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Los fiscales federales acusaron este jueves a Steve Bannon y otras tres personas de defraudar a donantes de cientos de miles de dólares en una campaña de recaudación de fondos del muro fronterizo.

Bannon, el exasesor de campaña de Trump, fue arrestado, según un portavoz de la oficina del fiscal de Estados Unidos. El abogado de Bannon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Bannon se presentará en Nueva York este jueves por la tarde.

Los cuatro hombres están acusados ​​de supuestamente tomar cientos de miles de dólares donados a un grupo llamado We Build the Wall y usar los fondos para gastos personales, entre otras cosas.

Según los fiscales, Bannon, a través de una organización sin fines de lucro identificada como Non-Profit-1, usó más de US$ 1 millón de We Build the Wall para pagar «en secreto» a otro acusado, Brian Kolfage, y cubrir gastos de cientos de miles de dólares en la cuenta personal de Bannon.

Bannon, Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están acusados ​​de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

«Como se alega, los acusados ​​defraudaron a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en la construcción», dijo la fiscal federal interina de Manhattan Audrey Strauss dijo en un comunicado. “Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados ​​planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida».

Alyssa Farah, directora de comunicaciones estratégicas de la Casa Blanca, se negó a comentar sobre la acusación el jueves por la mañana.

Bannon se declara inocente

El abogado de Steve Bannon presentó una declaración de su cliente como inocente de los cargos contenidos en la acusación formal revelada contra Bannon el jueves.

El fiscal de SDNY, Nicolas Roos, dijo que Bannon fue arrestado esta mañana alrededor de las 7:15 am en un «yate» frente a la costa de Connecticut. Fue transportado a Nueva York, a donde llegó varias horas después.

El juez Stewart D. Aaron fijó una fianza para Steve Bannon de US$ 5 millones que se garantizará con US$ 1,75 millones en efectivo o bienes inmuebles y dos personas financieramente responsables como cofirmantes.

Bannon también recibirá supervisión previa al juicio y sus viajes se restringirán a los distritos del sur y este de Nueva York, el distrito de Connecticut y el distrito de Washington, DC. Bannon también tendrá prohibido el uso de aviones, yates o barcos privados sin el permiso de la corte.

Bannon será liberado el jueves en estas condiciones, y los términos de la fianza vencen el 3 de septiembre.

Gustavo, por favor certificá que la 202 y 404 estén abiertas hasta las 19. Ayer nos corrieron a las 11.30. Si no, no podemos avanzar. Necesitamos las escuelas abiertas”, le escribió Jorge Santucho a Gustavo Hueichán. La respuesta: “Hola Santucho, dale. Yo les aviso para mañana”.

Luego Hueichán le escribe a Santucho:

-En cual están ahora?

-185, 441, 4…

El intercambio de mensajes de texto es una de las evidencias que posee la Unidad Anticorrupción para intentar probar que la exministro de Educación y actual diputada provincial, Graciela Cigudosa, encabezó un plan para defraudar al Estado mediante obras de refacción y mantenimiento de escuelas, en enero de 2019. La acusación espera la audiencia preliminar para el juicio oral y público.

En otro aviso, Hueichán la previene a Daiana Henríquez, secretaria administrativa de las empresas constructoras Lada y Ramida: “Buen día, te paso el listado para que tengas y así ves las escuelas que tienen que cobrar cada empresa, así tienen cómo mostrarles a la escuela”

Y de Raúl Care, exsubsecretario de Coordinación de Educación, para Henríquez: “Se pagó LADA, mañana se acredita en la cuenta (…) Ahí me informaron de contaduría de la Escuela 196, sale mañana tengo que apurarlo”, en clara referencia a un pago. Por último, Care le consulta a Henríquez: “Buen día, le pagaron de 196?”. Ella contesta: “Sí, mil gracias”.

Jorge Santucho se presentaba como empleado, jefe o responsable de obra de constructoras según fuera necesario. Y Hueichán era secretario privado de Care.

Los otros involucrados son Daniel Schmidt, titular de Lada Construcciones y Ramida; su empleado Félix Currumil; Daniel Gel, responsable de Gefer y Calypso Revestimientos, y Roxana Pereyra.

El fiscal Omar Rodríguez considera que este grupo armó un concurso de precios para quedarse con las obras de 24 escuelas de Rawson y Playa Unión. Idearon una competencia falsa con ganadores anticipados. Y para garantizarse la renta fijaron elevados sobreprecios en los rubros en comparación con los del mercado. Así dañaron el patrimonio del Estado en $ 1.465.615 repartidos en 21 cheques. La pesquisa impidió que ganaran más.

El 25 de enero, Cigudosa envió una nota a la subsecretaria de Recurso Apoyo y Servicios Auxiliares, Liliana Díaz. Le pedía partidas extraordinarias para garantizar el funcionamiento de las escuelas capitalinas.

