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Jorge Miquelarena

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Luego de la repercusión de lo investigado hasta el momento en la causa “ñoquis calientes”, el procurador general Jorge Miquelarena sumó a esta experiencia lo ocurrido en las causas “Embrujo” y “Revelación”. Así se refirió a los organismos de control existentes en el Estado y a las fallas de los “estamentos intermedios”. También a las advertencias que en el año 2018 le realizó al gobernador Mariano Arcioni. 

¿Lo investigado en el marco de esta causa, que se ha denominado “ñoquis calientes”, ¿lo consideran un hecho aislado o lo ven como una práctica que podría repetirse o tener ecos en otras áreas de la administración pública?

Cuando uno escucha algunas declaraciones, parece que es una práctica bastante habitual, muchas veces tan habitual como difícil de probar, porque cuando esas devoluciones de dinero se producen en forma efectiva y manual a veces es muy difícil probar. En este caso, muchas de esas cuestiones están bancarizadas, por lo cual las posibilidades de pruebas son bastante más sólidas.

Por lo demás, uno escucha con bastante frecuencia que, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, hay muchísimos “ñoquis”. Lo cierto es que, para eso, hay determinados organismos que tienen que hacer auditorias, que tienen que denunciar estas cuestiones: y no es el Ministerio Público fiscal el que está ni facultado, ni con capacidades técnicas ni con recursos humanos suficientes como para ponerse a auditar los distintos ministerios “por las dudas” que existan “ñoquis”. Nosotros actuamos sobre denuncias concretas o sobre noticias concretas de determinado hecho delictivo. No somos una entidad auditora de nadie: para eso hay otros organismos del Estado, que tendrían que tomar cartas en el asunto. Efectivamente, de demostrarse o de comprobarse que hay contrataciones absolutamente irregulares, se hacen las denuncias y ahí sí, no le quepa ninguna duda que nosotros vamos a intervenir.

¿Desde su experiencia desde 2008 como procurador general, ve que es necesario, quizá, aplicar nuevos mecanismos de control, y que los que están no están funcionando como deberían?

Es una buena pregunta. En el año 2018, a partir de las causas que se conocieron como Embrujo y Revelación, yo le envié un oficio al gobernador Arcioni, con copia al que por entonces era contador general de la provincia, haciéndole saber, con preocupación, muchas de las falencias que nosotros veíamos a partir de esta investigación en los organismos de contralor. No en los organismos de contralor de rango o de jerarquía constitucional, como puede ser la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Oficina Anticorrupción: veíamos con preocupación muchas falencias de los estamentos intermedios, y me refiero a las direcciones de administración, a las jefaturas de compra.

¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, y me ha pasado a mí, inclusive siendo fiscal de estado, allá por el 2004 al 2008, ver muchas licitaciones que llegan a la Fiscalía de Estado y en que, de algún modo, se puede llegar a sospechar que la cosa viene “armada”, como se puede decir en la jerga. Pero lo cierto es que la Fiscalía de Estado tiene que dictaminar por la legalidad o la ilegalidad de lo que está viendo, en este caso, por ejemplo, una licitación pública: y, si uno se pone a analizar, se encuentra con que todos los pasos se cumplieron, con que los presupuestos están, con que el llamado está, con que la apertura se hizo. Desde lo formal, no hay reproche para hacer. Pero de algún modo se olfatea que la cosa puede venir armada de antemano.

¿Qué advertimos nosotros, ahora, con todas estas cuestiones? Que están fallando, y mucho, los organismos intermedios. Las direcciones de compra, las direcciones de administración, que es donde se empieza a gestar la contratación, ya sea de insumos de bienes o de personal que involucran dineros públicos. Ahí empieza a fracasar. Por eso es que, como decía, en el año 2018 le envié un oficio al gobernador con copia al contador general de la provincia, advirtiéndole y recordando de algún modo cuáles son las misiones y funciones de estas personas que tienen que velar por el buen gasto y la buena compra dentro de la administración pública. Me consta, porque una de las personas que intervino en esa reunión me lo hizo saber, que quien estaba de ministro coordinador, el doctor Mammarelli, convocó a todos los directores de compra y de administración de las distintas áreas de la provincia, les leyó el oficio, les recordó cuáles son las misiones y las funciones que debían tener y les advirtió, también, que en caso de no hacerlo podrían llegar a tener consecuencias de responsabilidades administrativas, civiles o penales.

