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La fiscalía de Rawson investiga a dos policías de la capital provincial que en las afueras de un boliche bailable habrían golpeado a un joven que en estado de ebriedad había sido retirado del interior por producir desórdenes. El delito que en principio se les imputa es el de vejaciones por los golpes que le propinaron al cliente. El hecho fue filmado y viralizado por las redes sociales de Cholila online.

Así quedó resuelto en una audiencia de apertura de investigación en la que el juez de garantías Sergio Piñeda dejó abierta formalmente la investigación.

Los policías imputados son Damián Alvarez y Juan Carlos Morales que realizaban tareas de servicio adicional de seguridad en un boliche bailable localizado en el ingreso al casco céntrico de Rawson por la avenida Libertad. En la misma audiencia uno de los policías  manifestó que el accionar realizado fue en el marco de la Ley además. También se resolvió incorporar como prueba, imágenes de las cámaras de seguridad existentes en el lugar.

El denunciante es Joaquín Freeman con domicilio en el barrio 2 de abril de la capital provincial. Los golpes que presenta son en general en la zona intercostal además de algunas escoriaciones que fueron consideradas como lesiones leves. Según la investigación previa a la audiencia efectuada en la Oficina Judicial de Rawson, la víctima habría insultado a los efectivos y como respuesta, estos le propinaron patadas y golpes de puño hasta reducirlo, para posteriormente intimarlo a que se aleje del lugar.

La acusación está a cargo del fiscal general Fernando Rivarola y el funcionario de fiscalía Leonardo Cheuquemán, mientras que ambos suboficiales son asistidos por el defensor particular Matías Cimadevilla.

El defensor no se opuso a lo pedido por los fiscales en cuanto a abrir la investigación, aunque aseguró que en el plazo de seis meses que durará esta etapa del proceso, quedará demostrado que ambos policías actuaron conforme a sus obligaciones y el marco legal en el que deben desenvolverse.

El delito que se les imputa a ambos policías es el de vejaciones agravadas con lesiones leves agravadas en carácter de coautores. Subsidiariamente la imputación podría ser también la de lesiones leves agravadas en carácter de coautores.

En el juicio oral y público contra Martin Napal-condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa- , concluyo la etapa de debate,  respecto a la pena que debe recibir el procesado.

En este marco, la fiscal Andrea Vázquez, requirió al tribunal,  la aplicación de una condena de quince años de prisión. En tanto, los abogados de la defensa pública, solicitaron que su asistido cumpla un castigo de diez años de cárcel.

Por último, los jueces Daniel Pérez, Jorge Novarino y María Tolemei, se retiraron a deliberar. Asimismo, convocaron a las partes para el miércoles 12 de junio,  a las 12:00, a la sala de audiencias de la oficina judicial. En esa ocasión, realizaran la lectura completa del fallo y sus fundamentos.

Para el juicio de cesura de la pena. las representantes del Ministerio Publico Fiscal, ofrecieron el testimonio de la Licenciada en Psicología, Carla Galarza. La profesional – que presta servicios en el hospital rural de Sarmiento- , describió la evaluación de las secuelas  que sufrió Yhoana Terán, por el hecho traumático que le toco atravesar.

En este sentido, señalo los indicadores del estrés postraumático, destacando sus estados anímicos, y la situación de angustia, que mantiene en la actualidad.

Asimismo, confirmo que la víctima, atraviesa situaciones de miedo e intranquilidad, en los momentos en los que debe permanecer sola, en la vivienda,  donde Martin Napal, perpetro el ataque.

«Quiero justicia, estoy viva de milagro»

Yhoana Terán, hablo ante los jueces. La joven mujer, manifestó «quiero justicia por lo que me hizo a mí, y por hacer que pierda a mi hija». A ello,  agrego que » estuve dieciocho días internada, los médicos,  me dijeron que estoy viva de milagro, me tuvieron que operar,  y me quito la posibilidad de volver a ser madre».

Finalmente, la víctima,  sostuvo»  desde que paso el hecho, vivo con miedo. No puedo salir tranquila, con mis hijos, porque tengo miedo que alguien nos haga algo», concluyo.

