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La impugnación de un imputado, acompañado por la Fiscalía, cuestiona la decisión del juez Nieto Di Biase quien rechazó un acuerdo de juicio abreviado en la causa de abuso sexual.

La Cámara Penal de Trelew inició este jueves las deliberaciones respecto a la impugnación planteada por el abogado de uno de los jóvenes acusados por un hecho de abuso sexual ocurrido en Playa Unión hace ocho años, señaló EQS Notas.com.

El tribunal presidido por el Doctor Alejandro Gustavo Defranco e integrado por los jueces Roberto Adrián Barrios y Luis Maria Pintos – este último como integrante de refuerzo – escuchó esta mañana en la audiencia realizada de manera remota la posición de los abogados de los imputados y del Fiscal Fernando Rivarola, quien estuvo presente en la audiencia.

La impugnación planteada por uno de los imputados -y acompañado por la Fiscalía- cuestiona la decisión del juez Marcelo Nieto Di Biase, quien rechazó un acuerdo de juicio abreviado en la causa de abuso sexual.

El magistrado, en su decisión había dado por tierra con un acuerdo reparatorio bajo términos de confidencialidad en una causa donde se acusa a tres jóvenes por un hecho de abuso sexual simple, ocurrido en el año 2012 en Playa Unión.

La decisión del tribunal se dará a conocer el día jueves 13 de agosto

Una audiencia a través del sistema de videoconferencia tuvo lugar en la tarde de hoy donde se revisó la situación de un imputado por abuso sexual que resulta ser un sacerdote que se encuentra detenido desde el mes de diciembre de 2019. Participaron los Jueces Fabio Monti e Ivana González, en representación del Ministerio Público Fiscal la funcionaria de fiscalía Mariela Wild y ejerciendo la defensa Martín Castro y Rodrigo Miquelarena.

La fiscalía refirió a los elementos colectados a propósito de cinco hechos ocurridos en fecha que no puede ser precisada con exactitud pero que data aproximadamente de fecha posterior al mes de mayo de los años 2011 o 2012, época en que la víctima tenía 14 o 15 años. Enfatizó sobre los riesgos procesales para solicitar la continuidad de la prisión preventiva hasta que en audiencia preliminar se decida la posible elevación a juicio oral.

Los magistrados tuvieron en cuenta los argumentos fiscales para determinar la prisión preventiva para el sacerdote hasta la audiencia preliminar. La calificación imputada es la de abuso sexual simple agravado por la calidad de autor por ser ministro de un culto reconocido previsto en el artículo 119, 1er párrafo, 2do. supuesto, 5to. párrafo en relación al 4to. inciso b, todo en carácter de autor, artículo 45 del mismo código, un hecho y abuso sexual doblemente agravado aprovechando que la víctima no pudo consentir libremente la acción por la calidad de autor en atención a ser ministro de un culto reconocido y por ser cometido mediante acceso carnal, previsto en el artículo 119, 3er párrafo en relación al 4to. párrafo inciso B todo en carácter de autor, cuatro hechos.

Además todos los hechos concursan realmente entre si de acuerdo al artículo 55 del código penal e idealmente, artículo 54 del código, con la figura de promoción de menores de 18 años agravada por mediar engaño, violencia, amenaza y abuso de autoridad, ya que dichos actos de características prematuras y perversas, aptas para desviar el normal desarrollo de la sexualidad del joven en formación.

La cámara Penal de la ciudad de Trelew resolvió rechazar la impugnación ordinaria presentada por el defensor particular del imputado y confirmar en todas sus partes la sentencia Nro. 1015/2019 de primera instancia.

El Tribunal integrado por los camaristas Alejandro Gustavo Defranco, Roberto Adrián Barrios y Martín Montenovo, con la presidencia del nombrado en primer término, confirmaron por unanimidad la sentencia de primera instancia por la cual se condenó a J.M.R. a la pena de nueve años de prisión de efectivo cumplimiento, accesorias legales y costas. Fue luego de hallarlo autor material y penalmente responsable del delito de abuso sexual gravemente ultrajante en razón de su duración, agravado por el vínculo y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente.

