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Así fue determinado durante la audiencia de control llevada adelante en sala del tercer piso de tribunales, donde el Ministerio Público Fiscal representado por la funcionaria de fiscalía Julieta Gamarra manifestó que Angel Andrés Molina, de 27 años, fue detenido ayer tras una orden de captura emitida el 12 de julio del presente año.

En referencia al hecho, la funcionaria relató que el mismo 12 de julio cerca de las 15,30 en una zona del barrio Don Bosco de esta ciudad sobre calle Urquiza, el imputado sabiendo lo que hacía y conociendo el poder vulnerante del arma utilizado quiso terminar con la vida de Sergio Chapingo a quien apuntó con una 9 milímetros y efectuó dos disparos, uno de los cuales atravesó la humanidad del agredido con heridas de ingreso y salida que le provocaron daños de diversos órganos vitales y una hemorragia interna, debido a lo cuál fue intervenido quirúrgicamente. Aún y pese a los esfuerzos prodigados Chapingo falleció el 13 de julio de 2019.

Detalló Julieta Gamarra sobre los allanamientos efectuados en aquellos momentos, llegándose al día de ayer en que fue hallado Molina en un domicilio de la calle Juan Evans. Allí se verificó que tenía a su alcance un arma de guerra 9 milímetros lista para disparar y con 8 proyectiles cargados, resaltando el trabajo realizado por la dirección policial de investigación que permitió la aprehensión tras semanas de seguimiento.

Entre los elementos aportados se destaca que al momento de ser atendido y trasladado el propio Chapingo pudo manifestar a varios policías actuantes que había sido Molina el agresor, a la vez que existen testimonios que verifican tal situación y dicen haber visto al imputado alejándose en un auto Peugeot cuando sucedió el hecho
en cuestión.

Enfatizó las vainas encontradas en el lugar de 9 milímetros lo que coincide con el arma secuestrada por lo que será importante el peritaje a llevarse adelante.

Se solicitó la apertura de investigación calificando al delito como homicidio agravado por uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de guerra de uso ilegal, y quedará al frente de la investigación la fiscal general Griselda Encina.

En cuanto a la medida de coerción pidió seis meses de prisión al estimar el cumplimiento de la probable tutoría según artículo 220 y el peligro de fuga de acuerdo al 221, dada la gravedad extrema de lo sucedido con una expectativa de pena que va de los ocho años a mas de treinta y tres de prisión efectiva.

El Juez Sergio Piñeda comunicó la apertura de investigación por los términos legales en base a dos hechos y la calificación provisoria fiscal.

Sin existir oposición de la defensa ejercida por Lisandro Benítez acordó con el Ministerio Público Fiscal respecto a la probable autoría y al peligro procesal de fuga y confirmó la prisión preventiva por seis meses para Angel Andrés Molina que sería trasladado a la alcaidía policial luego de ser revisado por el cuerpo médico forense debido a un pedido de la doctora Gamarra yaque el imputado presentaba rastro de golpes en su rostro a fin de verificar la procedencia de los mismos.

Cristian Omar Bustos participó por video conferencia de la audiencia de apertura de la investigación por los hechos que terminaron con la vida del policía Tito Roberts y heridas de gravedad que pusieron en riesgo la vida de otro efectivo policial. El hecho ocurrió el 8 de marzo de 2009 al mediodía en Corcovado. Bustos huyó y se mantuvo prófugo hasta ser recapturado en Chile en un procedimiento en el que resultó herido un carabinero.

El fiscal Fidel González dio detalles del hecho por el que se formaliza la investigación. Aquel 8 de marzo a las 13 hs hs., personal policial de la Brigada de Investigaciones de Esquel, se presentó en el domicilio Omar Bustos y su grupo familiar. Los efectivos tenían por finalidad llevar a cabo una diligencia de allanamiento para detener a Cristian Omar Bustos (alias “Mai”) en el marco de la investigación llevada adelante en el Legajo Fiscal nº 2.266 caratulado “BUSTOS, Cristian Omar s/ evasión”. El imputado se había evadido de la comisaría de Corccovado, en la que estaba detenido preventivamente luego de ser condenado a prisión perpetua como autor material del homicidio de su hijo.

