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De acuerdo a lo dispuesto por las autoridades, la oficina Trelew del Ministerio Público Fiscal permanecerá cerrada este lunes 19 de octubre, por lo que no habrá atención al público.

Así se ha determinado a partir de las tareas de desinfección que se llevarán adelante en las instalaciones de Avenida Rawson 262 de esta ciudad, por lo que no deberán concurrir los trabajadores de ese lugar en el día mencionado y de acuerdo a los horarios habituales. Se reitera que no habrá atención al público en general.

Reabren juzgados no penales de Comodoro, Madryn y Sarmiento.

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispuso la reapertura de los juzgados no penales de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Sarmiento, a partir del lunes 19 de octubre de 2020. La medida implica el restablecimiento de los plazos procesales, informaron dos gacetillas de la Fiscalía y de la Agencia judicial.

Al mismo tiempo, se informa que las audiencias presenciales siguen suspendidas y que la asignación de turnos para abogados y público se restablecerá el martes 20 de octubre.

Se adoptó esta medida en consonancia con la recomendación emitida por el Comité Médico Sanitario, que considera factible retomar la actividad pero insistiendo con la recomendación del cumplimiento estricto de las medidas propuestas en el protocolo vigente y propiciando, fundamentalmente, el trabajo de manera no presencial en la medida que fuera posible.

Juzgados de Paz

La acordada 9471 dispone también la reapertura de la actividad, a partir del lunes 19 de octubre, de los Juzgados de Paz de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Gaiman, Puerto Madryn, Sarmiento.

Se desarrolló en la Oficina Judicial de Rawson, un nueva audiencia de juicio abreviado, por la causa conocida como “Revelación”, en la que el fiscal Marcos Nápoli representó al Ministerio Público Fiscal, y solicitó la condena de tres años de efectivo cumplimiento para Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, ambos funcionarios públicos, además la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

En el caso particular de Gonzalo Carpintero se peticionó la devolución en carácter de multa sobre dos inmuebles y de una camioneta Toyota SW4 por un valor aproximado de 70 millones de pesos, teniendo en cuenta la pericia contable realizada por la contadora Karlem del MPF, lo cual permitió poder llegar a establecer la pena, que si bien en expectativa de pena en la acusación era de mayor tiempo, lo cierto es que se privilegió tener hoy la posibilidad de tener una pena cierta y no arriesgar en un juicio y que los imputados sean absueltos.

En este sentido, es importante resaltar que en relación al juicio abreviado, existen varios antecedentes dentro de casi todas las circunscripciones judiciales de la Provincia del Chubut, donde han avalado el juicio abreviado con funcionarios públicos. Además aún no está reglamentado el juicio por jurado ni el juicio mixto por tal motivo no se puede utilizar el artículo 173 de la constitución provincial.

Varios jueces tanto de Esquel, Puerto Madryn y Trelew, se han manifestado en esta línea, por lo que existe amplia jurisprudencia que ratifica que la aplicación del juicio abreviado con funcionarios públicos es viable, también es viable la pena y la multa que deberá pagar Gonzalo Carpintero. Por lo que es totalmente legal el acuerdo alcanzado concluyo el Fiscal Marcos Nápoli.

Rechazo de la Oficina Anticorrupción

En la audiencia fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción, Mario Romeo se opuso a la petición del Ministerio Público Fiscal.

Cabe recordar que Pablo Oca fue considerado miembro de una asociación ilícita -no organizador-, en concurso real con cohecho activo, toda vez que privilegiaba a algunas empresas constructoras en desmedro de otras. Gonzalo Carpintero por su parte, al igual que Oca, no registra antecedentes penales, según se indica desde el Ministerio Público Fiscal.

La imputación final fue la de enriquecimiento ilícito de acuerdo al artículo 268 del código penal, esto queda evidenciado por la cantidad de bienes que adquirió sin tener otro ingreso que no fuera el de su salario en la administración pública.

