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Islas Malvinas

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La pesca ilegal (principalmente la que ocurre en las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur) y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para argentina de entre US$ 1.000 y US$ 2.000 millones al año, según estimaciones de especialistas.

En diálogo con Télam, el director ejecutivo de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras), Eduardo Pucci, indicó que «la pesca ilegal en argentina tiene 3 componentes: la ilícita propiamente dicha, que se realiza en ausencia de permisos; la no declarada; y la no reglamentada».

Los cálculos, elaborados en base a registros y estimaciones, indican que la captura de peces en los archipiélagos oscila entre 200 mil y 400 mil toneladas al año, y la pesca no reglamentada alcanza las 300 mil.

En relación a Malvinas, la explotación ilegítima de los recursos ictícolas por parte de Gran Bretaña se remonta al año 1986, cuando el Gobierno británico dio autorización a los isleños para utilizar y comerciar licencias de pesca.

Desde entonces, la economía de Malvinas se reconvirtió y la actividad piscícola pasó a representar más del 90% del total de las exportaciones, generando ingresos anuales de al menos US$ 500 millones, de acuerdo a estimaciones brindadas por el secretario ejecutivo del Museo Malvinas, Juan Augusto Rattenbach.

Con la asunción del presidente, Alberto Fernández, y del canciller, Felipe Solá, se ha vuelto a enfatizar el reclamo de soberanía sobre las Islas.

En particular, han tomado relevancia la decisión de discontinuar el intercambio de información pesquera con la administración británica que ocupa Malvinas y la sanción de la ley que crea un Consejo consultivo sobre los archipiélagos.

También se adoptó la nueva demarcación de la Plataforma Continental Argentina, que implica la ampliación de 1.782.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio y había sido aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2017.

Asimismo, aguarda en el Congreso un proyecto de ley que prevé aumentar las sanciones por la pesca ilegal en territorio argentino, estableciendo como pena mínima el equivalente a 500.000 litros de combustible (que a valores actuales rondaría los $ 25 millones) y como pena máxima una multa de $156 millones de pesos, a precio actual del gasoil.

Argentina  1

«La extensión que plasma el nuevo mapa es trascendental porque no está solamente en juego un espacio territorial marítimo, si no también los recursos naturales que devienen en un potencial para el desarrollo económico de nuestra Nación», explicó Rattenbach a Télam.

En tanto, Eduardo Pucci aseguró que «la extensión de la plataforma tiene una enorme importancia geopolítica», pero aclaró que «no tiene potestad sobre los recursos pesqueros más allá de la milla 200, si no sobre la exploración y explotación de los recursos minerales y no vivos y los vivos sedentarios».

Semanas atrás, el subsecretario de Pesca y Acuicultura de argentina, Carlos Liberman, dijo a Télam que «el combate de la pesca ilegal es una prioridad absoluta» y que la que principalmente afecta a Argentina es «la que se da en aguas de Malvinas».

En consonancia, destacó que en el 2020 «capturamos tres barcos, que es una cifra muy importante y hacía 15 años que no se alcanzaba esa cantidad en la temporada».

Por su parte, la pesca no reglamentada se produce en aguas internacionales adyacentes a la ZEE; es decir, más allá de la milla 200 y del alcance de la legislación del Estado nacional.

Es inadmisible que un área de esa extensión y complejidad de biodiversidad no tenga un ordenamiento, situación que aprovechan las flotas extranjeras para operar en forma indiscriminada y sin ninguna regulación” Eduardo Pucci.

De acuerdo a sus estimaciones, el flagelo alcanzaría como mínimo las 300 mil toneladas por año, con un valor aproximado a los US$ 1.000 millones.

Además del riesgo ambiental y el desfalco económico inmediato, Pucci resalta que con la pesca no reglamentada «lo que más se afecta es el desarrollo pesquero argentino» ya que la industria nacional debe competir contra «depredadores que explotan recursos sin respetar procesos, ciclos ni regulaciones», lo que abarata sus costos.

