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Durante una extensa audiencia desarrollada mediante el sistema de videoconferencias internos alojados en el instituto penitenciario provincial y en la alcaidía policial de Trelew hicieron una serie de peticiones intentando ampararse en los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno nacional y tratando de argumentar sobre flexibilización en las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad y las visitas permitidas dentro de las dependencias donde se encuentran.

Durante mas de tres horas diversos representantes de los alojados por diferentes delitos en los centros de detención expusieron tales peticiones, siendo representados legalmente por los defensores Abdón Manyauik y Sergio Rey, quienes fueron acompañados por los abogados García Palumbo y Sepúlveda. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la funcionaria de fiscalía Marcela Guillén.

Provisión de medicamentos, elementos de higiene, acceso a celulares, ampliación de espacios educativos, pero fundamentalmente la flexibilización para el ingreso de visitas y los egresos de los internos desde aquellos lugares en que se encuentran alojados fueron algunos de los reclamos que expresaron internos como Jara, Rapimán, Alberto Williams y Oscar Romero entre otros.

La representante fiscal se opuso a esta presentación y solicitó el rechazo del hábeas corpus entendiendo que los decretos presidenciales aludidos refieren al general de la población, y en todo caso deben atenerse a los dictados que emanan del poder político y las decisiones que puedan delegar en los gobiernos provinciales, teniendo en cuenta que hoy las privaciones y disposiciones que se adoptan afectan a toda la sociedad, sin particularizar en ningún sector, debiendo tomarse las previsiones correspondientes.

Así lo entendió también la Jueza de ejecución María Tolomei, quien no aceptó el hábeas corpus solicitado, mas allá que resolvió tener en cuenta los pedidos para ir evaluando cada caso en particular. Por lo demás, manifestó la predisposición para que se adopten las medidas adecuadas que hacen a la permanencia de los internos en los lugares de alojamiento, privilegiando la prevención ante la pandemia, por lo que no pueden flexibilizarse las visitas ni los posibles egresos de aquellos sitios.

Cabe acotar que en una instrucción dada a los fiscales , el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena expresa que le corresponde al Ministerio Público Fiscal el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar la eficacia del sistema de justicia, actuando siempre en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, con la objetividad que impone su marco de actuación, ello en toda materia socialmente trascendente y marcada repercusión social.

Expresa mas adelante que vale recordar y reafirmar que, ante todo, prevalece el deber del Estado de administrar justicia y aplicar el Derecho. En este contexto de emergencia sanitaria habrán de redoblarse los esfuerzos para mantener las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, satisfaciendo las necesidades de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros, garantizando en particular que todas las unidades cuente con un acceso a la atención médica pertinente (Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Manifiesta luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia y resalta que frente a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos se requiera un análisis y requisitos más exigentes, en atención al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de sancionar a los responsables de tales violaciones. Resulta necesario poner en conocimiento de todas estas cuestiones al Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de que por intermedio de las dependencias administrativas que correspondan se adopten las medidas que permitan cumplir con los estándares referidos.

La iniciativa, apoyada por el personal policial, el Ministerio de Seguridad de la Provincia y organizaciones por la inclusión, surgió de los mismos presos alojados en dicha dependencia para colaborar durante la pandemia. Gracias al aporte de máquinas de coser, telas y demás insumos necesarios, se encuentran realizando botas, cofias y delantales descartables para los trabajadores del nosocomio local.

Internos de la Comisaría 4°de la ciudad de Trelew, a cargo del Comisario Jorge Calderero, se encuentra desarrollando indumentaria descartable para el personal de Salud del Hospital de Trelew. La propuesta surgió de los presos que se alojan en dicha dependencia, y gracias al acompañamiento del cuerpo policial y distintas instituciones de la sociedad, se consiguieron los materiales para llevarla adelante.

Asimismo, el Ministro de Seguridad de la Provincia, Federico Massoni, se entrevistó con los detenidos, destacando la idea y brindando su apoyo a través de materiales que permitan continuar con la producción de la indumentaria.

Al respecto, Calderero indicó que la iniciativa surge en el marco de “una seguidilla laboral que viene desde el año pasado, en conjunto con el Oficial Cevallos, jefe de la Oficina de Detenidos, y que se inició con la refacción de detención. Además, tuvieron talleres -que ahora están suspendidos por la cuarentena-, como el literario. La Defensa Pública realizó varias visitas, al igual que Magistrados de esta ciudad”, y remarcó que “el año pasado fuimos reconocidos en dos oportunidades por la calidad humana en el trato con los privados de su libertad, conforme a lo establecido en la Ley 24660”.

