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Jubilaciones

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El haber promedio de los beneficios comprendidos en el régimen general asciende en diciembre de 2019 a $20.480 mientras que en el Poder Judicial alcanza $272.099 y en el Servicio Exterior $352.798, según un estudio de la oficina de presupuesto del Congreso.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó a fines de febrero el proyecto de ley que prevé la reforma de las llamadas “jubilaciones de privilegio” de jueces y diplomáticos, y la discusión sobre imponer un límite al régimen de jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos pasará al Senado el próximo jueves.

El texto del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82% del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado. Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.

En ese contexto, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso arrojó que las jubilaciones de privilegio son hasta 18 veces más altas que el haber promedio del régimen general, agrega INFOBAE.

“El haber promedio de los beneficios comprendidos en el régimen general asciende en diciembre de 2019 a $20.480 mientras que en el Poder Judicial alcanza $272.099 y en el Servicio Exterior $352.798”, señala.

En ese sentido, destaca que para que el sistema previsional judicial sea equilibrado, la relación entre el haber jubilatorio promedio y la remuneración imponible promedio que hoy asciende a 100,1% debería reducirse a 66,5%. Otra opción, indica el estudio, sería que la alícuota de aportes y contribuciones, que hoy asciende a 26,4%, se elevase a 39,7%, lo que implicaría un monto de aportes y contribuciones 50,4% superior al que los funcionarios judiciales realizan actualmente.

Por su parte, en el régimen previsional de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, las condiciones necesarias para el equilibrio podrían ser que se reduzca de 87,1% a 42% la relación entre el haber jubilatorio y la remuneración de los trabajadores activos. O que se aumentara de 27% a 56,1% las alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales, esto es, una baja a menos de la mitad del beneficio o un aumento superior al 100% de los aportes y contribuciones.

Asimismo, detalla que en el régimen previsional para el personal judicial el haber de la jubilación ordinaria es equivalente al 82% de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al último cargo ocupado al momento de la finalizar el servicio. Y agrega que en el sistema previsional del personal del Servicio Exterior, el haber de la jubilación ordinaria equivale al 85% de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada durante un período mínimo de cuatro años continuos o discontinuos.

Por tanto, advierte que “de no aprobarse el proyecto de ley con media sanción, se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2,347 millones para el del Servicio Exterior”.

En cambio, con la normativa vigente se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2.347 millones para el del Servicio Exterior.

Por último, sostiene que el ahorro fiscal derivado de las modificaciones propuestas por el lado de los ingresos (incremento de las alícuotas de los aportes personales), se estima en $3.896 millones para el Poder Judicial y $424 millones para el Servicio Exterior.

En pleno debate por la ley que pretende bajar jubilaciones de privilegio, La Política Online accedió a diversas liquidaciones de haberes con regímenes especiales que muestran que los ingresos de los jueces federales jubilados rozan los 400 mil pesos.

En concreto, una de las liquidaciones de un magistrado da cuenta que su haber parte de $37.860 por su sueldo básico y se va incrementando exponencialmente gracias a la bonificación por antigüedad de servicio ($147.790), suplemento de remuneración acordada 71/93 ($57.403) y compensación jerárquica ($45.963), entre otras categorías que terminan alcanzando un saldo de $397.752.

En tanto, otros documentos reflejan haberes reales de fiscales de $291.323 y de $230.714 para el caso de algunos diplomáticos. Sin embargo, fuentes del gobierno afirmaron a este medio que hay casos de jubilaciones de privilegio que superan los $700.000.

A diferencia del resto, los aportes de este grupo de trabajadores no derivan en el régimen de reparto solidario con el que se pagan todas las jubilaciones, sino que gozan de un régimen propio para poder recibir un mayor porcentaje de sus altísimos sueldos.

El problema es que el sistema no se autofinancia, sino que le genera al Estado un déficit anual de $12.600 millones, según cifras oficiales. Es por eso que desde la Casa Rosada están decididos a avanzar con la nueva legislación, a la que pretenden darle media sanción este jueves.

El proyecto del oficialismo sube estos aportes al 18%, incrementa la edad jubilatoria de 60 a 65 años y excluye una serie de cargos intermedios del régimen especial. Si bien mantiene el 82% móvil para magistrados, lo hace sobre un promedio de los últimos 120 salarios, o sea, un 60% inicial, similar a lo que perciben el resto de los jubilados.

