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Este jueves a las 10 horas, iniciará la audiencia referida a la sonada causa “La Manada de Chubut”, que fuera motivada por una impugnación por el fiscal de Rawson, Fernando Rivarola, ante la resolución del juez Marcelo Nieto de Biase de rechazar el acuerdo de partes para llegar a un juicio abreviado.

El caso de «La Manada de Chubut», que tuvo rebote nacional a raíz de la frase “desahogo sexual” empleada por el propio Rivarola, está vinculado a una denuncia por abuso sexual agravado que la propia víctima hizo ocho años después del hecho, sucedido en el marco de los festejos del Día de la Primavera en una vivienda de Playa Unión en septiembre de 2012, destacó diario Jornada.

El rechazo 

De Biase había rechazado la alternativa de un “juicio abreviado” para tres de los seis acusados del delito -los otros tres ya fueron sobreseidos-, que tras aceptar su responsabilidad recibirían una pena de tres años de prisión en suspenso, sin aplicación efectiva y una reparación económica para la víctima. En ese sentido, el magistrado cuestionó esa reparación económica, no obstante que todas las partes involucradas estaban de acuerdo.

De hecho, tras rechazar el acuerdo había dicho: “Me resulta repugnante aceptar un acuerdo económico por detrás, porque eso es convalidar que haya una justicia para ricos y una para pobres”.

Impugnación 

Tal cual lo había anticipado, el fiscal Fernando Rivarola presentó la impugnación a la resolución del 9 de junio que rechazara ese acuerdo de juicio abreviado propuesto por la Fiscalía, los imputados y sus defensores. Tras conocerse el rechazo del juez Marcelo Nieto Di Biase, el Ministerio Público Fiscal capitalino aseguró que el juez ”se apartó de la ley” y que “vulneró el derecho de la víctima a ser oída y que su opinión sea considerada”.

Falacia 

En la impugnación del fiscal Fernando Rivarola se expresa que la decisión de Nieto Di Biase “contiene una falacia demagógica; se entromete en el ámbito de decisiones del titular de la acción; genera un perjuicio sin dar a las partes la posibilidad de defenderse; carece de perspectiva de género; y es discriminatoria”, señaló la parte.

El dirigente justicialista José Arrechea, se refirió a la decisión de Omar Burgoa –Federalismo Chubutense- de impugnar la Lista de diputados del Frente Patriótico pidiendo colocar un diputado dentro de los primeros ocho lugares. “Es verdad que facilitaría la integración eliminar el piso del D’Hont pero no hay mayoría para hacerlo. Estas cosas se deben pensar antes, se debería haber resuelto cinco meses atrás”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “no conozco los fundamentos de la impugnación presentada por Federalismo Chubutense”.

“Dentro de las modificaciones de la Carta Orgánica Partidaria yo impulse que se baje o elimine el piso del D’Hont para posibilitar la mayor integración posible de las Lista legislativas. Esto no prosperó en el Congreso del Partido”, dijo en diálogo con FM La Petrolera.

Asimismo, aclaró que “la unidad no depende de la integración de los cargos porque se supone que estamos todos dentro de un mismo Partido, se supone que estamos bajo un mismo Frente y uno acepta las reglas del juego gane o pierda”.

“Si es verdad que facilitaría la integración eliminar el piso del D’Hont pero no hay mayoría para hacerlo. Estas cosas se deben pensar antes, se debería haber resuelto cinco meses atrás. Ahora hay que hacerse cargo de las decisiones y las consecuencias”, indicó.

Finalmente, Arrechea concluyó que “si la impugnación es por la integración de las Listas obviando el 20%, eso no se puede hacer porque es lo que dicta el reglamento. Los acuerdos políticos se deben hacer antes de confeccionar las Listas”.

 

El Comodorense

En la mañana del miércoles de la semana pasada se llevó a cabo en la sala de la Cámara en lo Penal ubicada en el barrio Roca de nuestra ciudad la audiencia de impugnación de sentencia requerida por la defensa de Juvenal Andrés “Maga” Velázquez, luego de ser condenado por quebrantamiento de pena a “tres meses de prisión efectivos”. El defensor solicitó la absolución de su pupilo; en tanto que la fiscal se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria en contra de Velázquez. Finalmente el tribunal de Cámara resolvió rechazar el planteo de impugnación dela defensa y confirmar en todos sus términos la sentencia condenatoria en contra de Velázquez.

