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En la mañana de este viernes, en la Oficina Judicial, estaba previsto que se llevara a cabo la audiencia de impugnación de sentencia que fue presentada por la defensa de Abel Reyna, quien fue condenado a tres años de prisión por coimas en el IPV.

A una semana de que se cumpla el vencimiento total del proceso de la causa por coimas en el IPV,  la Cámara Penal iba a tratar la impugnación de sentencia que presentó la defensa de Abel Reyna.

El ex delegado del IPV fue condenado – el pasado 11 de abril – a tres años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos en la Administración Pública. Y para que el caso no quede impune, antes del 24 de mayo la sentencia debe ser confirmada por la segunda instancia.

Al respecto,  el abogado defensor de Reyna, Guillermo Iglesias, pidió la recusación de los jueces Guillermo Müller y Luis María Pintos, que iban a resolver la impugnación de la sentencia.

“Originalmente se había rechazado por extemporánea y ahora hicimos un nuevo planteo haciendo entender, que está dentro del plazo que se cuenta desde la última notificación”, dijo Iglesias.

Iglesias indicó además que se trata de dos magistrados que intervinieron antes en la resolución de una probation “y la ley nos permite que puedan ser objeto de apartamiento”.

Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó pasadas las 11 de la mañana, que por unanimidad,  se rechazó revocatoria de Müller y Pintos presentada por Iglesias.

 

 

ADN Sur

Se trata de obras destinadas al mejoramiento barrial de localidades de la provincia, e incluyen la generación de viviendas, cloacas, agua, plazas, calles y cordones cuneta, entre otros.

El Gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, se reunió este martes por la mañana en Casa de Gobierno en Rawson, con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU), Carlos Simionati, la gerenta general del organismo, Ivana Papaiani, y representantes de la Dirección General de Proyectos, dependiente del Ministerio del Interior de Nación, para avanzar con el desarrollo de proyectos Urbanos para el mejoramiento de distintos barrios en la provincia.

En este marco, Carlos Simionati explicó que “lo que estamos tratando de hacer es definir el financiamiento para proyectos a desarrollar en diferentes ciudades de la provincia”, y destalló que “son proyectos urbanos que favorecen a muchas familias a través de la generación de viviendas, cloacas, agua, plazas, calles, cordones cunetas, etc. para lograr el mejoramiento de los distintos barrios en toda la provincia”.

En relación a las localidades donde se harían las obras de mejoramiento barrila, el presidente del IPV puntualizó que “con este financiamiento estaríamos comenzando a desarrollar los proyectos en Comodoro Rivadavia, con otro tipo de financiamiento en Trelew y Puerto Madryn, y así iremos avanzando con todas las localidades”, y agregó “que la inversión aproximada es de 40 millones de dólar. La Dirección General de Proyectos estarán en contacto con el Ministerio de Economía para ver cuál es la solución que le podemos dar a estos proyectos y lograr su financiamiento”.

Proyectos ya armados

Por su parte, el representante de la Dirección General de Proyectos del Ministerio del Interior de Nación, Martín Camiña, destacó que “Provincia ya tiene armados los proyectos, por eso avanzamos con el esquema financiamiento”, y remarcó que “estos proyectos están formulados conforme a los estándares de los organismos de créditos, que tienen que ver con la finalidad del mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y las formulaciones que piden los organismos tienen que ver con estudios sociales, de impacto ambiental y de evaluación económicas para definir en qué barrios se implementarán”.

En relación al origen del financiamiento, Camiña afirmó que “es un préstamo que la Provincia toma con Nación, pero originalmente nace del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y afirmó “lo más importante es que los proyectos están muy avanzados, por lo que se debe seguir avanzando con los tramites de financiamiento”.

El director General de Defensa Civil, Walter Flores e inspectores del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), verificaron la situación edilicia de una construcción clandestina en el Barrio 630 Viviendas de la ciudad de Puerto Madryn con peligro de derrumbe.

El director del Área Construcciones del IPV, Edgardo Lanús, explicó durante la recorrida que “es una construcción clandestina en la que está cediendo el terreno y queremos ver de qué forma se puede solucionar, ya que nos impide terminar la obra que iniciamos de red de agua y cloacas”.