En febrero, la exministro firmó dos resoluciones asignando esas partidas extraordinarias: $ 7.404.079 para las regiones III, IV y VI, y $ 1.844.595,33 para la Región II de Puerto Madryn. Según Fiscalía, los precios en varios establecimientos superaban holgadamente los montos máximos del régimen de contrataciones. Cigudosa fue directora y lo sabía.

Pero 15 días antes de estas resoluciones, el 24 de enero, “falazmente se incluyó el acta de apertura de sobres y elección por el menor valor de las empresas asignadas”. En febrero ya había “ganadores” adjudicados y montos de contrataciones para la Región IV.

En la ficción, la Delegación Trelew de Educación había diseñado la compulsa de precios. Pero un exdelegado relató que “la orden la dio Care por teléfono”. Le dijo que “va salir la plata y en líneas generales le vamos a pagar 50 al inicio y 50 con el certificado”.

Este exdelegado fue obligado a firmar un acta de apertura de sobres donde no estuvo y un cuadro comparativo de precios donde no intervino. Estaba de licencia en su casa y allí fue Care para insistirle. “Buscó hacer aparecer que había existido una selección de proveedores, y que se había materializado en la Delegación Trelew, situación que no ocurrió”. Todos estos documentos se hallaron en una notebook secuestrada en el Ministerio en Rawson, aunque lo lógico era que estuvieran en Trelew.

Los proveedores recibirían cheques con un anticipo del 50 %. Pero ni de la nota a Díaz, ni de los anexos, ni de las Resoluciones surge ese anticipo. “No fue azar sino parte del plan para evitar ser detectados en el accionar ilícito por la Contaduría General de la Provincia y el cuerpo de Asesores Legales del Ministerio”. Cigudosa actuó así para no quedar al descubierto que violaba la Ley de Contratación al disponer sumas excesivas. A cinco días de las resoluciones los elegidos ya cobraban los primeros cheques.

La acusación considera que se eligió la figura de “Partidas Escolares” para evitar los controles de Contaduría y no tener que generar órdenes de pago presupuestarias. En el expediente ni se menciona el proceso de contratación, que ya estaba abrochado.

Los directores fueron usados como meros intermediarios en el pago. No participaron de las contrataciones: desconocían el proceso, la selección de empresas y los montos. “Esto permitió que Santucho se haya presentado en casi todos los establecimientos a llevar adelante las refacciones, cuando en muchas habían sido otros los proveedores adjudicatarios”. Los directores no podían saberlo porque desconocían el seleccionado.

Santucho ensayó un relevamiento ficticio de las necesidades. Es que hallaran lo que hallaran, ya sabían que harían solamente cambio de tubos fluorescentes y cerraduras, limpiezas de caloramas, reposición de tapas de inodoro, reposición de vidrios rotos, entre otras obras menores. No lo que las escuelas pedían.

“Para hacer más difícil el descubrimiento de su accionar, y darle apariencia de sana competencia, utilizaron varias empresas”. Schmidt usó Lada y Ramida; Gel hizo lo mismo con Gefer y Calypso; Santucho hizo lo propio con Roxana Pereyra (pareja de su hijo).

El fiscal advirtió que en la puja de precios usaron nombres de personas que ni sabían del tema. Como un maestro mayor de obras que no reconoció su firma en las cotizaciones ni fue invitado. “Aumentaban el número de competidores para transparentar y hacer creer que era una competencia limpia, que aparezca una empresa diferente participante a las que fueron elegidas”.

Dibujaron memorias descriptivas y cotizaciones para que pareciera legal. Recorrieron las escuelas, hicieron obras menores, presentaron las facturas y retiraron los cheques. Los endosaron y se lo entregaron a Schmidt, quien a su vez los endosó para cobrarlos. Había facturas presentadas con numeración correlativa: 1, 2, 3, 4, armadas para la maniobra. Care y Hueichan “armaron carpetas con documentación falsa, presupuestos armados y cotizaciones de proveedores totalmente ajenos”.

Hueichán facilitó la entrada de Santucho a las escuelas. Si había problemas con los porteros, pedía que el Ministerio “les aplicara un correctivo” para que el plan siguiera sin contratiempos. Ambos tenían comunicación fluida. También recolectó los teléfonos de las empresas para “documentar falsamente” a quienes se había invitado a cotizar. “Sobre todo por la eventualidad de que fueran citados por la Fiscalía, según los dichos del propio Hueichán”.

Fiscalía concluyó que la competencia fue un montaje. El total de contrataciones de la región IV de $3.456.223 debió haberse licitado.

Por ejemplo, en la Escuela 47 debía trabajar Calypso, propiedad de Gel. Eran $ 347.0000 y su 50% superaba el límite. “De manera ingeniosa quienes realizaron el cuadro comparativo de precios decidieron dividir el monto por tres, arrojando como partida $ 145.000”.

