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La Procuración General de la Nación designó este viernes a dos fiscales para sumarse a la investigación por la desaparición de Facundo Astudillo Castro que lleva adelante el fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, quien fue recusado en dos oportunidades por la familia del joven desaparecido desde el 30 de abril pasado.

En una resolución firmada este viernes, el procurador Eduardo Casal designó al titular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Andrés Heim, y al jefe de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), Horacio Azzolín, para «intervenir en forma conjunta o alternada» con el fiscal Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición de Facundo. La decisión fue adoptada por Casal dos días después de mantener un encuentro con Cristina Castro, la madre de Facundo, quien le manifestó su descontento con la actuación que venía llevando adelante Ulpiano Martínez al frente de la investigación.

El miércoles último Cristina concurrió al despacho de Casal junto a sus abogados, Luciano Peretto y Leandro Aparicio, y denunció al fiscal federal de Bahía Blanca, de quien dijo que nunca la recibió ni tuvo «un trato humano» para con ella.

En el escrito de denuncia, la madre de Facundo dijo que el fiscal Ulpiano Martínez «estaba filtrando información» y que «toda la información que a ella le negaba, se la daba finalmente a los medios de comunicación locales La Brújula y La Nueva».

«Tuve que llevar a su padre al hospital porque se descompuso al ver en los medios de comunicación información que solo estaba en la causa y que nadie conocía», dijo Cristina Castro, quien agregó que «el fiscal es el mejor abogado de los policías» supuestamente involucrados en la causa.

En esa denuncia, la madre de Facundo le pidió a Casal que «en la medida de lo posible, pueda haber una actuación más coordinada de la Procuvin», precisamente cuyo jefe fue designado para trabajar en el marco de la investigación.

La querella ya había recusado en dos oportunidades al fiscal Ulpiano Martínez por distintos motivos, pero en ambas oportunidades (el 29 de julio y el 22 de agosto) el pedido fue rechazado por la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón. En su pedido, los abogados plantearon el apartamiento del fiscal al considerar que la «lentitud», la «incapacidad» y «la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía» ya «bordea la actitud dolosa». Sin embargo, la jueza Marrón lo rechazó por «improcedente» ya que entendió que, «al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos».

Facundo, que el domingo pasado cumplió 23 años, desapareció el 30 de abril último cuando, en plena cuarentena, se fue de su casa de la localidad de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca y fue retenido en un control policial. La madre del joven denunció en varias oportunidades que su hijo fue víctima de una desaparición forzada en la que están involucrados policías de la provincia de Buenos Aires.

Consideran que una ley de estas características requiere de un análisis exhaustivo con plena participación de los Tres Poderes del Estado.

El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina, asociaciones estas, que agrupan a los Fiscales y Procuradores de la totalidad de las provincias del país y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación al proyecto de ley de -aparente- autarquía del Poder Judicial de la Provincia del Chubut impulsado por el Poder Ejecutivo de la mencionada Provincia, dicen y peticionan:

Que, sin que esto importe intromisión alguna en el manejo institucional local, es necesario recordar a las autoridades de la Provincia del Chubut que el art. 5 de la Constitución Nacional pone como condición para garantizar a cada provincia el ejercicio de sus instituciones, el aseguramiento de su administración de justicia.

Que su omisión coloca al estado provincial en una clara posición de debilidad institucional.

Que reconocer autarquía financiera tanto al Poder Judicial como al Poder Legislativo importa, cuando sus medios y fines evidencian un alto espíritu republicano, un salto de calidad colectivo y refuerza el engrandecimiento democrático estatal. Se erige en el escudo protector de futuras intromisiones y desequilibrios entre los poderes.

Pero cuando se pretende introducir modificaciones estructurales de tal envergadura, mediante cambios coyunturales, que no aseguran un financiamiento adecuado a dichos Poderes, la acción se transforma en una vía de sojuzgamiento de los mismos, quienes al no poder mantener su estructura, van a necesitar del buen ánimo del Poder Ejecutivo, para solventar sus déficit.