Iniciativa valiosa

“Producto de esa gestiones, y sobre todo de las interacciones, los internos hicieron una propuesta confirme a la pandemia, para colaborar y tratar de devolver algo a sociedad. Una de esas cuestiones fue la creación de barbijos, ya que veían por los medios de prensa que había escasez. Así se inició la propuesta”, manifestó el Comisario, agregando que “le conseguimos hilo, máquinas de coser, telas y demás elementos, aportados por familiares y distintas instituciones, y finalmente optaron por realizar indumentaria que va a ser entregada al hospital”.

La indumentaria que están confeccionando son cofias, delantales y botas para los médicos. Elementos descartables que van a ser esterilizados. “Es su forma de aportar a la pandemia y a la crisis que se viene, que va a ser bastante difícil”, sostuvo Calderero.

Asimismo, el Comisario contó que “recibimos la visita del Ministro Massoni, quien entrevistó a los detenidos. Le pareció bien y apoyó lo que estamos generando. Ya se inició con la confección de los elementos. El Ministerio de Seguridad va a portar para que sea mayor la producción”, y agregó que “la idea es aportar, buscar que dentro de los errores que hayan cometido, brinden a la sociedad algo positivo dentro del cumplimento de su condena”.

“Es un buen gesto, no es el primero ya que ellos refaccionaron sus propios espacios de detención, pero en las tantas entrevistas que mantuvimos, ellos entendieron que tiene que resocializarse, buscar una mejor calidad de vida, y que ser privado de su libertad no es un castigo sino que busca un lineamiento para que se re-inserten con un buen pensamiento en la sociedad. Así surgió la idea y la consideramos más que positiva, por ende aportamos nuestro granito de arena”, subrayó Calderero.

El funcionario policial indicó además que son 14 detenidos y que ellos mismos organizan su rotación de turnos y puestos a cubrir. Los trabajos los realizan bajo monitoreo del personal de la Comisaría. “Tenemos una población carcelaria que busca resocializarse, que respeta los lineamientos y que se maneja con respeto, no hemos tenido intendentes carcelarios. El oficial Cevallos hace las entrevistas con el interno, los familiares y los allegados, realiza una evaluación y establece si se puede o no permitir al detenido el acceso a los elementos necesarios para desarrollar las tareas.

“Queremos aportar a la sociedad”

Marcos, uno de los detenidos en la Comisaría 4° explicó que “se trata de ayudar un poquito a la crisis que estamos viviendo todos, y otro poco porque nos hace sentir más vivos. Estaría bueno que siempre nos den un espacio para ayudar, la idea es que esto no pare. Hay pibes buenos por todos lados, a veces lo que hace falta hacen falta es un poquito más de oportunidades”.

“Estamos viendo las noticias todos los días y vemos la crisis que atraviesa el país, conseguimos unas máquinas por intermedio de una organización por la inclusión, y gracias a eso tenemos la esperanza de poder estar sentados en una máquina y aportar algo. Aprendimos de la nada, agarramos un pedazo de tela y empezamos a cortar; eso nos enriquece a todos como personas”, expresó Marcos.

Por su parte, Jorge, otro de los detenidos, contó que se dedica a la parte de costura y expresó que la idea es “tratar de ayudar a nuestra provincia, ver cómo podemos colaborar. Somos detenidos pero queremos aportar nuestro granito de arena a la sociedad. Estamos haciendo botas, camisones, cofias que ayudan”.

“Agradecemos por el permiso, a la Comisaría, al Ministro Massoni, a la organización, y a todos los muchachos que colabora con nosotros. No sé si seremos un ejemplo, estamos acá, pero queremos aportar a la sociedad y que vean el lado bueno que tenemos. Invitamos a todos los detenidos a que se sumen, y que el Estado esté con ellos, que les acerque unas máquinas para que puedan hacer y ocupar su tiempo en capacitarse”, finalizó Jorge.

Serán destinados al autoabastecimiento tanto para el uso de los privados de libertad y del personal penitenciario, como para familiares y allegados que los necesiten.