De esta manera, las jubilaciones más altas perderían entre $24.000 y $80.000 mensuales y esto permitiría un equilibrio de las finanzas públicas en este rubro.

 

Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, advirtió que la iniciativa del Gobierno puede generar una ola de reclamos.

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso el viernes a última hora para modificar las jubilaciones del Poder Judicial ya generó los primeros rechazos contundentes.

Ricardo Recondo, vicepresidente del Consejo de la Magistratura, aseguró que la iniciativa es inconstitucional, que vulnera el principio de independencia de los jueces y advirtió que la aprobación de la reforma podría generar una ola de reclamos de los aportantes que se verán perjudicados.

Es inconstitucional. La Corte lo ha declarado muchas veces ya. No se trata de una ley de privilegios. Aporto hace cincuenta años a la caja de jubilaciones un equivalente de $90.000. Si cambian el sistema, yo podría pedir el reintegro de todo eso, más los intereses»

El texto que envió el oficialismo a la Cámara de Diputados prevé reducir las jubilaciones de los magistrados, que hoy perciben el 82% móvil del salario que cobrarían si estuvieran en actividad. El proyecto también alcanza a las jubilaciones de los diplomáticos, que perciben el 85% móvil sobre el último salario. El Gobierno busca que el cálculo de las jubilaciones quede establecido en el 82% pero en base al promedio del sueldo de los últimos diez años.

Para el juez Recondo, que señaló que actualmente los magistrados tienen una «buena retribución», el proyecto estuvo «poco estudiado».

«Para que exista una democracia es necesario que los jueces sean independientes. Para que sean independientes existen un montón de protecciones, que le llaman privilegios, pero son protecciones», dijo en relación al término «jubilaciones de privilegio», que tampoco es aceptado por los diplomáticos.

Y agregó: «Yo entiendo que a la gente no le guste, pero teóricamente la ventaja en definitiva es para la persona que va a ser juzgada por el juez»

«La garantía de intangibilidad de los sueldos de los judiciales se extiende al pedido jubilatorio. Pasa en todo el mundo», concluyó Recondo.

El proyecto podría tratarse esta semana o la que viene, durante el período de sesiones extraordinarias.

Este viernes, en conferencia de prensa, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y el titular de la ANSeS, Alejandro Vanoli informarán el aumento que regirá en marzo, abril y mayo a jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y Asignaciones Familiares, prestaciones no contributivas y pensiones adulto mayor (PUAM). Comprende a 18 millones de personas.

El aumento que será fijado por decreto presidencial, en reemplazo de la suspendida fórmula de movilidad que había establecido el 11,56% para todos los beneficiarios, en promedio será de entre el 9 y 10% de la masa de beneficios global que se distribuirá en forma diferenciada según los rangos de haberes. La apuesta del Gobierno es que la inflación del primer trimestre se ubique entre esos dos porcentajes.

Clarín pudo saber que los beneficiarios de la AUH (2,2 millones de padres de poco más de 4 millones de chicos) recibirán un incremento superior al 11,56%. Actualmente la Asignación es de $ 2.746 por hijo.

Los jubilados y pensionados recibirán un porcentaje y una suma fija lo que determinará que los que menos cobran perciban proporcionalmente más que los que menos ganan. Se estima que así los aumentos podrían rondar entre el 11/12% para el segmento más bajo descendiendo hasta poco más del 4% para los que más cobran.

Así, el haber mínimo, hoy de $ 14.068, podría rondar los $ 15.750. A partir de ese valor, las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento porcentualmente más bajo y acentuarían la pérdida del 19,5% que, punta a punta, tuvieron con la fórmula suspendida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019.

La pirámide previsional marca que hay 3 millones de jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, más otros 1,5 millones de pensiones no contributivas y PUAM que perciben el 70/80% del haber mínimo. Por encima del mínimo, hay 2,8 millones de jubilados y pensionados.

