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Héctor Iturrioz

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El presidente del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, en diálogo con Crónica se refirió a la situación del fiscal Héctor Iturrioz y planteó que, en breve deberán dar inicio los dos juicios políticos que fueron pedidos para el magistrado de Comodoro. Maglione puso el foco de análisis en el accionar del funcionario al momento de detener al exministro de Familia de la provincia, Martín Bortagaray, y señaló que, al ser un técnico del derecho, Iturrioz debió haber sabido que la detención del exfuncionario provincial traería consecuencias aparejadas.

El fiscal Héctor Iturrioz, cuestionado en el último tiempo, tiene dos pedidos de juicio político. Uno de ellos es por la detención del extitular de la cartera de Familia a nivel provincial, Martín Bortagaray. El otro es por su desempeño como magistrado a lo largo de los tres primeros años de función. El titular del Consejo de la Magistratura, Enrique Maglione, habló sobre los pedidos de juicio político para el magistrado de la ciudad petrolera y trazó un análisis profundo al respecto.

En primer término, el abogado recordó que para los cargos de magistrados, luego de transcurridos tres años de haber comenzado en la función, todos son sometidos a un proceso de evaluación, para determinar si el desempeño fue o no satisfactorio. “Si la evaluación es aprobada, de ahí en adelante, si el magistrado en cuestión no incumple con su tarea en ningún sentido, el cargo se transforma en vitalicio.

Todos los cargos que comprenden jueces, fiscales y defensores tienen esta modalidad. La evaluación es algo que se hace una sola vez, pero obviamente, en el medio puede pasar algo y, independientemente de haber tenido una buena evaluación antes, la persona puede ser removida.

Mientras dure la buena conducta, el hombre o mujer en el cargo se puede jubilar en esa función, o por lo menos en el sistema. Pero si incurre en alguna de las causales de mal desempeño, se puede iniciar un sumario administrativo”, explicó.
Si el escenario de mal desempeño ocurriera, se inicia el sumario administrativo en el Consejo de la Magistratura y el organismo determina si corresponde o no la máxima pena, que sería la destitución.

“Se transfieren todas las actuaciones al Tribunal de Enjuiciamiento y se lleva a cabo un juicio constitucional con todas las garantías necesarias. La persona puede ser destituida o absuelta, porque puede demostrar que no incurrió en ninguna irregularidad, en ningún incumplimiento de funciones. También puede caber una inhabilitación para cargos públicos, dependiendo de la gravedad del caso”, agregó Enrique Maglione.

Causales diversas para el segundo jury

Por último, el titular del Consejo de la Magistratura se refirió a las causales del segundo pedido de juicio político en contra del fiscal Iturrioz y planteó que debido a una serie de causas que nunca terminaron de resolverse en Comodoro, sumado a una serie de denuncias en contra del magistrado, se decidió avanzar con un segundo jury.

“En el segundo pedido de juicio político contra Iturrioz hay causales diversas. Hubo una serie de denuncias de procesos que no llegaban a buen puerto por falta de investigación.

Esto derivó en causas resonantes en Comodoro Rivadavia. En esto no hubo ningún tipo de subjetividad, porque todo lo planteado fue demostrado. Además, hubo una comisión integrada por cuatro miembros, cada uno representando los estamentos del Consejo.

Uno para los empleados judiciales, otro para los funcionarios, uno para los abogados y un consejero popular. A Iturrioz se le dio la posibilidad de que se defendiera, él habló en el Consejo antes de que nosotros emitiéramos la votación. Se otorgaron todas las garantías habidas y por haber. No hubo una cuestión subjetiva contra el fiscal”, señaló Enrique Maglione.

En esta línea el funcionario planteó, respecto a las fallas del fiscal de Comodoro, que al día de hoy tiene dudas sobre si fueron mayúsculas o mayores que las de otros, pero sí resaltó que en su momento, sí se determinó que así fue, esto tuvo motivos válidos. “Nosotros no tenemos algo en contra de Iturrioz. En su momento, él dijo a los medios de comunicación que había una suerte de persecución del Consejo de la Magistratura hacia su persona.

Seguramente debe haber dicho esto por alguna cuestión particular que le ocurría en ese momento. Lo conozco poco y sé que es una persona algo impulsiva, pero más allá de esto tengo que decir que no existe ningún tipo de animadversión contra su persona. Además, no somos nosotros los que hacemos la denuncia, nosotros solo actuamos de oficio”.

