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La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó este viernes que en septiembre se aplicará un aumento de 7,5% para las jubilaciones y pensiones, el cual será otorgado por decreto, tal como sucedió en marzo y y junio. En base a esta decisión, el incremento acumulado en lo que va del año será del 28,9% para las jubilaciones y pensiones más bajas, según informa INFOBAE.

“Esto significa que en el primer semestre de 2020 el haber mínimo aumento, en términos reales, un 5,5%, recuperando así parte de la pérdida producida entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019 de un 19,5%”, destacó el organismo que conduce Fernanda Raverta.

Señaló que con este incremento, alrededor del 85% de los jubilados y pensionados tendrán aumentos en sus haberes por encima de la inflación.

Asimismo, añadió que también se ven alcanzadas por esta suba las Pensiones No Contributivas (PNC), la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares.

Cabe recordar que tras suspenderse en diciembre pasado la aplicación de la fórmula de movilidad aprobada a fines de 2017, el incremento para todos los jubilados para el segundo trimestre del año estuvo compuesto por una suma fija de $1.500 más un 2,3% tal como quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 163/2020 publicado en el Boletín Oficial.

Mientras que para el tercer trimestre el Gobierno decretó un aumento del 6,12% para todos los jubilados y pensionados. Así quedó plasmado a través del Decreto 495/2020 también publicado en el Boletín Oficial.

En ese contexto, la Anses destacó otras medidas aplicadas por el Gobierno para proteger los ingresos de las personas mayores como sucedió en diciembre de 2019 y enero de este año cuando se otorgaron dos bonos extraordinarios de hasta $5.000 para jubilados y pensionados, medida que alcanzó al 65% de los beneficiarios de más bajos ingresos cubriendo a 4,5 millones de personas.

A su vez, el organismo remarcó que para morigerar el impacto de la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia del COVID-19, en abril de este año se asignó un bono de hasta $3.000 pesos, medida con la cual se benefició al 63% de los jubilados y pensionados de más bajos ingresos alcanzando a más de 4,3 millones de personas.

En tanto, sostuvo que desde diciembre de 2019 se impulsaron otras medidas con impacto indirecto sobre el poder adquisitivo de los jubilados, entre ellas el Vademécum de más de 170 medicamentos gratuitos para afiliados del PAMI, “siendo que los jubilados y pensionados de los haberes más bajos destinaban el 30 por ciento de sus ingresos a la compra de remedios”.

En otro orden, la Anses afirmó que también se decidió el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y la suspensión del pago de las cuotas de los créditos.

En los próximos días el Gobierno nacional tendrá que publicar el decreto por el cual fijará la actualización de las jubilaciones para el trimestre septiembre a noviembre. Por otra parte, se aguarda que llegue una nueva fórmula de ajuste que sustituya a la que se había establecido durante el gobierno de Mauricio Macri en 2017 y que fue suspendida en diciembre del año pasado durante la gestión del actual presidente Alberto Fernández.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó este lunes que el Gobierno dará un aumento en septiembre próximo a las jubilaciones a través de un decreto, y agregó que los incrementos a este sector “fueron siempre por encima de la inflación”.

“Cuánto va a ser el aumento todavía se está definiendo. Va a ser por decreto porque todavía no hemos llegado a determinar una fórmula con la comisión en la Cámara de Diputados”, señaló Cafiero en declaraciones a Radio La Red.

Así se refirió a la discusión que se desarrolla en el Parlamento en el seno de la comisión mixta entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo encargada de elaborar una nueva fórmula de movilidad previsional.

El funcionario sostuvo que “hasta acá, los aumentos siempre fueron por encima de la inflación” y detalló que “la del primer semestre fue un poco menos de 14% y el aumento de la mínima fue de 19%”.

Cafiero recordó que “los jubilados de la mínima llegan al 80% de los jubilados en la Argentina”.

“Los jubilados pueden estar seguros que este Gobierno no es un gobierno que no los esté mirando ni los esté escuchando”, concluyó.

El último aumento de las jubilaciones fue en junio, también a través de un decreto, que incrementó el haber mínimo en un 6,12% y lo llevó a $ 18.864 mensuales.

La Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional fue creada por los artículos 55 y 56 de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva y tiene como propósito elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, acorde a los tiempos actuales.