El fiscal argentino, Santiago Ulpiano Martínez, de la fiscalía federal ordenó una serie de medidas en la investigación por la muerte de Facundo Astudillo Castro que incluyen acciones de pesquisa en instalaciones de la Policía Bonaerense.

Con la aprobación de la jueza federal María Gabriela Marrón, el Ministerio Público dispuso el allanamiento del puesto policial de la Bonaerense en Bahía Blanca, incautando un móvil de ese precinto, los libros de guardia y los teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación de los uniformados que allí trabajan.

La División de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense le indicó al fiscal que el móvil incautado «hizo un recorrido ‘inusual y sospechoso’ el 8 de mayo, y se detuvo durante 35 minutos a 800 metros del lugar donde el 15 de este mes se encontró el esqueleto” que podría corresponder a Facundo.

En el informe de Asuntos Internos, se consigna que “del análisis realizado se detectó un movimiento inusual y sospechoso del móvil patrullero Toyota Etios 20610, patente OMP 782, asignado a la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de Bahía Blanca y (…) las señales de GPS emitidas por ese patrullero darían cuenta de un recorrido efectuado el 8 de mayo varios kilómetros alejado de su rutina, más precisamente en cercanías del lugar donde se produzco el hallazgo el 15 de agosto”.

Otras incongruencias fueron advertidas por el fiscal Martínez que motivaron las acciones ordenadas contra la Bonaerense. Entre ellas, se encuentran «anomalías en los registros, en cuanto a que en la rutina que estaba cumpliendo el móvil la secuencia de georreferenciación da un ‘salto’ de más de 10 kilómetros en 41 segundos, para volver con otro ‘salto’ luego de tres horas 38 segundos al recorrido de rutina en apenas 28 segundos».

Por tal motivo, la Fiscalía demandó del Ministerio de Seguridad Bonaerense que aporte las modulaciones de las comunicaciones del referido patrullero, que individualice cuáles son los móviles asignados a esa UPPL de Bahía Blanca y, finalmente, que realice su geolocalización.

Paralelamente, los abogados de la familia habían advertido su preocupación por la integridad de los tres testigos que declararon haber visto al joven subiendo a un vehículo policial el 30 de abril, porque están siendo objeto de seguimientos por parte de patrulleros de la Bonaerense.

Las medidas fueron asignadas para su ejecución a la División de Búsqueda de Prófugos y Personas Desaparecidas de la Policía Federal. Uno de los abogados de los familiares de Facundo Castro expresó que las pruebas acopiadas hasta el momento “están todas orientadas a la desaparición forzada de Facundo”.

 

El acto judicial se llevó a cabo ante el juez de la causa, Gustavo Amarilla, quien había fijado la fecha de audiencia para este lunes, cuando los fiscales del caso, Federico Delfino, Alicia Sapriza, Marcelo Pecci y Osmar Legal, pidieron la suspensión condicional del procedimiento para Ronaldinho y la aplicación del procedimiento abreviado para su hermano Roberto, informó el diario paraguayo Última Hora.

La acusación que pesaba sobre Ronaldinho y su hermano de parte de la fiscalía indicaba que el crack brasileño estaba en posesión de un pasaporte y una cédula con datos que señalaban que era paraguayo. A raíz de eso fue imputado por uso de documentos públicos de contenido falso.

El Ministerio Público de Justicia pidió la suspensión condicional del procedimiento para el ex futbolista por un año y esto fue concedido por el magistrado, luego de la detención que se produjo en marzo de este año.

Y respecto de Roberto de Assis Moreira, los oficiales de justicia dijeron que fue el hermano de Ronaldinho quien se contactó con el grupo delictivo que confeccionó los documentos apócrifos.

La defensa de Roberto sostuvo que su defendido mantuvo contacto con uno de los imputados en el proceso, pero que no solicitó la elaboración de los documentos paraguayos en cuestión.