Los secuestros incluyen un celular Samsung con una leyenda en su funda: “Lo mejor está por llegar”.#

“Insistían todo el tiempo con el pago”

Empresas y empleados recorrieron las escuelas desde enero, dice la acusación. El director del Centro de Formación 650 le pagó a Currumil $ 54.937. Declaró que los precios estaban sobrefacturados. Ese que ese Centro forma profesionales que saben cuánto cuestan estos trabajos.

Desde la Escuela 47 advirtieron que no había orden por escrito. “No sabíamos qué iban hacer, y quiénes”. No sabían a quién metían en las aulas. Allí debía trabajar Lada pero el cheque fue para Ramida. “Care llamaba insistentemente para que pagaran”. No le hicieron caso hasta que Delegación envió una nota.

La Escuela 178 le pagó a Gel, de Calypso. Lo raro es que presentó boleta con el monto exacto: $ 49.453. Gel no debía trabajar allí ya que la adjudicataria era Lada. “Demuestra que contaba con información previa y exacta sobre el monto a cobrar, y que Lada y Calypso forman parte de la maniobra”.

En la Escuela 185 Santucho se presentó pero le negaron el cheque ya que no tenía orden del Ministerio. Hasta que llegó la nota de Delegación.

En la cuenta de la Escuela 202 Educación depositó $ 112.941. Pensaron que era para el comedor, según una declaración. Hasta que se presentó Henríquez a cobrar. Les llamó la atención que el monto depositado coincidía con la boleta.

A la cúpula de la Escuela 401 no sólo le llamó la atención que primero llegara la partida para refacciones y luego Santucho a cobrar, sino que “sobre lo urgente no se hizo nada, incluso el gas en los termotanques y calefactores no fue habilitado”. Esto ponía en riesgo la seguridad de los chicos. Schmith debió llamar de urgencia a un gasista. Lo raro es que la elegida era Calypso y no Schmith.

Una referente de la Escuela 795 explicó que las refacciones cada año las hacía personal de Obras Públicas o de la delegación del Ministerio. Siempre se relevaba y se elevaba a Educación. “Pero este año fue distinto. A comienzos de año se nos asignan $ 104.000, por lo que consultamos a Delegación y se nos anotició que era para pagar las refacciones. Se presentó Lada y el representante fue Santucho. Todavía no habían cambiado los tubos fluorescentes de tres aulas y ya querían cobrar, insistían todo el tiempo con el pago”.

Tampoco en la Escuela 509 los arreglos coincidían con las necesidades. Y en la Escuela 7.705 Henríquez intentó cobrar sin la obra hecha. En ambas Santucho se presentó como encargado y dejó su número. #

“Los directores comenzaron a pedir explicaciones”

Las necesidades del “Plan Verano” no eran lo que las escuelas pedían urgente. Padecían paredes agrietadas, tableros de luz en mal estado, falta de pintura, inundaciones. “Se pudo poner en riesgo con dicho accionar la seguridad de los niños”, subrayó la Unidad Anticorrupción. En la Escuela 441 hasta decidieron no iniciar las clases al no verificarse los trabajos de gas.

El grupo imputado no atendió prioridades ni le importó recibir en condiciones a los chicos. El modelo básico fue limpiar calefactores, cambiar luces y tapas de inodoro, reponer vidrios, cambiar tomacorrientes y arreglar baños.

En una escuela se presupuestó una costosa bomba de agua por $ 11.707. Pero las que tenía funcionaban. Ni Santucho sabía porque la habían presupuestado. Por las dudas, la dejó.

El precio de los elementos fue mayor al valor de mercado. En los cambios de tubos led y limpieza de calefactores la mano de obra superó ampliamente el valor de los materiales: en algunos casos fue tres o cuatro veces más del precio de lista comercial.

En la Escuela 4 se presupuestó por limpiar cada calefactor $ 6.034,49 por unidad. Gasistas matriculados declararon que en realidad, esta limpieza cuesta entre $ 600 y $ 800. El contratado por las empresas investigadas, refirió que oscila en los $ 1.000. “Claramente deja en total evidencia el elevado precio cotizado por Santucho y la empresa Calypso (Daniel Gel), quienes cobraron los disparatados importes”. Embolsaron fácilmente entre 5 o 6 veces el precio de mercado.

En la Escuela 729 se cambiaron 79 tubos fluorescentes cobrando $ 45.790. Esos tubos valieron $ 129 cada uno. Total: $ 10.191. Gel cobró como mano de obra $ 35.605. O sea, más de tres veces el valor del material.

En la Escuela 20 se presupuestó $ 5.600 por el cambio de 2 tubos. Valían $ 219 cada uno. La mano de obra se cobró $ 5.162.