“Vamos a convocar al municipio de Puerto Madryn, Defensa Civil de la provincia y a los vecinos afectados”, sostuvo Lanús, indicando que “hay que resolverlo en el menor tiempo posible”.

Informe detallado

Por su parte, el director General de Defensa Civil, Walter Flores señaló que “se trata de una obra clandestina y desde el análisis de la Gestión de Riesgo vamos a determinar que hay un peligro inminente en cuanto a la construcción”.

“Ha cedido el terreno y ha generado una grieta en la construcción original”, explicó Flores, mencionando que “tenemos previsto realizar un informe sobre la total irregularidad que tiene y las condiciones de un probable derrumbe que perjudica a los vecinos linderos”.

Por último, Flores indicó que “el terreno está socavado y una lluvia grande puede llegar a interferir y generar un problema mayor”.

Así lo adelantó el abogado defensor. Al mismo tiempo, aseguró que van a apelar la medida pero reconoció debilidades en el caso.

“Vamos a apelar a este fallo” dijo el abogado defensor Guillermo Iglesias en referencia a la sentencia que se conoció ayer contra Abel Reyna, ex responsable de la zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda. Reyna está acusado de haber cobrado coimas por la entrega de viviendas.

El abogado también cuestionó la acusación de algunos delitos en los que se eligió sólo a Reyna para ser imputado. Mientras que al resto se los eligió como testigos.

En todo el proceso, Iglesias destacó el accionar de la jueza Mónica García. Reconoció que habían algunas debilidades por parte de la defensar. Sin embargo, aseguró que irán por la apelación de la decisión.

Al mismo tiempo, adelantó que su cliente cumpliendo 8 meses de prisión efectiva, quedaría con el beneficio de libertar condicional.

 

 

 

ArgentarNoticias

Lo decidió este jueves la Justicia. Se trata de una condena de cumplimiento efectivo.

El Tribunal de justicia confirmó este jueves la sentencia contra Abel Reyna, quien está acusado de recibir coimas durante su gestión como delegado del IPV en la ciudad de Comodoro.

A las 13 horas, en los Tribunales penales del barrio Roca, la justicia hizo lectura de la sentencia, donde se confirmó que Reyna fue condenado a tres años de prisión efectiva.

El ex delegado del IPV estaba acusado de entregar viviendas a cambio de dinero o favores sexuales, y de haber montado una estructura dentro de la institución para cometer estas irregularidades.

La sentencia se dio a conocer luego de que el jueves 4 de abril se diera por finalizado el juicio oral y público contra Reyna, acusado de 5 delitos:  incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

ADNSur

El exdelegado local del IPV es juzgado por los delitos cometidos durante su gestión. Fiscalía afirma que durante el debate se pudo comprobar la responsabilidad penal del imputado.

El juicio oral y público contra Reyna concluyó hoy con los alegatos de las partes y en ese marco la fiscal general, Camila Banfi, solicitó que el acusado sea declarado penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La fiscal Camila Banfi argumentó que a lo largo del debate se pudo probar con testigos y documentación pertinente la responsabilidad penal de Reyna en cada uno de los delitos que formaron parte de la acusación y en razón de ello solicitó a la presidente del tribunal unipersonal, Mónica García, que lo condena a una pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Guillermo Iglesias, defensor del acusado, cuestionó las pruebas y descalificó a los testigos de la causa. Además atribuyó las máximas responsabilidades al expresidente del IPV, Ricardo Trovant y al exgobernador, Martín Buzzi, requiriéndose la absolución de su asistido.

Se debe saber que a Reyna se lo acusa por haber cometido fraude para beneficiar a determinadas personas con la adjudicación de viviendas, así como de haber percibido coimas y también de pedirle favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado.

