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Diego Hernández había logrado burlar la persecución de la Brigada de Investigaciones y de la Justicia de Comodoro Rivadavia desde el 8 de abril del año pasado cuando en un automóvil que él mismo utilizaba, la policía halló el cuerpo calcinado de Oscar Ramón Aguirre. A Hernández lo buscaron, pero no lograron encontrarlo en los allanamientos que se efectuaron en la zona de quintas del barrio Abásolo. Desde ese momento se mantuvo prófugo. Sin embargo su captura no estaba cargada en el sistema judicial. Así si algún policía novato lo identificaba no iba a salir en el sistema el pedido de detención. Ayer se resistió a las trompadas contra dos avezados efectivos de la Comisaría Séptima que conocían las sospechas que pesan sobre su persona. Cuando verificaron su identidad, quedó detenido. Hoy afrontará dos audiencias, una por la resistencia a la autoridad y luego como presunto autor del homicidio.

Diego Hernández (37) tenía pedido de captura recomendado por el juez Alejandro Soñis desde el año pasado, como sospechoso por el horrendo crimen del marinero formoseño Oscar Ramón Aguirre, pero su detención no estaba cargada en el sistema Skua. Así, si algún policía novato lo identificaba en la calle y consultaba el sistema de capturas recomendadas por la Oficina Judicial, no lo iba a encontrar.

Había sido buscado por la Brigada de Investigaciones en cuatro allanamientos en la zona de quintas pero al no ser hallado, Hernández continuó viviendo en la clandestinidad.

Ayer a la madrugada cayó de casualidad. Fue sobre las 1:15 cuando lo detuvieron por atentado, resistencia y lesiones a la autoridad luego de intentar escaparse de un control vehicular que se hacía en la jurisdicción de la Seccional Séptima.

Según fuentes policiales, Hernández y otro hombre, a bordo de un vehículo, intentaron escapar del control policial por calle Duraznos y Gansos Verdes. Cuando los policías se acercaron a identificarlos escaparon y frenaron frente a una vivienda de una familia del sector con conocidos antecedentes judiciales.

Desde el lugar del acompañante Hernández se bajó y golpeó a los policías, primero arrojó al suelo al oficial de la Séptima y luego golpeó con el puño varias veces en la cara y en la cabeza a un suboficial mayor. Pero cuando intentó correr hacia la casa de la mencionada familia, los policías lograron atraparlo y en medio de una lluvia de pedradas y golpes con palos de varias personas que salieron a ayudarlo, los policías pudieron detenerlo y llevarlo a la comisaría. El otro individuo logró huir.

Cuando los policías informaron que tenían detenido a Hernández, rápidamente desde la Fiscalía corroboraron que se trataba del sospechoso de un homicidio.

Hoy deberá comparecer en dos audiencias. Primero por atentado y resistencia a la autoridad. Lo hará frente al juez Martín Cosmaro. Y luego tendrá otra audiencia en la que la fiscal de Delitos Complejos, Camila Banfi le imputará el presunto homicidio de Ramón Aguirre.

EL HOMICIDIO

Hernández es familiar de un albañil que Aguirre había contratado para unos trabajos en un terreno de Kilómetro 17.

En los allanamientos desarrollados en búsqueda de Hernández, los investigadores pudieron secuestrar la cédula verde del vehículo en el que apareció quemado Aguirre. Y el último poseedor del auto era Hernández, un hombre que ha sido investigado como presunto autor por algunos otros delitos en la zona alta de Comodoro Rivadavia, pero que aún están en trámite.

Aguirre apareció quemado en el interior del vehículo y sin ninguna de sus pertenencias. Según la familia de la víctima, esa madrugada de lunes del 8 de abril del año pasado, Aguirre fue sacado bajo algún engaño de su vivienda e incluso en ojotas. Luego lo mataron y lo prendieron fuego en el interior del Chevrolet Corsa.