En la Escuela 509 se presupuestó $ 47.260 por el cambio de 63 tubos. Pero el precio por unidad fue de $ 129. O sea que el costo de materiales era $ 8.127. “Es excesiva la suma de $ 39.133 el valor de la mano obra, más de cuatro veces el valor de los materiales”.

Los trabajos de recambio de tubos ni siquiera se verificaron. Consta en las actas que no se sabe si se reemplazaron.

“A tal punto llegó la situación irregular que los directores comenzaron a solicitar explicaciones al Ministerio y a la Delegación para saber qué empresa era designada, quiénes realizarán la refacción y quiénes estarían a cargo, debido a que no contaban con esa mínima información”. Exigían instructivos por escrito.

El grupo necesitaba que las escuelas estén abiertas, algo difícil en vacaciones de verano. Fue Hueichán quien llamó a la Delegación y los directores para que dejen entrar al personal.

Henríquez –por orden de su jefe Schmitd- en la mayoría de las escuelas pasaba a cobrar los cheques sabiendo el importe para las facturas. No podía saberlo sin datos internos del Ministerio. Y Santucho aparecía como jefe de los trabajos pero sólo recibía órdenes de Henríquez, quien a su vez las recibía de Schmitd.

La maniobra intentó replicarse en Puerto Madryn. De Lada le escribieron a Schmitd: “Vos agarrá 25 y me decís cuáles son”. Santucho contesta: “Ok, hoy me da la lista Corcho (por Care)”. Y de nuevo Lada: “Ok vas a ser 18/ de Madryn por si hablas con Corcho”

El concurso para la ciudad del Golfo se hizo pero quedaron afuera. Sus presupuestos eran muy caros.

Detrás de todas las empresas aparece Schmitd. “Su papel es clave, toda vez que el despliegue de empresas y de personas fue con un solo fin: quedarse con las partidas. Fue el último beneficiario”. También el último endosante de los cheques.

Hasta ensayó una estrategia por si la Justicia los rozaba. Se halló un manuscrito suyo con frases así: “LADA, RAMIDA, CURRUMIL, ROXANA, SANTUCHO, CALYPSO, GEFER”, “Todos contratan a Santucho como supervisor y dirección técnica de cada escuela y obra”, “ASOCIACION ILICITA?”, “Vale declaración de Díaz??”, “Lada y Ramida compiten en una misma obra que hacer” y “Qué hacer si somos citados por el fiscal”. #

“El motivo fuela codicia”

La acusación que elevó la Unidad Anticorrupción calcula unos 182 testigos sumando exdiputados provinciales, secretarios, directores, profesores y personal, entre otros. Lo más probable es que la lista se reduzca en acuerdo con las defensas. Las escuelas involucradas son las número 4, 20, 47, 167, 178, 185, 190, 306, 401, 441 459, 504, 525, 552, 509, 650, 702, 729, 752, 776, 795, 202, 404 y 7705.

Con distintos grados de participación todo el grupo será enjuiciado por presunta defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

El fiscal Omar Rodríguez lo consideró “un ataque al erario” con un solo fin: “Obtener un lucro indebido. El motivo fue la codicia, toda vez que no tenían ningún tipo de necesidad”. Aprovecharon sus lugares estratégicos en el poder estatal y usaron el verano, cuando no había directores que certificaran los trabajos ni indicaran las obras necesarias.

Para Cigudosa y Care pidieron inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y una pena no inferior a los 3 años y 6 meses de prisión; para Hueichan, 2 años e inhabilitación perpetua; para Currumil y Pereyra, 2 años; para Santucho y Gel, no menos de 3 años. Y para Schmitd, no menos de 4 años.

Rodríguez también reclamó el decomiso de los bienes fruto de las conductas ilícitas enrostradas: bienes muebles e inmuebles necesarios hasta alcanzar la suma del perjuicio, señaló Diario Jornada.

Dos abogados comodorenses denunciaron a la ex ministra de Familia de Chubut, Cecilia Torres Otarola, acusándola de fraude a la Administración Pública en base a hechos de corrupción que la funcionaria habría cometido –según los letrados– durante su gestión en el Gobierno Provincial.

Los denunciantes –según publica Diario Crónica– son el doctor Gastón Bordier y su socia, la doctora Cintya Castro. Bordier, en breves declaraciones que hizo ayer confirmó que el pasado 5 de Agosto hicieron la presentación ante la Fiscalía del fiscal Iturrioz, en Comodoro Rivadavia.

El abogado se excusó de brindar mayores detalles de lo que exponen en esa denuncia dado que allí piden una serie de diligencias que podrían estarse realizando en las próximas horas.