Al respecto, Rattenbach señala que, a la enajenación de recursos e ingresos, hay que sumarle «la pérdida de puestos de trabajo directos de la actividad e indirectos como, por ejemplo, la construcción de navíos de industria nacional o mantenimiento de flotas».

«En aguas adyacentes los únicos que cumplen las reglas son los buques argentinos, el resto violan el deber de cooperación, el principio ecosistémico y de pesca responsables, sin tomar en cuenta ninguna medida de conservación», remarcó Pucci.

Y concluyó: «Es imprescindible regular la pesca en las zonas adyacentes a la ZEE porque son recursos transzonales, dado que los peces no permanecen estáticos si no que van migrando; entonces el país costero aporta ese recurso y se ve afectado porque se lo pesca afuera con total desregulación».

Así, la pesca ilegal y la no reglamentada en conjunto causan una pérdida económica de, al menos, US$ 2.000 millones al año; contribuyen a la depredación del ecosistema con capturas fuera de los períodos de zafra; y limitan el potencial de la industria nacional.

Argentina mantuvo su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas ante Naciones Unidas, aunque su énfasis en otros foros y en su vínculo con el Reino Unido tuvo vaivenes con Mauricio Macri, explicó a Sputnik el analista Agustín Romero. El especialista advirtió que la reivindicación puede perder fuerza si Argentina «no presiona».

«En Argentina todos los temas de política exterior toman relevancia, pero el de Malvinas sobresale», afirmó, en diálogo con Sputnik, el experto en relaciones internacionales argentino Agustín Romero.

La centralidad del reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas en las últimas décadas es una de las conclusiones de su libro «La Cuestión Malvinas: una hoja de ruta».

El libro fue lanzado este 10 de junio a propósito del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, una fecha que conmemora la designación de Luis Vernet como primer comandante político militar de las Malvinas en 1829.

Si bien se trata de una cuestión muy presente entre los argentinos, el trabajo de Romero tiene la particularidad de ser parte de una tesis doctoral cuya metodología, según destacó el autor, aporta «conclusiones científicas» en cuanto a qué sucedió con el reclamo de soberanía entre el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) hasta la actual gestión de Alberto Fernández iniciada en 2019.

¿Argentina puede recuperar las Islas Malvinas gracias al coronavirus?

En efecto, una de las primeras conclusiones de la investigación de Romero es que a pesar de sus diferencias políticas, todos los gobiernos argentinos desde el retorno de la democracia mantuvieron la cuestión Malvinas como un eje central de su política exterior.

Así, el reclamo fue reiterado también por los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999), Fernando de la Rúa (1999-2001), Néstor Kirchner (2003-2007), Cristina Fernández (2007-2015) y Mauricio Macri (2015-2019).

Romero explicó que cada Gobierno, a su vez, mantuvo el reclamo de las Islas Malvinas en Argentina con «dos canales paralelos: el diplomático a nivel de los organismos multilaterales y el de la relación bilateral con el Reino Unido».

Con respecto al primero, el experto señaló que «a lo largo de los años se ve una postura única y firme, y con los mismos elementos, de Argentina en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, donde todos los años Argentina plantea exactamente lo mismo».

La similitud de las posturas argentinas puede graficarse en que «si tapo el nombre del ministro de Relaciones Exteriores que habla sería muy difícil establecer quién lo dijo».

El segundo canal es el que sí ha mostrado cambios entre los diferentes gobiernos, que escogieron posturas diferentes en su vínculo con el Reino Unido. El Gobierno de Macri, por ejemplo, significó un cambio de postura con respecto a sus antecesores Kirchner y Cristina Fernández.

«Con los Gobiernos de Néstor y Cristina se vio claramente cómo en cualquier momento y en cualquier lugar Argentina planteaba la discusión de la soberanía. En cambio, con el Gobierno de Macri cada vez que había una reunión bilateral entre Argentina y el Reino Unido el tema no era tocado en la agenda», apuntó.