El marinero había sacado un préstamo de 20 mil pesos y nunca se encontró ese dinero.

Su cuerpo fue sometido a la autopsia y a estudios histopatológicos. Luego de permanecer unos días en la morgue judicial y ante la imposibilidad de su familia para costear el traslado a Formosa para darle sepultura, por razones humanitarias, y de común acuerdo, la fiscal Camila Banfi determinó que fuera sepultado el 27 de septiembre del año pasado en la sección 36, fila 15 y fosa 21 del Cementerio Oeste.

El fiscal general Omar Rodriguez anticipó que en caso de ser hallado culpable pedirá para el contador Eguillor una pena de tres años de prisión. A la vez el juez Nieto Di Biase pedirá a la Oficina Judicial la realización del juicio a la mayor brevedad habida cuenta de lo dilatado del tiempo –dos años- en que el imputado se encuentra sometido a distintos procesos penales en algunos de los cuales ha resultado sobreseído y que desprenden todos de la denominada causa “Embrujo”.

La audiencia preliminar se realizó este miércoles en la Oficina Judicial de Rawson y el imputado fue defendido por el abogado Federico Ruffa. Mientras que las partes estuvieron de acuerdo en las pruebas ofrecidas tanto por el Ministerio Público Fiscal como de la defensa, el debate se extendió en cuanto a la descripción del hecho que consta en la acusación y que serán los debatidos en el juicio oral.

Amigos

El fiscal general Rodriguez –titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones- fue quien realizó la descripción del hecho y dio cuenta de la resolución que el imputado tomó para determinar un aumento en las prestaciones en beneficio de la empresa Tesla dedicada al diagnóstico por imágenes con sede en la ciudad de Trelew de propiedad de Pablo Mamet y Juan Blasco a los que consideró “amigos” de Eguillor que además oficiaba de contador a través de una persona que mencionó de apellido San Martín, dependiente además del imputado en la obra social que presidía en el año 2016. “Hubo una clara intención de beneficiar a esa empresa y a sus amigos y puso su interés particular por encimo del interés público. La actitud de Eguillor fue parcial, infiel y poco transparente”, dijo Rodriguez.

La defensa de Ruffa

Al momento de argumentar el defensor de Eguillor pidió su sobreseimiento. Dijo que en la descripción de los hechos “no está claro” en qué se benefició Eguillor porque “no torció la voluntad administrativa para otorgar ese aumento” y que además “fue avalado por unanimidad por  el directorio y por los órganos internos técnicos” de esa obra social. Dijo también que el día del aumento a Tesla, se dio un aumento “generalizado a todas las prácticas médicas” en el marco de una actualización de montos a raíz de la inflación.

Ruffa fue aún más puntilloso en su argumentación y mencionó a tres integrantes del directorio de SEROS de apellidos González, Hernández y Schulman “entre otros más”, que también avalaron aumentos en las prestaciones siendo también prestadores de esa obra social. “Están en igual situación y el Ministerio Público Fiscal no los persiguió. Se trata de una conducta atípica y no significa que esté mal”, manifestó Ruffa.

Al momento de la contrarréplica el fiscal general Rodriguez ratificó la necesidad que el caso Eguillor sea elevado a juicio oral y público y que en tal caso “si es necesario y la amerita iniciaremos una actuación de oficio” respecto de los nombres mencionados por Ruffa.

La resolución del juez       

Al momento de resolver el juez Nieto Di Biase indicó que el aspecto considerado “subjetivo” por el defensor Ruffa referido a la “intencionalidad de Eguillor de beneficiar a sus amigos” deberá probarse en el juicio “sobre la base elementos objetivos. Es allí donde se probará si solo queda en un reproche ético, o si en realidad se cometió un delito, tal como lo postula la fiscalía”.

Producido por Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal Oficina Rawson.

