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El Juez Martín Alesi, a través de su cuenta en Facebook habló sobre la «crisis económica, social, institucional y política que vivimos en la provincia, exige una respuesta extraordinaria frente a la incapacidad del gobernador y los legisladores para encontrar una solución»

«Y esa respuesta no es otra que la intervención federal»

«La historia constitucional de nuestro país, en las últimas décadas, demuestra que los gobiernos de Carlos Menem (1991, Tucumán) y Fernando de la Rúa (1999, Corrientes), dispusieron intervenciones federales ante situaciones de crisis económica y mala administración de sus autoridades» manifestó.

Por ejemplo, en el decreto de intervención a Tucumán, se consideró que “en momentos en que la Nación Argentina, está avocada a un esfuerzo fundamental para resolver el problema que genera la grave situación económica, el Poder Ejecutivo de Tucumán no obstante todos los aportes de emergencia que le ha prestado el Gobierno Nacional, no ha concretado los ajustes mínimos necesarios para mejorar la situación financiera de la provincia, ni ha establecido la necesaria prioridad en el manejo de los recursos provocando un clima de desorden, falta de autoridad pública y anarquía en la utilización del gasto público…”

Y enfatizó «Nótese la enorme similitud entre la situación de Tucumán en 1991, que originó su intervención, y la actual crisis que padecemos en Chubut».

En cualquier momento habrá una “lluvia” de denuncias contra él en la Justicia, que podrían hacer “caer” todos los procedimientos en los que estuvo de manera ilegal. La Ley es clara y Massoni tiene que conocerla porque es abogado: nadie y menos un funcionario público puede ingresar a una propiedad privada sin la orden de un juez, y mucho menos cuando en el lugar se está practicando un allanamiento.

Se supone que en la orden judicial para entrar al domicilio sin pedirle permiso al propietario, no solo trae detallado el horario en que se debe realizar el procedimiento, lo que la policía va a buscar, los motivos y la dirección exacta del lugar; sino el nombre, la jerarquía o el cargo de quienes van a efectivizar la diligencia que a lo sumo serán dos o tres por lo general oficiales de la policía.

En consecuencia, los que no figuran en esa autorización firmada por el juez de turno no pueden ingresar a la propiedad, porque si lo hicieran y son funcionarios públicos estarían incurriendo en un “allanamiento ilegal”, en un delito encuadrado en el Articulo 151 del Código Penal Argentino, que se castiga con prisión de seis meses a dos años.

O sea que ni Massoni, ni su séquito de alcahuetes que por lo general lo acompañan están autorizados a ingresan a los domicilios que se están allanando por alguna causa en particular. Porque también podrían poner en riesgo la validez de esa diligencia ante la queja de algún abogado.

Massoni no tiene nada que hacer en los allanamientos. Él, como autoridad política debe dejar que la policía trabaje y colaborar para que el día de mañana en el juicio no haya ninguna objeción o cuestionamiento a la legalidad del procedimiento.

Su presencia en el lugar solo obedece a motivos meramente publicitarios; usa una actuación judicial para presentarse ante la sociedad (que ya lo conoce) como el paladín de la justicia.

De hecho, cada vez que comete la ilegalidad de ingresar a un lugar que se está allanando, además de una foto suya se destaca en los diarios que lo promocionan a cambio de dinero, que estuvo presente en el allanamiento.

Como ocurrió este martes en los procedimientos que a la mañana hizo la policía en un barrio de la zona oeste de Trelew, en donde allanaron dos casas por un robo y no encontraron nada de lo que buscaban, hallando accidentalmente un revolver viejo con la numeración limada y una tumbera.

La Constitución Nacional dice en el Artículo 17 que “el domicilio es inviolable y que el mismo solo puede ser allanado con la formalidades prescriptas por la ley y en los casos que ella determina”.

El planteo fue acercado al presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Arq. Alejandro Wengier, a través de una nota que lleva la firma de la concejal del Frente Vecinal María Martínez, y concejales de Chubut al Frente Hernán Alonso y Valeria Saunders.  

«Solicitamos que en función de los tiempos establecidos en la ordenanza mencionada, referida a la convocatoria a concurso, ésta indica que el plazo vence en el día de la fecha», menciona el planteo. «Por lo tanto, instamos a dar inicio en forma urgente a la convocatoria a concurso público y abierto de antecedentes y oposición para el concurso para la elección del juez de Faltas municipal, a fin de dar cumplimiento con las normas dictadas».

El Ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, desobedeció a un juez que le prohibió entrar a una cárcel a hacer procedimientos con la policía . Encima, se hizo filmar cometiendo flagrantemente el delito de desobediencia a una orden judicial, agravado por ser funcionario público. El hecho se registró el viernes último cuando el controvertido ministro de Seguridad llegó con más de doscientos efectivos de las fuerzas especiales y la policía convencional a allanar los tres módulos del Instituto Penitenciario Provincial por casos de extorción.

Allí, innecesariamente, por orden de los hermanos Gómez y del propio Massoni, rompieron entre 40 y 50 candados de las celdas donde están alojados los presos y tiraron abajo unas puertas, en lo que se podría considerar como una sucesión de delitos de “daño calificado” por ser la prisión un edificio estatal.

O sea, representantes del Estado rompiendo cosas del Estado injustificadamente. Una verdadera locura y como toda locura, algo difícil de entender. ¿Qué creerían, que los presos se iban a escapar? ¿O que iban a descartarse de los celulares que les terminaron secuestrando?

Después de los daños que ocasionaron, los guardias del Instituto Penitenciario Provincial no tenían cómo ni con qué dejar encerrados a los reclusos.

Ahora, seguramente en los próximos días va a haber una serie de denuncias penales por el accionar de la policía de Massoni. Nadie está cuestionando la diligencia que se realizó con la finalidad de clarificar graves delitos, lo que se pone en tela de juicio es la forma en que se ejecutó.

Según se supo, en una resolución el juez de Ejecución Penal de Puerto Madryn, Daniel Yangüela, a raíz de una presentación de la Defensa Publica, le prohíbe a Massoni intervenir en allanamientos bajo apercibimiento de Ley, y con la posibilidad de que sea denunciado penalmente en el Ministerio Publico Fiscal. Y él lo sabe, pero así y todo incumplió la sentencia del magistrado y se hizo filmar cometiendo el delito.

La prohibición a Massoni, viene de un operativo anterior en la misma cárcel, cuando se denunciaron todo tipo de ilegalidades en un allanamiento que aparentemente estuvo dirigido por él.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, ordenó que no haya más ingresos al penal de máxima seguridad de Rawson. Hizo lugar al habeas corpus que presentó el cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, David Chassagnade. Se había desatado un escándalo con el traslado de 18 detenidos provenientes de Ezeiza, rechazados en varias otras provincias, de lo cuales 9 dieron positivo de coronavirus. 

«También se ordenó la misma disposición a la interventora del Servicio Penitenciario Federal, la doctora Garrigós de Rébori, y se puso en conocimiento de la situación a la ministra de Justicia de la Nación, doctora Marcela Losardo», remarcó Lleral.

El magistrado precisó que «la decisión del traslado de los internos alojados en la Unidad 6 y que han arribado en estos días, y que según la información del Ministerio de Salud se comprobó que nueve de ellos están infectados de Covid-19, fue tomada por la dirección nacional del Servicio Penitenciario Federal, la autoridad máxima, que dispone de los traslados de los internos».

Explicó que existe un protocolo para este caso extraordinario de la pandemia y que, «teóricamente debió haberse observado al momento de decidir los traslados». Y al depender el Servicio Penitenciario del Ministerio de Justicia de la Nación y ejerce su actividad dentro del Poder Ejecutivo, «es el responsable de las cárceles de todo el país», remarcó.

«TODOS ESTAMOS PREOCUPADOS»

«Todos estamos preocupados, aunque el Ministerio de Salud de la Provincia a través de su equipo epidemiológico ha ordenado la aplicación de los protocolos de aislamiento. Esa situación se evaluará día a día a través de la autoridad sanitaria», precisó el juez federal. 

Lleral ratificó que hizo lugar al habeas corpus del defensor oficial y también cotitular de la Comisión de Cárceles, David Chassagnade, que hizo una observación sobre los protocolos de traslado.

Pero además pidió que «se suspenda el ingreso de internos a la Unidad, medida que ya fue adoptada por mi parte, ordenándole al director de la Unidad 6 que se abstenga de recibir futuros traslados hasta tanto se modifique la situación epidemiológica del complejo carcelario», reveló el juez federal de Rawson.