Así las cosas, Vázquez, desarrollo los agravantes que se presentan en el caso. En este sentido, argumento las cuestiones referidas a la naturaleza y gravedad del hecho, la modalidad de ataque, utilizada por el condenado, y la extensión del daño causado, entre otras. En consecuencia, pido al tribunal, que aplique a Martin Napal, el máximo de la pena prevista en el Código Penal. La ley, establece que se debe imponer quince años de prisión, a la persona condenada, por el delito de homicidio doblemente agravado, en grado de tentativa.

Por su parte, Oyarzun, expreso que los agravantes invocados, por la parte acusadora, no habían sido debidamente acreditados. Asimismo, requirió, que se tengan en cuenta como atenuantes, la escasa instrucción de Napal, y la falta de antecedentes penales computables. Con respecto, a la pena de prisión, pido que la misma, sea de diez años de cárcel.

El caso

El hecho que investigo la fiscalía,  ocurrió  el sábado 19 de mayo del año pasado,  a las 8:00, en la vivienda ubicada  en la calle Rafael De La Fuente, casa n° 2, de la localidad de Rio Mayo.

En esa ocasión,  Yohana Teran -embarazada de aproximadamente veinticinco semanas- se encontraba  durmiendo junto a su hija  de 2 años, en la cama de abajo, de una cucheta. En la habitación,  también se encontraba  su otro hijo,  de 5 años.

En este marco,  los investigadores,  señalan  que Napal aprovecho esa situación de indefensión e intento matar a Yohana Teran.  La apuñalo por la espalada,  entre el tórax y el abdomen, del lado izquierdo. Para concretar el ataque, utilizo un cuchillo de 33 centímetros de largo.

Asimismo, informaron que la víctima, logro despertarse  y comenzó a gritar “mamá, mamá sácame el chuchillo, sácame el cuchillo”. La  madre de Yohana,  llego de forma inmediata y le quito el puñal que tenía clavado en la espalda.

Para los investigadores,  Napal,  se escapo por la misma ventana,  que abrió para ingresar a la casa de su ex novia.

Como consecuencia del brutal ataque,  la víctima,  fue llevada  de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Allí, los médicos,  le realizaron intervenciones quirúrgicas,  para   realizarle  una cesárea -el feto estaba sin vida-   extirparle el útero y el bazo.

A raíz de estas operaciones, Yoahana,  perdió la capacidad de engendrar. Quedo hospitalizada en terapia intensiva, en grave estado,  y con riesgo de vida.

En otro tramo de la pieza de investigación, aseguran que Martin Napal, conocía el estado de embarazo de Yohana Teran. Ella,  se lo había comunicado. También se supo que la pareja se había distanciado,  y se veían esporádicamente.

Con respecto a las características de la relación, se indico que el  acusado,  tenía una personalidad celotipica. También, se señalo que Napal, sospechaba que la niña que esperaba la víctima, no era su hija biológica.

En este marco, los acusadores,  mencionaron que en los años 2016 y 2017, otras dos mujeres, presentaron denuncias contra el acusado. En esos casos, las victimas, manifestaron que Napal no aceptaba la finalización de esas relaciones afectivas. En consecuencia, desobedecía las órdenes judiciales de prohibición de contacto, emitidas por el Juez civil de Sarmiento.  Asimismo, la fiscal Vázquez,  confirmo que un informe del Equipo Técnico Multidisciplinario (ETM),  diagnostico al procesado,  como una persona de conducta transgresora.

A  todo esto, la parte acusadora,  agrego que el imputado sustrajo 500 pesos de una billetera. También se habría llevado  una radio y un  pen drive. Todos los elementos,  eran propiedad de la madre de la víctima. Los policías,  encontraron la radio y el pen drive,   afuera de la casa de la familia de Yohana Teran. Estaban tirados en la vereda. En tanto, el dinero,  nunca  fue hallado.

En la oficina Trelew del Ministerio Público Fiscal tuvo lugar el acto mediante el cual fueron puestas en funciones dos nuevas funcionarias del organismo, tras haber sido elegidas mediante concurso correspondiente realizado entre el 8 y 16 de mayo del corriente año.

De acuerdo a la resolución número 056/19 de la Procuración General firmada por el Procurador Jorge Luis Miquelarena, se menciona que encontrándose firme lo resuelto por la comisión evaluadora, deviene procedente efectuar las designaciones en cargo de funcionaria de fiscalía de las doctoras Analía Daniela Acuña y Mariana Soledad Millapi para desempeñarse en la oficina fiscal de Trelew.