El homicidio de Alexis Cueva ocurrió el 23 de noviembre y casi tres meses después aún se aguarda el traslado del automóvil Fiat Punto desde Pergamino, en donde se encuentra secuestrado y precintado para su peritaje. Se trataría de una prueba clave ya que allí habría sido trasladado el estudiante de medicina que apareció en el arroyo La Mata cinco días más tarde.

La Justicia no avanza en el esclarecimiento del crimen del estudiante de medicina, Alexis Cueva (23). Aún se aguarda el traslado a Comodoro Rivadavia del automóvil Fiat Uno en el que se movilizaba Leonardo Bustamante (24), uno de los sospechosos del homicidio. El otro es Renzo Muñoz (23). Ambos fueron imputados.

Bustamante fue el último en caer, ya que su captura tuvo lugar en Pergamino, Buenos Aires, el 30 de diciembre. Se le secuestró entonces el Fiat Punto en el que los investigadores presumen habría sido trasladado el cuerpo de la víctima el sábado 23 de noviembre de 2019, para ser hallado el jueves 28 en el Arroyo La Mata, a la atura de la puerta 4 del Autódromo General San Martín.

En la audiencia de control y apertura de investigación en relación al homicidio, el 4 de diciembre, Renzo Muñoz -quien se entregó ante la Justicia después de permanecer prófugo algunos días en los que fue y vino de Córdoba-, señaló a Bustamante como el autor material de las lesiones que le ocasionaron la muerte a Cueva.

Bustamante fue trasladado de Pergamino a Comodoro Rivadavia el 10 de enero, luego de haber sido capturado por la Brigada de Investigaciones y también fue sometido a la audiencia de control de detención y formalización de la investigación.

Según investiga el Ministerio Público Fiscal, entre las 18 y las 22:30 del sábado 23 de noviembre Renzo Fernando Muñoz, Leonardo David Bustamante y Héctor Daniel Orquera se encontraban reunidos en la casa de este último, en Los Nogales al 800, cuando llegó Alexis Cueva a compartir unas bebidas. Tanto Cueva, como Muñoz y Bustamante, se desempeñaban laboralmente en una financiera de la calle Belgrano.

EL CRIMEN

Alrededor de las 22:30, se retiraron del lugar Muñoz, Bustamante y Cueva a bordo del Fiat Punto de Bustamante. Lo único que se supo después es que se produjo el crimen. Cueva murió apuñalado: recibió siete puntazos en el cuello.

Según la Fiscalía, los imputados trasladaron su cuerpo en el Fiat Punto, arrojándolo al arroyo La Mata, al que la Policía llegó porque fue el último lugar en el que se activó el celular de la víctima.

La búsqueda de Cueva se inició el 25 de noviembre cuando su madre puso en conocimiento de la Policía su desaparición. A Muñoz y a Bustamante se los investiga por el presunto delito de “homicidio simple” en calidad de “coautor” para ambos. Cuando se los interrogó, coincidieron en señalar que habían dejado a Cueva en España y Rivadavia porque pensaba tomar un colectivo en dirección a zona norte para ir a su casa en kilómetro 3.

Pero cuando apareció el cadáver y los fueron a buscar, ambos sospechosos habían desaparecido. Muñoz se entregaría una semana más tarde y culpó a Bustamante del crimen.

“Habían estado discutiendo toda la noche y en un momento fueron al baño. Cuando yo fue hasta ahí estaba Bustamante con los pantalones bajos, Alexis estaba arrodillado y Bustamante lo estaba apuñalando en el cuello, se lo llevó al auto y quiere que yo lo ayude a cargarlo y yo no lo quiero cargar por los nervios que tenía y me dice ‘metete al auto y agachá la cabeza’, apuntándome con el arma”, declaró Muñoz en la audiencia de control de detención.

El plazo de investigación y la prisión preventiva vencen el 4 de marzo próximo y ambos se encuentran privados de su libertad ante el peligro de fuga, el cual ya quedó en evidencia.

