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Desde las 9 de la mañana está previsto que se realice la audiencia preliminar que tiene al secretario general de la ATECh y a otros tres imputados como los responsables de los incendios provocados en la Legislatura de la Provincia del Chubut y en la Casa de Gobierno.

Hoy se llevará a cabo la audiencia sobre los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno.

La cita está dispuesta para hoy a las 9 de la mañana, tras haberse presentado la acusación por parte de la fiscal general Florencia Gómez.

Además de Goodman, están imputados en la causa Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro; quienes deberán asisitir esta mañana a la Oficina Judicial de Rawson.

La investigación se basó en una importante cantidad de fotografías y filmaciones obtenidas en los incidentes, además de lo contado por 65 testigos presenciales que se tiene previsto declaren en el Juicio Oral y Público

La fiscal general Gómez ya anticipó que pedirá cinco años de prisión para cada uno de los cuatro imputados. El delito de incendio prevé penas que van de los 3 a los 10 años de prisión.

Mientras tanto, la defensa del titular de ATECh, Sergio Miranda, adelantó a LaCienPuntoUno que tienen dos testimonios que favorecería a los gremialistas imputados, e indicó que se cuestionará en el accionar de la Brigada de Investigaciones.

Lo aseguró la fiscal Florencia Gómez en diálogo con LaCienPuntoUno y agregó que con las pruebas de fotogramas extraídos del video de lo sucedido «se puede hacer apertura de investigación con nuevas personas que queden identificadas».

El 11 de septiembre a las 9 horas está previsto que se realice la audiencia preliminar que tiene al secretario general de la Atech, Santiago Goodman, y a otros tres imputados como los responsables de los incendios en la Legislatura y Casa de Gobierno, ocurridos hace casi un año atrás. Al respecto la fiscal Florencia Gomez precisó en diálogo con LaCienPuntoUno: “Sigue abierta la posibilidad de imputar a más personas”.

«Fueron dos incendios, hubo un gran trabajo de la Brigada de Investigaciones para recabar la información y llegar a la imputación. Había mucha cantidad de gente, pero algunos pudieron ser identificados», recordó la fiscal, al tiempo que subrayó: «Es un caso grave donde participaron muchísimas personas, que estuvieron en los daños”.

En este marco, sostuvo que participaron varios gremios y que casi todo el personal policial estaba apersonado en el lugar, por lo que es un caso que cuenta con muchos testigos. Asimismo la Brigada de Investigaciones trabajó con las imágenes captadas por la prensa que estaba presente, y las cámaras de seguridad del lugar.

La causa

La audiencia se realizará en la Oficina Judicial de Rawson, el 11 de septiembre a las 9 horas. Además de Goodman, están imputados en la causa Matías Schierloh, Marcela Ancaleo y Mariana Castro.

Los incidentes se produjeron entre la noche del 17 de septiembre y la madrugada del día siguiente, primero en la Legislatura del Chubut y luego en la parte posterior de la Casa de Gobierno.

Volvió el blindaje, y ahora son varios en el Juzgado Federal de Rawson los que cuidan que no trascienda nada de lo que está pasando en la causa por narcotráfico contra los hijos y la exmujer de uno de los propietarios del diario Jornada de Trelew, el millonario sindicalista Héctor Rubén González. Pese a ese casi impenetrable hermetismo, este portal de noticias logró confirmar con distintas fuentes que el proceso judicial tendría cuatro nuevos imputados y que eso complicaría la situación procesal de los González.

Aunque, no sería nada descabellado que fueran chivos expiatorios plantados en la causa –como en las películas de la mafia— para salvar de la cárcel a los González, quizás haciéndose cargo de lo que les endilgan a ellos, declarando –por ejemplo—que son los verdaderos dueños del bosque de marihuana, a cambio de una buena suma de dinero. Puede pasar. Más en esta sociedad, en la que pareciera que los malos siempre ganan.

Si esto realmente llegara a ocurrir estaríamos perdidos y no serían muchos los que por acción u omisión deberían hacerse cargo.

La ex mujer y uno de los hijos de González ampliaron su declaración indagatoria en una audiencia que se realizó el viernes pasado, de la que –obviamente—no trascendió nada. No se sabe qué dijeron, si declararon o no y en relación a qué fue la ampliación, aunque algunos conocedores del tema aducen que puede que el interrogatorio del juez haya girado en torno a la relación que tenían con los nuevos imputados.

Pero, ¿de dónde han surgido estos nuevos sospechosos? ¿Qué relación tienen con los hijos y la ex del sindicalista?

Según lo que pudimos averiguar, familiares de ellos no serían y entonces ¿por qué la Justicia los suma como posibles narcotraficantes a la causa?

Por lo pronto, lo que se conoce fehacientemente es que recién a mediados de setiembre el juez les estaría resolviendo la situación procesal a los González y también a los nuevos imputados que tiene el proceso judicial.

Las dudas siguen siendo siempre las mismas: ¿irán a la cárcel?

Con los delitos que les atribuyó el magistrado aquella primera ocasión en la que los tuvo enfrente, deberían estar ahora presos como cualquier hijo de vecino.

Hay que recordar que la causa penal en la que están sindicados como narcotraficantes se lleva adelante en el Juzgado Federal de Rawson, a partir de aquel inédito hallazgo que hizo la policía el pasado 19 de mayo, cuando les allanó la casa, una verdadera mansión situada en la zona sur de Trelew, y descubrió toda una estructura preparada para sembrar, cultivar y cosechar marihuana, aparentemente, con fines de comercialización para producir droga.