Inicialmente la propuesta más vinculada a ANSeS, también con aumentos diferenciados, era respetar el 11,56% sobre la masa global de haberes. Pero desde Economía insistieron en que el objetivo de la suspensión de la fórmula de movilidad era generar un “ahorro fiscal” y que por lo tanto el aumento global debía ser inferior a ese porcentaje. En Economía contabilizan como parte de los $ 45.000 millones del gasto previsional por los 2 bonos de hasta 5.000 que cobraron los que ganaban hasta $ 19.068 y los 2.000 pesos a los beneficiarios de la AUH.

En el caso de que el aumento global fuese del 9%, el ajuste fiscal previsional y social respecto de la fórmula suspendida sería de $ 5.000 millones mensuales o unos $ 55.000 millones en 2020, solo para el segmento de jubilaciones y pensiones. Si luego en junio se repitiera el aumento trimestral por decreto por debajo del incremento de la formula suspendida (11/12%), en 2020 el “ajuste fiscal previsional” podría superar los $ 100.000 millones.

Con el 10% de incremento global, el ajuste fiscal rondaría los $ 3.500 millones o casi $ 40.000 millones, a lo que habría que sumar el ajuste de junio.

De todos modos, la mayor preocupación en el Gobierno pasa por los reclamos judiciales que se presentarán los jubilados y pensionados que reciban mucho menos que el 11,56% de la suspendida formula. El fundamento es que el 11,56% es un derecho adquirido porque corresponde al período julio-septiembre de 2019 (la fórmula suspendida se aplicaba con 6 meses de retraso) y las leyes no pueden aplicarse en forma retroactiva.

No obstante, los funcionarios confían en que los jueces tendrán en cuenta la declaración de Emergencia y que el menor aumento respecto de la formula suspendida se aplique solo en 2 oportunidades (marzo y junio). Sin embargo, como consignó Clarín el pasado sábado, un primer pronunciamiento de un juez federal de Salta advirtió que los aumentos por decreto no pueden afectar “el principio de progresividad o de prohibición de regresividad de los derechos económicos y sociales” ni disminuir “el grado de protección ya alcanzado” por los beneficiaros del sistema previsional.

 

El legislador nacional acompañó el proyecto denominado «Ley de equidad de jubilatoria para el sector público».

Junto a otros diputados nacionales, Ignacio Torres (PRO Chubut) acompañó el proyecto denominado “Ley de equidad de jubilatoria para el sector público” que pretende eliminar las jubilaciones de privilegio.

“Muchas veces se habla de este tema pero muy pocas se enmarca finalmente en un proyecto para hacerlo realidad, por eso hoy lo estamos presentando, porque creemos que todos debemos someternos al mismo régimen jubilatorio sin ningún beneficio especial”, manifestó el diputado Ignacio Torres sobre la iniciativa.

Cabe mencionar que el proyecto busca derogar las leyes 22.731 y 24.018 que posibilitan hoy las llamadas jubilaciones de privilegio para funcionarios de los tres poderes del Estado, tales como jueces, presidente y vice, legisladores, ministros, secretarios, intendentes, concejales, etc.

El diputado afirmó, además, que “la clase política es transversal a todos los poderes del Estado, y estos privilegios no hacen más que alejar a los funcionarios de las necesidades del ciudadano de a pie, diferencia que en realidad, no debería existir”.

De sancionarse el proyecto de equidad jubilatoria, se aplicaría el régimen común a toda la ciudadanía bajo la Ley 24.241 en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, indicó Diario La Portada.

EL CHUBUT accedió en forma exclusiva al proyecto de ley que presentará el gobernador Mariano Arcioni en la Legislatura para establecer las condiciones del Régimen de Abstención del Débito Laboral o conocido popularmente como «jubilaciones anticipadas».

El artículo 1 del proyecto establece «un Régimen de Abstención del Débito Laboral para todos los agentes de la Administración Pública Provincial Central y Descentralizada, del Poder Legislativo y del Poder Judicial que pertenezcan a la planta permanente, que se encuentren en efectivo ejercicio de su cargo al 31 de diciembre de 2019, y se encuentren en condiciones de reunir antes del 31 de diciembre de 2024 los requisitos para acceder al Régimen de Jubilación Ordinaria instituido por la Ley XVIII Nro. 32».