Concurso para cubrir dos cargos de jueces en Comodoro

Por último, el presidente del Consejo de la Magistratura se refirió a un concurso para cubrir dos cargos para jueces en la ciudad petrolera.

“La semana próxima vamos a tener una sesión para efectuar un llamado a concurso que quedó cerrado desde el año pasado y que quedó pendiente por el tema de la pandemia, para cubrir dos cargos de jueces en la ciudad de Comodoro Rivadavia, uno para juez civil en el Juzgado Civil número tres y otro para el Juzgado Laboral número tres.

El concurso va a ser los días miércoles 16, jueves 17 y viernes 18. Por otro lado, hemos hecho un llamado a concurso para cubrir treinta y tres cargos en el Poder Judicial. Se van a ir fijando las fechas a la brevedad”, concluyó.

El fiscal cometió “una falta en su función, un error inexcusable del derecho”

Maglione ahondó en las causales de los juicios políticos pedidos para el fiscal Iturrioz y resaltó que, de cierto modo, el funcionario incumplió con sus funciones cuando detuvo al exministro Bortagaray. “Él tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”, señaló.

Como dato a destacar, hay que decir que el organismo que tomó la decisión de efectivizar los pedidos de juicio político fue el Consejo de la Magistratura. En tanto, la denuncia por la detención del ministro Bortagaray fue hecha por un particular.

Posterior a esto, la institución presidida por Enrique Maglione conformó una Comisión de Admisibilidad, compuesta por cuatro consejeros.

Esos cuatro consejeros determinaron que la denuncia era viable. “Se hizo un sumario administrativo, en este caso a tres magistrados. El pleno del Consejo aprobó el dictamen del sumariante, que fue Luis Torrijos -vicepresidente del Consejo de la Magistratura-.

Además, la Comisión de Evaluación, también compuesta por cuatro consejeros, le hizo una evaluación a Iturrioz y dio negativa, es decir que no fue satisfactorio su desempeño en estos tres años”, explicó el titular del Consejo de la Magistratura.

Arbitrariedad en la causa de Bortagaray

Respecto a la causa del exministro Martín Bortagaray, que fue detenido cuando todavía tenía fueros, el presidente del Consejo de la Magistratura planteó que “se determinó que hubo una arbitrariedad por parte del fiscal Iturrioz. No hay ningún tipo de animosidad en contra de él, pero los hechos fueron así.

Esto es algo que lo determinó el sumariante, me refiero a la arbitrariedad. Esto constituye una falta en su función, un error inexcusable del derecho, el haber pedido y llevado adelante la detención de un ministro que tenía fueros constitucionales, él debió haber sabido que no podía hacer eso. Tendría que haberle pedido al gobernador que le saque los fueros al ministro, para luego recién detenerlo”.

Además, el funcionario hizo hincapié en la “espectacularidad” que tuvo la causa. “En su momento, cuando yo emití mi voto, dije que debían ser tres los magistrados remitidos al Tribunal de Enjuiciamiento.

Los fiscales son el control de la legalidad, y los jueces el control de la constitucionalidad, por lo tanto ellos no pueden desconocer la ley, el derecho. Lo puede desconocer cualquier persona de la calle, pero no un magistrado, porque se presume que conocen el derecho. Eso para nosotros fue una falta grave, por eso se derivó en los juicios políticos”.

La imagen excluye todo tipo de comentarios pero despierta muchas suspicacias. Qué le estará diciendo el polémico ministro al fiscal de Comodoro Héctor Iturrioz que le despertó una risotada que desborda casi su barbijo. Iturrioz hace unos días fue quien recibió las denuncias penales contra Massoni y otros miembros del poder político, que hicieron los abogados Gastón Bordier y Cynthia Tamara Castro por graves delitos. Por fortuna, parece que no va a ser él quien llevaría adelante la investigación sino el fiscal Rivarola de Rawson.

Así, está la Justicia de Chubut y por eso un cuestionado personaje como Massoni, al día de hoy, no tiene ninguna causa penal iniciada en su contra, pese a que fácilmente le deben haber hecho cerca de 30 denuncias por graves delitos en los que habría incurrido entre los primeros meses de la cuarentena y la actualidad.

