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El próximo lunes por la mañana los trabajadores estatales enrolados en la Ley 1987, junto a otros empleados, se movilizarán a Casa de Gobierno reclamando por el Convenio Colectivo de Trabajo.

La medida fue anunciada este viernes en conferencia de prensa. Al respecto Sonia Vaamonde (SOyEAP) recordó que el pasado 10 de octubre “movilizamos y llevamos un petitoria a Casa de Gobierno”. Sin embargo, “a más de una semana de ese petitorio y de ser atendidos por el ministro Coordinador de Gabinete, Marcial Paz, y el Secretario de Trabajo, Gerardo Gaitán”, aún no han sido convocados.

“Nos pusieron sobre la mesa el decreto mediante el cual el Gobernador habilitaba la apertura del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 1987 y nos han mentido otra vez”, remarcó.

“Solamente nos ha llegado el pedido del listado de la gente que se va a sentar a trabajar en el Convenio sin fecha de apertura para comenzar a trabajar en el CCT”, indicó Vaamonde.

Añadió que la semana pasada “pactamos una segunda reunión con los equipos técnicos de cada sindicato. Fuimos con un criterio para comenzar a habar de una pauta salarial pero no cumplieron con lo acordado en la primera reunión de lo que se iba a dialogar la segunda”.

“Este Gobierno está dilatando lo que se viene. Estamos pidiendo lo que se firmó en actas. Estamos dispuestos no solo a concientizar a los trabajadores de la 1987 sino a todos los sectores”, remarcó Vaamonde.

“El Gobierno está incumpliendo. Vamos a movilizar el lunes para reclamar lo firmado en actas e invitamos a todos los sectores que acompañen. Pedimos fecha fehaciente de inicio de CCT”, concluyó.

 

 

Radio 3

Los gremios estatales anunciaron hoy el inicio de medidas de acción directas en busca de lograr la equiparación salarial en cuanto a la pauta salarial que el gobierno acordó con los distintos sectores.

En una conferencia de prensa los dirigentes de ATE, UPCN y SOyEAP, entre otros, anunciaron el inicio de medidas de acción directas ante la falta de respuestas a la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para los empleados de la administración pública central (exLey 1987) y la puesta en igualdad de la pauta salarial acordada para ese sector con respecto a otras áreas del gobierno, especialmente la que percibieron los trabajadores del Ministerio de Economía.

Los gremios ya venían reclamando desde hace varios días con panfleteadas y otras medidas la puesta en vigencia del CCT para los trabajadores de la administración pública central, además del pase a planta de personal precarizado

 

 

Diario Jornada

Los trabajadores de la salud de los 14 hospitales de la cordillera de Chubut definieron ir a paro este miércoles tras fracasar la reunión paritaria. “Estamos a menos de dos puntos de nuestras pretensiones y vinieron con la misma propuesta”, expresó la delegada de ATE en el Hospital Zonal de Esquel, Evangelina Chamorro.

La reunión paritaria se llevó a cabo este lunes y, tal como lo habían adelantado en la última asamblea, al no cerrarse el acuerdo definieron volver a las medidas de fuerza.

Las demandas de los empleados de la cartera sanitaria del Hospital Zonal de Esquel son las siguientes:

“1)- se han cumplido los plazos para el pase a planta de lxs compañeros en situación de precarizacion laboral,acorde a lo establecido en el acta paritaria previa ( septiembre/ octubre), quedando un remanente de compañerxs que aún no han sido regularizados , como compañerxs que estando en condiciones administrativas no han sido efectivamente regularizados en sus condiciones de trabajo.

2)- en lo respectivo al HZE se sucita la alarmante situación respecto del Servicio de Salud Mental y todos los efectores dependientes del mismo. Que debido al incumplimiento de las responsabilidades que involucran al Ministerio, hoy se ha presentado la renuncia de la jefa de dicho servicio y las coordinadoras de todos los dispositivos. Hecho que pone de manifiesto el menospresio , el maltrato y nuevamente el intento de vaciamiento y destrucción que se lleva adelante por parte de las diferentes gestiones nacionales y provinciales vinculadas a los dispositivos de Salud Mental comunitaria.

