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El ex intendente de Comodoro se solidarizó con el vicegobernador de la provincia luego de que trascendiera la denuncia que investiga la Justicia de Puerto Madryn por presuntas amenazas. “Todo esto dinamita la posibilidad de dialogo con el gobernador” opinó.

En diálogo con FM El Chubut, el ex intendente Carlos Linares se refirió a la denuncia de espionaje que trascendió y que involucra al vicegobernador Ricardo Sastre. “Todo esto dinamita la posibilidad de diálogo entre el gobernador y el vice” opinó Linares.

En este sentido, el ex candidato a la gobernación indicó “Hablé con Ricardo Sastre ayer, me solidaricé con él y su familia. Tranquilamente podemos estar todos investigados”.

Exdirectivos de la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) de la época kirchnerista son noticia en los Tribunales Federales de Córdoba por supuestos delitos mientras ocupaban sus cargos. La fiscal federal Graciela López de Filoñuk imputó a 13 exfuncionarios que desempeñaron tareas entre 2011 y 2015 por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

Además, fueron los alegatos en el juicio a Juan Carlos Giraudo, exdirectivo, acusado de «usar empleados, servicios, materiales y transporte de la fábrica» en beneficio personal.

Entre los acusados por López de Filoñuk -varios todavía no fueron indagados, según indicaron fuentes de la investigación a LA NACION- están los expresidentes de Fadea, Raúl Argañaraz, quien dejó el cargo en 2013, y Matías Savoca, quien lo ocupó hasta 2015, cuando la empresa era gestionada por dirigentes de La Cámpora , la agrupación kirchnerista.

La imputación llegó a poco tiempo de que prescribiera la causa. La investigación comenzó hace tres años y medio a partir de una denuncia de Cristina Salzwedel, la primera titular de Fadea en la gestión de Cambiemos. Se basó en una auditoría de Deloitte pedida por el Ministerio de Defensa.

El balance de 2015 de la empresa cerró con un rojo de $1401 millones. Ese año la fábrica estuvo virtualmente parada, pero pagó $33 millones de horas extras y $14 millones por «servicios en comisión».

Fadea tenía a fines de 2015 unos 1700 empleados, de los cuales alrededor de 600 ingresaron desde 2009, cuando la expresidenta Cristina Kirchner la reestatizó después de 15 años bajo la concesión de Lockheed Martin. En 2013 la conducción de la empresa quedó en manos de La Cámpora.

«Descontrol administrativo; contabilidad opaca. Se utilizó a Fadea como fuente de financiación de compras sin ningún beneficio y enormes erogaciones», dice la auditoría. Ese reporte plantea la posibilidad de «desvíos» por $300 millones.

El juicio a Giraudo, quien se desempeñaba como jefe del área de compras y contrataciones de Fadea, es por usar las instalaciones y los empleados de la firma para colocar un portón en su domicilio particular, un aro como soporte para un horno chileno, confeccionar un trailer para cuatriciclos, pintarlo, condicionarlo y trasladarlo en vehículos oficiales.

La causa se inicia por denuncia de otros directivos. Giraudo está en libertad.El fiscal Carlos Gonella pidió dos años de prisión e inhabilitación absoluta por la causa en la que se acreditó que el imputado llevó a un empleado de una contratista de Fadea a poner la reja en su casa; en los otros casos pidió la absolución porque no se comprobó de que el carro saliera de Fadea y en la instalación del horno, fue pedido por el directorio para una casa alquilada para un presidente de la empresa.

La apertura de investigación fue presentada por el Ministerio Público Fiscal y se investigará a cuatro imputados, todos referentes gremiales, entre los que se encuentra el secretario general de ATECh, Santiago Goodman. Están acusados de provocar daños en la Legislatura y Casa de Gobierno el pasado 17 de septiembre.

El Ministerio Público Fiscal presentó la apertura de investigación por los incendios registrados en el mes de septiembre, en Casa de Gobierno y la Legislatura en Rawson.

Según pudo saber ADNSUR, se acusa a cuatro imputados, todos ellos integrantes de gremios de trabajadores estatales. Se trata de Matías Exequiel Schierloh, delegado de ATECH;  Santiago Goodman, secretario general de ATECh; Marcelo Ancaleo, integrante de la CTA y Mariana Castro, delegada de la CTA.

La justicia  investiga en esta causa lo ocurrido el 17 de septiembre en circunstancias en que un grupo de personas entró a varias oficinas de la Casa de Gobierno provocando daños y sustracciones de bienes públicos como computadoras, además de usar documentación del interior para avivar el fuego.

Asimismo, según la documentación a la que tuvo acceso ADNSUR, en los hechos se identificó a Mariana Castro a bordo de una camioneta Kangoo, que fue utilizada por Goodman en inmediaciones de la Legislatura, donde transportó cubiertas a Casa de Gobierno para mantener el fuego.

“Como consecuencia de este accionar se provocaron daños afectando 13 ventanas en calle Belgrano, y 16 ventanas con destrucción total en calle Vachina”, señala el documento;  y además se aclaró que provocaron también lesiones a efectivos policiales, todos con intoxicación por inhalación de productos de incendio y uno con traumatismo.

En sólo una hora y media, los jueces del juicio oral por la causa “Embrujo”, los fiscales, querellantes y defensores, recorrieron las propiedades inmobiliarias y observaron los vehículos secuestrados en el marco de la investigación que tiene a 12 imputados sentados en el banquillo de los acusados.

La llamada inspección ocular fue pedida por los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez e incluyó una recorrida por Trelew y Rawson, finalizando en Playa Unión.

El objetivo de los investigadores fue que los jueces Marcela Pérez, Ricardo Rolón y Alejandro Soñis observen de manera directa y dimensionen los bienes que habían adquirido algunos de los integrantes de la asociación ilícita investigada.

La recorrida se inició por la chacra que el imputado Diego Luters adquirió en nombre del grupo en una zona aledaña a la planta de toma de agua que la Cooperativa de Puerto Madryn posee  en el Río Chubut a su paso por la zona sudeste de Trelew. Continuó luego en la observación de dos terrenos que se habían  adquirido en el barrio San Benito 2.

Inmediatamente, la comitiva integrada por patrulleros, vehículos oficiales del Poder Judicial del Chubut y autos particulares, se dirigió a la ciudad de Rawson para observar el edificio que una de las empresas conformadas por los imputados, construía un importante edificio de consultorios cuya obra se paralizó al percatarse el grupo que estaba siendo investigado y que eran inminentes las primeras detenciones.

Posteriormente, y de a pie, se dirigieron a la Jefatura de Policía del Chubut, en pleno centro de Rawson, donde se hallaban estacionados los vehículos secuestrados. Inmediatamente el grupo partió hacia Playa Unión, para observar la vivienda de dos plantas, importante quincho, pileta y jacuzzi construida aledaña a tres departamentos de alquiler.

La audiencia proseguirá el próximo martes, día en el que se prevé declaren dos testigos más de interés para los defensores y se exhiba la prueba documental reunida por los fiscales investigadores, así lo informó ADN Sur.