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En horas de la mañana del viernes se efectivizó en los tribunales penales ordinarios del barrio Roca la audiencia preliminar en la causa que se conoce como “caso IPV”, que tiene como imputados al entonces delegado local del organismo Abel Reyna y también a Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori. Las partes ofrecieron prueba documental y testimonial a ventilar en el próximo debate oral y público.

La audiencia fue presidida por Raquel Tassello, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de Reyna y Leonori, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero, abogado particular; en tanto que la de Antimilla y Medina Consoli por Esteban Mantecón, defensor público.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

En el año 2012 un total de 48 familias compraron un lote para la construcción de sus viviendas que ofrecía el sindicato de Utedyc, el mismo exigiendo se rinda con los requisitos que impone el IPVyDU, se firmó un contrato donde el IPVyDU estaba a cargo de la refinanciación y construcción del barrio.

En Septiembre de 2016 se hizo la apertura de licitación ganando la empresa constructora Villegas Construcciones S.R.L, hoy hasta el día de la fecha no se construyó ninguna vivienda.

En el día de hoy aproximadamente a las 10:00 hs, un grupo de familias del barrio 48 viviendas de Utedyc se hicieron presente en las instalaciones de la sede del IPV en trelew. En primera instancia les cerraron la puerta con llave impidiendo el ingreso al edificio, pese a que la presentación era de forma pacífica. Luego de unos minutos les permitieron el ingreso.

Posteriormente fueron recibidos por Guillermo Marino y Etchepareborda, quienes quedaron en dar una respuesta en 15 dias, mostrando predisposición para brindar alguna solución.

 

 

FM Tropical

Integrantes del Ministerio Público Fiscal y el equipo técnico multidisciplinario llevan adelante un nuevo procedimiento en relación a la causa donde se investiga la presunta venta irregular de terrenos que pertenecían al Instituto de Seguridad Social y Seguros (Seros).

En esta ocasión la diligencia de presentación se efectúa en el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, con domicilio en San Martín y Don Bosco de Rawson, donde se requiere la entrega de todo tipo de documentación relacionada con la cesión de lotes del círculo policial y mutual de la provincia del Chubut y el Instituto. También se solicitan diversos expedientes y resoluciones que dan cuenta de proyectos de construcción de viviendas y uno sobre escritura pública 161 de fecha 1 de septiembre. Este procedimiento se lleva adelante en la asesoría legal del mencionado Instituto, con la presencia del asesor letrado, actuando el funcionario de fiscalía Rubén Kholer y los integrantes del equipo multidisciplinario Juan Carlos Núñez, José Velázquez y Mario Nahuelcheo.

El flamante delegado del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) en la zona sur, Martín Iparraguirre, destacó este martes el rol fundamental del organismo en base a la alta demanda habitacional en la región. Además, realizó una recorrida de planes habitacionales en ejecución.

Iparraguirre junto a la directora General de Construcciones, Paula Cañadas, y la responsable del área técnica de Obras, Silvia Olmedo, recorrieron planes en marcha, como las 71 viviendas de la Emergencia Climática y las 632 viviendas de Km. 12. “Vimos parte de los problemas que atentan contra la entrega de éstas unidades, los inconvenientes de infraestructura que se generaron con el temporal provocando roturas en las redes y nexos cloacales”, explicó Iparraguirre.

“Resolver problemas de viviendas de la gente” 

A pocos días de asumir al frente de la Delegación, el funcionario habló de la importancia que la representación del Instituto tiene en el sur provincial “porque es el puente de conexión entre una enorme demanda de viviendas y soluciones habitacionales, y las autoridades provinciales que fijan las políticas a través de los recursos propios y los Fonavi”.

Remarcó que la función del organismo “es resolver problemas de viviendas de la gente” pero al mismo tiempo “tiene un efecto colateral, generando fuentes de trabajo y dinamizando la economía privada de las empresas, proveedores y demás”.

Iparraguirre destacó la calidad del recurso humano, tanto del área social como técnica, que “ha sostenido la bandera de la Delegación del IPV durante muchos años contra viento y marea”. Explicó que por un lado “está el seguimiento técnico que hacen los profesionales, como control de obras, registro de certificados, inspecciones”; y por otro el área social “que tiene varias funciones como el registro de los inscriptos, el control de calidad de esas inscripciones, establecer criterios de justicia y los órdenes de prelación para acceder a la vivienda”.

