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Luego de que el presidente de la Nación Alberto Fernández confirmara a través de un decreto que los integrantes de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia y hablo Bertuzzi deben volver a sus tribunales orales federales originales y que el juez de Tribunal Oral Germán Castelli debe regresar a un Tribunal Oral Federal de La Plata, los diputados de la Coalición Cívica anunciaron que denunciarán el hecho al que consideran “un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”.

La denuncia que el espacio liderado por Elisa Carrió presentará ante el juez Sebastián Casanello, señala, que “…cabe mencionar que el Poder Ejecutivo nacional y un conjunto de senadores de la nación, junto a la Vicepresidenta de la Nación en su carácter de presidenta de dicho cuerpo, realizaron un procedimiento manifiestamente ilegal que culminó con el desplazamiento de tres jueces federales, evidenciando una remoción ‘encubierta’”.

La denuncia agrega: “Ahora bien, ¿cuáles son las razones por las que dicho procedimiento resulta ilegal y, por lo tanto, configura un avasallamiento institucional? A continuación abordaremos brevemente dichos argumentos en virtud de los cuales, a nuestro entender, los jueces Bertuzzi, Bruglia y Castelli no requieren de un nuevo acuerdo del Senado para continuar en sus cargos por lo que su desplazamiento resulta ilegal. En primer lugar, cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expresó respecto a la situación de los traslados de magistrados mediante las acordadas N° 4/2018 y 7/2018, donde distinguió aquellos casos en los que efectivamente se requiere un nuevo acuerdo del Senado de aquellos en donde dicho procedimiento no es necesario. Y, como se verá, de dichas acordadas surge con total claridad que en los casos de los traslados de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no resulta adecuado iniciar un nuevo procedimiento de designación”.

Luego del desplazamiento los tres jueces pidieron una licencia extraordinaria hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la situación de cada uno de ellos.

Los diputados de la Coalición Cívica consideran que los traslados fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante el gobierno anterior que los hizo. “Por lo tanto -dice la denuncia-, teniendo en cuenta que los casos de los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli se trataron de traslados de magistrados federales para desempeñar funciones de la misma jerarquía dentro de la jurisdicción federal, resulta evidente que, tal como expresamente estableció la Corte Federal en la acordada citada, no es necesario llevar a cabo un nuevo procedimiento de designación, tal como erróneamente se pretende a través de los mensajes 60 y 58 del Poder Ejecutivo nacional”.

En la ampliación de la denuncia también cuestionan el procedimiento realizado por el Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner, para revisar los traslados de los tres jueces ya que, según explican “fueron designados en sus cargos actuales mediante decretos que se encuentran firmes y consentidos”.

Los legisladores concluyeron que “teniendo en cuenta lo establecido por la acordada 7/2018 de la Corte Suprema y las garantías consagradas en nuestra Constitución Federal, resulta evidente que los doctores Bertuzzi, Bruglia y Castelli no requieren de un nuevo procedimiento de designación, por lo que deben permanecer en sus cargos mientras dure su buena conducta, sin ningún tipo de interferencia por parte de los otros poderes del Estado; y, eventualmente, solo podrán ser removidos mediante el procedimiento de enjuiciamiento de magistrados. De lo descripto precedentemente surge con claridad que el procedimiento iniciado por el Consejo de la Magistratura de la Nación, el Poder Ejecutivo nacional, la Vicepresidenta de la Nación y un conjunto de senadores es manifiestamente ilegal. Consecuentemente, dichos acontecimientos afectan la independencia del Poder Judicial de la nación y, por lo tanto, la forma republicana de gobierno contemplada en la Constitución Nacional. Dicho en otros términos: configura un avasallamiento al Poder Judicial que altera el orden constitucional”.

Los diputados hicieron un recuento de las intervenciones de los tres jueces en casos de corrupción en los que estuvieron involucrados ex funcionarios del kirchnerismo, entre ellos Cristina Kirchner, y explicaron: “En conclusión, pareciera evidente que, en rigor, lo que se pretende es remover a aquellos magistrados que dictan sentencias contrarias a los deseos de Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de garantizar su impunidad”.