El juez Gustavo Amarilla dictó una condena de dos años de cárcel para Roberto de Assis, pero con la suspensión de la ejecución de la condena por el mismo plazo, y dispuso la donación de 110.000 dólares como reparación al daño social; y, al igual que su hermano, deberán fijar un domicilio en Brasil.

Para el caso de la donación, la Fiscalía pidió suspender la causa de Ronaldinho para que a cambio también done 90.000 dólares a la Universidad Nacional de Asunción (NA) y a la causa Todos Somos Bianca .

El juez explicó que el dinero será destinado al Ministerio de Justicia para la lucha contra el coronavirus en la compra de insumos sanitarios y equipos de bioseguridad de guardiacárceles de todo el Paraguay.

En el caso de Ronaldhino, como regla de conducta se requiere la donación de USD 90.000, que serán donados a la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y a la causa Todos Somos Bianca, la bebé que padece Atrofia Muscular Espinal, y que necesita de una medicación muy costosa llamada Spinraza.

Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis cumplieron prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde el 4 de marzo y desde el 7 de abril estuvieron recluídos en un hotel de Asunción. Hoy, a cinco meses y 20 días de ser detenidos, quedaron en libertad.

En la fiscalía de Trelew no quieren recibir a un joven que fue víctima de un caso de brutalidad policial y a su madre. Ellos pretenden hablar con el fiscal que lleva adelante las actuaciones y no les dan turno: los tienen a las vueltas. ¿Será que no quieren recibirlos porque no han investigado nada todavía?

Los hechos que se piden que sean investigados ocurrieron presuntamente la mañana del 6 de mayo en las Mil Viviendas de Trelew, cuando varios policías se metieron por la fuerza a un departamento y allí atacaron brutalmente al hijo del dueño y al muchacho que los denunció, a quien además de darle una feroz paliza y pegarle patadas en los testículos le apuntaron a la cabeza con una de las armas reglamentarias exigiéndole que se arrodillara delante de ellos y les pidiera perdón, según la víctima.

El joven –que actualmente tiene 18 años y que ha quedado con preocupantes secuelas por los golpes que recibió en sus genitales— habría visto momentos antes cómo corrían a los tiros a unos usurpadores y eso al parecer enojó a los policías y los puso muy nerviosos.

Ahora él y su madre pretenden saber qué se ha hecho en la fiscalía de Trelew para investigar el caso, pero no los reciben. Ya han pasado dos meses del día en que hicieron la exposición y aseguran que no tienen ninguna noticia.

Quieren incluso ampliar la denuncia, pero no lo pueden hacer porque el fiscal –aparentemente– no tendría intenciones de atenderlos. Lo único que les han enviado es una copia de la denuncia; de lo que expuso la madre de la víctima a las pocas horas de enterarse de lo que la policía de Massoni le había hecho a su hijo. ¿Será eso lo único que hay en el expediente?

La sospecha que tienen otros a los que también le vienen haciendo lo mismo es que por orden de alguien las investigaciones por excesos o violencia policial estarían “pisadas” ¿Será cierto?

La audiencia de apertura de investigación en la fiscalía de la causa que se ha denominado “Ñoquis Calientes” y que tiene a su cargo la jueza Ivana González, en la que el fiscal Omar Rodríguez pide que se impute a la ex ministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, y a otras 12 personas por presunta defraudación al Estado y concusión, en al menos 13 hechos, aún no tiene fecha. Pero una vez que se inicie formalmente el plazo de 6 meses para la investigación, la Fiscalía de Estado se presentará ante la Oficina Judicial y pedirá ser aceptada como querellante, según la información que pudo confirmar ADNSUR de fuentes oficiales.

