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Tras reiterar la ilegitimidad del “régimen de Maduro”, el gobierno nacional suspendió la exención de visas en pasaportes diplomáticos y oficiales; “Venezuela vive bajo una dictadura”, sostuvo Macri en Twitter

Através de un comunicado difundido por la Cancillería Argentina, el Gobierno argentino “desconoce la legitimidad del mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro”, condena “la ruptura del orden constitucional” y ratifica “su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país”.

De acuerdo al comunicado, el mandato iniciado en el día de la fecha por Nicolás Maduro “resulta del proceso electoral del 20 de mayo de 2018 cuya legitimidad fuera oportunamente desconocida por la República Argentina”.

A través de un comunicado de la Cancillería, el Gobierno fijó su posición horas después de que el presidente Mauricio Macri afirmara, a través de su cuenta de Twitter, que “Venezuela vive bajo una dictadura” y que Nicolás Maduro “intenta burlarse de la democracia”.

En este contexto, el documento de la Cancillería da cuenta de que la Unidad de Información Financiera (UIF) “emitirá un alerta al sector financiero y bancario sobre los riesgos de realizar operaciones con empresas públicas venezolanas o controladas por el Estado venezolano”.

“No importa cuántos trucos intente (Maduro) para perpetuarse en el poder, su investidura como Presidente ahora carece de la autoridad de las urnas y también de credibilidad internacional”, afirmó Macri, y agregó: “Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido. Pero él no es la víctima, Maduro es el victimario”.

El Palacio San Martín informó que el gobierno argentino “desconoce” la asunción de Maduro, la cual -dice- “resulta del proceso electoral del 20 de mayo de 2018, cuya legitimidad fuera oportunamente desconocida por la República Argentina”.

El pronunciamiento del Gobierno argentino está en línea con la declaración del Grupo Lima del pasado viernes, en la que le pidió a Maduro no asumir y transferir el poder al Parlamento de mayoría opositora, mientras se convocan “elecciones democráticas”.

El documento agrega que “al tiempo de condenar la ruptura del orden constitucional y el estado de derecho en Venezuela, la República Argentina ratifica su pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional como único órgano democráticamente electo en dicho país”.

Asimismo indicó que el Gobierno argentino comunicó a Venezuela “la suspensión del Acuerdo de Exención de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales con dicho país, prohibiendo el ingreso a la República de integrantes de alto nivel del régimen venezolano”.

Dejó en claro que la Argentina “continuará denunciando las violaciones de derechos humanos y condenando la ruptura del orden democrático en Venezuela tal como se ha venido haciendo desde la asunción del Gobierno por parte del Presidente Mauricio Macri”.

Consecuente con esta posición -agrega-, el Gobierno argentino “solicitó a la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional, junto a otros países, el inicio de una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en ese país y promovió la suspensión de Venezuela en el Mercosur en virtud del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”.

Además en el ámbito de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Argentina“sostiene la necesidad de aplicar a Venezuela la Carta Democrática Interamericana”.

En el plano bilateral, la representación de la Argentina en Caracas “cuenta desde octubre de 2015 sólo con Encargado de Negocios y se han suspendido las negociaciones comerciales y los mecanismos de diálogo político”.

Sostiene que la Embajada Argentina en Venezuela “continuará trabajando para brindar asistencia a los connacionales residentes en dicho país, defendiendo los intereses de empresas argentinas, y manteniéndose en contacto con las organizaciones y movimientos democráticos que consultan a nuestro país”.

Y destaca que “singularmente importante es la acogida que, con brazos abiertos, la Argentinaha brindado a más de 130.000 migrantes y refugiados venezolanos que escapan de crisis política, económica y humanitaria que vive su país, retribuyendo el apoyo que Venezuela diera a los exiliados argentinos durante la última dictadura militar”.

