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El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda del Chubut, Carlos Simionati y el director nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones de la Secretaría de Vivienda de la Nación, Agustín Baldo, supervisaron este miércoles las obras y soluciones habitacionales que se están ejecutando en distintos puntos de Comodoro Rivadavia.

Al término de la recorrida, el funcionario nacional señaló que “estuvimos viendo productos de calidad y gran cantidad de las obras se terminarían antes de fin de año, por lo que estamos conformes con el trabajo que hace el IPV”.

Además destacó la decisión del Gobierno de la Provincia de cofinanciar los proyectos de viviendas, “lo cual para nosotros es muy interesante porque habla de un esfuerzo compartido”.

Concretamente, los funcionarios visitaron las primeras 54 viviendas, de un complejo de 71, que se están construyendo en Restinga Alí; así como las casas que se ejecutan en Km. 12 y 14 y que se vieron afectadas por el temporal del año pasado.

Ritmo de trabajo 

Simionati señaló en ese sentido que “estuvimos recorriendo Restinga Alí, que es donde estamos haciendo el complejo de 71 viviendas, de las cuales se iniciaron 54, donde Nación financia un 70% y la Provincia un 30%”.

Reveló que el director de Acceso al Suelo de la Nación “se fue muy conforme porque hace 30 días que dimos inicio y ya se están ejecutando plateas”.

Manifestó que además “estuvimos recorriendo otros sectores de la ciudad como Km. 12 y el 14, que queremos tener ya culminadas la infraestructura para poder empezar a entregar esas viviendas que tanto requiere Comodoro y que nosotros estamos realmente apurados por entregarlas”.

Sobre estas últimas unidades habitacionales, indicó que se están ejecutando reparaciones “sobre todo en los servicios porque hay casas que están terminadas pero no tienen, por ejemplo, el servicio cloacal como corresponde”. El titular del IPV sostuvo que para esto “hemos hecho unos concursos de precios que se van a estar abriendo en breve y calculamos que entre 60 y 90 días ya estaríamos en condiciones de poder entregar algunas casas”. ”Estamos -dijo Simionati-cumpliendo en cuanto a que el dinero que se destina para las viviendas está puesto ahí”. Agregó que “los aportes comprometidos por Nación en estos momentos los están mandando en tiempo y forma y eso nos permite llevar un ritmo de trabajo acorde”.

Reactivación de obras

En relación a su presencia en Comodoro Rivadavia, el director nacional de Acceso al Suelo dijo que “vinimos por las viviendas de emergencia por el temporal del año pasado, que fue un trabajo que Nación estuvo siguiendo muy de cerca pero llegó el momento de empezar a concretar los proyectos de viviendas”.

Señaló que “estamos dando dos tipos de soluciones, uno es Restinga Alí con la intervención directa del Instituto con un financiamiento compartido entre Nación y el IPV para construir las 71 casas. Y por otro lado queremos avanzar con el proyecto de Laprida que se manejó con el Municipio”.

Por otra parte, precisó que “el otro objetivo del viaje era  conocer un poco la situación en general del parque de viviendas que estamos construyendo conjuntamente con el IPV. Por un pedido del presidente todos los proyectos son cofinanciados, lo cual para nosotros es muy interesante porque habla de un esfuerzo compartido”, destacó.

Baldo sostuvo que “después que se hizo cargo el IPV, vinimos a ver cómo se podía empezar a reactivar una cantidad de obras que el Instituto tenía en ejecución y que estaban paralizadas. Y gran cantidad de ellas se terminarían antes de fin de año”.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, instruyó a los directivos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a que finalicen las reparaciones de las viviendas afectadas por el temporal en Comodoro Rivadavia.

Cabe recordar que dicho temporal ocurrió el pasado mes de marzo del 2017 en la ciudad petrolera dejando, entre otras cosas, varias viviendas dañadas las cuales han sido refaccionadas durante todo este tiempo.

Al respecto, el Gobernador manifestó que “le he dado las instrucciones correspondientes al presidente del IPV, Carlos Simionati y a todo su equipo para que finalicen todas las reparaciones de las viviendas afectadas por el temporal de Comodoro Rivadavia”

En ese sentido, el mandatario provincial expresó que “estamos en condiciones de adelantar que aproximadamente en 60 días estaríamos en condiciones de solucionar la totalidad de los inconvenientes de las viviendas tanto en el KM 14 como las ubicadas en el KM 12 que fueron afectadas durante esos trágicos días”.