Ahora resta acceder a los presupuestos de la grúa que trasladará el vehículo que se encuentra precintado en Pergamino. El mismo debe ser peritado por la Policía Científica en busca de rastros biológicos de Cueva.

Este viernes a las 12 del mediodía Verónica Fabbris asumió su banca para cubrir el cargo de funcionario de fiscalía.

En un acto tuvo lugar en la oficina única Trelew del Ministerio Público Fiscal, ubicada en Rawson 262 de esta ciudad.

Allí asumió como nueva funcionaria de fiscalía Verónica Estela Fabbris. Nacida el 2 de julio de 1973, la mencionada es abogada egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia el 29 de mayo de 2018, cumpliendo funciones durante años en diversas áreas del Ministerio Público.

Así fue determinado durante la audiencia de control llevada adelante en sala del tercer piso de tribunales, donde el Ministerio Público Fiscal representado por la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra manifestó que Angel Andrés Molina, de 27 años, fue detenido ayer tras una orden de captura emitida el 12 de julio del presente año.

En referencia al hecho, la funcionaria relató que el mismo 12 de julio cerca de las 15,30 en una zona del barrio Don Bosco de esta ciudad sobre calle Urquiza, el imputado sabiendo lo que hacía y conociendo el poder vulnerante del arma utilizado quiso terminar con la vida de Sergio Chapingo a quien apuntó con una 9 milímetros y efectuó dos disparos, uno de los cuales atravesó la humanidad del agredido con heridas de ingreso y salida que le provocaron daños de diversos órganos vitales y una hemorragia interna, debido a lo cuál fue intervenido quirúrgicamente. Aún y pese a los esfuerzos prodigados Chapingo falleció el 13 de julio de 2019.

Detalló Julieta Gamarra sobre los allanamientos efectuados en aquellos momentos, llegándose al día de ayer en que fue hallado Molina en un domicilio de la calle Juan Evans. Allí se verificó que tenía a su alcance un arma de guerra 9 milímetros lista para disparar y con 8 proyectiles cargados, resaltando el trabajo realizado por la dirección policial de investigación que permitió la aprehensión tras semanas de seguimiento.

Entre los elementos aportados se destaca que al momento de ser atendido y trasladado el propio Chapingo pudo manifestar a varios policías actuantes que había sido Molina el agresor, a la vez que existen testimonios que verifican tal situación y dicen haber visto al imputado alejándose en un auto Peugeot cuando sucedió el hecho
en cuestión.

Enfatizó las vainas encontradas en el lugar de 9 milímetros lo que coincide con el arma secuestrada por lo que será importante el peritaje a llevarse adelante.

Se solicitó la apertura de investigación calificando al delito como homicidio agravado por uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra de uso ilegal, y quedará al frente de la investigación la fiscal general Griselda Encina.

En cuanto a la medida de coerción pidió seis meses de prisión al estimar el cumplimiento de la probable tutoría según artículo 220 y el peligro de fuga de acuerdo al 221, dada la gravedad extrema de lo sucedido con una expectativa de pena que va de los ocho años a mas de treinta y tres de prisión efectiva.

El Juez Sergio Piñeda comunicó la apertura de investigación por los términos legales en base a dos hechos y la calificación provisoria fiscal.

Sin existir oposición de la defensa ejercida por Lisandro Benítez acordó con el Ministerio Público Fiscal respecto a la probable autoría y al peligro procesal de fuga y confirmó la prisión preventiva por seis meses para Angel Andrés Molina que sería trasladado a la alcaidía policial luego de ser revisado por el cuerpo médico forense debido a un pedido de la doctora Gamarra yaque el imputado presentaba rastro de golpes en su rostro a fin de verificar la procedencia de los mismos.

Cristian Omar Bustos participó por video conferencia de la audiencia de apertura de la investigación por los hechos que terminaron con la vida del policía Tito Roberts y heridas de gravedad que pusieron en riesgo la vida de otro efectivo policial. El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2009 al mediodía en Corcovado. Bustos huyó y se mantuvo prófugo hasta ser recapturado en Chile en un procedimiento en el que resultó herido un carabinero.

