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Jones Huala

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Fausto, hermano menor del Lonko Facundo Jones Huala, el líder mapuche condenado a 9 años de prisión en la República de Chile por el incendio de una vivienda, se entregó este jueves (14/03) en San Carlos de Bariloche.

Está procesado por la Justicia Federal por la usurpación de tierras en Villa Mascardi y por resistencia a la autoridad. Es uno de las dos personas que bajaron del cerro con Rafael Nahuel herido de muerte durante el procedimiento realizado por la fuerza de elite Albatros en noviembre de 2017. El otro es Lautaro González, quien continúa prófugo.

Este jueves (14/03) a las 15.30, acompañado por su abogado, Matías Scharer, Fausto Jones Huala se entregó en el juzgado federal de Bariloche, a cargo del juez Leónidas Moldes.

 

 

 

Bariloche2000

La juez Carina Estefanía realizó un cuarto intermedio para escuchar los audios de la audiencia preliminar, analizar los planteos de las Defensas y las respuestas de la Fiscalía. Su decisión se conocerá el jueves a las 10 hs.

Al pedido de declaración de nulidad del allanamiento que permitió la identificación de los imputados y la constatación de la posible comisión de los delitos de abigeato y tenencia compartida de arma de fuego, el fiscal Marcelo Crettón opuso varios argumentos. En primer lugar explicó el origen y derrotero de la información que fundamentó el pedido de allanamiento, originalmente basado en la sospecha firme de que en el lugar estaría Facundo Jones Huala, sobre quien pesaba un pedido internacional de captura tramitado en Interpol. El acusador relató que al ingresar al predio, además de corroborar su presencia, se halló un arma de fuego y animales recientemente faenados que tendrían la marca de la Compañía de Tierras. La evidencia de la posible comisión de otros delitos es la que permitió ampliar el objeto del procedimiento, aunque era imposible que dicha ampliación estuviera por escrito simultáneamente.

También rechazó el planteo de la existencia de apremios respecto de la persona que brindó información sobre la presencia de Jones Huala en la zona, para ello se refirió a las evidencias colectadas al formar legajo para investigar esa situación y a los elementos que llevaron a desestimarlo.

En relación al planteo de nulidad de la audiencia preliminar, Crettón desmenuzó su derrotero, defendió el criterio del juez actuante y del Procurador, indicando cuáles irregularidades observó en relación al accionar de los fiscales que intervinieron en aquella audiencia.

Por su parte el fiscal Fidel González se refirió al planteo de incongruencia realizado por la Defensa, al cuestionar que el juez declaró abierta la etapa de juicio por usurpación en relación a siete imputados, con la misma plataforma fáctica que rechazó en relación a quien al momento del allanamiento era menor de edad. Gonzáles detalló la secuencia histórica que pudo reconstruir a partir de escuchar los audios de las audiencias, indicó que el hecho descripto en la acusación es el del pedido de allanamiento, no el expuesto oralmente por la fiscal Banfi en la audiencia de formalización de la investigación. Sobre esa descripción el juez requirió un ajuste al respecto del joven, la corrección no se realizó y finalmente fue acusado únicamente por los delitos de tenencia compartida de arma y abigeato. El acusador concluyó que no es aplicable su situación al resto de los imputados.

“Estamos frente a un proceso judicial que va a marcar la historia del pueblo mapuche a futuro”, dijo Fernando Jones Huala

Minutos antes de las 10 de la mañana de ayer, la jueza Karina Estefanía decidió suspender la primera audiencia del juicio oral y público que debía realizarse en los Tribunales de Esquel, en la causa por usurpación, abigeato y tenencia de arma de guerra que involucra a varios miembros  del denominado lof en resistencia Cushamen, entre ellos Facundo Jones Huala, actualmente preso en Chile, en un hecho ocurrido en un cuadro de la estancia Leleque propiedad del grupo Benetton.

La jueza Estefania anunció un cuarto intermedio hasta el lunes ante la imposibilidad de contar con la presencia de la Dra. Sonia Ivanoff, abogada del lonco mapuche, ausente en Esquel por problema de salud.