A su vez, Arcioni manifestó que “estamos hablando de cerca de 500 viviendas, que con dinero de fondos nacionales y provinciales, hemos ido solucionando distintos inconvenientes que las mismas presentaban, como son trabajos de limpieza, y arreglos en su infraestructura”.

70 viviendas más 

Finalmente, el Gobernador aprovecho la ocasión para anticipar que “en estos días estamos recibiendo a gente de Nación que va a venir a la provincia a verificar el inicio de obra  y los trabajos de 70 viviendas que comenzamos a construir en Comodoro Rivadavia”.

A Daniel Carrizo lo desplazaron la semana pasada del organismo, cuando los empleados dijeron que les cobraba “un diezmo” para financiar sus pretensiones políticas.

Mariela Uribe, una de las empleadas contratadas por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que viene denunciando al ex delegado Daniel Carrizo, se presentó en Fiscalía para fundamentar sus acusaciones en torno a las agresiones por parte de quien la semana pasada fue desplazado del cargo. El ex titular del organismo además era señalado por cobrar “pagos voluntarios” o “diezmos”, con los que sospechan que financiaba sus intenciones de ser precandidato a intendente.

“Somos varias compañeras que hemos sufrido el maltrato y a las que además nos pedía el pago ‘voluntario’ para sostener su agrupación política”, dijo en diálogo con ADN Sur. La mujer pidió que se intervenga la delegación en Comodoro Rivadavia del IPV, al tiempo que le solicitó a los fiscales que cuando investiguen “van a encontrar más irregularidades en el organismo”.

Uribe apuntó varias de las situaciones que vivió como contratada en el IPV, que luego sumó el apoyo de otros empleados, tales como maltrato laboral, vigilancia de su actividad en redes sociales y la solicitud de “diezmos” que los trabajadores pagaban por miedo de perder su puesto. Daniel Carrizo fue desplazado la semana pasada del cargo, mientras sigue acumulando denuncias.

En concreto, Uribe señala que ella fue víctima de acoso laboral y psicológico, ya que ella y otras mujeres contratadas por el ex funcionario debían hacer un “aporte voluntario de su sueldo”. “Nos decía que teníamos que pagar para sostener los gastos de su agrupación política, pero no alquilaban ningún salón y funcionaba en el mismo Instituto. Yo le pagué la primera vez 500 pesos y le dije que después le daba el resto, pero después no me pagaba el sueldo”.

Estos hechos forman parte de otra presentación en la justicia formulada por Uribe y otras compañeras de trabajo que ingresaron contratadas al organismo. “Nos dijeron que van a designar a un fiscal para que investigue esos casos. Nosotras hemos aportado información y copias de los mensajes por Whatsapp, pero les dijimos a los fiscales que si quieren investigar, si se meten en el organismo, van a encontrar más irregularidades. Las pruebas están adentro”.