Éste accionar responde a lo que denunciamos como parte de lo que la CUS implica; en cuanto a restricción al derecho Constitucional de acceso a los Servicios de Salud”.

 

 

EQS Notas

Así lo aseguró el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, tras rubricar junto con los dos gremios municipales, el acuerdo paritario para cerrar el año en curso a favor del empleado municipal. En ese sentido, expresó que “no es fácil cerrar un acuerdo salarial en este contexto nacional; sin embargo, negociamos un salarial anual que llega al 31 por ciento; el pago a fin
de año de un bono por siete mil pesos; el aumento en las asignaciones familiares en un 60 %; el compromiso de abrir paritarias en el mes de febrero del año que viene, así como también de regularización a todo el personal de planta transitoria y contratados para el año que viene. Respetamos la función del empleado municipal y velamos por dignificar cada día su función en el estado local”.

El acto se llevó a cabo en las instalaciones del despacho del intendente y convocó la presencia del propio jefe comunal; el viceintendente, Juan Pablo Luque; el secretario de Economía; Germán Issa Pfister; el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales –SOEM-, David González; el secretario general de la Asociación del Personal Jerárquico Municipal –APJM-, Roberto Astete; secretarios municipales y referentes de las distintas agrupaciones sindicales.

Tras la rúbrica del documento oficial, el jefe de la ciudad reconoció que “las paritarias no son fáciles de resolver en este contexto en el que vivimos. Recuerdo que a principio de año, el gobierno nacional, decía que íbamos a tener un 15 por ciento de inflación y los presupuestos provinciales y municipales se alinean bajo metas nacionales, sin embargo, estamos cerrando el año en 40, 45 puntos”.

“Así y todo, en la paritaria y bajo el proyecto político que nos caracteriza de querer estar al lado del trabajador, logramos un acuerdo. No queremos perder lo que el Municipio siempre tuvo con los empleados y que tiene que ver con la coherencia sobre cómo manejar las finanzas porque nuestra responsabilidad es sostener la presencia del estado municipal en todas las áreas de la ciudad”, dijo.

Linares acentuó  que “siempre queremos llegar con la mejor propuesta salarial, porque reconozco que uno pasa, pero los empleados municipales quedan y son los dueños del Municipio, los que hacen que todo esto funcione. Por mi parte, reconozco que el empleado municipal tiene que estar bien remunerado y este Municipio tiene grandes trabajadores y tienen que tener un sueldo acorde a la función que cumple”.

Edgardo Hompanera adelantó el rechazo de una clausula gatillo de un 12/13% de aumento por parte de ATE cuando se discuta la actualización salarial con el Gobierno y reclamó por el Convenio Colectivo para trabajadores de la Ley 1987 de la administración pública de Chubut.

Militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado, que responden a la conducción de Hompanera, concretaron este lunes una “panfleteada” para visibilizar el reclamo pero sin interrumpir el tránsito en accesos a Rawson.

 

 

Radio 3

Luego de que el Municipio de Esquel tomara la decisión de suspender el Sistema de Estacionamiento Medido debido a que no se estaban aplicando las últimas modificaciones aprobadas en el Concejo Deliberante, los trabajadores se manifestaron esta mañana preocupados por sus salarios que dependen en gran parte de la recaudación. Desde el SOEME y ZO piden al ejecutivo que brinde una respuesta en ese sentido y se haga responsable de la situación.

El secretario de Seccional del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Zona Oeste, Tomás Ulloga, expresó esta mañana en conferencia de prensa que los trabajadores del SEM les manifestaron su preocupación el día viernes cuando desde el ejecutivo se decidió cerrar la oficina. “No entendíamos por qué así que hoy nos acercamos como gremio y representantes de los trabajadores para que nos den una respuesta”, explicó.