El evento se desarrolló en el hall central de la oficina Trelew, sita en Rawson 262, encabezado por la fiscal general jefa Silvia Pereira, contándose con la presencia de familiares y allegados a las dos nuevas funcionarias, además de empleados del Ministerio Público y de la órbita judicial.

Tanto Analía Acuña como Mariana Millapi son egresadas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de la Patagonia. La doctora Acuña además se venía desempeñando en diversos cargos dentro del escalafón respectivo, en la oficina donde ahora oficiará como funcionaria.

Los extrabajadores de Alpesca se reunieron con el secretario de Pesca y el fiscal de Estado adjunto, Adrián Awstin y Christian Martínez, que explicaron el estado del proceso de expropiación, y las gestiones para lograr que Red Chamber reactive todos los barcos para garantizar el ingreso de todo el personal a la planta pesquera.

Martínez admitió que aún no se sabe quién es el dueño de Alpesca. Hay dos presentaciones realizadas por los apoderados de Otero y Alewa que se adjudican la titularidad de la firma, más allá de lo resuelto en la instancia penal que detectó la venta fraudulenta de los activos.

“En la expropiación de Alpesca resta definir una presentación de uno de los que dice ser propietario, atada a la resolución de las causas penales del año pasado”, dijo el fiscal. “Una vez que se resuelva si esa persona estaba legitimada, pasaríamos a la instancia de encontrar al real propietario o, en su caso, publicar edictos para que el juicio avance hacia la determinación de la cuantía de la expropiación”.

El letrado que lleva la causa en Fiscalía explicó que “hay dos abogados presentados en la causa. Uno es Alewa por AP Holding que lo representa Cañada Pérez, en tanto que el otro es el doctor Chachero con un poder que le habría otorgado Fermín Otero en representación de Alpesca”. Sobre este último la justicia penal declaró nula la transferencia de la firma pesquera.

Martínez confía en que “se terminaría con una sentencia declarando que no se encuentran legitimado” aunque reconoció que legalmente no se sabe quién es el titular de Alpesca. Aclaró que “se incorporarán las constancias penales para que la jueza se expida en cuanto a la legitimación”.

El miércoles la jueza María Laura Eroles libró un oficio parar contar con los expedientes penales que permitan resolver las presentaciones de las partes. Fiscalía de Estado remarcó que los oficios “son un avance sobre el proceso de expropiación; la causa estuvo suspendida las causas penales. La jueza reanudó el proceso y llamó a autos para resolver” aunque explicaron que “necesitaba de dichas causas para expedirse. Ese requerimiento lleva un tiempo cuesta entender en los plazos de la gente porque en términos legales son plazos normales”.

Para la resolución de la causa es “imposible aventurar un tiempo”, dijo Martínez. “Desde que se libra un oficio hay por ley 20 días hábiles un organismo para contestar un oficio”.

 

 

Jornada

La hasta ayer titular de la cartera educativa, Graciela Cigudosa, decidió presentarse ayer en Fiscalía, en compañía de su mano derecha en el Ministerio, Raúl Care.

La finalidad de la visita espontánea fue la de declarar ante el fiscal Omar Rodríguez, que investiga las reparaciones, refacciones y contrataciones en los establecimientos educativos de la provincia del Chubut.

Cigudosa y Care no tuvieron éxito, debido a que les advirtieron que al ser figura principal de la investigación, el Ministerio Público Fiscal no la considera «una testigo».

El fiscal Rodríguez no recibió a Cigudosa, porque fue advertida antes de que la investigación la tenía en el centro de la escena.
«No la podemos tomar como testigo porque está siendo investigada», reconoció Rodríguez a diario EL CHUBUT, dejando en claro que la ministra es una de las sospechadas en la causa que busca determinar si hubo contrataciones dirigidas, sobreprecios y pagos efectuados por trabajos no terminados, y en otros casos, que no fueron realizados.

Se vindicaron

Como consecuencia del rechazo de la Justicia, la todavía ministra de Educación y el subsecretario presentaron un escrito en Fiscalía vindicándose.

La figura de la vindicación está establecida en la Constitución de la Provincia del Chubut.

El artículo 68 de la Carta Magna provincial describe que «todo empleado o funcionario público a quien se le imputan delitos en el ejercicio de sus funciones o faltas que afectan su actuación pública, está obligado a acusar para vindicarse».