El procedimiento que tuvo repercusión nacional, fue llevado a cabo por personal de la División Drogas Peligrosas de Trelew, al mando del comisario Eduardo Alonso; en una imponente propiedad de la calle Cangallo al 100, ubicada a metros de una escuela primaria y en un barrio en el que antaño, curiosamente y como dato de color; vivieron varios jueces y funcionarios del Poder Judicial de Chubut, según recuerdan algunos vecinos.

En esa casa también supo vivir hace un tiempo atrás el (por ahora) “capo máximo” del Gremio de Luz y Fuerza de la Patagonia. Héctor González se domicilió ahí hasta antes de separarse de la mujer que hoy “está en problemas” junto a sus dos hijos.

Desde ese inmueble la policía –aquel 19 de mayo—se llevó más de un centenar de plantas de marihuana, unos quinientos plantines también de cannabis sativa y más de una decena de cactus “San Pedro”, una especie de la que –al igual que la marihuana– se extrae una sustancia altamente alucinógena.

A raíz de ese procedimiento, unos días después, en la Justicia Federal le imputarían a los hijos y la expareja del Gordo Héctor González los cargos de “comercio de estupefacientes”, “almacenamiento de semillas”, “cultivo de plantas para la elaboración de estupefacientes” y hasta “ejercicio ilegitimo del arte de curar”.

Cecilia Torres Otarola, ex diputada provincial y ex ministra de Familia, y otras doce personas están imputadas por presunto fraude a la administración pública y a partir de hoy serán enjuiciadas en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson por videoconferencia en la causa de los «ñoquis calientes».

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración pública en la figura del fiscal general Omar Rodríguez, había confirmado durante el pasado mes de julio el respectivo pedido de imputación en la causa; según publicó Mil Patagonias.

De la presentación realizada por la Oficina Anticorrupción del Ministerio Público Fiscal se desprende que son trece las personas involucradas en la misma cantidad de hechos. Se trata de Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles, Silvana Adriana Cañumil, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino.

Los hechos 

Como hipótesis de la acusación contra Torres Otarola el MPF señala que en el año 2014 Torres Otarola empleó en su comercio a Silvana Adriana Cañumil. Luego, ya como diputada provincial, gestionó y logró que Cañumil ingresara a la Legislatura como empleada administrativa de tercera, para luego ascender hasta convertirse en asistente de bloque. Sin embargo Cañumil no prestaba funciones en el poder legislativo sino que en los hechos cumplía funciones como niñera a cargo de los hijos de la entonces diputada. De hecho la imputación sostiene que Cañumil, vivía en la casa de Torres Otalora en la ciudad de Esquel.

De manera simultánea, Torres Otarola, también gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia del esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Además, la entonces diputada, gestionó un contrato de locación de obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que también cumpliera funciones en la Legislatura.

A todo lo descrito anteriormente, Otarola gestionó la incorporación más personas a la Legislatura. En el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval.

A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio.

Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil; la cajera. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas del Banco de Chubut, del Nación cuya titular es Torres Otalora.

La operatoria luego sufre alguna modificación, cuando Otarola deja su banca como diputada y asume al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Desde diciembre del 2019, Otarola emprende un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación.

Dicho grupo se puede diferenciar de otro, ya que ocupan cargos que no tienen vínculo estrecho con Otarola, pero los objetivo espurios eran los mismos.

Ya en el cargo de Ministra, Otarola, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, como Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, asume como Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, (hermana de Jaquelina) se hace cargo de la Dirección de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, (sobrino de la Subsecretaria) ingresa como Director General, Raúl Rodera, (hermano de Jaquelina) lo hace como Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, como Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, se desempeña como Secretario Privado de Jaquelina Rodera, mientras que Miguel Reto, es nombrado Director General.

De los elementos analizados hasta el momento, surge de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, la clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Relación que resulta anterior al ala asunción de Torres Otarola como Diputadas Provincial.

Pero además de todas las personas antes nombradas, la ahora ex ministra se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. Este fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. ELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica, en 1998, y otra sociedad denominada INDUSTRIA CARMA SRL en 2005. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

Ya en el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen otra sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

A esta altura, la Fiscalía, no puede dejar de mencionar, que el común denominador que tienen Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, es que todos ellos tienen domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única persona que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola. En el otro grupo de la planta política nombrada por Torres Otarola, se menciona a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de este año, realizó una transferencia de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace otra transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo por un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una tercera transferencia a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

También y de acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público Fiscal, Silvana Cañumil, en mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a favor de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Torres Otarola con el instituto aludido. También se destacan las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela (pareja de Silvana Cañumil) y Torres Otarola. Unos meses antes, (febrero y marzo) Otarola transfiere a Valenzuela montos de $10.000 y $15.000 respectivamente.

En el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil realizó transferencias bancarias a Torres Otarola, por más de $1.500.000.

Por su parte, Miguel Reto el día 3 de junio de este año realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija Sandra Jaramillo quien prestó servicios como empleada doméstica en la casa de Otarola, desde mediados del 2019 hasta enero del 2020. Torres Otarola, ya como Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada pocos días más tarde. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

La Fiscalía también menciona la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de $187.200, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal.

