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El proyecto votado por Diputados excluyó de la suspensión de la movilidad a los 4.938 jubilados de la ley N° 24018 que perciben un haber promedio de $ 210.000 y un haber máximo que puede duplicar esa cifra, según un Informe de la ANSeS.

La ley N° 24018 comprende a las asignaciones mensuales vitalicias para el «Presidente , Vicepresidente de la Nación y Jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Regímenes para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas”.

Si bien esta ley establece requisitos diferenciados según los cargos fija “el 82% de la remuneración total sujeta al pago de aportes correspondiente al interesado por el desempeño del cargo que ocupaba al momento de la cesación definitiva en el servicio”.

La diputada massista Mirta Tundis dijo luego de la aprobación que se creará una comisión especial para determinar de qué modo se incluirán en la suspensión a los magistrados del Poder Judicial y a los ex presidentes y vicepresidentes.

«Para evitar litigiosidad en regímenes especiales se hace revisión con actuarios sobre base de ingresos», dijo, por su parte, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, aludiendo a la preocupación del oficialismo por evitar juicios futuros en caso de que se incluya a los jueces y ex funcionarios en el congelamiento de la movilidad.

Esa determinación generó un debate dentro de la Cámara durante la votación en particular del artículo 51 del paquete de leyes de emergencias, que es el que suspende por seis meses la actualización automática de las jubilaciones.

El presidente Alberto Fernández se reunió este martes al mediodía con todos los gobernadores del país, a excepción del de Tierra del Fuego, Gustavo Melella. Fue con el fin de firmar una “suspensión” provisional de la aplicación del Pacto Fiscal, que se había rubricado en noviembre de 2017 con 19 mandatarios provinciales para reducir impuestos distorsivos como Ingresos Brutos, tal como había anticipado ADNSUR.

El acuerdo contempla la suspensión por un año, hasta el 31 de diciembre de 2020, la vigencia de algunos puntos del consenso alcanzado hace dos años y su modificatorio.

Según se indicó, la decisión se adoptó a raíz de la grave crisis económica que impacta especialmente en los estratos más bajos de la sociedad.

Esto tiene que ver, por ejemplo, con las demandas de los estados al gobierno de Macri por ver afectados sus ingresos por coparticipación causa del decreto 561, que en el caso de Chubut le generaron pérdidas en ingresos estimados en 500 millones, pero hasta el momento sólo hubo un reintegro por poco más de 80 millones de pesos. De llevarse adelante, las provincias deberían dejar en suspenso sus demandas en la justicia ante el Estado Nacional.

Según se establece en el documento, el plazo será prorrogable sucesivamente por períodos de la misma extensión. Y dentro de los treinta días de la suscripción, los poderes ejecutivos de las provincias, de la CABA y del Estado Nacional elevarán a sus poderes Legislativos, proyectos de ley para aprobar el presente acuerdo “modificar las leyes necesarias para cumplirlo, y autorizar a los respectivos poderes ejecutivos para dictar normas a tal fin”, se señala en el borrador al que accedió esta agencia de noticias.

Reunido en la histórica sede radical de Alsina 1786 de esta capital, el plenario inició el encuentro en el que respaldará una nueva gestión de Cornejo como titular de la UCR, luego de un acuerdo alcanzado entre las diferentes líneas internas y con la mirada puesta en el rol opositor que jugará el partido en el nuevo escenario político.

Sin embargo, el inicio se vio empañado por una trifulca entre militantes de distintas facciones, que terminó con un grupo disidente -crítico de la alianza entre la UCR y el PRO- imposibilitado de ingresar al salón donde se debate.

La reunión arrancó con un informe de gestión dado por Cornejo sobre los dos años de gestión al frente del partido (2017-2019).

Según fuentes partidarias, tras el plenario el radicalismo emitirá un documento final que, entre otras cosas, ratificará la pertenencia del partido a Juntos por el Cambio y la posibilidad de incorporar nuevos socios a la ahora alianza opositora.

