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Juan Ignacio Salaberry

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El jueves 23 se realizaría la audiencia en la que el juez Sergio Piñeda resolverá sobre el pedido de la suspensión del juicio a prueba para los empresarios Patricio Musante, Esteban Torraca y Juan Ignacio Salaberry. La declaración de Diego Luters por las causas «Embrujo» y Revelación» no tiene fecha, pero podría concretarse el viernes.

Después de las controversias suscitadas por el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, los abogados defensores y algunas de las querellas en torno a la suspensión del juicio a prueba para tres empresarios, esta semana quedará subsanado este conflicto que despertó malestar en la sociedad y en la clase política.

La fecha aún no está establecida debido a la agenda cargada que tiene Piñeda, aunque desde la Oficina Judicial de Rawson confirmaron a EL CHUBUT que la idea es que la audiencia «se realice el jueves».

En ese encuentro, las partes deberán ponerse de acuerdo sobre la reparación ofrecida por los empresarios. Musante ofertó la construcción de un Salón de Usos Múltiples en Gaiman de 35 metros cuadrados, más reparaciones en el exterior del lugar. Torraca propuso refaccionar la Comisaría de Mosconi en Comodoro Rivadavia, en tanto que Salaberry construirá un paredón, mejorará el sistema de agua y pintará el interior y exterior de la seccional cuarta de Trelew. Por su parte, Piñeda tendrá la compleja tarea de definir si acepta la probation para los tres empresarios.

Expectativa por Luters

El secretario de Diego Correa declarará por las causas «Embrujo» y Revelación», en donde está imputado por asociación ilícita. El abogado defensor, Lisandro Benítez, aseguró a EL CHUBUT que Diego Luters «centrará su testimonio en el rol que cumplía como secretario de Correa».

«Analizamos toda la documentación de las dos causas que era muy voluminosa y entiendo que Luters ya está preparado y en condiciones de declarar», reconoció Benítez.

Hay fuertes expectativas por la declaración de Luters. Será extensa y podría derivar en nuevas hipótesis para los fiscales.

 

 

El Chubut

El empresario de Arteco aportó su testimonio el jueves ante el fiscal Marcos Nápoli. Reconoció el pago de coimas y complicó más a Diego Correa en la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública destinados a conformar una caja negra de la política.

Juan Ignacio Salaberry declaró un día antes de la audiencia en la que solicitó la “probation” para evitar el juicio oral y público por la causa “Revelación”. Fortaleció la hipótesis de los fiscales vinculada al rol de Correa como jefe o líder de la asociación ilícita, y reconoció el pago de coimas para destrabar el cobro de certificados de obra.

Nápoli afirmó a Diario El Chubut que el testimonio de Salaberry “ratifica nuestra hipótesis en torno al desempeño de Correa”, y deslizó que el empresario de Arteco “reconoció que le pagó a Correa”.

Los fiscales de la Unidad Especial buscan robustecer la hipótesis de que Víctor Cisterna primero, y luego Correa, serían los líderes de la presunta asociación ilícita que se encargaban de recaudar fondos con el cobro de coimas provenientes de la obra pública.

Cabe recordar, que bajo esta figura también están el ex ministro de Economía, Pablo Oca, y el ex secretario privado de la gobernación, Gonzalo Carpintero. En el caso de Oca, los fiscales lo incluyeron en la figura de asociación ilícita por considerarlo “el encargado de librar los pagos”.

Ola de imputaciones

Los fiscales Nápoli y Héctor Iturrioz trabajan en la masiva imputación que realizarán a casi la totalidad de los empresarios de la construcción. La idea es sumarlos al proceso de investigación, porque también formarían parte del entramado de los retornos.

Desde el Ministerio Público Fiscal consideran que con la futura imputación de casi 50 empresarios de la construcción, terminarán de consolidar la tesitura de la asociación ilícita sobre los cuatro principales imputados.

Entienden que los dueños de estas empresas prestarán su testimonio y reconocerán que si no liberaban el pago de la coima, no cobraban los certificados de obra que les adeudaba el gobierno provincial.

Algunos de estos empresarios ya comenzaron a declarar informalmente frente a los fiscales, y hasta en algunos casos entregaron un escrito respondiendo un formulario que se filtró a la prensa.