“Hay una serie de hechos ilícitos que hemos corroborado, sobre los cuales hemos agregado prueba y obviamente el fiscal que lleva el caso hará las medidas preliminares y las diligencias correspondientes para la averiguación de la verdad sobre estos hechos”, dijo Bordier.

“Esto es total y absolutamente independiente de las causas que Otarola tiene en el Valle con respecto al manejo que hacía de los supuestos ‘ñoquis’, de otorgarle funciones a personas que no las cumplían, pero podemos decir que esto (lo que él y su socia denuncian) es mucho más grave en el monto en que habría estafado a la administración pública”, afirmó.

El fiscal Omar Rodríguez lleva adelante una investigación contra la exdiputada provincial y actual ministra de Desarrollo Social, Cecilia Torres Otarola. Es por presuntas inconsistencias en designaciones de asesores que cumplían tareas personales para la funcionaria, pero cobraban del Estado. La denuncia fue radicada por un contador de la zona Cordillerana.

Fuentes aseguraron que la investigación avanza rápidamente y durante los últimos días se concretaron diversos procedimientos. La semana pasada se llevaron expedientes del Ministerio de Familia y ayer presentaron pedidos de informes en la Legislatura y en la Contaduría General de la Provincia.

Tanto en Legislatura como en Contaduría, el fiscal solicitó información sobre los sueldos, viáticos, ticket de combustible, pasajes terrestres y aéreos y alojamiento tanto de Torres Otarola como de las personas que designó como secretarios, asesores y contratados.

El presunto delito que investiga Fiscalía es por fraude al Estado, pero desde la justicia indicaron a EL CHUBUT que «podría sumarse peculado», de acuerdo a la información que vaya surgiendo de los documentos.

El informe que presentó Rodríguez en Legislatura y al que accedió EL CHUBUT indaga sobre «los sueldos netos abonados a Cecilia Torres Otarola» y cómo fueron pagados: Si fue por cheque o depósito bancario.

«Informe sobre los viáticos liquidados a Cecilia Torres Otarola indicando monto, fecha y forma de pago», como así también sobre «gastos en concepto de alojamiento, combustible y pasajes», describe la nota que presentó el fiscal ayer en la Casa de las Leyes.

También interroga sobre las viviendas alquiladas desde la Legislatura a la exdiputada y actual ministra, y exige un listado de «los asesores, secretarios o contratados que fueron asignados por Torres Otarola».

El comisario José Luis Santillán fue destituido en grado de exoneración de la Policía de la Provincia del Chubut luego de un juicio abreviado en el cual reconoció un fraude con tickets de combustible cuando era titular de la Comisaría de El Maitén. El decreto es del 8 de junio y se publicó en la semana. Fue condenado a 3 años de prisión en suspenso más inhabilitación especial y perpetua para ejercer cargos públicos.

El Ministerio Público Fiscal le imputó a Santillán peculado y falsedad ideológica de instrumento público por los desmanejos con 165 tickets de combustible y 10 planillas de rendición que enviaba al Área de Finanzas de la Dirección de Recursos Materiales.

Los datos se los confirmó el jefe de la fuerza, Miguel Gómez, a Jornada. “Santillán tenía un sumario administrativo motivado en una serie de irregularidades detectadas en El Maitén”. Cuando se ahondó en la investigación administrativa se inició la causa en tribunales. “En el fuero penal estaba cerca del juicio oral y público, entonces va a un proceso abreviado en el cual reconoce lo que le achacaban”. La condena fue homologada el 26 de noviembre de 2018 por el juez Jorge Criado.

Según describió Gómez, el comisario “dibujaba y rendía de manera irregular los vales del consumo de combustible de la Comisaría de la dependencia; adulteraba la rendición y se quedaba con tickets que cambiaba por dinero y mercadería en la misma localidad”.

Santillán cometió este delito durante al menos tres lapsos: del 13 de octubre de 2014 al 27 de mayo de 2016; del 12 de febrero de 2015 al 20 de enero de 2016 y del 3 de octubre de 2013 al 13 de diciembre del 2015.

Como en esos años se profundizaba el conflicto con pueblos originarios y los patrullajes eran más frecuentes, Santillán solicitaba más tickets pero en varios casos se quedó con la diferencia. Llegó a rendir la carga de nafta para el tanque de vehículos gasoleros, le dijo a este diario el fiscal general de Esquel Carlos Díaz Mayer.

El análisis de los comicios en Bolivia lo realizaron investigadores del MIT destaca que “las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas”.

El presidente Alberto Fernández se refirió este sábado al informe realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) publicado en un foro del diario The Washington Post, duramente criticado por la OEA, en el que se destaca que el ahora ex presidente boliviano Evo Morales​ ganó las elecciones sin fraude.

Fernández destacó desde su cuenta en Twitter que el «informe difundido critica con singular dureza, por su inconsistencia, la auditoría realizada en esa oportunidad por la OEA, que concluyera en afirmar la existencia de irregularidades en la elección que ahora se reivindica».