De esa manera, la Cámara Penal confirmó la condena que ya había sido dictada anteriormente en primera instancia por unanimidad por el Tribunal colegiado integrado por los Dres. César Marcelo Zaratiegui, Gustavo Castro y María Tolomei. Por lo tanto, seis jueces coincidieron en su resolución.

La audiencia de impugnación se realizó en sede de tribunales de la ciudad de Trelew. Estuvieron presentes el condenado junto a su defensor de confianza, Dr. Romano Cominetti. En representación del Ministerio Público Fiscal de la ciudad de Rawson intervino el Fiscal General Osvaldo Heiber, y por la Asesoría de Menores participaron del acto mediante sistema de teleconferencia las Dras. Alexia López y Liliana Ríos. Todos ellos ya habían intervenido en el juicio que se desarrolló en el mes de octubre de 2019 en los Tribunales de Rawson.

En un pasaje de la audiencia de impugnación, el fiscal Osvaldo Heiber fue categórico al subrayar el espacio temporal durante el que se produjo el abuso a la víctima, aproximadamente la mitad de su tiempo de vida hasta el momento de la denuncia.

Heiber destacó, “la unanimidad que exhibió la sentencia en crisis, como la perspectiva de género y de los derechos del niño con la que se abordó el análisis de la prueba producida en juicio”.

Asimismo, tuvo en cuenta a los fines de determinar la pretensión punitiva, que los sucesos tuvieron lugar en el domicilio en el que habitaban el acusado y su hija, el vínculo de padre-hija entre víctima y victimario, que los hechos se produjeron mediante aprovechamiento de la edad de la menor y en los momentos en que se encontraba sola, sometiéndola a prácticas abusivas, y que los abusos comenzaron cuando la niña tenía 9 años y se reiteraron por un período de 6 años, es decir hasta los 15 años de la menor. Por su parte, el Servicio de Asistencia a la Víctima de Rawson también intervino realizando un informe sobre el caso y la asistencia a la víctima.

Los hechos

El caso dio cuenta que desde el año 2011 hasta mayo de 2017 en días y meses que no se pueden precisar, en el domicilio del imputado, en la localidad de Playa Unión, luego de constatar éste que su mujer y sus dos hijos varones menores se encontraban durmiendo en sus respectivas habitaciones, aprovechándose de la circunstancia de que su hija se encontraba sola en su dormitorio, abusaba sexualmente de ésta cuando ingresaba todas las noches a las 02.00 horas de la madrugada aproximadamente a la habitación de la niña desde que ésta tenía 9 años, hasta mayo de 2017 que tenía 15 años. En tales circunstancias el imputado se introducía en la cama de la niña y le tocaba con sus manos las partes íntimas.

Los hechos tuvieron dos etapas de develamiento: la primera cuando la víctima le contó a su mejor amiga lo sucedido, y el segundo y definitivo develamiento se produce cuando finalmente la niña se atreve a contarlo a las autoridades de la escuela a la que concurría, quienes radicaron la denuncia que dio lugar a la investigación llevada a cabo por la Fiscalía de Rawson, con el posterior juicio y condena al abusador.

En las primeras horas de la noche de hoy se desarrolló mediante sistema de videoconferencia una audiencia de control donde se dispuso el arresto domiciliario de Carlos Alberto Fossa a quien se imputa por el homicidio de Nicolás Arias en un hecho ocurrido el 1ro. de mayo en la ciudad de Trelew. Por el Ministerio Público Fiscal participó la fiscal general Carolina Marín, la defensa fue ejercida por Sergio Rey y el Marcelo Nieto Di Biasse tuvo a su cargo la audiencia respectiva.

