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Omar Rodríguez, Fiscal en la causa El Embrujo, se refirió al rechazo del tribunal al beneficio de la probation solicitada por las defensas para los imputados.

“La posición de la fiscalía fue siempre la oposición del otorgamiento de la probation por varias razones, el tribunal de juicio comunicó la decisión y resolvió que los doce imputados deberán ser juzgados en un juicio oral y público”, aseveró Rodríguez.

Esa decisión se basó en tres argumentos “una es la teoría del caso porque funcionó con la asociación ilícita, la otra con una pretensión punitiva y también el compromiso que asumió el estado argentino de combatir la corrupción, creemos que la probation estaría en contra de este propósito de sancionar esta conducta”, repasó el fiscal.

Rodríguez aclaró que esta decisión va a ser apelada y que tiene un plazo de cinco días “lo van a presentar ante la cámara de impugnación de Trelew y lo resolverá la cámara. Como las partes están pidiendo la suspensión del juicio, no se puede iniciar hasta que quede firme esa situación”.

Caso Gatica

En torno a la situación de Gatica, Rodríguez expresó que “la justicia federal se pronunció en tres oportunidades y lo rechazaron, porque el caso ya está avanzado, por otro lado las partes ya habían consentido que sea la justicia ordinaria la que juzgue el caso”.

Intento de traslado de la causa a la justicia federal

“Creo que lo perseguían era una cuestión estratégica porque no hemos accedido a ningún tipo de juicio abreviado o la probation, quizás la estrategia sea llevarla a la justicia federal para que sea más benévola. Nosotros estamos convencidos de que estos actos tienen que ser juzgados, la sociedad tiene que saber lo que pasó y podamos explicar cómo funcionó este grupo dentro de una estructura de poder”, comentó Rodríguez.

Evidencias

“Tenemos muchísima vivencia entre documentos recogidos en soporte papel en los distintos domicilios, como también en los expedientes que hemos recolectado en las oficinas del Estado, pero también tenemos muchos testimonios e información de los teléfonos“, se refirió a las evidencias.

Rodríguez apuntó a la relevancia del teléfono “es muchísimo más rico, en cuanto a la evidencia, el teléfono analizado en sí mismo que las escuchas telefónicas. Hay 26 mil contactos, entre mediados de 2016 hasta marzo de 2018”.

Ruta del dinero

Al ser consultado por la identificación de la ruta del dinero, el fiscal ofreció importantes detalles “llegamos hasta un punto donde logramos ubicar la mayoría de los bienes que fue producto del robo o la apropiación indebida de fondos del Estado que los fueron convirtiendo en bienes inmuebles o muebles. Diego Correa tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos, el resto un poco menos, toda la organización funcionaba bajo la dirección y en pos de Correa”.

En ese sentido, acotó “Correa, antes de asumir como secretario, ya tenía movimientos dinerarios. Ahí empieza a trabajar con la empresa Dualcore, en donde figuraba su mujer como titular y una amiga íntima de ella, iban agarrando obras de manera irregular e ilícita, a partir de ahí empieza a generar ingresos mal habidos y los incrementa cuando llega al gobierno de Das Neves”.

Sobreprecios en la refacción de escuelas

El fiscal Omar Rodríguez fue asignado para investigar la denuncia respecto a los sobreprecios en la refacción de escuelas. “Esta semana el procurador general me asignó trabajar en el caso, vamos a empezar con las primeras medidas para establecer si existe un acto delictivo y posteriormente identificar el autor del delito. Son delitos complejos porque no se ve la conducta delictiva a simple vista, sino que hay que rascar para llegar hasta donde realmente nos muestren un hecho delictivo“, culminó.

 

lacienpuntouno

Fiscales y Funcionarios recibieron a referentes provinciales y locales de Criminalística, con el objeto de analizar juntos los procesos adecuados para incorporar información de armas, municiones y vainas al Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB).