Portal de Noticias

Hubo rechazo de varios sectores a la decisión del Gobierno Provincial. «Una cosa es prevenir y otra causar terror», indicaron funcionarios cordilleranos. Algunos intendentes contradijeron la medida de Provincia y ratificaron realización de sus fiestas populares.

Comerciantes, emprendedores turísticos y funcionarios de las comunas de la comarca andina del Chubut, discreparon sobre las medidas que tomó el Gobierno Provincial para mitigar los efectos del brote de hantavirus que tiene como epicentro a Epuyén, y cuyas consecuencias temen que se traslade al turismo que está en plena temporada. Incluso, intendentes aliados políticamente con el gobernador Mariano Arcioni contradijeron la medida del Gobierno y anunciaron que realizarán sus fiestas populares.

Frente al brote que se cobró 6 vidas y con 23 casos confirmados, el Gobierno del Chubut anunció la suspensión de las fiestas populares que incluyen recitales y eventos al aire libre como la «Fiesta de la Fruta Fina» en El Hoyo, la «Fiesta del Asado» en Cholila, la «Fiesta del Tren a Vapor» en El Maitén y la «Fiesta del Bosque» en Lago Puelo, a la que se sumó la Fiesta del Artesano en Epuyén, que fue la que originalmente se canceló. En total fueron 12 las fiestas postergadas.

«LA FIESTA DEL BOSQUE SE REALIZA»

La primera intendencia en reaccionar frente a la medida que según las autoridades sanitarias «tiene un fin preventivo para evitar la propagación del virus», fue la municipalidad de Lago Puelo, aliada políticamente con el gobernador Mariano Arcioni, cuyo intendente Raúl Ibarra anunció que «se tomarán todas las precauciones pero la Fiesta del Bosque y su entorno se realizará normalmente».
«Para la fecha en que está prevista realizar el evento que va del 15 al 17 de febrero se estima que el pico del brote habrá sido superado y la situación estaría volviendo a la normalidad», expresó el intendente.

En el mismo sentido, la secretaria de Turismo de Lago Puelo, Marcela Zambrano, aseguró que «la actividad turística se está desarrollando con total normalidad a punto tal que el camping está lleno, hacemos ferias y fiestas en la ciudad con mucha concurrencia y no hemos tenido problemas».

Zambrano habló ayer en FM EL CHUBUT y dijo que «a todos nos sorprendió» la postergación del Gobierno «porque estamos trabajando en conjunto con el área de Sanidad del Hospital de Lago Puelo y el director del Area Programática Esquel, Pablo Noveau, siempre vamos en conjunto para dar la información necesaria, así que esta noticia nos tomó por sorpresa».

«A Lago Puelo los tiempos nos dan y estamos decidiendo; pero si hay cambios se van a anunciar», dijo la funcionaria, para señalar que el intendente Ibarra estará participando de un encuentro comarcal alusivo en las próximas horas.

En el medio de este anuncio, Ibarra ha sufrido la pérdida de su madre, por lo que en la víspera hubo duelo en esa localidad.

FUERTE IMPACTO

El brote de hantavirus ha impactado en la zona. «Y nos estuvimos reuniendo los representantes del Municipio a nivel turístico y realmente estamos ocupándonos de ese impacto. Si bien hubo algunas bajas, pero fueron en un primer momento cuando se necesitaba información», dijo Zambrano, de Lago Puelo.

«El fin de semana, tuvimos un éxito total en la Fiesta de las Colectividades -continuó-, con participación importante de gente, muchos turistas y locales y la verdad que fue para disfutar y compartir. Estuvo llegando gente y sigue llegando. Hubo una repercusión que es lógica, pero los visitantes siguen llegando y disfrutan».

Hay una ocupación de un 75 por ciento y «lo importante y lo principal es que la gente se está informando, los centros de informes estan disponibles para sacar cualquier duda. En Puelo no hay ningún caso ni nada que nos alerte para detener las actividades previstas para el período estival», dijo Zambrano.