Fuente: Infobae

El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, en diálogo con Crónica se refirió a la situación del fiscal Héctor Iturrioz y planteó que, en breve deberán dar inicio los dos juicios políticos que fueron pedidos para el magistrado de Comodoro. Maglione puso el foco de análisis en el accionar del funcionario al momento de detener al exministro de Familia de la provincia, Martín Bortagaray, y señaló que, al ser un técnico del derecho, Iturrioz debió haber sabido que la detención del exfuncionario provincial traería consecuencias aparejadas.

El fiscal Héctor Iturrioz, cuestionado en el último tiempo, tiene dos pedidos de juicio político. Uno de ellos es por la detención del extitular de la cartera de Familia a nivel provincial, Martín Bortagaray. El otro es por su desempeño como magistrado a lo largo de los tres primeros años de función. El titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, habló sobre los pedidos de juicio político para el magistrado de la ciudad petrolera y trazó un análisis profundo al respecto.

En primer término, el abogado recordó que para los cargos de magistrados, luego de transcurridos tres años de haber comenzado en la función, todos son sometidos a un proceso de evaluación, para determinar si el desempeño fue o no satisfactorio. “Si la evaluación es aprobada, de ahí en adelante, si el magistrado en cuestión no incumple con su tarea en ningún sentido, el cargo se transforma en vitalicio.

Todos los cargos que comprenden jueces, fiscales y defensores tienen esta modalidad. La evaluación es algo que se hace una sola vez, pero obviamente, en el medio puede pasar algo y, independientemente de haber tenido una buena evaluación antes, la persona puede ser removida.

Mientras dure la buena conducta, el hombre o mujer en el cargo se puede jubilar en esa función, o por lo menos en el sistema. Pero si incurre en alguna de las causales de mal desempeño, se puede iniciar un sumario administrativo”, explicó.
Si el escenario de mal desempeño ocurriera, se inicia el sumario administrativo en el Consejo de la Magistratura y el organismo determina si corresponde o no la máxima pena, que sería la destitución.

“Se transfieren todas las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y se lleva a cabo un juicio constitucional con todas las garantías necesarias. La persona puede ser destituida o absuelta, porque puede demostrar que no incurrió en ninguna irregularidad, en ningún incumplimiento de funciones. También puede caber una inhabilitación para cargos públicos, dependiendo de la gravedad del caso”, agregó Enrique Maglione.

Causales diversas para el segundo jury

Por último, el titular del Consejo de la Magistratura se refirió a las causales del segundo pedido de juicio político en contra del fiscal Iturrioz y planteó que debido a una serie de causas que nunca terminaron de resolverse en Comodoro, sumado a una serie de denuncias en contra del magistrado, se decidió avanzar con un segundo jury.

“En el segundo pedido de juicio político contra Iturrioz hay causales diversas. Hubo una serie de denuncias de procesos que no llegaban a buen puerto por falta de investigación.

Esto derivó en causas resonantes en Comodoro Rivadavia. En esto no hubo ningún tipo de subjetividad, porque todo lo planteado fue demostrado. Además, hubo una comisión integrada por cuatro miembros, cada uno representando los estamentos del Consejo.

Uno para los empleados judiciales, otro para los funcionarios, uno para los abogados y un consejero popular. A Iturrioz se le dio la posibilidad de que se defendiera, él habló en el Consejo antes de que nosotros emitiéramos la votación. Se otorgaron todas las garantías habidas y por haber. No hubo una cuestión subjetiva contra el fiscal”, señaló Enrique Maglione.

En esta línea el funcionario planteó, respecto a las fallas del fiscal de Comodoro, que al día de hoy tiene dudas sobre si fueron mayúsculas o mayores que las de otros, pero sí resaltó que en su momento, sí se determinó que así fue, esto tuvo motivos válidos. “Nosotros no tenemos algo en contra de Iturrioz. En su momento, él dijo a los medios de comunicación que había una suerte de persecución del Consejo de la Magistratura hacia su persona.

Seguramente debe haber dicho esto por alguna cuestión particular que le ocurría en ese momento. Lo conozco poco y sé que es una persona algo impulsiva, pero más allá de esto tengo que decir que no existe ningún tipo de animadversión contra su persona. Además, no somos nosotros los que hacemos la denuncia, nosotros solo actuamos de oficio”.