Cristian Ansaldo, jefe del Área Criminalística de la policía del Chubut, junto al Lic. Cristian Cayún, el Lic. Damián Leyes y la Lic. Esquivel, explicaron a los fiscales, el modo en que articulan el proceso de incorporación del material al sistema nacional. En el encuentro se analizaron los procesos actuales y las mejoras que deben implementarse para aprovechar los beneficios que otorga el SAIB a las investigaciones locales.

El 12 de octubre de 2012, el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, emitió la Instrucción 003/12 PG, resolviendo:

Artículo 1°: INSTRUIR a los Señores Fiscales Generales y Funcionarios de Fiscalía a fin de que una vez cumplida con las pericias correspondientes y lo dispuesto por Resolución N° 093/12 PG –Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística SAIB- reclamen a la Oficina Judicial y/o Juez el depósito transitorio de los elementos en la delegación del Registro Nacional de Armas correspondiente a la Oficina Fiscal.

Artículo 2°: INSTRUIR a los Señores Fiscales Generales y Funcionarios de Fiscalía para que, una vez concluida la investigación, ordenen el depósito definitivo y ulterior iniciación de los trámites destinados a disponer la destrucción de los elementos.

Artículo 3°: COMUNICAR la presente a las Delegaciones del Registro Nacional de Armas de las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia.

Artículo 4°: REGÍSTERSE, notifíquese y archívese.

En horas de la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios una nueva jornada en el juicio oral y público que tiene como imputado a Abel Reyna, ex delegado local del IPV. En la jornada pudo escucharse la última testigo, se incorporó la prueba documental y luego se escuchó la declaración del imputado. El próximo día jueves 4, a las 8:30, se concretarán los alegatos finales de las partes.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La última testigo, sostuvo que conocía a Reyna pero que no era su amigo. Recordó que por trámites que estaba haciendo en el IPV conoce a Reyna, y después me atendía él, yo iba por la parte de atrás. Seguidamente el ex delegado le pide su número de teléfono y la cita en un hotel. Ella asiste y Reyna le pide tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle una vivienda. Luego, Reyna junto a la abogada del IPV le entregan una casa en Stándar Norte.

Por su parte el imputado Reyna accedió a declarar diciendo que en el momento que asume como delegado local del IPV se encontró con empleados difíciles. Y hasta algunos lo boicoteaban, aseguró. Dando a entender una interna entre Buzzi y Das Neves. Plantea la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizan a desplazar a personal, se le asigna otra tarea. Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en ello. Dijo que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”. Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a la testigo anterior fue autorizada por Rawson, refirió Reyna. Negando haber tenido relaciones íntimas con dicha testigo. Una vez que le otorgan la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, refirió el imputado. Luego de los de las impugnaciones, renuncia porque no creía conveniente quedarse en el lugar perjudicando a otros.

Los hechos imputados

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

Se trata de la Dra. Leila Ritta. El juramento fue tomado por el Fiscal Jefe, Juan Carlos Caperochipi

Pasado el mediodía del presente lunes se desarrolló en sede del Ministerio Público Fiscal el acto de toma de juramento a la Dra. Leila Ritta, como nueva funcionaria de fiscalía de la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El juramento fue tomado por el Fiscal Jefe, Juan Carlos Caperochipi; y se encontraban presentes en la sala, fiscales generales, funcionarios de fiscalía, empleados administrativos, familiares y amigos de la flamante funcionaria. De esta manera se incorpora una profesional a la planta de funcionarios existentes, que asciende a veintidós en la localidad de los vientos. La nueva funcionaria será destinada al área de Violencia de Familiar.

El hecho se habría producido durante los festejos por la segunda edición de la «Fiesta de la vendimia más austral del mundo». El implicado es un sujeto de 39 años de edad.

