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La semana pasada la fiscal María Bottini se reunió con policías de toda la circunscripción para responder consultas y mejorar prácticas, para la intervención en situaciones de violencia familiar y de género. Esta semana el SAVD participa de jornadas organizadas por la Red de Trabajadoras de Salud sobre la implementación del Protocolo de Abuso Sexual, dirigida al personal de guardia del Hospital Zonal Esquel.

El encuentro con Policía respondió a inquietudes planteadas por esa institución, tendientes a mejorar prácticas y optimizar la articulación entre las instituciones intervinientes en situaciones de violencia de género, fundamentalmente en los casos guardia. La mayor complejidad se presenta en las localidades en las que no hay Comisaría de la Mujer. El encuentro permitió evacuar dudas y establecer mecanismos tendientes a facilitar las intervenciones, mejorando la respuesta.

La información como herramienta fundamental

Los encuentros organizados por la Red de Trabajadoras de SALUD buscan compartir información y ajustar prácticas, dando continuidad a la capacitación realizada en 2017 en conjunto entre Salud y el Ministerio Público Fiscal para todo el personal del HZE. En esta oportunidad la coordinación se realiza puntualmente con el personal de guardia, en relación a la aplicación del dispositivo médico-legal para Abuso Sexual.

Entre otros objetivos, se busca que todo el personal cuente con información clara y precisa sobre el protocolo, para poder trasmitirla a las personas que se presenten en la guardia manifestando haber sufrido un abuso sexual.

El Protocolo de Abuso Sexual busca garantizar los derechos de las personas que sufrieron una situación de abuso sexual. Cuenta con la medicación para evitar embarazos no deseados, para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y los elementos para la toma de muestras que sirvan para preservar prueba para el caso que la víctima decida en ese momento o más adelante, realizar una denuncia. La toma de muestras debe hacerse en todos los casos y la cadena de custodia de esas muestras, se activa por la Comisaría de la Mujer o la Comisaría común, según se trate de una mujer (también de una mujer trans) o de un varón.

Recomendaciones del Protocolo de AS para la recepción de pacientes que sufrieron AS

• Garantizar un ambiente de privacidad y tener en cuenta el estado emocional de la persona.
• Creer en su palabra, sin culpabilizar, revictimizar ni influenciar en sus decisiones.
• Asegurar la confidencialidad del relato.
• Respetar su voluntad si no quiere compartir lo que le sucedió con otras personas, incluidos los familiares.
• Permitir la presencia de un acompañante, si la persona lo desea.
• Dar a elegir el sexo del profesional, si esto es posible.
• Evitar que tenga que repetir lo ocurrido: unificar el registro de datos en la HC.
• Realizar un abordaje interdisciplinario, o bien derivar a los servicios de Psicología y Servicio Social luego de la asistencia.
• Informar de manera clara y sencilla las prácticas médicas y procedimientos que se pueden realizar; si existieran alternativas terapéuticas, detallar las ventajas y desventajas de cada una para garantizarle su libre elección.
• Informar a la persona sobre su derecho a acceder a un aborto no punible en caso de que en ese momento o más adelante se detecte un embarazo producto de la violación.
• Explicar que es su derecho denunciar lo que le ocurrió, para que la Justicia investigue y como una forma de reparación.
• Dejar en claro que realizar la denuncia es una decisión personal para que se castigue al agresor, pero que no condiciona ninguna práctica médica.
• Explicar la diferencia entre la denuncia en el fuero civil, para que se tome una medida de protección que impida el acercamiento del agresor, de una denuncia penal por la violación.
• Realizar los procedimientos de toma de muestras de tal forma que cumplan con los recaudos procesales exigidos en cada jurisdicción para servir como pruebas en un eventual proceso judicial.

Lucas Germán Gallardo (21) y Luis Alberto Saldivia (33) fueron imputados como presuntos autores del delito de homicidio culposo. Los procesados conducían los automóviles que colisionaron la noche del 30 de diciembre del 2016, en la intersección de las calles España y Alberdi. En ese choque perdieron sus vidas Solange de los Ángeles (18) y Araceli Abigail Hernández (15). La fiscalía obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación.

En la sala de audiencias de la oficina judicial tuvo lugar una audiencia de apertura y formalización de la investigación preparatoria de juicio en el marco de una causa por homicidio culposo. El acto judicial fue presidido por el juez Alejandro Rosales.

