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El funcionario provincial dijo que hará todo lo posible para que se cumpla la ley. Aseguró que el sindicato “no tiene más remedio que concurrir a la conciliación” para no ser pasible de sanciones.

En diálogo con LU20 Radio Chubut, el secretario de trabajo de la provincia, Cristian Ayala calificó como “irracional” el paro de 72 horas convocado por la Atech en el inicio del ciclo lectivo 2020”.

En este sentido, el funcionario aclaró que “Cuando se declara una medida de fuerza ilegal es cuando no se asiste a la conciliación y cuando no se abre la comunicación”.

“Estamos tratando de que se acerquen las partes y poder resolver el conflicto. La conciliación obligatoria, enviamos el marco para que las partes se sienten sin ninguna tensión, los citamos para el miércoles a las 8 hs” manifestó Ayala.

Por otro lado, el secretario de Trabajo indicó “Que la entidad sindical desconozca o no cumpla las normas no es responsabilidad de la secretaria de trabajo”.

En cuanto a la posibilidad de que los docentes no asistan a la audiencia de conciliación obligatoria, Ayala manifestó “Si no asisten declararemos la ilegalidad de la medida, independientemente de los descuentos. Si el docente no cumple con su trabajo no se le abona el sueldo, las medidas se tomaran para los sindicatos que no lo cumplan y las sanciones correspondientes para cada docente”.

“Yo haré todo lo que sea necesario para que se cumpla la legislación” sostuvo Ayala quien metió presión a su propia tarea al indicar que “si no es así tendré que dar un paso al costado”.

Jornada de alegatos en juicio por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia judicial contra Buzzi y Di Pierro

A lo largo de toda la mañana del presente jueves se desarrolló en los tribunales penales ordinarios la cuarta jornada, de alegatos, en una causa por desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario que tiene como imputados a los ex intendentes Martín Buzzi y Néstor Di Pierro. El fiscal solicitó se declare a ambos imputados penalmente responsables, al igual que la parte querellante; en tanto que las defensas requirieron la absolución de sus pupilos. Finalmente la jueza Tassello, integrante del tribunal unipersonal, pasó a deliberar y mañana viernes 21 de febrero, a las 12.00 hs., dará a conocer su veredicto.

El fiscal consideró acreditado el hecho que acontece el día 14 de Diciembre del año 2.007 la Sala en lo Civil del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut, dictó Sentencia Definitiva en relación a los autos caratulados: “Dos Santos Pires, Idalio c/ Municipalidad de Comodoro Rivadavia s/ Ejecución de Sentencia” mediante la cual puso fin a un largo litigio existente entre el allí actor Idalio Dos Santos Pires y la Comuna local en relación al fundo urbano identificado como Lote “e” de la Manzana 65 del Barrio Industrial de Comodoro Rivadavia. En ese sentido el Punto 3° de la parte resolutiva del fallo, rezaba: “insistir en el cumplimiento de la Sentencia Definitiva dada por la misma Cámara, intimando a la demanda Municipalidad de Comodoro Rivadavia a dictar en el término de cinco días desde que quede firme la presente, el acto administrativo que apruebe la cesión de derechos efectuada por el Sr. Delfor Martínez a favor del actor sobre el lote “e” de la manzana 65 del Barrio Industrial de la misma ciudad. Si cumplidos la demanda no lo agrega al juicio, la Cámara aplicará intereses a razón de pesos quinientos ($ 500) por día de retraso y dará intervención a la Justicia Penal competente.”

En cumplimiento de la manda antes mentada, el Ejecutivo Municipal en la persona del por entonces su titular, Intendente Martín Buzzi, dictó las Resoluciones mediante las cuales se aprobó la cesión de derechos llevada a cabo entre los Sres. Martínez y Dos Santos Pires, y resolvió otorgar Título de Propiedad a favor de este último, todo en relación al lote ya referenciado. Sin perjuicio de ello posteriormente el mismo jefe del ejecutivo municipal, Buzzi, resolvió, en claro incumplimiento de la norma individual transcripta al inicio y de sus propias resoluciones; mediante Resolución N°: 2227/08: “Suspender la ejecutoriedad de la Resolución 1108/08”, la que seguidamente fue abrogada mediante Resolución N°: 2457/09, dando muestra cabal de la ilegitimidad manifiesta que evidenciaba esta desde su dictado. Por último y ante múltiples dictámenes de la Asesoría Letrada del Municipio, mediante Resolución N°: 2108/10, el mismo Buzzi resolvió dejar sin efecto la Reserva efectuada mediante Resolución 2068/92, e intimar (al Sr. De Roberto) a desocupar el inmueble, libre de ocupantes (sic) y casas.