Si bien los tiempos se demoran, porque la Oficina Judicial tiene que ubicar a las 13 personas sindicadas, que en muchos casos no tienen domicilio claro –algunos figuraban en un hotel- para anoticiarlos de que deben constituir un abogado defensor, la decisión del equipo que conduce el fiscal Andrés Giacomone está tomada: la Fiscalía de Estado pedirá sumarse a la causa como querellante, porque de acuerdo a los datos iniciales que se desprenden, de confirmarse una defraudación se podrían haber afectado bienes del Estado Provincial.

Como ya informó esta agencia en varias oportunidades, la imputación a la ex ministra y sus colaboradores es la de armar un sistema, primero en su etapa como diputada provincial y luego como funcionaria del Ejecutivo, por el cual se designaba personal que no prestaba tareas concretas para luego exigir la devolución de al menos la mitad del sueldo, que iba a parar a una cuenta privada que manejaba la niñera de Torres Otarola.

Según los registros de cuentas bancarias de los involucrados, realizado por el equipo de investigación del Ministerio Público Fiscal que integra el contador José Velázquez, que se denomina Unidad Fiscal Especializada, hubo movimientos de dinero de al menos 1,5 millones en los últimos 6 meses, de fondos que provenían de las cajas de ahorro del personal de gabinete del Ministerio de Familia, quienes reintegraban a su jefa política una parte de sus haberes. Además, en muchos casos no tenían residencia en Chubut y se desconoce qué tareas cumplían.

Teniendo en cuenta que la hipótesis es que hubo una estafa al Estado, según la cual fondos que no eran para el pago de tareas específicas, podrían haber terminado en las cuentas de la ministra, es que Fiscalía de Estado pedirá ser adherida a la causa, como ya ocurrió con otras casos de causas de corrupción, como fue el caso del juicio oral por Embrujo, el enriquecimiento ilícito contra Oscar Alarcón, la causa Revelación y la Emergencia Climática de Comodoro Rivadavia, donde en todos los casos, la acusación apuntó a demostrar un perjuicio contra las arcas estatales.

Por el momento se abrió entonces un compás de espera, mientras la Oficina Judicial termina de notificar a cada uno de los 13 futuros imputados. Una vez que esto se concrete, quedaría fijar una fecha para la audiencia, que será presidida por la jueza Ivana González, y que se realizaría como viene ocurriendo hace meses por las restricciones de la pandemia, de manera virtual a través de videoconferencia.

La Fiscalía en la presentación preliminar lo acusó de haber sido advertido de que había atropellado al joven y pidió que sea imputado por homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga su conductor en calidad de autor”. El fiscal Marcelo Crettón fue categórico fue el hecho. “No cabe ninguna duda que el resultado de la muerte, conforme de la preliminar, ha sido consecuencia de la maniobra imprudente del señor Pinto”. El juez Alejandro Sonis hizo lugar al pedido y le dictó 15 días de prisión preventiva y dictó seis meses de plazo de investigación.

Este sábado en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia se realizó la audiencia de control de detención contra el camionero acusado por la muerte del trapito Cristian Soto, quien fue atropellado el martes sobre la avenida Hipólito Yrigoyen y perdió la vida.

Sebastián Alejandro Pinto, quien fue detenido este viernes por la tarde cuando regresaba a Villa Regina -se encuentra la empresa para la cual trabaja- fue imputado provisoriamente por «homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga su conductor en calidad de autor” y estará 15 días en prisión preventiva. El plazo de investigación será de 6 meses. La defensora pública Lucia Pettinari pidió la revisión por dos jueces sobre la prisión preventiva del imputado.

La acusación 

La audiencia fue encabezada por el juez Alejandro Sonis. La Fiscalía estuvo presentada por el fiscal Marcelo Crettón y la funcionaria Fabiola López. Y la defensa fue ejercida por la defensora pública Lucia Pettinari.