La jornada judicial había arrancado a las 9 de la mañana con estrictas medidas de seguridad y restricciones a la prensa que se van a mantener a lo largo de las audiencias previstas hasta el 27 de febrero.

“Seguimos denunciando que estas instancias judiciales son las herramientas que utiliza el estado para perseguirnos judicialmente, y al día de hoy se han vulnerado muchísimos derechos”, acusó Fernando Jones Huala, uno de los imputados, quien advirtió que “la audiencia fue muy breve y se suspendió por motivos de salud que en los días previos no se tuvieron en cuenta. Nos hicieron viajar cientos de kilómetros, en el caso de Andrea fueron miles de kilómetros porque estaba del otro lado de la cordillera. Tuvimos que dejar nuestras familias, el campo, para poder asistir a esta audiencia que terminó durando unos minutos”.

El hermano del lonco Facundo Jones Huala adelantó que bajo este proceso judicial se va a estar analizando el reclamo histórico de los pueblos originarios por el derecho a tierras ancestrales. “A casi tres años de iniciado el proceso judicial el principal acusante es el magnate Benetton, usurpador de territorios, del Pull Lof y de otros territorios. Pero esta es una instancia judicial histórica que se suma a las luchas centenarias que ha tenido el pueblo mapuche por la recuperación del territorio. De una vez por todas se deberían tocar los derechos territoriales”.

Para Jones Huala, este juicio será “un proceso judicial que va a marcar la historia del pueblo mapuche a futuro”.

Control territorial  del  Lof Cushamen 

Más allá del juicio, comentó que en el Lof Cushamen “se sigue sosteniendo el control territorial, se sigue trabajando al interior de la comunidad y manteniendo la cotidianeidad que debe mantenerse en todo territorio rural. Se siguen levantando las ceremonias propias de nuestro pueblo, se sigue participando con el resto de las comunidades que sostienen este proceso de recuperación y reivindicación territorial. También se sigue sufriendo la persecución judicial, la estigmatización, la difamación”.

“Juicio político”

A su turno, Andrea Millañanco, también imputada en esta causa, cuestionó la decisión de llevar adelante la audiencia a pesar de la ausencia de la Dra. Ivanoff. “Varios tuvimos que dejar nuestras tareas habituales para acudir repentinamente a este proceso judicial que comienza sin las garantías del debido proceso, porque se fija sin la presencia de las defensas, tanto de la defensa particular a cargo de la Dra. Sonia Ivanoff como de la defensa pública”.

Asimismo, opinó que “desde hace mucho tiempo que venimos denunciando la permeabilidad de la justicia en ambos estados, corrompida por los poderes económicos y políticos. Aquí estamos hablando de un juicio netamente político, donde el pueblo mapuche reclama el derecho al territorio. Derecho que ya está plasmado en la Constitución Nacional pero no se está dando y es por eso que las comunidades tienen que tener acceso a la tierra, ejerciendo el control territorial para poder volver a las tierras que ancestralmente nos pertenecieron”.

El Chubut

El líder mapuche, condenado a 9 años de prisión, inició una huelga de hambre en la cárcel de Temuco. En Santiago la Justicia decidió que dirá en dos semanas si anula el juicio.

La Corte Suprema de Justicia de Chile decidió dar a conocer el 14 de febrero su decisión frente el recurso de nulidad de la sentencia que condenó al referente mapuche argentino Facundo Jones Huala a 9 años de prisión, por el incendio de una vivienda de la zona de Valdivia, en 2013. Como medida de protesta y de reclamo, inició el jueves una huelga de hambre en la cárcel de Temuco, donde cumple la condena.

Jones Huala reclama que se declare la nulidad de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia y que se constituya una nueva cámara para realizar otro juicio, en el que -dijo su abogada- no podría valorarse la prueba de la misma manera.

En las objeciones de los abogados hay asuntos graves, como el uso de información de los servicios de inteligencia por parte de la Fiscalía, sin conocimiento de la defensa, hasta asuntos puramente de valoración de prueba.

Los 9 años de cárcel se establecieron por dos delitos: el incendio en sí mismo y la tenencia de un arma de fabricación casera, hallada en el lugar donde residía Jones Huala.

