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Sobre el final del pago de la tercera tanda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ANSES está revisando los requisitos dentro del bono de $ 10.000. Según advierten desde el organismo, si encuentran irregularidades en el cruce de datos hay beneficiarios que perderían el derecho y tendrían que devolver el bono de $ 10.000.

A través de la resolución resolución 16/2020 ANSES especificó que revisarán los requisitos para los menores de 25 años que perciben el bono. A partir de ahora, quienes tienen entre 18 y 24 años para seguir cobrando el bono tienen que firmar una declaración jurada afirmando que viven solos o que ninguno de sus convivientes tiene trabajo formal o jubilación. También se revisará el nivel de gastos de esas familias.

Hasta hoy viernes es posible completar la declaración jurada en la página de ANSES utilizando al clave de seguridad social.

«En los casos que el titular hubiese percibido sumas por haber falseado los datos consignados en la presente declaración, Anses procederá por las vías administrativas y legales al recupero de las sumas cobradas indebidamente», informó ANSES.

Con esto el organismo pone la lupa sobre 1,7 millón de jóvenes que se registraron como hogares «unipersonales» al solicitar el beneficio. Según un informe de ANSES, dentro de las 9 millones de personas que cobran el bono de $ 10.000, hay 4,1 millones de hogares formados por una sola persona.

De este modo, la proporción de los jóvenes dentro de los hogares unipersonales salta al 40%. El dato es llamativo ya que implica que hay 1,7 millón de jóvenes que mantienen un hogar por sí solos pese a no tener ingresos fijos ni percibir planes sociales.

Dentro del IFE hay 2,5 millones de beneficiarios que tienen entre 18 y 24 años, lo que representa el 28% del total. Esto hace que la mitad de los jóvenes del país de esas edades cobren el bono de $ 10.000.

Según las condiciones del IFE solo una persona por familia puede recibir el beneficio. Para poder cobrarlo es necesario que todos los integrantes de cada hogar cumplan con los requisitos: estar desocupado o tener trabajo informal y no percibir jubilación, pensión, planes sociales ni prestación por desempleo. La excepción son las trabajadoras domésticas, que están habilitadas para percibir el bono, al igual que las titulares del Asignación Universal por Embarazo (AUE) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

 

El presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut, Antonio Cimadevilla, explicó que «nuestra prioridad fue el análisis de la obra pública, el control posterior al pago, y la declaración jurada de los funcionarios», y que a partir de esta revisión se decidió realizar una denuncia en la Oficina Anticorrupción por «presuntas irregularidades y delitos».

Entre las irregularidades encontradas, Cimadevilla indicó que hay obras que se ejecutaron por contratación directa cuando por el monto deberían haber sido licitadas o concursadas, que algunos certificados de ejecución de obra se pagaron más de una vez, y maniobras cuestionables cuando las comunas contratan al un representante técnico de la obra.

Cimadevilla apuntó que se trata de obras ejecutadas en el marco del BOCADE (Bono de Cancelación de Deudas), en varias comunas del interior durante 2016 al 2018, cuando el gobernador era Mario Das Neves, agregando que estas irregularidades «en el año 2016 eran 30 millones de pesos y hoy entre 70 y 90 millones de pesos».

«Cuando hablamos de obras, hablamos de plazas, de gimnasios, obras netamente para la población», explicó, y mencionó que para realizar los controles se cruzaron datos con diferentes organismos, entre ellos la AFIP.

Fuente: Actualidad 2.0

Se trata de productos cuya marca comercial fue usurpada, por lo que no se garantiza la calidad del producto. La Anmat prohibió la venta de dos alcoholes por irregularidades.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso y venta en el país de dos alcoholes en gel y de un alcohol etílico, según se informó en el Boletín Oficial de la Nación.

Se prohibió la utilización y comercialización de todos los lotes, en todas sus presentaciones y contenidos netos del producto rotulado como «Átomo alcohol en gel- Ind. Argentina- Resol. Nº 337/92- Nº de Registro sanitario A.N.C.A.P.: 225/1381”.