Al inicio del acto judicial López describió el caso y dijo que “el día martes 14 de julio de 2020, siendo aproximadamente las 16:20 horas, en circunstancias en que Cristian Mariano Soto se encontraba lavando los vidrios de los vehículos que paraban en los semáforos en la avenida Hipólito Yriyoyen 3200 de esta ciudad, al ponerse la luz roja detuvo su marcha un camión marca 120 Scania sobre el carril derecho”.

El mismo era conducido por Pinto quien “al ponerse el semáforo en luz verde e iniciar su marcha y sin tomar los recaudos necesarios y de manera imprudente embistió a Cristian Mariano Soto”, quien perdió la vida en el acto.

Según la acusación fiscal, “Sebastián Alejandro Pinto continuó su recorrido y al ser advertido por un testigo de lo ocurrido detuvo su marcha sobre la colectora de la mencionada avenida, justo frente a la empresa Forte, y a pesar de dicha advertencia continuó su trayecto, dándose a la fuga”.

En su presentación, la funcionaria confirmó que la Fiscalía cuenta con el acta de intervención policial donde está la declaración del testigo, y al ser consultada por los detalles de cómo ocurrió el accidente advirtió que “no hay mayores precisiones del hecho”.

Además, explicó que “el presente hecho fue calificado provisoriamente como homicidio culposo, agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y por darse a la fuga su conductor en calidad de autor”.

Una maniobra imprudente 

Crettón en tanto, le explicó al juez que el hallazgo de pruebas en la unidad “dependerá de las pericias que se hagan”, pero advirtió que este recién pudo ser examinado tres días después del accidente.

En ese sentido, dijo: “De un día soleado del día martes a las cuatro y media de la tarde, nos encontramos con un camión lleno de barro, totalmente con agua, barro y con circunstancias totalmente distintas a cuando estaba en el hecho. Entonces nosotros hemos afirmado el último agravante que se da a la fuga porque ha sido advertido por un particular y solamente, por lo que estimamos, la persona estuvo cuatro minutos detenido y luego emprendió camino a Santa Cruz”.

El fiscal fue categórico en su acusación y sostuvo que “no cabe ninguna duda que el resultado de la muerte, conforme de la preliminar, el homicidio ha sido consecuencia de la maniobra imprudente del señor Pinto” y pidió tener en cuenta dos circunstancias particulares: el testigo y como el chofer deja la ciudad, y cómo se encontró el camión.

¿Qué es imprudencia?

La defensora pública Lucia Pettinari, por su parte, desestimó la imprudencia del conductor y aseguró que “el Ministerio Público Fiscal lo único que relata es “que sin tomar los recaudos necesarios cuando la luz se pone verde y que de manera imprudente comienza su marcha”.

“Mi pregunta es: qué es sin tomar los recaudos necesarios y qué es de manera imprudente? La imprudencia, la doctrina, dice que es actuar peligroso, riesgoso, atrevido, poniendo en riesgo bienes ajenos, a las personas. Acá lo único que hay es que estaba la luz en rojo y que el camión estaba detenido, y que cuando se pone en verde comienza su marcha”, indicó.

Y cuestionó: “no sé cuál es el deber objetivo de cuidado que infringió mi asistido para poder achacar un delito de naturaleza culposa. No lo conozco, no lo describe. Es más sostiene y habla del testigo y el testigo manifiesta que lo ve arrancar sin manera brusca ni sanativa, no hay ninguna actividad imprudente”.

El juez Sonis, al tomar la palabra aseguró que el homicidio debe ser investigado, y que lo que manifiesta la defensora se tendrá “que dar como resultado de la investigación”. En ese sentido, dijo que hay fuertes indicios “que determinan la presencia del imputado en el lugar del hecho”.

La palabra del imputado 

En ese marco, el imputado decidió declarar y aseguró que no escuchó lo que le dijo el testigo del accidente. En su declaración sostuvo que el testigo le hizo seña a la salida del segundo semáforo pero aseguró que cuando paró el auto continuó su marcha. “Cuando el auto vio que yo me tiraba al costado pasó de largo, entonces me baje y digo ‘vendré perdiendo algo’, porque suele pasar. Entonces me bajé, recorrí dos veces el camión, no vi nada extraño, nada golpeado, ni roto y retome mi camino con destino a San Julián”, sostuvo.