A partir de allí ninguna acción positiva han tomado para dar cumplimiento a la Sentencia del Superior Tribunal, ni a la Resolución N°: 1108/08 no obstante estar esta última en plena vigencia; negándose a ejecutar dichos mandatos legales, tanto Buzzi, ni el sucesor de este el intendente, Néstor José Di Pierro, siendo que este último contó con partidas presupuestarias para hacer frente a la obligación en mora durante los ejercicios 2.012 (Ordenanza N°: 10.303/11 Anexo IX $ 4.400.000), 2.013 ($ 2.500.000) y 2.014 (1.500.000); inejecución que ha irrogado ya ingentes perjuicios al erario Municipal, por los que deberán responder en el fuero respectivo.

“El acatamiento de las normas judiciales debe ser en beneficio del interés público, el Estado debe actuar dentro del orden jurídico, las sentencias definitivas se deben cumplir. Su fin último es satisfacer el interés colectivo”, según la sentencia del Ministro del Superior Tribunal de Justicia provincial, al momento, Royer. El entonces asesor letrado, Hugo Juárez, recuerda haber notificado al entonces intendente Buzzi de la resolución judicial y este le encomendó iniciar negociaciones extrajudiciales con el abogado Ferreira de las Casas, la cual no arrojó resultado satisfactorio.

Solicitando el fiscal se declare penalmente responsables del delito de “desobediencia judicial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público” en calidad de “autores” a Buzzi y Di Pierro. Existió dominio del hecho, por la propia organización que presiden. Son delitos de infracción al deber. Las Ordenanzas son Leyes materiales de cumplimiento general. Respecto de la dosificación de la pena el fiscal pidió para Buzzi la pena de dos años de prisión condicional y para Di Pierro de un año de prisión condicional, más del doble de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Hay mayor demérito para Buzzi porque es Licenciado en Ciencias políticas y debió conocer el deber de ajustarse a la Ley. Ninguno tiene antecedentes penales computables.

La defensora de Buzzi solicitó el rechazo de ambas conductas imputadas, por atipicidad, lo cual concluye en la absolución. La sentencia debe contener una orden de ejecutar esta sentencia y la sentencia del Superior Tribunal de Justicia no es imperativa, sostuvo la defensora. La sanción que lleve la aplicación de astreintes impide la imposición de un segundo castigo, desplaza la aplicación de desobediencia, aseguró la defensora citando un Fallo.

El defensor de Di Pierro siguió insistiendo que el “hecho estaba prescripto”, porque el Superior Tribunal de Justicia tiene 35 días para resolver y se tomó un año y medio. Es difícil de comprender qué estamos haciendo acá, estamos perdiendo el tiempo, sostuvo el defensor. El ámbito penal es un receptáculo donde va a para lo que nadie puede frenar. El acto de acusar a alguien tiene que ser un acto responsable. Este caso no se malogró, sino que este caso nunca existió, no se pude malograr lo que no existe. Solicitando la absolución de su asistido y que las costas del proceso sean cubiertas por el querellante.

Presidió el acto como tribunal unipersonal Raquel Tassello, jueza penal; por Ministerio Público Fiscal se hizo presente Héctor Iturrioz, fiscal general; en tanto que la querella fue ejercida por José María Ferreira de las Casas. La defensa de Di Pierro fue realizada por Guillermo Iglesias; en tanto que la de Buzzi por Lucía Pettinari, defensor particular y defensora pública respectivamente. Mi cliente dictó las resoluciones que convalidaba el Fallo del Superior Tribunal de Justicia, aprueba la cesión de derechos y otorga el título de propiedad. Solicitando por ello la absolución de Buzzi.

En el control de la Portada detectaron al Subsecretario provincial con seguro vencido. El acta dice que lo dejaron seguir por la intervención de un funcionario municipal.

El Subsecretario de Desarrollo Humano y Familia, Daniel Silva estuvo en Esquel la semana pasada realizando diferentes gestiones en el área de su competencia.