Se argumenta la decisión de prohibir su venta y comercialización porque hay una denuncia realizada ante el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud por la empresa Laboratorios Imvi Sociedad Anónima, titular de diversos productos cosméticos inscriptos bajo la marca Atomo manifestó haber detectado en el canal comercial Mercado Libre la venta de un producto denominado Atomo Alcohol En Gel, el cual hace uso de su marca registrada Atomo, sin autorización, ni permiso, ni solicitud o pedido por parte de Laboratorios IMVI S.A.; además agregan en la denuncia que no fabrican ese tipo de producto y que no tienen ningún tipo de relación con la empresa que lo elaboró”.

También de todos los lotes y todas las presentaciones y contenidos netos de “El coloso alcohol etílico 96º” y “El coloso alcohol en gel» por una situación similar, ya que se informa que «la empresa Descartables Caromar S.A. reportó, a través del formulario de Cosmetovigilancia, que detectó la comercialización por la web de un producto cosmético ilegal usurpando su marca comercial y que dicho producto fue anunciado en el portal Marktplace de Facebook como alcohol en gel con el siguiente rótulo identificatorio: El Coloso alcohol etílico 96º, cuya consistencia es gel”.

Finalmente, se prohibió la venta en Argentina del aceite de oliva Los Olivos, establecimiento N° 13431962, La Rioja, RNE 2212-164394-29, RNPA 2212-6112-44.

Fueron dos locales comerciales que no cumplían o con las normas de higiene, o con la documentación necesaria para estar abiertos.

Los operativos de control en la ciudad continúan realizándose a diario. Este jueves por la mañana, el operativo de control, que fundamentalmente inspecciona medidas de seguridad, bromatológicas, y ahora, que no se provoquen aglomeraciones y se respete la distancia social y terminación de DNI en negocios, arrojó como resultado la clausura preventiva de dos comercios que no cumplían con los requisitos exigidos por los inspectores municipales.

Uno de los comercios clausurados fue una distribuidora céntrica que, por falta de documentación de obra para una ampliación efectuada en el local, debió procederse al cierre preventivo.

Por otra parte, se clausuró una carnicería de la zona oeste de la ciudad por falta de higiene. Días atrás, un comercio del mismo rubro había sido cerrado por los mismos motivos.

Reclamos

El coordinador de Inspecciones Generales, Héctor López, remarcó que «por el reclamo de los vecinos se detecta en algunos comercios el incumplimiento de algunos requerimientos esenciales para el funcionamiento de la actividad comercial», por lo que, «los controles se realizan de manera sorpresiva para corroborar la situación, y en caso de detectar alguna irregularidad se procede a la ejecución del acta de infracción o la clausura preventiva del local».

López remarcó que «el comerciante en general cumple con las medidas vigentes», y reiteró que «es de vital importancia respetar el protocolo aprobado para la habilitación de la actividad, mantener el distanciamiento social, el control de ingreso y la cantidad de clientes dentro del comercio, respetar la atención por terminación de DNI, la obligatoriedad del tapaboca y tener las medidas de higiene necesarias».

Responsabilidad Social

El responsable de la Coordinación de Control y Prevención Ciudadana, Cristian Peña, solicitó a la comunidad responsabilidad, y atento al fallecimiento de una persona con Covid-19, pidió «tomar conciencia sobre la importancia de tomar las medidas preventivas que se establecen para evitar más casos».

Además, el funcionario indicó que «la habilitación de los comercios tiene como premisa respetar los protocolos, ya que el Ejecutivo Municipal acompaña y apoya la actividad comercial pero se necesita la colaboración de todos para que todo marche bien y se garantice la salud de la comunidad».

Tras las denuncias públicas por sobreprecios en la compra de alimentos desde el Ministerio de Desarrollo de la Nación, el diputado nacional Ignacio “Nacho” Torres, acompañó junto a sus pares del bloque PRO un pedido de informes de carácter urgente, para que se indiquen todas las compras realizadas en el marco de la emergencia pandémica y fiscalizar así los procesos de compra y sus proveedores.