Agrega que tal acción «deber ser ejercitada dentro de un plazo máximo de treinta días contados desde la toma de conocimiento de la imputación, constituyendo su omisión falta grave a los efectos pertinentes. A los fines del ejercicio de la acción goza del beneficio del proceso gratuito».

En forma gráfica, la vindicación funciona como una «autodenuncia» en la cual el funcionario se presenta en la Justicia solicitando que lo investiguen.

 

 

El Chubut

El fiscal general de Rawson, Omar Rodríguez, como parte de la Oficina de Delitos Contra la Administración Pública, encabezó este martes una serie de inspecciones oculares de 22 escuelas de Rawson y Playa Unión, en el marco de las denuncias por supuestas irregularidades en la contratación directa de obras de refacción por parte  del Ministerio de Educación

“No son allanamientos, sino inspecciones oculares, que tienen como fin establecer que obras se hicieron, cuales son los avances y que empresas intervinieron en estas refacciones”, señaló Rodríguez en diálogo con la prensa.

“Vamos a documentar todo de manera fotográfica y a través de la información que nos puedan brindar los directores llevaremos documentación de la constancia que hay en distintas escuelas sobre quienes se presentaron y quienes hicieron las obras de refacción”, remarcó.

“Lo que nosotros estamos viendo como primer punto de reflexión que estas reparaciones menores no se condicen con las necesidades de las escuelas”, sostuvo Rodríguez.

“Los propios directores nos manifestaron que tenían otras urgencias y no cambiar un picaporte o un tubo fluorescente”.

“En principio aparece un concurso de precios donde compiten empresas entre sí y se otorgaba la obra a la que cotizaba el menor precio. Pero nosotros estamos trabajando en la hipótesis a que no fue así como está planteado o cómo surge de la documentación”, consideró.

“Hay una repetición de varias empresas que tenían estrechos vínculos entre sí”, enfatizó el fiscal.

Explicó que “son dos expedientes, porque son resoluciones distintas, una que abarca a las regiones de Rawson, Esquel y Comodoro y otra relacionada con la Región de Madryn”.

Respecto de la implicancia de Cigudosa, el fiscal Rodríguez reveló que “la ministra firma la resolución en la que otorga las partidas extraordinarias a las distintas las escuelas para llevar adelante las refacciones”.

En tanto, según la resolución, el control lo tenían que hacer los propios directores de las escuelas.

“También hemos observado que, de acuerdo a los valores de mercado, habría un sobreprecio respecto de los elementos colocados”.

El funcionario indicó que “hay empresas que no tienen que ver con la construcción, su actividad no condicen con este tipo de trabajos”, al mismo tiempo que puntualizó que “hay diferencias en la ejecución de una primera etapa, en algunas escuelas se hizo muy poco y en otras se avanzó más”.

“El 50 por ciento de lo cobrado asciende a 1 millón, 400 mil pesos”, agregó.

También recordó que otra de las modalidades fue girar fondos para que las obras las hicieran los municipios, aunque aclaró que “la denuncia abarca sólo las contrataciones del Ministerio de Educación”.

“Estamos en la tarea preliminar de recolectar información para determinar la existencia del delito y quienes serían los presuntos autores. Tenemos elementos suficientes para seguir avanzando”, enfatizó.

“Las directoras han prestado total colaboración y coinciden en que los arreglos no eran los más necesarios, o importantes”, insistió.

Varios defasajes

“Estamos divididos en varias comisiones, a cargo de funcionarios judiciales, personal de Criminalística y personal policial de la Jefatura de Rawson”, comentó por su parte el comisario inspector Juan Carlos Nuñez, integrante de la Unidad de Investigaciones de la Procuración General.

“Encontramos varios defasajes en lo que se decía que se hizo y en lo que realmente se colocó”, aseveró.

“También algunas cosas que se mencionaron como reparadas y no se han reparados. Tampoco, en algunos casos, está claro quienes son los representantes de las empresas”, adelantó.

 

 

Radio 3

Hoy a media mañana funcionarios de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Administración Pública, del Ministerio Público Fiscal, realizaron un procedimiento en el Ministerio de Educación y solicitaron distinta información necesaria para llevar adelante una investigación sobre el mantenimiento de escuelas, a partir de una denuncia de un legislador de la oposición.