En ese sentido los trabajadores mantuvieron una conversación con la subsecretaria de Gobierno, Evelin Austin, quien se comprometió a ofrecer una solución en las próximas horas. “Yo creo que esto responde a una interna política que tiene el intendente y los trabajadores quedan en el medio. Nos gustaría que nos den una respuesta no sólo a los trabajadores sino también a los vecinos porque son los que ponen la cara y día a día prestan el servicio”, declaró Ulloga.

El SEM cuenta hoy con quince trabajadores y se autosustenta con el dinero que ingresa a través de la recaudación. Ante la suspensión del servicio, los trabajadores temen que se vean perjudicados sus salarios. “Hay una decisión del ejecutivo de devolver ciertas multas que estaban mal cobradas y lamentablemente los trabajadores quedaron en el medio pero ellos no cobraron nada mal porque nunca fueron informados de las últimas modificaciones”, explicó.

Asimismo opinó que “no hay comunicación entre el ejecutivo y el Concejo Deliberante porque se aprobó algo que ni la coordinadora del SEM ni la subsecretaria de Gobierno sabía que estaba promulgada entonces los trabajadores siguieron trabajado normalmente”. Por este motivo pidió que el ejecutivo salga a dar alguna explicación a los vecinos y los trabajadores sobre qué va a pasar durante los quince días que se encuentre suspendido el servicio. “Los trabajadores municipales no somos escudo de ningún gobierno y se tienen que hacer cargo de las cosas que implementan”, cerró.

“No nos vamos a hacer responsables de sus internas”

Por su parte, Roxana González, delegada del SOEME y ZO en el SEM, contó que la suspensión del servicio afectará en lo económico a los trabajadores. “Estamos esperando a que nos digan qué va a pasar con nosotros porque cobramos un porcentaje de las multas”, indicó.

Advirtió, además, que no saldrán a la calle ni atenderán al público mientras esté suspendido el servicio. “Nosotros entendemos que los usuarios estén enojados pero nosotros no tenemos la culpa y no nos vamos a hacer responsable de las internas del municipio”, manifestó.

Por último, la delegada contó que hace un mes no tienen gas en el edificio debido a una mala instalación así que se calefaccionan con caloventores y trabajan con las camperas puestas. “Decidimos trabajar igual porque el sistema es autosustentable pero estos últimos días sufrimos mucho el frío y las heladas”, finalizó.

El Consejo de la Magistratura interviene en una denuncia realizada por el gremialista judicial José Luis Ronconi contra el juez Gustavo Toquier.

Se declaró la admisibilidad, se procedió a una sanción interna administrativa  y se instruyó un sumario luego de que Ronconi prestara declaración testimonial en abril en Rawson y el cuerpo sesionara, planteándose los argumentos y detalles del caso derivado desde el Superior Tribunal de Justicia.

El denunciado es el juez de Ejecución 1, Gustavo Toquier a quien se acusa de tener “una mesa de dinero y una financiera” y que siendo juez de ejecución ejecutaba los títulos de crédito emitidos por esos organismos. “Se quedaba en las ferias judiciales trabajando porque en ese contexto cobraba la realización de determinados trámites” declaró Ronconi, quien se desempeña como secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chubut y de Relaciones Internacionales de la Federación Judicial Argentina y vocal de la Mesa Nacional de Trabajadores Autónomos.

Paralelamente por el audio radial de una entrevista surgió un sumario de la Superintendencia Administrativa del STJ quien desde el 19 de marzo de 2017 dispuso iniciar sumario administrativo para investigar los hechos.

Ronconi denunció por corrupción en la tramitación de causas que involucran a magistrados y funcionarios judiciales que demandaron sobre cuestiones patrimoniales del Estado luego de que se firmara un acuerdo con el exgobernador Martín Buzzi. “Se indujo a firmar algo que iba en desacuerdo con la provincia y en contra de las leyes vigentes” se consideró en este caso, que además derivó en un amparo polémico presentado por magistrados y funcionarios por la remuneración salarial. “Si bien el doctor Toquier era amparista materialmente el amparo era resuelto por conjueces y no por él, sino por profesionales de la matrícula convocados”.