La doctora Marín relató el hecho ocurrido el día mencionado cerca de las 8:10 cuando personal policial interviene en un domicilio ubicado en un departamento de Pecoraro norte al 500, propiedad del imputado, donde se encontraban Fossa junto a otras dos personas. Luego de ingerir bebidas alcohólicas se desata una gresca, la víctima Arias le propinó golpes de puño a Fossa y le clava una tijera en su pierna siendo en ese instante cuando el agredido sabiendo lo que hacía lesiona con un arma blanca a Arias a la altura del cuello. El tercer individuo presente logra separarlos y se retira de la vivienda en compañía de la víctima que posteriormente es hallado tendido en el suelo a unos 300 metros del sitio. Es trasladado en ambulancia al hospital zonal de Trelew donde pierde la vida luego de ser intervenido quirúrgicamente a consecuencia de la herida recibida.

El Juez tuvo en cuenta el estado larval de las actuaciones por las que existen dos hipótesis que dan lugar al homicidio simple pero también la posibilidad que haya ocurrido un homicidio con exceso en la legítima defensa. Esta segunda hipótesis se sostiene por las heridas de Fossa verificadas por el cuerpo médico forense que constan en su cuerpo y en su rostro, además de la herida punzo cortante en la pierna producto de la posible agresión con una tijera. También cobran valor los dichos del único testigo presente, por lo que se hizo lugar a la solicitud de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Al no haber en estos momentos tobillera disponible el magistrado dispuso la misma medida con rondines policiales sorpresivos.

Por otro lado el Juez consideró también para adoptar su resolución que Fossa no tiene antecedente penal condenatorio y las causas en trámite que tramitan son de escasa lesividad habiendo sobreseído en todas ellas.

Hoy se concretó por videoconferencia la audiencia de ampliación del plazo de investigación y revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Marcos Gallardo por un hecho acontecido el pasado 30 de noviembre de 2019. La fiscal solicitó se autorice la ampliación del plazo de investigación por tres meses y se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por igual término. Por su parte el defensor ofreció prueba y el imputado voluntariamente accedió a declarar, negando su participación en el hecho.

Presidió el acto como juez subrogante Martín Cosmaro; en representación del Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; en tanto que la defensa de gallardo fue ejercida por Mauro Fonteñez, abogado particular del mismo.

El ilícito investigado acontece el pasado 30 de noviembre de 2.019, siendo las 22.10 hs aproximadamente, en ocasión en que Gisel Pérez y Carlos Llanos se encontraban en el exterior del edificio 75, sector 8 , del Barrio 30 de octubre, de esta ciudad a bordo del rodado de propiedad de Pérez. Arribó al lugar Marcos Luis Gallardo a bordo de otro rodado, frenó frente al de las víctimas , se bajó del mismo con un arma de fuego y con claras intenciones de darles muerte tanto a Pérez como a Llanos realizó al menos cuatro disparos hacia la humanidad de ambas víctimas lesionando en primer término a Pérez en el flanco izquierdo, lesionando su tórax y brazo izquierdo para luego dar la y ya del lado derecho, del lado del acompañante efectuó al menos dos disparos contra la humanidad de Llanos lesionando su brazo derecho y la ingle . Luego del ataque armado Gallardo emprendió la huida a bordo de su vehículo.

Posteriormente al hecho ambas víctimas fueron trasladadas al Hospital Regional, donde fueron asistidos. Como consecuencia del ataque armado Gisel Pérez permaneció internada en terapia intensiva con un cuadro de gravedad ya que el proyectil que se extrajo afecto órganos internos según el parte informado por el profesional que la asistió; en tanto a Llanos se le extrajeron dos plomos desnudos calibre a determinar. Ambos tuvieron evolución favorable por la rápida intervención del nosocomio local con secuelas que deberán evaluarse por el médico forense. Calificando jurídicamente el mismo como “homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, dos hechos; en concurso con portación ilegítima de arma de fuego de guerra, en calidad de autor para Gallardo.

La fiscal Banfi solicitó al juez se autorice la ampliación del plazo de investigación por tres meses, en virtud de las medidas de prueba que aún restan concretar; y también que se mantenga la prisión preventiva que pesa sobre el imputado por igual termino en base a la existencia de los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

Por su parte el imputado accedió a declarar negando su participación en el hecho y asegurando que no estaba en su voluntad no someterse al proceso. Seguidamente el defensor ofreció prueba y se opuso a la continuidad de la medida de coerción que pesa sobre su pupilo ya que a su entender “no existe peligro de fuga en el caso”. Solicitando su “libertad con presentaciones semanales ante la autoridad judicial y subsidiariamente su arresto domiciliario”. Por último no se opuso a la ampliación del plazo de investigación.