La gestión de Alberto Fernández marcaría un nuevo cambio en ese sentido, con un estilo más cercano al de Kirchner y Fernández, auguró Romero.

¿Qué pasa cuando el reclamo argentino pierde fuerza?

Romero indicó que el gobierno de Mauricio Macri no dejó de reivindicar la soberanía sobre las islas del Atlántico Sur en el Comité de Descolonización y en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Sin embargo, sí tuvo una estrategia menos agresiva en otros ámbitos bilaterales, algo que había sido una marca característica de la política exterior del país sudamericano durante los gobiernos kirchneristas.

«Argentina iba a una reunión de energía renovable y encontraba el vericueto para plantear la disputa de la soberanía. Lo mismo en un encuentro entre presidentes de América del Sur y países africanos», ejemplificó el analista. Ese tipo de planteamientos no fue continuado por la gestión macrista.

Para Romero, reducir el énfasis del reclamo tiene sus consecuencias, debido a que «si no lo plantea Argentina y si no presiona, nadie lo va a hacer por sí solo».

En ese sentido, sostuvo que «al sacar el pie del acelerador, el Gobierno de Macri permitió principalmente al Reino Unido avanzar en algunas cuestiones».

Qué pasa

El experto puso como ejemplo lo sucedido con la postura de Uruguay, país vecino de Argentina y cuyo principal puerto -la capital Montevideo- se encuentra a menos de 2.000 kilómetros de las islas.

«Uruguay estaba bastante controlado, muy medido, muy cercano (al reclamo argentino) pero como el gobierno de Macri bajó un poco la guardia, aprovechó e hizo más negocios, presentándose como el puerto más cercano para sacar mercadería».

Pensar en una futura resolución de la cuestión Malvinas no es fácil pero el respaldo científico de la investigación de Romero indica que el país mantendrá la centralidad del reclamo a pesar de eventuales cambios de signos políticos.

De todos modos, el analista aseguró que la actualidad muestra la apertura de cuatro nuevos escenarios internacionales donde «Argentina va a tener que estar muy atento» para poder plantear la cuestión Malvinas.

Según detalló en una columna publicada en el diario Clarín, esos son las negociaciones por el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, el proceso de salida del Reino Unido de la Unión Europea, un eventual Tratado de Libre Comercio entre el Reino Unido y EEUU y un área de libre comercio entre el Mercosur y el Reino Unido.

Según Romero, Argentina debe ser proactiva para asegurarse de que estos acuerdos no avancen a favor de la ocupación británica de las islas y que sirvan para reforzar la postura argentina, por ejemplo, en Europa.

España, por su disputa con el Reino Unido sobre Gibraltar, e Irlanda, porque siempre respaldó a Argentina en su reclamo sobre Malvinas, podrían ser «socios naturales» en este proceso, consideró en su columna.

Fuente: El Extremo Sur

En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, la «Argentina reitera una vez más su derecho inalienable» sobre esos territorios.

La Cancillería argentina reclamó hoy «la necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible» con el Reino Unido, apoyándose en reiterados pedidos de las Naciones Unidas y la comunidad internacional, por la causa Malvinas.

En el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos circundantes, el ministerio a cargo de Felipe Solá emitió un comunicado en el que la «Argentina reitera una vez más su derecho inalienable» sobre esos territorios.

«La necesidad de reanudar las negociaciones bilaterales a la brevedad posible ha sido reiterada por 10 resoluciones de la Asamblea General, y 37 resoluciones del Comité Especial de Descolonización de la ONU y por la comunidad internacional», subraya el documento.

Ese reclamo tuvo lugar en «foros multilaterales tales como la OEA, el G77 más China, la Cumbre Iberoamericana, la Celac, el Mercosur, el Parlasur, el Foro de Cooperación América del Sur-África (ASA) y la Cumbre Países Árabes-Sudamérica (ASPA)».