«Como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición al entonces presidente y con la explícita complicidad de la OEA que estaba llamada a velar por la plena vigencia de la democracia», insistió Fernández.

El presidente lanzó a su vez críticas a Mauricio Macri, a quien cuestionó porque, según destacó, «guardó un silencio cómplice ante semejante atropello, desoyendo las voces que entonces se levantaron para preservar la institucionalidad boliviana».

Reclamó Fernández «la pronta democratización de Bolivia, con la plena participación del pueblo boliviano y sin proscripciones de ningún tipo».

Según se detalló en ese foro del medio estadounidense, los investigadores estudiaron la tendencia del escrutinio antes y después de que se interrumpiera el conteo rápido al 84 %, punto en el que los opositores a Morales denunciaron el inicio del supuesto fraude, que acreditó después la Organización de Estados Americanos (OEA).

El informe ─publicado originalmente por el Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR) que tiene entre sus integrantes a un ex Canciller de Rafael Correa─ marca que «el análisis estadístico y las conclusiones de la OEA parecen profundamente defectuosas».

El primero que reveló el estudio similar sobre Bolivia, en noviembre pasado, fue el propio Correa, también citando al CEPR.

Agrega el informe que es «altamente probable que Morales superase el margen de 10 puntos porcentuales», al defender que la tendencia alcista que impulsaba al entonces mandatario era anterior a la interrupción del conteo rápido.

Evo Morales vive exiliado en Argentina y pretendía presentarse al Senado en los nuevos comicios programados para mayo, pero su candidatura fue inhabilitada por los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral nombrados por Jeanine Áñez, informó El Clarín.

La advertencia vino luego que el presidente, Evo Morales, denunciara un intento de golpe de Estado en marcha en el país suramericano.

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, advirtió a Bolivia que habrá «serias consecuencias en sus relaciones con la región» si observan irregularidades en los resultados de las elecciones del pasado domingo en el país suramericano.

Kozak, en una audiencia ante la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU., informó que Washington pidió a La Paz que «respete los votos emitidos por el pueblo».

En su cuenta en Twitter, Kozak también hizo referencia al tema: «EE.UU. se alinea con nuestras democracias socias para insistir en el respeto a los votos emitidos por el pueblo boliviano de acuerdo con la Constitución boliviana y la Carta Democrática Interamericana», escribió.

El lunes pasado, el mismo funcionario estadounidense ya había señalado que estaban «observando de cerca» la primera ronda electoral en Bolivia, e hizo referencia a la «repentina interrupción de la tabulación electrónica de votos».

La oposición boliviana ha denunciado que hay «fraude» electoral, luego que los resultados del conteo rápido le darían una victoria al mandatario sin necesidad de ir a balotaje. Sin embargo, el principal contendiente de Morales, Carlos Mesa, aún no ha presentado ni una prueba que sustente ese señalamiento.

Los opositores han iniciado una serie de manifestaciones en varias ciudades del país, que han incluido actos de vandalismo contra sedes de tribunales electorales departamentales.

«Golpe de Estado en marcha»

Por su parte, el presidente Morales ha denunciado que está en proceso un golpe de Estado en su país.

«Denuncio ante el pueblo boliviano y el mundo que está en proceso un golpe de estado que ha sido preparado por la derecha con apoyo internacional. Hago un llamado a organismos internacionales a defender la democracia», dijo en conferencia de prensa.

Bolivia invitó a los observadores de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA) a verificar «una a una las actas de todo el país» para garantizar la transparencia de los comicios.

Mientras se espera que difundan los resultados, manifestantes opositores mantienen su vigilia frente a las sedes de los tribunales electorales. En algunos lugares se desató violencia.

En medio de la incertidumbre, sin resultados definitivos de las elecciones 48 horas después de cerradas las mesas de votación, este martes a la noche surgieron nuevas protestas en Bolivia , para denunciar el supuesto fraude cometido por el gobierno para asegurar la reelección de Evo Morales.

En el final de un día tenso, con mucha presencia policial y convocatorias a marchas tanto por parte de la oposición como de militantes del oficialista Movimiento al Socialismo,las marchas se hicieron más masivas y se registraron incidentes en algunas ciudades, como en Santa Cruz de la Sierra, donde un grupo de seguidores del candidato opositor Carlos Mesa se enfrentó con la policía cuando intentaban llegar hasta la sede del Tribunal Electoral local. La policía reprimió con gases lacrimógenos.

También en Oruro, en el sur del país, donde el lunes a la noche hubo serios enfrentamientos entre manifestantes y la policía, la escena se repetía el martes. Las protestas, en las distintas ciudades, se dan frente a las sedes de los tribunales electorales, en respuesta al llamado que hizo Carlos Mesa.