Finalmente el juez penal resolvió autorizar la ampliación del plazo de investigación por tres meses y asimismo mantener la prisión preventiva del imputado por igual término.

Juicio abreviado por tres causas de delitos contra la propiedad.

De forma presencial, con la asistencia de todas las partes en la sala de audiencia de la Oficina Judicial, por disposición del juez penal se realizó la mañana del sábado la audiencia donde se homologó tres causas por delitos contra la propiedad. El imputado Carlos Alberto Giudice aceptó voluntariamente su participación y autoría en los tres legajos incluidos en el abreviado, como también la pena de dos años de prisión efectivos y asimismo fue declarado reincidente por segunda vez.

Presidió el acto Mariano Nicosia, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Julio Puentes, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado fue ejercida por Claudia Torrecillas, abogada de la Defensa Pública.

El primer ilícito incluido en el abreviado acontece el 8 de enero de 2020, cuando siendo aproximadamente las 05:30 hs., la víctima y Alberto Giudice se dirigían caminando hacia un kiosco por calle San Martín del centro de esta ciudad. Una vez arribados a intersección de San Martin y Pellegrini, Giudice le exigió a la víctima que le entregara su celular, mientras le propinaba golpes de puño y puntapiés en el cuerpo. Ante la negativa, Giudice revisó sus bolsillos y logró sustraerle un billete de mil pesos, mientras continuaba propinándole golpes. Dicho accionar fue advertido por una Agente de Policía, quien se dirigía caminando hacia la Seccional Primera para comenzar el turno de servicio, trayecto en el cual observó a Giudice que le propinaba golpes de puño a otro masculino. En ese momento, la víctima se percató de la presencia de la Agente policial y corrió hacia ella solicitando ayuda, mientras era perseguido por Giudice. Así las cosas, la funcionaria policial interceptó al imputado e inmediatamente efectuó un palpado preventivo a fin de resguardar la seguridad de los allí presentes, constatando que entre sus manos tenía un billete de mil pesos, procediendo a su aprehensión. Calificándose jurídicamente el mismo como robo simple en grado de tentativa, en calidad de autor para Giudice.

El segundo hecho ocurre el 28 de Diciembre de 2019 minutos previos a las 5:00 horas, en circunstancias en las que una pareja se encontraba en la Plaza Scalabrini Ortiz, sita frente al Hotel Lucania, de esta ciudad, Carlos Alberto Giudice se acercó a uno de ellos, lo tomó del cuello y le exigió que le entregue las zapatillas amenazándolo con que le pegaría un tiro, logrando sustraerle las zapatillas marca Reebook, dándose a la fuga en dirección a calle 9 de julio. Pasados unos minutos y en circunstancias en las que la víctima caminaba por calle Pellegrini, a la altura del supermercado Carrefour se cruza nuevamente con Giudice y observa que el mismo llevaba puesta sus zapatillas, y al arribar a calle San Martín y 9 de Julio, divisa a dos policías a quienes les informa lo sucedido y éstos logran la aprehensión de Giudice en el acceso a las Galería Paseo del Sur sita en calle San Martín 372, de esta ciudad. Calificándose jurídicamente el mismo como robo simple en grado de tentativa, en calidad de autor para Giudice.

El tercer legajo traido al abreviado acaece el 6 de enero de 2020, en el horario aproximado de las 20:30 horas, cuando Carlos Alberto Giudice, se constituyó en inmediaciones de la Plaza Scalabrini Ortiz, ubicada en calle Brown frente al Hotel Lucania de esta ciudad. Una vez allí, se dirigió hacia un sector debajo de un tanque de agua donde se hallaban dos menores y, sin ejercer fuerza en las cosas ni violencia en las personas, sustrajo de las manos de la menor un celular marca Samsung A10, originándose un forcejeo con el otro menor, logrando este último quitarle al imputado el elemento malhabido. Dicho accionar fue advertido por personal policial perteneciente a Grupo de Intervención Rápida Motorizada, quienes observaron a dos jóvenes forcejeando y, tras el pedido de ayuda de uno de ellos, procedieron a la aprehensión de Giudice. Seguidamente, se constituyó en el lugar personal de Seccional Primera, procediendo a su traslado a dicha dependencia en calidad de detenido. Calificándose este último hecho como “hurto simple en grado de tentativa en calidad de autor” para Giudice.