El fiscal Fidel González dio detalles del hecho por el que se formaliza la investigación. Aquel 8 de marzo a las 13 hs hs., personal policial de la Brigada de Investigaciones de Esquel, se presentó en el domicilio Omar Bustos y su grupo familiar. Los efectivos tenían por finalidad llevar a cabo una diligencia de allanamiento para detener a Cristian Omar Bustos (alias “Mai”) en el marco de la investigación llevada adelante en el Legajo Fiscal nº 2.266 caratulado “BUSTOS, Cristian Omar s/ evasión”. El imputado se había evadido de la comisaría de Corccovado, en la que estaba detenido preventivamente luego de ser condenado a prisión perpetua como autor material del homicidio de su hijo.

Cuando personal policial se disponía a iniciar la diligencia, del interior del inmueble salió el padre del prófugo y comenzó un diálogo con el Comisario a cargo del operativo. Le dijo que en el interior de la casa estaban sus hijos armados, que no se iban a entregar y solicitó a los uniformados que se retiren. La conversación iniciada fue interpretada por el funcionario policial como el inicio de una “negociación” para entregarse, ya que se solicitaba la presencia del defensor.

La situación fue abruptamente interrumpida por un grupo de cuatro personas que, contraviniendo las indicaciones expresadas a viva voz por la policía salió del interior de la residencia de la familia Bustos. Dicha agrupación estaba conformada por el menor de los hermanos, Daniel Ernesto Bustos, Wilson Bustos y Cristian Omar Bustos. Los tres primeros “rodeaban” a Cristian Bustos –ubicado en el centro- quien portaba un arma larga calibre 22 con mira telescópica. El menor llevaba consigo –exhibiéndola- un arma de fuego de puño, calibre 38 marca Rossi con numeración limada, y Wilson y Daniel Bustos, cuchillos de grandes dimensiones. Todos tenían capuchas o gorros y sus bocas cubiertas con pañuelos o elementos similares.

Anunciaron a viva voz “…nos vamos, si tiran tiramos!… manifestando también que “no se entregarían”, al tiempo que apuntaban en todas direcciones con sus respectivas armas, con el claro propósito de evitar que los uniformados siguieran adelante con el acto funcional en curso de cumplimiento.

En ese cuadro de situación, el Comisario dio la orden de que “nadie dispare”, siendo en ese momento que el cuarteto descripto, actuando en modo conjunto y preordenado, manteniendo siempre la mecánica aludida, comenzó a desplazarse por la calle sobre la que se emplaza la vivienda, haciéndolo en dirección oeste/este.

El relato del fiscal continúa indicando que, sin interrumpir el desplazamiento, al llegar a la esquina –lo que sería la “segunda” esquina tomando como referencia el domicilio propio- giraron del mismo modo hacia el sur. Al doblar en dicha esquina, el grupo comenzó a correr aprovechando que el personal policial los perdía de vista unos instantes, logrando separarse de los uniformados a una distancia considerable, por el momento no establecida exactamente, pero superior a los 50 metros.

El momento más dramático se produjo al momento en que Cristian Bustos ve que el personal policial no había cesado de seguirlos. Con el arma larga calibre 22 que portaba, comenzó a efectuar disparos contra los uniformados (presuntamente habiendo detenido su marcha y apuntando) logrando impactar al agente Leonardo Tito Roberts en la cabeza y al empleado policial Luis Cañumir en el abdomen.

Luego de ello, Cristian y el menor, emprendieron la huida hacia un pinar cercano. Cristian “cortó” camino por el terreno de una vivienda mientras que Marcos continuó disparando contra el personal policial que lo perseguía, repeliendo a su vez aquéllos disparos, siendo finalmente impactado en zona escapular izquierda, cayendo en el lugar. En tanto que Cristian Bustos, logró acceder al pinar evitando, su detención.