Iturrioz aparte de llevarse –pareciera– demasiado bien con un funcionario sospechado de maniobras delictivas contra el Estado y la ciudadanía chubutense, tiene un proceso de pedido de jury por el que podría terminar echado del Poder Judicial.

Con respecto a la denuncia que los abogados comodorenses Bordier y Castro les hicieron a Massoni y otros miembros del gabinete de Arcioni, incluyendo al ´rompedor´ de autos oficiales Federico Pérez Mariani, la misma podría terminar en Rawson a cargo del fiscal Fernando Rivarola y eso se sabría oficialmente recién en octubre, según comentan algunos especuladores de la Procuración General.

Vale recordar que los valientes denunciantes acusan al polémico ministro de Seguridad de Chubut y a otros miembros del gabinete del gobernador Mariano Arcioni de haber cometido graves delitos contra la ciudadanía chubutense y el Estado en los primeros meses de la cuarentena por el Covid 19 en la provincia.

A todos los denunciaron por presuntas maniobras ilícitas que van desde abuso de autoridad –el menor o menos importante de los delitos— hasta usurpación de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y otros ilícitos aún más graves que involucran hasta posibles maniobras de espionaje ilegal en cabeza de Massoni y Mariani.

Los denunciantes sostienen que los nombrados cometieron delitos contra el Estado y la ciudadanía chubutense bajo el amparo del gobernador de la provincia y cuando hicieron la formal presentación del pedido de acción judicial ante el fiscal Iturrioz que el otro día (foto) se reía distendidamente con Massoni, pidieron una “batería de medidas” que deberían cumplimentarse lo antes posible para que no pierdan su efecto.

“Acá no solo se ha violado los procesos de formación y sanción de las leyes, sino también todos los principios democráticos que nos rigen”, dijo el abogado Bordier, al hablar con la prensa independiente de la denuncia contra Massoni y los otros funcionarios del Ejecutivo provincial.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Montenovo, confirmó que hoy desde las 14 sesionará el pleno en Comodoro Rivadavia. Mañana se definirá si son enviados a jury de enjuiciamiento los fiscales Héctor Iturrioz y Marco Nápoli, investigadores de la Causa Revelación, por la discutida detención de Martín Bortagaray cuando contaba con fueros como ministro de Familia.

En “Línea Abierta”, que emite Radiocracia, Montenovo detalló que “algunos temas importantes los vamos a poder analizar en esta sesión, con la expectativa de celebrar concursos que habíamos suspendido”.

Consultado por la situación de los fiscales por el procedimiento del 5 de septiembre de 2018, que terminó con la detención de Bortagaray, Montenovo explicó que “tenemos el sumario concluido y las conclusiones del instructor (Torrijos) ya son conocidas, y también opinaron los denunciados”.

Iturrioz y el juez Sergio Piñeda “pidieron declarar ante el pleno, el fiscal de manera personal, y el juez, por medio de su letrada”. La petición del fiscal “fue admitida y ocurriría el jueves, mientras que la exposición de la letrada merece tratamiento previo, porque es el pleno el que debe hacer lugar a esta petición, ya que está previsto reglamentariamente”.

Los fiscales “han contestado por escrito a las conclusiones del instructor” y pormenorizó que una posibilidad “es que reiteren el contenido de sus escritos, y después corre por cuenta de quien solicita la prerrogativa de hablar ante el pleno el contenido de sus discursos”.

Aseveró que lo “escrito y presentado, escrito está”. Puede haber una reiteración sobre sus procedimientos en alusión a la detención.

El presidente del Consejo aseguró que el objetivo es “que los denunciados puedan explicar ante el pleno, ya que previamente lo hicieron, pero ante el instructor. Es una prerrogativa que se puede pedir, y se puede conceder para manifestarse ante el pleno”.

Sobre el dúo recae “un reproche por una falta disciplinaria al menos y declaran en su defecto. Pueden ser interrogados, contestar preguntas o negarse”.

Mañana se definirá el caso excepto que el pleno “entienda que por alguna razón excepcional, haya que posponer la decisión; en condiciones normales en esta sesión se define”, así lo informó Diario Jornada.

“Las opiniones del instructor son las opiniones de quien investigó”, abrevó Montenovo.