El precio que se detalló por los productos fue hasta 51% más alto que el que pagan los consumidores por primeras marcas en los supermercados, el propio ministro Daniel Arroyo admitió que “en el caso del azúcar y el aceite, los precios están por arriba de los precios de referencia que fijó la Sigen (…) decidimos con un informe técnico comprarlo igual en el marco de la emergencia. No llegamos a cubrir a cantidad de módulos”.

Al respecto Torres manifestó que “es realmente indignante, porque no se trata solo de cuidar la salud de los argentinos, sino de cuidar el trabajo y también el dinero público, que es la plata de los impuestos que pagamos todos” y agregó “estamos haciendo todos un esfuerzo por cumplir con el aislamiento, desde nuestro rol aportamos proyectos para complementar medidas que toma el ejecutivo, y estas acciones son un mal ejemplo que no necesitamos en un momento tan sensible”.

Finalmente, el diputado dijo que “estamos pidiendo un informe al ejecutivo no solo para fiscalizar los montos, las formas de contratación y los proveedores, sino también los productos en sí mismos, porque hay disposiciones de Anmat que prohíben la comercialización de distintos alimentos de marcas específicas que el Estado está adquiriendo”.

El ex intendente Cárdenas y sus colaboradores se habrían asignado $500 mil. Desde la nueva gestión confirman que no entregaron la llave de la caja fuerte y dejaron el Libro de Resoluciones con serias deficiencias legales.

Según denuncian desde la nueva gestión a cargo de Pol Huisman, el ex intendente de El Hoyo Daniel Cárdenas y los ex secretarios de Gobierno y Legales, Gisel Cortés y Emanuel Silva, se pagaron a sí mismos casi medio millón de pesos del Municipio cuando los trabajadores contratados no percibieron los salarios de noviembre, y los de la planta estable no cobraron su aguinaldo.

Esas son apenas dos de las irregularidades con las que el nuevo Gobierno municipal se encontró ayer, apenas asumido en sus funciones.

Según denuncian, pocas horas antes de abandonar el municipio, Cárdenas, Cortés y Silva firmaron una resolución por la que ellos mismos ordenaron pagarse esa cuantiosa suma en concepto de supuestas vacaciones no tomadas y “sueldos” por los primeros 10 días de diciembre. Cárdenas se asignó 207.023,38 pesos, Cortés 139.309,95 y Silva 119.534,59 pesos.

El nuevo Gobierno se encontró con que casi no hay fondos en las cuentas bancarias del Municipio y no puede verificar la existencia de efectivo porque Cárdenas se niega a entregar las llaves de la caja fuerte, que estaba a su cargo, pese a que se las solicitaron reiteradamente.

Además, el libro oficial de resoluciones presenta graves irregularidades: espacios en blanco, interlineados, enmiendas sin salvar, resoluciones inexistentes, blancos sin inutilizar, escrituras en lápiz y espacios tachados con corrector líquido.

Se comprobó el faltante de una flota de seis teléfonos celulares de Movistar asignados a la “planta política” y cuyos consumos se pagan con fondos del Municipio.

Las autoridades salientes no entregaron un inventario actualizado de todos los bienes municipales, como le había exigido meses atrás una ordenanza del Concejo Deliberante y corresponde en una transmisión de mando legal.

Estas, y otras irregularidades que se constataron, fueron consignadas en actas mientras se analizan los pasos legales a seguir.

De acuerdo con lo que precisó el funcionario nacional, durante la reunión de Gabinete de este lunes en Casa Rosada, el presidente Mauricio Macri analizó el cuidado de las urnas para el 27 de octubre para poder cumplir con su deseo de «dar vuelta» la derrota de las PASO y que le permita soñar con un balotaje que le abrirá la puerta a una posible reelección.

«Nadie habla de fraude», afirmó Garavano, quien también admitió que la denuncia sobre un supuesto fraude en las PASO fue tratado durante el encuentro encabezado por Macri.

«Sí, fue mencionada específicamente la cuestión», aclaró el Ministro al ser consultado sobre las denuncias de un supuesto fraude en las primarias en unas 4.600 mesas.