En otras ciudades también hubo protestas masivas. En Cochabamba, en el centro del país, uno de los departamentos donde Evo tuvo un apoyo más grande, grupos opositores y de la sociedad civil convocaron a un Cabildo -una asamblea popular- en pleno centro de la ciudad. Una multitud con banderas reclamó allí que se respete el voto y alertó contra el intento de fraude. La marcha fue pacífica y los organizadores llamaron a un “paro cívico” hasta que se difundan los resultados y se confirme que habrá una segunda vuelta entre Morales y Mesa.

En La Paz también se manifestaron los seguidores de Mesa frente al hotel de la zona de Sopocachi donde se instaló el centro de cómputos. La zona estuvo custodiada por un férreo operativo policial durante todo el día, para evitar episodios de violencia como los del lunes, cuando la policía tuvo que usar gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes, tanto oficialistas como opositores, que se enfrentaron con violencia, informó El Clarín.

Los resultados del conteo rápido oficial de los comicios del pasado domingo en Bolivia indican que Evo Morales ganaría las elecciones en primera vuelta. Con el 95,63 % de las actas verificadas, el actual presidente alcanza el 46,85 % de los votos, mientras que su principal oponente, Carlos Mesa, obtiene el 36,74 % de los sufragios.

Ese resultado significa que Morales evitaría enfrentar a Mesa en una segunda vuelta electoral. La ley establece que, para definir una victoria sin balotaje, el candidato puntero debe tener más del 50 % de los votos, o al menos el 40 % con una diferencia de 10 % sobre el rival más cercano.

Sin embargo, a las 10:31 (hora local) de este martes, el cómputo definitivo oficial, con 78,03 % de las actas escrutadas, ofrece un resultado más ajustado: 40,71 % de los votos a favor de Mesa, de Comunidad Ciudadana, y 43,37 % de los votos al candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP).

Denuncias de «fraude» e incidentes

Previamente, con el 95,23 % de las mesas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) dio a conocer la victoria de Morales. Tras publicarse estos resultados preliminares, Mesa tildó de «un fraude escandaloso» y una «vergüenza» el papel de este organismo durante el conteo y la difusión del escrutinio rápido.

«Confiamos en que la ciudadanía no va a aceptar esta votación, no va aceptar este resultado, que está totalmente tergiversado y amañado», declaró Mesa.

En la mañana de este lunes, el Tribunal Supremo Electoral suspendió la transmisión de los Resultados Electorales Preliminares, cuando el conteo había alcanzado un 83,7 % del total. Tras reanudarse en horas de la tarde, se difundió el resultado preliminar que dio como ganador a Morales en primera vuelta.

Ante este panorama, el candidato opositor llamó a desconocer la victoria del actual mandatario, y llamó a una «movilización democrática» a los simpatizantes de su espacio político.

En horas de la noche, tras haberse difundido el resultado provisorio, manifestantes opositores denunciaron «fraude», y protagonizaron protestas en las calles de La Paz, donde se registraron serios incidentes y choques con la Policía.

Por su parte, el Ministro de Gobierno boliviano, Carlos Romero, recordó que quien llame a la violencia ante los resultados, deberá afrontar consecuencias jurídicas y políticas.

«No corresponde convocar a la violencia y a la confrontación, esa no es una actitud democrática. Y reitero, en mi condición de Ministro de Gobierno: no voy a ser [en tanto que] la autoridad a cargo de la seguridad, [quien] se haga cargo de las consecuencias de la violencia si alguien la genera», declaró.

Por su parte, el sociólogo y analista Fernando Rodríguez aseguró en entrevista con RT que el montaje acerca de un posible fraude en las elecciones se venía orquestando desde hace meses, precisamente para afrontar la posibilidad de que Morales fuese reelecto.

«Lo que estamos viendo en los hechos no es nada más que la ratificación de aquello que se vino preparando durante meses, y que hoy día expresa el triunfo de Evo Morales por un lado y el descontento de la oposición», dijo el analista.

OEA llama a respetar la voluntad ciudadana
Tras las denuncias de supuesto «fraude», la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió respetar «la voluntad de la ciudadanía».

A través de un comunicado de prensa, la Misión de la OEA manifestó su «profunda preocupación y sorpresa» por el «cambio drástico» de los resultados preliminares, conocidos tras el cierre de las urnas.

«Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana con estricto apego a la Constitución y sus leyes complementarias de manera ágil y transparente», pidió el organismo.

Mientras la campaña avanza, también lo hace la Justicia. En el marco de la causa penal que se inició en 2017 por la denuncia de la fiscal Gabriela Boquín contra funcionarios del Gobierno de Cambiemos por el intento de acuerdo entre el Estado y Correo Argentino SA para condonar (perdonar) una deuda de la empresa, la jueza en lo comercial Marta Cirulli ordenó la intervención de Correo Argentino SA (de la familia Macri). La magistrada cree que la compañía presentó información falsa sobre el estado de sus cuentas para obstaculizar la investigación por vaciamiento de la empresa.