Indicó que otras de las funciones a cargo del personal es “el seguimiento estadístico, de operaciones hipotecarias y el control de morosidad”, así como el “seguimiento de créditos individuales para mejoramiento o construcción de vivienda”. El delegado del IPV consideró clave “ponerse en el lugar de aquellos que tenemos que atender porque si no se hace así, lo que se genera es más angustia, más presión y eventualmente una carga de escepticismo que hace más difícil la relación con la gente”.

Recupero de cuotas 

El funcionario se refirió a las herramientas que se vienen implementando para mejorar los índices de recupero de cuotas del IPV. Manifestó que “la morosidad se ha venido combatiendo con resultados positivos en los últimos meses” y agregó que ahora hay además “sistemas de actualización de cuotas que de alguna manera están empezando a reflejar una realidad diferente”. En esa línea, subrayó que “hay un aumento en la capacidad de recupero por el hecho del trabajo social y las visitas que se hacen, con un control familia por familia y barrios por barrios”.

Iparraguirre advirtió que también “hay situaciones del tipo subsidios por distintos eventos del pasado que fueron dando lugar a resoluciones que eran provisorias. Por ejemplo, alguna situación que generó que determinada gente fuera beneficiada con un criterio adecuado, pero pasaron los años, siguieron recibiendo beneficios y en algunos casos no se hizo el seguimiento para verificarlo”. Sostuvo que se ha planteado la necesidad de “hacer una revisión prolija de cada caso en particular para no encontrarnos que una normativa general pueda afectar los intereses de alguien que está pasando una mala situación”.

La gerente General del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Ivana Papaiani, hizo entrega en la Delegación Comodoro Rivadavia del organismo de un horno eléctrico a la señora Mirta Liliana Goicoechea, adjudicataria del Bº 44 Viviendas “Cooperativa 9 de Agosto”, en el marco del concurso “Estar al día Beneficia Tu Hogar”.

Cabe destacar que mediante esta iniciativa, el IPV premia con diferentes electrodomésticos, televisores tipoled, sistemas de música y hornos eléctricos,a los titulares de viviendas que cumplen puntualmente con la cancelación de las cuotas de la unidad habitacional que le fuera oportunamente adjudicada, por jugada nocturna de la Lotería del Chubutdel último sábado de cada mes.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, impulsó un pedido de informes sobre quiénes son los adjudicatarios de viviendas del IPV Chubut.

El legislador comodorense solicitó por Resolución de Cámara que el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano del Chubut informe sobre quiénes son los titulares de las 14.977 viviendas nuevas que se construyeron entre el 10 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.

El último informe dado por el IPV, en respuesta a otro pedido que impulsara el diputado Conde, permitió saber que solo se habían construido en los últimos catorce años 15.351 viviendas nuevas. De ellas 374 corresponden a las denominadas Viviendas de Servicio, que son unidades habitacionales destinadas a alojar agentes de salud, educación, policía o viviendas tuteladas, y son responsables los organismos a las que les son asignadas.

Los legisladores provinciales que a mediados de 2016 visualizaron la información recibida con solo 8.606 nombres de adjudicatarios de viviendas de los pasados catorce años, manifestaron en aquella oportunidad un gran desconcierto dado que esperaban recibir una nómina de 20 mil ciudadanos beneficiados con una casa o departamento, y la información entregada contenía menos de la mitad de las unidades que había publicitado el gobierno de Mario Das Neves, quién aseguraba haber construido 16 mil viviendas, y otras 4 mil unidades el ex gobernador Martín Buzzi.

La última información oficial del IPV Chubut dando cuenta que son solo 15.351 viviendas las ejecutadas e iniciadas entre el 10 de diciembre de 2003 y el 31 de diciembre de 2017, no causó mayores sorpresas a partir de que ya había trascendido que los datos que se habían publicitado durante años eran una falacia.