Por caso, se cuestiona que la única testigo que declaró que vio Jones Huala con anterioridad no lo reconoció en la sala.

Además, hicieron notar que el arma de fuego se secuestró en el allanamiento de la vivienda donde residía Jones Huala, con la consigna de que estaba dentro de un bolso rojo. En el acta, el arma se registra antes que el bolso.

“Se utilizó prueba obtenida mediante la Ley de Inteligencia, sin control de la defensa, que no pudo tener acceso a toda la información por ser secreta”, dijeron en su momento los abogados.

“Es una condena basada en elementos que nacen por aplicación de la Ley de Inteligencia. El fiscal lo sabía con anterioridad”, dijo ayer una de las abogadas del barilochense, Karina Riquelme, luego de la audiencia en Corte, en declaraciones a la radio Kvrruf.

Otro elemento incluido en la apelación es el hecho de que por las descripciones del atacante que hicieron las víctimas, se trata de una persona de 1,80 metros de estatura; Jones Huala mide 1,70.

Sin comer

En la cárcel de Temuco donde está detenido desde que fue extraditado, en 2018, Jones Huala inició una huelga de hambre como protesta y en apoyo a su reclamo en la Corte. Es incierto si mantendrá la decisión hasta el 14 de febrero; en el medio hay 16 días.

No es la primera vez que realiza una protesta de este tipo; cuando estaba en análisis su extradición, llevó adelante algo similar en la cárcel de Esquel.

La convocatoria para escuchar la decisión de la Corte es el jueves 14 de febrero a las 8.30.

Río Negro

El máximo tribunal de Justicia del vecino país tratará el planteo de la defensa del líder mapuche, que en diciembre fue condenado a 9 años de prisión.

La sentencia contra Facundo Jones Huala a 9 años de prisión por el incendio de una vivienda rural habitada y tenencia ilegal de arma de fuego será analizada hoy por la Corte Suprema de Justicia de Chile ante un planteo de nulidad presentado por la defensa.

El líder mapuche nacido en Bariloche, que en diciembre fue condenado por un tribunal en Valdivia, cumple su condena en Temuco, a 489 kilómetros de esta ciudad.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Oral Federal de Valdivia fue cuestionada por la defensa de Jones Huala que apeló el fallo por considerar que las pruebas en las que se basó la Justicia ya habían sido descartadas en el proceso anterior en el cual fueron absueltos otros jóvenes.

El procedimiento judicial establece que si el máximo tribunal rechaza el pedido de nulidad, Jones Huala continuará con su condena que podría dejarlo en libertad condicional en 2021, mientras que si la concede, se deberá realizar un nuevo juicio.

La defensa del referente mapuche argentino cuestiona entre otros puntos que la única testigo que dijo haber visto a Jones Huala con anterioridad no fue capaz de reconocerlo en la sala de audiencia mientras se realizaba el juicio en diciembre pasado. “Incluso, apuntó a una persona distinta”, sostiene la defensa.

También indicó en su pedido que “se le adjudica un arma de fuego encontrada dentro de un bolso rojo. Al momento de incautar las pruebas, el arma se rotula en primer lugar y tres horas de después, se rotula el bolso rojo. ¿Cómo se consigna el arma antes que el bolso si éste era el que la contenía?”.

Otro punto cuestionable es que se “utilizó prueba obtenida mediante la Ley de Inteligencia, sin control de la defensa, que no pudo tener acceso a toda la información por ser secreta” y que el autor del incendio de la vivienda en Río Bueno en 2013 que fue identificado por los testigos medía 1,80 metros y Jones Huala es diez centímetros más bajo.

Red 43

La audiencia para evaluar los alegatos fue fijada para el 28 de enero. La defensa argumentaría el uso de la ley de inteligencia en el proceso penal que terminó con la condena del lonko.

La defensa de Facundo Jones Huala presentó un recurso de nulidad del juicio que se llevó a cabo en Tribunal Oral y Penal de Valdivia, en Chile, en diciembre del año pasado.