A raíz del disparo recibido, el Agente Leonardo Tito Roberts falleció antes de llegar al Hospital Rural de Corcovado y el Cabo 1º Luis Cañumir resultó con lesiones que pusieron en riesgo su vida y lo incapacitaron laboralmente por más de un mes.

Los hechos fueron calificados por el fiscal Fidel González como constitutivos de homicidio calificado por perpetrarse contra un miembro de una fuerza policial en concurso ideal con lesiones graves calificadas, ambos tipos penales agravados por el uso de armas de fuego.

A perdido de la Fiscalía, Bustos permanecerá en prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento procesal.

Un hombre amenazó a su expareja y la situación fue vista por una funcionaria judicial, que ordenó la detención del agresor, a quien se le abrirá una causa por amenazas, informó Diario La Jornada

El hecho ocurrió la mañana del jueves, luego que una pareja con hijos en común se reunieron en el Juzgado de Familia para realizar un acuerdo entre las partes.

Pero, según la causa que tramita en la fiscalía, tras una discusión el hombre le dijo “me voy a llevar a la nena” y la quiso agarrar por la fuerza. La niña empezó a llorar, por lo cual la madre la agarró.

En ese momento, el hombre le dijo: “te hago mierda el auto y te cago a palos (sic)”. Una funcionaria de fiscalía que salía de Tribunales fue testigo de la situación y ordenó a los efectivos policiales que se encontraban en cercanías del lugar que el sujeto sea detenido. En las próximas horas será sometido a la audiencia de apertura de investigación y control de detención por el delito de amenazas.

Si bien la causa de la muerte se determinará con la autopsia que se llevará a cabo en las próximas horas, los primeros indicios apuntan a que la mujer fue estrangulada con un cable y presentaba lesiones en la cabeza producidas con un elemento cortante. La fiscal de la causa, María Bottini, quien dijo que «en principio se investiga un femicidio, informó el Diario ADN Sur.

Una peluquera de 44 años fue asesinada el miércoles en su casa de la localidad chubutense de Esquel y por el femicidio detuvieron a un hombre que se encontraba herido en la misma escena del crimen, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto a la tarde en una vivienda situada en Brunt al 900, en dicha localidad cordillerana de Chubut, donde residía la víctima, identificada por la Policía como Ruth Figueroa.

El jefe de operaciones de la Unidad Regional Esquel, Vicente Avilés, informó a Télam que «los propios vecinos notaron ruidos, fueron a la vivienda de la señora y se desesperaron porque no respondía ni a los golpes a la puerta ni a los llamados telefónicos».

Cuando la Policía llegó ya había ingresado al inmueble el dueño de la casa que le alquilaba la víctima y tenía una copia de llave.

«Estaba la mujer tendida sin signos vitales y un hombre, identificado como Abel Marchand, que estaba con heridas pero fuera de peligro, quien fue internado en el hospital y con custodia porque quedará detenido» explicó Avilés.

Los primeros indicios apuntan a que la mujer fue estrangulada con un cable y presentaba también lesiones en la cabeza producidas con un elemento contundente, aunque la causa de la muerte se determinará con la autopsia que se llevará a cabo en las próximas horas.

En la escena del crimen estuvo presenta la fiscal de la causa, María Bottini, quien dijo a la prensa que «en principio se investiga un femicidio».

«Sobre eso estamos trabajando porque tenemos una persona demorada con heridas compatibles con una mecánica de defensa, aunque más datos no puedo aportar», añadió.

En tanto, los peritos de Criminalística que trabajaron en la escena del crimen no detectaron evidencias de la presencia de una tercera persona en el lugar.