La fiscalía estuvo representada por el la fiscal Laura Castagno y la funcionaria Rita Barrionuevo. Los padres de las victimas recibieron el asesoramiento técnico de los abogados particulares Karina Andrea Aizpitiarte y Sebastián Ángel Balochi.

Los abogados de la defensa pública, Marcelo Catalano y Gustavo Oyarzun representaron a Lucas Gallardo. Por su parte, Saldivia fue asesorado por la abogada Fabiana Uribe.

En la oportunidad, la investigadora reseño los hechos consignados en la pieza de apertura. En este sentido indico que el 30 de diciembre del 2016 a las 01:50 Lucas Gallardo conducía su vehículo Volkswagen Gold, en compañía de las hermanas Solange y Araceli Hernández.

El rodado se desplazaba por calle Alberdi llegando a la intersección con la calle España. Para Castagno , el conductor del rodado manejaba de manera imprudente. En este marco, afirmo que Gallardo circulaba a una velocidad superior a la permitida.

Asimismo agrego que el imputado no respeto la prioridad de paso que tenía el vehículo que transitaba por la derecha. En consecuencia, se produjo la colisión contra la camioneta que conducía Luis Saldivia.

Para la parte acusadora, Saldivia también obro de manera imprudente, en función de que transitaba sin respetar los límites de rapidez establecidos por las leyes de tránsito. A este agravante, agrego que el imputado tenía un elevado estado de intoxicación alcohólica, lo que no le permitió el dominio de su vehículo.

El choque entre los dos rodados, provoco el vuelco del automóvil que conducía Lucas Gallardo, en compañía de las víctimas. Producto del impacto, Solange de los Ángeles Hernández, fue trasladada al hospital local Sarmiento para su atención. Había sufrido un politraumatismo de cráneo. Falleció el 30 de diciembre a las 03:10.

En tanto, su hermana Araceli fue derivada al hospital regional de Comodoro Rivadavia. La gravedad de las lesiones provocaron su muerte el 1 de enero del 2017.

Con respecto a la calificación legal provisoria, la Fiscalía requirió que se impute a los sospechosos como presuntos autores del delito de homicidio culposo en dos hechos. En este contexto, peticiono que a Gallardo se lo investigue también por haber sido cometido mediante la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor. A ello , agrego la transgresión de las normas de los artículos 41 y 51 de la ley de tránsito 24.449.

Respecto a Saldivia, la representante del Ministerio Publico Fiscal pidió que además se lo procese por infringir las normas previstas en los artículos 51, 48 y 39 inciso b de la ley 24.449.

Por último, solicito un plazo de. seis meses para finalizar las tareas investigativas y que los imputados se presenten en las oficinas del área de criminalísticas a los fines de que se les aplique el protocolo único de identificación de personas.

La pena natural

En su intervención Oyarzun propuso a la Fiscalía y al tribunal, la aplicación de un criterio de oportunidad establecido en el articulo 44 inciso 2 del Código Penal.

En este sentido, explico que esta normativa es aplicable en casos donde el imputado haya sufrido consecuencias o daños morales graves. Por lo tanto, la aplicación de una pena por parte del Estado, se tornaría en cruel, inhumana y violenta.

En este marco, indico que Lucas Gallardo mantenía una relación de pareja con la victima Araceli Hernández. En consecuencia, el desenlace luctuoso del siniestro había generado en su asistido una afectación profunda que derivo en la necesidad de un tratamiento psicoterapéutico.

Así las cosas requirió a la parte acusadora aplicar el criterio de oportunidad citado y otorgar el sobreseimiento de Gallardo respecto de la victima Araceli Hernández.

A su turno, Castagno afirmo que a esta altura del proceso la aplicación de ese criterio seria una decisión de carácter prematuro. De todos modos, adelanto que en el transcurso de la investigación en caso de reunir los elementos que den fundamento al pedido, plantearían la aplicación de ese criterio de oportunidad.

“Soy una persona muerta en vida”

Los padres de las víctimas se expresaron en esta instancia judicial. La madre de las adolescentes afirmo “desde hace dos años estamos siendo tratados con psicólogos y con medicación varios integrantes de la familia. Soy una persona muerta en vida, pido justicia para que ellas puedan descansar en paz” concluyo.

