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Gonzalo Carpintero

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Mediante una extensa y detallada investigación, los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli ampliaron la imputación contra uno de los involucrados en la causa “Revelación”. Se trata de Gonzalo Carpintero Paterson al que ahora le imputan el delito de “enriquecimiento ilícito de funcionario público en concurso real con omisión maliciosa de datos en carácter de autor”. El juez Sergio Piñeda escuchó atentamente los nuevos cargos contra Carpintero y ante la no oposición del defensor Federico Ruffa, dejó abierta la investigación en función de estos nuevos cargos.

En la descripción de los hechos, los fiscales dieron cuenta de manera detallada la evolución patrimonial de Carpintero que durante 13 años –desde noviembre del 2004 hasta noviembre del 2017- solo ocupó cargos públicos con ingresos formales en concepto de sueldos que no se condicen con la evolución de sus gastos y patrimonios que incluyen desde costosos inmuebles, emprendimientos comerciales como una moderna rectificadora y vehículos hasta numerosos viajes a lugares turísticos del exterior con su familia y en algunos casos, numerosos amigos.

La investigación de Iturrioz y Nápoli también efectúa constantes cuestionamientos a los órganos de contralor del Estado provincial como el Tribunal de Cuenta de la Provincia e incluso de la Municipalidad de Trelew por donde también paso Carpintero. Cada declaración jurada de bienes al ingresar en los numerosos cargos públicos que ocupó, tuvo nulos o defectuosos controles por parte de esos organismos, según entendieron los fiscales.

Al momento de describir la forma presuntamente irregular en que se intentó “blanquear” los bienes, en la investigación los fiscales también hicieron referencia a la esposa de Carpintero, sus padres y uno de sus hermanos. Los querellantes Christian Martínez y Javier Stampone por la Fiscalía de Estado y Mario Romeo por la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la investigación de los fiscales.

En el 2004 solo un WW Gol

En la descripción de los hechos los fiscales indicaron que “analizada la documentación respectiva surge que el patrimonio de Carpintero por aquel entonces estaba conformado por un único activo, un vehículo automotor Marca Volkswagen, Modelo Gol 1.6, cuyo valor declaró en la suma de $ 20.800; en tanto el pasivo estaba conformado por deuda bancaria ante el Banco Río por $ 4.000 y por un crédito prendario por la suma de $ 9.000. Los valores así plasmados informaban un patrimonio neto equivalente a $ 7.800. Los valores expuestos traducidos en valores medianamente constantes implican que el patrimonio neto del por entonces funcionario equivalía a casi tres (3) sueldos de los que este percibía mensualmente”. Ese año había sido designado Director General del Menor y la Familia, en lo que fue la primera de las tres gestiones del ex gobernador Mario Das Neves.

Agrega que en noviembre del 2007 fue designado Ministro del Menor y la Familia. “Tal presentación ya marca un hito relevante en cuanto a la evolución patrimonial del requerido. Así se aprecia que abandona los automóviles del segmento “A” (sedanes pequeños) y adquiere ya una pick-up de alta gama, en el caso una Ford, Modelo Ranger del año 2.003”, indicaron los fiscales.

En seis meses 125% de aumento de su patrimonio

Agrega que en febrero del 2008 es designado presidente del Instituto de Asistencia Social. En su declaración jurada de bienes ante el  Tribunal de Cuentas provincial anuncia que en el lapso de seis (6) meses (la última estaba fechada el 14/12/2007) la fortuna nuevamente acompañó al funcionario. En ese sentido puede verse que el Activo continuó la tendencia en alza, toda vez que ahora como vehículo automotor se declara una Pick-Up de la Marca Toyota, Modelo Hilux, valuada por el presentante en $ 90.000. Al mismo tiempo aduce también ser propietario del 50% de un “Bote Viking” por un valor de $ 10.000 e idéntica participación sobre un “Motor Yamaha” equivalente a $ 15.000. Una vez más no existen deudas, no hay pasivo, alcanzando el patrimonio neto la suma de $ 115.000 (+ $ 65.000), cifra que denota en crecimiento patrimonial del orden del 125% en un periodo de 6 meses, período en el que percibió en concepto de haberes (único ingreso) alrededor de $ 38.000. Un análisis rápido informa que ahorró más de lo que le ingresó, casi el doble, sin que tenga ningún otro ingreso legal y legítimo por el periodo escrutado”.