En esa oportunidad, el lonko mapuche fue condenado a 9 años y 1 día de prisión por el incendio en el fundo Pisu Pisué de Río Bueno y la tenencia ilegal de arma de fuego artesanal en el 2013.

La audiencia del Superior Tribunal de Justicia de Chile, para evaluar los alegatos fue fijada para el próximo lunes.

Trascendió que el argumento de la defensa es “la utilización de la ley de inteligencia en el proceso penal” que culminó con la condena de Jones Huala, “filtrando antecedentes a la fiscalía, vulnerando así el secreto que dicha ley establece”.

En diciembre pasado, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia sentenció al líder mapuche Jones Huala a cumplir una pena de 6 años de presidio por el incendio en fundo Pisu Pisué de Río Bueno en el 2013 y a 3 años y un día por tenencia ilegal de arma de fuego artesanal.

En la lectura del veredicto, uno de los jueces que integra el Tribunal aclaró que se tomarán en cuenta los 1178 días que Jones Huala estuvo preso. Por eso se estima que podría quedar en libertad condicional en tres años.

Al momento de ser condenado, la abogada defensora Karina Riquelme había anticipado la apelación. Dijo que “así como se cae la institucionalidad de Carabineros, hoy vemos cómo se derrumba el Poder Judicial por las presiones políticas”.

Rio Negro

La defensa de Fausto Jones Huala y de Lautaro González objetaron la decisión del juez Moldes de procesarlos por la usurpación de un terreno que ellos desconocían que era ajeno.

Los defensores particulares Sonia Ivanoff y Matías Schraer apelaron el procesamiento que el juez federal de Bariloche, Leónidas Moldes, dictó contra los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González por los delitos de usurpación y atentado contra la autoridad agravado por haberse cometido a mano armada.

Para la defensa de Fausto (hermano de Facundo Jones Huala, que fue condenado en Chile, donde está preso) y González el fallo que Moldes dictó el 9 de enero pasado tiene una serie de arbitrariedades. Por eso, pidió a los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca que revoque el procesamiento y, en consecuencia, sobresea a los jóvenes o, en todo caso, les dicte la falta de mérito por la ausencia de pruebas en su contra.

Jones Huala y González bajaron la tarde del 25 de noviembre de 2017 a Rafael Nahuel, que había sido herido con un proyectil calibre 9 milímetros, desde la montaña hasta la Ruta Nacional 40, en Villa Mascardi. Rafael recibió el tiro letal por la espalda a la altura de la cadera izquierda. Tenía 22 años.

Por el homicidio de Rafael, el juez procesó, sin prisión preventiva, a los albatros Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio Damián García, Sergio Guillermo Cavia y Carlos Valentín Sosa. Les atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego de Rafael, pero atenuado por el exceso en la legítima defensa.

Para Moldes, el joven fue herido durante el enfrentamiento que hubo entre la patrulla de albatros y un grupo de mapuches, entre los que se encontraban Jones Huala y González. El juez sostuvo que los albatros fueron atacados y se defendieron en un primer momento, pero después se excedieron al disparar con los subfusiles MP5 contra los mapuches.

Ivanoff y Schraer descartaron en la apelación que Jones Huala y González, que se encuentran prófugos de la Justicia, hayan cometido los delitos de usurpación y de resistencia a la autoridad agravada por el uso de armas.

Advirtieron que Moldes elaboró el procesamiento “a partir de una errónea y arbitraria apreciación de la prueba”. Señalaron que el desalojo que el entonces juez subrogante Gustavo Villanueva había ordenado el 23 de noviembre pasado del predio ocupado por la comunidad mapuche Lof Winkul Lafken Mapu nunca se concretó por parte de las fuerzas federales en la parte superior de la montaña.

Alegaron que los imputados son indígenas y recordaron la obligación del Estado de aplicar a su caso el derecho penal observando la vigencia del artículo 75, inciso 17, de la Constitución de la Nación y la demás normativa constitucional y supralegal sobre pueblos indígenas.

“Resulta agraviante para nuestros defendidos que se los haya imputado por usurpación cuando estos ingresaron a un territorio cuya posesión estaba en cabeza de una Comunidad Mapuche”, plantearon en la apelación. “El actuar de nuestros defendidos nunca estuvo dirigido a cometer un despojo”, afirmaron.