«CAUSAN TERROR»

Por su parte, la delegada en Esquel de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Lilia Kinsella reconoció que «hay amigos que nos eligieron como destino que llaman preocupados para saber cuál es la situación real y cambian el temor que tienen cuando le aportamos información y datos reales, porque una cosa es prevenir y otra causar terror».

La preocupación de la FEHGRA se remonta al antecedente de lo que ocurrió en la localidad rionegrina de El Bolsón en 1996, cuando fallecieron más de 15 personas a raíz de un brote que tuvo efectos devastadores para el turismo con la caída de todas las reservas en esa comarca.

Desde el Gobierno provincial niegan que «la difusión y el tono que se le quiera dar a los partes diarios que emite Salud sean perjudiciales porque nuestro deber es ser objetivos, e informar lo que ocurre porque estamos para prevenir y lo hacemos con la mayor seriedad».

El Chubut

La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti.

La Cámara Federal porteña revocó este viernes los procesamientos por asociación ilícita, dictó la falta de mérito y excarceló a ex secretarios y empleados de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos el jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti, en la causa que investiga supuesto pago de sobornos a raíz de los cuadernos de la corrupción, informaron fuentes judiciales.

También quedaron en libertad los exsecretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. Todos ellos estaban detenidos en el penal de Marcos Paz. El también ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez fue excarcelado anteriormente al haber declarado como arrepentido.

El 22 de octubre pasado, el juez Claudio Bonadio los procesó con prisión preventiva por considerarlos miembros de una asociación ilícita que comandaron “Néstor y Cristina Kirchner” y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado.

En una extensa resolución, Bonadio había señalado que se vislumbraba la participación de todos ellos, “en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa”.

Para el magistrado,  “existió el propósito colectivo para organizarse con el fin de cometer delitos en forma indeterminada y permanente.”

“La prueba recolectada en estas actuaciones dejó al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudación que funcionaban en el ámbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el transporte, cada uno de ellos con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas que obtenían dichos contratos”, recordó en ese momento Bonadio.

Para procesar a los ex secretarios y colaboradores de los Kirchner, Bonadio utilizó -entre otros- los testimonios del ex piloto de la flota presidencial, Sergio Velázquez, y de personal de la Fuerza Aérea. “De estos testimonios se desprende que había equipaje de la comitiva presidencial que se subía al avión sin ser controlado por el escáner, circunstancia que generó reclamo de alguno de los pilotos para que se cumpla con tal requerimiento por que implicaba un riesgo para la seguridad del vuelo, siendo esto ignorado por los pasajeros de la comitiva”, remarcó.

Clarin

Así lo indica un trabajo de la Universidad Austral, que también compara los índices de transparencia con los demás gobiernos de la región.

Ese porcentaje lo ubica por encima de legisladores, jueces, policías y empresarios. También por encima del promedio respecto de quienes ejercen la misma institución presidencial en Latinoamérica (50%).

“El primer mandatario (Mauricio Macri) y sus funcionarios superan la media latinoamericana de corrupción junto a los empresarios argentinos. No le va mejor a los parlamentarios, la policía o los magistrados que son percibidos con altos índices de sospecha de estar implicados en hechos de corrupción”, señaló el coordinador del estudio, Marcelo Bermolén, profesor de la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral.

Entre las conclusiones, destaca: “Además, si ya era delicado que en 2017 el 61% de los argentinos consultados por Latinobarómetro creyeran que la lucha contra la corrupción no había progresado, más relevante es aún que el 56% de los encuestados en 2018 expresen que perciben un aumento de la corrupción”.

Si bien esos valores están por debajo del promedio de América Latina, son lo suficientemente altos para encender las alarmas del gobierno nacional y analizar con detenimiento la eficacia -o ineficacia- de las políticas de combate a la corrupción desde la percepción social.