Internos de distintas unidades carcelarias de la provincia de Buenos Aires comenzaron a fabricar 3.000 barbijos por día como parte de las medidas preventivas ante la pandemia de coronavirus, informó hoy el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Los barbijos serán destinados al autoabastecimiento tanto para el uso de los privados de libertad y del personal penitenciario, como para familiares y allegados que los necesiten, en estos dos últimos casos una vez que culmine la cuarentena total dispuesta por el gobierno nacional.

Desde el SPB se informó a Télam que «en los talleres textiles de 14 establecimientos penitenciarios, privados de libertad elaboran elementos de protección personal para prevenir enfermedades, como una reacción ante el avance del Covid-19».

«Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos adquirieron telas de friselina blanca y la producción se da en penales de La Plata, Florencio Varela, Campana, Sierra Chica, Saavedra, Batán, San Martín y Magdalena», agregaron.

Según se indicó la tarea de producción de barbijos comenzó con internos alojados en la Unidad 1 Olmos en el que se confeccionarán cerca de 500 barbijos por día; las internas de la Unidad 8 Los Hornos, realizarán unos 100; en la Unidad 9 La Plata, 500; Unidad 19 Saavedra, 500; Unidad 32 Florencio Varela, 50; Unidad 35 Magdalena, 400, Unidad 46 San Martín, 500; Unidad 50 Batán, 65; y Unidad 51 Magdalena, 300

Además, ya están elaborando barbijos en la Unidad 2 (en este caso en el pabellón de internas trans), 27 y 38 Sierra Chica, 13 Junín y 41 Campana, entre otras, indicó Télam.

El hecho ocurrió en julio de 2018, el asesor legal de los condenados, afirmó que en esos días de julio del 2018, los internos estaban realizando una huelga de hambre, en protesta por la falta de respuestas a los petitorios enviados al juez de turno.

Edwin Nicolás Jaramillo (29), Mirko Alonso Gallardo (28), José Atilio Perán (30), Juan Carlos Barrientos (22), Diego Armando Jara (26), Ismael Antonio Payahuala (29), Fernando Adrián Artiles (24) y Miguel Rodríguez (30) integran el grupo de condenados sospechados de incendiar el pabellón común de condenados de la comisaría de Sarmiento. El hecho ocurrió el 20 de julio del año pasado.

La fiscalía presentó la pieza de apertura de formalización de investigación preparatoria de juicio. En la audiencia fijada para esta instancia, el abogado de la defensa pública, Gustavo Oyarzun planteó que los detenidos y sus familiares, pidieron que se recuse al juez Jorge Novarino en esta causa. Los fundamentos del pedido se basaron en el temor de parcialidad que podría tener el magistrado.

Asimismo, Novarino rechazó el planteo del defensor público. Indicó que presentará un informe por escrito, a los fines que un tribunal integrado por dos jueces de Comodoro Rivadavia, resuelva la situación.

En la sala de audiencias de la oficina judicial se programó una audiencia de apertura de la investigación. El acto judicial fue presidido por el juez Jorge Novarino. La parte acusadora estuvo representada por la fiscal Laura Castagno y la funcionaria Marisol Sandoval. Los denunciados recibieron el asesoramiento legal del defensor público Gustavo Oyarzun.

Jara, Rodríguez y Artiles, participaron mediante el sistema de video conferencia desde la oficina judicial de Comodoro Rivadavia. Del mismo modo lo realizó Erwin Jaramillo en Esquel. En tanto, Peran y Gallardo estuvieron junto a su abogado en Sarmiento.

Con respecto a Payahuala, se informó que no contaba con medios económicos para asistir al acto de apertura del proceso, en función de que se encuentra realizando trabajos temporarios en la localidad de Rio Mayo. En consecuencia, se fijó una nueva audiencia en la que participara mediante una teleconferencia.

En tanto, los operadores de la oficina judicial indicaron que Barrientos había sido debidamente notificado. Por lo tanto, también se convocará a una nueva audiencia a la que deberá comparecer con el auxilio de la fuerza pública.

Luego, Oyarzun señaló que el último viernes había mantenido una reunión con los familiares de Mirko Gallardo y Diego Jara. Como resultado del encuentro, confeccionaron un acta mediante la cual manifestaban la voluntad de pedir la recusación del juez Novarino, en esta causa judicial.

Según el defensor público, los internos y sus familias aseguran que el día de los hechos, el magistrado no constató la salud de los detenidos, luego de la intervención de la policía para neutralizar el incendio y los daños causados en el pabellón.