“No puede configurarse el delito de usurpación en ninguno de los hechos si no hay conocimiento de que el predio es ajeno, pues nadie puede querer lo que no conoce. No existiendo dolo de despojo ni de turbación de la posesión de otro, no hay delito”, advirtieron.

Para la defensa, no hubo atentado a la autoridad. Por el contrario, “nos encontramos frente a la figura de la “resistencia” a la autoridad mediante la “legítima defensa”. Y citaron jurisprudencia y doctrina.

Señalaron que está probado “que los efectivos de la PNA portaban armas no letales (trazadoras y escopeta con munición antitumulto). Sin embargo, optaron por utilizar su armas letales disparando más de 114 municiones de plomo con el lamentable saldo de dos personas heridas y la muerte de Rafael Nahuel”. “Aquí la conducta de quienes resistieron a los funcionarios públicos que obraron ilegítimamente resulta atípica o bien estaría justificada por mediar legítima defensa”, concluyeron, según publicó el Diario de Río Negro.

El Patagónico

Desde el pasado lunes, Facundo Jones Huala realiza una huelga de hambre en la cárcel de Temuco en protesta ya las autoridades del centro penitenciario no lo autorizaron a realizar una ceremonia mapuche (Nguellipun).

Este miércoles se cumple el tercer día de huelga de hambre de Facundo Jones Huala en la cárcel de Temuco, Chile.

La medida se realiza en protesta porque las autoridades del centro penitenciario no lo autorizaron a realizar una ceremonia mapuche denominada “Nguellipun”. Además, la esposa del lonko afirmó que recibió advertencias de que será trasladado si no desiste de la medida.

Otros cinco mapuches acompañan a Jones Huala en la medida que se mantendrá hasta que los directivos de la prisión acepten sus términos, indicaron.

En concreto, Jones Huala, Alberto Curanil, Jorge Cayupan, José Cáceres, Daniel Canío y Álvaro Millalen exigen que ingresen al lugar unas 300 personas para que se pueda concretar el 9 de enero la rogativa mapuche, con la que, según la tradición, se “limpian” los malos momentos vividos por la comunidad en el último año.

La esposa de Jones Huala, Andrea Millañanco, denunció que los penitenciarios del vecino país “han amenazado” a los detenidos con movilizarlos a otras cárceles si no desisten de la medida.

“Los funcionarios han amenazado a nuestros hermanos con trasladarlos a otras cárceles, castigarlos en calabozos y hasta prohibirle sus visitas”, señaló.

El 21 de diciembre Jones Huala fue condenado a 9 años de prisión por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, debido a los delitos de incendio de una propiedad al interior del fundo Pisu Pisué, cerca de esta ciudad, y tenencia ilegal de armas de fuego.

Radio3 Cadena Patagonia

La semana pasada se lo encontró culpable de incendiar una propiedad y de portar ilegalmente un arma de fuego

Este viernes se conoció la pena impuesta por el Tribunal Penal de Valdivia para Facundo Jones Huala, quien el pasado 14 de diciembre fue encontrado culpable de incendiar una propiedad en Pisu Pisué y tenencia ilegal de armas de fuego. Jones Huala había sido extraditado a Chile a pedido de la Justicia de ese país, quien ahora lo condenó a 9 años de prisión, que deberá cumplir en una prisión chilena. (Foto: Red 43)

Durante el juicio ventilado en el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, los residentes de la propiedad incendiada habían identificado armas, vestimenta y otros elementos que fueron determinantes para ubicar a Jones Huala en el lugar. Por este incendio -ocurrido en 2013- fue condenado a 6 años de prisión. El arma de fuego que tenía en su poder cuando Carabineros lo detuvo se constituyó como un agravante, y su tenencia ilegal le suma tres años y un día más a la condena, según apuntan Red 43 y BioBio Noticias.

En un comienzo, el fiscal había solicitado doce años por incendio, que se redujeron porque los habitantes de la propiedad declararon que los atacantes sacaron a la familia del inmueble antes de iniciar el fuego.