La fiscalía de Sarmiento investigará la conducta de un sujeto de 39 años, imputado como presunto autor del delito de abuso sexual simple. El hecho ocurrió el último domingo en el predio del Club Deportivo de la localidad, cuando se desarrollaban los espectáculos musicales de la segunda edición de la «Fiesta de la vendimia más austral del mundo». Los investigadores obtuvieron un plazo de seis meses de investigación.

Los protocolos para el tratamiento informativo de los casos de  abuso sexual, sugieren preservar la identidad de la víctima y el imputado, a los fines de un desarrollo ordenado del proceso judicial.

 En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrollo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio. La parte acusadora estuvo representada por la funcionaria Rita Barrionuevo. El acto judicial fue presidido por el magistrado Daniel Pérez. En tanto, el detenido recibió el asesoramiento del abogado de la defensa pública, Marcelo Catalano. También participo el asesor de menores, Tomas Malerba.

Según informo la  investigadora,  el hecho ocurrió el domingo 24 a las 00:30,  en el interior del   predio del Club Deportivo Sarmiento. En ese lugar se desarrollaba la segunda edición de la «fiesta de la vendimia». En este marco, una menor de edad denuncio que un sujeto se acerco y  le toco sus partes intimas en reiteradas oportunidades.

Ante el sorpresivo  accionar del procesado, la adolescente comenzó a llorar y gritar. El personal policial llego en forma  inmediata  hasta ese sector del predio.

La victima les pudo informar de lo ocurrido y señalo al sujeto que se encontraba a pocos metros. Fue detenido por la policía y trasladado a la comisaria.

En este marco, la funcionaria de fiscalía indico que la calificación legal provisoria escogida contra el imputado fue  la de presunto autor del delito de abuso sexual simple.

Con respecto al plazo de investigación, solicito que el mismo sea de seis meses. También requirió la declaración de legalidad de la detención. Asimismo, peticiono que el detenido sea trasladado a la sede de criminalística a los fines de que sea identificado.

Por último, manifestó la necesidad de que el magistrado dispongo una orden de prohibición de contacto entre el sospechoso con  la víctima y el domicilio, durante el plazo que dure la investigación.

A su turno, el imputado utilizo su derecho a declarar en esta etapa del proceso. En este sentido, dijo que no conocía a la víctima y que no tuvo  intención de hacer nada.  En este sentido, agrego que había concurrido al espectáculo en compañía de sus hijos.

 Por su parte, Catalano se expidió indicando que la pieza de apertura de la fiscalía,  adolece de precisiones que la tornan inviable. En este marco, manifestó su oposición a la formalización  de la investigación.

Luego de escuchar las peticiones de las partes, Pérez resolvió: hacer lugar al pedido de formalización de la investigación preparatoria de juicio contra el imputado, en orden a los hechos descriptos y la calificación legal provisoria escogida por el Ministerio Publico Fiscal.

Asimismo, dispuso otorgar el plazo de seis meses de investigación, hizo lugar al pedido de prohibición de contacto y ordeno al procesado que se presente en las oficinas de criminalística a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

La Fiscalía venezolana, de línea oficialista, abrió este martes una investigación contra el líder opositor Juan Guaidó, al acusarlo de estar implicado en un «sabotaje» al sistema eléctrico que provocó el apagón que paraliza al país desde hace cinco días.

«Anuncio que se abre una investigación (…) en contra del ciudadano Juan Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje realizada al sistema eléctrico de Venezuela», anunció ante la prensa el fiscal general Tarek William Saab.

El lunes el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, decretó la suspensión del suministro de petróleo a Cuba, argumentando la «calamitosa situación» que representa el apagón que desde hace cuatro días mantiene colapsado al país.

La ordenanza aprobada por solicitud de Guaidó, presidente del Legislativo y autoproclamado mandatario interino de Venezuela, quien reclamó la declaración de la «alarma nacional» por la emergencia eléctrica.