Consultado sobre si la decisión de los traslados en el marco de la pandemia podría representar un delito, Lleral puntualizó que «hay una investigación penal en curso que se inició a través de la Fiscalía Federal de Rawson a cargo del doctor Fernando Gélvez, aunque muchos datos no puede dar».

«La autoridad que toma la decisión del traslado debe tener conocimiento de que hay personas infectadas», sostuvo.

CONTAGIOS EN TODOS LOS COMPLEJOS CARCELARIOS

Por su parte, el defensor oficial ante el Juzgado dijo que hizo las averiguaciones pertinentes que lo llevaron a «requerir información y poder tener un monitoreo de la situación, especialmente sobre el estado de salud de los internos y la aplicación de los protocolos que han sido dictados en los últimos meses».

«La Unidad 6 tiene una capacidad de 510 internos, aunque la población era inferior, había un cupo disponible de entre un 15 al 20 por ciento, no estaba completa», explicó Chassagnade. «Eso se logró a través de una acordada de la Cámara de Casación Penal y distintos pedidos de prisiones domiciliarias, semi libertad, algún que otro traslado, que se fueron gestionando durante la feria judicial extraordinaria por parte de los distintos defensores públicos y particulares de los internos, que en su mayoría son del área metropolitana de Buenos Aires. Es muy poca la población carcelaria que tenemos de Chubut en ese complejo de Rawson».

En las próximas horas se va a conocer si la exmujer y los hijos del millonario sindicalista lucifuercista, Héctor Rubén González, terminan presos o no, por la causa de narcotráfico en la que el propio juez les endilga un concurso de graves delitos, por la plantación de marihuana que les descubrieron en la casa.

Es muy factible que el magistrado termine mandándolos a juicio, pero lo que no se sabe a ciencia cierta es si dejará que aguarden el proceso oral en libertad o si ordenará sus inmediatas detenciones.

Hay algunos especialistas del Derecho, acostumbrados a litigar en el fuero federal de Rawson, que no desestiman la posibilidad de que el juez los procese con prisión preventiva ante un peligro de fuga, teniendo en cuenta la pena a varios años de cárcel que si son hallados culpables podría caberles. Los delitos que se les enrostra a la exmujer de González y sus hijos tienen una escala punitiva que va desde los 5 a los 15 años de encierro.

No hay que olvidar que el magistrado cree que cultivaban marihuana para producir estupefacientes a metros de una escuela, en esa imponente mansión de la calle Cangallo y Belgrano, que en su momento fue domicilio particular de “El Gordo” Héctor González; el capo máximo del gremio de Luz y Fuerza de la Patagonia, hoy también millonario y dueño del diario Jornada de Trelew.

En ese lugar de la zona sur de la ciudad, la policía descubrió el pasado 19 de mayo un patio poblado de plantas de marihuana, plantines y de varios cactus “San Pedro”, una especie de la que se extrae una sustancia altamente alucinógena y adictiva, quizás, más potente que el “cannabis sativa”.

Así fue como se comenzó a sustanciar la causa que hoy tanto preocupa y complica a los González, y de la que –extrañamente—nunca habla el ministro de Seguridad de la provincia Federico Massoni, pese a que se la pasa declamando sobre narcomenudeo y de su particular lucha contra el narcotráfico, paradójicamente con el subjefe de Policía, Néstor “El Tero” Gómez Ocampo, amigo de un narcotraficante condenado a 9 años de prisión.

Causa:

¿Cuándo se podría conocer el dictamen del juez en la causa del bosque de marihuana de los González? Es muy probable que la semana que viene, y si el abogado de ellos decide apelarlo –que es muy factible– el caso iría a Comodoro Rivadavia para que allí lo resuelva la Cámara Federal de Apelaciones, y eso haría indudablemente que el proceso se empantane, que tal vez es lo que va a intentar buscar el defensor.

Causa:

A la expareja y dos hijos del influyente “Gordo” González les atribuyen los delitos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas”, “cultivo de plantas para la elaboración de estupefacientes” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”.

Causa:

 

El juez Alejandro Soñis presidió este sábado la audiencia de control de detención del camionero que atropelló y mató al trapito Cristian Soto el último martes. El magistrado dejó abierta la investigación procesal, lo imputó por pedido de la Fiscalía y le dictó prisión preventiva, pero solo 15 días. Estos fueron sus argumentos.