Por estos delitos fueron juzgadas en 2014 otras cinco personas, ninguno en calidad de autor -figura que si le cabe a Jones Huala-, y cuatro fueron absueltos. Sólo la machi Millaray Huichalaf fue condenada en calidad de cómplice.

ADN Sur

Aún no se conocen los fundamentos ni el monto de la pena. El líder mapuche está acusado de encabezar un incendio a una vivienda.

Una de las víctimas, el puestero Marcelo Riquelme, identificó junto a otros miembros de su familia el arma y vestimentas utilizadas durante el ataque por Jones Huala, según acreditó la justicia chilena.

Una huella plantar en el terreno, un par de botas de cuero N° 42 y la ubicación de su celular. También el secuestro y reconocimiento de un revólver marca Bruni, una capucha de género brillante, una campera negra y un bolso de tela rojo marca Benetton fueron las principales evidencias para que la justicia de Chile condenara al fundador de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, por hechos ocurridos en 2013.

Al margen de esas pruebas indirectas hubo—según los argumentos del veredicto al que accedió Infobae —, otro cúmulo de indicios que, sumados, respaldados por los dichos de testigos y sopesados en conjunto, le permitieron al Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia acreditar la participación de Huala como líder del incendio a una vivienda y, 20 días después, como infractor a la ley de armas, a partir del secuestro de una escopeta hechiza hallada arriba de la litera donde él dormía.

Huala pernoctaba solo —describe el fallo al enumerar los hechos acreditados y su vinculación con sendos delitos—, en un galpón contiguo a la casa de la machi Millaray Huichalaf, condenada por el encubrimiento de aquel ataque incendiario que forzó el éxodo de los nueve miembros de la familia Riquelme, también de origen mapuche, de la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos.

Cuatro años después de profugarse y luego de tres meses de ser extraditado, la justicia trasandina lo halló culpable por unanimidad. Su defensa cuestionó el veredicto “por ausencia de pruebas” y anunció que interpondrá nulidades para apelar el fallo. Esa es la única vía procesal en el sistema judicial del vecino país para recurrir la sentencia, cuyos fundamentos y monto de la pena se conocerán el viernes.

A lo largo de las 17 fojas del veredicto, el tribunal reconstruyó las variadas piezas de un complejo rompecabezas para arribar a la convicción condenatoria. Y, según consignan los jueces, se omitió toda la prueba controversial surgida a partir de la Ley de Inteligencia chilena para preservar garantías y el debido proceso.

Durante las ocho jornadas del juicio, la prueba testimonial, pericial, fotográfica, planimétrica, documental y material exhibidas por la fiscalía fue suficiente —afirma el tribunal— para atribuirle a Huala la autoría del incendio. Seis de las víctimas habían descrito, entre llantos y con el trauma a flor de piel, vestimentas, accesorios y armas utilizadas en el ataque. Las reconocieron inmediatamente después ser de incautadas y nuevamente con sus testimonios desde el estrado. Pero no lograron identificar —aunque nadie se los requirió— a los agresores encapuchados.

Lo que sigue es el contexto en el que se recabó la prueba y una apretada síntesis de la evidencia y de los argumentos que sostuvo el tribunal en su pronunciamiento:

Conducidos por datos de vecinos, a las 6 de la mañana del 30 de enero de 2013, la policía de investigaciones allanó la casa de la machi Huichalf en el barrio El Roble, vecino al lugar del hecho. Huala dormía solo en un galpón contiguo, sobre una litera tipo cucheta. En la parte superior hallaron un bolso rojo con lazo negro marca Benetton, dentro del cual se hallaba una escopeta artesanal cargada y un revólver marca Bruni. Además, sobre el colchón se encontró una campera negra con bolsillos cuadrados y un bolso verde marca Escartes. Todo fue debidamente documentado mediante fotografías en el lugar del allanamiento.

También se incautaron otros elementos, identificados por las víctimas, sometidos a peritajes y evaluados como evidencia en el fallo: un par de botas, una mochila marrón con documentación argentina y un celular con chip, además de un walkie talkie, vinculado a una agresión armada contra Carabineros, hecho sobre el cual no fue imputado Jones Huala.

