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Jubilaciones

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Las cifras involucran trámites que están en marcha, pero la norma podría alcanzar potencialmente a la mitad de los trabajadores que están en actividad, que no podrían acceder al régimen de jubilación especial.

El secretario del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, cuestionó la resolución N°164/19 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, que impacta sobre el decreto del régimen de jubilaciones especiales para el sector petrolero. En diálogo con Actualidad 2.0, confirmó que afecta a 1400 petroleros en el país y a “350” de Chubut, contando sólo los expedientes que estaban pendientes. Remarcó que se encuentran “en alerta y movilzación” y no descartó un paro si no obtienen respuestas. Los gremios petroleros pidieron una reunión con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El gremialista confirmó que “no vamos a cerrar nada” en materia paritaria hasta “no tener en claro cuál es el objetivo de este atropello al convenio petrolero”.

Ávila afirmó que el miércoles se juntarán con el ministro Dante Sica todos los secretarios generales de los gremios petroleros. La norma modifica el decreto 2136/74, que posibilita a trabajadores de petroleros, en tareas de campo, la jubilación con 25 años de servicio y 50 de edad. En particular, la normativa dispuesta por la ministra Carolina Stanley pone límites al beneficio para aquellos operarios involucrados en tareas de apoyo y complementarias, según establece esa normativa.

“Ataca directamente el convenio de todos los sindicatos petroleros de la región –añadió Ávila-. El Ministerio de Salud y Desarrollo Social hizo un relevamiento de acuerdo a lo que consideran que ha cambiado en los yacimientos, pero –ejemplificó- no es lo mismo un chofer de carga líquida de yacimiento petrolero, que está las 24 horas a la intemperie; no es lo mismo estar en una estación de servicio que ir a un equipo a dejar agua, petróleo. Se tomó una actividad ignorando la actividad petrolera”, cuestionó.

“Los que hicieron la resolución miran una actividad nucleada el 100 % a una ciudad”, dijo el secretario general de Petroleros Privados Chubut y mencionó a “los trabajadores que hacen locaciones, que desmontan grandes montañas de cerros para hacer caminos, después de trabajar 25 años arriba de una máquina de esas características. No sé de dónde hicieron los cálculos para decir que no les corresponde”, criticó.

A todas las actividades conexas vinculadas con la actividad petrolera en sí misma se las dejó afuera con el argumento de que “el trabajo ya no es tan duro como antes”, afirmó. “No sé quién les dijo que en cada locación hay un campamento; no es así. Los caños están tirados en el campo; hay que levantarlos con agua, viento –enumeró Ávila-. Están al aire libre. Hicieron una versión de acuerdo a los relatos que ellos mismos se creen y la quieren imponer como resolución ministerial”.

Contó que se comunicó con “todos los secretarios generales del país y plantearemos una reunión urgente con Sica; lo pedimos para la semana que viene y si no iremos a un conflicto porque no podemos permitir que 1400 trabajadores de toda la actividad de todo el país no se puedan jubilar”, de los cuales “350 son de Chubut”.

“Dejaron todo a la deriva y tiraron todo para atrás. Es un atropello hacia nuestros derechos, al convenio y no lo vamos a permitir”, advirtió. Precisó, además, que “hoy se dio la orden de suspender paritarias. Vamos a resolver el problema; el tema paritario también nos preocupa y lo empezaremos a tratar el lunes, pero el problema de esta resolución nos hace estar en alerta y movilización y preparados para un conflicto”.

“Se habla de nuevas tecnologías que permiten que el trabajador trabaje menos pero no le cambia la condición de trabajo. Sigue al aire libre, a la intemperie y estando gran cantidad de horas fuera de su casa. Lo único que cambió es que algunos sectores por ahí tienen un montacargas”, resumió.

El decreto permitía que los petroleros pudieran jubilarse con 25 años de servicio y 50 de edad, lo que se está vedando con este cambio en la resolución que, según Ávila, “se tomó bajada de la ignorancia en base a otros convenios, no el petrolero”.

Afirmó que esos 1400 trabajadores quedan en un “limbo”, “sin trabajo ni la posibilidad de jubilarse. Hoy están excluidos; no se pueden jubilar, no pueden volver porque tienen más de 55 años. No podemos permitir eso. Y si hubiese sido que hubieran dicho a partir de ahora, entonces ¿por qué no los jubilaron antes?”, se preguntó.

“Son las consecuencias de poner gente técnica que no se preocupa de ir a ver un yacimiento para ver de qué carajo están hablando”, disparó con enojo Ávila. “No es el mismo chofer el que va a buscar agua a la ciudad que estar trabajando en yacimientos petroleros”, ejemplificó el secretario de Petroleros Privados, quien agregó que, según el decreto, las nuevas tecnologías “permitieron que los trabajadores tuvieran menos agotamiento”.