En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria. Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales 

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública (art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54), y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida cautelar 

Por último el Ministerio Público Fiscal, solicitó una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Este miércoles el fiscal Omar Rodríguez presentó el pedido de apertura de investigación en esta causa que tiene 13 imputados por 13 hechos diferentes: 10 imputados por defraudación al Estado y tres imputados por concusión. Una de las imputadas, Silvana Cañumil, la niñera de Torres Otarola, sería la encargada de recaudar «el diezmo» que la ex diputada le cobraba a las personas a quienes había hecho ingresar a la administración pública, y luego transferirle el dinero. En cuatro años, Cañumil le transfirió a Otarola más de un millón y medio de pesos.

En la causa, se imputa a Cecilia Torres Otarola en carácter de autora de defraudación al Estado y de concusión, y a otras 12 personas consideradas «partícipes necesarios» e imputados de diversos delitos. Ellos son Jaquelina Rodera, Marcelo Neira, Facundo Solari Rodera, Mara Rodera, Branco Rodera Neira, Carlos Antonio Cundari y Miguel Angel Reto Trelles -todos domiciliados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, Silvana Adriana Cañumil con domicilio en Rawson, Pamela Matamala, Facundo Andrés Jofré, Patricia Claudina Antonio y Alberto Gilardino, estos últimos con domicilio en Trelew.

Según el relato del fiscal, Cecilia Torres Otarola antes de asumir en el cargo de diputada provincial en diciembre del año 2015 poseía un comercio denominado 5mentarios, el cual se encontraba ubicado en la ciudad de Esquel. A partir del año 2014, hasta su asunción como diputada, empleo en dicho comercio a Silvana Adriana Cañumil. Posteriormente, ya como diputada provincial, gestionó y logró el ingreso a la casa de las leyes, en el cargo de empleada administrativa de tercera, y luego en el cargo de asistente de Bloque, hasta el 12 de Diciembre del año 2019. Si bien Cañumil, figuraba en los papeles prestando funciones en la Legislatura provincial, en los hechos cumplía funciones de niñera a cargo de los hijos menores de edad de la diputada. Cabe destacar, que Cañumil, vivía en la casa de la diputada, en la ciudad de Esquel, y de esa forma cumplía con las funciones delegadas que precisamente era de cuidar a los hijos de Otarola.

Por otra parte, el fiscal detalla que en oportunidad del ejercicio como diputada provincial, Cecilia Torres Otarola, gestionó y concretó el ingreso a la Legislatura Provincial, de Jaquelina Rodera, actual Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo y Familia, -con quien la unía un estrecho vínculo de amistad- y el esposo de ésta última, Marcelo Neira, actual Director de Políticas Sociales. Asimismo, gestionó un contrato de Locación de Obra, respecto del hijo de los nombrados, Branco Rodero Neira, para que cumpliera funciones en la Legislatura Provincial.

Rodríguez expuso también que Otarola gestionó la incorporación de distintas personas a trabajar bajo su órbita en la Legislatura Provincial. Fue así que en el año 2017 ingresó a prestar servicios Alexis Ganga, luego Erica Paludi, y Martín Sandoval. A las tres personas mencionadas la diputada Otarola obligaba a dejar parte de su sueldo en provecho propio. Para ello, dichas personas al momento de cobrar sus haberes mensuales debían entregar un porcentaje elevado de su sueldo a Silvana Cañumil, quien era la que encargada de llevar a cabo la recaudación. La operación aludida se hacía por medio de transferencias bancarias. Cañumil una vez que se hacía del dinero lo giraba a las cuentas de Torres Otarola, que poseía en el Banco de la Provincia de Chubut, y Banco de la Nación Argentina.

Este modus operandi, va a sufrir cierta modificación al momento que Otarola dejó el cargo de Diputada Provincial, para pasar a ocupar un cargo en el Ejecutivo Provincial, como Ministra de Desarrollo Social y Familia. A partir de ese momento, diciembre del año 2019, la nombrada va a emprender un rol activo en el nombramiento de un grupo de personas cercanos a ella, como lo son la familia Rodera-Neira, los cuales en su mayoría cobrará un haber mensual sin prestar ningún tipo de contraprestación. Dicho grupo se puede diferenciar de otro, que ocupan cargos que no tienen vinculo estrecho con Otarola, y de alguna manera servía para nutrir los intereses espurios de la nombrada.

Fue así, que ya en el cargo de Ministra, gestionó y logró el nombramiento de Jaquelina Rodera, amiga personal, designada en el cargo de Subsecretaria de Desarrollo Social, el esposo de ésta, Marcelo Neira, en el cargo de Director de Políticas Sociales, Mara Rodera, hermana de Jaquelina, en el cargo de Directora de Control de Auditoría y compras, Facundo Solari Rodera, sobrino de la Subsecretaria, en el cargo de Director General, Raúl Rodera, -hermano de Jaquelina- en el cargo de Secretario de la Ministro, Silvana Cañumil, ocupa un cargo con rango de Subsecretaria, Carlos Antonio Cundari, Secretario Privado de Jaquelina Rodera, Miguel Reto, en el cargo de Director General.