«La recuperación del ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre los territorios insulares y espacios marítimos ocupados, respetando el modo de vida de sus habitantes, y de conformidad con el Derecho Internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable de todos los argentinos», agrega el comunicado.

Asimismo, recuerda que «en su discurso de asunción frente a la Asamblea Legislativa, el Presidente Alberto Fernández afirmó que ‘no hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI’ y planteó que para la democracia argentina no existe otro camino que el de la diplomacia y la paz para hacer valer su demanda».

«El Gobierno de la República Argentina está abocado al diseño y la implementación de políticas de Estado para la consecución de ese objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino», se indicó desde la Cancillería.

«Dichas acciones deben estar orientadas al mediano y largo plazo para que puedan perdurar más allá de los cambios de gobierno y sirvan mejor a los intereses permanentes de la Patria, en el marco de la pluralidad y la riqueza que caracterizan a nuestra democracia», completó.

Es por eso que «el Gobierno argentino continúa trabajando para consolidar el apoyo de la comunidad internacional en la Cuestión de las Islas Malvinas y defender de manera inclaudicable sus derechos soberanos en el Atlántico Sur».

Además, se recordó que «las ilegítimas actividades de exploración y explotación de recursos naturales y la desproporcionada e injustificada presencia militar británica en el Atlántico Sur son acciones contrarias a la Asamblea General de la ONU».

Más precisamente, se refirieron a la «resolución 31/49, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras se encuentre pendiente la disputa de soberanía».

«La República Argentina reitera una vez más su derecho inalienable sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, así como su firme disposición a reanudar a la brevedad las negociaciones de soberanía con el Reino Unido para dar una solución definitiva a esta situación colonial», finaliza el comunicado.

Fuente: Télam

Transcurría el año 1982 cuando la Argentina se encontró envuelta en un conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña; la Prefectura Naval Argentina concurrió prestamente al llamado de la Patria conunipersonal y flota marítima y aérea.

Destacando la participación de los Guardacostas 82 Islas Malvinas y el Guardacostas 83 Río Iguazú, la cual su función era el servicio logístico abasteciendo de insumos a las tropas que estaban en las islas, luego de zarpar el 6 de abril desde el Puerto de Buenos Aires con escalas en los Puertos de Bahía Blanca, Puerto Madryn y puerto Deseado.

Navegado más de 35 horas en medio de un temporal y con el límite de combustible, utilizando nada más que elementos rudimentarios de la navegación, propios de la época y luego de haber cumplido la epopeya de burlar el bloqueo impuesto, en forma unilateral, por los británicos: 150 millas náuticas alrededor de nuestras Islas arriban a Puerto Argentino luego de 7 dias. Donde izaron por primera vez el estandarte de la Institución en el muelle de la Gobernación

El 22 de mayo el Guardacostas “Rio Iguazú” transportando dos baterías y 20 hombres del Ejército Argentino, fue atacado por dos aviones Ingles, repeliendo el ataque con sus ametralladoras 12,7 logrando derribar a uno de los aviones enemigos. Las averías sufridas en el casco, ponían en riesgo la navegabilidad del mismo, el Capitán decide embicar en una Isla a trece millas al este de Puerto Darwin, disponiendo su abandono, quedando el mismo inutilizado.

Hoy, luego de 38 años, la Prefectura Naval Argentina recuerda esa batalla y honrando a los tripulantes que con valentía y honor defendieron nuestra nación. Lamentando la pérdida del Cabo Segundo Julio Omar BENITEZ, quien falleció cumpliendo con su deber.

Y con el afán de que en un futuro las islas Malvinas vuelvan a ser argentinas

El intendente de Río Grande, Martín Pérez, subrayó este domingo que es un “hecho de soberanía” incluir en las estadísticas nacionales la cantidad de casos de Coronavirus de las Islas Malvinas, ocupadas por Gran Bretaña.