El plan diseñado por el Gobierno provincial establece dos esquemas porcentuales diferentes para las jubilaciones anticipadas. La división está enfocada en los años que le restan al trabajador para jubilarse y, en base a esto, ofrece una retribución salarial que varía entre el 55 por ciento y el 70 por ciento.

«El agente que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre el 31 de diciembre de 2022 y el 31 de diciembre de 2024, percibirá como prestación un haber equivalente al 55% móvil de la remuneración del cargo desempeñado al momento del acogimiento al presente régimen», especifica la iniciativa elaborada en la cartera de Economía y a la que tuvo acceso EL CHUBUT.

En la misma dirección, detalla que el Ejecutivo «realizará los correspondientes aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social que administra el Instituto de Seguridad Social y Seguros determinados sobre el 100% móvil de sus remuneraciones, con el objeto de no afectar el monto de su futura jubilación».

El segundo escenario está previsto para el empleado que reúna los requisitos para acceder a la Jubilación Ordinaria entre el 31 de diciembre de 2020 y el 31 de diciembre de 2023. En este caso, «percibirá como prestación un haber equivalente al 70% móvil de la remuneración» del cargo que desempeñaba.

EMPLEADOS TENDRAN 90 DIAS PARA INICIAR TRAMITES

La propuesta, que aún no fue girada a la Legislatura, pero que será debatida el lunes cuando un grupo de ministros desembarque en la Casa de las Leyes para explicar los alcances del plan de ajuste de Arcioni, precisa cuáles son los pasos que deberán seguir todos aquellos que estén interesados en acceder a la jubilación anticipada.

«Los agentes que decidan acogerse al régimen deberán formular la solicitud por medio del área de personal que corresponda dentro de los 90 días corridos de reglamentada la ley», describe la iniciativa y agrega que el Poder Ejecutivo tendrá la exclusividad para «decidir la aceptación o no de la petición».

En el caso de aceptarla, el Gobierno provincial determinará la fecha en que el agente se encuentra en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria, fecha en la cual se producirá en forma automática el cese de las percepciones de las prestaciones.

En declaraciones a la prensa esta semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró que la propuesta que está siendo analizada por expertos del Ministerio de Trabajo «estará lista en breve».

El Congreso de la Nación fijará en los próximos días la fecha de las sesiones extraordinarias que realizará en enero y febrero para debatir el proyecto de ley sobre jubilaciones de privilegio que prepara el gobierno de Alberto Fernández.

En declaraciones a la prensa esta semana, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró que la propuesta que está siendo analizada por expertos del Ministerio de Trabajo «estará lista en breve».

En el decreto 56/2019 emitido el viernes último, el presidente Fernández amplió el temario que deberán tratar los legisladores al incluir el proyecto para modificar la ley 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

También buscará introducir cambios a la ley 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del Servicio Exterior de la Nación.

Según Cafiero, el objetivo es encontrar la manera de «modificar los regímenes especiales» y establecer «un mecanismo más justo» al considerar que los actuales «están muy por encima del promedio de las jubilaciones en la Argentina».

En redes sociales, el jefe del Estado había confirmado su decisión de ampliar el temario que deberán discutir los legisladores tras la polémica que se originó durante el debate de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que incluyó la eliminación de la movilidad de las jubilaciones.

«Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso Nacional a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)», anunció el Presidente desde las redes sociales, señaló Telam.

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las jubilaciones nacionales. El cronograma empieza hoy y se extenderá por el resto de octubre.

Jubilados y Pensionados Nacionales, según número de finalización del DNI, que perciben hasta de $14.705:

-Miércoles 9 de octubre: Terminación de DNI 0

-Jueves 10: 1

-Viernes 11: 2

-Martes 15: 3

-Miércoles 16: 4

-Jueves 17: 5

-Viernes 18: 6

-Lunes 21: 7

-Martes 22: 8

-Miércoles 23: 9

Jubilados y Pensionados Nacionales que perciben más de $14.705:

-Jueves 24 de octubre: 0 y 1

-Viernes 25: 2 y 3

-Lunes 28: 4 y 5

-Martes 29: 6 y 7

-Miércoles 30: 8 y 9

Fechas de pago de Asignación Familiar por Hijo y AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) informó las fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes al mes de octubre de 2019. Los pagos se harán desde el 9 de octubre hasta el 23, dependiendo de la terminación del DNI.