Según la Fiscalía, de los distintos elementos analizados hasta el momento surge clara la relación de Torres Otarola con los Rodera-Neira. Justamente la gestión de la nombrada para que puedan ocupar distintos cargos obedece a dicha relación estrecha, que venía desde antes de ser diputada. Pero además de los nombrados también, se encargó de gestionar la designación de Carlos Antonio Cundari. El nombrado fue socio de Marcelo Neira en varias sociedades. En el año 1998, Marcelo Neira, y Antonio Cundari, entre otros, eran socios en una sociedad denominada TELEMEC SRL, Talleres de Electricidad y Mecánica. Por otra parte, en el año 2005 los nombrados constituyeron una Sociedad cuya razón social se denominaba INDUSTRIA CARMA SRL, surgiendo con claridad que la designación en el cargo respecto de Cundari tiene que ver con la relación de cercanía con Marcelo Neira. Por otro lado, la designación en el cargo de Director de Miguel Reto, también está vinculada a una relación preexistente con los Rodera-Neira.

En el año 2010 Jaquelina Rodera, y Mara Lorena Rodera, constituyen una sociedad denominada, Devorebuenosayres Com SRL, cuyo objeto era la explotación de un hostel y residencia estudiantil, fijando el domicilio de la sede Social en Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires. Al consultar el NOSIS, sitio que registra en otras cosas información de antecedentes comerciales, surge que el domicilio fiscal de Miguel Reto, cuyo nombre completo es Reto Trelles Miguel Angel, es precisamente Guatemala N° 4168, de la Ciudad de Buenos Aires, coincidente con el domicilio de la Sociedad aludida en el párrafo anterior, lo que explica su designación como Director en el Ministerio de Otarola, por su vinculación con los Rodera.

Ahora bien, a esta altura, no podemos dejar de mencionar, que como común denominador es que las personas de Jaquelina Rodera, Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Marcelo Neira, Antonio Cundari, Miguel Reto, tiene domicilio en Buenos Aires. De los nombrados la única que reside en la zona de manera esporádica es Jaquelina, y lo hace en el domicilio de Cecilia Torres Otarola, sito en Costamagna 79, Playa Unión. En el otro grupo de la planta política nombrada por Cecilia Torres Otarola, debemos mencionar a Pamela Matamala, Directora de la Juventud, quien presta servicios en la privada de la Ministro.

Por su parte, Facundo Andrés Jofre, ocupa el cargo de Director General, es oriundo de la ciudad de Dolavon y tendría vínculos con la nombrada Matamala. Según los registros bancarios, el nombrado el día 7 de mayo de 2020, realiza una transferencia dineraria de 75.000 $ a Pamela Matamala. A su vez, según los informes remitidos del Banco de Chubut, Pamela Matamala, le realizó transferencias bancarias a la cuenta de Silvana Cañumil, que posee en el mencionado banco, los días 24 de abril de este año por un monto de 87,816 $, y el día 7 de mayo de 2020, por un monto de 84.216 $.

Por su parte Cañumil Silvana le hace una transferencia a Torres Otarola a una cuenta de su titularidad, el día 27 de abril de 2020, por un monto de 100.000 $. Asimismo, con fecha 4 de mayo de 2020 la nombrada Cañumil le hace una transferencia a Torres Otarola, a la cuenta sueldo de la última nombrada, un monto de 78.656,82 $. Además, el día 8 de junio de 2020, Cañumil le efectúa una transferencia bancaria a Jaquelina Rodera por un monto de 50.000 $, y nuevamente a Torres Otarola, a la cuenta del banco Nación por un monto de 100.000 $ el día 8 de junio de 2020.

En esta misma dirección Silvana Cañumil, en fecha 10 de mayo de 2019, efectuó transferencias bancarias a la persona de Macayo Marcelo, por un monto de 21.467, 63 $, en concepto de pago de cuotas el Instituto de Ingles de una obligación que tenía Cecilia Torres Otarola con el instituto aludido. También hay que poner de resalto las transferencias entre Mauro Sebastian Valenzuela, -pareja de Silvana Cañumil-, y Cecilia Torres Otarola En febrero y marzo Otarola transfiere a Valenzuela montos de 10.000 y 15.000 pesos respectivamente.

A esta altura, cabe destacar que en el período comprendido entre los años 2016 y 2020, Silvana Cañumil le realizó transferencias bancarias a Cecilia Torres Otarola, por un monto superior aproximadamente al al millón quinientos mil pesos (1.500.000 $).

Por su parte, Miguel Reto el día 3/6/20, realiza una extracción de 50.000 en efectivo, para luego hacerle un depósito por ese monto a Silvana Cañumil, en la misma fecha.

Párrafo aparte, merece ser contada la situación de M.N.F., quien figura ocupando un cargo de Directora en el Ministerio aludido. Se trata de la hija de la Señora Sandra Jaramillo quien prestó servicios de empleada domestica en la casa de Otarola, desde mediados del año 2019 hasta enero de este año. En lo que aquí interesa, Cecilia Torres Otarola, ya en el cargo de Ministra le ofreció incorporar a la hija de Jaramillo al organismo a su cargo. Para ello le pidió que le mande foto por wasap del DNI de su hija. Dicha situación se concretó, y la nombrada fue designada en el cargo más arriba mencionado. M.N.F., solamente concurrió al lugar de trabajo un par de días, y no fue más. Dos circunstancias fueron las que determinaron dicha situación. La primera es que M.N.F., se tuvo que presentar en donde funcionaban las oficinas de CORFO, que en ese momento se vivía un clima de tensión. Y, en segundo lugar, la ruptura de la relación laboral entre Jaramillo y Torres Otarola, significó que la primera le dijera a su hija que no concurriera más a trabajar al Ministerio.