ADN Sur

Los haberes jubilatorios, las asignaciones familiares y demás prestaciones de la seguridad social, aumentarán un 7,78% a partir del mes que viene, de acuerdo con lo dispuesto hoy por el Gobierno.

La medida se formalizó a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En consecuencia, todas las prestaciones habrán acumulado un incremento del 28,8% a lo largo de todo este año, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual prevista. Sin embargo, al calcularlo con la comparación interanual, la pérdida es menor.

En 2017 habían acumulado una mejora del 28%, contra un aumento de precios promedio del 24,8%. Así, con el último ajuste de 2018, el haber jubilatorio mínimo pasará a $ 9.300.

“Determínase que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a diciembre de 2018, es de 7,78 %, conforme la fórmula obrante en la Ley N° 27.426”, según el texto oficial.

Con la nueva resolución, también se aprobaron los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de diciembre próximo, según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 26.417.

A partir del 1° de marzo de 2018, la movilidad se determina en un 70% por las variaciones del índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC, y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La movilidad comprende a 7 millones de jubilados y pensionados, más de 1,5 millón de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), 4 millón de Asignación Universal por Hijo (AUH) y más de 5 millones de asignaciones familiares.

Fuente: Ambito

Los haberes jubilatorios, las asignaciones familiares y demás prestaciones de la seguridad social, aumentarán un 7,78% a partir del mes que viene, de acuerdo con lo dispuesto hoy por el Gobierno.

La medida se formalizó a través de una resolución del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

En consecuencia, todas las prestaciones habrán acumulado un incremento del 28,8% a lo largo de todo este año, casi 20 puntos por debajo de la inflación anual prevista. Sin embargo, al calcularlo con la comparación interanual, la pérdida es menor.

En 2017 habían acumulado una mejora del 28%, contra un aumento de precios promedio del 24,8%. Así, con el último ajuste de 2018, el haber jubilatorio mínimo pasará a $ 9.300.

“Determínase que el valor de la movilidad prevista en el artículo 32 de la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias, correspondiente a diciembre de 2018, es de 7,78 %, conforme la fórmula obrante en la Ley N° 27.426”, según el texto oficial.

Con la nueva resolución, también se aprobaron los índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los trabajadores en relación de dependencia que cesen desde el 30 de noviembre de 2018 o soliciten su beneficio desde el 1° de diciembre próximo, según lo establecido en el artículo 2° de la Ley N° 26.417.

A partir del 1° de marzo de 2018, la movilidad se determina en un 70% por las variaciones del índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el INDEC, y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

La movilidad comprende a 7 millones de jubilados y pensionados, más de 1,5 millón de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM), 4 millón de Asignación Universal por Hijo (AUH) y más de 5 millones de asignaciones familiares.

Fuente: Ambito

En un encuentro de fuerte impacto político, el presidente Mauricio Macri almorzará con jueces de la Corte Suprema previo a que el máximo tribunal resuelva sobre dos cuestiones de alta sensibilidad, la fórmula de ajuste de las jubilaciones y el pago del impuesto a las Ganancias de la casi totalidad de los integrantes del Poder Judicial, que están exentos del tributo.

En medio de la crisis económica y del compromiso del FMI de lograr el objetivo de déficit fiscal cero para el 2 019 el Gobierno está a la espera de de que la Corte determine qué índice se debe aplicar en los casos de jubilados que hicieron juicio de actualización de haberes. El máximo tribunal podría determinar una fórmula más elevada que la dispuesto por la Anses, lo que generaría un fuerte impacto en las arcas públicas.

La Corte se dispone a dictar sentencia antes de fin de año y hasta el momento es probable que tres de los cinco jueces apoyen el reclamo de los jubilados en contra de los deseos del Gobierno, de acuerdo a la agencia NA.

Hasta ahora se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic), pero la Anses desde hace un año le transfirió la cuestión a la Corte al pedir que se aplique otro índice, el de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). En la inmensa mayoría de los casos en juicio eso implicaría que los haberes se actualicen a la baja.

La Corte debe definir además sobre la medida provisoria dictada en noviembre de 2017 por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, luego confirmada por Cámara, que dispuso que solo estén alcanzados por Ganancias quienes hayan ingresado a la Justicia a partir del 1° de enero 2017, siempre y cuando provengan por fuera de ese poder. Esta medida limitó el alcance de la ley sancionada por el Congreso, que determinaba que todos los funcionarios judiciales debían pagar el tributo.

De acuerdo a un informe del Ministerio de Economía este año el Estado se pierde de recaudar $ 7 337 millones por la exención, suma que se eleva a $ 9 854 millones para el año que viene.

Otro de los temas delicados que sobrevolará el almuerzo será el del pedido de $ 1 605 millones a la Jefatura de Gabinete para pagar el aumento de 40% que la semana pasada lograron los empleados judiciales, que todavía no tuvo una respuesta del Gobierno.

 

 

 

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