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Mientras en el Grupo Jornada están preocupados por saber quién le pasa información de la causa a Cholila Online, el juez, en secreto, continua haciendo diligencias que podrían terminar inequívocamente en el procesamiento (quizás sin prisión preventiva) de los hijos y la exmujer del millonario sindicalista Héctor Rubén González, por “el bosque de marihuana” que les encontraron en la casa en un allanamiento que les hizo la policía el pasado 19 de mayo.

¿Qué significa “procesamiento”? Que hay suficientes elementos de prueba para considerar a un individuo –en este caso a los González—como posible autor de un delito y que está listo para ser enjuiciado públicamente.

Esa, seguramente, será la suerte que van a correr los González y su madre –como así también los nuevos imputados que tiene la causa a partir de los últimos días–.

Desde que comenzó el proceso judicial hasta la actualidad, ha tenido un inédito blindaje de casi todas las autoridades de la Justicia Federal de Rawson, pese a que no hay secreto de sumario y que es una causa publica que, encima, interesa y mucho a la ciudadanía por los personajes que están involucrados, por la cantidad de droga que se incautó, por las características del caso y porque roza a un sector de la población que tiene mucho poder y una notable influencia en la comunidad, no solo trelewense, sino también regional.

Aquí, los hijos de un individuo que tiene medios de comunicación y que es “el capo” máximo en la Patagonia de un gremio muy importante, están involucrados en un caso de narcotráfico. Se los investiga porque un juez Federal los cree nada más ni nada menos que “narcotraficantes”, y eso es algo que no debe pasar desapercibido.

Justamente, en una sociedad a la que los farsantes de la política les promete reiteradamente –usando incluso esos mismos medios— que pretenden luchar contra los que venden drogas envenenando a niños y jóvenes.

En un pueblo de Chile llamado Las Condes, no hace mucho tiempo, encontraron lo que ellos decían que era un “bosque de marihuana” en el patio trasero de una casa. Eran 30 plantas y al dueño de la vivienda se lo llevaron detenido. Hasta el alcalde de la localidad salió a hablar por los medios, escandalizado de la cantidad de droga que la policía había hallado.

Acá, en la zona sur de Trelew: en la calle Cangallo al 100, esquina Belgrano; a metros de una escuela primaria, la policía descubrió hace más de tres meses entre 110 y 120 plantas de cannabis, de entre uno y dos metros y medio de altura, y la mayoría de los medios de difusión (salvo excepciones como este portal de noticias) se hicieron los distraídos, miraron para otro lado. Hasta el momento no publican ni una línea sobre la marcha del proceso judicial, respecto de la investigación que ha hecho el juez y mucho menos de los imputados que tienen la causa penal.

A tres pibes les encuentran dos porros y ponen la noticia en la tapa de los diarios enunciándola como un “Golpe al narcotráfico”. Esa es la hipocresía contra la que nuestra sociedad debe vacunarse, de la hay verdadero cultores que tienen nombre y apellido.

Ahora, ¿quiénes son esos cuatro nuevos imputados que en las últimas semanas han sido involucrados por el juez en la causa del “bosque de marihuana” de los González? ¿Qué tipo de delitos les atribuyen y cuál es la relación con los hijos y la expareja del sindicalista Héctor Rubén González? ¿Los ayudarían en la venta?

Esas son algunas de las preguntas que hasta el momento no tienen respuesta, porque hay un casi impenetrable hermetismo que protege a los hijos y la exmujer del millonario gremialista, hoy también dueño del diario Jornada de Trelew.

El presidente Alberto Fernández afirmó que el Gobierno está «absolutamente abierto» a escuchar opiniones en relación a la reforma judicial, destacó que se trata de un debate que «va a pasar por el Congreso» y aseguró que «no se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento».

En este sentido, entendió que el Máximo Tribunal «puede funcionar con cinco miembros» como actualmente, pero consideró que «está funcionando mal» y que su trabajo está «virtualmente paralizado».

Así lo expresó en una extensa entrevista que brindó a la FM Radio Con Vos, en la que subrayó quela reforma judicial, cuyos lineamientos fueron presentados públicamente este miércoles, no constituye «un decreto de necesidad y urgencia» sino que se trata de una iniciativa que «será debatida en el Congreso» y en la que «la oposición tiene todas las posibilidades de plantear sus pareceres».

