fbpx
Tag

IPV

Browsing

El próximo 25 de febrero se conocerá la resolución.

En la mañana del viernes se presentó en sede de los tribunales penales la propuesta de juicio abreviado para el entonces delegado local del IPV, Abel Reyna, en base a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, exacciones ilegales, cohecho pasivo y activo; y tráfico de influencias. La jueza dará a conocer si homologa, o no el acuerdo, y dará a conocer su decisión el próximo lunes 25 de febrero.

El imputado aceptó voluntariamente su participación y responsabilidad en los hechos, como también la pena propuesta por la fiscal general, de tres años de prisión de cumplimiento condicional y la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos políticos. Tanto la pena como la inhabilitación la que se merita como adecuada en su monto por las partes atendiendo a las características de los hechos, la extensión del daño causado y los antecedentes del imputado.

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

El 25 la jueza determinará si se homologa el juicio abreviado.

En el mediodía de este viernes se llevó a cabo la audiencia de juicio abreviado por el caso de corrupción en el IPV, donde el ex delegado fue condenado a tres años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En los tribunales del barrio Roca se desarrolló la presentación de propuesta de juicio abreviado en la causa por corrupción en la delegación local del IPV, donde su ex delegado Abel Reyna, fue denunciado por realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, delitos por los que cuatro empleados ya fueron condenados – el pasado 8 de feberero- a realizar trabajo comunitario y pagar $228 mil, tal como informó días atrás ADNSUR.

En la audiencia de este viernes, Abel Reyna fue condenado a 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos electivos. Asimismo, se espera que el lunes 25, la jueza resuelva su homologación.

Durante la presentación, la jueza Daniela Arcuri cuestionó que “(Abel) Reyna traficaba su influencia directa del gobernador (Martin) Buzzi. ¿Y por qué no está imputado?”, consultó la jueza Daniela Arcuri, mientras que la fiscal Camila Banfi explicó que es porque (el ex titular del IPV) Ricardo Trovant hizo la denuncia, según detalló TVeo Comodoro.

La fiscal agregó además que Ricardo Trovant alegaba que Buzzi lo mandó a denunciar. “Prometió audios como pruebas pero nunca los presentó“, añadió.

 

ADN Sur

El gobierno de Mariano Arcioni, en la persona del Ministro Coordinador de Gabinete, Marcial Paz, deberá dar respuesta a la Justicia del Chubut por los informes no entregados sobre el IPV Chubut.

EL Dr. Carlos Alberto TESI, titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Rural y de Minería de Rawson, había considerado formalmente admisible una acción de Mandamiento de Ejecución solicitada por el Diputado Provincial, – UCR-Cambiemos -, Eduardo Conde, quien requiere que el gobierno de Arcioni proporcione información sobre el IPV Chubut.

En septiembre y octubre de 2018 la Honorable Legislatura del Chubut por sendas Resoluciones de Cámara solicitó al Poder Ejecutivo que se proporcione copia del Fichero de Obras del IPV desde la la N° 2.180 en adelante hasta la última registrada.

El restante pedido solicita copia de los Listados de todos los beneficiarios con viviendas nuevas entregadas por el IPV Chubut, desde el 10 de diciembre de 2003 hasta la fecha del 31 de agosto de 2018.

El primer pedido quedó “varado” en dependencias del Ministerio de Infraestructura desde el 20 de septiembre, es decir que nunca fue notificado el IPV que debe proporcionar esa información.

Más Llamativo es todavía el caso de las Listas con los nombres de todos los que recibieron Viviendas del Instituto en los últimos catorce años.

Las autoridades del IPV elaboraron una respuesta que enviaron como correspondía a Casa de Gobierno. Ingresó el 2 de noviembre del 2018, y desde entonces “duerme” en Fontana 50 en dependencias del Ministerio Coordinador de Gabinete, cuyo titular es Marcial Paz.

Extraoficialmente se supo que serían solo 67 las obras registradas en Fichero del IPV desde el año 2016 a esta parte. También que en las Listas de adjudicados que proporcionó el IPV estarían faltando algunos miles de nombres de beneficiarios.

Estos faltantes serían consecuencia de no contarse en la sede del Instituto Provincial de la Vivienda con la información, ya que serían los nombres de los beneficiarios de Obras Delegadas a municipios y comunas, que a su vez seleccionaban a los beneficiarios.

Por lo tanto, en estos casos no solo no habría información sobre quiénes fueron los titulares de esas viviendas del Estado Provincial, tampoco se han escriturado esas unidades y por supuesto no pagan cuota alguna.