Está presidida por el diputado Marcelo Casaretto (Frente de Todos) e integrada por legisladores de ambas cámaras y funcionarios de los ministerios de Trabajo y de Economía y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

El Presidente del Instituto de Seguridad Social y Seguros, Miguel Arnaudo, brindó detalles de la reglamentación del sistema que permite la jubilación y el retiro de agentes públicos provinciales, al respecto indicó  “por un lado tenemos la reglamentación del artículo 107 de nuestra ley previsional, es la primera vez en la historia que se reglamenta que establece la jubilación de oficio, es decir que el estado tiene el derecho de jubilar a las personas que ya están en condiciones de jubilarse, en este caso lo que se hizo es mediante un decreto se reglamentó cual es procedimiento para que los distintos sectoriales de personal de la provincia procedan a jubilar de oficio a aquellas personas en condiciones de jubilarse, sea por nuestro sistema o por el sistema nacional».

«Por otro lado lo que se hizo es reglamentar la ley de retiro voluntario, en este caso no es una jubilación anticipada, es abstención del débito laboral, es decir que la persona se queda en su casa y cobra un porcentaje de su remuneración neta, es decir que aquel que tenga menos de tres años para jubilarse puede optar por este sistema y cobra el 70% de su remuneración neta y os aportes y contribuciones se hacen al 100% de manera de garantizar su remuneración al momento de jubilarse, este sistema es voluntario, el otro caso es el retiro voluntario que no hay límite de años, se acoge a este beneficio y se le paga una indemnización similar al del sistema privado”.

Respecto al ahorro que prevee el estado con este sistema de retiro, precisó: “El ahorro fiscal es el porcentaje de la remuneración neta que deja de erogar, mas algún otro ahorro operativo, está prohibido por diez años el ingreso a la administración pública provincial, sino estamos por un lado jubilando personal y por el otro ingresando, hay ciertas actividades como docentes, policía y salud quedan exceptuados porque son esenciales”.

Arnaudo también dio detalles de los casos de los docentes que están por jubilarse pero que esperan hace más de un año poder concretar el trámite «Hay docentes que están esperando jubilarse y no pueden hacerlo porque durante muchos años el Ministerio de Educación no ha cumplimentado las presentaciones de las declaraciones juradas en nuestro sistema informativo donde deben cargarse todas las novedades y liquidaciones mensuales de manera que cuando una persona se tenga que jubilar se apriete una tecla y tenga toda la información».

«Hay un atraso enorme en este sentido, este año firmamos un convenio y pudieron empezar a cargar toda esta información y se están empezando a poner al día con la información y avanzar con los trámites administrativos para que estas personas se puedan jubilar entre 30 y 40 días”.

“Faltaba la certificación de servicios, las remuneraciones y los informes de docentes que trabajan en cada escuela y hay que recopilar toda esa información para poder iniciar el trámite de jubilación, no es responsabilidad del docente y se ven perjudicados, una vez obtenida esa información tenemos atrasos de dos años, esto produce ineficiencia en el sistema y urge resolverlo” mencionó.

Para finalizar, Arnaudo comentó “Con estas medidas de débito laboral el estado se ahorraría unos 1000 millones al año, es difícil estimarlo porque es voluntario, en cuanto a la jubilación de oficio vamos a encontrar que mucha gente tiene que hacerlo por el sistema nacional, esta modalidad ya está en vigencia y se pueden acercar a los sectoriales de personal y tienen 90 días, hay que solicitar información y pedir la planilla del decreto reglamentario, venimos exhibiendo un déficit anual creciente”.

Días atrás desde la administración de Mariano Arcioni, se insistió con la posibilidad de concretar las jubilaciones anticipadas para aquellos que cumplan con “los requisitos exigidos para obtener la jubilación ordinaria”.

Esto no fue recibido de la misma manera en todos los sectores y los docentes plantearon sus reparos. Puntualmente, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) emitió un comunicado en donde esgrimió que “es conocido por todos los trabajadores y por gran parte del pueblo de Chubut que para el personal de la educación los trámites jubilatorios encuentran un enorme escollo en la certificación de servicios con aportes que debe realizar el Ministerio de Educación y que tarda entre un año y medio y tres años en realizarla”.

“Por lo cual tenemos más de 600 docentes junto a más de 300 auxiliares que habiendo cumplido todos los requisitos jubilatorios establecidos por la ley, no tienen la certificación correspondiente para iniciar su trámite previsional”, agregó el texto firmado por la ATECh.

Además, acusaron que “ante el desconocimiento de los fundamentos, los alcances y la ausencia de comunicación del Gobierno Provincial sobre la razón de esta normativa y su aplicación real, han generado una preocupación e incertidumbre en muchísimos trabajadores de la educación junto a cientos de estatales”.

“Las dudas que todos tenemos se han generado en base al constante destrato e incumplimiento del Gobierno Provincial de sus deberes constitucionales y de las leyes ordinarias”, agregaron.