En todo este contexto, debemos destacar una situación relatada por la testigo. Es que, al momento de que Torres Otarola le ofrece el cargo para su hija, la misma le habría referido que cumpliría funciones de secretaria privada de la funcionaria, y que el sueldo sería de 20.000 $, sin tener conocimiento la deponente que los haberes correspondientes al cargo que fuera designada su hija eran de 43.558 $. Situación que pone en evidencia la intención de quedarse con más de la mitad del salario, por parte de la funcionaria.

Lo dicho cobra fuerza, al analizar la documentación respecto de la cuenta sueldo de M.N.F., del cual se desprende que no hubo ningún tipo de movimiento del dinero, los cuales permanecen intacto en su cuenta sueldo. Tanto la hija como la madre desconocían que existían pagos de haberes por el cargo que ocupaba, que dicho sea de paso prácticamente no concurrió.

Siguiendo con el relato de los hechos, también debemos mencionar la situación de Antonio Patricia, quien ocupa un cargo de Directora General. La nombrada es madre de Alberto Gilardino. La Motivación de su designación en la planta política tiene que ver con la imposibilidad de nombrar en el cargo a su hijo Alberto, por haber estado relacionado el sindicado con causas de corrupción. La nombrada habría prestado su nombre para que en los hechos sea su hijo quien desempeñase las tareas en el cargo. Del análisis preliminar de los movimientos bancarios, se desprende que la nombrada en el mes de junio del 2020, le efectuó transferencias bancarias al cuil 20294165194, perteneciente a su hijo, un total de 187.200 $, luego de haber ingresado en su cuenta a sueldo el dinero en concepto de haberes por el cargo de Directora, con la cual refuerza la hipótesis ensayada.

Está claro que todos los nombrados actuaron de manera coordinada, cumpliendo distintos roles, siempre bajo la cobertura que le da el poder estatal. En ese contexto Torres Otarola no tuvo ningún inconveniente, para lograr engañar al gobernador, abusando de su confianza, quien finalmente firmó los decretos de designación de los funcionarios solicitados por la nombrada, en función de una aparente idoneidad invocada. La ex ministra tuvo en sus manos las riendas de los hechos, y el resto de los coimputados realizaron aportes necesarios para lograr su consumación. Los funcionarios del Estado, sumergidos en el error, efectuaron los pagos a personas que no cumplían ningún tipo de contraprestación, llevando a cabo una disposición patrimonial perjudicial para sus arcas públicas, consumándose así, la maniobra estafatoria.

Ya con el dinero a disposición en sus respectivas cuentas sueldo, los cómplices, no en todos los casos retornaban parte del mismo a manos de Otarola, generalmente a través de transferencias o depósitos bancarios, dirigidos a su persona de confianza Silvana Cañumil, en algunas ocasiones a Pamela Matamala, circunstancia ésta, que robustece el contenido de la conducta final emprendida, que no era otra que hacerse de manera ilegal de fondos públicos.

Calificaciones legales

Todos estos detalles se encuentran discriminados en trece hechos donde la víctima resulta ser el Estado Provincial y por los que se encuadra el accionar de Cecilia Torres Otarola en el delito de fraude a la administración pública, art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de autora, -10 hechos-, concusión art. 266, -3 hechos-, todos ellos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes del funcionario público, art. 248, art. 54, y a su vez concurriendo materialmente entre ellos, art. 55, y 45 del código penal, al igual que Jaquelina Rodera, bajo el encuadramiento de los mismos delitos pero en cinco hechos.

En tanto Mara Rodera, Facundo Solari Rodera, Carlos Antonio Cundari, Miguel Angel Reto Trelles, Marcelo César Neira, Claudia Patricia Antonia, Alberto Gilardino, Patricia Claudina Antonio, Pamela Matamala y Facundo Andrés Jofré, por el delito de fraude a la administración pública art. 174 inc. 5, en función del art. 172 del Código Penal, en calidad de partícipes necesarios, -1 hecho-, art. 45 del código penal. Mientras Silvana Adriana Cañumil fue imputada por el mismo delito pero en dos hechos y como partícipe necesaria.

Medida Cautelar

Asimismo se solicita una medida cautelar sobre los bienes de Torres Otarola, a los fines de las eventuales reparaciones que en el futuro podrían tener lugar, en función de la extensión del daño ocasionado que se vislumbra prima facie, y en la inteligencia que surge como una medida razonable y proporcional a los hechos atribuibles.

Ocurrió en el pueblo bonaerense de Fortín Olavarría, de mil habitantes. El imputado por el abuso sexual, de 18 años, se negó a declarar mientras que la mujer que está acusada de encubrimiento será indagada esta tarde. La menor transita el octavo mes de gestación y se encuentra internada, comenta INFOBAE.

La habitual tranquilidad que se respira en el pueblo bonaerense de Fortín Olavarría, ubicado en el partido de Rivadavia, a unos 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se interrumpió abruptamente en los últimos días al conocerse un hecho aberrante de abuso sexual: una nena de 11 años fue violada en un contexto de extrema pobreza y quedó embarazada. La Justicia detuvo a su tío y a su abuela.

El caso salió a la luz el martes pasado, cuando la nena sintió dolores en la panza y fue llevada hasta el hospital Municipal de Rivadavia, localizado en la ciudad cabecera de América. Allí, los médicos advirtieron que estaba embarazada, transitando el octavo mes de gestación.

Luego, un familiar de la menor radicó una denuncia contra el tío de la víctima, un joven de 18 años que fue imputado por abuso  sexual con acceso carnal, agravado por ser encargado de la guarda de ella.