Con ello se aleja del Estado Provincial la idea de equilibrio de poderes, y el Administrador se transforma en un órgano macrocefálico que condiciona y termina direccionando, aunque sea de manera indirecta, a los otros dos poderes.

Que una ley de autarquía que pretenda constituir una política de Estado debería contemplar básicamente:

Un porcentaje mínimo, razonable y adecuado del presupuesto provincial para el Poder Judicial, y otro para el Poder Legislativo.

Una disposición que garantice la transferencia automática de los fondos.

La prohibición de aprobar un presupuesto sin que se contemplen esos porcentajes mínimos (ver art.150 inc. 4 Constitución de San Juan).

Que una modificación de este nivel, requiere, cuanto menos, del análisis exhaustivo y comprometido de los tres poderes que, de manera armoniosa, resuelvan a futuro un funcionamiento equilibrado y sano de las instituciones provinciales. La voluntad solitaria del Poder Administrador, compromete en el corto plazo y a futuro, el desenvolvimiento orgánico provincial, y deja expuesta una voluntad inicial viciada.

Al momento de reformar, hay que evitar miradas sesgadas y parciales que sólo conducen inexorablemente a los otros Poderes – Judicial y Legislativo- a una situación de imposibilidad de operar y con ello a un estado de denegación de justicia a la ciudadanía y a un claro incumplimiento de las condiciones establecidas en el art. 5 de la Constitución Nacional, con sus ya advertidas consecuencias institucionales.

Que la situación financiera que atraviesa la Provincia de Chubut, a partir de los problemas de público conocimiento que impactan básicamente en el pago de las remuneraciones a los dependientes, proveedores y también en la prestación de servicios, genera un panorama y un clima social que no aparece como el adecuado para introducir en esta instancia una reforma estructural de semejante trascendencia, que conduciría de manera inexorable a una falta de armonía entre los poderes , y con ello, un desfasaje institucional que repercutiría directamente sobre la población de Chubut.

Que a partir de lo expuesto, surge la imperiosa necesidad de peticionar al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chubut y en general al poder político todo, se conforme una mesa de diálogo y acuerdo para analizar la conveniencia y, en su caso legislar una modificación que asegure, fuera de toda especulación política coyuntural, una reforma seria, provechosa y duradera, que repercuta en orden, estabilidad y justicia en beneficio de toda la ciudadanía del Chubut.

El comunicado está refrendado por Eduardo Quattropani, Presidente del Consejo Federal de Política Criminal y Alejandro Gullé, Presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, publicó Diario Jornada.

La víctima, una mujer de 86 años, fue atada con precintos. Además, los autores la amordazaron, lo que le provocó la muerte por asfixia. El caso está calificado provisoriamente como «homicidio en ocasión de robo».

El fiscal jefe Daniel Báez encabezó una reunión de trabajo interdisciplinaria por el homicidio de Beryl Williams, de 86 años, cometido la madrugada del lunes.

La reunión de tres horas se realizó en la sede del Ministerio Público Fiscal, donde Báez fue acompañado por los fiscales Jorge Bugueño, Eugenia Vottero y Raúl Barroso. Y participaron el segundo jefe de la policía, Néstor Gómez Ocampo; el jefe de la División de Investigaciones, Cristian Vázquez Sepúlveda, junto a su equipo; el jefe de la Policía Científica, Marcelo Rodríguez; el médico forense Daniel Cardarelli; y el subcomisario Martín Díaz Baldi junto a los policías que intervinieron en el lugar.

El caso

La víctima, una mujer de 86 años, fue atada con precintos. Además, los autores la amordazaron, lo que le provocó la muerte por asfixia. El caso está calificado provisoriamente como «homicidio en ocasión de robo».

Los fiscales pedirán una pena superior a los tres años contra “Chito” Alarcón y tendrán en cuenta que ya fue hallado culpable en otro juicio por cobrar dos sueldos del Estado provincial.

La confirmación de este agravante quedará determinada la próxima semana cuando se debata la cesura de pena, si es que resulta culpable del delito de enriquecimiento ilícito por el que se lo juzga en estos momentos en Rawson.

