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Los 9 casos positivos de coronavirus de los internos en la Unidad 6 de Rawson, también repercutió en el ámbito de la Justicia Federal de la capital de la provincia. El defensor federal, David Chassagnade, presentó un recurso de habeas corpus ante el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Así lo confirmó este último en diálogo con Radio Chubut, al explicar que la presentación responde a velar por los derechos del resto de la población carcelaria de la U6, atento a la confirmación de los casos positivos de coronavirus.

El juez federal de Rawson explicó que de acuerdo a la información que le fue suministrada por las autoridades sanitarias de la provincia, los internos provenientes de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fé se encuentran aislados del resto de la población carcelaria, en celdas individuales.

Y por otro lado, aclaró que la decisión de los traslados “es exclusiva responsabilidad del servicio penitenciario federal, y responde a políticas penitencias”.

En tanto, el defensor público del juzgado federal David Chassagnade explicó que la presentación se hizo en nombre de la totalidad de los internos de la U6, y ante los casos positivos de la enfermedad.

En ese sentido, señaló que se solicitó un informe y la suspensión de ingresos hasta que se tenga una respuesta.

Chassagnade agregó que dentro de los informes, solicitaron saber quienes son los internos infectados, es estado de salud y actual y las medidas que se han tomado para su atención.

El intendente de Rawson afirmó que este viernes presentarán el Hábeas, tras conocerse que 9 de los 20 presos que llegaron desde Ezeiza a la capital chubutense dieron positivo de coronavirus. Y aclaró que el traslado de los internos “no nos fue comunicado ni a provincia ni al municipio”.

El domingo pasado, 20 presos provenientes del penal de Ezeiza fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria 6 de la ciudad de Rawson. Autoridades sanitarias confirmaron ayer jueves que 9 de ellos dieron positivo de coronavirus. Si bien se informó que los 20 detenidos fueron aislados en un pabellón, donde deberían pasar los 15 días de cuarentena, se decidió aislar al personal que tuvo contacto con ellos.

Al respecto, Damián Biss, intendente de Rawson manifestó su malestar por la decisión que tomaron las autoridades penitenciarias tras haber realizado el traslado, sin la autorización de la provincia de Chubut. “Estamos sorprendidos y preocupados, habíamos planteado la negativa sobre este traslado, cuando nos enteramos por un transcendido de unos empleados que trabajan en la Unidad, ya venía en tránsito el micro que trasladaba a los 20 internos”, dijo.

Asimismo, explicó que personal de Salud indicó que todos los presos provenientes de Ezeiza estaban aislados desde el día que llegaron, y si bien hubo contactos con algunos empleados “siempre utilizando los elementos de bioseguridad”. Por lo que de manera preventiva todo el personal que estuvo en contacto fue asilado hasta hacer los hisopados.

Los presos, según indicaron las autoridades, llegaron y fueron a un pabellón especial totalmente apartado de los otros internos, estuvieron desde el domingo en celdas individuales: “La posibilidad de contagio hacia el resto de los internos es casi nula”, dijo.

Biss aseguró que no hubo comunicación por parte del Servicio Penitenciario Federal, “fue una acción que emprendieron ellos de manera unilateral y no nos fue comunicado ni a provincia, ni al municipio”. Además, indicó que la Justicia Federal tampoco estaba al tanto y no están de acuerdo con esta situación, por lo que en el transcurso de la mañana “tengo entendido que presentarán un Hábeas corpus por el traslado realizado sin autorización”.

Por último, el intendente confirmó a FM Cadena Tiempo, que este viernes habrá una visita de personal de Ministerio de Salud y Hospital de Rawson, para evaluar el estado de los internos contagiados: “Todos tienen síntomas leves, no hay personas que requieran internación”, aclaró.