La noticia se divulgó rápidamente entre los ciudadanos de Fortín Olavarría, que según el último censo cuenta con poco más de 1.000 habitantes. Al día siguiente, el miércoles, unos 200 vecinos se congregaron en la plaza San Martín de la localidad para reclamar justicia.

El comisario Sergio Rodríguez, titular de la Policía de la cabecera del distrito y la subcomisario, Verónica Sequeira, jefa de la Comisaría de la Mujer y la Familia, se acercaron a esa manifestación para pedir colaboración para la investigación, que los vecinos aporten información para esclarecer el caso.

“Llegar a la verdad, en gran parte, depende de la comunidad y los datos que puedan aportar. Cada uno conoce, sabe o ha escuchado algo, eso por más chico e insignificante que sea para nosotros es un aporte y nos sirve como para ir armando una hipótesis sobre lo que pudiera haber ocurrido que desencadenó en este aberrante suceso”, dijo Rodríguez ante la presencia de medios locales.

La causa recayó en dos fiscalías, la UFI Nº 1 y la N°2 de Menores del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a cargo de los fiscales Martín Butti y Leandro Cotelezzi, ya que al momento del hecho, el acusado de la violación era menor de edad (tenía 17 años). Ella, por su parte, tenía 10 años.

El imputado fue detenido el mismo miércoles por la noche por la policía de Rivadavia y agentes de la DDI Trenque Lauquen que realizaron dos allanamientos en los departamentos donde viven la víctima y sus familiares. Ayer se negó a declarar ante el fiscal Cotelezzi y por disposición de la jueza de Garantías Ana Bajlec fue trasladado a centro de menores en Bahía Blanca.

La causa cuenta con otra detenida. Es la abuela de la nena, que fue arrestada en el hospital, acusada de encubrimiento, ya que en un principio dijo que dos encapuchados habían atacado a la menor. La mujer, de 54 años, quedó alojada en la comisaría local. Para esta tarde estaba prevista su indagatoria.

Mientras, la nena permanece internada en el hospital localizado en América. Según dejaron trascender desde su entorno, tanto ella como el bebé se encuentran en buen estado de salud y ahora está acompañada por su padre y la pareja de este. Ayer le realizaron el hispano correspondiente por COVID-19, ya que en las próximas horas será traslada al Hospital Municipal de Junín, donde dará a luz.

El fiscal Butti esperará el nacimiento para hacer pruebas de ADN y cotejar la muestra del bebé y el acusado. También aguardará el momento para tomar la declaración en cámara Gessell.

Audiencia de control de la prisión preventiva por el homicidio de Alan Nahuelmilla

Días pasados se concretó en la modalidad de videoconferencia la audiencia de control de la prisión preventiva que vienen cumpliendo los condenados: Sebastián, Kevin y Marcelo Ibáñez en relación al homicidio de Alan Nahuelmilla, acontecido el pasado 14 de abril de 2018 en la zona de quintas de nuestra ciudad. La fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre los condenados; en tanto que la defensa no cuestionó el pedido pero expresó que aún resta la Impugnación extraordinaria del caso.

La audiencia de control de la medida de coerción fue presidida por los jueces penales Miguel Caviglia y Mariel Suárez; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de los imputados fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular de los mismos.

En un primer momento la fiscal solicitó se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre los tres imputados Sebastián, Kevin y Marcelo Ibáñez, por 6 meses, ya que la causa tiene “doble conforme”, es decir que fueron condenados por un tribunal de primera instancia y dicha sentencia fue confirmada por los jueces de la Cámara Penal de nuestra ciudad. Cabe recordar que Sebastián, Kevin y Marcelo Ibáñez fueron declarados, en primera instancia, penalmente responsables del hecho como: “coautores” del delito de “secuestro coactivo doblemente agravado por la participación de 3 o más personas, seguido de homicidio culposo”; y se estableció en consecuencia para Marcelo Ibáñez a la pena de 18 años de prisión, para Sebastián Ibáñez la de 16 años de prisión y para Kevin Ibáñez 15 años de prisión. En virtud del alto monto de las penas persiste el peligro de fuga, fundamentó la fiscal Banfi.

Seguidamente el defensor consintió el mantenimiento de la medida de coerción, hasta tanto la condena quede firme; resta aun la resolución de la Impugnación extraordinaria ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, expresó el defensor.

Finalmente los Jueces penales resolvieron mantener la prisión preventiva de los 3 imputados por el término de seis meses, o hasta que la sentencia quede firme.

El homicidio de Alan Nahuelmilla:

El hecho ventilado anteriormente en el debate aconteció el pasado 14 de abril de 2018, a las 22.00 hs. aproximadamente, cuando la víctima Alan Nahuelmilla y un amigo B. G. circulaban por la calle Los Duraznos, en zona de quintas, y fueron emboscados por los imputados armados. Procedieron a maniataros y a atarlos con una soga y arrastrarlos con la camioneta trasladándolos hasta la vivienda de uno de ellos. Una vez en el lugar los sometieron a ambos a diversos tipos de castigos físicos golpeándolos con patadas y golpes en la cabeza con una pala, con la cacha de arma de fuego y le cortaron a uno de ellos las orejas con un alicate en reiteradas oportunidades. Los desnudaron y les tiraron agua fría, tiraban tiros al cielo y amenazaban con matarlos reclamándoles les dijeran donde estaba el televisor. Todo ello por un lapso de cuatro horas, mientras filmaban la agresión.