No se está discutiendo cuántos miembros debe tener la Corte Suprema sino buscando su mejor funcionamiento”

ALBERTO FERNÁNDEZ

«Toda mi vida he dicho que la Corte debe tener cinco miembros, pero con cinco miembros está funcionando mal y está virtualmente paralizada», dijo el mandatario esta mañana.

En una entrevista que se prolongó durante una hora y en la que se trataron diferentes temas, el jefe de Estado dijo también que «cuando habla» con juristas «se encuentra con un montón de falencias de la Corte» Suprema y con la visión de que «lo que resuelve lo hace con una «arbitrariedad absoluta» y «eso funciona mal».

En cuanto a las diferentes opiniones que genera el proyecto, recordó que «todos pueden plantear sus pareceres, estamos absolutamente abiertos porque queremos que la justicia funcione de otro modo, no queremos otra cosa».

En paralelo, se preguntó: «¿Alguien me puede decir que la justicia federal ha funcionado bien en los últimos 20 años, porque el que me dice eso es un gran cínico?».

«Creamos una comisión para que analice otros problemas que son muy técnicos, la oposición y los medios simplifican y dicen que el Gobierno quiere someter a los miembros de la Corte», lamentó el Presidente.

Comisión de expertos

En esa línea, explicó que la comisión de expertos que se creó para asesorar al gobierno nacional en la Reforma tendrá «90 días a partir de agosto» para darle «consejos».

El Presidente presentó este miércoles en un acto en Casa Rosada el proyecto de ley que en las próximas horas enviará al Congreso para su debate.

Respecto al comité dejó claro que sus consejos «no tienen que ser unánimes» y que «puede haber dictámenes de mayoría y minoría y después» se formará «opinión».

«Hay una gran falacia en todo esto», advirtió, acerca de los que plantean que tendría que haber consultado antes sobre el tema, y enfatizó que eso ocurre porque «me están proponiendo que repartamos los jueces y no lo voy a hacer, quiero jueces dignos».

El jefe de Estado planteó que «hay otros cuestionamientos a la Corte como que solo intervenga en cuestiones de sentencia definitiva» y consideró que «eso puede dar lugar a cuestiones muy graves».

En otro orden, expresó que «no creamos nuevos juzgados porque las secretaría existen y las causas quedan en su juez natural, es decir que el tribunal sigue funcionando, es exactamente lo mismo».

Fernández, sobre ese aspecto, aseveró que la propuesta oficial «ha acotado enormemente la discrecionalidad a la hora de seleccionar los jueces» y dijo respecto a las críticas que recibe la iniciativa que lo que buscan es «manipular la cabeza de la gente».

El anuncio

En la presentación del miércoles el Presidente dio a conocer un proyecto de reforma judicial que plantea la creación de un nuevo fuero Federal Penal a partir de la unificación del actual fuero Federal con el Penal Económico, que prevé la creación de 23 nuevos juzgados, entre otros aspectos.

Fernández hizo el anuncio acompañado por funcionarios del Gabinete e integrantes del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público que trabajarán durante 90 días para elevarle propuestas sobre cómo mejorar el funcionamiento de la Justicia.

«El poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión», expresó Fernández el miércoles durante la presentación del proyecto que se espera ingresará al Congreso a través del Senado en las próximas horas.

El Gobierno dio el primer paso en su proyecto de una reforma judicial. Alberto Fernández presentó este miércoles en Casa Rosada su propuesta, pidió que «nunca más» se dirima en Tribunales una «discusión política» y anunció la creación de un «consejo consultivo» que «elevará propuestas al Ejecutivo para mejorar el funcionamiento de la Justicia».

«De una vez por todas digamos nunca más a una Justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, y a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno», enfatizó el mandatario nacional, al volver a encabezar un acto en la Casa de Gobierno tras el inicio de la pandemia.

El proyecto que enviará al Senado consiste, por un lado, en la ampliación del fuero federal -se unifican el Penal y Económico-, y por otro en la creación de un Consejo Consultivo compuesto por once «juristas de reconocimiento indiscutido», que tendrá la «tarea de repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público».