Además los acusadores pedirán inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una multa de 10 millones de pesos y el decomiso de sus bienes.

Alarcón tiene en la zona sur de Playa Unión, a pocos metros del mar, cuatro terrenos de alrededor de 350 metros cuadrados cada uno.  En Rawson compró un edificio de dos plantes muy cerca del centro de la capital provincial sobre la calle Gregorio Mayo con el objetivo de alquilar oficinas y consultorios.

Sueldos de empleado

Para los fiscales existen “serias y concretas inconsistencias en la evolución patrimonial de Alarcón” si se tiene en cuenta sus declaraciones juradas además de la información reunida en la investigación mediante el envío de oficios a organismos públicos y privado, además de entidades financieras.

En este aspecto los investigadores destacaron que Alarcón no tuvo otro ingreso salarial más que el de la función pública, por lo que creen que es imposible haber adquirido los bienes que posee”.

Cerca del poder

Para los fiscales Alarcón pudo consumar los hechos “aprovechándose de los lugares estratégicos que ocupaban dentro de la estructura de poder estatal” al señalar su paso por el municipio de Trevelin, la jefatura del Área de Ceremonial de la Provincia, su paso por el Instituto Provincial de la Vivienda en carácter de adscripto, para acompañar nuevamente a Das Neves, hasta su fallecimiento, comunicó Diario La Portada.

Apela a voluntarios destacados que organizan sus propios equipos de fiscales en los territorios más complejos. Considera que hubo fallas en las PASO.

El Gobierno armó un equipo de 150.000 fiscales partidarios para controlar las elecciones generales, ya que considera que hubo numerosas irregularidades en las PASO. Para eso, creó una estructura de «capitanes de escuelas», con voluntarios «destacados», que organizan sus propios grupos de fiscales en los territorios más complejos.

«Yo soy un capitán de escuela, en Almirante Brown», dice a Clarínel empresario Diego Videla. Y cuenta que integra un grupo de 10 capitanes de escuela, en Almirante Brown, donde también está Isabel Menditeguy, ex esposa del presidente Mauricio Macri, quien presta su casa para realizar las reuniones de capacitación de fiscales.

En esa localidad bonaerense el intendente es Mariano Cascallares, del Frente de Todos, que obtuvo el 57% en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); frente a la lista de Juntos por el Cambio, que llevaba al ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, y sacó sólo el 22% de los votos. 

En el caso de Diego Videla, se sumó a fiscalizar luego de las PASO y ya coordina su propio grupo de 35 fiscales, para las elecciones del próximo domingo, comenta el «capitán de escuela», que trabajó en Banco Galicia y ahora ocupa un cargo como titular de la Comisión Revisora de Cuentas de la Unión Industrial Argentina (UIA). Sus fiscales son de la ciudad de Buenos Aires, «mayoritariamente mujeres de 30 a 45 años», a quienes capacita para que «controlen todo el proceso de votación», además de proveerles el traslado y las viandas durante el comicio.

Otra zona caliente de la provincia de Buenos Aires es Avellaneda, donde Juntos por el Cambio creó un centro de cómputos paralelo, para controlar que en 860 mesas los certificados de escrutinio coincidan con los datos provistos por los fiscales partidarios. Allí gobierna con mano de hierro Jorge Ferraresi, el intendente kirchnerista que va por la reelección y sacó el 58% de los votos en las PASO, frente al 28% que obtuvo el periodista Luis Otero, de Juntos por el Cambio. 

Pablo Olivera Da Silva capacita a fiscales de Juntos por el Cambio. «Acá en las PASO nos infiltraron fiscales, hubo otros que no vinieron. Pero ahora estamos mejor preparados para las elecciones generales», asegura. También cuenta sobre las «numerosas irregularidades que hubo en las PASO», como 12.884 autoridades de mesa que estaban afiliadas a partidos políticos, algo que está prohibidopor la Cámara Nacional Electoral (CNE). Y otras 10.605 que fueron autoridades de mesa, pese a no estar empadronadas en esas mesas.