Concurso para cubrir dos cargos de jueces en Comodoro

Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura se refirió a un concurso para cubrir dos cargos para jueces en la ciudad petrolera.

“La semana próxima vamos a tener una sesión para efectuar un llamado a concurso que quedó cerrado desde el año pasado y que quedó pendiente por el tema de la pandemia, para cubrir dos cargos de jueces en la ciudad de Comodoro Rivadavia, uno para juez civil en el Juzgado Civil número tres y otro para el Juzgado Laboral número tres.

El concurso va a ser los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Por otro lado, hemos hecho un llamado a concurso para cubrir treinta y tres cargos en el Poder Judicial. Se van a ir fijando las fechas a la brevedad”, concluyó.

El fiscal cometió “una falta en su función, un error inexcusable del derecho”

Maglione ahondó en las causales de los juicios políticos pedidos para el fiscal Iturrioz y resaltó que, de cierto modo, el funcionario incumplió con sus funciones cuando detuvo al exministro Bortagaray. “Él tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”, señaló.

Como dato a destacar, hay que decir que el organismo que tomó la decisión de efectivizar los pedidos de juicio político fue el Consejo de la Magistratura. En tanto, la denuncia por la detención del ministro Bortagaray fue hecha por un particular.

Posterior a esto, la institución presidida por Enrique Maglione conformó una Comisión de Admisibilidad, compuesta por cuatro consejeros.

Esos cuatro consejeros determinaron que la denuncia era viable. “Se hizo un sumario administrativo, en este caso a tres magistrados. El pleno del Consejo aprobó el dictamen del sumariante, que fue Luis Torrijos -vicepresidente del Consejo de la Magistratura-.

Además, la Comisión de Evaluación, también compuesta por cuatro consejeros, le hizo una evaluación a Iturrioz y dio negativa, es decir que no fue satisfactorio su desempeño en estos tres años”, explicó el titular del Consejo de la Magistratura.

Arbitrariedad en la causa de Bortagaray

Respecto a la causa del exministro Martín Bortagaray, que fue detenido cuando todavía tenía fueros, el presidente del Consejo de la Magistratura planteó que “se determinó que hubo una arbitrariedad por parte del fiscal Iturrioz. No hay ningún tipo de animosidad en contra de él, pero los hechos fueron así.

Esto es algo que lo determinó el sumariante, me refiero a la arbitrariedad. Esto constituye una falta en su función, un error inexcusable del derecho, el haber pedido y llevado adelante la detención de un ministro que tenía fueros constitucionales, él debió haber sabido que no podía hacer eso. Tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”.

Además, el funcionario hizo hincapié en la “espectacularidad” que tuvo la causa. “En su momento, cuando yo emití mi voto, dije que debían ser tres los magistrados remitidos al Tribunal de Enjuiciamiento.

Los fiscales son el control de la legalidad, y los jueces el control de la constitucionalidad, por lo tanto ellos no pueden desconocer la ley, el derecho. Lo puede desconocer cualquier persona de la calle, pero no un magistrado, porque se presume que conocen el derecho. Eso para nosotros fue una falta grave, por eso se derivó en los juicios políticos”.

La concentración de los jueces comenzó pasada las 10 de la mañana en las escaleras del edificio de tribunales ubicado sobre Avenida Yrigoyen. Se sumó la Asociación de Magistrados y los docentes de la ciudad. El juez Alejandro Soñis destacó que “hay muchas mujeres aquí presentes que son sostén de familias y están en una situación muy complicada desde el punto de vista económico».

Los jueces de Comodoro Rivadavia llevan adelante este viernes por la mañana una movilización para exigir el pago de salarios atrasados. Se sumó al reclamo la Asociación de Magistrados y docentes de la ciudad.

La concentración comenzó pasada las 10 de la mañana en las escaleras del edificio de tribunales ubicado sobre Avenida Yrigoyen para expresar su reclamo.

Al respecto, el juez Miguel Caviglia, manifestó que “esto va más allá de nuestra labor, vemos con mucha preocupación esta situación, no se están dando las respuestas, hace más de 50 días que cobramos la última remuneración”.