En los bancos:

-Miércoles 9 de octubre: DNI terminado 0

-Jueves 10: 1

-Viernes 11: 2

-Martes 15: 3

-Miércoles 16: 4

-Jueves 17: 5

-Viernes 18: 6

-Lunes 21: 7

-Martes 22: 8

-Miércoles 23: 9

Fechas de pagos en oficinas del Correo Argentino, de acuerdo a la terminación del número de DNI:

-Viernes 11 de octubre: 0

-Martes 15: 1

-Miércoles 16: 2

-Jueves 17: 3

-Viernes 18: 4

-Lunes 21: 5

-Martes 22: 6 y 7

-Miércoles 23: 8 y 9.

Así lo consideró el presidente del Colegio Médico del Sur, Juan Carlos Herrera. Aclaró que lo último que se cobró «fue el 40% de las prestaciones del mes de mayo» e indicó que continuarán las medidas de protesta con el corte de los servicios entre los sábados y miércoles de cada semana.

 Los médicos de Chubut volverán a cortar las prestaciones de Seros entre el sábado y el miércoles próximo. Se trata de una medida de protesta “que ha instrumentado la Federación Médica” y que se aplicará durante todas las semanas hasta que el Instituto de Seguridad Social y Seguros regularice la situación con los prestadores.

En contacto con Actualidad 2.0, el presidente del Colegio Médico del Sur de Chubut, Juan Carlos Herrera, reveló que “lo último que se cobró es el 40% de las prestaciones de mayo”. Sostuvo que se determinó “cortar el servicio durante tres días de la semana, servicios desde la madrugada del sábado hasta la madrugada del miércoles, y de esa manera creo que producimos un daño menor a los afiliados”.

Herrera consideró que el ISSyS y su presidente, Miguel Arnaudo, “con todo el Directorio que lo respalde, debería reclamar a Provincia y al Ministerio de Economía que la recaudación la haga el Instituto y no el Ministerio. Con el aporte que hacen los afiliados, alcanza y sobra para las jubilaciones y prestaciones médicas”, afirmó.

Indicó que “indudablemente el dinero que aportan los afiliados no va a donde tiene que ir”.

El presidente del Colegio Médico advirtió que continúa el pago en cuotas y el incumplimiento de “casi todos los ítems del contrato”. Sostuvo que se trata de “una larga historia y viene desde hace años”.

Manifestó que previo a los comicios de junio “se nos prometió que cuando los empleados públicos empezaran a cobrar en una sola cuota, nos iban a pagar también a nosotros en una sola cuota. Los empleados cobraron antes de las elecciones en un solo tramo, inmediatamente después empezaron a cobrar otra vez en cuotas. Pero nosotros nunca tuvimos esa posibilidad, ni siquiera por un mes”.

Reveló que “seguimos cobrando generalmente en tres tramos, con valores muy atrasados, valores de consulta de 300, 400 pesos, situación que con la inflación no se ajusta a las necesidades”.

Cobro de un plus

Por otra parte, Herrera se refirió a la ley aprobada días atrás por la Legislatura que prohíbe el cobro de un plus por prestaciones médicas. “Nos parece una medida absolutamente demagógica, con neto contenido político que no le lleva ninguna solución a los afiliados”, señaló.

Indicó que “en todos los contratos con obras sociales sindicales y prepagas, tenemos una cláusula que prohíbe el cobro de un plus”, pero aclaró que “puede pasar que algún médico haga algún arreglo personal con el paciente”, informó ADN SUR.

La decisión abarcará un caso en particular, pero sus efectos podrían llegar también al resto de los jubilados y a los que ya cobraron sentencias favorables por actualizaciones en los últimos años.

Este martes la Corte Suprema de Justicia definirá si es o no constitucional que las jubilaciones paguen el impuesto a las Ganancias. La decisión abarcará un caso en particular —el de la jubilada entrerriana María Isabel García—, pero más adelante podría tener un impacto en el resto de los jubilados que tributan el impuesto e, incluso, en aquellos que cobraron sentencias favorables por actualizaciones en los últimos años.