Cuando personal policial se disponía a iniciar la diligencia, del interior del inmueble salió el padre del prófugo y comenzó un diálogo con el Comisario a cargo del operativo. Le dijo que en el interior de la casa estaban sus hijos armados, que no se iban a entregar y solicitó a los uniformados que se retiren. La conversación iniciada fue interpretada por el funcionario policial como el inicio de una “negociación” para entregarse, ya que se solicitaba la presencia del defensor.

La situación fue abruptamente interrumpida por un grupo de cuatro personas que, contraviniendo las indicaciones expresadas a viva voz por la policía salió del interior de la residencia de la familia Bustos. Dicha agrupación estaba conformada por el menor de los hermanos, Daniel Ernesto Bustos, Wilson Bustos y Cristian Omar Bustos. Los tres primeros “rodeaban” a Cristian Bustos –ubicado en el centro- quien portaba un arma larga calibre 22 con mira telescópica. El menor llevaba consigo –exhibiéndola- un arma de fuego de puño, calibre 38 marca Rossi con numeración limada, y Wilson y Daniel Bustos, cuchillos de grandes dimensiones. Todos tenían capuchas o gorros y sus bocas cubiertas con pañuelos o elementos similares.

Anunciaron a viva voz “…nos vamos, si tiran tiramos!… manifestando también que “no se entregarían”, al tiempo que apuntaban en todas direcciones con sus respectivas armas, con el claro propósito de evitar que los uniformados siguieran adelante con el acto funcional en curso de cumplimiento.

En ese cuadro de situación, el Comisario dio la orden de que “nadie dispare”, siendo en ese momento que el cuarteto descripto, actuando en modo conjunto y preordenado, manteniendo siempre la mecánica aludida, comenzó a desplazarse por la calle sobre la que se emplaza la vivienda, haciéndolo en dirección oeste/este.

El relato del fiscal continúa indicando que, sin interrumpir el desplazamiento, al llegar a la esquina –lo que sería la “segunda” esquina tomando como referencia el domicilio propio- giraron del mismo modo hacia el sur. Al doblar en dicha esquina, el grupo comenzó a correr aprovechando que el personal policial los perdía de vista unos instantes, logrando separarse de los uniformados a una distancia considerable, por el momento no establecida exactamente, pero superior a los 50 metros.

El momento más dramático se produjo al momento en que Cristian Bustos ve que el personal policial no había cesado de seguirlos. Con el arma larga calibre 22 que portaba, comenzó a efectuar disparos contra los uniformados (presuntamente habiendo detenido su marcha y apuntando) logrando impactar al agente Leonardo Tito Roberts en la cabeza y al empleado policial Luis Cañumir en el abdomen.

Luego de ello, Cristian y el menor, emprendieron la huida hacia un pinar cercano. Cristian “cortó” camino por el terreno de una vivienda mientras que Marcos continuó disparando contra el personal policial que lo perseguía, repeliendo a su vez aquéllos disparos, siendo finalmente impactado en zona escapular izquierda, cayendo en el lugar. En tanto que Cristian Bustos, logró acceder al pinar evitando, su detención.

A raíz del disparo recibido, el Agente Leonardo Tito Roberts falleció antes de llegar al Hospital Rural de Corcovado y el Cabo 1º Luis Cañumir resultó con lesiones que pusieron en riesgo su vida y lo incapacitaron laboralmente por más de un mes.

Los hechos fueron calificados por el fiscal Fidel González como constitutivos de homicidio calificado por perpetrarse contra un miembro de una fuerza policial en concurso ideal con lesiones graves calificadas, ambos tipos penales agravados por el uso de armas de fuego.

A perdido de la Fiscalía, Bustos permanecerá en prisión preventiva por peligro de fuga y entorpecimiento procesal.

Un hombre amenazó a su expareja y la situación fue vista por una funcionaria judicial, que ordenó la detención del agresor, a quien se le abrirá una causa por amenazas, informó Diario La Jornada

El hecho ocurrió la mañana del jueves, luego que una pareja con hijos en común se reunieron en el Juzgado de Familia para realizar un acuerdo entre las partes.

Pero, según la causa que tramita en la fiscalía, tras una discusión el hombre le dijo “me voy a llevar a la nena” y la quiso agarrar por la fuerza. La niña empezó a llorar, por lo cual la madre la agarró.