Los casos en Malvinas son cinco (de acuerdo a la información oficial) y este domingo fueron contabilizados por primera vez con el resto de los de la provincia de Tierra del Fuego.

Esta decisión “va a pesar, va a valer” en las discusiones por el archipiélago, subrayó al respecto el Intendente Pérez.

“Ha sido una decisión muy positiva e importante del Gobierno nacional; claramente celebramos porque es un hecho de soberanía que la Argentina contabilice como propios a los contagiados de Covid-19”, enfatizó.

De acuerdo al parte matutino de este domingo, en Tierra del Fuego son 91 al momento, cinco de los cuales corresponden a las islas. Contabilizarlos implica “una presencia argentina y el principio soberano”, insistió el Intendente de Río Grande.

“El pueblo de Tierra del Fuego celebra esta decisión, por historia, por cercanía, por vínculo y porque Malvinas es parte de la provincia”, sentenció.

Finalmente, reconoció que esto puede “no ser una decisión del todo aceptada por los isleños -pero- es acertada la decisión del Gobierno y tal vez al final de esta larga película va a pesar, va a valer”.

El Gobierno nacional contabilizará a los enfermos de coronavirus en las islas Malvinas dentro los registros nacionales, como parte de la población de la provincia de Tierra del Fuego, informó hoy el titular de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.

«De acuerdo a la Constitución y a la legislación vigente, Argentina debe incluir a quienes están en Malvinas en sus estadísticas porque están en territorio nacional», explicó Filmus en declaraciones a Télam.

El titular de la secretaría, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, contó que la decisión se tomó tras un «diálogo con el canciller Felipe Solá y las autoridades de Salud -cuyo ministro es Ginés González García- y en común acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego».

«Hemos decidido incluir los casos que se declaran en las islas como corresponde, como parte de la población de la provincia (de Tierra del Fuego)», reiteró Filmus, quien al mismo tiempo renovó el «ofrecimiento de ayuda humanitaria a los isleños».

Desde el Gobierno nacional se incluirá a los infectados por Covid-19 en los registros argentinos, pero se aclaró que «debido a que la ocupación ilegítima de las Islas impide tener datos propios, se tomarán los datos que la prensa difunde como víctimas del Covid-19 en Malvinas».

Los infectados que actualmente presentan las islas son 5 militares, según anunció la administración británica que ocupa el territorio.

Las cifras que lleguen desde Malvinas se sumarán próximamente al conteo diario que realiza la provincia de Tierra del Fuego, que -según el parte oficial de esta mañana- cuenta con 83 enfermos de coronavirus, 73 de Ushuaia y 10 de Río Grande.

Al inicio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández le ofreció ayuda humanitaria a las Islas Malvinas y se puso a disposición para «colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el coronavirus, así como a disponer de los medios para realizar vuelos humanitarios que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino».

La propuesta del Gobierno argentino fue transmitida por Filmus a Mark Kent, el embajador del Reino Unido en la Argentina.

Por su parte, el gobierno británico de Malvinas emitió un comunicado en el que remarcó que «las islas tienen en marcha un plan sólido para abordar el Covid-19 y cuando necesiten ayuda adicional trabajarán con el gobierno del Reino Unido».

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, en nombre del gobierno argentino, se puso en contacto este lunes con el embajador del Reino Unido en Buenos Aires, Mark Kent, para transmitirle la disposición de la República Argentina a «colaborar con los habitantes de las Islas Malvinas a raíz de la situación generada por la pandemia de coronavirus».

“Le he transmitido al embajador Kent el mensaje del canciller Felipe Solá de que, en momentos tan difíciles, la solidaridad debe ser el camino para superar la situación provocada por el coronavirus”, expresó Filmus en un comunicado difundido por la Cancillería argentina.