El Tribunal de Casación Penal bonaerense rechazó por «inadmisible» un habeas corpus para que se ordene la libertad de los ocho rugbiers detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa en la ciudad de Villa Gesell el pasado 18 de enero, por lo que los imputados permanecerán presos en la alcaidía 3 del penal de Melchor Romero, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión que se conoció hoy fue adoptada el pasado 6 de julio por la sala II del tribunal de alzada, que rechazó un planteo formulado por la defensa de Máximo Thomsen (20), Ciro Pertosi (20), Luciano Pertossi (18), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (20), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21).

La petición de habeas corpus había sido presentada por el abogado defensor, Horacio Henricot, quien solicitó que se ordene el cese de la «arbitraria privación de libertad» que padecen los imputados.

Según el fallo que lleva la firma de los camaristas Fernando Luis María Mancini y María Florencia Budiño, la defensa considera que los rugbiers están detenidos «como resultado de una estructura arbitraria que se construyó mediante la articulación aparente y contradictoria de dos resoluciones jurisdiccionales: el auto de prisión preventiva y la resolución confirmatoria del mismo por parte de la Cámara de Apelación».

Además, considera que existe «un intolerable quebrantamiento de garantías constitucionales y normas establecidas en tratados internacionales de jerarquía constitucional, como el ‘derecho a ser oído’».

«El argumento central del peticionante gira en torno a la pretensión de que se declare la nulidad de las declaraciones de los imputados prestadas el 19 de enero de 2020 en sede de la Fiscalía -a las que tilda de «inexistentes»- y de todos los actos que de ella dependen, ordenándose la inmediata libertad de aquellos», señala.

Ante este pedido, se le corrió vista a la fiscal adjunta de Casación, Daniela Bersi, quien se opuso al planteo y consideró que debía rechazarse el habeas corpus por «inadmisible» y «subsidiariamente por improcedente».

Finalmente, los camaristas Mancini y Budiño coincidieron con la fiscal y determinaron que el planteo era «inadmisible».

«No resulta admisible la interposición originaria en esta sede, cuando no existan motivos de excepcionalidad que la autoricen, porque ello implicaría alterar la función encomendada por la ley a este órgano jurisdiccional a través de la vía recursiva, así como la garantía convencional de la doble instancia», señalaron los camaristas.

Además, explicaron que «la presentación, entonces, no presenta la aptitud y carga técnica necesarias para argumentar que, en este supuesto, podrían estar involucradas cuestiones federales que deben ser atendidas por el superior tribunal de la causa».

De esta manera, los ocho rugbiers continuarán alojados en la alcaidía 3 de Melchor Romero, imputados como coautores del delito de «homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas», en perjuicio de Báez Sosa.

En el marco de la misma causa, están acusados como «partícipes necesario» Juan Pedro Guarino (19) y Alejo Milanesi (19), aunque ellos fueron excarcelados.

El crimen de Fernando se cometió cerca de las 4.40 de la madrugada del sábado 18 de enero frente al boliche Le Brique, en pleno centro de Villa Gesell, cuando el joven fue atacado a patadas y trompadas por un grupo de jóvenes.

El ataque quedó grabado por cámaras de seguridad y teléfonos celulares de eventuales personas que se hallaban en el lugar, por lo que horas después fueron detenidos los diez rugbiers que veraneaban en el balneario bonaerense.

Los internos piden, entre varias cuestiones, prisión domiciliaria en algunos casos, que se cumplan con las condiciones de higiene y seguridad y que se cree un protocolo para volver a recibir visitas. Ahora una jueza de Trelew deberá analizar la solicitada.

Luego de conocerse el reclamo que llevan adelante los presos del penal de Rawson ante la falta de productos de higiene en los pabellones en medio del coronavirus, en Comodoro los internos también se unieron al reclamo.

«Ayer lunes diferentes internos del Instituto Penitenciario Provincial y el Pabellón 5 de transitorios de Comodoro Rivadavia, interpusieron un hábeas corpus extenso, manifestando varias cuestiones y advirtieron que si en el trascurso de estos días no tienen respuestas adecuadas comenzarían una huelga de hambre», informó la Defensora Pública, Lucia Pettinari.