En ese momento, el hombre le dijo: “te hago mierda el auto y te cago a palos (sic)”. Una funcionaria de fiscalía que salía de Tribunales fue testigo de la situación y ordenó a los efectivos policiales que se encontraban en cercanías del lugar que el sujeto sea detenido. En las próximas horas será sometido a la audiencia de apertura de investigación y control de detención por el delito de amenazas.

Si bien la causa de la muerte se determinará con la autopsia que se llevará a cabo en las próximas horas, los primeros indicios apuntan a que la mujer fue estrangulada con un cable y presentaba lesiones en la cabeza producidas con un elemento cortante. La fiscal de la causa, María Bottini, quien dijo que «en principio se investiga un femicidio, informó el Diario ADN Sur.

Una peluquera de 44 años fue asesinada el miércoles en su casa de la localidad chubutense de Esquel y por el femicidio detuvieron a un hombre que se encontraba herido en la misma escena del crimen, informaron fuentes policiales y judiciales.

El hecho fue descubierto a la tarde en una vivienda situada en Brunt al 900, en dicha localidad cordillerana de Chubut, donde residía la víctima, identificada por la Policía como Ruth Figueroa.

El jefe de operaciones de la Unidad Regional Esquel, Vicente Avilés, informó a Télam que «los propios vecinos notaron ruidos, fueron a la vivienda de la señora y se desesperaron porque no respondía ni a los golpes a la puerta ni a los llamados telefónicos».

Cuando la Policía llegó ya había ingresado al inmueble el dueño de la casa que le alquilaba la víctima y tenía una copia de llave.

«Estaba la mujer tendida sin signos vitales y un hombre, identificado como Abel Marchand, que estaba con heridas pero fuera de peligro, quien fue internado en el hospital y con custodia porque quedará detenido» explicó Avilés.

Los primeros indicios apuntan a que la mujer fue estrangulada con un cable y presentaba también lesiones en la cabeza producidas con un elemento contundente, aunque la causa de la muerte se determinará con la autopsia que se llevará a cabo en las próximas horas.

En la escena del crimen estuvo presenta la fiscal de la causa, María Bottini, quien dijo a la prensa que «en principio se investiga un femicidio».

«Sobre eso estamos trabajando porque tenemos una persona demorada con heridas compatibles con una mecánica de defensa, aunque más datos no puedo aportar», añadió.

En tanto, los peritos de Criminalística que trabajaron en la escena del crimen no detectaron evidencias de la presencia de una tercera persona en el lugar.

El 2 de julio a la madrugada fue iniciado intencionalmente un incendio en una vivienda en la que se encontraba sola una mujer con retraso madurativo. La víctima llamó a la policía, logrando de este modo salvarse de las llamas. Momentos después fue aprehendido el imputado y desde entonces permanece cumpliendo prisión preventiva, medida que ahora fue extendida, a pedido de la Fiscalía, hasta la audiencia preliminar.

La víctima es una mujer con retraso madurativo, respecto de la cual el imputado tuvo una medida judicial de prohibición de acercamiento. La medida se venció el día anterior al hecho.

El 2 de julio a las 3:15 aproximadamente, el imputado, un hombre de 76 años, habría forzado la ventana de la vivienda y arrojó al interior una botella con líquido combustible. Rápidamente provocó llamas que comenzaron a expandirse por el dormitorio. La Fiscalía sostiene que la intención del sujeto era darle muerte a la mujer, principal testigo de la investigación que se sigue en su contra por abuso sexual.

La víctima llamó a la policía, alertando que el imputado estaba en el patio de la vivienda molestando. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, vieron que estaban las luces apagadas. Al acercarse escucharon los gritos de auxilio y vieron las llamas en el interior. Debieron forzar la puerta de ingreso, para encontrar a la víctima sentada en un rincón, gritando desesperada por lo que estaba viviendo.

Parte del personal salió en busca de algún medio extintivo para combatir el fuego, en el camino, a 200 mts de la casa, vieron al imputado que corría en dirección opuesta. En esas circunstancias fue aprehendido.

La funcionaria Julia Mateos y la fiscal María Bottini, argumentaron ante el juez la necesidad de mantener la prisión preventiva por entender que es la única manera de evitar que el imputado se fugue u obstaculice la investigación. Mateos se explayó sobre la doble vulnerabilidad de la víctima, tanto por su condición de mujer como por su retraso madurativo, también puntualizó que en la determinación del riesgo, se obtuvo uno de los índices más altos de las evaluaciones realizadas por el SAVD.