“El instructor no es el fiscal, acusa pero no decide. El pleno es garantía de objetividad e imparcialidad”. Recordó que las conclusiones fueron “la rendición del caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento para los dos fiscales, y a una vía interna, disciplinaria, que por ser interna no implica la posibilidad de destitución para el doctor Piñeda. El pleno decide y tiene todas las alternativas, puede coincidir con el instructor o no”. Resta entonces aguardar la definición.

Royal Canin donó 461 bolsas de alimento para perros y gatos que también sufrieron los efectos del temporal de 2017 en Comodoro Rivadavia. Ninguna llegó. Esta semana el fiscal Héctor Iturrioz elevará la acusación por peculado contra la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo, y su pareja, Juan Carlos Gómez. El exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, será acusado por encubrimiento agravado y Micaela Cordero, extitular del Sindicato Argentino de Amas de Casa, por encubrimiento y falsedad documental. Faltan peritar celulares para cerrar la imputación.

La ruta del alimento comienza con la vecina de Puerto Madryn Gisela Manzanares en una exposición de perros y caballos en La Rural de Capital Federal. Se encuentra con una responsable de Royal en el stand. Le pide ayuda para el sur. “La mujer le dijo que no tenían problema en donar pero si era oficial, porque tenían malas experiencias con catástrofes anteriores”, contó Iturrioz.

Sólo faltaba el transporte. Entra en escena Germán Sahagún, de Casa del Chubut. El 5 de mayo la empresa entrega el alimento bajo recibo firmado. “Hay una nota de elevación para Provincia con un párrafo premonitorio: ponen que confían en el buen tino de las autoridades para que llegue a destino”. El material era sólo para Comodoro. La Fundación ALMA las iba a redistribuir.

Las bolsas se acopiaron junto con muchos otros víveres documentados en Casa del Chubut. Se consiguen dos camiones. Se discutió la chance de que viajaran derecho a Comodoro pero por un corte de ruta el 9 de abril, Huichaqueo ordenó centralizar todo en los hangares del Ministerio en Rawson. Había donaciones de centros de estudiantes de Córdoba y La Plata. El corte fue por 48 horas pero no justificaba dejar todo en la capital.

Manzanares y otro vecino, Luis Rubio, sospecharon al descubrir que un tal Santiago Landa recibía agradecimientos por Facebook por sus donaciones a protectoras de Trelew. Era el mismo tipo de alimento que habían gestionado. Sólo lo vendían comercios. Lo llamaron pero les cortó. Acudieron a un funcionario provincial originario de Puerto Madryn. “No tenían buenas referencias pero Manzanares lo llama para decirle qué sucedía. Y palabras más palabras menos, le contestó: ´Entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera, Landa es del Partido así que no voy a andar investigando lo que hace un compañero´”, reveló el fiscal.

En redes sociales Manzanares rastreó y denunció cómo el alimento se estaba vendiendo con perfiles truchos. La contactó Sandra Mónica Ortega, inspectora de Tránsito de la Municipalidad de Trelew, que involucró a Gómez. “Él le había ofrecido precios de liquidación increíbles, menos de la mitad real, porque sabía que a la familia de Ortega le gustaban y tenía perros de raza grande”. También ofrecía, por ejemplo, jabón líquido Ariel.

El fiscal recordó que “había una diferencia fuerte de Carlos Linares y Mario Das Neves y previendo esto, las donaciones que iban al sur se anotaban en detalle en una carpeta con pelos y señales. No había entrado ni una bolsa”. A las protectoras de Comodoro nadie las había llamado.

Declararon empleados del Ministerio. “A los hangares iba y se servía cualquiera, dicen literalmente que era un descontrol”.

Una nota firmada por Alicia Dubreuil, delegada de Familia en Comodoro, certificaba que 200 bolsas habían llegado. “Pero luego declaró que no había entrado nada y que se lo había hecho firmar Suárez por disposición del gobernador. Le dijeron que era una rendición genérica para publicar en un portal”. El exsubsecretario rubricó entregas falsas de mercadería, según Iturrioz.

En Familia en Comodoro apareció un recibo firmado por Cordero retirando 220 bolsas para el SACRA. La cifra lucía sobrescrita. “Llamó la atención que haya sido allá porque ella es de Rawson”. Preparaban una estrategia. “Entrevisté a Cordero y dice que lo había recibido y la tenía en un lugar donde no entraban pero los habían hecho entrar”. Ninguna de sus pares del SACRA vio ninguna bolsa. Los depósitos tampoco le entregaron. La donación era falsa “Hicieron mentir a mujeres de Lago Puelo, por ejemplo, que después no podía explicar cómo había llegado. Pero no voy a imputar perejiles”.

