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La diputada del Frente Para la Victoria, Gabriela Dufour, alegó que el Bono Compensador de Hidrocarburos que destinó el gobernador Mariano Arcioni para pagar salarios colisiona no solo con la ley Hidrocarburífera, sino también contra la Constitución y la reconducción del presupuesto. Vaticina que la Justicia designará a un fiscal para investigar la presunta malversación de fondos.

El adelanto de EL CHUBUT generó una fuerte controversia que podría recaer en manos del Ministerio Público Fiscal y del Tribunal de Cuentas. El Gobierno provincial cambió el destino de los fondos del Bono Compensador de Hidrocarburos, transfiriéndolos a Rentas Generales para derramarlos en el pago de haberes de los empleados de la administración pública.

Esa maniobra fue materializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, vulnerando de esta manera tres leyes diferentes: La ley de Hidrocarburos que contiene la creación de este bono; el artículo 156 de la Constitución de Chubut que prohíbe la implementación de un DNU sobre temas presupuestarios; y la ley del Presupuesto 2017 (2018 y 2019 fueron reconducidos) que tiene una cláusula que cualquier cambio de afectación de recursos deberá ser ratificada por la Legislatura.

Gabriela Dufour del FPV indicó que el bono tiene una afectación específica a «políticas públicas que mejoren las condiciones estructurales del territorio provincial, excluyendo cualquier otro destino en gastos corrientes».

La diputada esgrimió que el gobernador Mariano Arcioni «ignoró esta norma y otras fundamentales y mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuso la utilización de los fondos para pagar sueldos en el mes de enero».

La gravedad de la denuncia radica en que los fondos del citado Bono según la ley, tienen origen la explotación de los recursos hidrocarburíferos y como compensación por su agotamiento, disponiendo que serán utilizados «con el objeto de garantizar el desarrollo de las generaciones futuras a partir de la inversión en tecnología, investigación y desarrollo, diversificación de la matriz energética y productiva».

Esta presunta violación a la ley fue denunciada por Dufour y la legisladora vaticinó que «habría sido receptada por el Ministerio Público Fiscal».

VULNERA LA CONSTITUCION

Si bien son conocidas las actuales dificultades del Estado provincial en sus finanzas, existirían varios mecanismos que hubieran permitido lograr el mismo objetivo en la situación de emergencia.

Sin embargo a criterio de Dufour, «el autoritarismo del Gobernador y el mal asesoramiento, consolidaron esta maniobra en plena contradicción con las leyes».

La exministra de Economía explicó que los DNU en materia presupuestaria que implican desafectar fondos presupuestarios de destino específico para utilizarlos en Rentas Generales, «están expresamente prohibidos».

El artículo 156 de la Constitución de Chubut describe que los DNU «en ningún caso pueden versar sobre materia tributaria, penal, presupuestaria, electoral o régimen de los partidos políticos».

COLISIONA CON EL PRESUPUESTO

No conforme con eso, Dufour detalló que el artículo 9 de la Ley II Nº 180 (presupuesto provincial) que se encuentra vigente en virtud de las prórrogas para los periodos 2018 y 2019, «establece claramente que es la Legislatura del Chubut quien debe autorizar la desafectación de fondos específicos a Rentas Generales, no quedando dudas respecto de quien tiene facultades para hacerlo».

Por estos motivos, calificó como «actos de manifiesta ilegalidad» que no hacen más que mostrar «el nivel de autoritarismo y desprecio por las instituciones del actual Ejecutivo provincial».

La jefatura de la Fiscalía de Rawson confirmó que desde esta dependencia judicial se está trabajando en un caso de abuso sexual que en las últimas horas tuvo trascendencia periodística a partir de la difusión en las redes sociales. Sin embargo por tratarse de un delito de acción pública de instancia privada, para investigar el hecho se depende de la voluntad de la víctima y que efectivice la denuncia.

Al respecto se hace necesario también confirmar que la Fiscalía de Rawson se encuentra a disposición de la víctima en la dilucidación del caso y que además se abrió un legajo de investigación no obstante no existir aún ninguna denuncia formal, necesaria ésta para poner en marcha lo que dispone el Código Procesal Penal que se aplique en Chubut. Así se tomaron medidas para tratar de ubicar a la víctima y garantizarle el derecho a la Justicia.