Otro punto fundamental a definirse será quiénes secundarán a Cornejo como vicepresidentes y en la secretaría general, lo que aún no fue acordado, pero fuentes partidarias señalaron que esos cargos podrían ser ocupados por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales o por el dirigente porteño Enrique «Coti» Nosiglia.

La nueva conducción también tendrá que definir quién será el nuevo titular de la Auditoría, ya que mientras el ex presidente Mauricio Macri proponía a su ex candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, en la UCR proponían que ese lugar lo ocupe el actual auditor y ex ministro Jesús Rodríguez.

Transcurridos los primeros días de gestión, el intendente Juan Pablo Luque ya planteó los temas que son prioritarios en su agenda: la planificación de la ciudad, la atención en la cuestión social, la consolidación de una municipalidad moderna y transparente y la defensa de los intereses de la región por sus aportes productivos. Lo marcó en su discurso de asunción, lo confirmó en la primera reunión de gabinete y lo ratificó en el acto del día del petróleo.

En cuanto a las primeras recepciones de su mandato, Luque expresó que «me emociona el respaldo y la confianza de la gente. El pueblo nos eligió y nosotros debemos cumplir nuestro compromiso de trabajar para que vivan en una ciudad cada vez mejor. Digo nosotros porque esta no es mi gestión personal, sino que pensé minuciosamente cada nombre de este gabinete, cada área, cada función alrededor de ese proyecto de ciudad que necesitamos transformar entre todos».

«Quiero aprovechar para agradecer nuevamente a la gente por confiar una vez más, por mantener la esperanza a nivel local y nacional, después de cuatro años lamentables de un gobierno central que no estuvo a la altura de las necesidades de la gente y que la gente se lo hizo saber en las urnas», destacó.

En este sentido, el intendente reconoció tener plena confianza en el gobierno de Alberto Fernández «porque nos va a generar un vínculo federal que habíamos perdido. La Patagonia sur y central prácticamente no existió para la gestión saliente». Y puntualizó que «en los primeros días de gobierno ya se decretaron medidas concretas, que algunos pueden estar de acuerdo o no, para eso estamos en democracia, pero son resoluciones pensando en los más desprotegidos y en tratar de ir solucionando todos los gravísimos problemas sociales que dejó Macri».

«En Comodoro -apuntó- también iremos en esa línea. Atender la cuestión social es fundamental, en paralelo a la planificación de la ciudad. Por eso ya advertimos que queremos que se discuta la coparticipación. Los municipios y provincias petroleras merecemos recibir mucho más y con esos fondos mejorar notablemente la calidad de vida de la gente que vive en este suelo productivo».

o que amenazaba con ser una tormenta tropical terminó en apenas una garúa. Los presidentes de cámaras federales de todo el país, reunidos ayer en Resistencia, Chaco, apenas si debatieron problemas de funcionamiento del Poder Judicial y no se pronunciaron sobre las críticas de Alberto Fernández a la Justicia Federal, dijeron a LA NACION participantes del encuentro.

Fernández había dicho en su discurso de toma del mando en el Congreso que vio en tribunales «persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias inducidas por los gobernantes y silenciadas por cierta complacencia mediática». Por eso prometió: «Nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, ‘operadores judiciales’, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos».

Alberto Fernández dijo que mandará leyes de reforma al Congreso «en los próximos días», aunque el asunto se pospuso ahora uno o dos meses hasta después del verano.

Algunos de los jueces federales de Comodoro Py coincidieron con el diagnóstico de Fernández, pero la mayoría rechaza esta idea del Poder Judicial y la justicia federal.

Al punto es así que anteayer la Cámara Federal reeligió como su presidente a Martín Irurzun, el camarista que para Fernández y su vicepresidenta Cristina Kirchner es uno de los íconos de la Justicia que denuncian. Los camaristas le dieron respaldo a Irurzun como un mensaje interno a todo el Poder Judicial, según comentaron a quien quisiera escuchar.

Con esta impronta llegaron al Chaco los presidentes de las Cámaras Federales de todo el país, algunos de ellos dispuestos dar la batalla para introducir en un documento las quejas contra el diagnóstico del Presidente. La ocasión fue la celebración del 70 aniversario de la Cámara Federal de Resistencia.