El 2 de julio a la madrugada fue iniciado intencionalmente un incendio en una vivienda en la que se encontraba sola una mujer con retraso madurativo. La víctima llamó a la policía, logrando de este modo salvarse de las llamas. Momentos después fue aprehendido el imputado y desde entonces permanece cumpliendo prisión preventiva, medida que ahora fue extendida, a pedido de la Fiscalía, hasta la audiencia preliminar.

La víctima es una mujer con retraso madurativo, respecto de la cual el imputado tuvo una medida judicial de prohibición de acercamiento. La medida se venció el día anterior al hecho.

El 2 de julio a las 3:15 aproximadamente, el imputado, un hombre de 76 años, habría forzado la ventana de la vivienda y arrojó al interior una botella con líquido combustible. Rápidamente provocó llamas que comenzaron a expandirse por el dormitorio. La Fiscalía sostiene que la intención del sujeto era darle muerte a la mujer, principal testigo de la investigación que se sigue en su contra por abuso sexual.

La víctima llamó a la policía, alertando que el imputado estaba en el patio de la vivienda molestando. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, vieron que estaban las luces apagadas. Al acercarse escucharon los gritos de auxilio y vieron las llamas en el interior. Debieron forzar la puerta de ingreso, para encontrar a la víctima sentada en un rincón, gritando desesperada por lo que estaba viviendo.

Parte del personal salió en busca de algún medio extintivo para combatir el fuego, en el camino, a 200 mts de la casa, vieron al imputado que corría en dirección opuesta. En esas circunstancias fue aprehendido.

La funcionaria Julia Mateos y la fiscal María Bottini, argumentaron ante el juez la necesidad de mantener la prisión preventiva por entender que es la única manera de evitar que el imputado se fugue u obstaculice la investigación. Mateos se explayó sobre la doble vulnerabilidad de la víctima, tanto por su condición de mujer como por su retraso madurativo, también puntualizó que en la determinación del riesgo, se obtuvo uno de los índices más altos de las evaluaciones realizadas por el SAVD.

El juez José Colabelli, valoró las particulares características del hecho, el antecedente de incumplimiento de las indicaciones judiciales de prohibición de acercamiento, entre otros elementos, para concluir que en caso de estar en libertad, el imputado podría no acatar la orden judicial. Por peligro de fuga y entorpecimiento, dispuso la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, así lo reseñó ADN Sur.

«Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo el fiscal Omar Rodriguez este martes por la mañana, durante la presentación de alegatos en la Oficina Judicial de Rawson.

El fiscal Omar Rodriguez fue el encargado de describir la forma en que en el juicio quedó probada la administración fraudulenta. Dio cuenta en el inicio respecto de la conformación de las dos empresas creadas para realizar trabajos realizados con obras públicas, entre ellas la reparación de las viviendas oficiales. En este sentido se refirió a la participación de Cristian Gisande, Rubén Reinoso y Giuliana Mc Leod.

“Violaron el deber de lealtad y con el lucro indebido afectaron el bien común”, dijo en su introducción para luego destacar como “muy importante el papel de “Tato” Ramón simulando con su empresa Concretando una falsa competencia en los precios”.

Posteriormente exhibió expedientes iguales que fueron armados para reparar distintas viviendas oficiales. “Se armaron todos los expedientes juntos, los tenía en su poder Correa y los iban sacando en función de las necesidades”, dijo Rodriguez. La exhibición se reforzó con los mensajes de texto entre algunos imputados donde se iban tomando las decisiones “para la trama ilegal investigada”. Los mensajes involucran a “Tato” Ramón, Gisande y Diego Luters.

Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo Rodriguez. Cuando se refirió a Rubén Reinoso, hizo alusión a los dichos de “del testigo Tardugno y el comisario Cerda” además de las gestiones que realizó en la Municipalidad de Rawson para la empresa Dual Core con conocimiento de que pertenecía a Diego Correa.

Concluyó que son todos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Daniela Souza como partícipe necesario, mientras que para Domingo Correa –en este delito- pidieron la absolución por el beneficio de la duda, informó ADN SUR.