El juez José Colabelli, valoró las particulares características del hecho, el antecedente de incumplimiento de las indicaciones judiciales de prohibición de acercamiento, entre otros elementos, para concluir que en caso de estar en libertad, el imputado podría no acatar la orden judicial. Por peligro de fuga y entorpecimiento, dispuso la continuidad de la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, así lo reseñó ADN Sur.

«Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo el fiscal Omar Rodriguez este martes por la mañana, durante la presentación de alegatos en la Oficina Judicial de Rawson.

El fiscal Omar Rodriguez fue el encargado de describir la forma en que en el juicio quedó probada la administración fraudulenta. Dio cuenta en el inicio respecto de la conformación de las dos empresas creadas para realizar trabajos realizados con obras públicas, entre ellas la reparación de las viviendas oficiales. En este sentido se refirió a la participación de Cristian Gisande, Rubén Reinoso y Giuliana Mc Leod.

“Violaron el deber de lealtad y con el lucro indebido afectaron el bien común”, dijo en su introducción para luego destacar como “muy importante el papel de “Tato” Ramón simulando con su empresa Concretando una falsa competencia en los precios”.

Posteriormente exhibió expedientes iguales que fueron armados para reparar distintas viviendas oficiales. “Se armaron todos los expedientes juntos, los tenía en su poder Correa y los iban sacando en función de las necesidades”, dijo Rodriguez. La exhibición se reforzó con los mensajes de texto entre algunos imputados donde se iban tomando las decisiones “para la trama ilegal investigada”. Los mensajes involucran a “Tato” Ramón, Gisande y Diego Luters.

Todos actuaron de manera consciente y con conocimiento de lo que estaban haciendo”, dijo Rodriguez. Cuando se refirió a Rubén Reinoso, hizo alusión a los dichos de “del testigo Tardugno y el comisario Cerda” además de las gestiones que realizó en la Municipalidad de Rawson para la empresa Dual Core con conocimiento de que pertenecía a Diego Correa.

Concluyó que son todos coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, Daniela Souza como partícipe necesario, mientras que para Domingo Correa –en este delito- pidieron la absolución por el beneficio de la duda, informó ADN SUR.

Los tiempos se adelantaron en el juicio de la causa Embrujo y los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez pedirán en la audiencia de hoy empezar a escuchar las intervenciones telefónicas.

Durante toda la mañana continuará la exposición de Guillermo Figueredo sobre las conversaciones y audios por WhatsApp de los teléfonos secuestrados. También pedirán sumar como prueba el testimonio de Diego Luthers.

Williams confirmó a EL CHUBUT que en la audiencia de hoy pedirán autorización al Tribunal de Enjuiciamiento para escuchar parte de las 55 intervenciones telefónicas que fueron seleccionadas por la fiscalía.

Esta situación se dará en el transcurso de la tarde, una vez que termine la exposición del profesional del Equipo Interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Figueredo, que fue el encargado de analizar cada uno de los mensajes de texto y WhatsApp de los teléfonos de Diego Correa y los otros 11 imputados, además de realizar una pericia exhaustiva de las computadoras, notebooks, tablets y pendrive, entre otros dispositivos electrónicos.

Después de Figueredo -que está previsto que termine alrededor de las 13:30 según el cálculo estimado por los fiscales- cerrarán la rueda de testimonios un empleado de la AFIP y el tasador que detallará el valor total de los inmuebles y bienes del grupo investigado, de acuerdo a montos que se manejan actualmente en el mercado.

Una vez concluidos estos dos testimonios, los fiscales solicitarán la exhibición de 55 intervenciones telefónicas de un total de 500. En caso de que el presidente del Tribunal, Alejandro Soñis, y los vocales Ricardo Rolón y Marcela Pérez acepten la petición de fiscalía, hoy mismo se empezarán a reproducir las escuchas.

Asimismo, Williams confirmó a este diario que en la audiencia del juicio oral y público de hoy solicitarán que la declaración que brindó Luthers el año pasado sea sumada como prueba.