Y señaló que “vemos con preocupación que en todos los ámbitos del Estado la situación es angustiante, como lo es la educación, salud.”. Mientras que repudió la intención de querer enfrentar a la justicia con la sociedad “en base de que ganamos mucho, no hace más que reflejar que no tienen ningún argumento,», indicó.

Por su parte, el juez Alejandro Soñis destacó que “hay muchas mujeres aquí presentes que son sostén de familias y están en una situación muy complicada desde el punto de vista económico. Es hora de que se conozca la situación que estamos pasando”, dijo. Y no descartó seguir adelante con otras medidas de reclamo: “Hoy estamos sin cobrar junio, julio y agosto. Estamos poniendo de todos nuestros recursos para que la justicia siga trabajando a diario, más de la cuenta por esta situación de pandemia”.

Asimismo, la jueza Mariel Suárez manifestó que no se trata de un reclamo solo de la justicia, sino que “estamos todos los sectores del estado, los docentes se sumaron a la movilización y el personal de salud, y seguridad; esto es un reclamo unánime”, dijo. Y recordó que hace dos años que la provincia paga sueldos atrasados.

Jueces lanzaron una convocatoria para manifestarse ante la situación de atraso salarial que vive el sector. “La idea es juntarnos en un lugar emblemático como es la escalinata de Tribunales de Yrigoyen 650”, dijo en representación de los Jueces Miguel Ángel Caviglia.

“Esta es una especie de autoconvocatoria como una medida de fuerza, porque se llegó a un nivel de hartazgo con esta incertidumbre que nos obliga a visibilizar esta situación, que pasan no solo los compañeros del poder judicial”, aclaró y recalcó: “no estoy protestando porque mañana le van a pagar a la policía”

Asimismo indicó que no se trata de una convocatoria de la Asociación de Magistrados, pero que acompañarán la medida.

“No recuerdo una crisis institucional en la provincia de semejante envergadura”, resaltó y aclaró que de todas maneras no adhiere al proyecto de ley que estudia el Poder Ejecutivo con el Judicial para pedir un préstamo al Banco Chubut para saldar los salarios del sector. “Me parece hasta absurdo que salgan a pedir un préstamo”, puntualizó.

Este domingo, los jueces Martín Cosmaro y Jorge Odorisio revocaron la decisión del juez Alejandro Soñis y le dieron la libertad al camionero que mató al joven Cristian Soto en el barrio industrial.

Tras la resolución, el imputado esperará en libertad el plazo de investigación de la causa, que tendrá un tiempo de 6 meses. El camionero no podrá salir del país mientras dure la investigación.

Este sábado se desarrolló en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia la audiencia de control de detención contra el camionero acusado por la muerte del trapito Cristian Soto, quien fue atropellado el martes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y perdió la vida.

Sebastián Alejandro Pinto fue detenido este viernes por la tarde cuando regresaba a Villa Regina -donde se encuentra la empresa para la cual trabaja-.

La Fiscalía acusó al camionero en la presentación preliminar de haber sido advertido por un testigo de que había atropellado al joven y pidió que sea imputado por homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga su conductor en calidad de autor”.

El juez Alejandro Soñis dejó abierta la investigación procesal, lo imputó por pedido de la Fiscalía y le dictó 15 días de prisión preventiva, con seis meses de plazo de investigación.

Se debe recordar que uno de los elementos que se tiene en cuenta para el dictado de una prisión preventiva es el peligro de fuga y entorpecimiento de una investigación. En ese sentido, Soñis había destacado que el imputado no tiene arraigo en la zona, “que pueda cautelar el proceso para que el mismo pueda desenvolverse con normalidad”.

Sin embargo, en la jornada de hoy se dio a conocer que los jueces Martín Cosmaro y Jorge Odorisio revocaron la decisión del magistrado y le dieron la libertad al camionero que mató al joven Cristian Soto en el barrio industrial.

Los jueces Alejandro Soñis y Miguel Caviglia manifestaron públicamente su malestar con las últimas declaraciones del gobernador Arcioni. Consideran que no estaría de más una disculpa.

“Todo tiene un límite. Además del maltrato, leer o escuchar que sale el gobernador a preguntar nuestros sueldos y qué trabajos hacemos es insultante, para jueces, empleados, funcionarios y jubilados del Poder Judicial. Lo invito a que se acerque. Hoy estamos a casi tres meses sin cobrar, poniendo recursos de nuestro propio bolsillo: internet, teléfonos, nafta”, sostuvo el juez comodorense Alejandro Soñis.