En contacto con La Cien Punto Uno, la abogada aclaró que «piden moderar sus prisiones preventivas o su encarcelamiento por medidas sustitutivas como prisión domiciliaria, al menos hasta que se resuelva el aislamiento social. Además, hay temor por posibles contagios».

Pettinari también destacó que hay varios grupos dentro del Instituto Penitenciario Provincial, «como los de riesgo y quienes tienen penas cortas», y agregó: «Los hábeas corpus fueron interpuestos y los tiene que resolver una jueza de Trelew. Entiendo que no es viable, pero habría que ver cada caso en particular. Sí son viables las condiciones de detención».

En este sentido sostuvo: «Se pide que los guardia-cárceles cuenten con los materiales de higiene necesarios y los recursos necesarios: que usen barbijos y guantes y que desinfecten los centros de detención». Además aseguró que los jueces ya han intimado al Gobierno Provincial para se extremen estas medidas de seguridad.

Finalmente, Pettinari manifestó que «tras la prorroga del aislamiento social, lo que hicieron los jueces de ejecución fue prorrogar también las salidas transitorias y visitas de familiares. Sin embargo, se pidió crear un protocolo de bioseguridad para que, por lo menos una vez a la semana, vaya un familiar de visita», informó ADNSur.

La concejala Mariela Flores Torres de Trelew de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia denunció que “en esta comisión hemos recibido muchas denuncias, y el 18 de abril se realizaron 4.551 detenciones. Nosotros somos una provincia, que  a lo mucho llegamos a 600 mil habitantes, y esta cifra de detenciones era alarmante en relación a la cantidad de población que tenemos y de detenciones”.

Recordó que para el día “5 de abril, cuando ya había terminado la primera cuarentena en Chubut, se habían registrado 2.300 detenciones, y el 13 abril habían 3.682”.

Entonces “habiendo agotado todos los canales posibles de diálogo, reuniones con el Ministro de Seguridad, una solicitud de diálogo con el jefe de la policía de Chubut, presentaciones de denuncia contra estos funcionarios… El 9 de abril se hizo la denuncia”, precisó la concejala.

“Hay instancias que llamaban presuntamente a meter a la gente en cana en forma compulsiva, por eso presentamos la denuncia. Finalmente, decidimos una medida como la habeas corpus, que tiene que resolverse de manera inmediata por la autoridad judicial e independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. El día 17 se dio una audiencia, y el 20 de abril hubo sentencia”, expresó.

Para la concejala la sentencia fue victoriosa porque se pidió que cesarán los excesos de la policía, y que la Policía del Chubut se ajustará a la norma nacional que es el protocolo de seguridad nacional, que deja en claro cuáles son los alcances de la fuerza de seguridad en el marco de esta pandemia… “de lo que se trata, es que podamos administrar la cuarentena y tomar las medidas necesarias”, dijo.

Qué sucederá luego

A partir de esta medida, la concejala detalló que luego habría un reclamo judicial por parte de los ciudadanos que vieron vulnerados sus derechos… “el habeas corpus que presentamos nosotros ofrecía ya denuncias efectuadas, por lo tanto, es importante destacar que esas denuncias siguen vigentes, y se van a tramitar por el Ministerio Público Fiscal, es decir que habrá un fiscal que ordenará la apertura de la investigación, siempre que crea que haya competencia para hacer una investigación criminal y llevar a juicio”, señaló.

Aseguró que “vamos a acompañar a aquellos vecinos y vecinas que han decidido valientemente denunciar esos excesos. Por un lado, todas estas denuncias que hemos ofrecido como prueba siguen su curso, y tenemos que ver el tratamiento que recibirán”.