Se trata de Daniel Carrizo mano derecha de Pablo Das Neves en Comodoro Rivadavia
“Carrizo usa al IPV para hacer política sacándole plata a su gente”
Mariela Uribe, trabajadora estatal, indicó que fue a reclamar por el pago que le debían desde el mes de enero y debido a una discusión que tuvo con el delegado local del Instituto, se rehusó a pasar a la oficina que éste tiene en el fondo del inmueble aludiendo saber cómo se maneja allí a escondidas, por lo que le pidió que fueran adelante, a la vista de todos, donde se generó el hecho que culminó en lo que considera su injustificada detención por parte de la policía.
“Me decía que el pago ya estaba desde enero a marzo, y en el cajero no hay nada depositado. Dice que a él no le importa, que arregle por otros medios que Elsa no tiene más nada más que hablar conmigo; entonces como me enojo, me empieza a empujar porque no tengo más nada que ver con el Instituto, y el personal que trabaja ahí se metió para decirle que la corte. Ahí fue cuando él pidió que me saquen”, contó la damnificada.
Y agregó: “yo me enoje, le empecé a gritar todo lo que nosotros vivimos allí, porque en mi caso particular le dije que no iba a trabajar políticamente para él; que lo que tiene es eso, maltrato con todos. Y ese día cuando mi hija ve que me están agrediendo y queriendo sacar de prepo, le pido a ella que llame a la policía, también mi esposo llama a los medios. Cuando pensé que me llevaban para que vaya hacer la denuncia por las versiones y todo lo que me había maltratado, sacándome a la fuerza, sin embargo no fue así y quedé detenida no solo yo, sino mi marido y mi hija igual”.
“La policía me estaba dando agua para que me tranquilice porque yo le decía que dejaran de utilizar un Instituto para hacer política, que esto no iba a quedar así, que yo iba a iniciar todas las medidas legales porque no puede ser que se maneje de esa manera, pero él puso que habíamos roto cosas, que le habíamos amenazado de muerte, y no es así”, se defendió Uribe.
Señaló en tal sentido en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, que “la denuncia dice que yo lo amenacé de muerte y en realidad le dije que iba a salir a decir todas las sinvergüenzadas que hace utilizando una institución pública, un cargo público que pagamos todos; y el maltrato que tiene con todos nosotros y los empleados”.
“A él ya lo habían denunciado por sacar a la gente de planta de cada lugar para poner a su gente contratada, y que él nos pueda sacar a nosotros los aportes. Después han echado gente, una de mis compañeras la echó estando con la licencia de maternidad porque no le servía políticamente ya que no está a su disposición las 24 horas”, afirmó.
Lo que más lamenta Uribe es que involucró a su hija: “ella es muy educada y respetuosa, nos hizo dormir un día presos, es un cínico al que no le importa nada. Se maneja mafiosamente con la policía o con el polo de poder político que tiene tergiversa y manipula, tratando de bajar todo a favor de él, siempre como que él es el bueno. Y la gente tiene miedo”, subrayó.
Asimismo, sostuvo que ahora su reclamo sigue para saber cómo va a continuar su situación laboral: “este señor fue el 9 de mayo a las 22:30 a mi casa a dejar el contrato, diciendo que me desvinculara y le dije que no iba a renunciar como lo hizo con las otras chicas. Me dijo que él me iba a desvincular pero cuando miro la nota, tenía fecha del 27 de marzo. Maneja los papeles como quiere, tengo una boleta médica presentada que nunca llego a Rawson, incluso”.
Pagar para trabajar
“Hay un aporte voluntario que piden por estar ahí. La que hace el pedido a nombre de Daniel Carrizo es la tesorera Patricia Valenzuela, hay mensajes de WhatsApp donde ella me manda pedir el aporte y que se lo pase a dejar por la oficina. Cuando le pregunto cuánto es, me dice que son por 700 pesos, que es lo que a mí me sacaban. A otros les cobraban 1.000 y hasta 2.000 pesos pero esos no lo van a denunciar porque son sus secuaces”, bramó.
Uribe indicó que “a Carrizo le dije que si quería seguir haciendo que esto, que no le pasara nada de lo que está pasándole a otra gente. Sino, que lo siga haciendo Marcos Rodríguez que es el que le tapa la mugre, que yo no voy a perder el puesto de trabajo por hacerle política a él”.
“Acá había gente que me llamaba para decirme que no hable. Ya estuve presa por denunciarlo, ¿qué más me puede pasar? Si me sucede algo físicamente, a mi casa o a mi familia; el responsable va a ser Daniel Carrizo, el delegado del Instituto Provincial de la Vivienda en Comodoro Rivadavia, de otro no va a haber culpas, porque a su mafia ya la conocemos y están siempre adentro del Instituto”, enfatizó.
La mujer solicitó “que no me traten de tonta ni de  sinvergüenza, porque yo estoy trabajando. Él había dicho que me iba a mandar a limpiar y le dije que mi contrato estaba como administrativa, que nadie me lo regaló porque yo estoy en el tercer año de trabajo social, no soy puntera política si no que me sigo preparando e instruyendo, no estoy de regalada en un lugar público”.
“Espero que la Justicia haga justicia y sino, que por lo menos en Comodoro se entere su gente de la calidad de funcionario que tiene, y que los siguen apañando. Yo me voy a reunir con un abogado laboral, y porque no tengo plata tengo el defensor público en lo que es penal. Ya veré cómo sigue esto, lo que sí no voy a dejar que él siga haciendo impunemente todo lo que hace dentro del Instituto, utilizándolo para su beneficio propio”, exclamó.
Finalmente, Uribe dijo que espera que el Gobierno de la Provincia tome parte en esto “porque es una institución pública y todos pagamos para que este señor esté ahí haciendo estás chantadas. Por el momento lo único que puedo hacer, es denunciar lo que a nosotros nos tocó vivir ahí y lo que pasamos todos los días, donde tenemos que estar a disposición de las cuestiones políticas que él hace”.
Fuente: El Comodorense

La “caja negra” que se investiga en el ámbito del Poder Ejecutivo del Chubut, contaría con el aporte económico de varias empresas del rubro de la construcción. Los Fiscales que trabajan la “causa embrujo”, orientados por Jorge Luis Miquelarena, el Procurador General de la Provincia, ya han concretado una veintena de allanamientos a empresas del sector de la construcción en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew, Rawson, Esquel y Puerto Madryn.