La encuesta sobre corrupción del Foro Económico Mundial (WEF) refleja que continúa la tendencia de ligera mejoría en la calificación respecto al “Desvío de fondos públicos” y “Pagos irregulares y sobornos”. Pero lo cierto es que la Argentina integra el lote de países con peores indicadores, situándose para el primer valor en el puesto 121º y para el segundo en el 98º. Mostrando en conjunto una notoria falta de avances.

Una última encuesta del WEF referida a 16 “factores que limitan la capacidad de hacer negocios” en Argentina, muestra una perdida de peso relativo de la corrupción entre esos rubros respecto del año anterior, cayendo de la cuarta posición a la séptima. Si bien, una primera lectura permitiría pensar en una mejora de las condiciones de este factor, lo que habría sucedido es una agravamiento de las otras condiciones en un contexto de inestabilidad político económico y notables dificultades. Adquieren una mayor relevancia en el ultimo año, condiciones tales como la inestabilidad, las regulaciones laborales o la burocracia ineficiente que se suman a la inflación, las altas tasas de impuestos y el financiamiento como factores centrales.

“El comportamiento ético de los empresarios del país obtiene una de las peores evaluaciones a nivel mundial (puesto 130° sobre 137 lugares)”, afirmó Bermolén.

Portal de Noticias

La jueza de garantías Mirta Moreno resolvió abrir la investigación por nuevos hechos y además imputar a más personas en la causa que investiga la adquisición irregular de elementos y alimentos que en principio iban a ser destinados a la emergencia climática que vivió la ciudad de Comodoro Rivadavia entre marzo y abril del año pasado.

Los fiscales generales Omar Rodriguez y Alex Williams realizaron la descripción de cinco hechos que consideran ilegales y que involucra a ex funcionarios provinciales y a proveedores del Estado. En algunos casos los elementos adquiridos por el gobierno de entonces nunca llegaron a destino. En otros casos se pagaron sobreprecios a cambio de retorno de dinero que los proveedores entregaron en mano a algunos de los funcionarios involucrados.

Se trata de la adquisición de leña, colchones, frazadas, pañales, alimentos secos, fardos de pasto, pañales y agua mineral, entre otros. Los imputados por estos hechos son los ex funcionarios Alberto Gilardino, Vanina Barale, Marcelo Suárez, Diego Correa, Diego Lutter, Leticia Huichaqueo. Por parte de los proveedores, los nuevos imputados son Marta Franco, Cecilia Sadava, Bruno Taurelli, Estanislao Giniguerra y Guillermo Williams.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Blanquería que nunca llegó

El primero de los hechos se refiere a la provisión de colchones, mantas y toallas efectuadas por “Blanquería Matices” de Marta Franco, una de las nuevas imputadas en la investigación. La compra fue por casi 3 millones de pesos y los elementos adquiridos nunca llegaron a destino. Desde el Ministerio de la Familia de iniciaba el trámite para la adquisición que era refrendado desde la privada del ex gobernador Mario Das Neves, además del Ministerio de Coordinación de Gabinete que conducía Gilardino para que se agilicen los pagos.

El segundo de los hechos involucra a Bruno Taurelli en carácter de proveedor de leña, fardos de pasto, verdura, artículos de limpieza, papas, cebada por parte de “La agrícola S.R.L”. El pago total por parte del Estado fue de 3.141.000 pesos “sin que exista correspondencia entre el pago y la mercadería entregada”, tal como indicaron los fiscales. En algunos casos los expedientes no se pagaron merced al secuestro oportuno de los mismos que realizaron los fiscales. Se sospecha que se utilizaron facturas falsas y que el sobreprecio de la mercadería orillaba el 200%.

Los retornos

La fiscalía tiene datos que los funcionarios cobraron 250.000 pesos de retorno y que fueron entregados personalmente en la casa de Diego Correa. Los elementos en muchos casos no ingresaron nunca en los depósitos del Gobierno y en este sentido se considera clave el papel que cumplía la funcionaria Viviana Barale. Luter, desde la secretaría privada de la Unidad Gobernador anotaba minuciosamente las compras y los pagos, y también los retornos, además de mantener fluidos contactos con los proveedores.