Los fiscales también dieron cuenta del cargo de  vice ministro coordinador de gabinete, al que asume en septiembre del año 2010 y luego como ministro de esa misma cartera. “Los padres del requerido comenzaron a incrementar de forma relevante su patrimonio, aunque hayan omitido registrar a fines tributarios tal redimensionamiento”, dijeron los fiscales en alusión al mismo periodo de tiempo investigado.

Honorarios como abogado

Carpintero es abogado pero los fiscales están convencidos de que nunca ejerció esa actividad. El fiscal Iturrioz dijo que “la investigación y el seguimiento del patrimonio de Carpintero y sus familiares llevó mucho tiempo”. Agregó que “intentó justificar su patrimonio en su trabajo jurídico pero consultadas las autoridades que ejercen el gobierno de la matrícula y los estrados judiciales de la provincia, no registra actividad profesional que le hubiera permitido embolsar ingresos”.

En la imputación destacaron que “cierto es que el concernido declara haber percibido en concepto de “Honorarios Profesionales” por el ejercicio liberal de la profesión de Abogado, la suma de $ 399.700 durante el año 2.016. El dato es falso. De esa suma un alto porcentual (casi el 78%, es decir $ 309.800) corresponden a servicios jurídicos prestados en favor de Juan Ignacio Blasco, quien reconoció jamás haber acudido al asesoramiento profesional de Carpintero, ni haberle abonado suma alguna en ese concepto. Mientras que el saldo restante pretende justificarse como generados por servicios jurídicos prestados en favor de: Chacra 187 SRL ($ 35.900) de propiedad de sus primos Cristian Antorino y Ángel Gastón Mirantes, y de su propio contador, Federico Matías Gatica -este último también imputado y detenido por la causa Embrujo- ($ 54.000)”.

Controles que no se hicieron

Los fiscales también cuestionaron a organismos de control del Estado que debieron haberse expedido respecto de las irregularidades detectadas en la declaración de bienes de Carpintero cada vez que asumía en un cargo distinto en la función pública. Para Iturrioz “Carpintero tuvo una actitud maliciosa al hacer su declaración jurada de bienes. En muchos casos nunca presentó su declaración jurada al dejar el cargo y nadie lo controló”. Su observación también incluye su paso por la Municipalidad de Trelew donde fue secretario de gobierno del ex intendente Máximo Pérez Catán entre diciembre del 2011 y diciembre 2012. Posteriormente Carpintero se desempeñó como jefe de asesores de Mario Das Neves como diputado nacional en el 2014. Y Luego en diciembre del 2015, como secretario privado del tercer mandato de Das Neves como gobernador.

“Entre diciembre del 2011 y el 2015 incrementó su patrimonio 18 veces más, teniendo en cuenta además que  en el año 2012 no percibió ningún sueldo”, indicaron.

Viajes al exterior

En la investigación los fiscales dieron cuenta también de los viajes de placer de Carpintero junto a familiares y en algunos casos numerosos amigos. En este sentido destacaron viajes a Panamá, a Brasil varias veces, Estados Unidos, Chile, el alquiler de una casa en el costoso balneario La Paloma, en Uruguay,  para 14 personas por el que se pagó 4.500 dólares, viajes a Cancún con su padre Carlos, su hermano Sebastián, primos y amigos “Los viajes denunciados revelan que el ahorro –formidable- verificado no se condice ni por asomo con un nivel de vida austero y que se compadezca con sus –magros – ingresos. Quizá a manera de ejemplo vale citar que en el viaje a Cancún, el imputado adquiere un costoso reloj marca: Tag Heuer el que de acuerdo al certificado tiene un valor de referencia (en la página oficial de la marca) de 5.900 euros. Si las variables económicas fueron pródigas con el concernido, no lo fueron menos con su grupo familiar ampliado, que incluye a su esposa, padres y hermano”.

Familiares

La investigación incluye a la evolución patrimonial de familiares directos de Carpintero, como su esposa, sus padres y uno de sus hermanos. En este sentido dieron cuenta de las adquisiciones de inmuebles y vehículos, además de la construcción de una millonaria residencia en el barrio Bonorino de Trelew y la ejecución de una planta rectificadora de motores, circunstancias que involucra a su padre. Así se refirieron ante el juez Piñeda, de “dinero volcado en una vivienda de la calle Fray Luis Beltrán, la construcción de un taller de rectificación en la calle Cadfan Hughes y un chalet en la calle Pablo Neruda en el barrio Bonorino. Esta última con materiales de alta calidad por el que pagaron casi 3.150.000 pesos. En mano de obra pagaron durante dos años una suma total de poco más de cuatro millones de pesos”, se indicó.