Al menos doce de las empresas allanadas hace unos días, prestan servicios al IPV Chubut. La mayoría de ellas han recibido en estos últimos años una importante cantidad de obras.

Por ejemplo Sudelco S.A. ganó 29 licitaciones, que significan más de ochocientas viviendas construidas. Esta empresa pertenece al Grupo Aidar Bestene – García Moreno, que desde hace muchos años han tenido una cercanía al dasnevismo, que es de público conocimiento. Muchos dicen que “El Turco” es el profesor.

Las otras empresas allanadas por los Fiscales, y que recibieron obras del IPV Chubut son Freile Construcciones con 20 licitaciones adjudicadas, Rigel S.R.L. beneficiaria de 31 contratos. Ledesma Construcciones S.A. 18, Arteco S.A. 18, Palco Construcciones 23 licitaciones ganadas. LAL Construcciones 2, Villegas Construcciones 25 obras, Emeco Loza S.A. 15 contratos, War Construcciones 20 licitaciones adjudicadas, Pasquini Construcciones S.R.L. 22 obras, Peña Construcciones 23 contratos y 21 licitaciones ganó InverfIn S.A.

Todas las obras, y algunas más que aún no fueron procesadas se realizaron en la era Das Neves, época donde desde el Poder Ejecuitivo se afirma haber construído dieciséis mil viviendas, dato este que nunca se confirmó, ni se pudo especificar lugares de construcción de esas viviendas, y quienes son los beneficiarios de las unidades.

En el año 2009 el ex gobernador Mario Das Neves presidía el Partido Justicialista del Chubut, y estas mismas empresas allanadas por aparecer en las planillas secuestradas, figuraban en el informe de Contribuciones y Donaciones para las elecciones legislativas de ese año como aportantes al PJ del Chubut.

El pasado 28 de abril el Dr. Marcos Nápoli, uno de los Fiscales que está abocado a la causa “embrujo” y sus derivaciones, afirmó: “investigamos delitos donde es necesario que intervenga un privado, no hay coima o sobreprecio si no está el privado que lo aporta”, y agregó: “los empresarios podrían ser imputados, precisamente porque consideran que son parte imprescindible para la consumación de estos delitos. Sin embargo, destacó que para llegar a una detención tiene que haber documentación contundente”.

Miquelarena y los Fiscales deberán establecer si fueron contribuciones y donaciones voluntarias como las hechas al Partido, dijo en tono pensativo un asesor de un legislador, hace unos días, y agregó: “no sería de extrañar que entre todos los desprendimientos de la causa madre del “sobre bomba”, se allane al IPV Chubut y vean los  expedientes de Coinar S.A, 24 obras otorgadas, Pórtico 3 S.R.L., 40 licitaciones ganadas, y Cacema Construcciones, 30 licitaciones adjudicadas”.

Varias empresas constructoras y de la pesca aportaron a la Campaña del PJ del Chubut en 2009, además de las doce empresas ya nombradas en párrafos anteriores, daba cuenta de otras constructoras aportantes a la campaña legislativa, y que también trabajaron estos últimos años con el IPV, por caso Coinar S.A., Garbin S.A., Dhierco S.R.L., Conpat S.R.L., Codam S.R.L., Conobras S.A., Construcciones Patagónicas S.R.L., Erico S.R.L, Conobras, Gatica Construcciones, Calce S.R.L., Cymseg S.R.L., Auda S.R.L., CD Construcciones S.R.L., Ruta Sur S.A., Trama Construcciones S.R.L., San Marcos S.R.L., Sandin y Asoc. S.R.L. y Esquel Construcciones S.R.L.