Audiencia de suspensión de juicio a prueba en causa por corrupción, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público en el IPV local

En horas de la mañana del presente viernes se conoció la resolución de la jueza Daniela Arcuri sobre la causa por la suspensión de juicio a prueba para los imputados Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori en la causa conocida como IPV local. Por su parte para el entonces delegado local del organismo, Abel Reyna, en su calidad de ex funcionario, se pospuso el trámite hasta el próximo viernes 15 de febrero, a las 10.00 hs., cuando se propondrá un juicio abreviado.

El pasado lunes se realizó la audiencia donde los defensores de los imputados propusieron la aplicación de suspensión de juicio a prueba para los 4 imputados. La jueza autorizó la suspensión de juicio a prueba para Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori considerando la reparación ofrecida por ellos como “adecuada y razonable”. También consideró el trabajo comunitario en beneficio de una entidad pública para reparar el daño causado, también deberán cumplir por el término estimado la regla general de conducta de presentarse periódicamente ante el Cuerpo de Delegados de Control y no verse involucrados en nuevos delitos.

La jueza consideró asimismo en su resolución la admisibilidad y la procedencia de las suspensiones solicitadas. El Instituto fue solicitado antes de la apertura del debate y fue peticionado por los imputados, ofreciendo una reparación económica, en la medida de sus posibilidades; como el abandono de los bienes decomisados. Otro de los requisitos para poder hacer lugar a las suspensiones es que la pena sea inferior a tres años y que el sujeto activo no sea funcionario público. También se debe dar el consentimiento del fiscal, que en el caso se da, como también el de la querella.

Arcuri argumentó que la reparación ofrecida por todos los imputados estaba dentro de sus posibilidades y que se ha abandonado los bienes decomisables por el procedimiento Administrativo de recupero de las viviendas iniciado por el IPV. Todos los delitos imputados son de acción pública y procede la suspensión ya que ninguno de los cuatro imputados era funcionario público, como tampoco ninguno poseía antecedentes penales computables.

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Leonori, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero, abogado particular; en tanto que la de Antimilla y Medina Consoli por Esteban Mantecón, defensor público.

Los hechos imputados en la acusación:

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

En la mañana de este viernes en Tribunales se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba para los imputados por la causa del IPV Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, quienes ofrecieron horas de trabajo comunitario y un porcentaje de su sueldo a cambio […]

En la mañana de este viernes en Tribunales se llevó a cabo la audiencia de suspensión de juicio a prueba para los imputados por la causa del IPV Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori, quienes ofrecieron horas de trabajo comunitario y un porcentaje de su sueldo a cambio de suspender el juicio, lo cual fue confirmado esta mañana.

En la última audiencia los cuatro imputados -acusados de realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela– ofrecieron horas de trabajo comunitario y un porcentaje de su sueldo a cambio de suspender el juicio, lo cual fue confirmado esta mañana.

Darío Acosta fue condenado a 600 horas de trabajo comunitario y 8000 pesos por mes durante dos años. Por su parte, Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla pagarán 1.500 pesos por mes durante un año y 144 horas de trabajo comunitario; mientras que la abogada Claudia Leonori pagará 5000 pesos por mes durante un año.

El juicio abreviado de Abel Reyna quedó pendiente porque su abogado defensor, Guillermo Iglesias está saturado de audiencias.

“Acá el principal responsable es Reyna y de otros terceros que no siquiera están imputados en la causa“, definió la jueza Daniela Arcuri en la audiencia.

ADN Sur

El viernes se conocerá la decisión de la jueza Daniela Arcuri. Los acusados en la causa propusieron realizar trabajos comunitarios y retribuciones económicas.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, realizó maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

El abogado de Dario Acosta, Francisco Miguel Romero, solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una institución de bien público, y el pago del 20% de su sueldo durante dos años.

Por su parte, el defensor de Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla, Esteban Mantecon, pidió que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitó por ende la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte, Guillermo Iglesias, el defensor de Claudia Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

El Comodorense

Se reunieron con el viceintendente Juan Pablo Luque.

Se reunieron con el viceintendente Juan Pablo Luque solicitando gestiones ante el ejecutivo provincial porque desde sus despidos no han tenido respuestas. Son cinco exempleadas que hicieron pública su denuncia por extorsión contra el exdelegado del IPV, Daniel Carrizo, pero aseguran que hay más personas afectadas.