Pero no lograron nada de ello. La Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales debatió en cambio un orden del día que pasa por reclamar cuestiones de organización, por ejemplo, que el producido de la venta de bienes secuestrados se deposite en cuentas bancarias a nombre del tribunal que hizo el procedimiento, pedir vehículos oficiales, reclamar por problemas con el sistema informático Lex 100, demoras en la renovación de contratos, en los avances de obras, o los problemas de la Cámara Federal de Seguridad Social en materia de infraestructura y recursos humanos, entre otros.

Los jueces del interior no apoyaron las ideas de sus colegas porteños e interpretaron que los cuestionamientos presidenciales estaban más dirigidos a Comodoro Py que a la totalidad de la Justicia Federal.

Al mismo tiempo primó la idea de que primero hay que ver y analizar los proyectos de ley que prepara el Poder Ejecutivo para hacer reformas a la Justicia y luego pronunciarse.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, finalmente decidió no concurrir al acto de cierre de la celebración del aniversario de la Cámara Federal chaqueña.

El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, llegó al acto central para participar del homenaje. Algunos de los jueces que participaron de la reunión se mostraron desencantados ante la ausencia del magistrado en las deliberaciones y que solo llegara para el cierre.

Los jueces elaboraron un documento final y elevarán a Rosenkrantz esa conclusiones para que sea el vehículo de sus reclamos. En otras ocasiones los pronunciamientos de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales fueron disparadores de grandes cambios en la política judicial.

En 2013, en abril, el organismo le presentó a la Corte Suprema una serie de observaciones a los denominados proyectos de ley para la «democratización de la justicia».

La Corte recibió esos reclamos al tiempo que los proyectos pasaban por el Congreso. Pero luego, pronunciamientos judiciales concordantes con los planteos del organismo, determinaron que la promovida «democratización de la Justicia» del kirchnerismo quedara en la nada.

Asimismo, esta junta también formuló objeciones al procedimiento de designación de jueces subrogantes, lo que fue acogido por la Corte que declaró la inconstitucionalidad de ese mecanismo y estableció nuevas pautas.

Los jueces y los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández se volverán a ver las caras pasado mañana, cuando se realice la cena de fin de año de la Asociación de Magistrados en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero.

Es una ocasión donde se reúnen al menos 500 jueces nacionales y federales, fiscales y funcionarios judiciales. El presidente de la Asociación, el camarista, Marcelo Gallo Tagle, prepara un discurso de bienvenida al nuevo gobierno, medido, sin estridencias. El mismo tono promete la respuesta de la ministra Losardo, quien confirmó su asistencia, al igual que Rosenkrantz.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, ratificó que el Gobierno dispondrá medidas de recuperación de salarios y asignaciones jubilatorias en los próximos días, parte de las cuales serán incluidas en el proyecto de Ley de solidaridad y reactivación productiva.

«Lo que se ha hecho durante el gobierno del ex presidente (Mauricio) Macri con las asignaciones de jubilados y jubiladas es inaceptable y es muy grave; en el único año en que la economía creció se decidió cambiar la ley para no compartir el crecimiento» con los integrantes del sector pasivo, afirmó en rueda de prensa.

 

Ocupará la estratégica Vicejefatura de Asesores de la Presidencia de la Nación, secundando a Juan Manuel Olmos. Tendrá la misión de sobrevolar las diferentes áreas de Gobierno, proponiendo acciones directas al Presidente.

Un comodorense ya fue confirmado en la estructura del nuevo Gobierno nacional. El Presidente electo, Alberto Fernández, designó como vice jefe de asesores a Julián Leunda, abogado de 29 años nacido en esta ciudad y egresado con ese título de la Universidad de Palermo, detalla El Patagónico.

Dependerá del jefe de asesores, que será Juan Manuel Olmos, y ambos tienen la “directiva de sobrevolar las acciones de las diferentes áreas del Gobierno. En paralelo, la Jefatura de Asesoores trabaja en la conformación de un consejo de seis miembros”, según destaca este domingo el diario La Nación.