Los fiscales entienden que Luthers aportó datos valiosos que ratifican la hipótesis planteada en la pieza acusatoria y por estos motivos pedirán su incorporación.

El Foro de Fiscales de Estado se reúne hoy a las 9 en Buenos Aires. Cuando termine la reunión habrá una caravana de abogados con demanda en mano hacia la Corte Suprema. Es por la suba del piso del Impuesto a las Ganancias; la eliminación del IVA en alimentos y los cambios en el Monotributo. El impacto en las arcas provinciales supera los $ 500 millones.

El Consejo Federal de Inversiones (CFI) será hoy el escenario en donde los fiscales de Estado de al menos 20 provincias se reunirán como antesala para ir al máximo órgano de la justicia nacional para demandar al Estado Nacional por medidas adoptadas sin consulta y que tendrán un fuerte impacto en las remesas diarias de coparticipación que reciben las provincias.

En un grupo de WhatsApp en el que participan los Fiscales de Estado, circularon las demandas ya listas de al menos 20 provincias por la suba del piso de Ganancias y de la quita del IVA para una gama de productos alimenticios.

A pesar de la cumbre de la semana pasada entre los gobernadores con los ministros Rogelio Frigerio del Interior y Hernán Lacunza de Economía para intentar sellar un acuerdo, los plazos comenzaron a correr, los mandatarios dieron vuelta el reloj de arena y el tiempo se terminó: Hoy habrá un desfile por los pasillos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales aseguraron a EL CHUBUT que la reunión del Foro de Fiscales de Estado de hoy «será el paso previo para ir a la Corte Suprema a presentar acciones declarativas de inconstitucionalidad».

No será una demanda unificada entre las provincias, sino que cada distrito presentará las medidas cautelares debido a que el impacto en cada caja es diferente producto de que los índices de Coparticipación Federal de Impuestos son distintos.

De acuerdo al documento elaborado por el CFI, las pérdidas en la provincia del Chubut que conduce Mariano Arcioni serán de 512 millones de pesos por los cambios en Ganancias, IVA y Monotributo.
Intentando desactivar la peregrinación masiva de los gobernadores a la Corte Suprema, Nación promocionó el discurso de que esta poda de ingresos en las provincias «se compensará con mayor consumo de los ciudadanos que tendrán más dinero en el bolsillo por estas medidas».
El argumento no convenció a los mandatarios que afrontan los últimos meses de gestión con serias dificultades financieras.

IMPACTO EN LOS INGRESOS DE CHUBUT

El informe del Consejo Federal de Inversiones sostiene que Chubut perdería 512 millones de pesos por la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, Monotributo y la eliminación del IVA sobre determinados alimentos.  EL CHUBUT accedió al informe, que hace un desglose mes a mes durante la vigencia de estas medidas.

En septiembre, Chubut dejará de percibir $164 millones, de los cuales $156 millones son por Coparticipación Federal de Impuestos y $8 millones los cambios en el Monotributo.

En octubre, la pérdida será de $199 millones; en noviembre la recaudación disminuirá 53 millones de pesos; mientras que en diciembre la baja de ingresos será de 96 millones de pesos.

LOS FUNDAMENTOS

En los fundamentos de la demanda que presentará Chubut explica que la suba del piso de Ganancias, los cambios en el Monotributo y autónomos y la eliminación del IVA en alimentos de la canasta básica, «es una contención social en la que están de acuerdo, pero que se realizó con plata ajena».

«Las medidas tienen incidencia presupuestaria e impositiva y no pueden ser reglamentadas por un Decreto de Necesidad y Urgencia, por el contrario, debe contar con el aval del Congreso», explicó a EL CHUBUT un funcionario que trabajó en la demanda provincial.

En otro pasaje, la acción declarativa de inconstitucionalidad de Chubut contra los cambios en Ganancias, IVA y Monotributo, sostiene que modifica el derecho intrafederal, «porque la coparticipación es un contrato con las provincias y ese contrato no lo puede modificar una sola parte».

«La coparticipación es una ley acuerdo, para modificarlo tiene que haber un consenso generalizado de todas las partes. En este caso puntual, las provincias no dieron luz verde», delineó a este diario un abogado con acceso a la demanda.