Por último merece destacarse que, como en toda investigación de este tipo de delito, desde el Ministerio Público Fiscal del Chubut, se han puesto en marcha resoluciones y protocolos de protección de las víctimas en el lugar donde se encuentra. También se aplica el artículo 281 que indica que la investigación preliminar no es pública y que sólo podrán acceder las partes en el proceso.

Miguel Ángel Ferreira (23) fue procesado por el juez Alejandro Rosales como presunto autor del delito de robo agravado. El imputado, junto a un menor de edad, ingresaron a una vivienda ubicada en el barrio progreso y sustrajeron diversos elementos. La fiscalía obtuvo un plazo de cuatro meses para investigar.

En la sala de audiencias de la oficina judicial se desarrollo una audiencia de control de la detención y formalización de la investigación preparatoria de juicio. El acto judicial estuvo presidio por el magistrado Alejandro Rosales. La parte investigadora cargo de la funcionaria Rita Barrionuevo. El detenido recibió la asistencia técnico legal del abogado de la defensa pública, Gustavo Oyarzun. En tanto, el adolescente fue acompañado por familiares.

La representante del Ministerio Publico Fiscal indico que el hecho a investigar ocurrió el 10 de enero a las 07:25, en una vivienda ubicada sobre calle Eva Duarte e Inocencio Gonzalorena del barrio progreso.

Según los investigadores, Ferreira junto a dos menores de 18 años, rompieron dos vidrios de una puerta e ingresaron a la vivienda. Luego sustrajeron un reproductor de DVD y una guitarra criolla.

En este marco, Rita Barrionuevo solicito que se declare legal la detención del imputado. La investigadora explico que la policía actuó luego del llamado telefónico de un vecino, quien alerto sobre la situación.

Los sospechosos fueron encontrados en la plaza del barrio progreso. Cuando los delincuentes observaron el patrullero, intentaron deshacerse de los elementos y fueron alcanzaos por el personal policial.

También explico que la calificación legal escogida para este caso es la de presunto autor del delito robo doblemente agravado por ser cometido en poblado y en banda, con la participación de menores de 18 años, en grado de tentativa.

Asimismo requirió un plazo de seis meses de investigación y una orden de prohibición de acercamiento y contacto entre los procesados y los damnificados. También solicito que a Ferreira se le apliquen medidas sustitutivas. Ellas son la obligación de presentarse cada 15 días en la comisaría local y prohibición de ausentarse de la localidad sin autorización judicial.

En este marco, recordó que Ferreira cuenta con una condena de un año de prisión de ejecución condicional por el termino de un año y reglas de cumplimiento de conducta por el plazo de dos años

Por último, peticiono que Ferreira se presente en las oficinas del área de criminalísticas a los fines de que se le aplique el protocolo único de identificación de personas.

A su turno, Oyarzun no formulo oposiciones a los requerimientos del Ministerio Publico Fiscal respecto de la pieza de formalización de la investigación y tampoco por el pedido de legalidad de la detención

Luego de haber escuchado los planteos de las partes, Rosales resolvió: declarar legal la detención, formalizar la investigación penal preparatoria respecto los hechos descriptos y la calificación jurídica escogida por Barrionuevo.

También hizo lugar a la aplicación de las medidas sustitutivas de la prisión preventiva solicitadas por la representante de la fiscalía.

El ministro de Salud del Chubut, Adrián Pizzi, realizó este jueves una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de Esquel solicitando se interpongan las medidas legales correspondientes a los efectos de que esté asegurado el asilamiento respiratorio selectivo de los casos afectados por la contingencia de hantavirus.

El titular de la cartera sanitaria chubutense, Adrián Pizzi, acompañado por el director asociado del Área Programática Esquel, Jorge Elías, mantuvo hoy una reunión con los fiscales María Bottini y Ezequiel Forti a quienes presentó formalmente una denuncia por el riesgo al interés colectivo a la salud pública.