A pesar que el Ministerio Público Fiscal pidió un mes de prisión preventiva para el camionero Sebastián Pinto, imputado por el accidente donde perdió la vida el trapito Cristian Soto, el juez Alejandro Soñis le otorgó solo 15 días de prisión preventiva.

La medida no fue aleatoria sino que responde a ciertos argumentos, basados en los hechos y la declaración del imputado en la audiencia de control de detención que se realizó este martes, que abrirá paso a nuevas líneas de investigación.

Se debe recordar que uno de los elementos que se tiene en cuenta para el dictado de una prisión preventiva es el peligro de fuga y entorpecimiento de una investigación. En ese sentido, el juez Soñis destacó que el imputado no tiene arraigo en la zona, “que pueda cautelar el proceso para que el mismo pueda desenvolverse con normalidad”.

Y explicó que tuvo en cuenta la declaración del camionero. “Dice el señor Pinto, al contrario de lo que manifiesta el testigo, que esa persona solo le hizo una seña y luego siguió su camino. Entonces él se bajó y revisó el camión. Pero sorpresivamente al acercarse al primer control policial, el mismo imputado manifiesta que les preguntó si había pasado algo. Existió la aplicación del sentido común y la lógica, y el mismo sentido común me lleva a preguntarme por qué habría pasado algo y por qué le preguntó si había pasado algo, si desconocía las circunstancias del hecho anterior y los controles son absolutamente corrientes porque están relacionados con esta situación del Covid -19. Entonces por qué le llamó la atención que estuviesen parando y por qué habría de preguntar si había sucedido antes».

«Esto me lleva a entender que el imputado Pinto lo que ha intentado es mejorar su situación procesal y solo le da mayor credibilidad en esta instancia al testigo en cuanto manifestó que no solamente lo interceptó y se dirigió al señor Pinto y le hizo saber que instancias antes podría haber participado en un hecho que resultó en la muerte de una persona. En esas circunstancias que este proceso indefectiblemente debe cautelarse”, detalló.

Sobre la falta de arraigo, Soñis, sostuvo que “esta materializada, no es una procesión”, ya que el imputado vive en otra ciudad y la sede de la empresa también está en otra urbe. A esto se suman los controles de Covid -19 que impiden los traslados en una u otra ciudad que puedan entorpecer que la investigación siga su curso.

Por esa razón, teniendo en cuenta la probabilidad de su autoría y el peligro procesal de fuga le dictó la prisión preventiva. Sin embargo, consideró que el plazo solicitado por la Fiscalía es excesivo y le dio solo 15 días de preventiva. Aunque “adelanto que esta situación podría morigerarse si el imputado hubiera tenido o habría presentado algún domicilio en la ciudad”.

Es una de las figuras delictivas que les endilgó al indagarlos en las últimas horas junto a una sucesión de otros graves cargos a los que una fuente cercana al despacho del magistrado enumeró como: “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”.

Este último delito que en otras palabras es “ejercicio ilegal de la medicina”; estaría vinculado, según se presume, a la supuesta venta de aceite de cannabis.

Es importante aclarar que el concurso de delitos que les atribuye el juez tienen un agravante y que es: ser cometido por tres personas y en las inmediaciones de un establecimiento educativo, como lo es la escuela primaria que funciona a metros de la mansión de los González.

El comercio de estupefacientes a gran escala es una figura muy grave que está severamente castigada en el Código Penal Argentino con penas que van de 15 a 20 años de cárcel, clarificó un abogado que dijo haberse enterado de algunos pormenores del llamado a indagatoria que les hizo el magistrado a los hijos y la exmujer del sindicalista Héctor Rubén González, un hombre con mucho poder –por lo que dicen—en el sindicalismo argentino y dueño ahora de una cadena de medios de comunicación que tienen sus sedes en Trelew, Chubut, tales como el diario Jornada y unas emisoras de frecuencia modulada llamadas “Tiempo”.

¿Qué va a suceder ahora? ¿Después de este notable avance que ha tenido la investigación del caso del “bosque de marihuana” de Trelew? El juez tiene 10 días hábiles para decidir si procesa o no a los imputados. Y, a partir de este miércoles 15 de julio comienza a correr ese plazo.

¿Qué puede pasar si decide procesarlos? Un conocido penalista de la zona, acostumbrado a litigar en la Justicia Federal, no descarta que pueda ordenar detenciones ante la posibilidad de que –de acuerdo a la expectativa de la pena que pueda recaer sobre los imputados—estos decidan profugarse. Puede pasar.