Finalmente, el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa pública respecto del pedido de utilización de un criterio de oportunidad y considero que para las víctimas, los imputados y la sociedad en su conjunto, es importante que se investigue para saber qué fue lo que ocurrió.

Por último, dispuso tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio en orden a los hechos descriptos por la fiscalía y las calificaciones legales provisorias escogidas por los acusadores.

Los jueces integrantes del tribunal colegiado Raquel Tassello, Alejandro Soñis y Martín Cosmaro resolvieron por unanimidad absolver por el beneficio de la duda a Rodrigo Soto al entender que no se arribó con certeza al presunto autor del hecho. Los jueces entendieron que durante el juicio no fue puesta en tela de juicio la muerte de Diego Soto, pero sí la autoría del mismo en cabeza del imputado. Cabe recordar que en la audiencia de alegatos el  fiscal, Adrián Cabral, solicitó se declare penalmente responsable a Soto en base al delito de “homicidio simple, agravado por el uso de arma de fuego”, en tanto que la defensora, Viviana Barillari, requirió su absolución por el beneficio de la duda.

Los jueces expresaron que no fue puesto en tela de juicio a lo largo del debate la muerte de Diego Epulef por paro cardio-respiratorio debido a una hemorragia cerebral, producida por herida de arma de fuego. Ello ha quedado demostrado en el debate con diversas declaraciones de funcionarios policiales que llegan inmediatamente al lugar del hecho, con el informe fotográfico y el croquis ilustrativo, entre otros.

Sí quedó controvertido en el debate la autoría del Soto en el hecho. Los testigos señalan en un primer momento a otra persona de apellido Reynoso como el autor, que fue detenido e imputado en un principio en la causa, pero luego fue desvinculado de la misma. Transcurrido dos años, ninguna otra persona fue imputada. Luego con motivo del juicio por el homicidio de Anahí Copa, los padres de Epulef, lo ven a Rodrigo Soto en el noticiero de Canal 9 y lo reconocen como el autor. Asimismo, dos meses después del hecho ventilado en juicio, la familia de la víctima, se refiere a un rumor en el barrio que el autor del homicidio había sido una persona de apellido Soto. Resulta llamativo que reconozcan a Soto dos años después del hecho por televisión, cuando a los tres meses ya habían sentido el rumor, sostuvieron los jueces. Sostuvieron que el reconocimiento positivo de Soto en una rueda de reconocimiento de personas fue una medida inútil; y que el resultado de dicha medida fue meramente orientativo en cuanto a su valor probatorio para dirigir la investigación.

Respecto de la prueba objetiva de cargo el tribunal se refirió a las fotografías del VW Gol rojo involucrado en el hecho, comparadas con el registro de cámaras; y la pericia balística que comparó las vainas servidas con las vainas del homicidio de Anahí Copa, que fueran disparados por la misma arma. “La coincidencia de dicha arma no permite arribar a una única conclusión, inequívoca y concordante. No hay dudas que el arma utilizada en ambos hechos fue la misma, pero no la autoría en cabeza de Soto”, concluyeron.

La mañana de hoy fue presentado un vehículo de alta gama recuperado por el Ministerio Público Fiscal de Madryn, que estará a cargo de distintas reparticiones de la Municipalidad local para uso oficial.

Se trata de un automóvil Audi que fue decomisado por la Fiscalía y que ahora pasará a estar al servicio de la Municipalidad. Llevará la insignia “vehículo recuperado por el Ministerio Público Fiscal”.

El acto se realizó frente al Municipio y el acta fue firmada por el fiscal jefe Daniel Báez y el intendente Ricardo Sastre. “El espíritu de esta iniciativa es que aquello que se decomisa de cualquier causa ilegal vuelva a la sociedad”, sostuvo Báez y señaló que “esta iniciativa, ajustada a los parámetros de la ley, busca darle utilidad a bienes que fueron decomisados a bandas dedicadas a cometer delitos y que ahora formarán parte de la logística del Estado”.

Otros bienes incautados al estafador Facundo Ciarlo ya habían sido donados a la Policía de Chubut, al Hospital Andrés Isola y al comedor Infantil. Lo mismo sucedió con bandas condenadas por cometer delitos de abigeato y de una banda dedicada al fraude a ancianos.