Fallo en juicio por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario

La jueza integrante del tribunal unipersonal Raquel Tassello resolvió el mediodía del presente viernes absolver a Martín Buzzi y Néstor Di Pierro ya que sus conductas resultan atípicas y que no constituye delito el hecho imputado. Asimismo rechazó todos los planteos previos impetrados por la defensa de Di Pierro, como también objetó que las costas del proceso sean a cargo del querellante. Sin embargo tuvo pro desistida la querella en tanto que el querellante no presentó sus conclusiones finales.

Presidió el acto como tribunal unipersonal Raquel Tassello, jueza penal; por Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro fue realizada por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari, defensor particular y defensora pública respectivamente.

Respecto del planteo de la defensa de Di Pierro sobre la prescripción de la acción penal dijo la jueza que las sentencias resuelven casos particulares y no es aplicable como Ley a todos. La defensa debió plantear la revisión ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia provincial, por el cambio de jurisprudencia. Los recursos provinciales se agotaron y mientras la Corte no haga lugar a la queja, no se suspenden los plazos del proceso.

Respecto de la querella sostuvo que esta parte fue admitida por el juez penal en la etapa procesal oportuna, invocando interés del damnificado y como ciudadano de Comodoro. Rechazando los planteos previos de la defensa para que se rechace la parte querellante.

La única obligación impuesta al intendente desde el Superior con la sentencia era que realice el acto de cesión de derecho, todas las otras cuestiones son ajenas al proceso y deben ventilarse por los canales procesales pertinentes.

Buzzi realizó la cesión de derechos y posteriormente otorga el título a Idalio Do Santos Pires, por lo que no puede decirse que la conducta de Buzzi haya sido desobedecer una orden. Tienen razón los defensores al plantear que las conductas de sus defendidos resulta atípica, el hecho relatado por el fiscal es incumplimiento contractual, aseguró para finalizar la jueza.

El fiscal general Omar Rodriguez anticipó que en caso de ser hallado culpable pedirá para el contador Eguillor una pena de tres años de prisión. A la vez el juez Nieto Di Biase pedirá a la Oficina Judicial la realización del juicio a la mayor brevedad habida cuenta de lo dilatado del tiempo –dos años- en que el imputado se encuentra sometido a distintos procesos penales en algunos de los cuales ha resultado sobreseído y que desprenden todos de la denominada causa “Embrujo”.

La audiencia preliminar se realizó este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson y el imputado fue defendido por el abogado Federico Ruffa. Mientras que las partes estuvieron de acuerdo en las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público Fiscal como de la defensa, el debate se extendió en cuanto a la descripción del hecho que consta en la acusación y que serán los debatidos en el juicio oral.

Amigos

El fiscal general Rodriguez –titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones- fue quien realizó la descripción del hecho y dio cuenta de la resolución que el imputado tomó para determinar un aumento en las prestaciones en beneficio de la empresa Tesla dedicada al diagnóstico por imágenes con sede en la ciudad de Trelew de propiedad de Pablo Mamet y Juan Blasco a los que consideró “amigos” de Eguillor que además oficiaba de contador a través de una persona que mencionó de apellido San Martín, dependiente además del imputado en la obra social que presidía en el año 2016. “Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encimo del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, dijo Rodriguez.

La defensa de Ruffa

Al momento de argumentar el defensor de Eguillor pidió su sobreseimiento. Dijo que en la descripción de los hechos “no está claro” en qué se benefició Eguillor porque “no torció la voluntad administrativa para otorgar ese aumento” y que además “fue avalado por unanimidad por  el directorio y por los órganos internos técnicos” de esa obra social. Dijo también que el día del aumento a Tesla, se dio un aumento “generalizado a todas las prácticas médicas” en el marco de una actualización de montos a raíz de la inflación.