El fiscal Omar Rodríguez, junto con un grupo de colaboradores, se presentó en la sede de Rawson para requerir documentos firmados con municipios y comunas rurales para la reparación de escuelas.

El fiscal tomó contacto con el subsecretario de Coordinación, Raúl Care y con el responsable del área legal de la cartera educativa, Enrico Brullo, quienes pusieron a disposición de la Justicia toda la información solicitada.

En la Oficina Anticorrupción

Por otra parte, anteayer, lunes 8, la ministra de Educación, Graciela Cigudosa, presentó un escrito en la Oficina Anticorrupción en donde detalla la modalidad de contratación utilizada para las refacciones, que se ampara en la Ley II N 76 y el Decreto N° 777/6 (Art. 4).

En la nota remitida al fiscal adjunto, Mario Fernando Romeo, se entregó un listado minucioso de los establecimientos incluidos en el plan de mantenimiento y refacción; la explicación de la memoria descriptiva que se debió completar por cada edificio y los requisitos que cumplimentó cada oferente, sumado al método de pago de los trabajos ofrecidos.

De este modo, el Ministerio de Educación colabora plenamente con las distintas requisitorias judiciales para que pueda avanzar con la investigación.

Omar Rodríguez, Fiscal en la causa El Embrujo, se refirió al rechazo del tribunal al beneficio de la probation solicitada por las defensas para los imputados.

“La posición de la fiscalía fue siempre la oposición del otorgamiento de la probation por varias razones, el tribunal de juicio comunicó la decisión y resolvió que los doce imputados deberán ser juzgados en un juicio oral y público”, aseveró Rodríguez.

Esa decisión se basó en tres argumentos “una es la teoría del caso porque funcionó con la asociación ilícita, la otra con una pretensión punitiva y también el compromiso que asumió el estado argentino de combatir la corrupción, creemos que la probation estaría en contra de este propósito de sancionar esta conducta”, repasó el fiscal.

Rodríguez aclaró que esta decisión va a ser apelada y que tiene un plazo de cinco días “lo van a presentar ante la cámara de impugnación de Trelew y lo resolverá la cámara. Como las partes están pidiendo la suspensión del juicio, no se puede iniciar hasta que quede firme esa situación”.

Caso Gatica

En torno a la situación de Gatica, Rodríguez expresó que “la justicia federal se pronunció en tres oportunidades y lo rechazaron, porque el caso ya está avanzado, por otro lado las partes ya habían consentido que sea la justicia ordinaria la que juzgue el caso”.

Intento de traslado de la causa a la justicia federal

“Creo que lo perseguían era una cuestión estratégica porque no hemos accedido a ningún tipo de juicio abreviado o la probation, quizás la estrategia sea llevarla a la justicia federal para que sea más benévola. Nosotros estamos convencidos de que estos actos tienen que ser juzgados, la sociedad tiene que saber lo que pasó y podamos explicar cómo funcionó este grupo dentro de una estructura de poder”, comentó Rodríguez.

Evidencias

“Tenemos muchísima vivencia entre documentos recogidos en soporte papel en los distintos domicilios, como también en los expedientes que hemos recolectado en las oficinas del Estado, pero también tenemos muchos testimonios e información de los teléfonos“, se refirió a las evidencias.

Rodríguez apuntó a la relevancia del teléfono “es muchísimo más rico, en cuanto a la evidencia, el teléfono analizado en sí mismo que las escuchas telefónicas. Hay 26 mil contactos, entre mediados de 2016 hasta marzo de 2018”.

Ruta del dinero

Al ser consultado por la identificación de la ruta del dinero, el fiscal ofreció importantes detalles “llegamos hasta un punto donde logramos ubicar la mayoría de los bienes que fue producto del robo o la apropiación indebida de fondos del Estado que los fueron convirtiendo en bienes inmuebles o muebles. Diego Correa tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos, el resto un poco menos, toda la organización funcionaba bajo la dirección y en pos de Correa”.

En ese sentido, acotó “Correa, antes de asumir como secretario, ya tenía movimientos dinerarios. Ahí empieza a trabajar con la empresa Dualcore, en donde figuraba su mujer como titular y una amiga íntima de ella, iban agarrando obras de manera irregular e ilícita, a partir de ahí empieza a generar ingresos mal habidos y los incrementa cuando llega al gobierno de Das Neves”.