«Buscamos superar que el poder decisorio se concentre en un reducido número de magistrados, que tienen la capacidad de decidir en casi la totalidad de las causas con relevancia institucional y por lo tanto mediática», afirmó el Presidente.

Con ese objetivo, la iniciativa promueve la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías que se sumen al nuevo esquema. También planea unificar los fueros civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal y propone «un fortalecimiento de la Justicia Federal en el interior del país».

Alberto Fernández presentó los lineamientos generales del proyecto acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, como los principales referentes del Gobierno. También participaron funcionarios y legisladores nacionales de manera presencial y remota. La única representante de la Corte Suprema fue Elena Highton.

Críticas de la oposición

Tras el anuncio, un grupo de dirigentes radicales salió sin filtro a criticar el proyecto y aseguró que, detrás, se esconde otra intención. «Buscan garantizar la impunidad de Cristina Kirchner», aseguró el diputado Luis Petri.

“Hoy Alberto Fernández es el testaferro político de su vicepresidenta. Con la Reforma Judicial busca garantizar su impunidad, pero antes se cansó de criticarla, llamando deplorable a su manejo de la Justicia”, señaló.

Por su parte, Gustavo Menna, que es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, consideró: “No tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República. Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la corte de los ‘90”. Sin embargo, cabe aclarar, el anuncio del jefe de Estado no incluyó alguna mención a una ampliación del máximo tribunal.

La reforma judicial que presentó el Gobierno hace énfasis en el reordenamiento y en la ampliación de la justicia federal en todo el país y crea un Consejo Consultivo de juristas, transfiere la competencia penal a la Ciudad de Buenos Aires y fija una serie de «reglas de actuación» para los magistrados federales.

Justicia Federal Penal

Se fusionan los 12 juzgados penales federales con los 11 en lo penal económico y se duplican para llegar a 46 tribunales en el nuevo esquema de la Justicia Federal Penal, que estará ubicada en la Ciudad de Buenos Aires. Los juzgados ya existentes conservarán una de las dos secretarías que hoy tienen y la sobrante se asignará a uno de los nuevos juzgados.

Nuevos magistrados

Se aplicará un sistema de subrogancias para ocupar los nuevos juzgados con intervención de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Juicios en curso

El presidente Alberto Fernández aclaró que «la conformación de esta nueva reforma judicial, en nada afecta el principio del juez natural: la totalidad de las investigaciones y juicios en curso quedarán bajo la jurisdicción de los jueces, juezas o tribunales orales que actualmente las estén tramitando».

Nuevos juzgados, fiscalías y defensorías

El proyecto propondrá la unificación de las cámaras de apelaciones y la ampliación del sistema de justicia con la creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías. Los concursos que realice el Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes se deberán realizar por prueba de oposición oral y pública, con todo el proceso registrado con imagen y sonido para su difusión.

Transferencia de la competencia penal a la Ciudad

La iniciativa del Ejecutivo propone transferir a la Ciudad de Buenos Aires la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio y así completar la cesión de facultades penales aún pendiente.

Fusión de fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo

Para evitar los conflictos de competencia que demoran los trámites judiciales, el proyecto de ley que el Gobierno enviará al Congreso prevé la fusión del fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo.

Fortalecimiento de la justicia en todo el país

El plan para fortalecer la justicia federal en todo el país tomó la iniciativa presentada por el gobierno de Mauricio Macri, en el marco del programa «Justicia 2020», considerando los 114 proyectos de ley que proponían la creación de juzgados federales desde el año 2008. Junto a los nuevos juzgados federales, en paralelo, el Gobierno impulsará la implementación gradual en todo el territorio del Código Procesal Penal Federal.

-Consejo Consultivo

La propuesta de ley crea el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, integrado por once juristas de diversos campos del derecho con antecedentes y prestigio para, en palabras del Presidente, «repensar el funcionamiento de nuestro Poder Judicial y de nuestro Ministerio Público» y hacer propuestas.

-Pautas para jueces.