Evidentemente, mucho caso no hicieron, ni a él ni a mí, porque a las pruebas me remito y hay algunas contrataciones que uno advierte, al menos en esta causa, que son la verdad, sorprendentes.

El procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena, se refirió a la investigación por posible fraude al Estado de parte de la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola. “Pasaron tres años y nos volvemos a encontrar con prácticas que honestamente creímos descartadas. Lamentablemente la cosa sigue igual”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “pensamos en nuestra ingenuidad que después de Embrujo y Revelación muchas prácticas iban a cambiar por la repercusión que tuvieron estas causas en la Provincia”.

“Sin embargo pasaron tres años y nos volvemos a encontrar con prácticas que honestamente creímos descartadas. Lamentablemente la cosa sigue igual”, dijo en diálogo con Radio Chubut.

Asimismo, aclaró que “sorprendió y llamó la atención la presencia de Torres Otarola en el despacho del Ministerio de Familia. En otro momento podría haber sido detenida, por estar entorpeciendo la investigación, pero hasta ahora la ex ministra no ha demostrado esa actitud”.

“Los jefes de compra de cada departamento juegan roles muy importantes y muchas veces no se pone el ojo en ese sector. Me parece que por ahí se debe comenzar”, indicó.

Finalmente, Miquelarena concluyó que “Torres Otarola hasta ahora no se mostró reticente a la investigación”.

El Procurador General de la Provincia del Chubut, Jorge Miquelarena aprobó un protocolo de trabajo para casos de violencia contra la mujer en el contexto del COVID -19.

Tras el aumento de casos de violencia contra la mujer en el contexto de la pandemia global generada por el COVID – 19 y hechos que constituyen un delito penal y en ejercicio de la acción penal, el procurador Jorge Miquelarena resolvió aprobar el protocolo para casos de violencia contra la mujer.

Miquelarena mantuvo una reunión con integrantes del Ministerio Público Fiscal, que atienden en forma cotidiana esta problemática y con la Ministra de Desarrollo Social, Familia, Mujer y Juventud, resultando el presente protocolo de actuación que hace de guía de trabajo mientras se mantengan las circunstancias imperantes.

El martes llegará a la ciudad de Esquel el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Nación, Germán Garavano.

Además, el Procurador aseveró también que «se han suspendido varios juicios en el Consejo de la Magistratura».

En otras causas, «es muy dificil determinar los plazos» agregó Miquelarena, con respecto a la paralización en el Poder Judicial de Chubut.

Ante el enojo del ministro de Gobierno Federico Massoni y la Jefatura de Policía por la actuación del fiscal Osvaldo Heiber en el caso de los daños a Casa de Gobierno, el procurador general Jorge Miquelarena consideró que en esta etapa del proceso es “apresurado” pedir una medida al Consejo de la Magistratura.

Explicó que la audiencia a los 13 integrantes de las cooperativas de trabajo detenidos durante la refriega con la Policía, “no era un tema sencillo de abordar por la cantidad de detenidos y la cantidad de hechos que había para describir. El fiscal pidió una prisión preventiva por entender que podría haber peligro de entorpecimiento pero a criterio de la magistrada, no estaría suficientemente fundado y por eso no la otorgó”.

Ante el anuncio del ministro Massoni de pedir el juicio político al fiscal de Rawson, consideró que “sin perjuicio de que no puedo dar demasiadas opiniones porque eventualmente y a futuro puedo llegar a tener que intervenir oficialmente en el tema, quizá es un tanto apresurado algún tipo de pedido al Consejo, toda vez que el caso recién comienza, es una audiencia de control de detención y de apertura de investigación a 24 horas del hecho. Parece medio prematuro alguna medida a esta altura, hay que dejar que corra un poco la investigación para ver por qué carriles toma”.

Miquelarena reconoció que en otra oportunidad “envié al Consejo algún fallo judicial donde concretamente se hablaba de deficiencias de parte del fiscal y lo envié al organismo encargado de hacer los sumarios. Pero hay casos y casos, no tiene que ver lo que hay en el Consejo con esto”, aclaró.