Por último, desde ATECh exigieron “la suspensión en la aplicación del Decreto Nº619/20 y una urgente convocatoria a todos los sindicatos de representación de los trabajadores estatales de los tres poderes, a fin de tener claridad en lo que pretende el Gobierno con esta norma”.

El Gobierno extendió hasta fin de año la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, que se implementó a partir de diciembre pasado. A través del DNU 542/2020 publicado en el Boletín Oficial determinó que seguirá otorgando por decreto las subas en las prestaciones hasta el próximo 31 de diciembre.

La resolución está firmada por el presidente Alberto Fernández y todos los ministros. Aclara que los aumentos en los haberes se dispondrán «atendiendo prioritariamente a los beneficiarios y las beneficiarias de menores ingresos».

A fin del año pasado se ordenó la creación de una comisión mixta para crear una nueva forma de ajuste de los haberes previsionales. Aunque el decreto publicado en el Boletín Oficial comunicó que la crisis que generó el coronavirus dificultó ese objetivo.

«Los principales indicadores y parámetros utilizados para determinar la movilidad de los haberes previsionales se han visto o se verán severamente afectados por la pandemia y las consecuencias de las medidas enumeradas precedentemente para proteger la salud de la población, preservar sus ingresos, empleos y fuentes de trabajo», estableció el decreto.

El texto indicó que «se torna sumamente difícil, ya no solo construir una fórmula de movilidad seria, razonable y perdurable, sino prever o predecir cómo se comportarán las variables económicas en los próximos meses, de modo tal de determinar, a priori, pautas serias para fundamentar técnica, económica y políticamente, los ajustes trimestrales».

El decreto consideró que «se estima razonable y necesario posponer la toma de decisiones respecto de la movilidad de las prestaciones del régimen previsional general, como así también brindar más tiempo a la comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Nacional para que analice y valore las pautas de actualización o movilidad de las prestaciones de los regímenes especiales».

El Gobierno aclaró que estas medidas son «temporarias y resultan necesarias, razonables y proporcionadas con relación a la situación que se atiende y los derechos que se preservan». La jubilación mínima llegó a $16.864 en junio. Aunque habría sido de $17.405 si se hubiera mantenido la ley de movilidad jubilatoria.

A principios de mayo el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para prorrogar hasta diciembre los aumentos por decreto en las jubilaciones que debía ser votado antes del 20 de junio, cuando vence la medida. Por imposibilidad de sancionarlo antes de esa fecha, lo extendió por decreto.

Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a los jubilados y pensionados con documentos terminados en 5 y cuyos haberes no superen la suma de $18.952.

La Anses pagará este martes a jubilados y pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, becas Progresar, Tarjeta Alimentar, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, relacionados con distintos números de documento y montos.

En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada, aunque los haberes permanecerán depositados en sus cuentas.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con documentos terminados en 5 y aquellas de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) con documentos finalizados en 3 cobrarán mañana su prestación junto al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), utilizando su tarjeta de débito.

Los titulares de la Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad con documentos terminados en 6 y 7 también cobrarán mañana su prestación.

En el marco del Plan Argentina contra el Hambre, la Anses acompaña al Ministerio de Desarrollo Social en el pago del programa Alimentar, por eso quienes cobren la Tarjeta Alimentar a través de la AUH, cuyos documentos terminen en 6, mañana recibirán el dinero.

Finalmente, la Anses junto con el Ministerio de Educación llevan adelante las becas Progresar, que garantizan el derecho de las y los jóvenes argentinos para que terminen sus estudios, marco en el cual mañana cobrarán los beneficiarios cuyos documentos terminen en 6 y 7.

Copa Airlines ofreció a sus empleados un programa voluntario de licencias no remuneradas, retiros y jubilaciones y pidió la suspensión de los contratos en Panamá para afrontar la crisis del COVID-19, que hará caer en “más del 70%” sus ingresos este 2020, lo que se traduce en US$2.000 millones y de la que le tomará años recuperarse.

“Estas medidas tienen como objetivo salvaguardar la sostenibilidad de la Compañía, protegiendo la mayor cantidad de empleos posible en el corto y mediano plazo, para mantener así el importante aporte de Copa a la economía panameña y los países que servimos”, indicó el presidente ejecutivo de la aerolínea panameña, Pedro Heilbron.

Copa Airlines, que antes de la crisis del COVID-19 operaba un promedio de 350 vuelos diarios conectando 80 ciudades de 33 países de América y el Caribe, tiene una nómina de alrededor de 9,500 empleados, de los que 7,480 pertenecen a la operación en Panamá, de acuerdo a datos publicados este jueves por la prensa local.