Si ocurre lo contrario es muy probable que los embargue por una suma millonaria, que no les permita salir de la ciudad y que esperen el juicio en libertad. En cualquiera de los dos escenarios, es altamente posible también que el abogado de los González, Federico Ruffa apele el veredicto y que todo vaya a Comodoro Rivadavia, a la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal.

El secretario general de ATECh, Santiago Goodman se refirió al pedido de prisión de la fiscal María Florencia Gómez, quien adelantó hace días que pedirá una pena de cinco años para el líder del sindicato docente por los incidentes que se desataron el año pasado en la Legislatura y Casa de Gobierno.

En este sentido, Goodman consideró que el pedido de la funcionaria es “una fábula” y coincidió con la Regional Sur del Gremio docente al afirmar –en diálogo con Diario Crónica– que “están criminalizando la protesta”. Además, habló sobre otros temas de actualidad en la Provincia. Fue sumamente crítico con el Gobernador Arcioni y resaltó que, pese al duro contexto que afronta Chubut, los docentes continuarán el plan de lucha contra el Gobierno.

El martes 17 de septiembre de 2019, Jorgelina Ruiz Díaz y María Cristina Aguilar perdieron la vida en la ruta luego de participar en una marcha para reclamar por sus salarios. Las dos mujeres eran docentes y murieron cuando volvían manejando desde Rawson a Comodoro Rivadavia. El hecho conmovió a toda la provincia, desatándose luego distintas manifestaciones en distintos puntos de Chubut, con un mensaje que se repitió durante días: “el Gobierno es responsable por sus muertes”.

Ese martes por la noche, la furia de los docentes se hizo sentir en Rawson, luego de enterarse de lo que había sucedido con las dos maestras comodorenses. En la Legislatura y en la Casa de Gobierno se produjeron incendios y manifestaciones de los trabajadores que estaban en la capital de la provincia. El resultado fue una causa en la cual hay cuatro principales involucrados: Santiago Goodman, Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

El comienzo de los incidentes

“El día de los incidentes, nosotros tuvimos un plenario de delegados provincial, vinieron delegados de toda la Provincia. Eso transcurrió entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde. En ese plenario decidimos hacer un acampe en la Legislatura, a fin de exigir la sanción de la Ley Tributaria Extraordinaria y el pago del salario de los trabajadores en tiempo y forma. En ese marco, a las cinco de la tarde, yo empiezo a llevar todo lo que necesitábamos. Nosotros podríamos haber interpuesto los fueros, pero no lo hicimos. Ahora, con el período de investigación concluido, estamos los cuatro imputados. Sin embargo, la fiscal Gómez dijo que no pudo corroborar ni identificar quiénes fueron los que encendieron el fuego, pero me imputa a mí como responsable. Lo de la fiscal es una fábula”, dijo el sindicalista de ATECh.

En esta línea, el líder gremial de los docentes resaltó nuevamente lo que para él son discordancias dentro de la causa: “desde las cinco de la tarde, a mí se me ve descargar una serie de elementos, la policía filmó videos en donde se me ve bajando una garrafa de gas, un calentador, ollas, harina, fideos, verduras, palets de madera, parlantes de sonido, un grupo electrógeno, un bidón de nafta y más cosas. Después, dicen que me ven bajando gomas de la camioneta, eso es verdad. También que me ven en cercanías de Casa de Gobierno y luego siendo perseguido a los tiros por la policía. Éramos cientos de trabajadores y la policía salió a tirar balas de goma luego de que se prendió fuego todo. Durante el incendio, la policía no salió en ningún momento. Supuestamente, para la jueza somos responsables por esto. Hubo cientos de personas al principio y miles hasta las tres de la mañana”, relató.

Crónica de algo ya anunciado

Ese mismo día, se confirmó algo que ya se venía comentando por la mañana: el Gobernador Arcioni había enviado un proyecto de ley para quintuplicar su salario. En la vereda de enfrente, los trabajadores estatales continuaban su reclamo para percibir sus haberes en tiempo y forma, rechazando por completo la modalidad de pago escalonado.