 

elcomodorense

En horas de la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios una nueva jornada en el juicio oral y público que tiene como imputado a Abel Reyna, ex delegado local del IPV. En la jornada pudo escucharse la última testigo, se incorporó la prueba documental y luego se escuchó la declaración del imputado. El próximo día jueves 4, a las 8:30, se concretarán los alegatos finales de las partes.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La última testigo, sostuvo que conocía a Reyna pero que no era su amigo. Recordó que por trámites que estaba haciendo en el IPV conoce a Reyna, y después me atendía él, yo iba por la parte de atrás. Seguidamente el ex delegado le pide su número de teléfono y la cita en un hotel. Ella asiste y Reyna le pide tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle una vivienda. Luego, Reyna junto a la abogada del IPV le entregan una casa en Stándar Norte.

Por su parte el imputado Reyna accedió a declarar diciendo que en el momento que asume como delegado local del IPV se encontró con empleados difíciles. Y hasta algunos lo boicoteaban, aseguró. Dando a entender una interna entre Buzzi y Das Neves. Plantea la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizan a desplazar a personal, se le asigna otra tarea. Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en ello. Dijo que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”. Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a la testigo anterior fue autorizada por Rawson, refirió Reyna. Negando haber tenido relaciones íntimas con dicha testigo. Una vez que le otorgan la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, refirió el imputado. Luego de los de las impugnaciones, renuncia porque no creía conveniente quedarse en el lugar perjudicando a otros.

Los hechos imputados

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

En la causa está acusado el extitular de la delegación Comodoro Rivadavia de Vivienda, Abel Reyna. Testimonios versan sobre cohecho, favores sexuales y legajos inventados por las casas.

Varios testigos sostuvieron que la delegación del Instituto Provincial de la Vivienda de Comodoro Rivadavia, poseía un sistema en paralelo al oficial durante la gestión de Abel Reyna al frente de ese organismo.

Ello se escuchó en la segunda jornada del juicio oral y público contra Reyna, exresponsable del IPV local. La primera testigo fue una persona que ofició de testigo de actuación. El segundo fue Nelson Turrillo, exgerente general del IPV, quien se refirió a una nueva normativa que tendía a la descentralización de las delegaciones del IPV en la provincia que les deba una mayor autonomía. También mencionó que se actualizó el padrón de datos, de postulantes, en todas las delegaciones de la provincia. A mayor necesidad social, mayor puntaje.

Una vez publicado el listado de postulantes en los medios todas las impugnaciones se contestan de manera legal, agregó. Asimismo, declaró sobre el caso puntual de la vivienda entregada a cambio de favores sexuales. Seguidamente se escuchó a una empleada de maestranza del IPV local que recordó que en la época en que estaba Reyna.

Paralelo

Varios empleados del IPV local fueron contestes en que en esa época habían armado un ente paralelo. Recibían a “parientes, amigos y entenados”, detalló una gacetilla de la Fiscalía. Uno de los testigos dijo que lo habían sentado junto a Reyna y Acosta y que si quería participar del negocio que tenía que seleccionar a los petroleros que tenían sueldo. Desde Rawson estaban enterados de todas estas cosas y que “eran todos una asociación ilícita”.

Todos los testigos empleados declararon que les habían sacado las cosas, que los habían mandado a la cocina, que les habían sacado las computadoras y que no tenían con qué trabajar. Que veían todas las maniobras y toda la organización paralela.

Declaró un testigo que había sido de identidad reservada que había pagado 80.000 pesos a Acosta y que al poco tiempo le habían dado la vivienda. Y que luego le dijeron que eso no era regular y entonces se presentó en la Fiscalía.

Luego una testigo que impugnó los 81 legajos de las viviendas del barrio Gas del Estado y le explicó a la jueza todos los casos de ese barrio, que ninguno tenía el puntaje que había alcanzado ella. Recordó que habían manipulado los puntajes, que había gente que estaba acumulando puntos desde que había nacido y que eso hablaba de la manipulación de los legajos.

Sumarios

Ese IPV paralelo lo manejaba Reyna con esas personas a las que él les había dado cargos, coincidieron los testigos Ortiz, Batistina y Echegaray.

Otra testigo fue con una carta de recomendación de un pediatra, la había atendido Reyna y al poco tiempo le adjudicaron una vivienda, detalló la Fiscalía comodorense.