Una vez proporcionada por el IPV Chubut las listas de los titulares de las 14.977 viviendas entregadas a partir del inicio del primer gobierno de Das Neves hasta el presente, los nombres de los titulares serán dados a publicidad según se anticipó. “Esta información, que sistemáticamente es retaceada por el Instituto de la Vivienda, es pública y corresponde su difusión”, afirmó Eduardo Conde.

 

 

EQS Notas

La gerente General del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Ivana Papaiani puso en funciones este viernes, en Comodoro Rivadavia al nuevo delegado de la Zona Sur, Martín Iparraguirre.

Se trata del arquitecto Martín Iparraguirre, quien reemplazará en sus funciones a Daniel Carrizo. El arquitecto Iparraguirre tiene en su haber una vasta experiencia en funciones públicas y privadas, fue Diputado Provincial, Intendente de Rada Tilly durante los años 1991-1995, Secretario de Turismo de la provincia, entre otras funciones.

Luego del acto formal de la puesta en funciones del nuevo funcionario provincial, la gerente General del IPV, Ivana Papaiani afirmó que “estamos muy expectantes de poder llevar adelante una tarea articulada con el arquitecto Martín Iparraguirre ya que tendrá a su cargo toda la zona sur entre ellas, las localidades de Sarmiento y Río Mayo”.

Reactivación y consolidación 

El flamante Delegado del IPV destacó que “el objetivo es trabajar y colaborar en los planes que el Instituto Provincial de la Vivienda tiene previsto para la zona sur, tratando de resolver funciones orgánicas de la delegación”.

“Avanzar en dos caminos principales que son la reactivación y la consolidación de los planes de obras que están en marcha, hacer trabajos de registros de depuración informativa para las mejores tareas de las adjudicaciones y comenzar a imaginar escenarios nuevos de financiamiento de las viviendas aún en un contexto complejo de la economía” subrayó Iparraguirre.

Referentes del ámbito de empresas de la construcción de Comodoro Rivadavia dejaron entrever en los últimos días su preocupación por la falta de definiciones y propuestas de cancelación de deudas por parte del Estado provincial, por lo que comunicarán a la UOCRA la posibilidad de paralizar tres planes de viviendas que construye el IPV en la ciudad, lo que pondría en riesgo la continuidad de entre 90 y 120 puestos laborales de ese sector.

“Lo peor es que no tenemos contacto con integrantes del gobierno; parece que para Comodoro están pintados”, sintetizó con dureza uno de los empresarios, que días atrás participó de la mesa convocada por el intendente Linares y dirigentes de la UOCRA, para impulsar un plan de obras municipal que ayude a paliar la desocupación en ese sector.

“Las obras municipales pueden servir como paliativos y viene bien, pero hay empresas que están ahogadas por las deudas que mantiene la provincia desde hace años y no dan ninguna precisión sobre el modo de pago: crearon un bono que no se sabe cómo se va a utilizar ni para qué va a servir”, contó de los empresarios de ese sector.

Un ejemplo son los planes de vivienda construidos y terminados en más del 90 por ciento en Km.14, que el IPV no ha entregado por la destrucción de las redes cloacales durante el temporal del año pasado, pero que sin embargo no ha planteado ninguna alternativa para la reparación tras un año y medio desde aquel evento.

También los centros de encuentro, que no están terminados, acumulan deudas, mientras que los barrios que se habían empezado a construir el año pasado, con 96 unidades habitacionales, podrían paralizarse en breve.

Asimismo, en el sector reconocen que el gobierno provincial necesitaba la ley para renegociar todos los contratos de obra pública, iniciativa que finalmente no prosperó dentro del ámbito de la Legislatura de Chubut.

“Si la provincia no se sienta con una propuesta concreta de pago de todo lo atrasado, nosotros no podemos seguir financiando las obras –sintetizaron-. No hay crédito, con las tasas por las nubes y esto no da para más“.

“Si uno mira Trelew, las obras tiene continuidad y están al día, como el nuevo hospital que están construyendo allá, pero acá ni siquiera somos escuchados”, finalizaron.

 

 

ADN Sur

El ex Delegado del Instituto Provincial de la Vivienda Zona Sur, Daniel Carrizo presentó una Denuncia Penal contra el actual Presidente de ese Instituto, arquitecto Carlos Simionatti, como así también contra Mariela Uribe.