Ruffa fue aún más puntilloso en su argumentación y mencionó a tres integrantes del directorio de SEROS de apellidos González, Hernández y Schulman “entre otros más”, que también avalaron aumentos en las prestaciones siendo también prestadores de esa obra social. “Están en igual situación y el Ministerio Público Fiscal no los persiguió. Se trata de una conducta atípica y no significa que esté mal”, manifestó Ruffa.

Al momento de la contrarréplica el fiscal general Rodriguez ratificó la necesidad que el caso Eguillor sea elevado a juicio oral y público y que en tal caso “si es necesario y la amerita iniciaremos una actuación de oficio” respecto de los nombres mencionados por Ruffa.

La resolución del juez       

Al momento de resolver el juez Nieto Di Biase indicó que el aspecto considerado “subjetivo” por el defensor Ruffa referido a la “intencionalidad de Eguillor de beneficiar a sus amigos” deberá probarse en el juicio “sobre la base elementos objetivos. Es allí donde se probará si solo queda en un reproche ético, o si en realidad se cometió un delito, tal como lo postula la fiscalía”.

Producido por Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal Oficina Rawson.

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió enviar a juicio oral y público la causa penal en la que se encuentra imputado Cristian Eguillor por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al otorgar cuando era titular de la obra social SEROS un aumento en las prestaciones médicas que benefició entre otros prestadores a la empresa de diagnóstico por imágenes TESLA en la que era contador además de ser amigos de sus socios.

El fiscal general Omar Rodriguez anticipó que en caso de ser hallado culpable pedirá para el contador Eguillor una pena de tres años de prisión. A la vez el juez Nieto Di Biase pedirá a la Oficina Judicial la realización del juicio a la mayor brevedad habida cuenta de lo dilatado del tiempo –dos años- en que el imputado se encuentra sometido a distintos procesos penales en algunos de los cuales ha resultado sobreseído y que desprenden todos de la denominada causa “Embrujo”.

La audiencia preliminar se realizó este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson y el imputado fue defendido por el abogado Federico Ruffa. Mientras que las partes estuvieron de acuerdo en las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público Fiscal como de la defensa, el debate se extendió en cuanto a la descripción del hecho que consta en la acusación y que serán los debatidos en el juicio oral.

Amigos

El fiscal general Rodriguez –titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones- fue quien realizó la descripción del hecho y dio cuenta de la resolución que el imputado tomó para determinar un aumento en las prestaciones en beneficio de la empresa Tesla dedicada al diagnóstico por imágenes con sede en la ciudad de Trelew de propiedad de Pablo Mamet y Juan Blasco a los que consideró “amigos” de Eguillor que además oficiaba de contador a través de una persona que mencionó de apellido San Martín, dependiente además del imputado en la obra social que presidía en el año 2016. “Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encimo del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, dijo Rodriguez.

La defensa de Ruffa

Al momento de argumentar el defensor de Eguillor pidió su sobreseimiento. Dijo que en la descripción de los hechos “no está claro” en qué se benefició Eguillor porque “no torció la voluntad administrativa para otorgar ese aumento” y que además “fue avalado por unanimidad por el directorio y por los órganos internos técnicos” de esa obra social. Dijo también que el día del aumento a Tesla, se dio un aumento “generalizado a todas las prácticas médicas” en el marco de una actualización de montos a raíz de la inflación.

Ruffa fue aún más puntilloso en su argumentación y mencionó a tres integrantes del directorio de SEROS de apellidos González, Hernández y Schulman “entre otros más”, que también avalaron aumentos en las prestaciones siendo también prestadores de esa obra social. “Están en igual situación y el Ministerio Público Fiscal no los persiguió. Se trata de una conducta atípica y no significa que esté mal”, manifestó Ruffa.

Al momento de la contrarréplica el fiscal general Rodriguez ratificó la necesidad que el caso Eguillor sea elevado a juicio oral y público y que en tal caso “si es necesario y la amerita iniciaremos una actuación de oficio” respecto de los nombres mencionados por Ruffa.