Lo difícil de entender es que estas constructoras, por ahora, no aparecen en la listas de Diego Correa. ¿Sabrán algo en Brasil n° 55 de Trelew que fue la otra Casa de Papel? Continuará

 

SUDELCO S.A. 1033/05 14/05 Trelew 36 Viv. I.S.S.y S Reg. 1
SUDELCO S.A. 0255/06 89/05 Trevelin PROMEBA CH. B° 25 de Noviembre
SUDELCO S.A. 0257/06 92/05 Trevelin PROMEVI 40 Mejoramientos B° Malv.
SUDELCO S.A. 0867/07 90/05 Trelew 50 Viv. En Trelew Reg. 3
SUDELCO S.A.
1070/06 81/06
Trelew 82 Viv. En Trelew Reg. 1
SUDELCO S.A. 0193/08 14/07 Trevelin PROMEVI 78 Viv. B° 25 de Noviembre
SUDELCO S.A. 1431/08 69/06 Puerto Madryn 48 Viv. Reg. 2
SUDELCO S.A. 1430/08 69/06 Puerto Madryn 50 Viv. Reg. 3
SUDELCO S.A. 523/09 Cont.Directa Trelew 90 veredas municipales en Sector VI
SUDELCO S.A. 2157/09 Cont.Directa Trelew 35 veredas municipales en Sector XIII
SUDELCO S.A. 2838/09 Cont.Directa Trelew 83 veredas municipales en Sector XXI
SUDELCO S.A. 3920/09 55/09 Dolavon PRO.ME.BACH B° La Loma
SUDELCO S.A. 029/06 31/09 Puerto Madryn 46 Viv. SOMU
SUDELCO S.A. 004/11 Cont.Directa Puerto Madryn Muros medianeros B° 146 viviendas
SUDELCO S.A. 431/12 17/11 Rawson 30 Viv. UPCN B° 3 de Abril
SUDELCO S.A. 566/11 33/11 Lago Puelo 20 Viv. y obras complementarias
SUDELCO S.A. 689/12 Cont.Directa Puerto Madryn 36 Viv. En Planta Baja y Duplex
SUDELCO S.A. 2764/12 04/13 Trelew 32 Viv. A.O.T. y 18 Duplex
SUDELCO S.A. 1973/13 Cont.Directa Trelew Nexo energía media tensión B° Ilia
SUDELCO S.A. 494/14 42/15 Trelew 32 Viv. En B° Los Aromos
SUDELCO S.A. 673/13 12/16 Puerto Madryn Red eléctrica 208 Viv.
Por Dupuy & Fernández
Un ejemplo de lo que fue,es y parece seguir siendo el Curro de la Obra Pública es la obra del hospital de Trelew abandonada por Sudelco S.A.

Esta bien que investiguen, pero…

Entre las facultades del Poder Legislativo está el nombrar en su seno comisiones de investigación con el fin de examinar la gestión de los funcionarios públicos, el estado de la administración y del tesoro provincial.

Estas comisiones deben estar integradas por representantes de todos los bloques, en forma tal que refleje la composición de la Cámara, y ejerzan las atribuciones que les otorga el cuerpo en directa relación con sus fines, respetando los derechos y garantías establecidos por la Constitución Nacional.

Las conclusiones de las comisiones investigadoras no son vinculantes para los tribunales, sin perjuicio de que sean comunicadas al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción, cuando proceda, dice la Ley V N° 67, (Antes Constitución Provincial).

La legisladora Alejandra Marcilla, (PJ-FpV), impulsa un Proyecto tendiente a crear una Comisión Especial de Evaluación de los Organismos de Control de la Provincia, establecidos por la Constitución y las leyes correspondientes.

Considera la Sra. Diputada que los graves hechos de corrupción y malversación de fondos públicos que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, caso Correa-“embrujo” y otras, demuestran graves fallas de los organismos de control previstos en nuestra Constitución.

Dice en su proyecto Marcilla: “Que resulta necesario generar acciones en el Poder Legislativo a fin de evaluar la actuación de los órganos de contralor establecidos en nuestra Constitución Provincial”. Ellos son: Fiscalía de Estado, Contaduría General, Tribunal de Cuentas, y la Oficina Anticorrupción, creada por una ley provincial en el año 2004.

Ante el revuelo originado por el famoso “sobre bomba” y sus derivaciones esta bien que los Diputados investiguen y evalúen a los diferentes organismos de control pero…¿y por casa cómo andamos? ¿Qué tal si los legisladores miran un poquito hacia su propio accionar y eventuales responsabilidades en este presente?

Qué bueno sería que los Diputados del Chubut de una vez por todas se decidan a cumplir con lo establecido en la Ley XXV – 56, que en 2016 dio creación a una Comisión Especial de Control de lo actuado por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, IPVyDU, desde el 10 de diciembre de 2003 hasta el presente.