“Hicimos un acampe y armamos una choza. Guardamos todas las cosas adentro, porque sabíamos que no nos íbamos a quedar dos días ahí. El problema en todo esto, es que la fiscal no tiene forma de saber quién inicia el fuego, pero responsabiliza al sindicato y sus dirigentes, con el detalle de la irresponsabilidad del gobierno, que vio desde un primer momento lo que estaba pasando y no hizo absolutamente nada. Los bomberos nunca vinieron. Enfrente de la Legislatura está la Jefatura de Policía, pero nadie salió. Cerca de las ocho de la noche nos enteramos del accidente de Jorgelina y María Cristina. Eso desató la furia de los trabajadores”, recordó Goodman.

Luego, con un tono bastante crítico, el secretario general de ATECh acusó al Gobierno de querer desviar la atención de cuestiones de corrupción que se denuncian dentro del aparato estatal.

En este sentido, citó el caso de la ahora ex ministra de Familia, investigada por la justicia en una causa por corrupción. “El cambalache continúa, el Gobernador y sus ministros quieren desviar la atención de ciertos temas. Ahora, la ex diputada y ministra Torres Otarola está siendo investigada por los fiscales Williams y Rodríguez. Ellos necesitaban una noticia que corriera el efecto de la cámara para otro lado. Mientras tanto, la fiscal presenta la denuncia e, inmediatamente, al otro día ya se podía descargar el archivo PDF de esto en todos los portales de noticias de la Provincia. ¿Cómo explican esto, señora fiscal? ¿Quién se lo dio a la prensa? ¿Usted, el Ministerio Público Fiscal, la justicia? Todo esto me parece una locura”, señaló el entrevistado.

“Los que nos gobiernan, aparte de ser brutos ocupan cargos públicos”

Otro de los temas que analizó Santiago Goodman fue la reestructuración de la deuda provincial, algo en lo que el Gobierno pretende avanzar en breve. Al respecto, se mostró crítico y comparó el contexto que tiene el Gobierno Nacional con el que tiene el provincial. “Quieren buscar mejores condiciones de pago para los acreedores. Quieren que en 2023, cuando se empiece a pagar de nuevo, estos tipos ganen más guita. Es algo inentendible”, disparó el sindicalista.

“Lo que quieren hacer con la deuda de la provincia es algo inexplicable, quieren hacer lo que haría cualquier persona sin estudios. Y lo voy a decir así, porque pareciera ser que las personas que nos gobiernan son brutos. Ojo, yo respeto mucho a los que son brutos, pero estos tipos, además de ser brutos ocupan cargos públicos. Suspender el pago de la deuda para volver a pagar en 2023, dando mejores condiciones de pago a los acreedores, reconociéndoles mejores condiciones, es una brutalidad muy grande”, sostuvo Goodman.

En este sentido, el gremialista planteó que hay “un entongue económico con los acreedores” al destacar que todos los meses los acreedores cobran lo que tienen que cobrar de la deuda.

Entonces, Goodman puso sobre el tapete un interrogante que de seguro varios deben tener en este momento en la Provincia: ¿por qué deberían otorgarse mejores condiciones de pago a los acreedores de la provincia? Hablando puntualmente de la “letra chica” de la deuda, el entrevistado destacó que, cuando se dan situaciones como la que se vive por estos días (pandemia y crisis financiera en Chubut) se pueden plantear algunas salvedades para oxigenar la deuda, tales como quita de intereses y suspensiones de pago.

“Este problema es mundial, no de Chubut ni de Argentina. Muchachos, la pandemia está ocurriendo en todo el mundo. La Argentina ha conseguido con su deuda quita de intereses y suspensiones de pago, a partir de, justamente, tener como fundamento válido el COVID-19”.

“No logro entender por qué en Chubut es al revés. Quieren buscar mejores condiciones de pago para los acreedores. Quieren que en 2023, cuando se empiece a pagar de nuevo, estos tipos ganen más guita. Es algo inentendible. Hace poco, un compañero explicó en un informe que, este mes, con los veintiún millones de dólares que van a entrar de regalías a la provincia no va alcanzar para pagar la deuda, entonces va a haber que poner más plata encima.

“Y no hay que perder de vista el hecho de que todavía no sabemos adónde fue el dinero de la deuda”, indicó.

Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de los Kirchner, apareció sin vida tras estar más de un día desaparecido. Su cuerpo estaba envuelto en una sábana, con golpes en su cabeza y heridas de arma blanca. La hipótesis que maneja el juez y el rumbo de la investigación.