En este sentido, el texto detalló que, en su comunicación con el embajador del Reino Unido, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur mencionó la posibilidad de «colaborar con los habitantes a través del envío de alimentos frescos, insumos médicos o test para detectar el virus causante del Covid-19», según se precisó.

También le ofreció «disponer los medios para realizar vuelos humanitarios que sean necesarios y lugares de atención en centros médicos del territorio continental argentino».

Pedía que lo llamaran Alejandro y no Alexander. «Soy argentino», decía con un castellano que mezclaba el acento inglés con el cordobés. Betts, nacido en 1947, fue cuarta generación de isleños nacidos en Islas Malvinas . En 1976 comenzó a defender los derechos argentinos sobre el archipiélago y, durante la guerra, ayudó a los soldados argentinos . Desde mediados del ’82 vivió en el continente, primero en Ushuaia (donde murió ayer) y después en Córdoba.

En 2011, el Estado argentino le otorgó una pensión como veterano de guerra civil por su colaboración durante la guerra y, tres años más tarde, en la sede de Naciones Unidas, el entonces canciller Hector Timerman le entregó su DNI argentino.

Betts, quien se instaló en Agua de Oro cuando llegó a Cordoba, contaba que tenía «cierta facilidad» para aprender el castellano porque lo hizo de manera informal, cuando en su familia todos hablaban inglés.

Su tatarabuela paterna, Rebecca Mc Cullen, era escocesa y se casó en las islas con John Charles Betts, llegado de Inglaterra. Por parte de madre, su familia llegó con los primeros viajes de los colonos, en 1842. Los papás de Alejandro, Cyril Betts y Malvina Goss, eran dueños del Bar Victoria.

Tenía siete hermanos, tres de los cuales viven en las islas, al igual que su hija más grande. Él no regresó al archipiélago porque le advirtieron que podía quedar preso por traición a la patria. «A la patria de ellos, no a la mía, que es la Argentina», repetía. El Reino Unido lo catalogó como desertor de guerra.

A los 14 años dejó Puerto Argentino para trabajar en «casi todas» las estancias que había en Malvinas como esquilador de ovejas. Allí se contactó con los chilenos, quienes le enseñaban el castellano. Su primera esposa murió muy joven; con ella tuvo a Dawn y Pablo. De un segundo matrimonio, en Agua de Oro, tuvo a Verónica, Leonardo y Juan Manue.

Pasó por muchos empleos, peón, domador, tractorista, controlador aéreo en Puerto Argentino, traductor y ayudante en el único supermercado de las islas. También trabajó para Líneas Aéreas del Estado e YPF. Corregía a quienes le preguntaban cuándo había llegado a la Argentina. «Salí del territorio insular argentino», repetía de manera amable pero firme.

Dejó las islas con personal civil argentino a fines de junio del ’82. Su defensa de la soberanía sobre las islas le generó problemas con su familia. Uno de sus hermanos, Terry, es empresario pesquero y un fuerte defensor de la postura británica. Fue integrante del Consejo Legislativo de las islas y se mudó a Londres, donde se dedicó a la política y a vender licencias a empresas pesqueras.

Ambos hermanos se cruzaron en distintas oportunidades en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. Alejandro integraba la delegación argentina y Terry, la británica. Pablo, hijo de Alejandro que vive en Rosario, contó que bromeaban con su papá diciendo que era un «inmobiliario pesquero».

Hasta los 34 años, Alejandro sólo tuvo el status de isleño, no de ciudadano. «Nacido en Falkland Islands». En 1983, por decreto de la entonces primera ministra Margaret Thatcher, se les reconoció a los habitantes de las islas cierto grado la ciudadanía británica. Él insistía en que su DNI argentino era el de más valor.

En Agua de Oro, pueblo del que intento ser intendente en 2007 por la Unión Vecinal, a Alejandro le decían «el Inglés». Desde que llegó participó de la vida institucional, fue concejal por el radicalismo y dos veces secretario de Gobierno de la municipalidad. En 2015 fue candidato a integrar el Parlasur.