Por otro lado, se debe ver cómo avanza la situación con los funcionarios presuntamente involucrados.

Y es que, independientemente de que en el futuro hubiera un juicio político; en este momento, la concejala aseguró que “lo que nos ocupa es que ya existe un habeas corpus al que se le dio lugar, y el Gobierno de la Provincia mandó a anular todas las resoluciones del Ministerio de Seguridad por ser inconstitucional e ilegales”.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, realizó un Hábeas Corpus a favor de la población de Chubut a raíz de las múltiples denuncias de hechos represivos y violaciones a las libertades individuales por parte de la policía a cargo del ministro de Seguridad Federico Massoni. En la provincia se ha montado un auténtico «estado de sitio» desde el inicio de la cuarentena. Este lunes continuará la audiencia que parte de los informes de la APDH y la Comisión contra la Impunidad, desde las 13 horas donde declarará el funcionario y el jefe de la Policía, Miguel Gómez.

Pero es la misma Secretaria de Derechos Humanos que no actuó de igual manera ante la brutal represión en el frigorífico Penta (Quilmes), con la decena de trabajadores golondrinas que estuvieron en las calles de Mendoza sin poder volver a sus provincias o ante las cientos de denuncias de violencia policial en todo el país. Tampoco ante las denuncias de ciberpatrullaje que impulsa la Ministra de seguridad de la nación y que fue denunciada por Nicolás del Caño y el Frente de Izquierda.

Al día de la fecha y según las palabras del mismo Massoni en conferencia de prensa durante el parte diario «tenemos un número importante de detenciones realizadas en la provincia del Chubut desde el comienzo de la cuarentena hasta el día de la fecha son 4558 personas las que han sido detenidas e imputadas del delito que establecido en el 205 y 239 y son 777 vehículos los cuales han sido secuestrados en el día de hoy». Muchas de estas detenciones y secuestros se han hecho ejerciendo abuso de poder.

Las y los trabajadores estatales, vienen exigiendo la renuncia de Massoni desde el año pasado, cuando se sucedieron hechos de represión contra docentes en Comodoro Rivadavia, luego en la legislatura de Rawson y Casa de Gobierno donde incluso, detuvieron semanas después al Secretario general de ATECh. El avance represivo y contra las libertades democráticas y sindicales (como la reciente detención de Carlos Sepúlveda, dirigente del gremio SiSaP) tiene que ver con el contexto de crisis que viene castigando a las y los trabajadores en la provincia de Chubut hace años.

El estado provincial no enfrenta la pandemia con medidas sanitarias, ya que el sistema de salud se encuentra totalmente vaciado y desfinanciado. Por el contrario, recurre a métodos como el estado de sitio para mantener «controlada» a una población cada vez más golpeada por la crisis. Trabajadores estatales entre ellos, de Salud, no han percibido sus sueldos de febrero y todo el conjunto de estatales no han percibido sus sueldos de marzo. En el caso de las y los trabajadores de Salud se les tiene congelado el sueldo desde julio del 2019. La crisis que atraviesa la provincia, tiene una explicación y es que el gobierno destina los recursos al pago de la deuda, la cual no ha dejado de pagar ni aún en el marco de pandemia mundial.

Pero la crisis no solo afecta a estatales: a esta nueva avanzada contra la clase trabajadora se suman sectores como los metalúrgicos de Aluar (empresa que financió al Frente de Todos en la última campaña electoral) a los que les rebajan los salarios y los petroleros de Comodoro Rivadavia a quienes pretenden suspender pagándoles solamente el 30% de su salario. Para esto, el gobierno y las empresas cuentan con la complicidad de las burocracias sindicales.

El problema no es solo Massoni sino todas las fuerzas represivas que son parte de la política del gobierno provincial y nacional, que intentan afrontar la pandemia con el uso de las fuerzas represivas en las calles y en los barrios, que no dudan en hostigar y reprimir a las y los trabajadores: las mismas fuerzas que desaparecieron a Santiago Maldonado y que amedrentan a las comunidades originarias que defienden el territorio del avance de las mineras.