El hallazgo se concretó este sábado por la mañana en los fondos de una casa de esa localidad turística ubicada a unos 250 kilómetros de Río Gallegos. De acuerdo a los primeros análisis realizados por los médicos forenses que revisaron el cuerpo, presentaba golpes, principalmente en la cabeza, y un corte en el cuello.

«Yo no tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando», dijo Carlos Narvarte, juez de instrucción penal de El Calafate en declaraciones a A24.

El magistrado que investiga el crimen aseguró que el cuerpo fue encontrado enterrado y envuelto en una sábana en la vivienda de uno de los cuatro sospechosos detenidos y que presentaba al menos un golpe en la cabeza y lesiones de arma blanca.

Además, aseguró aún aguarda distintos peritajes «importantes para la causa», como por ejemplo el de los teléfonos celulares secuestrados en el marco de la pesquisa, entre ellos el de la víctima y de los cuatro detenidos.

Según los investigadores, todo comenzó el viernes al mediodía, cuando se recibió una denuncia sobre la desaparición de Gutiérrez, quien no contestaba las llamadas y no había sido hallado en su domicilio.

Los pesquisas de la Policía de Santa Cruz determinaron luego que, durante la noche previa, Gutiérrez había sido visto con un joven de unos 20 años que era conocido suyo, por lo que los investigadores se dirigieron a su domicilio.

Ese joven, de apellido Saeta, quedó demorado y el juez ordenó de urgencia otros tres allanamientos durante la madrugada en los que fueron detenidos otros tres sospechosos, todos ellos de entre 20 y 25 años.

Facundo Zaeta, de 19 años, fue arrestado por orden del juez como sospechoso de la, entonces, desaparición de Gutiérrez y deberá enfrentar a la justicia por el asesinato.

Los otros acusados fueron identificados como «Juanca Monzón», un tercero de apellido Gómez y el cuarto es el hermano de Facundo Zaeta, cuyo nombre de pila no trascendió, que fue arrestado el sábado por la madrugada cuando intentaba escapar a bordo de una camioneta. Además, este último tenía en su poder elementos que pertenecerían a Fabián Gutiérrez.

Tanto el primero de los detenidos como los otros tres confesaron más tarde ante la Justicia que habían estado con Gutiérrez y que lo habían atacado a golpes con intenciones de robarle dinero.

La Política y los Kirchner

Gutiérrez, quien fue encontrado muerto en la casa de uno de sus presuntos asesinos en la ciudad santacruceña de El Calafate, militó de adolescente en las filas del peronismo de Río Gallegos donde su madre, Teresa García, fue durante muchos años la interventora de la Caja de Servicios Sociales de Santa Cruz.

En 1995 comenzó a trabajar junto a Néstor Kirchner en su segundo mandato como gobernador de Santa Cruz y con el correr de los años se convirtió en uno de los hombres de confianza del mandatario patagónico, por lo que trabajó en la campaña presidencial de 2003 y así llegó a ocupar un cargo en la Rosada.

Gutiérrez, quien siempre mantuvo negocios empresariales paralelos a su actividad pública, se desempeñó mayo de 2003 y 2005 como secretario de la Presidencia de la Nación y fue secretario adjunto de la Presidencia entre diciembre de 2007 y enero de 2010.

Luego de distanciarse del entorno de la expresidenta, el exsecretario privado tuvo varios emprendimientos en Santa Cruz y también en la provincia de Buenos Aires, donde instaló una concesionaria de autos de alta gama en el municipio de San Isidro.

La causa de los Cuadenos

El nombre de Fabián Gutiérrez llegó a Comodoro Py por primera vez en la declaración del exsecretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, quien había señalado a Gutiérrez como quien le dio las órdenes de movilizar el dinero con el que fue detenido en un convento bonaerense en 2016, pero luego el exsecretario presidencial lo desmintió.

En noviembre del año pasado, el juez federal Claudio Bonadio había procesado a Gutiérrez como supuesto coautor del delito de lavado de dinero en el marco de un expediente vinculado con la llamada causa de los Cuadernos.

Gutiérrez, a quien el fallecido juez le trabó un embargo por 900 millones de pesos, fue procesado junto a una decena de empresarios, en su mayoría de Santa Cruz.

Un año antes, Gutiérrez había decidido convertirse en uno de los arrepentidos ante el fiscal Carlos Stornelli, en la causa que se puso en marcha con las fotocopias de las supuestas anotaciones de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que describió en sus escritos el presunto funcionamiento de una red para cobrar coimas vinculadas con la obra pública.