El punto que se cuestiona es que cuando ingresaba a la ciudad en el control de la Portada, el pasado 13 de febrero los inspectores de Tránsito detectaron que circulaba con el seguro vencido desde junio del año 2019.

Sin embargo el funcionario pudo continuar su camino porque, según indica el acta, hubo un pedido preciso del Secretario de Hacienda y Coordinador de Gestión, Matias Taccetta, para que así suceda.

En el documento también se deja constancia que el funcionario provincial se comprometió a presentar la documentación en condiciones al día siguiente en la oficina de tránsito municipal.

Al respecto, en diálogo con Notas de Radio, el Intendente Sergio Ongarato, contó que el funcionario “llamó a la Secretaria de Desarrollo Social que lo esperaba para una reunión por las instituciones a cargo. Como estaba esta demora se llaman entre los secretarios para ver la situación” y justificó: “ninguna falta de comprobante de pago es motivo para retener el vehículo. No entiendo porque aparecen funcionarios mencionados que no eran responsables de las áreas involucradas. Fue porque la ley lo habilita y no porque un funcionario llamó”.

Recalcó que el que tendrá que definir es el Juez de Faltas: “El funcionario me dijo que pagó la multa y actualizó la póliza, pero que había tenido un problema con el auto oficial y salió en el suyo particular”.

Por otro lado, aclaró que “en ningún momento vamos a transgredir una norma municipal porque llama un funcionario. Tuvimos un vehículo secuestrado durante quince días que era de un colega intendente de la costa y actuamos como corresponde”, informó EQSNotas.

A Rodrigo Sbarra iban a designarlo en el Ministerio de Cultura porteño y por el hallazgo del sobre con 10 mil dólares, perdió un cargo en la Ciudad.

El exfuncionario macrista Rodrigo Sbarra había instalado a su gente y esperaba su designación en el gobierno porteño, incluso ya reclamaba despacho y chofer, cuando estalló el escándalo por el sobre con dinero y fue denunciado por lavado.

El ex secretario de Coordinación del Ministerio de la Producción tenía en sus planes desembarcar con un cargo en el Ministerio de Cultura porteño cuando surgió la denuncia por el hallazgo de un sobre con 10 mil dólares en las oficinas que había ocupado en Nación. A partir de allí, no se lo volvió a ver por el ministerio porteño. Los funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta respiraron aliviados: todavía no había sido nombrado como director general. «Denuncia mata cargo», explicaron en el Gobierno de la Ciudad.

Según publica Página 12, Sbarra fue funcionario en el gobierno nacional de Mauricio Macri: llegó de la mano de Francisco «Pancho» Cabrera y siguió luego con Dante Sica en el ex Ministerio de Producción y Trabajo. Se caracterizó siempre por un estilo desenfadado en las redes sociales. De hecho, en su primera Navidad sin un cargo nacional escribió: «Dejás la función pública y la cantidad de mensajes de felicidades tiende a cero. Si esa era la forma, agarraba un cargo a los 20 años la gran puta».

No obstante, el paso por la gestión nacional -y antes por la Ciudad- no lo alejó para siempre del sector público. De hecho, diversas fuentes del gobierno porteño, Sbarra recaló en el último tiempo en el Ministerio de Cultura de la ciudad. Allí colaboró con el ministro de Cultura, Enrique Avogadro, en el armado de un nuevo equipo que se ocupara de la administración de su ministerio, luego de la salida de Sergio Di Fonzo, el funcionario que había manejado las cuentas de Avogadro en los últimos años. De hecho, Sbarra logró que nombraran allí a buena parte de su gente, bajo el mando de un hombre de su confianza: Hernán Coego, que fue su director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Producción. Actualmente es el director general de Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura porteño.

Sin un cargo en ningún gobierno, el exfuncionario podrá dedicarse a defenderse en la causa en que se lo investiga por presunto lavado de dinero, tras el hallazgo en las oficinas que ocupó de 10 mil dólares. Sbarra dijo públicamente que eso era «una operación» y aseguró que le «plantaron» el sobre. En la causa judicial, el juez Julián Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal sobre sus cuentas. Se investiga la compra que hizo de un terreno en el country Nordelta –ni el terreno ni el primer pago de 80 mil dólares figuran en sus declaraciones juradas– y también su evolución patrimonial durante la función pública, en la que pasó de declarar bienes por 1.169.54 pesos a declarar 30.532.773 pesos, entre los que se cuentan un departamento de 185 metros cuadrados en Capital Federal y un auto Mini Cooper de 5 puertas.