Por esto decimos que la salida a esta pandemia debe ser con un programa como el que propone el Frente de Izquierda, donde se prioricen las medidas de Salud en el marco del resguardo de todos los derechos y libertades individuales. Una verdadera inversión en salud implica test masivos para saber quienes están infectados, camas de terapia intensiva y respiradores junto a mascarillas, barbijos, alcohol en gel y demás insumos. Para esto es necesaria la centralización inmediata del sistema de Salud en un sistema único que unifique al sector público, privado y a las obras sociales, bajo control de las y los trabajadores.

Un programa que sostiene el no pago de la deuda fraudulenta, la estatización de la banca y un impuesto progresivo a los 15 mil empresarios más ricos para contar con mayores recursos. La reconversión de toda la industria bajo gestión de las y los trabajadores para producir y distribuir todo lo necesario a fin de dar una salida real tanto a la crisis como al coronavirus y que no sea en base a la represión y el ajuste contra el pueblo trabajador, como pretenden Arcioni y Fernández.

La Jueza Mirta del Valle Moreno dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a la espera de escuchar a los testigos presentados por el área de Violencia Institucional de la Defensa Pública de Chubut, en el marco de una audiencia en la cual se tramitaron tres Hábeas Corpus Preventivos por presuntos excesos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia.

La Dra. Moreno explicó que si bien se trataba de tres presentaciones diferentes, “tienen el mismo hilo conductor, el mismo objeto y el mismo planteo de celeridad, lo que derivó en la acumulación de las presentes para ser tratado en esta sola audiencia”, además de explicar los motivos por los cuales habilitó feria para el tratamiento de las mismas.

El primero de los hábeas corpus abordados a través de videoconferencia fue el presentado por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y por el Dr. Mariano Przybylski, en su carácter de Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, con el patrocinio letrado del abogado local Eduardo Hualpa.

Tanto Pietragalla Corti como Przybylski hicieron alusión a numerosas denuncias recibidas en el seno de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en cuanto a “detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas y hostigamiento”, entre otros.

En su presentación, Pietragalla Corti expresó que si bien las denuncias sobre episodios de abusos o excesos por parte del personal policial se han dado en todas las provincias, aclaró que en muchos casos se han logrado “abrir canales de diálogo para aplicar un protocolo de actuación en todo el territorio”.

Przybylski expresó en su intervención que “el decreto 297 no da libertades totales a las fuerzas de seguridad para hacer detenciones arbitrarias. Lo que hay que hacer es cesar la conducta infractora. Hay que evitar llevar detenida a la gente, sino ejercer un control para que se quede en sus casas. Hay que acompañarlos o llevarlos a sus casas”. En ese contexto explicó que si la opción es detener a los que rompen el aislamiento, “se termina por ayudar a la propagación del virus y se ingresa en un círculo vicioso”.

El Dr. Mariano Przybylski hizo un detalle pormenorizado de los hechos denunciados por ciudadanos de Chubut, tanto en Comodoro Rivadavia, como en Trelew y en la comarca cordillerana, entre otros casos. Señaló que la mayoría de los operativos excedía las restricciones dispuestas a nivel nacional en cuanto a circulación, horarios e incluso actividades habilitadas, como pasear una mascota o permitir la circulación acortada de personas con algún tipo de discapacidad.

El segundo de los Hábeas Corpus fue presentado por la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Trelew. La concejal del partido X Trelew, Mariela Flores Torres, fue la encargada de intervenir en este caso, y cuestionó tanto los procedimientos realizados en distintos lugares de Trelew como algunas metodologías diseñadas por el Ministerio de Seguridad.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Pública explicó los alcances de un Hábeas Corpus presentado sobre la base de cuatro denuncias, pero “entendemos que tiene efectos colectivos, porque se están amenazado derechos esenciales, y que tienen que ver con la libertad, dignidad e integridad de todas las ciudades de Chubut” dijo el Dr. Germán Kexel, de la Secretaría Penal y de Prevención de la Violencia Institucional.