Sin embargo, su aplicación resulta improbable debido a que el presidente socialista Nicolás Maduro cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada, uno de cuyos generales dirige la alicaída industria petrolera, y controla prácticamente todas las instituciones.

Al defender las medidas ante el Congreso, Guaidó, que las propuso en su calidad de gobernante encargado, abogó por el «ahorro de combustible» en un momento en que Venezuela enfrenta un recrudecimiento de la carestía de agua, alimentos y acceso a la salud a raíz del apagón más largo de su historia.

«Se ordena la inmediata suspensión del suministro de crudo, combustible y sus derivados» a Cuba, dijo Guaidó, al convocar a manifestaciones en todo el país este martes para protestar contra Maduro, a quien culpa del colapso eléctrico por la «desidia y la corrupción».

Venezuela envía petróleo a su principal aliado regional a precios preferenciales y a cambio de servicios médicos, como parte de acuerdos firmados por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Estos envíos alcanzaron los 90.000 barriles diarios, pero se estima que esa cifra ha caído en un 40% por la crisis económica y política en Venezuela, que ha mermado su capacidad de producción de 3,2 millones de barriles diarios en 2008 a cerca de un millón actualmente.

Guaidó acusa a Cuba de injerencia y denuncia que elementos de la inteligencia cubana integran el aparato estatal venezolano. De su lado, La Habana intenta unir a la comunidad internacional contra una eventual intervención militar de Estados Unidos en Venezuela.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, criticó a Cuba este lunes asegurando que es «la verdadera potencia imperialista en Venezuela», luego que el presidente Donald Trump clamó recientemente que «los días del socialismo y el comunismo están contados» en Latinoamérica.

Guaidó, que ha nombrado a una decena de representantes diplomáticos, entre ellos al encargado de negocios en Estados Unidos -con cuyo gobierno Maduro rompió relaciones-, instó a esos delegados a que «realicen los contactos» con el objetivo de «coordinar la cooperación técnica internacional» para «la superación de esta calamitosa situación».

Venezuela vive desde hace más de un mes un pulso por el poder entre Guaidó y Maduro, cuyo cuestionado segundo mandato cuenta con el firme apoyo de Cuba, además del de Rusia y China.

Telefé Noticias

La diputada del Frente Para la Victoria, Gabriela Dufour, alegó que el Bono Compensador de Hidrocarburos que destinó el gobernador Mariano Arcioni para pagar salarios colisiona no solo con la ley Hidrocarburífera, sino también contra la Constitución y la reconducción del presupuesto. Vaticina que la Justicia designará a un fiscal para investigar la presunta malversación de fondos.

El adelanto de EL CHUBUT generó una fuerte controversia que podría recaer en manos del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal de Cuentas. El Gobierno provincial cambió el destino de los fondos del Bono Compensador de Hidrocarburos, transfiriéndolos a Rentas Generales para derramarlos en el pago de haberes de los empleados de la administración pública.

Esa maniobra fue materializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, vulnerando de esta manera tres leyes diferentes: La ley de Hidrocarburos que contiene la creación de este bono; el artículo 156 de la Constitución de Chubut que prohíbe la implementación de un DNU sobre temas presupuestarios; y la ley del Presupuesto 2017 (2018 y 2019 fueron reconducidos) que tiene una cláusula que cualquier cambio de afectación de recursos deberá ser ratificada por la Legislatura.

Gabriela Dufour del FPV indicó que el bono tiene una afectación específica a «políticas públicas que mejoren las condiciones estructurales del territorio provincial, excluyendo cualquier otro destino en gastos corrientes».

La diputada esgrimió que el gobernador Mariano Arcioni «ignoró esta norma y otras fundamentales y mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuso la utilización de los fondos para pagar sueldos en el mes de enero».

La gravedad de la denuncia radica en que los fondos del citado Bono según la ley, tienen origen la explotación de los recursos hidrocarburíferos y como compensación por su agotamiento, disponiendo que serán utilizados «con el objeto de garantizar el desarrollo de las generaciones futuras a partir de la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, diversificación de la matriz energética y productiva».