No obstante se tuvo en cuenta que los magistrados de la provincia que habían ejercido la acción de emparo por esta temática, el expediente se materializó en el propio despacho de Toquier. “Éste tomaba determinadas decisiones a pesar de ser actor, utilizando esa existencia material del expediente en su Juzgado. Hubo manipulación de Toquier aprovechando que el expediente estaba materialmente en su Juzgado”. La denuncia original cuestiona que el entonces presidente de la Asociación de los Magistrados, Jorge Criado, hubiera firmado un convenio con el exgobernador Buzzi induciendo a equivocación por ser “ilegal”.

Ronconi prestó declaración testimonial el 22 de marzo de 2017 en el STJ en Rawson advirtiendo en la misma instancia que operadores, diputados y los jueces nombrados “violentaban” dos leyes: que solamente el STJ determinada la porcentualidad salarial. Y que se habilitaba a los magistrados a iniciar acciones legales con altísimas probabilidades favorables. “Lo que a posteriori ocurrió”, expresó.

“Sabiendo que existía un acto de corrupción, siguieron adelante con un acuerdo ambiguamente redactado en beneficio propio. Buzzi expresó que el acuerdo alcanzaba sólo a magistrados y funcionarios comprendidos en el artículo 170 de la Constitución Provincial dejando fuera del convenio a gran parte de los trabajadores judiciales”. Ronconi denunció que esta situación se produjo teniéndose “pleno conocimiento de las consecuencias gravosas que el acto iba a provocar” por generarse posteriores juicios y embargos contra el Estado.

Según el Consejo, lo que se perseguía era que todos los profesionales no amparados bajaran sus salarios. “Como conocedores de las leyes, debiera conocerse que por la escala de porcentualidad no puede existir un acuerdo para jueces por la ley que fija el Superior. El acuerdo llegaba a algunos jueces y no a todos”.

El Consejo de la Magistratura decidió abrir un sumario administrativo en forma independiente a las denuncias penales que se instruyan a través del Ministerio Público Fiscal y juzgar por competencia la conducta administrativa. Y consideró admisible el trámite designando un sumariante para continuar el proceso tras el cual podría caberle a Toquier la máxima sanción dispuesta por el STJ. La denuncia que incluye aspectos estrictamente penales se conoció en agosto del 2017 aunque la causa estuvo “un año sin moverse”.

 

 

Diario Jornada

Ante el nuevo protocolo de seguridad, el delegado de ATECh y la CTA de los Trabajadores, Leandro Moreyra, informó que dirigentes sindicales mantuvieron una reunión con concejales “para presentar un posicionamiento” ya que “no puede ser que en cada movilización esté la policía cuando se tiene que dedicar a buscar a los delincuentes”.

Tras la reunión, “logramos el compromiso de los diferentes bloques de poder posicionarse. Paralelamente, se solicitó la presencia de diferentes diputados para expresarles lo mismo y pedir la posición”, indicó.

El protocolo de seguridad ante movilizaciones, implica “un control en cuanto a los medios de comunicación, las notas y demás, y que haya un responsable a quien tomarle los datos. Lo vimos en Esquel. Es una tarea para verificar a las personas que hacen reclamos, cuando todas las personas tienen derecho a manifestarse en la calle. Vivimos en una democracia y consideramos que habrá más reclamos en la medida que haya necesidades”.

“En Comodoro y en toda la Argentina hay necesidades”, cuestionó.

Ante la posible quita de determinadas exenciones, indicó que “todavía no fue tema de agenda porque lo primero que queríamos tratar es el reclamo social. Primero queríamos defender la libertad de expresión”.

Moreyra cuestionó las políticas a nivel nacional “porque el trabajador estatal no tiene mucha capacidad de ahorro. Todo va a diferentes cosas que quedan en la ciudad o la provincia”.

“Siempre vemos que este gobierno hace una discriminación a la zona patagónica”, criticó y agregó: “nos preocupa la falta de políticas públicas que incluya a los trabajadores”.

En otro orden, Moreyra cuestionó que “nos queda una docena de escuelas para la reparación. No notamos voluntad y desde la junta ejecutiva se pidió actuar legalmente porque presentamos una docena de notas y no tenemos respuestas”.