En un primer momento el defensor de Velázquez, Guillermo Iglesias, argumentó que su pupilo no fue notificado de la sentencia condenatoria en su contra, de prohibición de conducir. Respecto de la valoración de la prueba, entiende que el magistrado de juicio optó por la teoría propuesta por la fiscalía, sin tener en cuenta el in dubio pro reo, la duda favorece al imputado. Los dichos de un grupo de testigos en contra de su defendido se debieron a internas entre Marso y Zúñiga en el Municipio, aseguró el defensor, y es así como deben evaluarse. Afirmando que “con la prueba testimonial de cargo y los testigos de descargo se han compensado las fuerzas” y a esto hay que sumarle la declaración del imputado. Por todos estos argumentos “deberá dictarse la absolución de mi defendido”, concluyó el defensor.

En contraposición la fiscal, Camila Banfi, se opuso al recurso interpuesto por el defensor, entendiendo que la condena en contra de Velázquez es correcta. Se encontraba condenado mediante juicio abreviado a una pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación de 6 años para conducir todo tipo de vehículos por el homicidio culposo de Ángel Domínguez. Ese procedimiento abreviado derivó en una condena firme. El conocimiento de su condena fue su firma en el juicio abreviado celebrado, pese a ello continuó comandando vehículos en diversas oportunidades. En el período desde mayo hasta febrero de 2016 Velázquez fue visto por varios testigos conduciendo estos vehículos. Es más los familiares de la víctima Ángel Domínguez, lo habían visto al Velázquez manejando y habían informado esto a sus superiores en el Municipio, agregó la fiscal. Otros testigos lo vieron al imputado llegar e irse conduciendo vehículos a esa dependencia. La tarea de Velázquez en la Secretaría de Seguridad como Jefe de Operaciones, a pesar de la condena de inhabilitación que pesaba en su contra, nunca le fue modificada. El defensor y el imputado están notificados de la sentencia condenatoria por el sistema Serconex, y en la audiencia de juicio abreviado, propiamente dicha, quedaron notificados de la sentencia condenatoria. Por todo ello la fiscal solicitó se rechace la impugnación ordinaria interpuesta por la defensa, y se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria en contra de Velázquez.

La resolución de Cámara:

Finalmente la Cámara en lo Penal pasó a deliberar y este jueves 7 de marzo, al mediodía, dio a conocer la parte resolutiva del fallo rechazando la impugnación ordinaria interpuesta por la defensa de Velázquez. Resolviendo por unanimidad no hacer lugar a la impugnación ordinaria dela defensa, confirmando en todas sus partes la sentencia condenatoria en contra de Velázquez a tres años de prisión efectivos por haber sido declarado responsable del delito de quebrantamiento de pena.

Epílogo:

Así la fiscalía lleva a juicio a una persona que cometió un delito culposo como el homicidio culposo de Domínguez y se obtiene una condena. Luego Velázquez quebranta la parte de la condena referida a la inhabilitación para conducir vehículos. Y en razón de esto se le hace un juicio por quebrantamiento que concluye en la confirmación de la pena por parte de la Cámara en lo Penal local. Ahora resta realizar la unificación de pena, solicitar que revoque la condicionalidad y que la misma sea de efectivo cumplimiento.

“Mejor que dejen de poner palos en la rueda y vayamos a elecciones limpias y razonables”, advirtió Álvarez Raso. “Quieren ganar sin competir”, disparó Fita.

Distintas voces se alzaron para discrepar con la presentación de impugnación de listas que se presentó en el Tribunal Electoral de Chubut y que anticipó ADNSUR este viernes. La misma busca correr de la carrera política del 2019 a las listas de Cambiemos y del Frente Patriótico (PJ) de las elecciones en las que se disputarán la gobernación de la provincia.

El director de Asuntos Políticos de la Casa Rosada, Emiliano Álvarez Raso, dijo que “no está claro qué es lo que se pretende. Además, impugna a Cámbiemos y al PJ; es decir, a casi la totalidad de la oferta política”.

En contacto con Rada Tilly Noticias, agregó: “es un elemento más de un proceso viciado, poco transparente, con los tiempos ajustados, como fue todo el adelantamiento” de las elecciones.

“Mejor que dejen de poner palos en la rueda y vayamos a elecciones limpias y razonables. No van a prosperar estas chicanas bajo ningún punto de vista. Parece que tienen miedo a la participación”, resumió.

FITA

Por su parte, el diputado provincial Gustavo Fita desestimó el caracter de la presentación y expresó que “carece de fundamento”. Opinó que, por tratarse de las PASO, “cualquier tipo de impugnación debería darse dentro del Frente Patriótico, por tratarse de internas” en primera instancia.

Por otro lado, Fita criticó: “es evidente que están nerviosos e incómodos y está a la vista que les gustaría ganar sin tener que competir”

 

ADN Sur

Confirman en todos sus términos condena de 11 años y medio para “Piri” Alaniz

En horas del mediodía del viernes los integrantes de la Cámara penal local dieron a conocer el veredicto respecto de la impugnación de sentencia en relación al homicidio de Ángel Leonardo “Leito” Vidal que tiene como condenado a Cristhian “Piri” Alaniz. En la audiencia el defensor postuló el cambio de calificación legal por la de “homicidio culposo” y subsidiariamente se readecue la pena al mínimo, 10 años y 8 meses para Alaniz. En contraposición la fiscal requirió se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de primera instancia en contra del imputado.

