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El expresidente boliviano Evo Morales concedió este jueves una entrevista. En su intervención en la emisión televisiva expresó su rechazo a la inhabilitación política de la que fue blanco en Bolivia el pasado día 7 de septiembre.

Sobre esto expresó que «inhabilitaron a Evo (Morales) pero no van a proscribir al pueblo porque está unido». Asimismo indicó que «yo estoy fuera de Bolivia por el golpe de Estado» pero si el actual Gobierno de facto se apegara a la Constitución el exmandatario estaría presente en las elecciones.

También, precisó que «es ilegal mi inhabilitación en Bolivia» y al respecto agregó que «la derecha boliviana no respeta ni las leyes de la Constitución».

Sobre el Movimiento al Socialismo (MAS) explicó que es «único en el mundo porque viene de los sectores humillados, discriminados y amenzados al exterminio». Igualmente indicó que «hemos roto la política norteamericana» y que por eso algunos sectores «quieren proscribir el movimiento».

Sobre los intentos de desestabilización que han sufrido en el país expuso que «en el año 2006 intentaron encerrarme, pero no lo lograron por la movilización popular». «El plan era procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidente», agregó Morales.

Además, destacó varios de los asuntos característicos del movimiento político como por ejemplo que es el único que tiene visión de país.

Sobre algunos temas en América Latina expresó que «en Ecuador hubo una grave traición al compañero Rafael». También, apuntó que la traición no solo era al expresidente ecuatoriano sino que era al propio pueblo.

Asimismo, detalló que existen algunos países de América que en coordinación con Estados Unidos buscan atacar a los países progresistas como Venezuela, Bolivia y Ecuador.

«La política de Estados Unidos en nuestra región es privatizar nuestros recursos naturales. Los pueblos y movimientos sociales son conscientes y están dispuestos para defender la democracia, la paz, la soberanía, etcétera», comentó Evo Morales.

Fuente: Telesur

Juan Manuel Dragani, abogado de Viviana Canosa, confirmó que la conductora fue imputada por el delito de «ejercicio ilegal de la medicina» tras la denuncia del diputado neuquino, Mariano Mansilla.

Tras la denuncia del diputado neuquino, Mariano Mansilla, contra Viviana Canosa, la conductora fue imputada por el delito de «ejercicio ilegal de la medicina», según confirmó su abogado, Juan Manuel Dragani.

La denuncia fue realizada por presunto «delito de curandería o ejercicio ilegal de la medicina» luego de que Canosa bebiera dióxido de cloro en vivo en su programa Nada Personal.

«Viviana está mal. Tuvo un fin de semana donde prácticamente no pudo dormir por esta situación», contó Dragani en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. «Estoy en condiciones de afirmar que se trata de una injusticia, una arbitrariedad, un ensañamiento. Por supuesto que después las conductas son cuestionables», remarcó y dijo que el accionar de Canosa «se magnificó» y «se tergiversó».

Luego explicó: «La primera de las aristas por la cual me consultó es porque queda imputada en una causa penal que tramita en la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.° 6 de la Ciudad de Buenos Aires, pero le imputan el artículo 208 de ese código que es el delito de ‘ejercicio ilegal de la medicina’, cosa que está claro que la conducta no se adecua al tipo putativo que estipula la norma».

Por qué no hay que tomar Dióxido de Cloro 

El dióxido de cloro es una solución química de 28% de clorito de sodio en agua destilada y puede resultar mortal. Suele aplicarse para la desinfección de superficies industriales y tiene prácticamente los mismos usos que la lavandina: se emplea para limpiar pisos y muebles.

Sobre los efectos negativos del consumo de dióxido de cloro sí existen evidencias: está probado que puede producir insuficiencia respiratoria por metahemoglobinemia, insuficiencia hepática aguda, hemólisis, hipotensión arterial, trastorno del ritmo cardiaco, vómitos y diarrea severos. En varios casos, incluso, se registraron intoxicaciones en las guardias de hospitales de distintos países -ya muy saturados por la pandemia de coronavirus- por la ingesta de este líquido.

A la fecha, ninguna institución sanitaria lo reconoce como medicamento. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, en inglés) afirmó en un informe del 8 de abril que no hay «ninguna evidencia científica que apoye su seguridad o eficacia, y presenta riesgos considerables a la salud de los pacientes». Tan solo dos días atrás, la ANMAT también desaconsejó su uso como tratamiento para el Covid-19.