Marcos Nápoli, fiscal de la Causa “Revelación”, indicó a RADIO 3 que se evalúa investigar por separado el presunto enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero. Además, precisó que si bien queda en libertad, no podrá habitar la “mansión” del loteo Bonorino de Trelew.

El fiscal Marcos Nápoli indicó a RADIO 3 que la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito de Gonzalo carpintero, ex secretario privado del gobernador Das Neves, podría ser investigada por separado de la causa “Revelación”.

“Hay diferencias entre los abogados intervinientes, si debe o no separarse de la causa”, reveló el funcionario del Ministerio Público Fiscal, pero aclaró que actualmente “está siendo atendida dentro de esta misma investigación”.

Reveló que si bien este jueves quedará en libertad, no podrá ir a la “mansión” ubicada en el loteo Bonorino de Trelew. “La casa ha sido clausurada por la Justicia porque se busca asegurar que el Estado cobre el excedente que consideramos que no ha sido obtenido de manera licita”, manifestó.

“Si demostramos que (Carpintero) se enriqueció de manera ilícita, tenemos que determinar el monto -y- ese monto, el Estado tiene derecho a hacérselo para sí”, sentenció.

De esta forma el fiscal señaló que “lo vamos a intimar para que demuestre su ‘exacerbado’ crecimiento de su patrimonio durante su periodo como funcionario”, para lo cual “le vamos a dar un plazo”.

En este lapso de tiempo, el ex funcionario “deberá demostrar que su patrimonio tiene un respaldo legal”, aunque reconoció que a criterio de la Fiscalía “no lo va a poder hacer”.

Radio 3

Lo confirmó en diálogo con Radio Chubut el Fiscal que interviene en la causa, Héctor Iturrioz, quien recordó que se investiga el delito de enriquecimiento ilícito.

El fiscal dijo que las diligencias se enmarcaron en indagaciones con respecto a la capacidad patrimonial, a la resulta del patrimonio de Gonzalo Carpintero y a la capacidad económica de los “prestanombres”, que son aquellas personas que figuran como dueños de esos inmuebles.

Se trata de cinco inmuebles valuados en 36 millones de pesos.

“Esta pronto a concluirse un informe preliminar que nos va a permitir solicitar una audiencia para ampliar la imputación contra Gonzalo Carpintero”, contó el fiscal.

Agregó que ahora tienen mayores detalles sobre los bienes y una mayor comparación con la capacidad económica de Carpintero que les da a los fiscales “claras cuentas que hubo enriquecimiento ilícito con dineros de la administración pública”.

Radio Chubut

El fiscal Héctor Iturrioz confirmó ayer que imputará del delito de “enriquecimiento ilícito” a Gonzalo Carpintero. En la causa “Revelación” y luego de pericias contables y valuaciones de los inmuebles, los fiscales tienen comprobado que el exfuncionario generó esos bienes “de manera espúrea”. Carpintero cuenta con un patrimonio superior a los 36 millones de pesos, cifra que no coincide con sus ingresos formales.

El exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves, Gonzalo Carpintero, será formalmente imputado la semana próxima del delito de “enriquecimiento ilícito” en la causa “Revelación”, una de las tantas por las que se investigan las maniobras irregulares que se llevaron adelante desde la función pública y a través de una asociación ilícita conformada por funcionarios del gobierno de Mario Das Neves, durante su tercer mandato.

La imputación fue confirmada ayer por el fiscal Héctor Iturrioz, quien señaló que desde el Ministerio Público Fiscal finalizaron “las pericias” que se llevaron adelante sobre los bienes y cuentas de Gonzalo Carpintero a quien, en esta investigación, se le detectaron propiedades por un valor que supera los 36 millones de pesos.

“Para nosotros la figura de enriquecimiento ilícito, en la que ya lo habíamos imputado cuando comenzó la investigación, está comprobada. Este es el resultado concluyente que dan las pericias que sobre propiedades, bienes y sus cuentas, hemos hecho. Vamos a solicitar una nueva audiencia, que se celebraría la semana próxima, para ampliar la imputación”, señaló.

En diálogo con la prensa del valle, el fiscal advirtió que en la prueba recolectada y en la valuación de los inmuebles, “tanto los que están a su nombre como en el de otras personas”, se llegó a una cifra que supera los 36 millones de pesos, “que de ninguna manera pudo reunir si no es por ingresos espúreos”, completó.

Para avalar esa definición, Iturrioz indicó que sus ingresos desde el Estado, desde el año 2004 hasta cuando fue detenido (22 de mayo de 2018), “Carpintero pudo haber accedido a un monto de 4 millones, como máximo. Es decir que de ninguna manera pudo generar todas estas propiedades, cuentas y participaciones societarias”.