El defensor Guillermo Iglesias, por su parte, interrogó a todos los testigos y con los empleados intentó sacar a relucir sumarios administrativos que habían tenido. Ortiz y Echegaray confirmaron que habían tenido sumarios y que los habían suspendido y habían pagado por ellos, pero que todavía se encontraban trabajando en el Instituto. El testigo Echegaray dijo que el extitular del Instituto de la Vivienda de la provincia, Ricardo Trovant, sabía de todas estas circunstancias.

 

 

Diario Jornada

Un testigo en el juicio que se le sigue a Abel Reyna declaró el martes que cuando le contó al entonces presidente del organismo, Ricardo Trovant, sobre las irregularidades en la delegación de Comodoro, el ex funcionario de Martín Buzzi le contestó: “Vos, boludito, mejor metete en tus cosas”.

Finalmente comenzó este lunes pasado el juicio contra Abel Reyna, ex delegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) durante el gobierno de Martín Buzzi. El presidente del organismo era entonces el arquitecto Ricardo Trovant.

Fue el propio Trovant quien en octubre de 2014 denunció a Reyna por lo que ocurría en Comodoro. Mientras los cómplices del ex delegado accedieron a suspensiones de juicio a prueba (probation), la jueza Daniela Arcuri no le concedió la misma posibilidad a Reyna porque entendió que no correspondía el beneficio para alguien que fue funcionario público y al que además de incumplimiento de deberes y cohecho, se lo acusa de pedir favores sexuales a cambio de entregar una vivienda oficial.

Mientras en el primer día del juicio declararon como testigos Buzzi y Trovant, quien dijo que alentó la denuncia porque no toleraba irregularidades, el martes un testigo sorprendió a todos cuando dijo que él ya le había contado al presidente del IPV lo que pasaba en Comodoro, recibiendo como respuesta: “vos, boludito, mejor metete en tus cosas”.

Didáctico

Este testigo -de apellido Etchegaray- fue uno de los más didácticos a la hora de deslindar responsabilidades ante la atónita mirada de la jueza Mónica García y la fiscal Camila Banfi. Contó que Reyna le pidió un día que “marcara” a los trabajadores petroleros que pedían viviendas oficiales, ya que descontaba que sus sueldos eran altos. Para intentar convencerlo, no anduvo con vueltas. “¿Vos querés ganar plata? Tenés 5 minutos para pensarlo”, le dijo a quien en menos de medio minuto le contestó negativamente.

Desde ese momento Etchegaray fue perseguido, sumariado y hasta golpeado por una de las cómplices de Reyna, que tenía conocimiento en artes marciales. Agregó que tuvo que afiliarse al gremio ATE para aliviar su situación y que así fue cómo pudo acceder a Trovant en Rawson para denunciarle la situación.

Pero el ex funcionario que había sido secretario municipal de Obras Públicas con Buzzi intendente, entre 2007 y 2011, se desentendió de la situación y solo habría actuado al percibir que el IPV “paralelo” de Reyna podía mancharlo a él –según publica El Extremo Sur-.

 

 

El Comodorense

Este martes declararon empleados en la segunda jornada del juicio oral y público contra Abel Reyna, exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda. Afirmaron que funcionaba un IPV paralelo que atendía por calle Asturias.

Se llevó a cabo hoy la segunda jornada de juicio oral y público contra Abel Reyna, el exdelegado del Instituto Provincial de la Vivienda que fue acusado por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; Exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público y tráfico de influencias.

Los empleados del Instituto Provincial de la Vivienda que declararon coincidieron a afirmar que durante la gestión de Reyna funcionaba un IPV paralelo que atendía por calle Asturias.

Uno de ellos contó que era contratado y su tarea consistía en armar los listados de las personas con necesidades habitacionales para luego programar la agenda con las audiencias que debía atender el titular de la delegación, pero con la llegada de Reyna todo ello cambió.

El debate está presidido por la juez penal, Mónica García. El Ministerio Público Fiscal lo representa la fiscal general, Camila Banfi y el acusado está asistido por el abogado particular, Guillermo Iglesias.

 

ElPatagonico