Otro de los casos investigados es el de la provisión de colchones, frazadas, sábanas, mantas polares y toallas que realizó Estanislao Giniguerra de “Mall Don Bosco”. En este caso se cree que se vendieron y se cobró por 1.800 colchones y se entregaron solo 17, y sobre 430 sábanas se entregaron 134. El “retorno” del que se hacían los funcionarios se cree que fue de 1.200.000 pesos. La venta fue de $6.814.530. A través de escuchas telefónicas, los fiscales comprobaron la existencia de los retornos.

También está imputado como proveedor Guillermo Williams de “Thor S.R.L.” vendedor de colchones que nunca llegaron a destino. También en este caso los fiscales abortaron algunos pagos irregulares tras el secuestro de expedientes, a principios de la investigación, a mediados del año pasado. El titular de la cuarta empresa fue imputado por facturar más de 2 millones por la venta de colchones, que nunca se habrían entregado. “En realidad la venta nunca se realizó”, dijeron los fiscales.

Agua mineral con sobreprecio

Uno de los casos emblemáticos es el de la adquisición de 1.500 botellas de agua mineral. El kiosco “Emanuel” de Trelew no hizo más que revender las botellas que habían sido adquiridos a la distribuidora “Friosur” de Trelew. Lo hicieron a un sobrecosto del 200% cuando en realidad bien pudieron ser adquiridos a “Friosur” que también era proveedor del Estado. Los fiscales aseguraron que el kiosco “Emanuel” ni siquiera “tenía la capacidad de almacenar en su local la cantidad de botellas que luego le vendió a la Provincia”. En este caso la imputada es Cecilia Sadava.

En todos los casos desde el Ministerio de Familia (Suárez, Huichaqueo y Barale) se iniciaba el trámite y fraguaba documentación de los elementos habían ingresado a los depósitos, y desde la Unidad Gobernador y la Coordinación de Gabinete (Correa, Luter y Gilardino) se decidía el pago y que ingresen los “retornos”.

Las imputaciones

Los ex funcionarios provinciales están imputados del delito de “defraudación con administración fraudulenta, en carácter de coautores en la modalidad de delito continuado. Los proveedores Sadava, Giniguerra, Williams, Taurelli y Franco, están imputados del delito de “defraudación y administración fraudulenta en carácter de partícipes primarios”.

Los defensores Fabián Gabalachis, Emilia Galende, Omar López, Miguel Moyano, Javier Romero y Lisandro Benítez no se opusieron a la apertura de investigación. López realizó algunas observaciones técnicas a la descripción de los hechos y la jueza Moreno profundizó en el mismo sentido, a la vez que le pidió a los fiscales que en caso de prosperar el proceso y llegar a la instancia de la acusación, todas esas observaciones sean salvadas por los investigadores.

Los querellantes que representan a la Fiscalía de Estado y a la Oficina Anticorrupción, adhirieron a la investigación realizada por los fiscales y prometieron presentar los respectivos escritos con algunas ampliaciones.

El juez de garantías Sergio Piñeda resolvió en la causa denominada “Revelación” que los imputados Diego Correa, Pablo Bastida, Pablo Oca, Víctor Cisterna, Federico Piccione, Gonzalo Carpintero continúen con las medidas de coerción. En los casos de Diego Luther resolvió autorizar a una única salida de cuatro horas para poder estar junto a su familia y en el caso de Alejandro Pagani, lo autorizó a viajar a la ciudad de la Plata y realizar visitas a su madre que se encuentro con problemas de salud.

