 4 de mayo, otra transferencia a la cuenta sueldo de Otarola por $ 78.656,82. El 8 de junio, Cañumil le transfiere $ 50.000 a Jaquelina Rodera y el 8 de junio, nuevamente a Otarola al Banco Nación por $ 100.000.

El 10 de mayo de 2019, Cañumil transfiere a Marcelo Macayo $ 21.467,63 para pagar cuotas de un Instituto de Inglés, deuda que tenía Otarola. También hay transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela -pareja de Cañumil-, y Otarola En febrero y marzo la exministro le transfiere a Valenzuela $ 10.000 y $ 15.000. Entre 2016 y 2020, Cañumil le realizó transferencias a Otarola por más de $ 1.500.000. Por su parte, el 3 de junio Reto extrae $ 50.000 en efectivo y se lo deposita a Cañumil.

Acción coordinada

“Está claro que todos actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que da el poder estatal. Otarola no tuvo ningún inconveniente para engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada”, dice la acusación. “La exministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizó aportes necesarios; los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así la maniobra estafatoria”.

Los ladrones entraron a la vivienda de la jueza de Trelew María Tolomei en horas de la madrugada. Se percataron al levantarse. Ocurrió en la zona sur de Trelew.

La jueza de Trelew María Tolomei fue víctima de un robo en las últimas horas. Los ladrones entraron a su casa durante la madrugada, cuando ella y su familia estaban durmiendo y se llevaron un televisor. Recién se dieron cuenta del robo cuando se levantaron. El hecho ocurrió en el barrio Los Olmos, en la zona sur de Trelew.

La doctora María Tolomei se se presentó este viernes en horas de la tarde a denunciar que le habían robado en la comisaría Cuarta, y dicen que aseguró no haberse dado cuenta ni ella ni su familia de que los ladrones habían entrado al domicilio mientras estaban durmiendo, detalló Radio 3.

Según informó la magistrada, sólo escuchó unos ruidos en el patio de su casa, encendió las luces y no vio a nadie en el lugar, pero a la mañana cuando se levantó constató que la puerta había sido violentada y que entre otras cosas le faltaba el televisor del living.

Tolomei tiene a su cargo la supervisión de los lugares en donde se alojan detenidos y el control de la ejecución de las condenas. Fue ella quien clausuró los calabozos de algunas comisarías de la zona.

El robo habría sucedido alrededor de las cuatro de la madrugada en la casa de la jueza, sobre la calle Mérmoz al 400.

En la madrugada de este miércoles un hombre de 29 años fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad, además de amenazas. Se trata de Cristian Padilla quien quedo en libertad. La jueza otorgó el plazo de seis meses para concluir con la investigación.

Este jueves se realizó por videoconferencia la audiencia de control de detención y apertura de investigación contra el imputado Cristian Padilla, detenido tras golpear a dos mujeres delante de sus hijos y atacar a un policía. La jueza penal resolvió declarar legal su detención, formalizando la apertura de la investigación en su contra y otorgó el plazo de seis meses para concluir con la investigación, dictando la libertad del imputado.

El funcionario de fiscalía realizó un breve relato del hecho cuando el pasado 17 de junio, siendo aproximadamente las 16 horas., la víctima, ex pareja del imputado, se encontraba en la casa de una amiga, sobre Av. Rivadavia, llegó Padilla y empezó a agredirla sin razones aparentes provocando diversos daños en el lugar.

Ante los pedidos de auxilio, la dueña del lugar se comunicó con la policía, que al llegar al lugar observó a Padilla ejerciendo presión con un cable en el cuello de la víctima. Personal policial intentó detenerlo y Padilla le aplicó un puntapié a uno de ellos. Ambas víctimas presentaron lesiones de carácter leve.

El funcionario calificó provisoriamente el hecho como “lesiones leves, dos hechos, daño y resistencia a la autoridad, todo en concurso real, a excepción de las lesiones a una de las víctimas y la resistencia a la autoridad que concurren de forma ideal entre sí”, solicitando que se declare legal su detención ya que la misma fue realizada en flagrancia y por último el plazo de seis meses de investigación; en virtud de la no existencia de los peligros procesales de fuga, ni de entorpecimiento no solicitó medida de coerción.

Por su parte, el defensor cuestionó la calificación legal escogida en la “supuesta agresión de su defendido al funcionario policial”, sosteniendo que “las lesiones deberían ser absorbidas íntegramente por el delito de resistencia a la autoridad y que se descarten las lesiones leves” y pidió la libertad de su asistido.

Finalmente, la jueza penal resolvió declarar legal la detención de Padilla ya que la misma fue realizada en flagrante delito, formalizando la apertura de la presente investigación en su contra por el hecho y la calificación provisoria esgrimida por el representante de fiscalía, dándolo por anoticiado del mismo y por asegurada su defensa técnica. Otorgó el plazo de seis meses para concluir con la investigación y dictando la libertad del imputado.

Presidió el acto jurídico Mariel Suárez, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Facundo Oribones, funcionario de fiscalía; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Ariel Quiroga, abogado de la Defensa Pública.

El ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, manifestó su oposición a lo resuelto por la magistrada rawsense Mirta Moreno, quien determinó el final de lo que era prácticamente un estado de sitio dictaminado por el funcionario provincial.

“No tomo como personal la Resolución de la jueza. Soy extremadamente respetuoso de la vida democrática y de su determinación, pero no estoy de acuerdo”, señaló.

Y agregó que “el problema surge es que se pierde el orden. Veníamos haciendo un trabajo para cuidar a los chubutenses, estudiando cada localidad”, señaló en conferencia de prensa hoy desde Rawson.

Massoni remarcó que “acá no podemos contar con el factor suerte. Este trabajo es planificado, ordenado y paulatino”.