Un grupo de empleadas despedidas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) llevaron su reclamo al Concejo Deliberante, solicitando la mediación del viceintendente Juan Pablo Luque para destrabar el conflicto laboral que mantienen con el ejecutivo provincial, luego que presentaran una denuncia al anterior titular del IPV local, Daniel Carrizo, por maltrato, violencia de género y pedido de retornos bajo el concepto de “pagos voluntarios”.

“Tras escuchar a las trabajadoras, el viceintendente aseguró que “intentaremos gestionar su reincorporación porque su despido es sumamente injusto. Estamos hablando de mujeres que tienen denuncias graves contra el exdelegado del IPV y que tienen pruebas ya presentadas ante la justicia. Creo que el gobierno provincial debería actuar para no apañar estos despidos”

Luque repudió que “lo que les hicieron es gravísimo porque además de extorsionarlas mientras estaban contratadas y buscaban quedar en planta, tal cual les era prometido y nunca sucedió, recibieron todo tipo de agravios, amenazas y se trata de mujeres con niños que hoy tienen secuelas psicológicas”.

Una de las damnificadas, Silvia Gómez, comentó que la instancia de diálogo con el gobierno provincial se agotó sin respuestas: “El gobernador nos dijo que en una semana íbamos a tener una respuesta, ya pasó ese tiempo y hace un mes que estamos esperando. Nosotros necesitamos trabajar y queremos que nos escuchen, por eso venimos a ver al viceintendente porque es una de las máximas autoridades de la ciudad”.

Luego de la reunión, los trabajadores recibieron el compromiso del viceintendente para gestionar una respuesta al reclamo presentado, además de precisar que “el primer reclamo fue en septiembre del año pasado ante Provincia y luego salió a la luz el tema de este `personaje`, Daniel Carrizo, los cobros, el hostigamiento laboral y maltrato”.

Gómez aclaró que sus puestos no eran políticos: “Nosotros presentamos curriculum y él nos llamó, cuando entramos a trabajar no nos dijeron que teníamos que pagarle pero cuando nos llega el primer contrato nos enteramos que teníamos que hacer un aporte voluntario que en realidad era extorsivo porque era eso o quedarse sin trabajo. Nos prometieron el pase a planta transitoria luego de haber trabajado con contrato de seis meses pero el pago siguió, los maltratos se incrementaron y ante cualquier queja nos quedábamos sin la fuente laboral”.

ADN Sur

Está en análisis qué cantidad de viviendas fueron entregadas de forma irregular, y el organismo provincial podrá recuperarlas y redistribuirlas entre familias que reúnan los requisitos para acceder a una vivienda social.

El expediente 133 del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano de Chubut apunta a revisar los legajos de las 81 viviendas del barrio Ciudadela, cuyos expedientes fueron observados en su totalidad por la fiscalía que interviene en la causa por corrupción en la Delegación local del organismo, cuya sentencia y resolución se conocerá el próximo viernes. De ese análisis surgirá un número no determinado aún de viviendas, que el organismo provincial podrá recuperar y redistribuir entre familias que reúnan los requisitos para acceder a una vivienda social.

La causa que tiene como principal imputado a Abel Reyna, que ya aceptó su responsabilidad penal como parte del juicio abreviado que podría ser homologado el próximo viernes por la jueza Daniela Arcuri, refleja que las 81 viviendas de barrio Ciudadela no fueron adjudicadas en condiciones regulares.

“Esto no significa que todas las familias que hoy tienen una vivienda no cumplan con los requisitos para acceder –explicó a ADNSUR una de las fuentes cercanas a la investigación-, pero lo que está claro es que al no cumplirse el procedimiento regular para la adjudicación hoy todos los expedientes están observados”.

En base a esto, las acciones del organismo provincial apuntan ahora a revisar cada una de las situaciones, para verificar aquellos casos en que sí reúnen las condiciones para acceder a la vivienda social, mientras que el resto serán restituidas al Instituto, a fin de re-adjudicarlas a quienes realmente las necesiten.

De por sí, al momento de las pericias realizadas sobre fines del año 2016, había un número no inferior a 20 unidades que estaban en condición irregular: desde casas cerradas, hasta ofrecidas en alquiler por inmobiliarias –algo totalmente prohibido para este tipo de planes sociales- o no habitadas por sus adjudicatarios originales, hasta ocupadas también por familias gitanas.

La tarea del Instituto en el expediente ahora abierto, como consecuencia de los delitos cometidos por quienes crearon un sistema irregular para la entrega de viviendas deberá verificar cuáles son las viviendas que están en condiciones de recuperarse, como también completar el proceso de adjudicación a favor de las familias que reúnen los requisitos.