Por su parte, los fiscales mencionados pidieron al Juez una medida de protección a la comunidad ordenando judicialmente a las personas que cumplan con el asilamiento respiratorio indicado por el Ministerio de Salud, en sus respectivos domicilios por espacio de 30 días.

Pizzi señaló que en virtud de la contingencia epidemiológica registrada, con un total de 26 casos positivos confirmados a la fecha y 9 defunciones, el equipo sanitario dispuso hace unos diez días como herramienta primordial llevar adelante un asilamiento respiratorio selectivo.

A su vez, explicó que esta medida delineada para cortar la cadena de transmisión del virus alcanza a unos 85 vecinos. “Debido a que existen personas que se niegan a respetarla y otras que la incumplen es que pedimos la intervención de la Justicia”, argumentó el ministro en su exposición.

La presentación realizada esta tarde por las autoridades sanitarias de la provincia ante el Ministerio Público Fiscal responde a la necesidad de que el aislamiento respiratorio selectivo sea de carácter obligatorio “en virtud del resguardo de la salud pública y de la comunidad”.

“El pedido concreto es la obligatoriedad de un aislamiento selectivo en el domicilio por espacio de 30 días. Además que el Estado cumpla con las necesidades y demandas que las familias tengan”, manifestó. “Solicitamos que nos acompañen a garantizar el total cumplimiento de lo que creemos es la principal herramienta para cortar el brote”, amplió.

Recordó asimismo que equipos profesionales llevan adelante no sólo un abordaje clínico de la situación sino que también social, desplegando en terreno estrategias de contención, investigación, monitoreo y seguimiento en coordinación con el Ministerio de Salud nacional, epidemiólogos y el Instituto Malbrán, por ejemplo.

Fiscal general Fernando Rivarola

Con el objetivo de delinear pautas de trabajo en conjunto y con el compromiso mutuo de mantener encuentros periódicos, el flamante jefe de la Fiscalía de Rawson, Fernando Rivarola mantuvo la primera reunión con las más altas autoridades policiales de las distintas comisarías con las que cuenta la capital provincial, además del jefe de la policía del Chubut, el comisario general Miguel Gómez, que fue acompañado por miembros de la plana mayor de la Jefatura del Chubut.

Rivarola se hizo cargo de la Fiscalía de Rawson por decisión del procurador Jorge Miquelarena y con el objetivo de la determinación de pautas de trabajo, se reunió el pasado lunes con los jefes de la comisaría de Rawson, de Playa Unión, de la Mujer, el titular de la Brigada de Investigaciones y del Area Criminalística de Rawson, además de los más altos jefe de la policía provincial.

Del encuentro no solo surgió la necesidad de estrechar lazos laborales entre quienes realizan la tarea de coordinar las investigaciones desde la fiscalía de la capital provinciales por un lado y quienes realizan tarea de abordaje de los delitos apenas producidos o denunciados por el otro, sino que además se realizarán acciones de capacitación en todo lo relacionado con el abordaje de los casos y la posterior persecución penal.

Al respecto ya se adelantó la realización de un curso destinado a policiales y operadores judiciales de Rawson a efectuarse en el transcurso de este año, con la entrega de certificados previa evaluación de los conocimientos de quienes deseen participar. Del encuentro efectuado en la sala de situación de la Jefatura de Policía, también participaron otros funcionarios de la fiscalía capitalina.

En una ceremonia presidida por el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez, el doctor Fernando Blanco como nuevo Funcionario de la fiscalía. Perteneciente a una familia integrada por abogados y miembros del ámbito judicial el flamante funcionario se sumó a la órbita del MPF donde cumplirá funciones tras ganar el concurso realizado en diciembre pasado.

A sus 27 años tiene un importante currículum que acredita su saber que, a partir de ahora, deberá aplicar en la labor diaria. “Lo logre tras salir seleccionado en el concurso. Ahora comenzaremos a desempeñar el cargo” dijo Blanco, que a mediados de diciembre rindió ante el consejo de fiscales.