También agregaron que Novarino, no habría aceptado dialogar con los sospechosos del hecho que debe investigar la fiscalía. Estas circunstancias, les provocaron un temor serio de parcialidad en la nueva causa judicial en la que debe intervenir el juez.

En este contexto, el asesor legal de los condenados, afirmo que en esos días de julio del 2018, lo internos estaban realizando una huelga de hambre, en protesta por la falta de respuestas a los petitorios enviados al juez de turno.

Con respecto al sustento legal para sustentar el transmite de recusación, señaló que las causales de recusación operan cuando hay un temor fundado de parcialidad, por la actividad que tuvo el magistrado en la jornada del 20 de julio del año pasado. Esto haría temer que no habrá garantías de una resolución justa en el proceso que pretende iniciar.

Por otra parte, adelanto que el Ministerio Público Fiscal tramita otras tres investigaciones vinculadas a este hecho. En las mismas, el magistrado podría ser convocado como testigo y se generaría una incompatibilidad, relativa a las dos versiones que existen sobre lo sucedido ese día en la comisaría.

HABEAS CORPUS Y TORTURA

Los detenidos utilizaron su derecho a declarar y respaldaron el pedido de su representante legal. Asimismo, agregaron que en los días previos al hecho, habían presentado recursos de habeas corpus en reclamo por la falta de calefacción y la obligación de bañarse con agua fría. En este sentido, denunciaron que durante la intervención policial, fueron golpeados y sufrieron torturas.

A su turno, la fiscal Castagno manifestó su rechazo al pedido de recusación del juez. La investigadora, aseguro que no existen motivos serios ni razonables para pedir el apartamiento de Novarino en la causa.

Luego de un cuarto intermedio, el juez informo que rechazaba el planteo de recusación motivado por la defensa. A ello, agrego que no encuentra razones serias, ni motivos razonables respecto del temor de parcialidad.

En este marco, recordó que en esa oportunidad se presentó en la comisaria, junto al director de la oficina judicial Leandro Russsomando. En el lugar, ya se encontraban los defensores públicos Tomas Malerba y Marcelo Catalano. También los representantes de la fiscalía, Laura Castgano, Ezequiel Castro Albornoz y el intendente Ricardo Britapaja.

Asimismo, afirmo que emitió una directiva para que los internos revisan atención médica en la sala de visitas. En tanto, señalo que fueron los representantes de la defensa pública y el comisario Ibáñez, quienes sugirieron no mantener una reunión con los familiares de los detenidos, en función del estado de nerviosismo reinante por la situación vivida.

Con respecto a los recursos de habeas corpus, considero que el letrado adjunto de la defensa pública cometió un error garrafal, al no chequear la información brindada por sus asistidos. Esos pedidos fueron realizados al magistrado Daniel Pérez, quien estaba designado como juez de turno, los días previos al 20 de julio.

Por último, indicó que presentar un informe por escrito a los fines que un binomio judicial de la circunscripción de Comodoro Rivadavia resuelva la situación.

LOS HECHOS

El 20 de julio de 2018, a las 18:45 un grupo de personas que cumplen penas privativas de la libertad, provocaron incendios y daños en el pabellón comunitario de personas condenadas. El lugar quedo en condiciones inhabitables y luego de la intervención del personal policial fueron trasladadas a la alcaidía de Comodoro Rivadavia.

El Patagónico

Fue anoche en la seccional primera de la ciudad cordillerana. Los reclusos pedían extensión en el horario de visitas. Bomberos controlaron el fuego.

Un motín y principio de incendio se originó a última hora del martes en la seccional primera de policía de Esquel, donde los reclusos quemaron distintos elementos en medio de una protesta por la extensión de los horarios de actividades.

En un principio, los internos intentaron tomar de rehenes a dos policías que se encontraban en el patio de calabozos, pero los mismos lograron zafar de la situación y dar aviso a sus compañeros de trabajo y a sus superiores.

Los internos iniciaron un incendio y quemaron sábanas, frazadas y ropa de cama, pero el fuego fue sofocado con la intervención de los efectivos y personal de bomberos voluntarios de Esquel.

Según indicó en el lugar el jefe de la dependencia, Comisario Juan Cruz Campos, la seccional tiene espacio para albergar a 10 personas detenidas, pero ayer había 13 en el lugar, y se espera que por estas horas se cumplan varios traslados.

Además del trabajo de la policía y los bomberos, en el lugar se hizo presente personal de infantería, criminalística y también funcionarios de la fiscalía de Esquel.