COMPENSACIÓN O JUICIO

Como había anticipado EL CHUBUT, Arcioni pediría fondos compensatorios por las pérdidas derivadas del paquete de anuncios realizada por el presidente Mauricio Macri.

Luego de la reunión de la semana pasada, el documento firmado por los gobernadores aclaraba que «no están en contra de acciones que tengan como objetivo paliar la grave situación económica que atraviesa la mayoría de los sectores», pero cuestionan que la administración nacional «hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias».

El escrito añadía que Nación «no puede disponer de recursos que son de las provincias, tanto por el Presupuesto en ejecución como por el Pacto Fiscal». El texto sugiere además un «grave peligro de no poder afrontar gastos corrientes, el cumplimiento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social».

La fiscalía de Rawson investiga a dos policías de la capital provincial que en las afueras de un boliche bailable habrían golpeado a un joven que en estado de ebriedad había sido retirado del interior por producir desórdenes. El delito que en principio se les imputa es el de vejaciones por los golpes que le propinaron al cliente. El hecho fue filmado y viralizado por las redes sociales de Cholila online.

Así quedó resuelto en una audiencia de apertura de investigación en la que el juez de garantías Sergio Piñeda dejó abierta formalmente la investigación.

Los policías imputados son Damián Alvarez y Juan Carlos Morales que realizaban tareas de servicio adicional de seguridad en un boliche bailable localizado en el ingreso al casco céntrico de Rawson por la avenida Libertad. En la misma audiencia uno de los policías  manifestó que el accionar realizado fue en el marco de la Ley además. También se resolvió incorporar como prueba, imágenes de las cámaras de seguridad existentes en el lugar.

El denunciante es Joaquín Freeman con domicilio en el barrio 2 de abril de la capital provincial. Los golpes que presenta son en general en la zona intercostal además de algunas escoriaciones que fueron consideradas como lesiones leves. Según la investigación previa a la audiencia efectuada en la Oficina Judicial de Rawson, la víctima habría insultado a los efectivos y como respuesta, estos le propinaron patadas y golpes de puño hasta reducirlo, para posteriormente intimarlo a que se aleje del lugar.

La acusación está a cargo del fiscal general Fernando Rivarola y el funcionario de fiscalía Leonardo Cheuquemán, mientras que ambos suboficiales son asistidos por el defensor particular Matías Cimadevilla.

El defensor no se opuso a lo pedido por los fiscales en cuanto a abrir la investigación, aunque aseguró que en el plazo de seis meses que durará esta etapa del proceso, quedará demostrado que ambos policías actuaron conforme a sus obligaciones y el marco legal en el que deben desenvolverse.

El delito que se les imputa a ambos policías es el de vejaciones agravadas con lesiones leves agravadas en carácter de coautores. Subsidiariamente la imputación podría ser también la de lesiones leves agravadas en carácter de coautores.

En el juicio oral y público contra Martin Napal-condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa- , concluyo la etapa de debate,  respecto a la pena que debe recibir el procesado.

En este marco, la fiscal Andrea Vázquez, requirió al tribunal,  la aplicación de una condena de quince años de prisión. En tanto, los abogados de la defensa pública, solicitaron que su asistido cumpla un castigo de diez años de cárcel.

Por último, los jueces Daniel Pérez, Jorge Novarino y María Tolemei, se retiraron a deliberar. Asimismo, convocaron a las partes para el miércoles 12 de junio,  a las 12:00, a la sala de audiencias de la oficina judicial. En esa ocasión, realizaran la lectura completa del fallo y sus fundamentos.

Para el juicio de cesura de la pena. las representantes del Ministerio Publico Fiscal, ofrecieron el testimonio de la Licenciada en Psicología, Carla Galarza. La profesional – que presta servicios en el hospital rural de Sarmiento- , describió la evaluación de las secuelas  que sufrió Yhoana Terán, por el hecho traumático que le toco atravesar.

En este sentido, señalo los indicadores del estrés postraumático, destacando sus estados anímicos, y la situación de angustia, que mantiene en la actualidad.

Asimismo, confirmo que la víctima, atraviesa situaciones de miedo e intranquilidad, en los momentos en los que debe permanecer sola, en la vivienda,  donde Martin Napal, perpetro el ataque.