De cara al futuro el flamante funcionario dijo que viene “con muchas expectativas” porque “tomé el concurso y el cargo como un enorme desafío porque es un cargo de demanda toma de decisiones y que busca dar soluciones de manera constante. Eso es algo que siempre me atrajo de la fiscalía”.

La labor investigativa es otro de los factores que siempre despertó interés en Blanco porque “uno es el motor del proceso” de ahí que “concursé” para poder llegar a ocupar el rol en el cual prestó juramento.

noticiasPMY

Ocurrió el viernes por la tarde en Juan Manuel de Rosas y Mariano Rodríguez.

Un joven fue detenido este viernes por la tarde al ser sorprendido con el teléfono que minutos antes le habían robado a una mujer en Juan Manuel de Rosas y Mariano Rodríguez.

Jorge Lucas caminaba por el sector de las avenidas Lisandro de Latorre y Congreso cuando fue demorado por los agentes policiales que acudieron al lugar del hecho, donde la víctima les informó las características del hombre que minutos antes la había asaltado.

La joven aseguró que un ladrón le arrebató un IPhone 7 previo a amenazarla con un arma blanca. La víctima pudo aportar datos del ladrón y de inmediato los agentes salieron en su búsqueda.

Cuando los policías demoraron al sospechoso le encontraron entre sus prendas el teléfono. Finalmente el celular fue entregado a su propietaria con autorización de la Fiscalía y el hombre quedó detenido a la espera de la audiencia de control de detención.

ADN Sur

El Ministerio Público Fiscal del Chubut cuenta a partir de esta semana con 14 scanner digitales certificados por el FBI que serán destinados a identificar personas imputadas en hechos delictivos y cuyos datos serán parte además de un registro nacional de reincidentes.

La inversión con fondos nacionales, fue de 350.000 pesos y se obtuvo a través del Consejo Nacional de Procuradores que integra entre otros, el procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena. Cabe destacar que la actualización de los datos de reincidencia de los sujetos imputados en hechos delictivos, resulta una herramienta importante no solo para las investigaciones que dirigen los fiscales, sino además al momento del dictado de sentencias.

El equipamiento fue presentado hoy en Rawson por el director nacional de reincidencias del Ministerio de Justicia de la Nación. Se trata de José Guerrero, que manifestó ante autoridades judiciales del Chubut, que esta provincia es un ejemplo a seguir en esta temática.

La presentación del equipamiento y las razones por las cuales se hace necesario modernizar el archivo de reincidentes a fin de fundamentalmente compartir la información, fue expuesto por Guerrero ante la presencia de operadores judiciales, jueces de la zona y altas autoridad de la Policía del Chubut.

En su exposición, Guerrero hizo algo de historia acerca de cómo evolucionó en Argentina el registro de reincidentes, cómo actúa en este sentido la Justicia Federal especialmente en los grandes centros urbanos y las metodologías anacrónicas que se utilizan. Mencionó una comparación con los registros que se realizan en el Chubut, sistema que consideró como “un ejemplo a seguir, incluso por la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los juzgados del conurbano bonaerense”. El equipamiento presentado y su utilización, será coordinado y distribuido en toda la Provincia del Chubut, por Dirección de Planificación, Control de Gestión y Sistemas de la Información dependiente de la Procuración General.

Jornada

La semana pasada la fiscal María Bottini se reunió con policías de toda la circunscripción para responder consultas y mejorar prácticas, para la intervención en situaciones de violencia familiar y de género. Esta semana el SAVD participa de jornadas organizadas por la Red de Trabajadoras de Salud sobre la implementación del Protocolo de Abuso Sexual, dirigida al personal de guardia del Hospital Zonal Esquel.

El encuentro con Policía respondió a inquietudes planteadas por esa institución, tendientes a mejorar prácticas y optimizar la articulación entre las instituciones intervinientes en situaciones de violencia de género, fundamentalmente en los casos guardia. La mayor complejidad se presenta en las localidades en las que no hay Comisaría de la Mujer. El encuentro permitió evacuar dudas y establecer mecanismos tendientes a facilitar las intervenciones, mejorando la respuesta.