El Poder Ejecutivo girará al Congreso para su discusión, la siguientes pautas de actuación para los jueces federales:

A. Mantener un trato equivalente con las partes, sus representantes y abogados.

B. Evitar comportamientos que indiquen favoritismo, predisposición o prejuicio respecto de cualquiera de las partes.

C. Garantizar que las personas reciban un trato digno e igualitario.

D. Ejercer sus funciones libres de interferencias.

E. Comunicar al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo.

F. Evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en sus decisiones, y en ningún caso deberán actuar en base a consideraciones de popularidad, notoriedad u otras motivaciones impropias.

G. Evitar valerse del cargo para promover o defender intereses privados, transmitir ni permitir que otros transmitan la impresión de que se hallan en una posición especial para influenciar.

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en los próximos días enviará al Congreso Nacional el proyecto para reformar la justicia federal, pidió a los jueces que comprendan «que ellos no son parte de la discusión política» y reafirmó que su gestión seguirá defendiendo el respeto por las garantías del debido proceso.

«Lo que hace falta son jueces que actúen con dignidad y con seriedad», declaró Fernández, en una entrevista con Radio Milenium, en la que volvió a garantizar que en su gobierno «no va a funcionar nunca más» determinadas «lógicas».

«Les pido a los jueces que no vuelvan a hacer lo que hicieron; no usemos la justicia para resolver problemas políticos», dijo el Presidente.

Consultado sobre la causa por hechos de espionaje ilegal, Fernández respondió: «Veo con mucha preocupación que parece ser que se ha desbaratado una célula de espías que trabajaba con jueces y medios de comunicación, generando imputaciones falsas».

Aseguró que «esas lógicas en la Argentina de hoy son intolerables» y «no pueden seguir ocurriendo», y planteó que, «si ese hecho fuera eventualmente cierto, hay que investigarlo garantizando todo el debido proceso que la República exige».

«Les garantizo que conmigo eso no va a funcionar nunca más; no voy a permitir que eso ocurra; algunos jueces tienen que entender que ellos no son parte de la discusión política, que son parte de la cuestión judicial», remarcó.

Sobre este punto graficó que los jueces «no tienen que estar todos los días en las tapas de los diarios», sino que «tienen que hacer justicia».

«Si quieren un ejemplo, miren cómo se trató el caso que se investiga en Dolores. Ninguno de nosotros le conocemos la cara a (juez Alejo) Ramos Padilla y miren cómo avanzó y no generó ni una sola foto de ningún imputado; así trabaja la justicia; después sacará sus conclusiones, quién es inocente, quién es culpable; no quiero que se haga hoy lo que nosotros padecimos ayer», reflexionó.

Reiteró que los servicios de inteligencia «están para que el Estado haga inteligencia en defensa propia, no para investigar un periodista, un opositor, alguien que le cae poco simpático al Presidente o un hermano».

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, opinó este mediodía acerca de la problemática relación entre ambos sectores del Estado chubutense en los últimos tiempos, y señaló que el diálogo es la única forma de acercar posiciones.

Del tema judicial, Luque dijo no estar de acuerdo con el nivel de tensión que hay dichos estamentos: “me parece que hay una situación que es en la que se encuentra económicamente la provincia, tanto con el Poder Judicial como en el Legislativo, donde lo que hay que buscar es el diálogo permanente”.

“Hay que tratar de ponerse de acuerdo entre los diferentes actores principales que tiene cada uno de los Poderes en nuestro país y en particular la Provincia del Chubut en la situación que vivimos. Me parece que la mejor manera de solucionar cada uno de los conflictos es con el diálogo y no con la discusión permanente”, señaló al aire por FM La Petrolera 89.3 MHz.

Para Luque, es un error de Provincia no promover el diálogo entre el Legislativo y el Judicial

Y agregó: “creo que ese es uno de los temas más importantes en los cuales desde el gobierno provincial se está generando un error al no dialogar más de lo que se tendría que dialogar”.

“Falta diálogo y tratar de buscar entre los tres Poderes el ir permanentemente a una mesa para buscar las mejores soluciones para toda la gente, porque obviamente que con discusiones mediáticas no solucionan absolutamente nada”, concluyó.