Por unanimidad la Cámara en lo Penal local resolvió por unanimidad “no hacer lugar a la impugnación ordinaria impulsada por la defensa y confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”. La lectura integra del fallo se realizará el próximo 14 de febrero de 2019,a las 12.30 hs.

La Cámara Penal estuvo integrada por los jueces Guillermo Müller, Daniel Pintos y Martín Montenovo; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Cecilia Codina, fiscal general; en tanto que la defensa de Alaniz fue ejercida por Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

En un primer momento el defensor se refirió a la “arbitraria valoración de la prueba” por parte del tribunal de juicio. Insistiendo con la figura de “homicidio culposo” ya que cuando su pupilo dispara, la víctima “estaba fuera de su alcance”. Esto fue valorado en la sentencia por los jueces, pero fue desechado, aseguró el defensor. También se refirió a que según el perito, Migues Murilla, el proyectil que se extrae en la autopsia del cuerpo de la víctima, por su peso, era calibre 32 mm.. Sin embargo en el lugar del hecho se encuentran vainas 9 mm.. La explicación que da el tribunal al respecto es que el lugar es conflictivo y que las vainas pueden estar de un conflicto anterior, lo cual es una conjetura sin valor probatorio. El hecho que se le imputa a su asistido también fue objeto de cuestionamiento. La víctima es retenida detrás del auto por otra persona y cuando se zafa recibe el disparo, esto excluye el dolo, enfatizó el defensor. “Nunca tuvo la posibilidad de representarse la presencia física de la víctima mientras él disparaba”. También cuestionó la dosificación de la pena solicitando al tribunal que no se aparte del mínimo establecido para el delito, 10 años y 8 meses de prisión.

En contraposición la fiscal solicitó que se confirme la sentencia condenatoria en contra de Alaniz ya que la misma fue lógica y fundada. Todos los efectivos policiales refirieron que había dos bandas antagónicas en el barrio Moure, los de arriba y los de abajo o papas fritas, al que pertenece el imputado. Llega al lugar el imputado el “Piri” Alaniz en un auto, se baja produce primero tres disparos hacia el grupo y luego un disparo dirigido directamente al cráneo de Leonardo Vidal. Todos los testigos fueron contestes en que había una sola arma y el único que disparaba en el lugar era Alaniz. El lugar es una zona altamente conflictiva y pudo haber vainas de vieja data, afirmó la fiscal. Quedó claro que la víctima descendía caminando junto a un familiar por la calle Marinero López y no se hallaba escondida detrás de un automóvil estacionado como propone el defensor. No se puede hablar de delito culposo cuando hay una persona manejando un arma de fuego, aseguró Codina. Alaniz sabía lo que hacía y dirigió la acción de disparar sabiendo que podía causar la muerte, se lo representó y lo aceptó y no se evidencia error en la psiquis del imputado, sostuvieron las tres juezas en el fallo. Respecto de la pena impuesta fue la correcta y adecuadamente fundada por el peligro causado y la calidad de los motivos que lo llevaron a delinquir. Solicitando se confirme en todos sus términos la sentencia condenatoria de las juezas Arcuri, Olavarría y García.

Finalmente los jueces de la Cámara Penal resolvieron por unanimidad “no hacer lugar a la impugnación ordinaria impulsada por la defensa y confirmar la sentencia de primer grado en todas sus partes”. En la audiencia de impugnación no se controvirtió ni la existencia del hecho ni su autoría. Hubo en el juicio un importante caudal probatorio que probó que el día del hecho la víctima venía caminando con un familiar por la calle Marinero López y recibe un disparo de arma de fuego en su rostro. Luego fallece. La única persona que se encontraba con un arma de fuego y que efectuó los disparos fue Alaniz. El tribunal de juicio ha seleccionado la prueba, le ha dado valor y han concluido que Alaniz efectúa el disparo hacia la víctima con las consecuencias conocidas. “Las críticas de la defensa no conmueven los fundamentos de las juezas le dieron a su sentencia, con argumentos sólidos y válidos, para descartar el “homicidio culposo”. Los jueces sostuvieron su postura, como en otras causas, que “quien dispara en forma reiterada hacia un sitio de personas se representa la posibilidad de matar a alguien”.

Por último respecto de la dosis de la pena impuesta de 11 años y seis meses de prisión para Alaniz, consideraron que elevar solo 10 meses del mínimo en el caso era acorde a las circunstancias atenuantes y agravantes sopesadas. Por lo cual no corresponde readecuar la misma disminuyéndola.