Ya en la madrugada del 15 de abril de 2018 los imputados se retiraron del lugar junto a una de las víctimas, Nahuelmilla, arrastrándolo hasta el domicilio de uno de sus tíos donde lo abandonaron. Al regresar al lugar los imputados que aún mantenían retenido a B. G. continuaron con los golpes hacia éste, hasta que luego lo liberaron previo amenazarlo que no denuncie lo sucedido. Así B. G. huyó hacia un domicilio para luego ser trasladado al Hospital Regional. Por su parte los familiares de Nahuelmilla lo trasladaron hacia el Hospital donde luego de unas horas fallece por “traumatismo grave de cráneo por hemorragia intra-cerebral a causa de los golpes recibidos”.

Audiencias de control de la prisión preventiva y ampliación por el homicidio de Alexis Cueva

En la fecha se concretó en la forma de videoconferencia dos audiencias una de control de la prisión preventiva que pesa sobre los imputados Leonardo Bustamante y Renzo Muñoz ; y otra de ampliación del plazo de investigación, en relación al homicidio de Alexis Cueva acontecido el pasado 23 de noviembre de 2019. La representante de fiscalía requirió se continúe con la prisión preventiva que vienen cumpliendo ambos imputados y se amplíe el plazo de investigación. Por su parte la defensa de Muñoz pidió su libertad y como alternativa su arresto domiciliario; en tanto que la de Bustamante su arresto domiciliario.

Presidió la primer audiencia de prórroga del plazo de investigación los jueces Jorge Odorisio y Martín Cosmaro; en tanto que la segunda de control de la preventiva Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Camila Banfi, fiscal general; la defensa de Muñoz fue ejercida por Carolina Cruz y Elizabeth Yapura; en tanto que la de Bustamante por Cristina Sadino.

En la primera audiencia la fiscalía pidió se prorrogara el período de investigación por 4 meses, ya que aún restaban concluir tres pericias que no se pudieron concluir por el Protocolo del Covid-19. Una pericia de ADN, una documentológica y la última la pericia a los celulares secuestrados. La defensora de Bustamante se opuso a la prórroga sosteniendo que ya estaba el tiempo para acusar; al igual que las defensoras de Muñoz. Los jueces Odorisio y Cosmaro otorgaron la ampliación del plazo de investigación del caso por el término de 4 meses.

Luego de esta audiencia se hizo la de revisión de la prisión preventiva de los imputados Bustamante y Muñoz ante la jueza natural de la causa Raquel Tassello. La fiscalía solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre ambos imputados, en tanto que las defensa de Bustamante postuló su arresto domiciliario, basado en recomendaciones de la Corte Interamericana sobre personas privadas de libertad que son vulnerables al Covid-19. La defensa de Muñoz pidió su libertad y subsidiariamente su arresto domiciliario. Finalmente la jueza tuvo en cuenta los peligros procesales que aún persisten en el caso y no hizo lugar a lo que proponían las defensas, disponiendo la continuidad de la prisión preventiva de ambos imputados por dos meses.

El hecho investigado:

El homicidio de Alexis Cueva acontece el pasado 23 de noviembre de 2019, entre las 18 y las 22,30 hs aproximadamente, momento en que Renzo Fernando Muñoz, Leonardo David Bustamante y un testigo, se encontraban reunidos en la casa de éste último, sita en Los Nogales al 800 de esta ciudad, cuando llegó la víctima Alexis Esteban Cueva, quien se quedó con ellos compartiendo unas bebidas.

En un momento dado, cerca de las 22.30 del mismo día, se retiran del lugar Muñoz, Bustamante y Cueva a bordo del vehículo Fiat Punto, propiedad de Leonardo Bustamante, y por motivos que a la fecha se desconocen, entre las 22.30 hs. del 23 de noviembre de 2019 y las 13 hs. del 28 de noviembre de 2019, Muñoz y Bustamante dieron muerte a Cueva, acometiéndolo mediante el uso de un arma blanca, asestándole siete puntazos en el cuello, los que provocaron la muerte de Alexis Cueva.

Posteriormente a ello, ambos imputados trasladaron el cuerpo de Cueva en el vehículo señalado, arrojando el mismo en inmediaciones de Arroyo La Mata, ubicado en el camino Juan Domingo Perón, altura de la puerta 4 que da ingreso al Autódromo General San Martin de esta ciudad. Lugar donde finalmente fue hallado el día 28 de noviembre, en virtud de los rastrillajes efectuados por la policía provincial, los cuales se llevaron a cabo debido a la investigación iniciada por la denuncia de desaparición de persona realizada por la madre de la víctima, el día 25 de noviembre de 2019.

Pasado el mediodía el tribunal dio a conocer su veredicto en relación al hecho acontecido el pasado 14 de abril de 2018 en zona de quintas de la ciudad, luego de haber declarado por unanimidad penalmente responsable a Marcelo, Sebastián y Kevin Ibáñez, como “coautores” del delito de “secuestro coactivo doblemente agravado por la participación de 3 o más personas, seguido de homicidio culposo”.

La escala penal que tuvieron en cuenta los jueces fue de 15 a 25 años de prisión. Condenando a Marcelo Ibáñez a la pena de 18 años de prisión, a Sebastián Ibáñez a 16 años de prisión y a Kevin Ibáñez a 15 años de prisión más accesorias legales y costas del proceso. Asimismo el tribunal resolvió, como lo solicitara la fiscal, mantener la prisión preventiva de los tres imputados hasta que la sentencia quede firme, en base a la existencia del peligro de fuga.