Sus vecinos manifestaron su pesar por su muerte. Lo vieron por última vez en enero, cuando viajó a Ushuaia para sumarse a la Secretaría provincial de Malvinas. A los pocos días le detectaron un tumor en la médula espinal, derivado de un cáncer que sufría. Lo operaron sin éxito y ayer murió.

En medio de los anuncios de proyectos para reafirmar la soberanía argentina en las Islas Malvinas, la vicecanciller británica Wendy Morton llegó al país y se reunirá con distintas autoridades del Gobierno para explorar oportunidades de cooperación bileteral tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

La Secretaria para Europa y las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido arribó a Buenos Aires en la tarde de este lunes procedente de Montevideo, donde asistió a la asunción presidencial de Luis Lacalle Pou.

En la agenda de la funcionaria británica se encuentra una reunión con su par argentino Pablo Tettamanti, y también una audiencia con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, con quien conversará sobre posibilidades de ampliar el comercio y la inversión entre los países.

«Este viaje resalta el compromiso del Reino Unido de trabajar con los gobiernos de América Latina, ampliando nuestras relaciones en las áreas de comercio, cambio climático y seguridad global», expresó Morton.

La visita de la vicecanciller británica al país ocurre horas después de que el presidente Alberto Fernández anunciara ante la Asamblea Legislativa, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, tres proyectos para reafirmar la soberanía argentina en las Islas Malvinas.

El primer proyecto es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos de las Islas Malvinas, con integración «plural», para «asegurar políticas de estado» referidas al archipiélago. El segundo texto que presentará el Poder Ejecutivo es una norma para «la demarcación del límite exterior de la plataforma marítima argentina».

En tanto, el tercer proyecto es un «Régimen Federal Pesquero», para «endurecer las sanciones a los que pescan ilegalmente sobre los recursos naturales del país».

La petrolera británica Rockhopper Exploration PLC informó que los contratistas del proyecto Sea Lion, en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, “han llevado a cabo un extenso proceso de debida diligencia y garantía, y están a punto de llegar a un acuerdo final para proporcionar los fondos” con los que financiará la explotación, por lo que gestiona una prórroga de la concesión.

El financiamiento está sujeto “a la finalización de la documentación”, cuyo detalle será elevado a los prestamistas en el cuarto trimestre de este año, aclaró el presidente de la compañía, Keith Lough, al presentar en Londres los resultados de mitad de ejercicio.

El memorando de información preliminar y un conjunto completo de informes de expertos independientes, que formaron la base de un paquete de solicitud de garantía de financiamiento, se presentaron en julio pasado a los posibles prestamistas senior, incluidas las agencias de crédito a la exportación.

El comunicado de Rockhopper recuerda que la concesión por el área de Sea Lion Discovery expirará el 15 de abril del año próximo, por lo que se espera que se apruebe formalmente antes de esa fecha la Declaración de Impacto Ambiental y el Plan de Desarrollo de Campo por parte del FIG (Falkland Island Government, las autoridades británicas del archipiélago cuya soberanía reivindica la Argentina).

“El compromiso constructivo y de apoyo con el FIG continúa en una variedad de asuntos ambientales, fiscales y regulatorios, con el fin de obtener los consentimientos y acuerdos necesarios para llegar a una decisión final de inversión”, resaltó la empresa.

Sin embargo, añadió, dada la naturaleza del financiamiento del proyecto que se está buscando, “como precaución prudente se han iniciado conversaciones con el FIG en relación con una extensión por 6 a 12 meses de la licencia de Lion Discovery Area”.

La operadora del proyecto será la empresa Premier Oil plc, también británica, y según se indicó, a través del proceso de optimización posterior a la ingeniería, el proyecto eliminó sustancialmente los riesgos desde una perspectiva técnica, de costos y de cronograma, así lo reseña Télam.