Los cambios en el Gabinete anunciados por el Presidente Piñera no conformaron a los manifestantes, que volvieron a salir a las calles.

Las protestas continuaron este martes en Chile, en su jornada número doce de violencia. Al igual que en el día de ayer, una multitud se manifestó en la Plaza Italia y frente al Palacio de La Moneda, en Santiago, para exigir demandas sociales al presidente Sebastián Piñera tras el anuncio de importantes cambios en su Gabinete.

El lunes, el mandatario chileno confirmó la remoción de ocho de sus veinticuatro ministros y presentó a sus reemplazantes, en un acto en el que afirmó que el Gobierno «tiene que cambiar y enfrentar nuevos desafíos en nuevos tiempos».

Sin embargo, la tensión en las calles continúo durante el día de hoy y derivó en nuevos enfrentamientos entre quienes protestaban y las fuerzas de seguridad.

En medio de los disturbios, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile denunció que uno de susobservadores fue herido por siete balinazosdurante una de las manifestaciones en el centro de Santiago, en las cercanías de la Plaza Italia.

A través de Twitter, el organismo, que en los últimos días hizo múltiples denuncias sobre las acciones violentas de las fuerzas de seguridad, informó que el colaborador fue retirado del lugar por sus colegas y trasladado a un centro asistencial.

En tanto, en la Alameda se repitieron las escenas de barricadas, pequeños incendios y corridas.

Ante esta situación, la Policía volvió a poner en marcha un importante operativo de dispersión en el que se usaron camiones hidrates y gases lacrimógenos contra los manifestantes, que respondieron con piedrazos.

Durante la tarde, el flamante ministro del Interior, Gonzalo Blumel, manifestó: «La prioridad es recuperar la paz social, eso es lo que todos los chilenos quieren; la violencia es inaceptabley por eso le quiero pedir a todos los sectores que la rechacemos».

Las declaraciones del funcionario se produjeron luego de una reunión de Gabinete encabezada por Piñera, la primera después de la reorganización anunciada por el mandatario a comienzos de semana.

Hasta ahora, el estallido social en Chile dejó un resultado de 20 muertos, cientos de heridos y 9.203 detenidos, de acuerdo con un balance oficial difundido este martes por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, informó TN.

Según explicó la dirigente de ATE, Paola Lamami, hay al menos 13 casos, pero hasta el momento dos mujeres se animaron a denunciar a Daniel Real, subsecretario de Desarrollo Humano y Familia.

Este miércoles a la mañana, dirigentes de ATE acompañaron a dos mujeres a realizar una denuncia contra el subsecretario de Desarrollo Humano y Familia de Chubut, Daniel Real.

Según informó a ADNSUR, Paola Lamami, dirigente de ATE, “la denuncia ya está radicada por acoso sexual contra Daniel Real. Las mujeres plantearon situaciones similares, una es de Rawson y la otra es de Esquel”.

Lamami reiteró que “ante un reclamo laboral, el funcionario pedía a cambio un favor sexual para que la situación de ellas mejoren” y señaló que por este motivo “muchas compañeras están en tratamientos psicológicos”.

 

ADN Sur

En una ceremonia presidida por el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, el doctor Fernando Blanco como nuevo Funcionario de la fiscalía. Perteneciente a una familia integrada por abogados y miembros del ámbito judicial el flamante funcionario se sumó a la órbita del MPF donde cumplirá funciones tras ganar el concurso realizado en diciembre pasado.

A sus 27 años tiene un importante currículum que acredita su saber que, a partir de ahora, deberá aplicar en la labor diaria. “Lo logre tras salir seleccionado en el concurso. Ahora comenzaremos a desempeñar el cargo” dijo Blanco, que a mediados de diciembre rindió ante el consejo de fiscales.

De cara al futuro el flamante funcionario dijo que viene “con muchas expectativas” porque “tomé el concurso y el cargo como un enorme desafío porque es un cargo de demanda toma de decisiones y que busca dar soluciones de manera constante. Eso es algo que siempre me atrajo de la fiscalía”.

La labor investigativa es otro de los factores que siempre despertó interés en Blanco porque “uno es el motor del proceso” de ahí que “concursé” para poder llegar a ocupar el rol en el cual prestó juramento.

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