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Una jueza suplente del distrito 7° de la Justicia Federal de Brasil, llamada Luciana Raquel Tolentino de Moura, ingresará a la historia de su país por haber sido quien puso en jaque a toda la industria agrícola local, una de las más poderosas del mundo. Este lunes la magistrada ordenó que “la Unión”, es decir al gobierno federal, prohíba por 30 días el uso de productos que contengan varios principios activos, comenzando por el glifosato.

La prohibición judicial al uso de varios agroquímicos tendrá vigencia por lo menos hasta que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) realice una nueva evaluación toxicológica de los productos. Además del glifosato, que es un herbicida, en la lista están el acaricidad abamectina o avermectina; el fungicida Tiram, el herbicida Paraquat, entre otros.

La jueza Tolentino de Moura “pretende, además, en lo que se refiere a la Unión, que no conceda nuevos registros de productos que contengan algunos de los ingredientes activos parationa metílica, lactofem, forato, carbofurano, abamectina, quitan, paraquat y glifosato, así como que suspenda los registros de todos los productos que se utilizan de dichas sustancias “, dice el texto judicial.

La jueza suplente determinó que la ANVISA debe realizar la evaluación toxicológica de esos productos de uso masivo en el sector agrícola hasta el 31 de diciembre de este año, bajo pena de que sus funcionarios deban pagar una multa de 10 mil reales diarios si no lo hacen. Hasta entonces, el uso de defensivos agrícolas que contienen esas sustancias quedará suspendido y no pueden ser comercializados o registrados.

El fallo judicial, que seguramente será apelado, ocurre en respuesta a una presentación del Ministerio Público Federal. La fiscalía brasileña pidió la prohibición del glifosato y sus parientes presentando una serie de artículos científicos que dan cuenta de la presencia de ingredientes teratógenos, cancerígenos y mutagénicos en esos agroquímicos.

Por supuesto, la decisión judicial fue criticada por entidades como la Cámara Nacional de la Industria de Productos para la Defensa Vegetal (Sindiveg), la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja) y por empresas como FMC, Monsanto, Syngenta y Taminco.

“Por medio de la decisión de fls. 286/289, se denegó la anticipación de los efectos de la tutela. El Ministerio Público Federal colisionó artículos científicos que confirmarían las características teratógenas, carcinogénicas y / o mutagénicas de los ingredientes activos objetados “, justifica la jueza en el documento.

Ahora el gobierno federal y sus organismos correspondientes tienen un plazo de 72 horas, a partir del viernes pasado, para manifestarse sobre el caso. Además,la jueza ordenó al Instituto Brasileño del Medio Ambiente (Ibama) que participara del proceso de revisión.