Se trata de Josefina Alemano, mujer de Marcos Nicosia. Uno de sus hijos regresó de Italia días atrás, pero no se aislaron. El niño fue a la Escuela de la Costa junto a sus hermanos.

El tema trascendió tras conocerse que desde la escuela a la que concurre el joven llamaron a la madre para que retire al chico pues debería estar en resguardo por riesgo de coronavirus, ya que regresó recientemente de uno de los países de mayor riesgo.

El malestar se agravó debido a que la madre, funcionaria judicial, estuvo concurriendo normalmente a su trabajo, compartió oficina y mates con sus compañeros.

Debido a esto tomó intervención el Sitrajuch, que inmediatamente informó al Ministro del Superior Tribunal de Justicia Mario Vivas. Y se dispuso que la funcionaria sea observada por la médica forense Vanina Botta, quien la envió a la casa a cumplir con lo que queda del protocolo, ya que de acuerdo a la fecha en que el joven regresó del país peninsular, solo quedarían dos días de cuarentena.

Lo que más molestó fue la irresponsabilidad de la funcionaria judicial, quien a pesar de toda la información que hay en forma pública desde que se inició el tema, ayer declarado pandemia, no informó a sus superiores.

Vivas abogó por una actitud responsable, no solo de los funcionarios judiciales, sino de toda la población ya que se trata de un tema sumamente sensible y riesgoso, según informó El Chubut.

Los trabajadores judiciales de Esquel realizaron una asamblea este lunes por la mañana para analizar las medidas que llevarán adelante.

Lo definieron esta mañana en la asamblea realizada en el edificio de Tribunales de Esquel.

“Parte de los empleados no cobraron aún sus salarios y definimos sostener la medida de fuerza hasta el miércoles al menos” indicó en NOTAS DE RADIO Cristian Brugo, delegado local del SITRAJUCH.

El próximo jueves se realizará una reunión con el Superior Tribunal de Justicia para pedirles un rol mas activo en la discusión presupuestaria.

“Lo cierto es que la comunidad hoy no tiene servicios esenciales garantizados”, expresó Brugo.

Por otra parte al ser consultado por la posibilidad de prorrogar la feria judicial dijo que no es adecuado, “es un beneficio que tenemos los trabajadores y en este caso hay un incumplimiento del Poder Ejecutivo. Es tapar el conflicto” ,señaló el dirigente.

La cartera sanitaria participó de la elaboración de los lineamientos iniciales de este programa, brindando orientación técnica y aportando información sobre la temática en la provincia.

Con el auspicio y la orientación técnica del Ministerio de Salud del Chubut, a través de la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, comenzó a dictarse en Rawson, en la Escuela de Capacitación Judicial, dependiente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, el Programa de Capacitación Judicial en Políticas sobre Drogas y Problemáticas de Consumo.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio firmado entre la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) y la Junta Federal de Cortes, y está destinada a magistrados, funcionarios y empleados de las distintas agencias del Poder Judicial de Chubut, y a miembros de equipos de asesores o de gabinetes técnicos de otras agencias estatales.

En la apertura de la capacitación estuvieron presentes el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Mario Vivas; el coordinador del área de Capacitación del SEDRONAR, Fernando Ferreyra; y la directora provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Nora Soria, quien además es referente del COFEDRO (Consejo Federal de Drogas) en Chubut.

Aportes de Salud

La cartera sanitaria provincial, que conduce Adrián Pizzi, participó de la instancia de elaboración de los lineamientos iniciales de este programa de capacitación, brindando orientación técnica y aportando información sobre la red de recursos, los dispositivos de asistencia y los referentes y contactos vigentes con que cuenta Chubut en materia de Salud Mental y Adicciones.

En esta línea, todos los encuentros de capacitación contarán con la presencia de integrantes del equipo técnico de la Dirección Provincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones, de los equipos de los Centros Integrales de Tratamiento de las Problemáticas de Consumo (CIT), que funcionan en las principales ciudades de la provincia, y de jefes de Servicios de Salud Mental y Adicciones de distintos hospitales de la provincia.

La capacitación se desarrollará íntegramente bajo modalidad presencial, con encuentros durante los meses mayo y junio.