Por su parte, el equipo de Chequeado publicó un artículo donde se desmienten diversas declaraciones de presuntos divulgadores y científicos extranjeros, quienes han aconsejado el consumo de la sustancia en plataformas audiovisuales y redes sociales. «Varias agencias estatales de protección de la salud y especialistas aseguran que es perjudicial y prohíben su uso y comercialización», sostiene la nota.

Los hechos se dieron en las Mil Viviendas y la victima aduce que además del maltrato le apuntaron con un arma exigiéndole que se arrodillara y pidiera perdón.

Otro caso de violencia policial que salpica a Massoni: golpiza y allanamiento ilegal en Trelew

Trelew (Agencia) Denunciaron otro grave caso de violencia y exceso policial en Trelew, que salpicaría al ministro de Seguridad Federico Massoni. Se trata de una feroz golpiza que recibió un joven adentro de un departamento de las Mil Viviendas, al que varios policías ingresaron violentamente sin orden de un juez; solo porque la víctima había visto cuando ellos perseguían a balazos a unos supuestos usurpadores.

La Justicia allanó una comisaría por esta causa y se llevó secuestrado el “libro del parte diario” en donde se van a fijar si figura el procedimiento; y si es así, qué registraron.

Según se denunció, el hecho habría sucedido a la par de otros operativos que hubo en distintos puntos de Trelew, en los que anduvo el jefe de Policía y el ministro Massoni y es por eso que ahora, desde la investigación judicial se va a indagar si Massoni y el comisario Gómez estaban al tanto de lo sucedido en las Mil Viviendas, en el barrio Constitución.

Ya están al tanto del caso organizaciones de Derechos Humanos; de hecho está actuando la Defensa Penal y un abogado del área de Violencia Institucional, además de un juez que ya ha ordenado una serie de diligencias procesales.

La denuncia que hace Federico y también su madre se centra en un proceder a todas luces ilegal de varios efectivos policiales, que además de atacar presuntamente de manera feroz e injustificada al joven, se metieron a un domicilio sin una orden judicial que lo habilitara.

Allí, según la víctima, además de él, se hallaban el dueño del departamento que estaba durmiendo; el nieto, su pareja, una pequeña de 3 años que es hija de ambos y una amiga. Todo sucedió en el sector “D” del barrio Constitución y el denunciante comenzó contando que eran alrededor de las cinco de la mañana cuando se escucharon corridas y un disparo.

“Salimos a ver y era la policía que iba persiguiendo a unos que habían querido usurpar un departamento que está enfrente”, explicó, “y mientras estábamos mirando aparecieron varios policías que se metieron al departamento y ya de entrada uno me apuntó (con el arma); me ordenó que levantara las manos y me diera vuelta”, relató Federico.

“Yo enseguida acaté la orden y me puse contra la pared pero igual me dieron tres piñas”, agregó. “Mientras tanto otros policías querían sacar a mi amigo y a la señora del departamento. Los tironeaban de la ropa tratando de sacarlos hacia afuera seguramente para golpearlos también, porque vinieron decididos a atacarnos”, aseguró.

“Ahí se despertó el abuelo de mi amigo y cuando lo vieron desistieron con esto de querer sacarnos del departamento pero se quedaron dando vueltas y a cada tanto regresaban, venían hasta una de las ventanas y nos gritaban “Rastreros, rastreros”, contó.

“Yo tengo 25 años y jamás en la vida le robé nada a nadie: trabajo desde los 15, y mi amigo tampoco no es ningún delincuente. Somos gente que trabaja. Jamás le hemos tocado algo a alguien”, enfatizó.

Luego continuando con su relato indicó: “Cuando el abuelo de mi amigo se levantó y fue para la comisaría a hacer la denuncia de que nos estaba molestando, este grupo de policías volvió y directamente se metieron al departamento. Yo estaba en el comedor y no tuve tiempo de nada, me empezaron a pegar entre cuatro policías, me llevaron hacia un rincón, y el resto se fue para la pieza a buscar a mi amigo que por suerte alcanzó a escaparse por una de las ventanas”, señaló. “Había quedado su hija, su señora y la amiga encerradas en otra habitación pero a ellas no las tocaron”, añadió.

“A todo esto, a mí me tenían en el comedor y me golpeaban, intenté defenderme pero no podía con todos. Me lastimaron mucho la cara y mientras me cubría, uno de los policías empezó a patearme los testículos; caí al piso y me dieron patadas en la boca; quede completamente ensangrentado y uno sacó el arma reglamentaria, la cargó delante mío y me decía que me arrodillara y les pidiera perdón, a los gritos”, denuncio.