«Hubo irregularidades en el 20% de las 100.000 mesas habilitadas en las PASO», dicen desde el Gobierno. Y aseguran que esta vez habrá mayores controles, ya que luego de una presentación judicial de Juntos por el Cambio, la CNE recordó a las juntas electorales provinciales la prohibición de ser autoridad de mesa para los afiliados partidarios y reclamó que se chequee que los reemplazantes de las autoridades de mesa, que se ausenten ese día, sean de la misma sección electoral, para evitar la manipulación política.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, es el coordinador general de fiscalización de Juntos por el Cambio. El funcionario yatiene 150.000 voluntarios para controlar los comicios del domingoy espera llegar a 170.000, para que haya reemplazos en aquellas mesas donde los fiscales no se puedan quedar todo el día. En ese esquema, los «capitanes de escuelas» tienen un rol central, informó El Clarín.

Esta mañana comenzó la audiencia de cesura de pena y los fiscales del Ministerio Público Fiscal sostuvieron: «La naturaleza de la acción, el ámbito de poder en el que se manejó Correa, le permitió extenderse en el tiempo desarrollando acciones delictivas, es un hecho gravoso que provocó un daño de 22 millones». Su abogado defensor marcó que el tope de condena son 8 años.

El abogado defensor de Diego Correa, Fabián Gabalachis, explicó que «no han sido demostrado los agravantes, por lo tanto acepto la pena de cinco años conforme el mínimo punitivo», sin multa económica.

Esta mañana se dio comienzo a la audiencia de cesura de pena para los condenados en la emblemática Causa Embrujo. Los fiscales del Ministerio Público Fiscal, Alex Williams y Omar Rodriguez solicitaron al tribunal de enjuiciamiento una multa de 22 millones, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de bienes a Diego Correa, el jefe de la asociación ilícita.

Williams reafirmó: «La caja de la organización criminal la manejaba Diego Correa, fue quién ideó todo, no colaboró en el proceso». A su vez, pidió el decomiso de una serie de bienes:

Vehículos:

Palio Weekend
Volswagen Amarok
Hyundai H1
Mercedez Benz
Plazo fijo por U$S 30.239.

Propiedades:

Casa en Playa Unión: $ 8.000.000
Dúplex en Playa Unión: $ 2.500.000
Lote Rawson: $ 250.000
Lote Rawson II: $ 250.000
Chacra de Trelew: $ 2.800.000
Lote Más Allá del Verde $ 1.680.000

En este sentido de los bienes, el abogado querellante Eduardo Hualpa no compartió la idea de que el Poder Judicial administre los bienes: «Es el menos democrático porque sus autoridades no son elegidas por el pueblo, por eso no comparto que sean los encargados de administrar los bienes. Tiene que haber amplia participación ciudadana».

 

Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez definirán hoy los años de condena que solicitarán al Tribunal para cada uno de los integrantes. Correa, Luthers, Souza, Ramón y Gatica son los más complicados.

El fallo de los jueces Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón provocó cambios en la pretensión punitiva que solicitaron los fiscales.

Williams y Rodríguez se reunirán hoy a la mañana para terminar de pulir el pedido de penas que solicitarán en la audiencia de cesura de pena que se desarrollará mañana en la Oficina Judicial de Rawson.

El líder de la asociación ilícita, Diego Correa, fue imputado por todos los delitos que le enrostraban los fiscales. Ayer los fiscales analizaban una condena entre 10 y 12 años de prisión.

El contador Federico Gatica fue condenado, aunque no por habitualidad, situación que descomprimió levemente la petición original de los fiscales que parten con una base de cuatro años y medio de prisión.

Los fiscales no tenían definido aún lo de Gatica, pero podría ser de 4 años de prisión.

En los casos de Diego Luthers, Juan Carlos Ramón y Daniela Souza no hubo modificaciones, con lo cual el pedido orbitaría en la misma cantidad de años que plasmaron en la acusación.

La situación de Natalia Mc Leod cambió drásticamente, ya que fue absuelta por los jueces en el delito de asociación ilícita, quedándole solamente la condena por enriquecimiento ilícito.