Estudios de la industria indican que las operaciones de Copa junto con el turismo representan el 14% del Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá, cuyo principal aeropuerto, Tocumen, es un importante centro de conexiones regional.

Las operaciones de Copa y de decenas de aerolíneas en el mundo están paralizadas por la suspensión de los vuelos ordenada por los Estados para frenar el avance de la pandemia del nuevo coronavirus, que sólo en América Latina y el Caribe costará este año al menos US$15,000 a la industria, dijo esta semana la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés).

El Gobierno de Panamá suspendió los vuelos internacionales desde el pasado 22 de marzo por un plazo de 30 días, una medida que podría ser prorrogada y que están aplicando otros países de la región.

Fuente: Listin Diario

Así lo confirmaron desde la Asociación Bancaria. El horario de apertura sería de 8 a 13 horas, pero aclararon que no habrá atención al público en general.

El Gobierno Nacional definió la reapertura de los bancos de todo el país, con la intención de facilitar el cobro de jubilaciones y de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que empiezan a pagarse este viernes 3 de abril.

La decisión de abrir las sucursales al público, cerradas desde el decreto de aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus, surge ante la aglomeración de beneficiarios de la Anses que podría producirse en cajeros automáticos, y debido a que buena parte de los que reciben pagos no cuentan con tarjetas de débito para hacer extracciones.

Jorge Uliarte, referente de la Asociación Bancaria de Comodoro Rivadavia, confirmó que a través del sindicato ya se informó que el día viernes se procederá la apertura de los bancos en la ciudad. “Calculamos que serán las cinco horas correspondiente de 8 a 13 horas». “Pero lo más preocupante es la concentración afuera para mantener la distancia entre personas”, dijo.

Asimismo, detalló que las entidades bancarias abrirán sus puertas este viernes 3 de abril, lunes 6 y martes 7 de abril. “Es sin apertura al público en general, solo son esos días para pagos de jubilaciones y AUH, salvo que el Banco Central disponga más días”, indicó.

Y destacó que la atención será exclusiva para pagos de jubilaciones, para tengan que hacer blanqueo de tarjeta o relacionado con su cuenta bancaria. “La gente de la tercera edad es la que más complicada está con la tarjeta, es porque retira su tarjeta pero no la han activado”, señaló a Radio Del Mar.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que anticiparon medidas «con el objetivo de preservar ingresos de los sectores más vulnerables”.

El titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Alejandro Vanoli, anunció el pago de un bono extraordinario de 3.000 pesos para los jubilados y pensionados con ingresos mínimos y otro para beneficiarios de AUH y AUE, así como la extensión por dos meses de la exención del pago de créditos otorgados por el organismo.

El anuncio fue realizado en Casa de Gobierno junto con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, en el marco de las medidas dispuestas por el gobierno nacional para ayudar a paliar los efectos económicos del coronavirus sobre los sectores de menores recursos.

Se trata de «un anuncio complementario al que hicimos cuando dispusimos aumentos para quienes reciben prestaciones en la seguridad social ante un fenómeno global como lo es la pandemia que genera efectos económicos en todo el mundo y que ha llevado a una desaceleración de la actividad económica global que tiene impacto en la Argentina», dijo Vanoli.

Añadió que este conjunto de medidas de carácter social fue pensado «con el objeto de recomponer aún más los ingresos de los sectores más postergados, avanzar en medidas de equidad distributiva que permitan paliar los efectos recesivos globales que sobre la Argentina ha tenido esta pandemia».

Las medidas

La primera de las medidas es un «bono extraordinario de 3.000 pesos para las jubilaciones mínimas y, hasta $18.892, un monto que corresponda para llevar el piso de las jubilaciones hasta ese piso, por única vez, por beneficiario, en abril, e incluye al 63% de los jubilados y pensionados», indicó.

Según Vanoli, de esta forma «con el aumento de marzo del 13%, con una inflación en el bimestre de 4%, implica prácticamente recuperar un tercio de lo que perdieron las jubilaciones y pensiones mínimas durante 2018 y 2019».

La segunda medida, afirmó, es «otro bono extraordinario a quienes perciben la asignación universal por hijo -AUH- y la asignación universal por embarazo, también por única vez, que se va a liquidar en la ultima semana de marzo, y permitirá duplicar la asignación para 4,3 millones de personas».

Y la tercera medida, agregó, significa «un alivio para el conjunto de quienes reciben jubilaciones, pensiones y asignaciones y complementa la medida que benefició a 8,9 millones que solicitaron créditos y no tuvieron que pagarlos en enero febrero y marzo».