La Comisión, para la que fueron designados como investigadores los Diputados Javier M. Cunha, Sergio M. Bruscoli, Viviana Navarro, Alfredo Di Filippo, Manuel Pagliaroni, Alejandro Albaini y Roddy Ingram, el 25 de agosto de 2016, nunca dio inicio a su obligación.

Una de las preguntas sería:¿Si los Diputados en tiempo y forma hubieran dado cumplimiento efectivo a Ley que ellos mismos sancionaron, y hubiesen empezado a investigar lo actuado por el IPV Chubut a partir del 10 de diciembre de 2003 a la fecha, cuánto de todo esto se podría haber evitado?

Es de esperar que los 27 legisladores de nuestra provincia, decidan por unanimidad investigar a los organismos de Control del Estado, pero también que también hagan un “mea culpa” sobre lo que ellos no hicieron, ni están haciendo, y que de una vez por todas se decidan a dar cumplimiento a la Ley XXV – 56, y procedan a investigar al IPV Chubut, donde fueron prestadoras de servicios todas las empresa constructoras que ya fueron allanadas por los Fiscales que actúan en la causa “embrujo” y otras.

Por [email protected]

“En relación a las inquietudes presentadas sobre las condiciones de amortización y valores de cuota de barrios entregados por este Instituto –dice el texto- nos vemos en la obligación de informar que debido a un error involuntario de carga en nuestros sistemas, salieron emitidas boletas, que aún no debían salir al cobro ya que se encontraba en proceso el alta de todos los adjudicatarios”.

Cada vez que se da de alta un barrio para el cobro, “se envía una notificación donde queda plasmado el valor de cuota, plazo y fecha de inicio de cobro, como así también la fecha límite para presentar documentación a fin de adecuar el valor de cuota de acuerdo a los ingresos del grupo familiar”.

Según el IPV, “muchas consultas se presentaron en relación a cómo se determina el precio de venta de una vivienda”.

En tal sentido se informó que por Resolución Nº 2856/16, el precio de venta se determina multiplicando el valor por m2 que la Secretaría de Vivienda de la Nación le reconoce a la Provincia del Chubut, por la cantidad de m2 que posee la unidad habitacional, al que podrá adicionarse el costo de infraestructura de servicios”. 

En relación a los sistemas de cobro, “se informa que por Resolución Nº 586/93, venimos utilizando el Francés, aplicable a barrios entregados a partir de septiembre de 1992, habiendo variado la tasa de financiación desde el 1% hasta el 8%, la cual se fijó por Resolución Nº 865/15, aplicable a barrios entregados a partir de 2012”.

Por decreto Nº 178/18 se incorporó el nuevo sistema de cobro “En UVIs”, en concordancia con la Ley Nº 27.271, vigente desde setiembre de 2016.

“Este nuevo sistema que el Instituto ofrece posee una tasa de interés de financiación que en estos momentos ha sido subsidiada, por lo tanto es del 0%, pero se diferencia del Francés en que la cuota va a ser actualizada en función del costo de la construcción”.

“Debemos hacerles llegar las disculpas y llevar tranquilidad a cada adjudicatario, aclarando que de no poder pagar la cuota podrá presentar la documentación y se evaluarán las distintas opciones desde el Área Social, donde como punto principal se tomará en cuenta la afectación de ingresos, que no podrá superar el 20% o 25%, según corresponda. El análisis para la modificación de cuotas se realizará por grupo familiar, debiendo presentar la documentación de cada vivienda, no por barrio”.

“Queremos dejar aclarado que en cuanto al pago de cuotas, este Instituto tiene diferentes opciones para diferentes grupos familiares tratando de dar soluciones a todos, por lo tanto los invitamos a acercarse a cualquiera de nuestras oficinas a fin de informarse y poder llegar a un consenso”.

Una muy desagradable sorpresa se llevaron los beneficiarios del Instituto Provincial de la Vivienda que en los últimos dos años recibieron sus viviendas, ya que empezaron a recibir las primeras cuotas que deben abonar para cancelar sus casas y las mismas superan los 10 mil pesos. Son planes de 300 cuotas, es decir de 25 años para cancelar la vivienda. Con estos valores el inmueble se estaría pagando al final del plan a un costo de 3.200.000 pesos.

Según explicaron desde el IPV, las cuotas que se enviaron a la calle fueron un error, ya que primero se debía entregar una certificación donde se explica la nueva modalidad de pago y las opciones que se brindan para cancelar la vivienda.