Así, se refirió a las últimas declaraciones de Mariano Arcioni, quien al reclamar que el Superior Tribunal de Justicia destine un plazo fijo al pago de salarios, se refirió con desdén al trabajo que realiza la Justicia.

“Lo veo insultante, agraviante, como diciendo: ‘como ustedes cobran mucho y trabajan poco, yo no les pago’. Me parece hasta autoritaria su afirmación. Disponer libremente de esos fondos sería ilegal y contrario a la ley”, acotó Soñis en declaraciones a FM Del Mar.

Añadió que no pretendía “entrar en el juego del ataque”, preguntándose si “¿ese es el mejor argumento que tiene para explicar por qué no paga? Es una falta de respeto que no estoy dispuesto a aceptar. Quieren poner a la sociedad en contra del Poder Judicial”, concluyó no sin antes considerar que “no estaría de más una disculpa por parte del señor gobernador”.

De altos sueldos y asesores 

El juez Miguel Caviglia, en tanto, fue aún más duro al indicar: “queremos dejar constancia de nuestra amargura y de esta incertidumbre, no solo de no cobrar, sino de no saber cuándo vamos a cobrar; nos genera una situación muy agobiante”.

Calificó injusto que “nos ataquen con el tema de los sueldos cuando sabemos que en el Ejecutivo hay personas que ganan mucho más que los propios jueces. No transparentan los números de la Provincia y eso hay que hacerlo. Yo estoy dispuesto a ceder parte de mi sueldo, pero cuando me transparenten todos los números, como los altísimos salarios de asesores que ni van a trabajar”.

En pleno debate por la ley que pretende bajar jubilaciones de privilegio, La Política Online accedió a diversas liquidaciones de haberes con regímenes especiales que muestran que los ingresos de los jueces federales jubilados rozan los 400 mil pesos.

En concreto, una de las liquidaciones de un magistrado da cuenta que su haber parte de $37.860 por su sueldo básico y se va incrementando exponencialmente gracias a la bonificación por antigüedad de servicio ($147.790), suplemento de remuneración acordada 71/93 ($57.403) y compensación jerárquica ($45.963), entre otras categorías que terminan alcanzando un saldo de $397.752.

En tanto, otros documentos reflejan haberes reales de fiscales de $291.323 y de $230.714 para el caso de algunos diplomáticos. Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron a este medio que hay casos de jubilaciones de privilegio que superan los $700.000.

A diferencia del resto, los aportes de este grupo de trabajadores no derivan en el régimen de reparto solidario con el que se pagan todas las jubilaciones, sino que gozan de un régimen propio para poder recibir un mayor porcentaje de sus altísimos sueldos.

El problema es que el sistema no se autofinancia, sino que le genera al Estado un déficit anual de $12.600 millones, según cifras oficiales. Es por eso que desde la Casa Rosada están decididos a avanzar con la nueva legislación, a la que pretenden darle media sanción este jueves.

El proyecto del oficialismo sube estos aportes al 18%, incrementa la edad jubilatoria de 60 a 65 años y excluye una serie de cargos intermedios del régimen especial. Si bien mantiene el 82% móvil para magistrados, lo hace sobre un promedio de los últimos 120 salarios, o sea, un 60% inicial, similar a lo que perciben el resto de los jubilados.

De esta manera, las jubilaciones más altas perderían entre $24.000 y $80.000 mensuales y esto permitiría un equilibrio de las finanzas públicas en este rubro.

 

Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, advirtió que la iniciativa del Gobierno puede generar una ola de reclamos.

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso el viernes a última hora para modificar las jubilaciones del Poder Judicial ya generó los primeros rechazos contundentes.

Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, aseguró que la iniciativa es inconstitucional, que vulnera el principio de independencia de los jueces y advirtió que la aprobación de la reforma podría generar una ola de reclamos de los aportantes que se verán perjudicados.

Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de $90.000. Si cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses»

El texto que envió el oficialismo a la Cámara de Diputados prevé reducir las jubilaciones de los magistrados, que hoy perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad. El proyecto también alcanza a las jubilaciones de los diplomáticos, que perciben el 85% móvil sobre el último salario. El Gobierno busca que el cálculo de las jubilaciones quede establecido en el 82% pero en base al promedio del sueldo de los últimos diez años.

Para el juez Recondo, que señaló que actualmente los magistrados tienen una «buena retribución», el proyecto estuvo «poco estudiado».

«Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes. Para que sean independientes existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones», dijo en relación al término «jubilaciones de privilegio», que tampoco es aceptado por los diplomáticos.

Y agregó: «Yo entiendo que a la gente no le guste, pero teóricamente la ventaja en definitiva es para la persona que va a ser juzgada por el juez»

«La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo», concluyó Recondo.

El proyecto podría tratarse esta semana o la que viene, durante el período de sesiones extraordinarias.

En un hecho inédito, los magistrados y funcionarios judiciales de Chubut participan de las medidas de protesta que llevan adelante los empleados del Poder Judicial.

Integrantes de la judicatura, del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa Pública de Chubut participan este jueves de las medidas de fuerza y protestas que realizan los trabajadores del Poder Judicial, reclamando por el pago de salarios atrasados.

En Trelew, tanto los empleados de la Justicia como jueces, fiscales y defensores se manifestaron fueran de las escalinatas del edificio de Tribunales, sobre calle 28 de Julio. Allí pudo observarse, entre otros, a los jueces Alejandro De Franco, César Zaratiegui, Ivana González, Marcelo Nieto Di Biase y Fabio Monti, además de los fiscales Silvia Pereira, Fabián Moyano y María Tolomei. También pudo observarse en la protesta a defensores públicos, como Sergio Rey y Lisando Benitez, junto a una importante cantidad de empleados judiciales.

Con carteles alusivos al Gobernador Mariano Arcioni y la crisis provincial, los magistrados y funcionarios judiciales se plegaron a la medida impulsada por el SITRAJUCh a principios de semana.

En Rawson los trabajadores judiciales realizaron una protesta fuera de la sede del Superior Tribunal de Justicia, donde se expresaron en reclamo de los salarios adeudados por parte del estado provincial, señaló Diario Jornada.

Carina Estefanía, presidente de la Asociación de Magistrados y Judiciales de Chubut, indicó que se manifestarán este jueves en los distintos tribunales de Chubut, en reclamo por el pago de salarios en tiempo y forma. Además indicó que se busca una alternativa para que el servicio de justicia siga funcionando mínimamente.

Este miércoles a la mañana, el Superior Tribunal de Justicia lleva a cabo un encuentro con la Asociación de Magistrados para acordar medidas que no afecten el funcionamiento del Poder Judicial, en el marco del paro que llevan adelante los trabajadores judiciales de Chubut, por la falta de pago de salarios en tiempo y forma.

Carina Estefanía, presidente de la Asociación de Magistrados y Judiciales de Chubut, se refirió al encuentro y señaló: “Trataremos de cómo vamos a funcionar en esta época de crisis, todos conocemos que el gremio viene cumpliendo una medida de fuerza”, dijo.

Asimismo, confirmó que este jueves participarán de la manifestación que realizarán los trabajadores judiciales en los tribunales de distintas localidades de Chubut. “Magistrados y funcionarios estaremos entre las 12.45 y 13.15 horas”, indicó. Cabe recordar que el Sitrajuch ratificó en asamblea que continuarán con el paro hasta el viernes inclusive, debido a que no percibieron los sueldos. Y convocaron a un «ruidazo» en los Tribunales.

“Sabemos que se trata de una medida de fuerza legítima. Hoy seguimos sin conocer cuando se van a producir el pago de los salarios del mes de enero, incluidos los del poder judicial”, dijo Estefanía.

Y aseguró que ante esta situación “debemos aunar criterios para establecer cuál será la guardia mínima de empleados, magistrados y funcionarios, se viene trabajando pero necesitan asistencia mínima. Cuando un conflicto se extiende debemos considerar que hay cuestiones que empiezan a ser urgentes”, señaló.

Por último, indicó que hay voluntad de encontrar una alternativa para que el servicio de justicia siga funcionando mínimamente, sin negar la situación de crisis, informó ADNSur.