«Quiero justicia, estoy viva de milagro»

Yhoana Terán, hablo ante los jueces. La joven mujer, manifestó «quiero justicia por lo que me hizo a mí, y por hacer que pierda a mi hija». A ello,  agrego que » estuve dieciocho días internada, los médicos,  me dijeron que estoy viva de milagro, me tuvieron que operar,  y me quito la posibilidad de volver a ser madre».

Finalmente, la víctima,  sostuvo»  desde que paso el hecho, vivo con miedo. No puedo salir tranquila, con mis hijos, porque tengo miedo que alguien nos haga algo», concluyo.

Así las cosas, Vázquez, desarrollo los agravantes que se presentan en el caso. En este sentido, argumento las cuestiones referidas a la naturaleza y gravedad del hecho, la modalidad de ataque, utilizada por el condenado, y la extensión del daño causado, entre otras. En consecuencia, pido al tribunal, que aplique a Martin Napal, el máximo de la pena prevista en el Código Penal. La ley, establece que se debe imponer quince años de prisión, a la persona condenada, por el delito de homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa.

Por su parte, Oyarzun, expreso que los agravantes invocados, por la parte acusadora, no habían sido debidamente acreditados. Asimismo, requirió, que se tengan en cuenta como atenuantes, la escasa instrucción de Napal, y la falta de antecedentes penales computables. Con respecto, a la pena de prisión, pido que la misma, sea de diez años de cárcel.

El caso

El hecho que investigo la fiscalía,  ocurrió  el sábado 19 de mayo del año pasado,  a las 8:00, en la vivienda ubicada  en la calle Rafael De La Fuente, casa n° 2, de la localidad de Rio Mayo.

En esa ocasión,  Yohana Teran -embarazada de aproximadamente veinticinco semanas- se encontraba  durmiendo junto a su hija  de 2 años, en la cama de abajo, de una cucheta. En la habitación,  también se encontraba  su otro hijo,  de 5 años.

En este marco,  los investigadores,  señalan  que Napal aprovecho esa situación de indefensión e intento matar a Yohana Teran.  La apuñalo por la espalada,  entre el tórax y el abdomen, del lado izquierdo. Para concretar el ataque, utilizo un cuchillo de 33 centímetros de largo.

Asimismo, informaron que la víctima, logro despertarse  y comenzó a gritar “mamá, mamá sácame el chuchillo, sácame el cuchillo”. La  madre de Yohana,  llego de forma inmediata y le quito el puñal que tenía clavado en la espalda.

Para los investigadores,  Napal,  se escapo por la misma ventana,  que abrió para ingresar a la casa de su ex novia.

Como consecuencia del brutal ataque,  la víctima,  fue llevada  de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Allí, los médicos,  le realizaron intervenciones quirúrgicas,  para   realizarle  una cesárea -el feto estaba sin vida-   extirparle el útero y el bazo.

A raíz de estas operaciones, Yoahana,  perdió la capacidad de engendrar. Quedo hospitalizada en terapia intensiva, en grave estado,  y con riesgo de vida.

En otro tramo de la pieza de investigación, aseguran que Martin Napal, conocía el estado de embarazo de Yohana Teran. Ella,  se lo había comunicado. También se supo que la pareja se había distanciado,  y se veían esporádicamente.

Con respecto a las características de la relación, se indico que el  acusado,  tenía una personalidad celotipica. También, se señalo que Napal, sospechaba que la niña que esperaba la víctima, no era su hija biológica.

En este marco, los acusadores,  mencionaron que en los años 2016 y 2017, otras dos mujeres, presentaron denuncias contra el acusado. En esos casos, las victimas, manifestaron que Napal no aceptaba la finalización de esas relaciones afectivas. En consecuencia, desobedecía las órdenes judiciales de prohibición de contacto, emitidas por el Juez civil de Sarmiento.  Asimismo, la fiscal Vázquez,  confirmo que un informe del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM),  diagnostico al procesado,  como una persona de conducta transgresora.

A  todo esto, la parte acusadora,  agrego que el imputado sustrajo 500 pesos de una billetera. También se habría llevado  una radio y un  pen drive. Todos los elementos,  eran propiedad de la madre de la víctima. Los policías,  encontraron la radio y el pen drive,   afuera de la casa de la familia de Yohana Teran. Estaban tirados en la vereda. En tanto, el dinero,  nunca  fue hallado.