“Hay una desidia que afecta a los chicos porque en algunos lugares estuvimos más de una semana sin gas”, denunció.

Por tal motivo, consideró que “el gobierno de Arcioni tiene muchas deudas con las escuelas y nos da bronca que salga a felicitar a las universidades privadas”.

 

 

ADN Sur

La ministra de Educación, Graciela Cigudosa, participó ayer por la tarde del encuentro paritario de la Comisión de Precarización, en donde se trabaja junto con los representantes gremiales la forma en la que se irán incorporando a los auxiliares a la planta del organismo.

Cigudosa estuvo acompañada por los subsecretarios Liliana Díaz, Alejandra Von Poeppel y Paulo Cassutti en tanto que por los gremios se encontraban los representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y del Sindicato de Obreros y Empleados de la Administración Pública (Soyeap).

La ministra planteó en la mesa de discusión una propuesta superadora a la que se había alcanzado en las reuniones anteriores, cuando se estableció un cupo de 400 ingresos en octubre y otros 600 en febrero de 2019.

Ahora, la cifra de ingresos del primer grupo se elevó de 400 a 503 vacantes manteniendo como prioridad a los monotributistas y la antigüedad en el puesto. Los restantes trabajadores, hasta un total de 1000, ingresarán en la segunda etapa prevista para febrero de 2019.

“El compromiso asumido para la segunda tanda de ingresos, es inamovible. Lo fija la paritaria firmada en julio y eso se va a hacer. Nos estamos ocupando desde el Gobierno de darle estabilidad a los trabajadores empezando por quienes están en la situación más vulnerable, como por ejemplo los monotributistas”, dijo Cigudosa.

En el encuentro, la titular de Educación y los gremios acordaron como requisito imprescindible para el ingreso al Estado la presentación del certificado de antecedentes penales; quien no lo presente será desafectado de la nómina de pase a planta.

Por cada región los gremios presentaron la lista de trabajadores precarizados y los datos fueron cruzados con la base del organismo, para obtener información fidedigna. En tal sentido, para la revisión de los listados de la Región IV, se fijó un nuevo encuentro para el martes 2.

El ministro de Salud, Adrián Pizzi, encabezó este jueves en Rawson una reunión paritaria con representantes de los gremios ATE, ATSA, UPCN, SOYEAP y SISAP, en el marco de la cual el Gobierno Provincial realizó una propuesta de recomposición salarial para los trabajadores del sistema sanitario chubutense.

El encuentro se desarrolló en la sede central de la cartera sanitaria y también estuvieron presentes el subsecretario de Empleo y Capacitación, Juan Carlos Arzán; y los subsecretarios de Gestión Institucional, Fabián Puratich, y de Planificación y Capacitación, Jimena Marcos.

Alcances de la propuesta

Consultado al respecto, Puratich recordó que la reunión se realizó en cumplimiento “del acta paritaria del mes de julio, donde se había puesto como nueva fecha paritaria el 20 de septiembre”, e indicó que en la oportunidad “se hizo un resumen de lo que se ha ido avanzando dentro de los compromisos que se habían firmado en esa acta paritaria, sobre todo con respecto al pase a planta de los mensualizados por horas guardias”.

En lo que respecta a “la recompensación salarial”, “se abrió la discusión y a través del Ministerio de Salud hicimos una propuesta donde se busca reducir las sumas fijas no remunerativas que tiene el sueldo y empezar a transferirlas al valor móvil (del Convenio Colectivo de Salud) que conforma nuestro sueldo”, sostuvo el subsecretario de Gestión Institucional.

A dicha propuesta se suma, además, “la cláusula gatillo que se activaría automáticamente una vez que este el IPC (Índice de Precios al Consumidor) después que termine septiembre”, manifestó Puratich.

Por su parte, “los gremios, que se reúnen en una asamblea intergremial, trajeron una propuesta distinta, que fue escuchada, la tomamos y va a ser analizada”, de cara a la próxima reunión paritaria, que quedo estipulada para el próximo día jueves 27 de septiembre, concluyó.