La Fiscalía, previo a la resolución del juez, pidió que se dicte la prisión preventiva del imputado por «homicidio culposo» por el plazo de un mes. En sus argumentos sostuvo la falta de arraigo del acusado, la probabilidad de pena y la actitud del imputado de minimizar el hecho, teniendo en cuenta que hay un testigo que le advirtió la situación.

Tras dar sus argumentos dictó la prisión preventiva por 15 días, teniendo en cuenta su declaración y que no tiene arraigo en la ciudad y dio por formalizada la apertura de investigación.

La Fiscalía de Bolivia informó que este lunes fue emitida una acusación formal por supuestos delitos de terrorismo contra el expresidente Evo Morales, quien se encuentra en la Argentina y por quien se pidió su detención preventiva.

La acusación fue emitida por la Comisión de Fiscales Anticorrupción en el contexto de la investigación del llamado Caso Audio, por una grabación telefónica en la que una voz que se atribuye al expresidente insta a bloquear ciudades durante el conflicto político y social que atravesó el país entre octubre y noviembre del año pasado.

La imputación por supuestos delitos de terrorismo y financiamiento del terrorismo se basa en una conversación telefónica con el dirigente cocalero Faustino Yucra.

«De acuerdo con las investigaciones, se evidenció que el exjefe del Estado y el coimputado Faustino Y.Y. mantuvieron comunicación mediante llamadas telefónicas el 14 de noviembre de 2019, desde la ciudad de México», donde entonces estaba Morales, «hasta El Torno», en Bolivia, dijo la Fiscalía en un comunicado.

«Aparentemente, en esa conversación», añade la nota, «Morales habría instruido al dirigente cocalero cometer actos ilícitos durante los hechos violentos registrados en el país a partir del 10 de noviembre de 2019», cuando el entonces mandatario anunció su renuncia denunciando que era forzado por un golpe de estado.

Luego de anularse en octubre las elecciones que dieron como ganador a Morales para un cuarto mandato, y tras casi un mes de protestas con muertos en medio de denuncias de fraude de la oposición y de un golpe de estado para arrebatarle la victoria y derrocarlo, el líder boliviano renunció y se fue a México, pasó por Cuba y se afincó finalmente en la Argentina.

Un reporte de llamadas a las líneas telefónicas de ambos realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial de Bolivia muestra que Morales y Yucra se habrían comunicado en al menos dos ocasiones más entre el 12 y 17 de noviembre de 2019, según el la Fiscalía.

Una pericia informática permitió encontrar en un teléfono de Alejandro Y.S., hijo de Faustino, un video que circuló en redes sociales y que incluye ese audio, que fue enviado al Cuerpo Técnico de Investigación del Ministerio Público de Colombia, que concluyó que existe «una alta probabilidad de identificación de la voz» de Morales, señaló el comunicado de la Fiscalia, informó la agencia de noticias EFE.

Yucra fue enviado bajo prisión preventiva a un penal de la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra tras ser detenido en abril pasado por acusaciones de terrorismo y sedición dentro de este mismo proceso judicial, que se encuentra en fase preliminar.

Morales reaccionó a través de Twitter: «De manera ilegal e inconstitucional, la Fiscalía de La Paz pretende imputarme por terrorismo con un audio alterado y sin ser notificado, una prueba más de la sistemática persecución política del gobierno de facto; pronto volverá la democracia y el estado de derecho a #Bolivia, dijo.

El expresidente, que solicitó refugio en la Argentina, enfrenta varios procesos por distintas acusaciones en Bolivia, tras denuncias entre otros del propio gobierno interino boliviano, por las que la Fiscalía ya emitió peticiones a Interpol para detenerle.