La información como herramienta fundamental

Los encuentros organizados por la Red de Trabajadoras de SALUD buscan compartir información y ajustar prácticas, dando continuidad a la capacitación realizada en 2017 en conjunto entre Salud y el Ministerio Público Fiscal para todo el personal del HZE. En esta oportunidad la coordinación se realiza puntualmente con el personal de guardia, en relación a la aplicación del dispositivo médico-legal para Abuso Sexual.

Entre otros objetivos, se busca que todo el personal cuente con información clara y precisa sobre el protocolo, para poder trasmitirla a las personas que se presenten en la guardia manifestando haber sufrido un abuso sexual.

El Protocolo de Abuso Sexual busca garantizar los derechos de las personas que sufrieron una situación de abuso sexual. Cuenta con la medicación para evitar embarazos no deseados, para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, y los elementos para la toma de muestras que sirvan para preservar prueba para el caso que la víctima decida en ese momento o más adelante, realizar una denuncia. La toma de muestras debe hacerse en todos los casos y la cadena de custodia de esas muestras, se activa por la Comisaría de la Mujer o la Comisaría común, según se trate de una mujer (también de una mujer trans) o de un varón.

Recomendaciones del Protocolo de AS para la recepción de pacientes que sufrieron AS

• Garantizar un ambiente de privacidad y tener en cuenta el estado emocional de la persona.
• Creer en su palabra, sin culpabilizar, revictimizar ni influenciar en sus decisiones.
• Asegurar la confidencialidad del relato.
• Respetar su voluntad si no quiere compartir lo que le sucedió con otras personas, incluidos los familiares.
• Permitir la presencia de un acompañante, si la persona lo desea.
• Dar a elegir el sexo del profesional, si esto es posible.
• Evitar que tenga que repetir lo ocurrido: unificar el registro de datos en la HC.
• Realizar un abordaje interdisciplinario, o bien derivar a los servicios de Psicología y Servicio Social luego de la asistencia.
• Informar de manera clara y sencilla las prácticas médicas y procedimientos que se pueden realizar; si existieran alternativas terapéuticas, detallar las ventajas y desventajas de cada una para garantizarle su libre elección.
• Informar a la persona sobre su derecho a acceder a un aborto no punible en caso de que en ese momento o más adelante se detecte un embarazo producto de la violación.
• Explicar que es su derecho denunciar lo que le ocurrió, para que la Justicia investigue y como una forma de reparación.
• Dejar en claro que realizar la denuncia es una decisión personal para que se castigue al agresor, pero que no condiciona ninguna práctica médica.
• Explicar la diferencia entre la denuncia en el fuero civil, para que se tome una medida de protección que impida el acercamiento del agresor, de una denuncia penal por la violación.
• Realizar los procedimientos de toma de muestras de tal forma que cumplan con los recaudos procesales exigidos en cada jurisdicción para servir como pruebas en un eventual proceso judicial.

Lucas Germán Gallardo (21) y Luis Alberto Saldivia (33) fueron imputados como presuntos autores del delito de homicidio culposo. Los procesados conducían los automóviles que colisionaron la noche del 30 de diciembre del 2016, en la intersección de las calles España y Alberdi. En ese choque perdieron sus vidas Solange de los Ángeles (18) y Araceli Abigail Hernández (15). La fiscalía obtuvo un plazo de seis meses para concluir la investigación.

En la sala de audiencias de la oficina judicial tuvo lugar una audiencia de apertura y formalización de la investigación preparatoria de juicio en el marco de una causa por homicidio culposo. El acto judicial fue presidido por el juez Alejandro Rosales.

La fiscalía estuvo representada por el la fiscal Laura Castagno y la funcionaria Rita Barrionuevo. Los padres de las victimas recibieron el asesoramiento técnico de los abogados particulares Karina Andrea Aizpitiarte y Sebastián Ángel Balochi.

Los abogados de la defensa pública, Marcelo Catalano y Gustavo Oyarzun representaron a Lucas Gallardo. Por su parte, Saldivia fue asesorado por la abogada Fabiana Uribe.