Tras enumerar los casos abordados en el recurso presentado, Kexel explicó que la mayorías de las detenciones registradas en los relevamientos realizados por la defensa pública-siempre en el marco de lo dispuesto por la emergencia sanitaria- se realizaron sin que exista un marco normativo establecido. En ese contexto expresó que las resoluciones ministeriales no pueden restringir las libertades y derechos individuales, pero que además, las detenciones se cumplieron incluso antes de que fueran publicadas las mismas o hubiera un decreto que les diera sustento jurídico.

El Dr. Omar López, también de la Defensa Pública, indicó que “el contenido de las medidas que se adoptan para limitar las garantías constitucionales tienen que tener expresa vinculación con los fines por los cuales se dicta esta limitación y en este caso claramente es la salud pública”.

A su turno, el Fiscal General Fernado Rivarola, consideró “pertinente la vía elegida” en las tres presentaciones puestas a consideración y enumeró los legajos en los cuales ha tomado intervención el Ministerio Público Fiscal de Chubut, tanto a partir de denuncias de particulares, como también por una denuncia efectuada por los integrantes del bloque de diputados Alianza Frente de Todos, e incluso de investigaciones de oficio.

Tras enumerar algunas de esas actuaciones, Rivarola expresó que “el contexto de restricciones de las resoluciones ministeriales (en Chubut) , implica en los hechos mayores restricciones que los impuestos por el Poder Ejecutivo Nacional” y si bien reconoció que el propio DNU 297/2020 otorga a las provincias y municipio la potestad de fijar normas complementarias, deberían ser “en el marco de los parámetros que se han planteado en la audiencia”.

Todas las partes coincidieron en que señalar que es necesario que las disposiciones políticas y órdenes de la Jefatura de Policía se adecúen a los protocolos y disposiciones establecidos por los organismos de derechos humanos a los cuales adhiere nuestro país, como así también que no supongan mayores restricciones a las establecidas por las autoridades nacionales en el DNU 297/2020.

Antes de escuchar el descargo de parte del Ministro de Seguridad Federico Massoni y a los fines de poder dar a los testigos presentados la chance de declarar, la Jueza Mirta Moreno resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes para escuchar a los testigos ofrecidos en el marco de la presentación de tres Hábeas Corpus Preventivos contra los procedimientos policiales.

Durante una extensa audiencia desarrollada mediante el sistema de videoconferencias internos alojados en el instituto penitenciario provincial y en la alcaidía policial de Trelew hicieron una serie de peticiones intentando ampararse en los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno nacional y tratando de argumentar sobre flexibilización en las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad y las visitas permitidas dentro de las dependencias donde se encuentran.

Durante mas de tres horas diversos representantes de los alojados por diferentes delitos en los centros de detención expusieron tales peticiones, siendo representados legalmente por los defensores Abdón Manyauik y Sergio Rey, quienes fueron acompañados por los abogados García Palumbo y Sepúlveda. La representación del Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la funcionaria de fiscalía Marcela Guillén.

Provisión de medicamentos, elementos de higiene, acceso a celulares, ampliación de espacios educativos, pero fundamentalmente la flexibilización para el ingreso de visitas y los egresos de los internos desde aquellos lugares en que se encuentran alojados fueron algunos de los reclamos que expresaron internos como Jara, Rapimán, Alberto Williams y Oscar Romero entre otros.

La representante fiscal se opuso a esta presentación y solicitó el rechazo del hábeas corpus entendiendo que los decretos presidenciales aludidos refieren al general de la población, y en todo caso deben atenerse a los dictados que emanan del poder político y las decisiones que puedan delegar en los gobiernos provinciales, teniendo en cuenta que hoy las privaciones y disposiciones que se adoptan afectan a toda la sociedad, sin particularizar en ningún sector, debiendo tomarse las previsiones correspondientes.