“Es la primera vez en mi vida que me golpean así. No puedo mirarme al espejo porque no me reconozco. Me rompieron hasta los dientes. Me desfiguraron la cara a palos”, resumió.

El Gobernador sostuvo que el audio en el que se escucha al director de Seguridad de la Policía indicándole a otra autoridad de la fuerza «sacá los Pucará para tratar de meter gente en cana» fue una comunicación privada con un léxico entre compañeros. «No tiene nada de ilegal», consideró Arcioni, que al mismo tiempo remarcó que «el comisario Paulino Gómez tiene el acompañamiento de todo el equipo de gobierno».

«Con respecto al audio era una comunicación privada del comisario Paulino Gomez a otro compañero de la fuerza, no tiene nada malo, es el léxico entre compañeros y camaradas, dando y cumpliendo instrucciones. Es un audio privado que no tiene nada de ilegal, en absoluto, estaba haciendo su trabajo y no podemos juzgarlo por el léxico que utiliza con un compañero», afirmó Arcioni.

«El comisario Paulino Gómez tiene el acompañamiento de todo este equipo de gobierno, que la sociedad se quede tranquila que el comisario Gómez seguirá cumpliendo sus funciones de la manera intachable que lo hace día a día», garantizó.

Insistió en que «el pico de detenciones se registra a partir de cierta relajación que se ha notado en la población, pero nosotros vamos a seguir siendo muy estrictos en el cumplimiento de las normas, así lo requirió el Presidente y hemos coincidimos con el resto de los gobernadores».

«Entonces tenemos que ser responsables en cuidarnos para cuidar al prójimo. No le hemos ganado al virus, estamos en una etapa preventiva», sostuvo, así indicó Radio3.

La investigación sobre el espionaje a jueces y gobernadores que lleva adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral (foto) sumó ahora nuevos nombres. Según revelaron a Infobae fuentes judiciales, los datos de Migraciones permitieron acreditar que se consultaron los movimientos de los gobernadores Alicia Kirchner (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza), Oscar Domingo Peppo (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut) y Hugo Mario Passalacqua (Misiones).

Los gobernadores cuyos movimientos migratorios fueron consultados son de diferentes signos políticos y entre ellos está el mendocino que pertenece al oficialismo nacional.

A la lista de gobernadores que recibió el juez Canicoba Corral se agregan los nombres de tres legisladores nacionales. Figuran en el listado Agustin Rossi, diputado y jefe de la bancada del Frente para la Victoria, junto al diputado por Santa Fe Alejandro Ariel Ramos (quien fuera secretario de Transporte durante el kirchnerismo) y el diputado por San Luis y ex gobernador de esa provincia Claudio Poggi.

Por el momento, los investigadores no indicaron si se acreditó desde qué usuario ingresaron para conocer los movimientos migratorios de estos dirigentes. Pero los nombres vienen a sumarse a la causa que investiga Canicoba Corral junto al fiscal Ramiro González.

En uno de los dictámenes de la causa que firmó González explicó que en el expediente se trata de determinar por qué se habrían llevado adelante acciones de “espionaje e inteligencia ilegal” sobre magistrados y legisladores. Ahora se agrega una lista de gobernadores. El juez Canicoba Corral también le pidió a Migraciones que informe si integrantes del Poder Ejecutivo figuran entre los nombres de quienes fueron consultados sin autorización legal para hacerlo.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, González le había pedido a Canicoba Corral que constate si a través del sistema e-log de la AFIP se realizaron consultas “por fuera de un marco legal que la justifique” y que, de ser necesario, se convoque a personal especializado de la AFIP para que explique cómo funciona el sistema. En el programa ADN de C5N, se sostenía que el presunto espionaje incluyó desde Susana Giménez, Mirtha Legrand, Jorge Lanata y Santiago del Moro hasta a Hugo Moyano, Angelo Calcaterra, (primo de Mauricio Macri) y al propio Franco Macri (padre del Presidente, que falleció este año).

En el programa de C5N se vinculó a al diputada oficialista Elisa Carrió con el ingreso a los perfiles impositivos de ciertas personas en la base de datos de AFIP.