Esta presunta violación a la ley fue denunciada por Dufour y la legisladora vaticinó que «habría sido receptada por el Ministerio Público Fiscal».

VULNERA LA CONSTITUCION

Si bien son conocidas las actuales dificultades del Estado provincial en sus finanzas, existirían varios mecanismos que hubieran permitido lograr el mismo objetivo en la situación de emergencia.

Sin embargo a criterio de Dufour, «el autoritarismo del Gobernador y el mal asesoramiento, consolidaron esta maniobra en plena contradicción con las leyes».

La exministra de Economía explicó que los DNU en materia presupuestaria que implican desafectar fondos presupuestarios de destino específico para utilizarlos en Rentas Generales, «están expresamente prohibidos».

El artículo 156 de la Constitución de Chubut describe que los DNU «en ningún caso pueden versar sobre materia tributaria, penal, presupuestaria, electoral o régimen de los partidos políticos».

COLISIONA CON EL PRESUPUESTO

No conforme con eso, Dufour detalló que el artículo 9 de la Ley II Nº 180 (presupuesto provincial) que se encuentra vigente en virtud de las prórrogas para los periodos 2018 y 2019, «establece claramente que es la Legislatura del Chubut quien debe autorizar la desafectación de fondos específicos a Rentas Generales, no quedando dudas respecto de quien tiene facultades para hacerlo».

Por estos motivos, calificó como «actos de manifiesta ilegalidad» que no hacen más que mostrar «el nivel de autoritarismo y desprecio por las instituciones del actual Ejecutivo provincial».

La jefatura de la Fiscalía de Rawson confirmó que desde esta dependencia judicial se está trabajando en un caso de abuso sexual que en las últimas horas tuvo trascendencia periodística a partir de la difusión en las redes sociales. Sin embargo por tratarse de un delito de acción pública de instancia privada, para investigar el hecho se depende de la voluntad de la víctima y que efectivice la denuncia.

Al respecto se hace necesario también confirmar que la Fiscalía de Rawson se encuentra a disposición de la víctima en la dilucidación del caso y que además se abrió un legajo de investigación no obstante no existir aún ninguna denuncia formal, necesaria ésta para poner en marcha lo que dispone el Código Procesal Penal que se aplique en Chubut. Así se tomaron medidas para tratar de ubicar a la víctima y garantizarle el derecho a la Justicia.

Por último merece destacarse que, como en toda investigación de este tipo de delito, desde el Ministerio Público Fiscal del Chubut, se han puesto en marcha resoluciones y protocolos de protección de las víctimas en el lugar donde se encuentra. También se aplica el artículo 281 que indica que la investigación preliminar no es pública y que sólo podrán acceder las partes en el proceso.

Miguel Ángel Ferreira (23) fue procesado por el juez Alejandro Rosales como presunto autor del delito de robo agravado. El imputado, junto a un menor de edad, ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio progreso y sustrajeron diversos elementos. La fiscalía obtuvo un plazo de cuatro meses para investigar.

En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrollo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial estuvo presidio por el magistrado Alejandro Rosales. La parte investigadora cargo de la funcionaria Rita Barrionuevo. El detenido recibió la asistencia técnico legal del abogado de la defensa pública, Gustavo Oyarzun. En tanto, el adolescente fue acompañado por familiares.

La representante del Ministerio Publico Fiscal indico que el hecho a investigar ocurrió el 10 de enero a las 07:25, en una vivienda ubicada sobre calle Eva Duarte e Inocencio Gonzalorena del barrio progreso.

Según los investigadores, Ferreira junto a dos menores de 18 años, rompieron dos vidrios de una puerta e ingresaron a la vivienda. Luego sustrajeron un reproductor de DVD y una guitarra criolla.