En su pronunciamiento, el tribunal desestimó de entrada que el reconocimiento por parte de las víctimas de los elementos incautados hubiera sido inducido por la policía como planteó la defensa de Huala. Los tres jueces no vislumbraron “un ánimo espurio en sus declaraciones”, señalaron. Consignaron que las víctimas, incluso, reconocieron que identificaron esos elementos por primera vez sin haberlos descrito antes, al momento de la denuncia, cuando todavía estaban en estado shock.

1-Huella en el terreno: la policía halló una huella plantar a 590 metros de la casa incendiada. Fue en dirección norte por el mismo lugar por donde las víctimas habían señalado que huyeron los agresores. Sometida a pericia planimétrica, el dibujo se corresponde con el relieve de la suela de la una de las botas de cuero negro N°42, que Huala las tenía al lado de su cama. Esas botas también fueron identificadas por las víctimas como las que usó el cabecilla de la banda

2-Celular con chip: Al ser detenido, el lonco exigió su teléfono y reconoció como suyo el aparato. Lo hizo sin saber que ese señalamiento podía usarse como evidencia en su contra. El análisis de las celdas determinó que el día del hecho el celular se posicionó dentro del radio de cobertura de la casa incendiada. Fue horas antes de consumado el ataque. Aunque esa celda también abarca a la casa de la machi.

3-Bolso de lona rojo, con lazo negro marca Benetton: La familia Riquelme lo identificó como el usado, cruzado en un hombro, por el “jefe” de los agresores. De allí se extrajo una pita de nylon para amarrar a las víctimas hombres.

4-Campera negra con bolsillos cuadrados: las víctimas también la atribuyeron como la que vestía el cabecilla.

5-Mochila marrón. Colgada cerca de la cocina, allí se encontró un boleto de transporte argentino, junto a yerba mate, billetes y monedas de la divisa pesos argentinos, además de un pape migratorio ilegible. Dentro se hallaba una capucha de género brillante que el total de las víctimas identificó como el usado por el líder del ataque. Los investigadores entonces, y el tribunal después, concluyeron que el dueño era un ciudadano argentino.

6-Bolso verde. Fue identificado por todas las víctimas como el que usó el segundo de los agresores y desde el cual extrajo otra arma.

7-Indicios de ADN sin cotejar. Durante la instrucción tanto Jones Huala como otros imputados se negaron a brindar muestras genéticas. La fiscalía las solicitó debido a que en una de las botas halladas al lado de la cama donde dormía el lonco, se obtuvieron dos perfiles genéticos. Uno era de mujer y otro de varón. El de varón coincide con el detectado en una billetera encontrada dentro de la mochila marrón con documentación argentina, lo que reforzó en el tribunal la sospecha de que esas botas junto a su cama pertenecíad, o al menos fueron usadas, por Jones Huala como identificaron las víctimas.

8-Walkie Talkie. Durante una agresión armada previa al incendio contra dos patrulleros de Carabineros en Río Bueno se encontró en las adyacencias del lugar un Walkie Talkie olvidado. El par que se correspondió con otro hallado en el galpón donde dormía Huala. Eso reforzó la presunción de que Jones Huala, quien no registraba ingresos migratorios en Chile a partir de 2009, cruzaba la frontera para apoyar atentados y extender el conflicto mapuche en Temuco hacia la región de Los Ríos.

“Los indicios referidos —argumenta el tribunal—, dada su multiplicidad y contundencia, son suficientes para estimar que a este acusado le ha correspondido participación en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal en el delito de incendio del artículo 476 N°1 del Código Penal, por estimar que le ha correspondido en ellos una intervención inmediata y directa”.

Y agrega: “Lo que ha permitido a estos sentenciadores arribar a las conclusiones antes anotada, no ha sido ninguno de los antecedentes considerados de manera aislada, ya que tal como lo sostiene la Defensa ninguno de ellos se enarbola como prueba directa. Sin embargo, de la sumatoria de los mismos deviene la fuerza persuasiva necesaria para dar la convicción a estos sentenciadores, en los términos expuestos”.

Infobae