En la oportunidad, la investigadora reseño los hechos consignados en la pieza de apertura. En este sentido indico que el 30 de diciembre del 2016 a las 01:50 Lucas Gallardo conducía su vehículo Volkswagen Gold, en compañía de las hermanas Solange y Araceli Hernández.

El rodado se desplazaba por calle Alberdi llegando a la intersección con la calle España. Para Castagno , el conductor del rodado manejaba de manera imprudente. En este marco, afirmo que Gallardo circulaba a una velocidad superior a la permitida.

Asimismo agrego que el imputado no respeto la prioridad de paso que tenía el vehículo que transitaba por la derecha. En consecuencia, se produjo la colisión contra la camioneta que conducía Luis Saldivia.

Para la parte acusadora, Saldivia también obro de manera imprudente, en función de que transitaba sin respetar los límites de rapidez establecidos por las leyes de tránsito. A este agravante, agrego que el imputado tenía un elevado estado de intoxicación alcohólica, lo que no le permitió el dominio de su vehículo.

El choque entre los dos rodados, provoco el vuelco del automóvil que conducía Lucas Gallardo, en compañía de las víctimas. Producto del impacto, Solange de los Ángeles Hernández, fue trasladada al hospital local Sarmiento para su atención. Había sufrido un politraumatismo de cráneo. Falleció el 30 de diciembre a las 03:10.

En tanto, su hermana Araceli fue derivada al hospital regional de Comodoro Rivadavia. La gravedad de las lesiones provocaron su muerte el 1 de enero del 2017.

Con respecto a la calificación legal provisoria, la Fiscalía requirió que se impute a los sospechosos como presuntos autores del delito de homicidio culposo en dos hechos. En este contexto, peticiono que a Gallardo se lo investigue también por haber sido cometido mediante la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor. A ello , agrego la transgresión de las normas de los artículos 41 y 51 de la ley de tránsito 24.449.

Respecto a Saldivia, la representante del Ministerio Publico Fiscal pidió que además se lo procese por infringir las normas previstas en los artículos 51, 48 y 39 inciso b de la ley 24.449.

Por último, solicito un plazo de. seis meses para finalizar las tareas investigativas y que los imputados se presenten en las oficinas del área de criminalísticas a los fines de que se les aplique el protocolo único de identificación de personas.

La pena natural

En su intervención Oyarzun propuso a la Fiscalía y al tribunal, la aplicación de un criterio de oportunidad establecido en el articulo 44 inciso 2 del Código Penal.

En este sentido, explico que esta normativa es aplicable en casos donde el imputado haya sufrido consecuencias o daños morales graves. Por lo tanto, la aplicación de una pena por parte del Estado, se tornaría en cruel, inhumana y violenta.

En este marco, indico que Lucas Gallardo mantenía una relación de pareja con la victima Araceli Hernández. En consecuencia, el desenlace luctuoso del siniestro había generado en su asistido una afectación profunda que derivo en la necesidad de un tratamiento psicoterapéutico.

Así las cosas requirió a la parte acusadora aplicar el criterio de oportunidad citado y otorgar el sobreseimiento de Gallardo respecto de la victima Araceli Hernández.

A su turno, Castagno afirmo que a esta altura del proceso la aplicación de ese criterio seria una decisión de carácter prematuro. De todos modos, adelanto que en el transcurso de la investigación en caso de reunir los elementos que den fundamento al pedido, plantearían la aplicación de ese criterio de oportunidad.

“Soy una persona muerta en vida”

Los padres de las víctimas se expresaron en esta instancia judicial. La madre de las adolescentes afirmo “desde hace dos años estamos siendo tratados con psicólogos y con medicación varios integrantes de la familia. Soy una persona muerta en vida, pido justicia para que ellas puedan descansar en paz” concluyo.

Finalmente, el magistrado resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa pública respecto del pedido de utilización de un criterio de oportunidad y considero que para las víctimas, los imputados y la sociedad en su conjunto, es importante que se investigue para saber qué fue lo que ocurrió.

Por último, dispuso tener por formalizada la investigación preparatoria de juicio en orden a los hechos descriptos por la fiscalía y las calificaciones legales provisorias escogidas por los acusadores.