Declaró una responsable de los hangares designada por Suárez en el marco de su “interna feroz” con Huichaqueo. “Contó que Leticia y Gómez se servían y cargaban”. Un día llegó Gómez solo para llevarse trajes de lluvia nuevos, recién entregados. Usaba su camioneta particular. La cuidadora sabía la mala relación con Suárez y le pidió la orden porque “después viene Leticia, se la agarra conmigo y quedo en el medio”. Gómez marcó el número de la ministro en su celular. Le dijo “Leticia, para vos”. La funcionaria le ordenó a la chica: “Juan Carlos puede retirar lo que quiera”. Se llevó todo.

Otro chico testimonió que él mismo le cargó bolsas a Gómez y que todo iba a Gaiman. “Así se redondea la disposición final. Enfrente de la casa de Huichaqueo en barrio Docente vive una policía que dijo que todos veían qué sucedía. Mucho lo llevaban a la famosa chacra de los chanchos alimentados a tutuca”. Todos los vecinos entrevistados coincidieron.

“Una observación marginal: robaban otros ligados a Suárez pero no lo pude probar con certeza. Un grupo andaba vendiendo a veterinarias de Rawson que van a declarar”, adelantó Iturrioz.

Cien de las 461 bolsas fueron a protectoras del Valle y el resto se vendió al mejor postor. “La referente de Royal se enojó porque era una donación con cargo, no para repartir donde quisieran. Hay que imaginar cómo se puso cuando le dije que no había llegado ni una”. El valor real era alto porque muchas eran variedades de alimento medicinal.

A Gaiman se desviaron comida, colchones, ropa de trabajo, overoles térmicos, golosinas, productos de limpieza y mucha agua. Hay fotos de esas descargas. Iturrioz habló de un “Ministerio paralelo” porque se hallaron al menos 250 órdenes de reparto firmadas pero en blanco: quien recibía alguna ayuda material de Familia firmaba pero la planilla se completaba luego para agregar y justificar las cosas que desaparecían. “Lo voy a presentar como prueba sólo para mostrar que hacían lo que querían”.

“Lo que se dijo en Gaiman pero no lo pudimos encontrar, porque aparentemente estaba en otra chacra, es que empezó a repartir para la campaña, incluso desde un galpón del PAMI”, explicó. “Son todos indicios de que habían robado mucho, como chapas que no se encontraron nunca ni se va a encontrar”. Un testigo contó que cuando se rumoreó que habría allanamientos hubo muchos viajes de camiones y camionetas para mover las donaciones sustraidas.

“La prueba es indiciaria pero todos los caminos conducen a Roma –graficó-. Tengo fotos de las redes que son tragicómicas si uno no supiera cómo terminó todo: Gómez custodiando el alimento balanceado”.

“La papota”

Una testigo que figura en el Caso Revelación contó que Gómez iba a Casa de Gobierno a cobrar el sobresueldo de 30 mil pesos para Huichaqueo. Cuando volvía con el sobre golpeaba la palma de su mano con el puño: “Acá esta la papota”, gritaba.

 

 

Jornada

El fiscal de la causa Revelación, Héctor Iturrioz, hizo referencia al proceso que afronta junto a su colega Marcos Nápoli en el Consejo de la Magistratura por el controversial episodio de la detención de Martín Bortagaray cuando era ministro.

Dijo que quieren correrlo porque en la investigación hay mucho en juego.

«Van a hacer lo posible por echarme ya que a algunos les molesta esta investigación. Yo siempre demostré independencia, no les conviene que haya fiscales como yo», disparó Iturrioz en diálogo con la agencia ADN Sur.

El fiscal explicó que la detención a Bortagaray siendo ministro de Familia tuvo sustento legal, fundamentalmente porque los fueros para el ministro, según la letra de la Constitución Provincial, «son para delitos comunes» y aclaró que lo que están investigando «no son delitos comunes» porque «atentan contra el orden democrático».

«No es un delito común, lo dicen los juristas más renombrados. Eso no me libera del temor de ser sometido a juicio político. Creo que harán lo posible por echarme. Hay a quienes les molesta esta investigación», advirtió Iturrioz en torno a la causa que busca comprobar el pago de retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política.