«Laura demostró criterio para aplicar las leyes y eso no está bien visto si viene por parte de una mujer. Sufre el abuso de poder”. Así resumió la abogada Cristina Pagasartundua el motivo por el cual la comisario Laura Mirantes está en disponibilidad hace más de 60 días con el 60% de descuento salarial.

Reclamó la urgente intervención personal del gobernador Mariano Arcioni para frenar el hostigamiento y garantizar la imparcialidad del sumario administrativo. La defensora de Mirantes Informó que la Fiscalía desestimó la denuncia penal contra su clienta por no existir delito. Y advirtió que irán a la Justicia si la persecución laboral persiste.

A Mirantes le indilgan faltas administrativas por la detención de varios vecinos al inicio de la cuarentena y quieren destituirla. Fueron 3 casos. Presentaron pruebas y descargos. Explica que el procedimiento que aplicó Mirantes fue el que la justicia ratificó en el hábeas corpus interpuesto a la Provincia días después. “Pedimos la restitución a sus funciones y el reintegro de sus haberes”, sintetizó.

Pagasartundua explicó la situación de quien fue por tres años en Trelew la jefa de la Comisaría de la Mujer y era titular de la Comisaría de Rawson hasta ser apartada de su cargo y acusada en un sumario que la pone al abismo de su carrera policial. “Está siendo sumariada en el seno de la Jefatura de Policía por la División de Asuntos Internos. Acusada de cometer faltas que a juicio de la Jefatura son gravísimas. Nos interesa dejar claro por qué consideramos que esa gravedad no existe”, expresó.

Se detuvo en los casos que derivaron en la situación actual. “Todo sucede en los controles en el marco del cumplimiento de las prohibiciones de circular impuesta por la pandemia. Ocurrió en ruta 7. Se detuvo a 4 personas en 3 vehículos. Este operativo no estuvo a cargo de Mirantes pero las personas fueron trasladadas a la Comisaría de Rawson donde fue jefa hasta el 27 de marzo”.

Pagasartundua explicó que Mirantes no estuvo de acuerdo en el modo que se llevaron a cabo las detenciones. “Ni siquiera esas personas debían ser demoradas, por considerar que estaban exceptuadas en la reglamentación porque tenían motivos para circular; hubo otras irregularidades en el procedimiento: las personas fueron conducidas a la Comisaría sin que se les diera aviso de para qué iban ni tampoco sobre las intenciones de secuestrarles los vehículos. Se enteraron cuando llegaron. Eso generó que la comisario fuera avisada. No estaba en horario de trabajo e intervino liberando a tres de esas personas, la otra fue liberada antes por un superior”.

La letrada es clara en sus conceptos: “Lo que hizo la comisario fue aplicar una lógica y un criterio operativo que consistía en evitar detenciones compulsivas”.

Uno de los casos, era una mujer que volvía a Playa Unión donde se domiciliaba. “Estaba cuidando a su hija menor embarazada en Trelew. Otras dos eran dueños de una chacra que se acercaron al puesto policial para preguntar cómo hacer para darles de comer a sus animales porque hacía una semana que habían tramitado el permiso sin respuesta porque la web había colapsado. El tercer caso se trataba de un carpintero, padre de tres hijos y sostén de familia que necesitaba ir a comprar maderas para hacer muebles”.

El uniformado a cargo del operativo, indicó Pagasartundua, “tuvo otro criterio. Y ese criterio fue algo que se repitió en esa época en muchísimos casos y que dio lugar a que en Chubut se interpusieran tres hábeas corpus preventivos y que a raíz de eso, la Provincia fuera obligada a moverse con otras pautas. Tanto por la resolución de la jueza Mirta Moreno como por la adhesión que la Provincia hizo al protocolo del Ministerio de Seguridad de la Nación”, aseveró.