«En abril y mayo también van a estar eximidos de los pagos; para los jubilados de la mínima esto implica un beneficio adicional promedio de $1.800; y, para los que están por arriba, $3.000», amplió.

Se trata de «medidas que implican un esfuerzo importante del Estado nacional con el convencimiento de que es necesario tomarlas para ayudar a quienes más lo están necesitando», señaló Vanoli, al tiempo que aclaró que se trata de una «situación dinámica, e iremos evaluando medidas adicionales».

Asistencia alimentaria

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que se implementará un «refuerzo adicional alimentario para comedores escolares, comunitarios y merenderos» e informó que «se llevará el sistema de asistencia alimentaria al modelo de viandas para evitar el traslado y movimiento de personas» en medio de la pandemia de coronavirus.

“Vamos a reforzar el sistema de alimentación y la entrega de la tarjeta Alimetar para que llegué a través del correo a todos los hogares”, indicó Arroyó durante la presentación de estas medidas.

Adelantó además que habrá un «refuerzo adicional de 3.000 pesos este mes» a quienes perciben planes sociales, que alcanzará a unas 556.000 personas en el marco de Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.

“Lanzamos estas iniciativas con el objetivo de preservar ingresos de los sectores más vulnerables”, remarcó el titular de la cartera de Desarrollo Social, informó Télam.

El haber promedio de los beneficios comprendidos en el régimen general asciende en diciembre de 2019 a $20.480 mientras que en el Poder Judicial alcanza $272.099 y en el Servicio Exterior $352.798, según un estudio de la oficina de presupuesto del Congreso.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó a fines de febrero el proyecto de ley que prevé la reforma de las llamadas “jubilaciones de privilegio” de jueces y diplomáticos, y la discusión sobre imponer un límite al régimen de jubilaciones de jueces, fiscales y diplomáticos pasará al Senado el próximo jueves.

El texto del Gobierno establece una nueva fórmula para calcular el haber inicial del sector, que hoy es del 82% del último sueldo y que en el futuro se hará en base al promedio de las últimas 120 remuneraciones al valor actualizado. Además, aumenta en forma gradual a 65 años la edad para acceder, en el caso de los hombres, al beneficio jubilatorio, pero mantiene en 60 años la opción para las mujeres.

En ese contexto, un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso arrojó que las jubilaciones de privilegio son hasta 18 veces más altas que el haber promedio del régimen general, agrega INFOBAE.

“El haber promedio de los beneficios comprendidos en el régimen general asciende en diciembre de 2019 a $20.480 mientras que en el Poder Judicial alcanza $272.099 y en el Servicio Exterior $352.798”, señala.

En ese sentido, destaca que para que el sistema previsional judicial sea equilibrado, la relación entre el haber jubilatorio promedio y la remuneración imponible promedio que hoy asciende a 100,1% debería reducirse a 66,5%. Otra opción, indica el estudio, sería que la alícuota de aportes y contribuciones, que hoy asciende a 26,4%, se elevase a 39,7%, lo que implicaría un monto de aportes y contribuciones 50,4% superior al que los funcionarios judiciales realizan actualmente.

Por su parte, en el régimen previsional de los funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, las condiciones necesarias para el equilibrio podrían ser que se reduzca de 87,1% a 42% la relación entre el haber jubilatorio y la remuneración de los trabajadores activos. O que se aumentara de 27% a 56,1% las alícuotas de aportes personales y contribuciones patronales, esto es, una baja a menos de la mitad del beneficio o un aumento superior al 100% de los aportes y contribuciones.

Asimismo, detalla que en el régimen previsional para el personal judicial el haber de la jubilación ordinaria es equivalente al 82% de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al último cargo ocupado al momento de la finalizar el servicio. Y agrega que en el sistema previsional del personal del Servicio Exterior, el haber de la jubilación ordinaria equivale al 85% de la remuneración total asignada a la categoría de mayor jerarquía desempeñada durante un período mínimo de cuatro años continuos o discontinuos.

Por tanto, advierte que “de no aprobarse el proyecto de ley con media sanción, se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2,347 millones para el del Servicio Exterior”.

En cambio, con la normativa vigente se estima para 2020 un déficit de $10.886 millones para el régimen jubilatorio del Poder Judicial y de $2.347 millones para el del Servicio Exterior.

Por último, sostiene que el ahorro fiscal derivado de las modificaciones propuestas por el lado de los ingresos (incremento de las alícuotas de los aportes personales), se estima en $3.896 millones para el Poder Judicial y $424 millones para el Servicio Exterior.