Finalmente, el fiscal aclaró que esa imputación también alcanzará “a quienes le prestaron el nombre a Carpintero para registrar esas propiedades. Ellos tampoco pueden justificar ingresos para tener esas viviendas”, completó.

El Patagónico

Los fiscales Hector Iturrioz y Marcos Napoli encabezan esta mañana un procedimiento en la zona de chacras de Bonorino, como parte de la causa Revelación.

Allí realizaron la inhibición de una vivienda propiedad del ex secretario privado de la Gobernación, Gonzalo Carpintero. El imputado se encuentra con prisión domiciliaria en otra vivienda.

Según explico el comisario Nuñez, quien participa del procedimiento, se trata de una inhibición de la vivienda y todos sus bienes de manera preventiva, para que la Justicia pueda disponer de ellos tras el juicio oral y publico.

La causa Revelación investiga el presunto pago de retornos de la obra publica y los aportes a la caja negra de la política. Varios ex funcionarios provinciales están imputados y cinco empresarios ya lograron el beneficio de la probation, mientras que varios mas solicitaran también la suspensión del juicio a prueba, es decir hacer un resarcimiento sin que ello implique culpabilidad.

El Chubut

Las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre los viajes de su jefe Roberto Baratta, prolijas y detalladas, abrieron las puertas de un posible entramado de corrupción que funcionó durante los 12 años de gestión del kirchnerismo. Eso investiga la Justicia, monopoliza la actividad en los tribunales federales de Comodoro Py, y es una onda expansiva cuyo impacto para el sistema político y para la economía del país aún no se puede dimensionar.

En las últimas semanas, ex funcionarios y muchos de los principales empresarios de la Argentina reconocieron en la Justicia el cobro y el pago de dinero negro, y hasta el propio Mauricio Macri habló de un proceso que supera en rating a las series de Netflix.

Pero este esquema de retornos y licitaciones a dedo tiene sus ramificaciones, pequeños “Lava Jato” que revelan el sistema de poder  y la vinculación entre políticos y empresarios. Un ejemplo de esto es la provincia de Chubut, donde la Justicia investiga las gestiones del fallecido ex gobernador Mario Das Neves y de Martín Buzzi; y detuvo a funcionarios del actual gobernador Mariano Arcioni y a empresarios vinculados con la obra pública.

En tres causas paralelas, denominadas como “emergencia climática”, “el embrujo” y “revelaciones”, que incluyen los delitos de administración fraudulenta, sobreprecios y asociación ilícita, están siendo investigados Diego Correa, cercano al fallecido Das Neves, y Diego Luthers, ambos secretarios de la Unidad Gobernador;  el ex jefe de Gabinete Víctor Hugo Cisterna; el  ex secretario privado Gonzalo Carpintero; y el ex ministro de Economía, Pablo Oca.  Todos ellos están detenidos con prisión preventiva.

También se encuentran imputados y procesados Alberto Gilardino, ex ministro Coordinador de Gabinete; la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; y el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez.

La tanda más significativa de capturas tuvo lugar en mayo. Por orden del juez chubutense Sergio Piñeda, a requerimiento del fiscal Marcos Nápoli, también quedaron detenidos los empresarios Patricio Musante, titular de la Cámara de la Construcción de Chubut, y Daniel Russo, Juan Salaberry, Juan Carlos Villegas, Federico Piccione, Esteban Torraca, y Oscar Peña, todos ellos también del rubro de la construcción.

El único de los empresarios que sigue detenido es Piccione, dueño de la empresa Nitens SRL y vicepresidente de la Cámara Constructora de Comodoro Rivadavia. “Está acusado de ser miembro de una asociación ilícita. Su función era recaudar cheques en Comodoro Rivadavia y acercárselos a Correa”, aseguró a Infobae el fiscal Nápoli, que instruye en la causa “Revelaciones” junto a Héctor Iturrióz.

“Nosotros estamos investigando los delitos de cohecho, pago de coimas y asociación ilícita, y teniendo en cuenta el monto que los empresarios declararon pagar nosotros tenemos probado que se trata de una suma de 250 millones de pesos, que comprende el período de tiempo de dos años de la gestión Das Neves”, reconoció Nápoli.

Similitudes con el expediente denominado “cuadernos de las coimas

Uno de los empresarios que declaró como “arrepentido” frente al fiscal Carlos Stornelli fue Carlos Wagner, que fue presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Entre otras cosas, detalló cómo era el sistema de cartelización de la obra pública mediante el cual las empresas se quedaban alternativamente con los contratos y confesó que pagó coimas.  Habló, reconoció el delito, y se fue a su casa.