Pagasartundua derivó el mal accionar hacia un subcomisario que fue el autor de las detenciones. “No sólo decidió llevarlos a la Comisaría sino que no notificó a las personas que se les imputaría el delito del artículo N°205 del Código Penal y que se les secuestrarían los vehículos. No avisó a la autoridad de Juzgado Federal. La gente llegó pensando que se les iba a tomar la fiebre y que iban a firmar un acta y se iban a ir, pero las consecuencias eran otras. Este procedimiento fue el que no avaló Mirantes”.

Se transportó Pagasartundúa a la realidad que rige actualmente para los chubutenses. “Hoy Chubut tiene que seguir otras pautas, sobre todo, en el comportamiento y prácticas policiales. Sin embargo este sumario continúa y se le achacan estos hechos como si realmente hubiese sido contrario a la ley. Fue lo que siempre debería haber ocurrido. En el sumario están todas las declaraciones de las personas afectadas”.

Destacó el contenido del sumario y el accionar de su defendida. “Mirantes decide que fueran puestas en libertad las personas y avisa cuando llega a la Comisaría, se comunica con el Juzgado Federal y la instruyen que hiciera las actas porque la situación de la gente iba a ser analizada en el momento que se elevaran las actas. Se le imputa la omisión de hacer actas. No es real. Las actas están confeccionadas y figuran en el sumario”.

Calificó como “una falacia” reprochar desde las fuerzas que no hubo registro del procedimiento realizado.

La perspectiva de género no se deja de lado en esta situación que hoy se debe resolver. “La Policía es una institución históricamente conformada en su mayoría por hombres. Las mujeres han ingresado pero son minoría numérica y es un dato de la realidad que no acceden a cargos jerárquicos, a la cúpula policial. Hay casos aislados pero son muy pocas las policías titulares de comisarías, Laura es una de ellas. Una de las pocas a cargo de una Comisaría como la de Rawson”, deslizó.

Y agregó Pagasartundua: “Estos actos de hostigamiento no están visibilizado porque no se denuncia. O se denuncia hacia adentro y no tiene éxito. Las mujeres que denuncian son apartadas, sancionadas o trasladadas. Mirantes tiene un legajo intachable. Iba en ascenso. Lo que sucede con ella es un abuso de poder”.

Reiteró que “solicitamos el cese de los actos de hostigamiento por parte de Jefatura, el reintegro a sus funciones y la restitución de sus haberes. Lo pedimos hace varios días atrás y no tuvimos respuestas. Las seguimos esperando pero no descartamos tener que llegar a la Justicia”.

El procedimiento ocurrió este miércoles antes del mediodía cuando el fiscal de Rawson, Osvaldo Heiber, se hizo presente en la oficina del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn con una orden de allanamiento, emitida por la jueza Mirta del Valle Moreno.

En el lugar se buscaban herramientas informáticas que usa un empleado, a quien además se le inspeccionó el domicilio particular para incautar otros elementos similares.

La intervención fue confirmada por el fiscal general de Puerto Madryn, Daniel Báez quien señaló que la investigación, según pudo conocer por el escrito presentado y la entrevista que mantuvo con su par de Rawson, tiene que ver con una presunta filtración de información.

Todo giraría en torno a una causa resonante de los últimos días, que se lleva adelante en la ciudad de Rawson y cuyos detalles trascendieron en redes sociales generando un importante revuelo incluso, a nivel nacional.

El fiscal Daniel Baez aseguró que desconoce la existencia de documentos en la oficina a su cargo, que estén relacionados con esta investigación y se excusó de dar más detalles pues según explicó, debería ser su par de Rawson, quien aporte mayor información.

Reconoció haberse sorprendido con la diligencia pero aseguró que “hoy estamos viviendo momentos extraordinarios en todos los aspectos y hay que cumplir con la ley”.

Por último, Baez señaló que no conoce los resultados del operativo en el domicilio particular del empleado de fiscalía, pero presume que allí, también secuestraron herramientas informáticas.