Así lo entendió también la Jueza de ejecución María Tolomei, quien no aceptó el hábeas corpus solicitado, mas allá que resolvió tener en cuenta los pedidos para ir evaluando cada caso en particular. Por lo demás, manifestó la predisposición para que se adopten las medidas adecuadas que hacen a la permanencia de los internos en los lugares de alojamiento, privilegiando la prevención ante la pandemia, por lo que no pueden flexibilizarse las visitas ni los posibles egresos de aquellos sitios.

Cabe acotar que en una instrucción dada a los fiscales , el Procurador General de la Provincia Jorge Miquelarena expresa que le corresponde al Ministerio Público Fiscal el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar la eficacia del sistema de justicia, actuando siempre en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, con la objetividad que impone su marco de actuación, ello en toda materia socialmente trascendente y marcada repercusión social.

Expresa mas adelante que vale recordar y reafirmar que, ante todo, prevalece el deber del Estado de administrar justicia y aplicar el Derecho. En este contexto de emergencia sanitaria habrán de redoblarse los esfuerzos para mantener las condiciones de detención de las personas privadas de libertad, satisfaciendo las necesidades de alimentación, salud, saneamiento y medidas de cuarentena para impedir el contagio intramuros, garantizando en particular que todas las unidades cuente con un acceso a la atención médica pertinente (Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Manifiesta luego que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia y resalta que frente a personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos se requiera un análisis y requisitos más exigentes, en atención al bien jurídico afectado, la gravedad de los hechos y la obligación de sancionar a los responsables de tales violaciones. Resulta necesario poner en conocimiento de todas estas cuestiones al Poder Ejecutivo Provincial, a efectos de que por intermedio de las dependencias administrativas que correspondan se adopten las medidas que permitan cumplir con los estándares referidos.

Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Esquel anunciaron que se presentó ante la Justicia provincial un pedido de acción de hábeas corpus preventivo a favor de la comunidad mapuche de la Lof Newentuai ñiñchiñ, en Costa del Lepá.

“La comunidad mapuche se encuentra realizando una recuperación de su territorio ancestral” dice el comunicado de APDH.
“Alertados por la comunidad, ante un allanamiento de la policía, APDH Esquel, presenta el pedido de una acción de hábeas corpus preventivo, para que se garanticen los derechos de las personas de esa comunidad. Fundamentamos nuestra preocupación en los allanamientos violentos en donde perdieron sus vidas Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”.

El organismo de derechos humanos integrado por vecinos de Esquel y la zona cordillerana pide que se termine con la “criminalización del pueblo mapuche».

«Basta de criminalizar al pueblo mapuche”, y el “cese de la violencia institucional contra el pueblo mapuche”.
“En nombre de la APDH Esquel (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) venimos a interponer formalmente una acción de hábeas corpus preventivo por los integrantes de la comunidad de la Lof Newentuai ñiñchiñ, de Costa del Lepá.

Justificamos este pedido fundamentando en los violentos antecedentes de los anteriores allanamientos realizados en las comunidades de Pu Lof Cushamen y Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi que han dejado el penoso saldo de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y en virtud de la amenaza actual, inminente y potencial que padecen los habitantes de la comunidad Mapuche Lof Newentuai ñiñchiñ, de Costa del Lepá”.

En este marco, “solicitamos se haga lugar a la presentación del Hábeas Corpus Preventivo, declarándose ilegales todas las prácticas de las fuerzas policiales de la provincia de Chubut, Policía Federal o Gendarmería Nacional que tengan por objeto hostigar, controlar, amedrentar o vulnerar cualquier aspecto de las garantías y derechos de la mencionada comunidad mapuche”.