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Es Santiago Márquez Gauna, magistrado de instrucción de Río Negro cuando encuadró la golpiza como “derecho a educar” del padre acusado. Tres años después, el Superior Tribunal de Justicia pidió una auditoría por el sobreseimiento.

El entonces juez de instrucción de la ciudad de Cipolletti (Río Negro), Santiago Márquez Gauna, encuadró una golpiza que un padre de la localidad de Catriel les dio a sus dos hijos menores en el “derecho a educar”, en el “poder de coerción” y en la “potestad de corregirlos”. El camarista Cesar Gutiérrez Elcarás al analizar las actuaciones manifestó asombrado: “Pareciera que mi reloj se quedó sin pilas unos cien años”.

Ahora el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) ordenó una investigación y una auditoría contra el primer magistrado por haber dictado el sobreseimiento del violento.

En la actualidad, Márquez Gauna fue promovido a fiscal jefe. El entramado judicial del caso fue bastante enmarañado. El camarista Gutiérrez Elcarás tomó conocimiento de la golpiza de los niños en un juicio por abuso sexual en el que otro hombre fue condenado a 9 años de prisión por corromper a otra niña. En ese debate se hizo mención a la causa de los golpes porque tenía familiares involucrados. Tras ventilarse los hechos y la decisión de Márquez Gauna, Elcarás se sorprendió por el dictado del sobreseimiento ante semejante golpiza.

Los hechos ocurrieron en 2015 cuando el actual fiscal en jefe era juez de instrucción y ordenó el sobreseimiento. La identidad de los imputados no se menciona para preservar la identidad de los menores. La causa se investigó bajo el viejo Código Procesal Penal que tenía al juez de instrucción como máximo responsable del proceso.

Durante el juicio por abuso sexual el acusado dijo que el proceso era una represalia por haber denunciado la paliza que recibieron los dos hermanitos. Márquez Gauna, quien participó del debate en su condición de fiscal, afirmó que esa causa “ya estaba cerrada” y que él mismo había dictado el sobreseimiento por no encontrar delito. Sorpresa se llevó el camarista Gutiérrez Elcarás (hoy jubilado) cuando revisó las actuaciones.

Finalmente el caso del abuso llegó al STJ con todas las constancias y el máximo tribunal provincial abrió una investigación contra Márquez Gauna.

“Este accionar violento nadie me lo saca de la cabeza porque la niña y el preceptor son creíbles y no tienen razón alguna para macanear, sumo a esto los certificados médicos que están agregados en la causa que el Juez sobreseyó por no constituir delito ahorcar a un niño, castigarlo con un cinto y utilizarlo de sparring o puchin ball para golpes de puño y patadas”, puntualizó Elcarás. Allí el juez también criticó al fiscal y a la defensora de menores por no apelar el fallo que quedó firme. Ahora el Superior Tribunal de Justicia (STJ) ordenó una investigación y una auditoría contra Márquez Gauna por haber dictado el sobreseimiento.

Según consta en la resolución que tiene fecha del 27 de septiembre de 2018, Elcarás manifestó con asombró la “naturalización” de las prácticas “criticables” del hombre que fue sobreseído en esta causa. “Sostener que, en el marco de la lógica y lo humanamente aceptable, educar a los hijos supone semejante castigo me parece criticable desde mi punto de vista (…) Casi al final de la segunda década del siglo 21 debería cuestionarse el uso del cinturón, los puñetazos, las tiradas al piso y las patadas posteriores, todo matizado con apretujones del cuello, insisto deberíamos por lo menos cuestionar tales métodos en el derecho de corregir a los hijos”.

Diario Jonada

La información fue confirmada a ADNSUR por el presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Martín Montenovo, quien explicó algunos detalles vinculados al reglamento interno del organismo y el período que se abre para la instrucción sumarial.

En una sesión desarrollada esta tarde en Rawson, la comisión de admisibilidad resolvió por unanimidad que corresponde abrir el sumario contra el juez que autorizó la detención del ministro en funciones, mientras que la misma comisión había resuelto en disidencia abrir también el sumario contra los fiscales.

Por razones reglamentarias, cuando se produce desacuerdo en esa instancia previa de admisión debe intervenir el Pleno del Consejo, por lo que éste resolvió, por absoluta mayoría, que también cabe el sumario para los acusadores públicos.

De este modo, según pudo saber ADNSUR, se procedió al sorteo y la responsabilidad de instruir el sumario recayó en el consejero popular de Trelew, Luis Torrijos, quien dispondrá de un plazo de 90 días hábiles (es decir que no se cuenta el lapso de la feria judicial durante el mes de enero) para emitir una dictamen, que luego debe ser sometido a tratamiento por el Pleno del organismo.

Las posibilidades que se abren son diversas, según el reglamento del organismo: el sumario puede concluir que hubo mal desempeño y, en ese caso, el organismo deberá definir si los magistrados deben ser sometidos a un juicio de destitución o a una sanción disciplinaria por parte del Superior Tribunal de Justicia. O también podría concluir que no hubo mal desempeño ni desconocimiento del derecho, por lo que las actuaciones quedarían archivadas.

De qué se los acusa

Lo cierto es que el juez y los dos fiscales que tuvieron a su cargo la imputación y todo el proceso preliminar en la causa conocida como “Revelación”, en la que hay 40 imputados por un circuito de coimas entre empresarios y funcionarios públicos, podrían quedar del lado de los acusados por irregularidades en su desempeño.

El cuestionamiento formulado por el particular que presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura es que ordenaron la detención y allanaron las oficinas de Martín Bortagaray en la Casa de Gobierno, cuando éste se desempeñaba aún como ministro de Familia.

Sin embargo, el artículo 248 de la Constitución Provincial garantiza fueros para ministros en funciones, impidiendo su detención o ser allanados, aunque sí pueden ser investigados.

Pese a ello, los fiscales pidieron al juez la orden de detención sin haber fundado, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora del caso, los motivos para desconocer los fueros (lo que debió hacerse mediante un planteo de inconstitucionalidad), resultando además llamativo que al día siguiente de la detención fuera liberado, es decir que los motivos para requerir la prisión preventiva en un primer momento podrían no haber sido suficientemente sólidos.

Todo esto será materia de investigación, según aclaró Montenovo, por lo que tanto el juez y los fiscales deben ser responder a la notificación del sumario y tienen derecho a recusar al sumariante, para una vez cumplida esa etapa comience a instruirse el sumario.

Fuente: ADNSUR