“Le pedimos al fiscal que vaya a fondo con los efectivos policiales para corroborar si existió abuso policial o no. Lo que no podemos ser es ser desordenados, esto es una pandemia”, añadió.

En el mismo marco, dijo que son inflexibles con aquellos que se compruebe cualquier clase de abuso de autoridad y que de corroborarse el mismo, de inmediato se pide el pase a disponibilidad, publicó El Comodorense.

Se declaró “insatisfactorio” el trabajo de Mirta del Valle Moreno, de Trelew. Su caso se elevó al STJ para que tome medidas.

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura declaró “insatisfactorio” los primeros tres años de trabajo de la jueza de Trelew Mirta del Valle Moreno y elevó el informe al Superior Tribunal de Justicia para que decida alguna medida disciplinaria.

Tras entrevistarse con la Defensa Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Cámara Penal, los evaluadores concluyeron en una coincidencia: “La jueza exhibe constantemente una conducta inflexible y en momentos críticos pierde el equilibrio que debe mantener un juez”. En las audiencias muestra “un temperamento irritable que no puede controlar, siendo descortés con las partes, rayando la falta de respeto”.

Los informes de la Defensa y la Fiscalía refieren “el maltrato que tiene con las partes, la falta de respeto, la descortesía a imponer caprichosamente criterios personales sin fundamentos jurídicos, lo que devienen en arbitrarios”.

“Sus actuaciones son expeditivas y rápidas –concluyeron- pero generalmente lo hace en forma arbitraria y estas decisiones hacen que se generen demoras y un dispendio jurisdiccional innecesario”.

Moreno no sigue los criterios jurisprudenciales de la Cámara y no argumenta su posición. “Esto hace que las revisiones de las partes generen inconvenientes y demoras en el funcionamiento del sistema penal”.

La magistrada evaluada “exterioriza sus problemas personales con algunos funcionarios del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública al punto de mostrarse de manera descortés”.

“Es un secreto a voces que no comparte el piso del Colegio de Jueces de Trelew por inconvenientes personales con algún magistrado, actual juez, que arrastra desde su paso por Fiscalía”.

Surge de las entrevistas que si bien está capacitada, “se advierte que carece de la ´templanza´ que este Consejo exige para cumplir la función de juez; carece de la cualidad humana de actuar con moderación, con equilibrio y ecuanimidad”.

Por otro lado “carece de aptitud para el trabajo en equipo, lo cual no es un hecho menor toda vez que debe integrar con otros jueces tribunales. Sin embargo estas aptitudes pueden revertirse en la medida que la evaluada en su fuero íntimo reconozca por sí o a través de una asistencia profesional para adquirir la calidad de magistrado que este Consejo exige”.

Al informe lo firmaron los consejeros Oscar Massari, Enrique Maglione, Luis Torrijos y Nelly García. Revisaron el lapso del 27 de agosto de 2015 al 27 de agosto de 2018. También hubo entrevistas con la Oficina Judicial de Trelew, funcionarios de Fiscalía y el Colegio de Jueces. E informes del Colegio Público de Abogados.

Según el informe de la Defensa Pública, más que problemas de Moreno con la fundamentación jurídica “existiría un exceso de formalismo en la interpretación, particularmente de las salidas alternativas y juicios abreviados que lentifica el logro de la paz social”.

“Sus decisiones deben ser impugnadas ante la Cámara, que en la mayoría de los casos revocó estas resoluciones y se vuelve a empezar”, agregó. “La fundamentación es justamente ese exceso de ritualismo”. No es que la magistrada decida sin fundamentos. “Sólo que a criterio de los defensores el fundamento no siempre es el adecuado”.

Hubo “variados conflictos en relación al trato”. Estos episodios le fueron informados “en forma expresa” al Defensor General Sebastián Daroca. Funcionarios y magistrados de esta área “se vieron afectados por cuestionamientos y degradación de la actuación de la Defensa Pública en planteos formales y estratégicos, y trato señalado como hostil, violento e irrespetuoso hacia ellos”. Daroca lo informó a la Sala Penal del Superior.

Al dar su opinión, el MPF consideró que los fundamentos jurídicos de la jueza “son arbitrarios, orientados a imponer un criterio que solo contemplan sus propias necesidades”. Aunque las audiencias que conduce no duran mucho y Moreno resuelve sin demora, “generalmente lo hace en forma arbitraria, lo que origina que el caso finalmente se vea demorado ante recursos que se plantean a posteriori, dada la arbitrariedad de sus fallos”.

“Por lo general sus decisiones son apeladas y revocadas por la instancia superior, la razón preponderante es la arbitrariedad de sus votos”, subrayó Fiscalía. Cuando le piden juicios abreviados y suspensión de juicio a prueba su postura es restrictiva, postura contraria al artículo 18 del Código Procesal Penal. “El fundamento de sus decisiones es arbitrario y desajustado a Derecho”.

En la relación “prima la falta de respeto, el autoritarismo, el destrato hacia todos los integrantes del Ministerio” adoptando “actitudes caprichosas, autoritarias, irascibles, que se traducen en un clima de tensión en las audiencias y que inevitablemente repercuten en el resultado, trasladando dicha actitud a la resolución del caso”.

Otros vicios que destacó fueron “su impaciencia, destrato y descortesía, sin contemplar en absoluto al otro”. Según Fiscalía estas actitudes “se traducen en demora en la obtención de una respuesta al caso, llevando los mismos en varias situaciones al borde de la prescripción”.

Por su parte, desde la Cámara explicaron que “no se advierte una actitud proactiva en los procesos”.

Respecto a la suspensión del juicio, “se advierte una tendencia a su no otorgamiento a pesar de darse en el caso los requisitos legales, todo en contra de la jurisprudencia del cuerpo”, según consta en el informe.