En la audiencia de cesura, el pasado miércoles, la fiscal solicitó se condene a los 3 responsables a la pena de 25 años de prisión. Por su parte la defensa requirió el mínimo de la pena establecida para el delito, 15 años.

El tribunal de debate fue integrado por los jueces Mariano Nicosia, Raquel Tassello y Mónica García; el Ministerio Público Fiscal representado por Camila Banfi, fiscal general; en tanto que los imputados fueron asistidos por Mauro Fonteñez y Fiorella Picón, abogados particulares de los mismos. Asimismo se encontraban presentes familiares de la víctima acompañados por dos profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

El homicidio de Alan Nahuelmilla:

El hecho ventilado en debate aconteció el pasado 14 de abril de 2018, a las 22.00 hs. aproximadamente, cuando la víctima Alan Nahuelmilla y un amigo B. G. circulaban por la calle Los Duraznos, en zona de quintas, y fueron emboscados por los cuatro imputados armados. Procedieron a maniataros y a atarlos con una soga y arrastrarlos con la camioneta trasladándolos hasta la vivienda de uno de ellos. Una vez en el lugar los sometieron a ambos a diversos tipos de castigos físicos golpeándolos con patadas y golpes en la cabeza con una pala, con la cacha de armas de fuego y le cortaron a uno de ellos las orejas con un alicate en reiteradas oportunidades. Los desnudaron y les tiraron agua fría, tiraban tiros al cielo y amenazaban con matarlos reclamándoles les dijeran donde estaba el televisor. Todo ello por un lapso de cuatro horas, mientras filmaban la agresión.

Ya en la madrugada del 15 de abril de 2018 los imputados se retiraron del lugar junto a una de las víctimas, Nahuelmilla, arrastrándolo hasta el domicilio de uno de sus tíos donde lo abandonaron. Al regresar al lugar los imputados que aún mantenían retenido a B. G. continuaron con los golpes hacia éste, hasta que luego lo liberaron previo amenazarlo que no denuncie lo sucedido. Así B. G. huyó hacia un domicilio para luego ser trasladado al Hospital Regional. Por su parte los familiares de Nahuelmilla lo trasladaron hacia el Hospital donde luego de unas horas fallece por “traumatismo grave de cráneo por hemorragia intra-cerebral a causa de los golpes recibidos”.

La fiscal Verónica Zamboni, a cargo de la investigación del homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido hace un mes en Villa Gesell, imputó a los ocho detenidos como coautores del brutal asesinato.

Hasta el momento, solo Máximo Thomsen y Ciro Pertossi estaban imputados como autores. Lucas y Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Enzo Comelli, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz estaban acusados de ser partícipes necesarios de crimen.

En el nuevo dictamen, la fiscal Zamboni imputó, además, a Alejo Milanesi y a Juan Pedro Guarino, los dos jóvenes que habían sido liberados por falta de mérito, como partícipes necesarios del homicidio.

Las nuevas imputaciones lea serán leídas a los acusados pasado mañana, cuando amplíen su declaración indagatoria después de que el juez de Garantías de Villa Gesell David Mancinelli les dictó la prisión preventivacon la agravante de la alevosía.

La fiscal sumó a la acusación por homicidio doblemente agravado otra por lesiones leves por las agresiones que, en el contexto del ataque y posterior crimen, sufriero n Ignacio Vaudagna, Juan Manuel Pereyra Rozas, Juan Bautista Besuzzo, Lucas Begide y Tomás D´Alessandro, todos amigos de la víctima.

En el dictamen donde había solicitado la prisión preventiva para ocho de los acusados, la fiscal Zamboni había calificado el hecho como homicidio agravado por la participación premeditada de dos o más personas.

“Esta decisión es un baño de confianza de la Justicia. Es lo que vinimos diciendo desde un principio, que todos fueron parte de un mismo plan criminal. Todos tuvieron la misma responsabilidad”, sostuvo a LA NACION Fernando Burlando, abogado de la familia de la víctima.

Sobre Guarino y Milanesi, la fiscal Zamboni explicó en su nueva imputación que ambos jóvenes ayudaron a los autores del homicidio “incrementando la superioridad numérica, previo acuerdo a tal fin, cooperando en la huida de los mismos para lograr la impunidad del hecho [por el homicidio].

En esta nueva instancia la fiscal Zamboni sostuvo que Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Lucas Pertossi, Luciano Pertossi y Ayrton Viollaz “acordaron darle muerte a la víctima” para lo cual distribuyeron “funcionalmente el rol de cada uno para la comisión del hecho.

Citó que, a su criterio y según surge de las pruebas recopiladas en su investigación, acordaron darle muerte “cumpliendo de ese modo el plan premeditado, dividiéndose las tareas”.

A los cinco primeros les atribuye el ataque, abalanzados por detrás para sorprender a Báez Sosa. “Aprovechando que se encontraba de espaldas e indefenso y actuando sobre seguro en virtud de la superioridad numérica y física”, dijo.

La representante del Ministerio Público remarcó que los acusados se aprovecharon del estado de indefensión de la víctima y siempre “con el fin de darle muerte y cumplir lo pactado” le aplicaron “varias patadas en su rostro y cabeza”.

A los otros tres les asignó el rol de generar una suerte de barrera que impedía a los amigos de Báez Sosa lo defendieran.