“Hay personas solas, que no reúnen los requisitos y se adjudicaron viviendas como si tuvieran familias numerosas”, grafican desde la fiscalía, señalando también el caso de la ex funcionaria que entregó una casa a su ex pareja como parte del acuerdo de divorcio entre ellos.

 

ADN Sur

A lo largo de toda la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia de suspensión de juicio a prueba para los imputados Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori. Por su parte para el entonces delegado local del organismo, Abel Reyna, se pospuso el trámite hasta el próximo 8 de febrero, a las 10.00 hs., cuando se propondrá un juicio abreviado. La jueza resolverá por escrito acerca de las suspensiones el próximo viernes 8 de febrero a las 9.00 hs..

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna y Leonori, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero, abogado particular; en tanto que la de Antimilla y Medina Consoli por Esteban Mantecón, defensor público.

En un primer momento el defensor de Acosta solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba de su pupilo en virtud de su falta de antecedentes penales y en tanto que el concurso de cargos que se le imputan, falsedad ideológica en concurso ideal con exacciones ilegales y cohecho pasivo, tiene una pena mínima de 1 año de prisión. La pena será de cumplimiento condicional, sostuvo el defensor. Solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una Institución de bien público. También ofreció pagar el 20 % de su sueldo durante dos años, cuatro presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y observar las pautas de conducta establecidas en la Ley.

Seguidamente el defensor de Medina Consoli y Antimilla, acusadas por falsedad ideológica y cohecho pasivo, también sostuvo que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitando la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte el defensor de Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

A continuación la querella requirió se acepte la propuesta de reparación de Acosta, pero se opuso a la de las restantes imputadas, Medina Consoli, Antimilla y Leonori, por considerar que las mismas no son suficientes, sugiriendo la de 300 horas de trabajo comunitario y el 20% de sus sueldos por un año.

La fiscal por su parte se refirió al cambio de jueces y criterios, como de adecuaciones de la plataforma fáctica, a lo largo de la tramitación de la causa. Desde el inicio la fiscalía jamás tuvo la intención de oponerse a la aplicación de la suspensión de juicio a prueba ya que se cumplía con los criterios objetivos y subjetivos para los imputados, salvo para Abel Reyna. La discusión se planteó respecto de los bienes que los imputados debían dejar en favor del Estado, porque se encontraba una valla legal si permanecían en las viviendas que habían sido parte del pago de las maniobras efectuadas por Reyna, teniendo en cuanta que el resto de los imputados habían sido colaboradores y partícipes. En el marco de un sumario Administrativo iniciado por el IPV respecto de las personas imputadas en la presente audiencia se inicia a partir de una solicitud del Ministerio Público Fiscal con el objeto que el IPV recupere las viviendas. Este inicio de ejecución del recupero habilita a la fiscalía a prestar la conformidad de las suspensiones que han ofrecido cada uno de los imputados, afirmó Banfi.

Los hechos imputados en la acusación:A

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

El delegado del organismo en la zona sur, Martín Iparraguirre, encabezó el acto en la localidad. Además visitó la obra de las 48 viviendas del gremio petrolero recientemente iniciada y mantuvo encuentros de trabajo con personal de la Delegación local.

El Gobierno del Chubut, a través del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), concluyó recientemente en Sarmiento un nuevo complejo habitacional que beneficia a 34 familias de la localidad.

Como paso previo a la entrega formal de las llaves, se realizó días atrás en Sarmiento el sorteo de las viviendas entre los adjudicatarios. El acto estuvo encabezado por el delegado del IPV en la zona sur, Martín Iparraguirre, y funcionarios del área social de esa dependencia.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el salón que la Policía del Chubut tiene en Sarmiento, se pronunciaron palabras de reconocimiento al personal del Instituto que tuvo a su cargo el proceso previo de visitas sociales y preselección; así como al área técnica profesional que supervisó la marcha de la obra.

Asimismo, se les brindó a las familias beneficiarias las explicaciones y recomendaciones para el acceso y uso de las nuevas viviendas, y se produjo un activo intercambio de consultas con los adjudicatarios.

Viviendas para familias petroleras

Luego del sorteo, Iparraguirre recorrió la obra de las 48 viviendas del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut que recientemente comenzaron a ejecutarse en la localidad.

La actividad del funcionario también incluyó un encuentro de trabajo con el personal de la Delegación Sarmiento sobre temas vinculados a registros, seguimiento y cobro de viviendas ya construidas por el IPV.