Desde la Justicia se encontraron con que Correo Argentino SA impide el acceso a sus estados contables y provee datos parciales y contradictorios sobre su vínculo con las empresas Socma (Sociedad Macri) y Sideco Americana (también de los Macri).

Cirulli lo definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal impensable”. Por lo tanto, decidió designar a un coadministrador en la empresa, que deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada [en alusión a Correo Argentino SA] luego de los requerimientos [de la Justicia] el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.

La resolución de intervención fue firmada el viernes pasado y define que el interventor/coadministrador trabajará en la empresa durante al menos 30 días. Luego de ese plazo la intervención podría levantarse o profundizarse.

Según publicó LetraP, en la resolución figuran algunos ejemplos de información dudosa que la jueza destacó. Por ejemplo, que Correo Argentino SA afirmó que Sideco Americana le brindaba servicios “presumiblemente recibidos como una “gracia”, pues ninguna contraprestación había sido expuesta como “deuda” en los informes mensuales de la sindicatura controladora, hoy vendría a representar un endeudamiento de US$ 1.144.260 (según afirmación de la concursada), más los otros “gastos legales”. Es decir que habría una deuda de $64 millones a favor de la empresa Sideco Americana.

Hay un contrato que comenzó en 2012 entre Correo Argentino y Sideco Americana, donde la primera le pagaba alquiler a su propio dueño (ambas eran de la familia Macri). El precio pactado eran US$ 18.000 mensuales. Para el momento que firmó ese contrato, Correo Argentino SA tenía 3 empleados, no tenía actividad y no podía producir ganancias. Este fue uno de los tantos gastos que la fiscal Gabriela Boquin identificó como parte del vaciamiento de Correo Argentino, que desviaba fondos hacia empresas del grupo Macri mientras no pagaba su deuda con el Estado.

La causa penal

La fiscal Gabriela Boquín había denunciado en 2017 a Correo Argentino SA, hoy una empresa sin actividad, que cedió fondos a Socma y Sideco y contrató consultoras y estudios allegados a funcionarios. El objetivo: hacer cerrar las cuentas de la empresa en detrimento de sus acreedores reales (como el Estado), además de beneficiar con pagos millonarios a los estudios de Pablo Tonelli (diputado PRO), Pablo Clusellas (secretario Legal y Técnico de Macri), Jaime Kleidermacher (abogado de los Macri) y Jaime Cibilis Robirosa (ex presidente de la empresa).

Correo Argentino SA tiene una millonaria deuda con el Estado (originada principalmente por el incumplimiento del canon que la empresa tenía que pagar durante los 6 años que mantuvo la concesión del servicio). La fiscal Boquín denunció que el Gobierno de Macri quiso firmar un acuerdo para eludir el pago de al menos $4.000 millones, pero el mismo no se realizó luego de que la denuncia tomara estado público.

La causa se encuentra hoy bastante paralizada. Hace apenas unos días el juez Ariel Lijo fue denunciado por presunto “encubrimiento” por su demora en resolver la situación de los imputados en la causa Correo Argentino. Como respuesta, el juez ordenó el lunes 9/9 la realización de un “informe técnico contable” en la causa penal por la deuda de Correo Argentino, para establecer si la quita millonaria a la empresa, que era de la familia de Mauricio Macri, fue “abusiva” como sostuvo la fiscal Gabriela Boquin, y si se cometió delito en perjuicio del Estado.

Causa a la CSJN

Además, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente de la causa a la Corte Suprema de Justicia. En este caso, se trata de la causa comercial (que va en paralelo a la penal).

El expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso, dadas sus potenciales “graves consecuencias”.

“No puede obviarse”, indicó Saravia Frías al pedir que intervenga la Corte, “que este concurso preventivo ostenta características muy particulares. Los montos en juego y la complejidad de su evaluación, el tiempo transcurrido, la existencia de reclamos recíprocos, la cantidad de partes involucradas y, especialmente, la existencia de diversas causas penales en las que se investiga la conducta de funcionarios públicos intervinientes”

“Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”, resolvieron los camaristas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini

La CSJN debe evaluar si se trata de un expediente “de marcada excepcionalidad” o si lo devuelve al fuero en lo Comercial. Si finalmente la Corte resuelve rechazar el planteo, el expediente volverá al fuero Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001. Esta decisión podría ser tomada recién después de las elecciones de octubre.

La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir si el Estado nacional acepta o rechaza la propuesta de acuerdo que la empresa de la familia Macri presentó hace más de 31 meses.