El IPV ahora implementó un nuevo sistema de recuperación de costos por vivienda donde los beneficiarios podrán optar por dos propuestas diferentes. El llamado “sistema francés” y el de “UVI”, unidad de vivienda. Estas nuevas formas de cobro están expresadas en el Boletín Oficial bajo el decreto N° 178 de este año.

El sistema francés implica una cuota fija por el plazo de 25 años con una tasa de interés del 8% anual. Esto implica que al finalizar el plazo de pagos se abonará la vivienda con un 200% de incremento.

Redondeando las cifras se pasa de un valor de 1.400.000 pesos la casa a 3.240.000 pesos final. Es por eso que se llega a un monto fijo para las 300 cuotas de 10.800 pesos.

Alternativa

El otro sistema propuesto es el UVI (Unidad de Vivienda). Consiste en 300 cuotas pero de monto variable. Aquí se utiliza un medidor de inflación para actualizar mensualmente el valor de la cuota pero el plan implica la financiación con cero interés. Por tal motivo la cuota piso del sistema UVI ronda los $4700.

Si se opta por cancelar la casa con este sistema, la cuota dependerá del valor del metro cuadrado de la construcción. Actualmente el mismo está cotizado en $ 22.67 y cada cuota equivale a unas 200 UVI’s.

Detalles

Igualmente se deja en claro en el mismo decreto que el monto total de la cuota no debe superar el 25% de los ingresos familiares.

Es por eso que se analizará cada caso en particular para finalmente determinar la cuota mensual. Se solicitará a los beneficiarios que se acerquen a las oficinas del IPV con los recibos de sueldos además de una serie de documentación sobre los gastos fijos de cada familia como servicios (luz, gas), impuestos, tarjetas de crédito, préstamos, etcétera.

Esta intención del Gobierno nacional de poner mayor control a los fondos destinados a la construcción de viviendas fue transmitida esta semana por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, que se reunieron en San Juan en marco del Consejo Nacional de Vivienda.

Debido a irregularidades detectadas, y con miras a 2019, en el gobierno de Mauricio Macri confluyeron en el cambio de postura oficial respecto de los fondos.

“Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas”, afirmaron voceros del ministro Frigerio.

La puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado “evitar los abusos”, que desde el ministerio del Interior adjudican, sobre todo, a “provincias gobernadas por el PJ”.

Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre del año pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias.

A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.

“Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente”, afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan.

El gobernador de dicha provincia, Sergio Uñac, fue el primero en confirmar su adhesión a la resolución que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deberá pasar, en primer lugar, por la administración central antes de ser adjudicado.

El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas.

“Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales”, detallaron.

Según datos de Interior, actualmente hay 84.000 viviendas en ejecución en todo el país.

“Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos”, ampliaron.

Algunos de los casos que ponen de ejemplo en la Casa Rosada de los desmanejos e irregularidades en la construcción y adjudicación de las viviendas, es el de Comodoro Rivadavia, en el cual el ex titular del IPV de la ciudad petrolera, Abel Reyna, se encuentra denunciado y a la espera de juicio por el delito de “cohecho, tráfico de influencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La defensa de Reyna admitió la responsabilidad de dichas acusaciones para llevar el proceso a juicio abreviado.

Durante la gestión del ex titular del IPV de Comodoro se detectaron irregularidades en la entrega de casas entre 2011 y 2014, en las que se adjudicaban viviendas a personas que no reunían los requisitos legales para hacerlo, a partir de alteraciones en los registros y a cambio de dinero o favores sexuales de mujeres adjudicatarias.

Además de este caso, desde Nación mencionan el caso de Tucumán, donde a fines del año pasado se sucedieron denuncias contra el IPV tucumano, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores y cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.

En la misma San Juan, donde se desarrolló la reunión de representantes provinciales, hubo a principios de este año, una considerable cantidad de denuncias de beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas.

Casos similares de registraron en Jujuy, en Buenos Aires y en Río negro.

Pese a que el secretario de Vivienda Kerr encontró muchos apoyos precios al encuentro realizado en San Juan, quien expresó enfáticamente su rechazo al BUB San Luis.

Los funcionarios del gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría “una intromisión en los números de la provincia”.

Desde Casa Rosada replican que la adhesión a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condición para recibir el financiamiento.

Para el Gobierno, otro dato que obliga a reforzar controles es lo ocurrido con el Fonavi.

“Las provincias adhirieron a la ley 24.464 que los obliga a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple”, afirmaron fuentes de Nación.

“Imaginamos que habrá una amplia mayoría de gobernadores que no se opondrá a una mayor transparencia”, afirmó Kerr, confiado en que la presión a las provincias rinda rápidos frutos.