Con el Código vigente en Chubut, “la mayor carga en el proceso penal está en la espalda de los fiscales, que son quienes deben recabar las evidencias, llevar el caso a juicio y defenderlo, y hacer toda la investigación”.

“Es evidente que la sociedad hoy tiene mucho más visualizada la tarea del fiscal que la de otros funcionarios. No sucedía lo mismo en el pasado cuando el fiscal muchas veces era fedatario y la sociedad no sabía quién eran. Hoy en día todo el mundo sabe quiénes son en cada lugar. Esto hizo que el control ciudadano, y en buena hora que es así, tenga muy bajo la lupa la actuación de los fiscales”.

Hace varias semanas se difunde la convocatoria de la Procuración de postulantes a cubrir el cargo de fiscales en distintas ciudades, pero sin los resultados esperados.

Miquelarena considera que la exposición y protagonismo de la tarea del fiscal pueden ser parte de los reparos de los profesionales al momento de querer presentarse.

“Es una de las razones por las cuales a la hora de llamar a concurso no tenemos mucha convocatoria. Son pocos los profesionales que se presentan para cubrir el cargo”.

Aclaró que “la Constitución dice que el Ministerio Público Fiscal dirige a la Policía Judicial. Quien hace la investigación de calle es Policía y quien aporta las evidencias al fiscal que es quien dirige. Es fundamental el trabajo de la Policía de investigaciones porque si hace un buen trabajo, el fiscal va a tener un caso sólido y el juez podrá dictar una sentencia”.

 

 

Jornada

El procurador general de la Provincia, Jorge Miquelarena, y fiscales, fueron a la Legislatura para precisar los alcances de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que impulsa el Poder Judicial. Apunta a la readecuación de cargos y funciones, y Miquelarena aclaró que no tendrá incidencia presupuestaria.

Además, prevé que «los nuevos cargos de integrantes del Ministerio Público Fiscal creados serán cubiertos en la medida que sean previstos en cada presupuesto general».

Los cambios estructurales de la reforma están orientados con las necesidades operativas de las oficinas fiscales, con la perspectiva de poner en funcionamiento la sanción de las contravenciones y la adecuación de algunos cargos a un mayor rigor constitucional.

Las reformas consisten en adicionar dos fiscales a la conformación del Consejo de Fiscales; adecuar el requisito de la antigüedad que se exige al fiscal general; reafirmar la posibilidad de los coordinadores provinciales de los Organismos Auxiliares para el ejercicio de la Superintendencia; y otorgar la posibilidad de elección de los fiscales como representantes en el Consejo de la Magistratura, entre otras.

De la reunión participaron además de Miquelarena, los fiscales generales Omar Rodríguez, Silvia Pereira y Alejandro Franco; y los diputados Javier Touriñán, Blas Meza Evans del Frente para la Victoria; Adrián López de Chubut Somos Todos; Florencia Papaiani del Frente de Agrupaciones; y Manuel Pagliaroni de Cambiemos.

 

 

El Chubut

El procurador de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, reiteró la necesidad de cambiar las estrategias con las que se investiga el narcotráfico en la Argentina. Entrevistado en “Notas de Radio”, FM Sol Esquel, sostuvo que está de acuerdo con la idea de provincializar la investigación del narcomenudeo, siempre que se disponga de los recursos materiales y humanos necesarios para llevar a cabo esa tarea. “No se puede permitir sobrecargar aún más a las fiscalías provinciales, con lo sobrecargadas que están, con los mismos recursos”, afirmó.

El jueves por el ministro de gobierno de la provincia, Federico Massoni anunció que después del inicio de sesiones ordinarias, se enviará a la Legislatura los proyectos para la adhesión a la Ley Nacional de Desfederalización para habilitar a la justicia ordinaria a investigar el tráfico de estupefacientes a pequeña escala.