El principal punto de la investigación son las consultas a la Dirección Nacional de Migraciones desde distintos usuarios en diferentes organismos públicos: el Ministerio de Seguridad, la AFIP, la Policía Federal, la Unidad de Información Financiera (UIF), Gendarmería, la Procuración General de la Nación, Prefectura, la Policía de la Ciudad, y dependencias de la Corte Suprema.

En la causa ya se acreditó que se detectaron consultas sobre los movimientos de los jueces de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Pero también de los camaristas Ana María Figueroa, Martín Irurzun, Mariano Llorens y los jueces Rodolfo Canicoba Corral, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Luis Osvaldo Rodríguez, María Servini, Marcelo Aguinsky, Javier López Biscayart, Pablo Yadarola, Claudio Gutierrez de la Cárcova, María Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer, Angel Nardiello, Sergio Paduczak, Javier Feliciano Río, José Martínez Sobrino y Nicolás Toselli.

El pedido de la información a la AFIP surge en el marco de una investigación que se abrió hace más de dos años, luego de que el periodista Carlos Pagni publicara un artículo llamado “El pestilente círculo negro del espionaje», en el que se mencionaba la existencia de distintas operaciones de espionaje ilegal, en ese caso vinculadas a la AFI. En ese marco, fue la propia AFI la que radicó la denuncia que recayó en manos del fiscal Federico Delgado y el juez Canicoba Corral en donde se hicieron distintas diligencias, pero hasta ahora nunca había trascendido ninguna.

Sin embargo, hace unas semanas, el fiscal González (reemplazante de Delgado durante su licencia) requirió una ampliación de la investigación. En su dictamen, el fiscal señala que el juez decidió separar la paja del trigo. Es decir “una cantidad de vínculos interpersonales entre agentes, ex agentes de inteligencia y abogados pero de momento sin hipótesis fácticas concretas” de “hechos puntuales de espionaje pasibles de verificación”.

Así lo señaló el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, al referirse al desalojo de ruta 3 y 26, algo que consideró tan ilegal como el no hacerse cargo de las obligaciones del Estado provincial para con sus empleados.

“Coincido con el ministro en que las rutas deben ser transitadas, y que cortar rutas es ilegal, tan ilegal como no pagar salarios”, enfatizó el jefe comunal comodorense en comunicación con La Cien Punto Uno.

En ese marco, aludió a los incidentes de la semana pasada cuando en la madrugada no había control policial alguno: “eso fue una liberación de zonas, lo que hicieron ahora es plantar un módulo, con lo que impacta el trailer, ¿por qué eso no se hizo antes?”, se preguntó.

Linares ratificó su rechazo al corte de ruta: “acá no se tiene que cortar ningún lugar de producción, esta tiene que ser una provincia productiva. El Gobierno tiene que tener una mesa más activa”, disparó.

Finalmente, pidió diálogo ante la eventualidad de nuevos cortes que pudieran surgir por este reclamo de los estatales de Chubut, en particular del gremio docente: “me gustaría que los chicos comiencen los días de clases, ellos son los grandes perjudicados en todo esto. No avalo corte de ruta, me parece que volver a hacerlo es sumar más leña al fuego, tiene que haber un dialogo”, así lo informó El Comodorense.

El juez del caso Púnica, Manuel García Castellón, ha radiografiado el complejo entramado que presuntamente orquestó el PP de Madrid para financiarse ilegalmente al menos entre 2004 y 2014, un sistema del que participaron sus máximos responsables pero que ideó y supervisó Esperanza Aguirre.

Aguirre declarará por primera vez como investigada (imputada) el próximo 18 de octubre, pero antes lo harán sus sucesores Ignacio González (ya investigado en esta causa y también en el caso Lezo, por el que llegó a estar en prisión preventiva) y Cristina Cifuentes. Se les atribuyen una decena de delitos de corrupción y el de organización criminal, informó EFE.

El titular de la Regional Sur de ATECh, Daniel Murphy, y la delegada del mismo gremio docente Magalí Stoyanoff, fueron detenidos por agentes policiales en la madrugada de este viernes, al iniciar la protesta en la rotonda de las Rutas 3 y 26.

En un principio, los gremialistas fueron llevados a la comisaría Séptima, pero cerca de las 6:30 horas, Daniel Murphy, fue trasladado a la Comisaría de Diadema y Magalí Stoyanoff quedó en la Séptima con el abogado Miguel Montoya.