La resolución del juez

Al momento de resolver el juez Nieto Di Biase indicó que el aspecto considerado “subjetivo” por el defensor Ruffa referido a la “intencionalidad de Eguillor de beneficiar a sus amigos” deberá probarse en el juicio “sobre la base elementos objetivos. Es allí donde se probará si solo queda en un reproche ético, o si en realidad se cometió un delito, tal como lo postula la fiscalía”.

Cesura de pena en el juicio por el homicidio de Jonathan Cattelani

Luego de haberse decretado un cuarto intermedio el pasado jueves, la mañana de hoy lunes continuó la audiencia de cesura de pena en el juicio por el homicidio de Jonathan Cattelani acontecido el pasado 5 de febrero de 2017 que tiene declarado penalmente responsable a José Manuel Pérez. La fiscal en base a las pautas mensurarías y las circunstancias atenuantes y agravantes del caso solicitó la pena de 14 años de prisión; y se mantenga la prisión preventiva de Pérez. En tanto que el defensor requirió el mínimo de la pena establecido para el delito, 10 años y 8 meses.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre el tribunal declaró por unanimidad penalmente responsable al imputado Pérez del delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego, con dolo eventual”.

La fiscal consideró como circunstancias agravantes del caso la naturaleza de la acción, la indefensión en la que se encontraba la víctima al momento del hecho. La extensión del daño causado, se realizaron cuatro disparos. Las condiciones personales del autor una persona adulta con un trabajo estable, con cuatro hijos, por esto debió motivarse en la norma. Asimismo como circunstancias atenuantes la falta de antecedentes penales de Pérez y la no trascendencia de la pena a terceras personas por sus 4 hijos. Por último peticionó la fiscal el mantenimiento de la prisión preventiva de Pérez, en base al peligro de fuga y se imprima el carácter de trámite urgente al proceso.

Por su parte el defensor argumentó que tenemos cuatro hechos menos, ya que el tribunal desestimó las tentativas de homicidio. “La naturaleza de la acción está prevista en el uso de arma de fuego, no hay otra naturaleza de la acción”. La extensión del daño causado, la perdida de la vida de una persona “no es un plus para sobrecargar la pena”, afirmó el defensor. Proponiendo se aplique la “teoría de la vulnerabilidad” por la historia de vida de su defendido.

“La pena hoy se ha trasformado en el paso del tiempo en un lugar de encierro, porque no hay resocialización”. Por todo ello el defensor solicitó la nulidad del alegato fiscal y subsidiariamente se le aplique el mínimo establecido para el delito, 10 años y 8 meses de prisión.

Finalmente el tribunal pasó a deliberar y resolvió condenar a José Pérez a la pena de 10 años y 8 meses de prisión estableciendo como circunstancias agravantes la extensión del daño causado y la puesta en peligro de terceras personas. A su vez consideraron como atenuante la falta de antecedentes penales del imputado y desestimaron la nulidad planteada por el defensor. Por último los jueces decretaron el mantenimiento de la prisión preventiva de Pérez hasta que la sentencia quede firme.

El tribunal de debate fue presidido por Alejandro Soñis, e integrado por Miguel Caviglia y Mónica García, jueces penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa del imputado José Manuel Pérez, fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

El homicidio de Jonathan Cattelani:

El hecho ventilado en el debate acontece el pasado 5 de febrero de 2017, siendo aproximadamente las 9.00 hs. en circunstancias en que la víctima, Jonathan Cattelani, junto a otras tres personas se encontraba bebiendo, en una vivienda, en la zona de ilegales del barrio San Cayetano. Estaciona frente al lugar una camioneta Renault Kangoo conducida por José Pérez, acompañado de dos personas más. El conductor desciende con un arma de fuego en la mano y dispara al menos en 4 oportunidades contra el grupo integrado por la víctima, hiriendo mortalmente a Cattelani. Estableciéndose en la autopsia que el mismo fallece como consecuencia de un “shock cardiogénico producido por herida de arma de fuego en tórax”.