Temáticas

Las temáticas que se trabajarán en el marco de este programa son: Aspectos sociales y psicológicos del Consumo de Sustancias Psicoactivas y las Problemáticas de Consumo; Influencia en Argentina del régimen internacional sobre el control de drogas; Políticas vigentes; Vulnerabilidad social, prácticas delictivas y consumo de drogas; Dispositivos de la SEDRONAR; Régimen penal y aspectos constitucionales de los delitos relativos al tráfico y tenencia de estupefacientes; Consumos contemporáneos, nuevas sustancias psicoactivas, drogas de síntesis; Observatorio Argentino de Drogas; y Familia y consumos problemáticos, entre otras.

Una causa en la que se investigan presuntas estafas llevadas adelante en perjuicio de un joven que heredó numerosos inmuebles y varios vehículos, llegó a una instancia en que los jueces deberán resolver sobre la impugnación presentada por las defensas a una decisión del doctor José García, quien no hizo lugar a la posibilidad de la aplicación de medidas alternativas, al no contarse con el consentimiento de la propia víctima, la querella y la fiscalía.

Así quedó en evidencia durante una audiencia desarrollada en sala de la oficina judicial, tercer piso de tribunales, donde los defensores insistieron ante los jueces para que se de validez a la salida alternativa con la restitución de varios bienes afectados. En tal sentido se expresaron la defensora pública Romina Rowlands representando al imputado Diego Armocida, Gustavo Uad que ejerce los derechos legales del escribano Agustín Ojeda Ton y el abogado Daniel González quien asume su propia defensa al ser otro de los imputados en el caso. Se opusieron a la solicitud y piden confirmar la decisión del magistrado García, el fiscal genera Fabián Moyano, la querella representante del jóven perjudicado y la asesoría de familia en las personas de Fernanda Baskov y Pablo Rey.

Hechos

De acuerdo a la acusación ya elevada por la fiscalía, se hace saber que de acuerdo a las disposiciones del artículo 291 del código procesal se entiende que la investigación proporciona elementos suficientes para someter a los investigados a juicio. Así se hace saber que el jóven víctima es hijo único que se domicilia en la localidad de Gaiman. A raíz de la muerte violenta de su madre, hecho de público y notorio conocimiento, ocurrida el 21 de agosto de 2009, quedó de un día para otro desvalido y sin personas cercanas que lo aconsejen y orienten ya que era su madre la única que se encargaba del control de los bienes, del cobro de alquileres, del pago de las deudas y el manejo de fondos depositados en entidades bancarias. A su trágica muerte, desconocía todo manejo al respecto y no tenía noción de la cantidad de bienes, propiedad de sus padres. En la necesidad de organizar su situación, inició y concluyó los trámites sucesorios y a partir de allí tomó cabal conocimiento de los bienes que componían el acervo hereditario, sumando doce propiedades inmuebles localizadas en Gaiman,

Trelew y Playa Unión, además de dos vehículos automotores

A mediados de 2011, el damnificado conoció a Diego Sebastián Armocida, quien junto a su familia se fueron acercando manifestándole que lo apoyarían con su ayuda. El citado tenía en ese momento un negocio de venta en la calle, una panchería que funcionaba en la plaza central de Gaiman. Encontrándose totalmente solo el joven perjudicado, Armocida se fue ganando su afecto y confianza, y antes de fin de año le manifiesta que lo desalojaban de la chacra donde vivía en ese momento y le manifiesta la posibilidad de ocupar un espacio donde vive la víctima y es así que se instala en el lugar, pone llave y se maneja como dueño del sitio a partir de la posesión.

Rápidamente Armocida empieza a interesarse por los bienes sucesorios, mantiene interés por ver las escrituras y contratos de alquiler que celosamente guardaba la madre en la chacra donde vivían accediendo el imputado a esos documentos. De esta forma, empieza a presionarlo para ver a su letrado manifestándole que era importante recuperar el vehículo propiedad de su madre y que se encontraba secuestrado, dado que fue utilizado por los delincuentes que la asesinaron. Finalmente lo convence de cambiar el abogado para lo que era necesario firmar unos papeles y entre otros trámites, le hace otorgar un poder judicial en la escribanía de Ojeda Ton, a favor del abogado Daniel González.