Un grupo de trabajadores y familiares se trasladó a la comisaría Séptima y la de Diadema, para pedir su liberación. Y el abogado del gremio, el Doctor, Miguel Montoya confirmó a ADNSUR, que la justicia declaró ilegal la detención de Murphy y Stoyanoff.

“Han declarada ilegal la detención y deben liberarlos.  Estoy en la Defensa y están llamando a las comisarías para exigir su liberación”, explicó el abogado. Quien además explicó que el Fiscal Jefe  habló con el Jefe de la Unidad Regional,  el comisario Cerda, para ordenar su inmediata liberación.

Gladys Díaz, dirigente de la CTA,  ratificó a ADNSUR que los dirigentes gremiales deberían ser liberados. “Su detención es un delito y sabíamos efectivamente que es ilegal, y los trabajadores judiciales que acompañan toda la cuestión legal nos acaban de confirmar que es ilegal y en pocas horas serán liberados”, dijo.

Y además, respecto de las medidas de fuerza que llevarán adelante los docentes, Díaz explicó que “el cuerpo de delegados es quien está definiendo las acciones hasta que esto ocurra, vamos a continuar en la ruta y hemos recibido apoyo de todos los gremios”.

Este martes, personal de las áreas de Seguridad y Tierras, con apoyo de la Policía del Chubut, llevó adelante un operativo mediante el cual se desmontó una serie de mejoras en un terreno ubicado en calle Ricardo Tora. “Si bien se realizan recorridas de forma permanente, es fundamental que los vecinos informen cuando observen este tipo de irregularidades”, destacó el subsecretario de Seguridad, Héctor Quisle.

En ese marco, Quisle manifestó que “tras una serie de denuncias recibidas a través de los 0800 de la Municipalidad, desde la Secretaría de Tierras se constató oportunamente la presencia de demarcaciones y la colocación de paneles precarios para ser habitados, en un terreno sobre la calle Ricardo Tora, en barrio San Cayetano, por lo que se labraron las actas y notificaciones correspondientes”.

Continuando en esa línea, indicó que “al ser ignoradas estas actuaciones por quienes estaban intentando ocupar estas tierras, concurrimos con agentes municipales de Seguridad y Tierras, con efectivos policiales, para proceder al retiro de las demarcaciones y mejoras, incautándose todos los elementos que se encontraban en el lugar. De esta manera, se desarticuló una nueva ocupación ilegal que se estaba gestando”.

“Si bien se llevan a cabo recorridas de forma permanente, con inspectores trabajando en territorio, la ciudad es muy extensa y en algunos sectores no se detectan a tiempo este tipo de acciones. Por ello, siempre insistimos que, ante estas maniobras, los vecinos son los primeros que toman conocimiento, por lo que su intervención para comunicarnos esta información es fundamental”, recalcó el funcionario.

En ese sentido, Quisle recordó que “quienes observen estos actos irregulares, pueden efectuar su denuncia, que puede ser de forma anónima, a Defensa Civil, al número 103, o bien a los teléfonos 0800-333-0706 y 0800-333-3184. A partir de esto, se activa el procedimiento administrativo correspondiente y se concreta el levantamiento de la ocupación”.

Fue en el sector de Las Bardas II. Un grupo de vecinos había llegado a marcar casi 200 terrenos en forma ilegal.

Esta mañana, personal de distintas áreas del Municipio en conjunto con Policía del Chubut, llevó adelante un operativo con el fin de frenar una toma ilegal de tierras en la zona oeste, conocida como Las Bardas II.

El operativo comenzó cerca de las 8 de la mañana con la participación de Protección Civil, Servicios Públicos, Forestación y Personal del Área de Tierras, conformando un grupo de casi 40 personas que tomaron intervención en dichas tierras.

Además, con maquinaria vial y camiones cargadores, se limpiaron los terrenos. En total, se trata de casi 200 lotes que habían sido delimitados por este grupo de personas que buscaban asentarse de manera ilegal.

Estuvo personal de la Policía de la Provincia de Chubut correspondiente a la Seccional Cuarta por intermedio de los grupos de Operaciones, Policía Montada e Infantería, para corroborar el normal desempeño de las autoridades actuantes.

El operativo se realizó con total normalidad, finalizando alrededor del mediodía, ya que como última tarea las máquinas zanjearon los caminos originales, para evitar que se ingrese nuevamente al sector en forma ilegal.

El Municipio venía realizando un trabajo que tenía que ver justamente con la prevención de esta acción que se intentó llevar a cabo, y por ello se logró realizar el operativo sin ningún inconveniente.