Iturrioz dijo que lo que molesta en el ámbito político y económico «es la independencia que siempre demostré», por eso resaltó que «no les conviene que haya fiscales como yo».

 

 

El Chubut

Así lo señaló esta mañana el Fiscal Héctor Iturrioz acerca del otorgamiento de la libertad a Cisterna, Oca, Carpintero, Pagani y Ninín; al vencer hoy el plazo de la medida preventiva.

“Lo procesal se mantiene en su mínima expresión, como lo dijimos al momento de fundamentar por qué solicitamos la morigeración y el recupero de la libertad ambulatoria. Hemos tardado un poco más del tiempo previsto originariamente para colectar los medios de prueba, las evidencias que van a ser pruebas una vez que sean incorporadas al debate”, sostuvo.

El fiscal enfatizó que “ya hemos terminado con esa etapa. Pedimos un plazo de tres meses porque el procesamiento, la elaboración de la acusación, demanda que se correlacionen todos y cada uno de los elementos que colectamos; y plasmarlos en los fundamentos de lo presentado oportunamente”.

“Lo cierto es que las medidas procesales, las cautelares, solamente perviven mientras lo hacen los riesgos que las motivaron. Si mantenemos medidas cautelares de privación de la libertad ambulatoria sin riesgos procesales, estaríamos actuando de modo ilegítimo”, aclaró.

Y recordó que “el primer día de audiencia, el 23 de mayo del año pasado, dijimos que las medidas de prisión preventiva iban a durar lo estrictamente necesario, atendiendo a los cánones que fijó la Comisión Interamericana de DDHH de razonabilidad, proporcionalidad, necesariedad. No nos creyeron, criticaron que respondíamos a clamores punitivos de la sociedad y que estábamos aplicando penas anticipadas, y no es así. Como debe funcionar el sistema es que todo el mundo transcurra el proceso en libertad, y una vez que se le impone una pena que la cumpla, que sea una condena y no una prisión preventiva”.

“Hay multiplicidad de hechos que se juzgan con prisión preventiva y el día que se le condena se va a su casa, es decir que eso no se computa a los fines de reincidencia como cumplimiento de condena. Entonces hay gente que fue procesada varias veces y no está declarada como reincidente por este vericueto legal. Muchas veces los defensores sostienen eso para sus clientes, ya que la reincidencia es una condición de agravamiento que quita acceso a la libertad condicional”, amplió.

Sobre la respuesta al intento que hará Diego Luthers para evitar el nuevo juicio, Iturrioz dijo que “será negativa por su condición de funcionario público, ya que es expresa la prohibición de conceder tal beneficio a representantes de la función pública. Debe seguir presentándose semanalmente en comisarías para demostrar su permanencia en la zona”.

Y acerca de si hay manera de comprobar si no tienen contacto con otra gente de la causa, o testigos, adujo que “generalmente estos últimos avisan, porque la mayoría de los testigos en esta causa están atemorizados y cuando los intentan contactar, nos avisan. Luthers está con prisión domiciliaria acá, pero está con prisión preventiva en la causa ‘El Embrujo’. Es casi un formalismo que tenga prisión domiciliaria acá, porque no está en su domicilio”.

En tanto sobre que más allá de la renuncia expresa de Iniciativa Ciudadana, y si toman como renuncia tácita la no comparecencia de las otras querellas, fue irónico: “todavía no me recupero de la sorpresa que me generó el aviso que dio la directora de la oficina judicial. No sé si vieron mi cara, quedé como cinco minutos en blanco porque aún recuerdo las declaraciones públicas en audiencia que se iban a presentar e iban a contribuir al esclarecimiento de estos hechos que tanto le hacen a la sociedad, que iban a ir a juicio hasta las últimas consecuencias en la Corte Suprema de Justicia; y hoy encuentro que nada de lo prometido se ha cumplido”.

Finalmente, enfatizó que “en esta instancia no estaba fijado procesalmente cómo tener por desistida la querella, pero el desinterés es obvio. Se generaron costas que deberán cargar con ellas. No sé si me indigna, pero sí me deja sorprendido que nos habían prometido que sigamos con los empresarios, que había imposibilidades probatorias, mucho riesgo de ir a un juicio, pero no se aportó nada hasta la fecha”.

El Comodorense