Fuente: La Nación / Télam / ADN sur

Por [email protected]

“El déficit de vivienda no es simplemente la falta de ella o lo inadecuado de la misma sino mucho más; es marginalidad, violencia, pobreza, tristeza”.

La frase la escribió el Presidente de la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable / Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo del Neuquén, Prof. Sr. Marcelo Sampablo, quién la publica en un editorial en la Revista del Consejo Nacional de la Vivienda N° 50, del mes de diciembre 2016.

El Prof. Sampablo, presidía por entonces el Consejo Nacional de la Vivienda, organismo que fuera creado por Ley N° 24.464, la que en su artículo 11 manda: “El Consejo Nacional de la Vivienda está integrado por el Poder Ejecutivo, los estados provinciales que adhieran a la presente ley y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires”.

Sampablo fue uno de los asistentes de Argentina que participaron de ONU-Habitat III, conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. El encuentro internacional se realizó en Quito, capital de Ecuador, del 17 al 20 de octubre del 2016.

En el documento Final del encuentro internacional que reunió a unas 36.000 personas de 142 países, se decidió adoptar una Nueva Agenda Urbana que ayudará a poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; a reducir las desigualdades; promover un crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenido; lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a fin de aprovechar plenamente su contribución vital al desarrollo sostenible; mejorar la salud humana y el bienestar; fomentar la resiliencia; y proteger el medio ambiente.

En otro párrafo del documento se puede leer: “la persistencia de múltiples formas de pobreza, las desigualdades crecientes y la degradación ambiental siguen siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo sostenible en todo el mundo, siendo con frecuencia la exclusión social y económica y la segregación espacial una realidad irrefutable en las ciudades y los asentamientos humanos.”

Entre las ponencias que se dieron a conocer en el marco de este encuentro mundial Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en contar con un Plan Nacional Urbano para hacer frente al crecimiento desordenado de sus ciudades, la proliferación de barrios precarios y un déficit habitacional de 3.800.000 viviendas.

La presentación del plan la realizó el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, quién señaló que lo programado estará liderado por esa cartera de Estado en articulación con otras instituciones gubernamentales e involucra a las autoridades provinciales y locales. y también contará con el asesoramiento técnico de ONU Hábitat.

La iniciativa permitirá la participación de los afectados, aquellos que viven en las zonas marginadas. “El Plan Nacional de Hábitat es un plan muy ambicioso porque los problemas de la Argentina en términos del hábitat son muy grandes, dijo Frigerio, y agregó: “Tenemos una pobreza estructural de alrededor del 40% de la población, muy vinculada a la falta de inversión y de planificación urbana. El 93% de nuestros argentinos vive en áreas urbanas. Es mucho más que la media mundial y ha crecido de una manera muy desordenada, provocando una fragmentación socioespacial también muy grande”.

Frigerio confía en que el plan ayude a transformar la situación de más de 6.000 barrios marginales o comunidades vulnerables e irregulares y los convierta en espacios de oportunidad para el desarrollo económico.

¿Cuál es la realidad del Chubut en la problemática habitacional?  El ente responsable de dar soluciones a 36.000 chubutenses anotados en el IPV Chubut y que significan unas 150.000 mil personas en espera de un techo propio, sigue con su política de no transparentar sus acciones, de abrir las puertas a la información y los datos que se van obteniendo, y de manera fragmentada no son confiables.

Es de esperar que los Diputados que fueran designados hace veinte meses para investigar al IPV Chubut, tal lo establece la Ley XXV-56, empiecen la tarea, y que las conclusiones sean puestas en conocimiento de todo el pueblo chubutense.

El 29 de marzo se cumplirá un año del inicio de la peor catástrofe meteorológica que se recuerda en Comodoro Rivadavia. Aún queda mucho por solucionar de las consecuencias múltiples. A la fecha, por ejemplo, la lista de las primeras 71 viviendas para damnificados, todavía no está cerrada. La última vez que consultamos nos informaban que de la primera nómina que se conoció con 106 apellidos hace varios meses, solo habían quedado 35 vecinos, los otros 71 habían sido “bajados”.

Las reflexiones del Prof. Marcelo Sampedro, son válidas para lo que ocurre en nuestro territorio: “El déficit de vivienda no es simplemente la falta de ella o lo inadecuado de la misma sino mucho más; es marginalidad, violencia, pobreza, tristeza”, y también en el caso de la provincia del Chubut, corrupción.