Ya instalado en la chacra donde vive, de un día para otro Armocida se hace de todas las escrituras, documentos y contratos de alquileres que su madre, antes de fallecer, guardaba en su domicilio y en diciembre de 2011 comienza a firmar varios documentos inducido por el imputado sin tener pleno conocimiento de las consecuencias legales de los mismos, comprendiendo recién ahora cuál fue la implicancia. La acusación se basa en varios hechos, como ya se expresara ocurridos a partir de 2011, siendo el más importante aquel en el que se imputa a Diego Armocida, el abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, todos actuando con la misma finalidad, con un plan común consistente en hacer firmar al damnificado documentos con efecto jurídico dañino a su patrimonio, repartiendo tareas, abusándose de la inexperiencia y la incapacidad del afectado, previo convencerlo que iba a firmar instrumentos beneficiosos para su patrimonio, el día 18 de junio de 2012, Armocida y el abogado González lo llevaron a la ciudad de Rawson, con la excusa de firmar una documentación de importancia para su patrimonio y en la escribanía de Agustín Ojeda

Ton le hicieron firmar varios instrumentos, ignorando completamente la víctima lo que estaba rubricando, pero convencido que resultaría beneficioso para su patrimonio. Así, a través de la firma simultánea de varias escrituras, todas el mismo día ya señalado, la víctima ante el escribano público y sin recibir suma alguna de dinero, vendió e hipotecó casi todas sus propiedades

Calificaciones

El Ministerio Público Fiscal imputa a Diego Armocida la comisión del delito de estafa por captación de incapaz del artículo 174 inciso 2 del código penal, diez hechos en concurso real ( artículo 55 del código), al abogado Daniel González y el escribano Agustín Ojeda Ton, de acuerdo a estafa por captación de incapaz, nueve hechos en concurso real. También se imputa a Aristóbulo Villegas por el delito de estafa por captación de incapaz en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta del artículo 173, inciso 7 del código penal, ya que este último participó en la administración de un bien inmueble perteneciente al jóven, el cuál vendió haciéndose de un poder, obteniendo un vehículo y varios cheques de tal operación. Villegas no participó del pedido de medidas alternativas, como si lo hicieron el resto de los imputados.

Subsidiariamente, para el caso de estimar el tribunal que no se dan los extremos para captar la conducta de los imputados en la figura del artículo 174 inciso 2 del código penal, el fiscal Moyano solicitó sean condenados por el delito de estafa, habiendo mediado abuso de confianza y engaño hacia la víctima

Ofrecimiento de solución alternativa

En la audiencia de impugnación los defensores hicieron saber que existieron reuniones donde se habría llegado a un acuerdo para una solución alternativa, admitiendo que se ofrecieron algunas propiedades para ser restituídas al jóven, y así dejar sin efecto el proceso penal, sin perjuicio de una causa civil. Pidieron ir a una instancia de mediación.

Sin embargo, tanto el fiscal como la querella manifestaron que si bien se llevaron adelante reuniones buscando arribar a algún acuerdo, en ningún momento existió el compromiso para aceptar una oferta de tal naturaleza. La fiscalía expuso un peritaje determinando que el perjuicio al año 2017 era de casi 28 millones de pesos, lo que al día de hoy aumenta considerablemente. En tanto, la asesoría de familia informó que fue convocada en su momento por el Juez para contener y asesorar al jóven y no estaba al tanto de ningún ofrecimiento al respecto, por lo que adhería a la oposición fiscal y de la querella.

Resolverán el 6 de mayo

Los Jueces Adrián Barrios, Alejandro Defranco y Carina Estefanía, que participó desde Esquel a través de video conferencia, deberán resolver acerca de la decisión adoptada por el doctor José García, quien no hizo lugar al pedido de solución alternativa en el marco de los artículos 47 y 48 del código procesal, dando cuenta que no se cuenta con el aval de la parte acusadora ni de la propia víctima. En tal sentido, los integrantes del tribunal comunicaron que la resolución la darán a conocer el 6 de mayo a las 12,30.