“Alberto Fernández pidió a los asesores presidenciales que hagan un trabajo transversal a todas las áreas de Gobierno. Van a tener un rol político y de asistencia en todos los temas que le pida” el Presidente, se informó.

Historia

Alberto Fernández y Juan Manuel Olmos se conocen desde hace 20 años. Y Julián Leunda y el nuevo Jefe de Estado, desde hace poco más de dos años, cuando el comodorense ya estaba cumpliendo funciones directivas en C5N y en el diario Ambito Financiero, del Grupo Indalo. A raíz de esa tarea, desarrolló contacto diario con el hoy Presidente de la Nación que lo llevó no sólo a compartir tareas profesionales sino también a estrechar vínculos personales a partir de la pasión por la música de Fernández.

Julián Leunda fue uno de los organizadores, junto al periodista Sebastián Guerreiro, del último recital del grupo 113 Vicios en el Predio Ferial en 2013. Ese show, presenciado por aproximadamente 9.000 personas, fue el punto de partida para la realización del documental “Desde el Sur hacia ninguna parte”, que materializó luego Guerreiro.

También en esa época tuvo a su cargo, desde Rada Tilly, la edición del semanario “El Marqués”, a partir del cual comenzó a desarrollar contactos con dirigentes políticos y sociales de la provincia, que luego, desde C5N y Ambito Financiero, extendería a todo el país.

Este conocimiento le valió para zanjarle el camino al futuro Presidente en su contacto con dirigentes provinciales y comunales un tanto alejados del kirchnerismo en el armado de lo que luego sería el Frente de Todos, coalición política que gobernará la Argentina desde este martes.

En la comitiva

Si bien mantenía relación directa con Alberto desde hace al menos dos años, la figura de Julián Leunda fue “descubierta” por cronistas políticos cuando integró la comitiva que acompañó al Presidente electo durante su visita protocolar a México, donde se reunió con el mandatario Andrés Manuel López Obrador. “Leunda tiene una estrecha relación con el Presidente electo, pero el vínculo quedó recién a la luz pública cuando fue elegido para acompañar a Alberto Fernández a México. Viajó al Distrito Federal junto a Juan Pablo Biondi, a cargo de la comunicación presidencial, la economista Cecilia Todesca y el asesor Miguel Cuberos. Aunque Leunda trajinó largamente conversaciones con gobernadores e intendentes, aquella primera gira de Fernández fue finalmente el momento en que destacó su nombre en el entorno íntimo del nuevo Presidente”, consignó este domingo el diario La Nación.

Hincha de River Plate, el comodorense Julián Leunda realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio del Sol y se recibió de abogado en la Universidad de Palermo. Desde este martes, tendrá una oficina en el primer piso de la Casa Rosada, a pocos metros del despacho presidencial.

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo hoy que «el ajuste de este gobierno llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación», al referirse al aumento de los casos de sarampión en el país, y dijo que esta situación hay que «corregirla con urgencia».

«Ya son 61 los casos confirmados de sarampión porque el ajuste de este Gobierno llegó a la inmoralidad de no garantizar la vacunación. Estos son los efectos de cumplir con el programa del FMI a cualquier precio. Debemos corregirlo con urgencia», publicó Fernández en su cuenta de Twitter.

El economista y diputado reemplazará a Jorge Todesca en el instituto estadístico. Descartó que su padre, Roberto, se incorpore al Gabinete de Alberto Fernández.

Marco Lavagna confirmó que asumirá la conducción del Indec a partir del 10 de diciembre y estimó que la inflación para 2020 podría llegar al 40 por ciento. «El arrastre que deja Mauricio Macri es muy grande», manifestó.

El diputado nacional, que reemplazará a Jorge Todesca en el instituto estadístico, agradeció la propuesta y reveló el motivo por el que aceptó trabajar en el organismo. «Alberto Fernández me ofreció el cargo y lo que más me gustó es que quería tener en el Indec a una persona que no sea de su espacio político, que sea técnico para darle independencia», afirmó en diálogo con radio La Red.