En el marco de la audiencia de control de detención que se realizó por la mañana en la oficina judicial de la ciudad de Rawson. El juez Sergio Piñeda alrededor de las 0930 hs. formalizo el inicio. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los fiscales Marcos Nápoli y Héctor Iturrioz, los cuales solicitaron que se mantengan todas las medidas de coerción que recaen sobre los imputados hasta la audiencia de elevación a juicio. Los defensores que asistieron a la audiencia fueron, el Dr. Emilio Galende como defensor de Víctor Cisterna, el Dr. Fabian Gabalachis por los imputados Diego Correa, Pablo Bastida y Pablo Oca, el Dr. Federico Ruffa por el imputado Gonzalo Carpintero, el Dr. Lisandro Benítez por Diego Luther, el Dr. Salt por el empresario Federico Piccione.

Cabe recordar que esta causa denominada “revelación” involucra además de altos funcionarios provinciales, una treintena de empresarios de la construcción de toda la provincia del Chubut, en perjuicio del estado.

Con la presentación de la nueva comisión vecinal, a cargo de la presidente Fabiana Ramos, se comprometió un trabajo mancomunado entre el Ejecutivo local y los vecinalistas del sector, en el que se priorizará la atención a niños y adultos mayores.

Al respecto, la vecinalista Ramos explicó que “después de 8 años abrimos la sede vecinal, principalmente para la integración e inclusión de los vecinos porque no había sentido de pertenencia; y esto fue lo mejor que nos pudo suceder”.

En ese tenor, dijo que “desde hace 2 meses mantenemos reuniones con funcionarios municipales para iniciar una agenda de trabajo conjunta, en la que las prioridades serán la conformación de un grupo de adultos mayores y el dictado de actividades para niños y jóvenes”.

“Estamos agradecidos por el acompañamiento del intendente Carlos Linares y ponemos todas nuestras expectativas en 2019, para equipar al barrio 25 de Mayo con todo lo que necesita. Vamos a ser una vecinal de puertas abiertas, con disponibilidad para trabajar con los funcionarios y los vecinos”, concluyó Ramos.

En el marco de una intensa gira por localidades de la Cordillera, donde mantuvo reuniones con diferentes intendentes, el ministro de Infraestructura presentó hoy por la mañana al nuevo responsable de la Dirección Regional de Obras Públicas, cuyas oficinas centrales están en Esquel.

En diálogo con la prensa local, el funcionario explicó que los “desafíos” por delante son múltiples y que en principio la intención es reorganizar el plan de trabajo en la dependencia provincial para de esta manera ir cumpliendo los objetivos trazados.

“Hay muchas cosas por hacer”, enfatizó y ratificó que el mantenimiento y la refacción de los establecimientos educativos de todo el territorio chubutense es un claro objetivo de este Gobierno liderado por Mariano Arcioni.

“Le estamos dando la mayor importancia a las escuelas y todo lo que refiere a los centros de estudio. Para el Gobernador, y la ministra Graciela Cigudosa también, es fundamental tener a todos los chicos adentro de las aulas y no fuera”, subrayó Chicala.

En tal sentido, dejó en claro que la instrucción del nuevo delegado regional de Obras Públicas es avanzar primero en el acondicionamiento de las instituciones escolares. “Luego seguiremos con las necesidades que manifiestan el resto de los edificios públicos”, comentó.

Por su parte, Vidal agradeció al ministro de Infraestructura por el voto de confianza y señaló, asimismo, que trabajará siempre apoyándose en el recurso humano de la Dirección para concretar las metas. “Como se dijo, lo principal son las escuelas y luego los edificios públicos”, planteó.

En la Comarca

En otro orden, Chicala indicó que a lo largo de los últimos días recorrió diferentes localidades de la Comarca Andina y mantuvo reuniones con los intendentes de El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén y El Maitén para repasar el plan de obras que permita mejorar la calidad de vida de las poblaciones.

“El mensaje que plantea el gobernador Mariano Arcioni es siempre estar cerca de los municipios. Hay que destacar además el apoyo de los intendentes en este desafío de solucionar los problemas de las escuelas”, acotó el funcionario provincial.