Garavano aclaró que «se está finalizando un relevamiento donde se detectó un problema con las autoridades de mesa, afiliados que no deberían ejercer» cargos como el de presidente de mesa.

Además, el funcionario sostuvo que es algo que se va a profundizar «en aras de tratar de mejorar en términos del sistema, ya que puede afectar no solo a Juntos por el Cambio sino también a otras fuerzas políticas».

Por último, precisó que las dudas «tiene que ver con un análisis del escrutinio y el comportamiento electoral, una revisión detallada de las mesas, autoridades de mesa, y se detectaron irregularidades sobre las que seguramente la Cámara Nacional Electoral tomará nota».

En ese sentido, afirmó que «nadie habló de fraude, sino al contrario, porque fue una elección que se desarrolló con transparencia», insistió el Ministro.

Al respecto, prefirió hablar de «abusos», que según indicó son «irregularidades que la Justicia mejorará para las próximas elecciones», así lo reseña Noticias Argentinas.

 Atento a las gravosas condiciones financieras que atraviesa el municipio de Rawson, la concejal a cargo de la Intendencia, Araceli Di Filippo, solicitará la intervención de la Justicia para echar luz sobre el manejo de las finanzas oficiales. El escenario económico del Gobierno capitalino dificulta avanzar con algunos compromisos incumplidos asumidos por la mandataria municipal suspendida, Rossana Artero.

 Di Filippo cuestionó además la actitud de los gremios que impiden la recaudación, a través del tributo de los contribuyentes, manteniendo ocupado el sector de las cajas; sin embargo, estos últimos días el municipio pudo recaudar a partir de la disponibilidad de la oficina de Rentas de Playa Unión.

 Al trazar un panorama de la situación presente, la concejal a cargo de la Intendencia expuso: “Los empleados municipales están cobrando agosto, cuando ya deberíamos estar pagando septiembre, o por lo menos tener las previsiones para hacerlo en estos días. Eso uno lo entiende, pero cuando se generan atrasos la situación empeora”, reconoció.

 Di Filippo deslizó que el reclamo gremial “tiene varias aristas; la toma de la Municipalidad, por ejemplo, no sé bien con que temas está relacionada porque ahora ATE está planteando que renovemos contratos que se vencieron, sólo porque son afiliados”. 

 “También plantean que tomemos los reconocimientos de servicios que no tienen registro en ningún lado. Y en otros casos no tenemos conocimiento si en algún momento estuvieron trabajando en el municipio porque no tenemos constancia”, reveló.

 “La comunidad de Rawson no puede estar pagando este dinero extra, habida cuenta la situación embarazosa que atraviesa”, comentó.

 

Coparticipación

 Con relación a los ingresos mensuales, Di Filippo señaló que “por coparticipación Rawson recibe a fin de mes entre 18 y 20 millones de pesos. De ese aporte, sólo nos quedan 500 mil pesos porque el monto mayor es absorbido por SEROS como consecuencia de los pases a planta. Es decir, desde octubre del año pasado a junio de 2019 pasaron a planta 250 personas. No digo que esté mal, había gente que se lo merecía y otra que ni se sabía dónde trabajaba; lo cierto es que ahora ATE exige que los planes y  reconocimientos pasen a planta”.

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Luis Maria Blaquier, deberá presentarse hoy para prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investigan posibles irregularidades en el manejo de ese Fondo.

La citación la dispuso el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, informaron fuentes judiciales.

Blaquier está acusado de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la ANSES obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015, según consta en el expediente.

El ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, Luis Maria Blaquier, fue citado a prestar declaración indagatoria en el marco de una causa en la que se investigan irregularidades en el manejo de ese Fondo.

La citación es para el 25 de septiembre y la dispuso el juez federal Sebastián Casanello a instancias del fiscal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación, informaron fuentes judiciales.

Blaquier está acusado de haber cometido el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, por haber suscripto en 2016 con los fondos de la ANSES obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015, según consta en el expediente, así lo reseña Télam.