Consultado a este respecto Miquelarena recordó que desde el Consejo Federal de Procuradores, se avanzó en la desfederalización del narcomenudeo durante los últimos años. En cada declaración realizada por el Consejo, además de considerar los aspectos positivos para las investigaciones, se señaló que es indispensable que Nación aporte los recursos indispensables para asumir esa tarea. “Se pedía a las autoridades nacionales, al Ministerio de Justicia y al de Seguridad, reuniones urgentes con todos los poderes provinciales para analizar el tema de la desfederalización y para ponernos de acuerdo con el financiamiento que tiene que dar Nación porque la propia ley así lo dispone”, recordó el procurador.

El jefe de los fiscales resaltó que las investigaciones deben realizarse de manera conjunta entre los recursos provinciales y los federales. Ponderó además los beneficios del sistema procesal acusatorio, vigente en muchas provincias, que permite investigaciones más ágiles que las de la justicia federal. “El tema es con qué”, cuestionó.

Dónde se alojará a los detenidos por narcomenudeo

Varias provincias avanzaron sobre la provincialización de la investigación del narcomenudeo, pero ese cambio no se hizo acompañado de los recursos necesarios. En Salta por ejemplo se lograron muy buenos resultados aun sin recibir dinero de Nación. “Que lo haga la justicia federal o la provincial da lo mismo si es con las mismas herramientas”, acotó. “La clave es poner recursos materiales o humanos para que pueda funcionar”. En esta línea resaltó que sería necesario crear una Fiscalía especializada en cada jurisdicción, una policía especializada, una brigada de investigaciones, todas con recursos materiales y humanos propios.

También resaltó Miquelarena que será necesario prever el lugar para alojar 100 o 150 personas más por año. Recordemos que la provincia de Chubut tiene grandes dificultades en materia de alojamiento para detenidos, el que suele estar al límite.

Cómo repercutiría en el sistema judicial

El procurador indicó que el Ministerio Público provincial cuenta con más fiscales que la justicia federal, pero también debe investigar muchos más tipos penales. “No se puede permitir sobrecargar aún más a las fiscalías provinciales con lo sobrecargadas que están con los mismos recursos”, recalcó. Indicó además que no solamente es importante la opinión de las Fiscalías, sino también la de los jueces. Ya que la decisión tiene implicancias en el aumento de la cantidad de audiencias, el uso del espacio físico y las agendas judiciales, las decisiones que recaerán sobre los magistrados y la responsabilidad que estos tienen sobre las personas privadas de la libertad.

Cuánto es menudeo

“Hay que ponerse de acuerdo en las cantidades que se consideran narcomenudeo y a partir de cuanto narcotráfico”, observó. Miquelarena se refirió a la experiencia de la provincia de Buenos Aires, la primera en adherir a la provincialización de la investigación del narcomenudeo. Allí existieron diferencias de criterio entre la justicia provincial y la nacional sobre la competencia en casos concretos. “Si vamos a entrar en ese juego los únicos beneficiados son los delincuentes”, alertó.

Estrategia

Históricamente las investigaciones relativas al narcotráfico se iniciaron desde el eslabón más bajo de la cadena, pensando en que siguiendo esa pista se podría ascender para desmantelar las redes. “Evidentemente eso fue un fracaso rotundo”, sentenció. “Por qué no empezamos a pensar distinto, primero quien lo lava y de ahí en adelante”, propuso Miquelarena, añadiendo que es necesario cambiar la lógica de la investigación.

Finalmente indicó que es necesario hacer un gran acuerdo para el que se escuche a todos los sectores involucrados y trabajar en conjunto con la justicia federal. También recordó que al comienzo de su gestión, la ministro Patricia Bullrich era contraria a la desfederalización. Ella pensaba que no se puede tener éxito en la investigación si se la fracciona, ya que se trata de eslabones de la misma cadena. Con el tiempo fue mutando su postura.

Organización en fiscalías especializadas y nuevos delitos

Miquelarena se refirió a los buenos resultados que están dando las Fiscalías especializadas. Este año se creó la Unidad Especializada para la investigación de delitos cometidos contra la Administración Pública, para la que se echó mano a fiscales y contadores volcados full time a las investigaciones. “Más allá de que estas investigaciones terminen, la Oficina seguirá conformada”, adelantó.

En este sentido dijo que debe agradecer la comprensión de la Legislatura que aprobó la creación de cargos requerida.