El caso que analiza la Corte se inició en 2015, cuando García presentó una demanda contra la AFIP, y luego tuvo dos fallos favorables: el juzgado de primera instancia y la Cámara Federal de Paraná definieron la inconstitucionalidad de la aplicación del impuesto a las Ganancias para los haberes previsionales. La Justicia entrerriana consideró que la jubilación no es una ganancia.

¿Cómo impactaría un fallo a favor de la Corte Suprema en este caso y en el resto de las jubilados que pagan Ganancias? «En primer lugar, a la señora García le dejarán de descontar Ganancias y le devolverán el monto correspondiente a los cinco que tributó el impuesto. Ese es el único efecto directo del fallo. No va a tener efectos favorables para el resto de la gente en forma inmediata», advirtió Adrián Tróccoli, abogado especialista en temas previsionales.

Sin embargo, a partir de un fallo positivo, los jubilados que ya tienen juicios en marcha por el reajuste de haberes podrán solicitar que no se les descuente Ganancias sobre el pago del retroactivo. «Hoy la Justicia dice que está mal que se descuente Ganancias de los retroactivos pero la Anses lo sigue haciendo porque hay distintos criterios. Este fallo podría lograr que en todos los juicios, sin apelación, se logre el no pago de Ganancias sobre los retroactivos», explicó el especialista.

Con todo, un fallo favorable tendría efectos procesales ya que permitiría acortar los tiempos de ejecución de las sentencias a favor en el caso de las personas que ya iniciaron juicios. También impactaría en los que ya cobraron y les retuvieron Ganancias, porque les habilitaría una posibilidad de reclamo.

A pesar de esto, la decisión de la Corte solo influirá en un grupo de jubilados muy pequeño. Se estima que hay alrededor de 300.000 jubilados que durante el año pasado tributaron Ganancias, según el promedio mensual.

«Sólo el 3% de los jubilados está alcanzado por el impuesto a las Ganancias. No es un problema estructural, es más bien un eslogan. El problema es la medida del mínimo no imponible que hace que sea relativamente bajo el monto a partir del cual se empieza a tributar el impuesto. Esto también ocurre con los empleados en relación de dependencia donde el mínimo está atrasado respecto a los demás parámetros de la economía, como inflación o incluso salarios», detalló Iván Sasovsky, tributarista y fundador del estudio Sasovsky & Asociados.

El impuesto a las Ganancias alcanza a haberes mensuales que superen el equivalente a seis jubilaciones mínimas vigentes para cada mes. A partir de este mes, ese monto es de $62.462,22. En proporción, son más los jubilados de las cajas provinciales que pagan el impuesto porque, en general, esos haberes se calcularon sobre un porcentaje del sueldo más alto.

Históricamente, el porcentaje pagado de Ganancias sobre el salario o la jubilación era muy poco significativo. En 2001, el haber máximo pagaba el 3,8% de su ingreso. En 2018, ese mismo haber pagó 18%, según los cálculos de Tróccoli.

 Sólo el 3% de los jubilados está alcanzado por el impuesto a las Ganancias. No es un problema estructural, es más bien un eslogan. El problema es la medida del mínimo no imponible que hace que sea relativamente bajo el monto a partir del cual se empieza a tributar el impuesto (Sasovsky)

La respuesta de los tributaristas sobre la cuestión de fondo, si es constitucional o no, no es unánime. «Es un error cuando se dice que las jubilaciones ya tributaron con sus salarios. Lo que se cobra por impuesto a las Ganancias de los jubilados se calcula sobre la base de la jubilación; en cambio los empleados en relación de dependencia tributan sobre el ingreso deducidos los aportes al sistema jubilatorio. Desde el punto de vista de la lógica, está cobrando en función de sus aportes realizados en su momento activo», opinó Sasovsky.

Más allá de si el fallo es positivo o negativo, no se descarta que la Corte opte por una decisión «gris» que pueda favorecer a algunos jubilados pero que no sea demasiado categórico con el resto.

La universalización de la decisión de la Corte sobre un caso particular al resto de los jubilados no siempre tiene antecedentes positivos. Hace 11 años, en el caso Badaro se declaró inconstitucional la forma en que se actualizaron los haberes entre 2002 y 2006, pero aún no se logró que sus efectos abarquen a todos los jubilados sin necesidad de iniciar juicios individuales.

Infobae