Como Wagner,  Musante admitió el pago de “retornos” por la obra pública y describió cómo eran las presiones de la gestión Das Neves. Dijo, ante los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, que Diego Correa era el funcionario que fijaba los porcentajes del dinero negro. Según informó el Ministerio Público Fiscal, el empresario declaró lo siguiente: “Me llamó Diego Correa. Yo estaba en Buenos Aires. Me pasó con Das Neves y acordamos que al día siguiente nos reuniríamos. Cuando entro a su oficina me dijo: ‘a Sudelco se le acabó la coronita. Tienen que aportar como todos, así que ahora a la platita la tenés que poner. Esto lo tenés que manejar con (Diego) Correa'”.

El empresario habló, incriminó a funcionarios y quedó en libertad. No fue el único.  Juan Salaberry (Arteco SA) y Esteban Torraca (Edisud SA) también reconocieron el pago de coimas. La defensa de los tres empresarios planteó la suspensión del juicio a prueba, lo que significa que podrían ser sobreseídos del delito si cumplen con determinadas condiciones.

Este proceso que se desarrolla en Chubut, ¿puede servir de antecedente para adelantar el futuro de los varios de los empresarios más importantes del país que se arrepintieron ante Bonadio y Stornelli, representantes de firmas como Techint, Electroingeniería, Iecsa, Isolux, EMEPA, o el grupo Roggio?

En esta línea, los tres empresarios de la construcción (los chubutenses Musante, Salaberry y Torraca) propusieron a modo de resarcimiento efectuar obras y reparaciones en establecimientos públicos ubicados en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Trelew y Gaiman. La Oficina Anticorrupción de Chubut y tres diputados del Frente para la Victoria, que forman parte de la querella, se oponen a esta posibilidad. El juez Piñeda fijará su postura en una audiencia que se desarrollará este viernes 24 de agosto.

“La pena por este tipo de delitos es de uno a seis años de prisión en suspenso y tienen el atenuante de carecer de antecedentes; y un recupero económico cuyo monto máximo es de 90 mil pesos, algo que no tiene sentido. Nosotros queremos recuperar el dinero de los empresarios, hablamos de un monto de más de un millón de pesos por cada empresario, según la capacidad de cada empresa”, destacó ante la consulta de Infobae el fiscal Iturrióz. La Justicia tiene en la mira a más de una decena de empresarios.

“Un millón como mínimo para los empresarios chicos. Los grandes entre tres y cinco millones”, agregó el funcionario judicial, y amplió: “Es diferente del proceso que sigue la justicia federal (en relación a la causa de los cuadernos)  porque allí está la posibilidad de la figura del arrepentido colaborador, que reduce las penas de un tercio a la mitad y descarta la posibilidad del recupero económico”, agregó el funcionario judicial.

Buzzi, Das Neves y Arcioni

La investigación judicial contra funcionarios y ex funcionarios de la administración provincial cobró fuerza cuando en un allanamiento en uno de los domicilios de Correa se secuestró un registro contable fraudulento que da cuenta de pagos y retornos de dinero negro vinculado a contratistas de obra pública, en donde se menciona, por ejemplo, al propio gobernador Arcioni y también a familiares de Das Neves (a mediados de mayo se allanaron propiedades de su viuda, Raquel Di Perna, y de su hija Mariví Das Neves).

Según los fiscales Parodi e Iturrioz, no solo se investigan los dos años de la última gestión Das Neves (2015-2017, hasta que murió), sino que también el gobierno de Martín Buzzi (2011-2015) y el actual de Mariano Arcioni. Sobre este último, el fiscal Iturrióz señaló: “La constitución veda el sometimiento a proceso del gobernador en curso, pero nada dice de que sea investigado”.

Parodi, por su lado, amplió: “Apareció una planilla en donde el actual gobernador aparece cobrando un sobresueldo, pero no lo tenemos corroborado. Es más, tenemos datos de que a partir de su llegada se cortó el pago de las coimas”.

Un dato de color u otra similitud con la investigación a nivel nacional: el particular punto de largada. Como la insólita aparición de los cuadernos de Centeno, en Chubut fue un caja anónima dejada en la Legislatura, con documentación sobre sobresueldos en el manejo de la emergencia climática de Comodoro Rivadavia del año pasado, lo que destapó otro esquema de corrupción vinculado a la función pública.

 

Infobae