Sobreprecios en la refacción de escuelas

El fiscal Omar Rodríguez fue asignado para investigar la denuncia respecto a los sobreprecios en la refacción de escuelas. “Esta semana el procurador general me asignó trabajar en el caso, vamos a empezar con las primeras medidas para establecer si existe un acto delictivo y posteriormente identificar el autor del delito. Son delitos complejos porque no se ve la conducta delictiva a simple vista, sino que hay que rascar para llegar hasta donde realmente nos muestren un hecho delictivo“, culminó.

 

lacienpuntouno

Fiscales y Funcionarios recibieron a referentes provinciales y locales de Criminalística, con el objeto de analizar juntos los procesos adecuados para incorporar información de armas, municiones y vainas al Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB).

Cristian Ansaldo, jefe del Área Criminalística de la policía del Chubut, junto al Lic. Cristian Cayún, el Lic. Damián Leyes y la Lic. Esquivel, explicaron a los fiscales, el modo en que articulan el proceso de incorporación del material al sistema nacional. En el encuentro se analizaron los procesos actuales y las mejoras que deben implementarse para aprovechar los beneficios que otorga el SAIB a las investigaciones locales.

El 12 de octubre de 2012, el Procurador General de Chubut, Jorge Luis Miquelarena, emitió la Instrucción 003/12 PG, resolviendo:

Artículo 1°: INSTRUIR a los Señores Fiscales Generales y Funcionarios de Fiscalía a fin de que una vez cumplida con las pericias correspondientes y lo dispuesto por Resolución N° 093/12 PG –Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística SAIB- reclamen a la Oficina Judicial y/o Juez el depósito transitorio de los elementos en la delegación del Registro Nacional de Armas correspondiente a la Oficina Fiscal.

Artículo 2°: INSTRUIR a los Señores Fiscales Generales y Funcionarios de Fiscalía para que, una vez concluida la investigación, ordenen el depósito definitivo y ulterior iniciación de los trámites destinados a disponer la destrucción de los elementos.

Artículo 3°: COMUNICAR la presente a las Delegaciones del Registro Nacional de Armas de las ciudades de Trelew y Comodoro Rivadavia.

Artículo 4°: REGÍSTERSE, notifíquese y archívese.

En horas de la mañana del lunes se concretó en los tribunales penales ordinarios una nueva jornada en el juicio oral y público que tiene como imputado a Abel Reyna, ex delegado local del IPV. En la jornada pudo escucharse la última testigo, se incorporó la prueba documental y luego se escuchó la declaración del imputado. El próximo día jueves 4, a las 8:30, se concretarán los alegatos finales de las partes.

Presidió el acto Mónica García, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal actuó Camila Banfi, fiscal general; por la querella actuó María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Reyna, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias, abogado particular del mismo.

La última testigo, sostuvo que conocía a Reyna pero que no era su amigo. Recordó que por trámites que estaba haciendo en el IPV conoce a Reyna, y después me atendía él, yo iba por la parte de atrás. Seguidamente el ex delegado le pide su número de teléfono y la cita en un hotel. Ella asiste y Reyna le pide tener relaciones sexuales a cambio de otorgarle una vivienda. Luego, Reyna junto a la abogada del IPV le entregan una casa en Stándar Norte.

Por su parte el imputado Reyna accedió a declarar diciendo que en el momento que asume como delegado local del IPV se encontró con empleados difíciles. Y hasta algunos lo boicoteaban, aseguró. Dando a entender una interna entre Buzzi y Das Neves. Plantea la situación ante la Jefatura del IPV y lo autorizan a desplazar a personal, se le asigna otra tarea. Respecto de los datos falsos en los legajos, negó su participación en ello. Dijo que “no contestará preguntas de la fiscal y la querellante porque observa mala fe en su contra”. Toda la operación del otorgamiento de la vivienda a la testigo anterior fue autorizada por Rawson, refirió Reyna. Negando haber tenido relaciones íntimas con dicha testigo. Una vez que le otorgan la vivienda a dicha testigo iban personas del barrio a su casa particular y al IPV “diciendo que saque esa gente del barrio porque allí se ejercía la prostitución y se vendía droga”, refirió el imputado. Luego de los de las impugnaciones, renuncia porque no creía conveniente quedarse en el lugar perjudicando a otros.

Los hechos imputados

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.