En este marco, Rita Barrionuevo solicito que se declare legal la detención del imputado. La investigadora explico que la policía actuó luego del llamado telefónico de un vecino, quien alerto sobre la situación.

Los sospechosos fueron encontrados en la plaza del barrio progreso. Cuando los delincuentes observaron el patrullero, intentaron deshacerse de los elementos y fueron alcanzaos por el personal policial.

También explico que la calificación legal escogida para este caso es la de presunto autor del delito robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, con la participación de menores de 18 años, en grado de tentativa.

Asimismo requirió un plazo de seis meses de investigación y una orden de prohibición de acercamiento y contacto entre los procesados y los damnificados. También solicito que a Ferreira se le apliquen medidas sustitutivas. Ellas son la obligación de presentarse cada 15 días en la comisaría local y prohibición de ausentarse de la localidad sin autorización judicial.

En este marco, recordó que Ferreira cuenta con una condena de un año de prisión de ejecución condicional por el termino de un año y reglas de cumplimiento de conducta por el plazo de dos años

Por último, peticiono que Ferreira se presente en las oficinas del área de criminalísticas a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

A su turno, Oyarzun no formulo oposiciones a los requerimientos del Ministerio Publico Fiscal respecto de la pieza de formalización de la investigación y tampoco por el pedido de legalidad de la detención

Luego de haber escuchado los planteos de las partes, Rosales resolvió: declarar legal la detención, formalizar la investigación penal preparatoria respecto los hechos descriptos y la calificación jurídica escogida por Barrionuevo.

También hizo lugar a la aplicación de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva solicitadas por la representante de la fiscalía.

El ministro de Salud del Chubut, Adrián Pizzi, realizó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel solicitando se interpongan las medidas legales correspondientes a los efectos de que esté asegurado el asilamiento respiratorio selectivo de los casos afectados por la contingencia de hantavirus.

El titular de la cartera sanitaria chubutense, Adrián Pizzi, acompañado por el director asociado del Área Programática Esquel, Jorge Elías, mantuvo hoy una reunión con los fiscales María Bottini y Ezequiel Forti a quienes presentó formalmente una denuncia por el riesgo al interés colectivo a la salud pública.

Por su parte, los fiscales mencionados pidieron al Juez una medida de protección a la comunidad ordenando judicialmente a las personas que cumplan con el asilamiento respiratorio indicado por el Ministerio de Salud, en sus respectivos domicilios por espacio de 30 días.

Pizzi señaló que en virtud de la contingencia epidemiológica registrada, con un total de 26 casos positivos confirmados a la fecha y 9 defunciones, el equipo sanitario dispuso hace unos diez días como herramienta primordial llevar adelante un asilamiento respiratorio selectivo.

A su vez, explicó que esta medida delineada para cortar la cadena de transmisión del virus alcanza a unos 85 vecinos. “Debido a que existen personas que se niegan a respetarla y otras que la incumplen es que pedimos la intervención de la Justicia”, argumentó el ministro en su exposición.

La presentación realizada esta tarde por las autoridades sanitarias de la provincia ante el Ministerio Público Fiscal responde a la necesidad de que el aislamiento respiratorio selectivo sea de carácter obligatorio “en virtud del resguardo de la salud pública y de la comunidad”.

“El pedido concreto es la obligatoriedad de un aislamiento selectivo en el domicilio por espacio de 30 días. Además que el Estado cumpla con las necesidades y demandas que las familias tengan”, manifestó. “Solicitamos que nos acompañen a garantizar el total cumplimiento de lo que creemos es la principal herramienta para cortar el brote”, amplió.

Recordó asimismo que equipos profesionales llevan adelante no sólo un abordaje clínico de la situación sino que también social, desplegando en terreno estrategias de contención, investigación, monitoreo y seguimiento en coordinación con el Ministerio de Salud nacional, epidemiólogos y el Instituto Malbrán, por ejemplo.