Esta presentación fue realizada con el patrocinio del abogado penalista Alberto Luciani, a raíz de los hechos acontecidos en el IPV y que tomaron un gran impacto mediático estas últimas semanas.

La denuncia penal pide se investigue por la posible conducta de “violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y se solicita se de curso a la correspondiente investigación y formación del legajo correspondiente” detallo el letrado.

Los hechos denunciados se basan en los acontecimientos que se dieron a conocer por los medios de comunicación, estas últimas semanas en las oficinas de la Delegación Zona Sur del IPV en esta ciudad, donde a la sra Mariela Uribe, se le liquido de forma “irregular” un total de $126.000 (ciento veintiséis mil pesos) por servicios prestados a este organismo desde abril a septiembre de este año, pero precisamente desde el mes de abril de este año, la sra Uribe no presta servicios en la Delegación Zona Sur del Instituto, y en segundo lugar, esta persona (Uribe) solo se ha dedicado a ejercer presión ante el Organismo, mediante conductas violentas y agresivas, incluyendo amenazas, insultos y agresiones al personal que se desempeña en esa Delegación, lo cual motivo la queja unánime del personal del IPV de Comodoro Rivadavia ante las autoridades.

“Es por ello que ante toda la prueba documental existente (que le fue entregada al Fiscal interviniente) se solicita que se investigue estos hechos, a fin de que se determine la existencia de los delitos detallados” finalizo Luciani.

Por su parte, Daniel Carrizo expreso que “es un contrasentido que mientras transitamos esta etapa de gran incertidumbre, donde hasta las ayudas sociales están restringidas, en las escuelas, hospitales y comisarias faltan insumos esenciales, el IPV no hace casas en Comodoro y el pago a los empleados se hace de manera escalonada, desde la cabeza de este Organismo se disponga del pago, hasta por adelantado, de un servicio que esta señora jamás presto, estas actitudes y decisiones, ofenden a la sociedad y más todavía a los trabajadores del Estado que cumplen sus tareas todos los días en sus lugares de trabajo”.

“Me siento en la obligación, como Ciudadano, de efectuar esta denuncia, ya que hasta el momento y por más que se ha difundido por todos los medios lo sucedido, hasta donde sé, no se ha iniciado ningún tipo de investigación de oficio por estos hechos” sentencio Carrizo.

El vecino José Carestia recibió un “Crédito de Honor” para construir su casa en Playa Unión cuando corría la gestión del gobernador Martín Buzzi. Sin embargo, 4 años después, tanto él como su hijo Gustavo, continúan peleando para poder concretar la obra.

José Carestia y su hijo Gustavo, indicaron que le entregaron a su padre el denominado “Crédito de Honor” cuando se realizaba la “Casa Abierta” en la gestión de Martín Buzzi como gobernador de la Provincia con el fin de construir una vivienda adaptada para discapacitados. Al finalizar ese gobierno, la obra estuvo parada por dos años con el 20 por ciento de los trabajos ejecutados.

«Sin garantía no podían continuar la obra, y el IPV puso como condición para seguir la obra, la totalidad de la propiedad como garantía. De esta manera, quedó el crédito a nombre mío y se reanudó», indicó Carestia.

En ese sentido, agregó que al reanudarse el crédito, el IPV continuó con la obra con un contratista pero «me hicieron creer que el IPV me estaba haciendo la casa pero en realidad me habían dado un crédito personal. Ahí empezaron las diferencias con el contratista, él desaparece y el ingeniero Marino, que en su momento estaba como interino del IPV, me negó cualquier relación con el contratista que había ganado la licitación», sostuvo Carestia.

Por otro lado, Carestia indicó que ahora se cortó el resto del crédito porque aparentemente hay un reclamo de este contratista y «si hay que denunciar vamos a hacerlo pero pedimos ayuda para que esto sea claro, nunca entendimos porque pasa tanto tiempo. Necesito que se termine de construir la casa para mis padres».

En tanto, Carestia agregó que su madre se encuentra en un hogar ya que padece Alzheimer y su padre también necesita atención, «esto no lo podemos sostener más y no puedo esperar, necesitamos que se termine si o si de construir la casa porque es una necesidad real».

 

 

El Chubut