El esquema para Sandro Figueroa también cambió radicalmente: estaba imputado por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos y fue solo condenado por el primero de ellos, así lo informó el chubut.

EVALUACIÓN DE MIQUELARENA

El Procurador General de la Provincia, Jorge Miquelarena, elogió la tarea de los fiscales que trabajaron en la Causa Embrujo, como así también el desempeño del equipo de colaboradores, integrado por contadores, informáticos, investigadores de calle y personal administrativo del Ministerio Público Fiscal (MPF).

El funcionario judicial también valoró la tarea del tribunal que resolvió la culpabilidad de la banda delictiva encabezada por Diego Correa, destacando «el esfuerzo de los jueces que vinieron de cada una de sus jurisdicciones para llevar adelante el debate».

Luego de resaltar que «se trata de la causa más importante de la Provincia en materia de corrupción», Miquelarena indicó que «estamos conformes con el fallo y satisfechos con la tarea cumplida».

En esa dirección, enfatizó que «siento un gran orgullo por el maravilloso trabajo que ha llevado adelante el equipo de fiscales y sus colaboradores».

El Procurador subrayó que «la Unidad Anticorrupción nació para quedarse», pero agregó que «es necesario fortalecerla, pues no alcanza con el esfuerzo de los hombres y mujeres que la componen, debemos acompañarlo con tecnología adecuada, con espacios adecuados y con medios de movilidad apropiados».

Tras el fallo, los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams mostraron satisfacción y adelantaron que en la audiencia de cesura de pena del jueves pedirán prisión efectiva para los casos más comprometidos. Para Diego Correa van a solicitar una pena mayor a los 10 años.

Rodríguez aseguró que los jueces “explicaron acabadamente cómo funcionó este grupo”.

Reconoció que hubo bienes adquiridos por Correa que quedaron fuera de la imputación de enriquecimiento ilícito ya que los compró cuando no era funcionario público. “Tenemos que analizar cuáles son los bienes que quedaron dentro para decomisarlos; los otros veremos su situación jurídica”. Los bienes decomisados serán administrados por el Superior Tribunal de Justicia “Una vez que se ordene el decomiso, irán a un destino específico que decidirá el Poder Judicial”.

Por su parte, Williams destacó que no conoce antecedentes en la Argentina de condenas por lavado de activos provenientes del erario. “Estamos muy satisfechos porque el veredicto abarca a todas las hipótesis de investigación que trajimos al juicio, salvo cuestiones menores no centrales”.

Respecto del delito de lavado de dinero, advirtió que “desde el punto de vista institucional, el fallo es muy importante para el Poder Judicial. El dinero espurio del erario fue investigado por la misma Justicia provincial, con esta condena”.

Según el parte de prensa de Fiscalía, la investigación de El Embrujo se inició a fines de 2017 en medio de duras restricciones presupuestarias para el Poder Judicial no obstante reclamos y gestiones. El fiscal dijo que “el veredicto debe marcar un punto de inflexión. La falta de recursos fue una dificultad para la investigación. La temática de la corrupción ya está instalada y bienvenido que exista una oficina especializada”, dijo en relación a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.

“Los recursos fueron muy escasos y a pesar de esas dificultades se logró una condena. Los recursos humanos están y los recursos materiales han sido nulos. Hay que mejorar lo material y ampliar el recurso humano. Si la expectativa de la gente va a depender sólo de dos personas, no vamos a tener los resultados que demandan”.

En cuanto a las penas que se debatirán el jueves a las 8, “a la luz de lo que pasó en el debate, la expectativa de pena que vamos a pedir va a ser superior a los mínimos que fijamos. Pediremos penas de efectivo cumplimiento porque no son todos los delitos iguales, tienen particularidades y además todos los delitos son defraudaciones al Estado”.

Jorge Miquelarena, procurador general, dijo que “estamos satisfechos pero no alegres porque no le causa eso a nadie que se condene a una persona a prisión. No me causa alegría sobre todo cuando se trata de gente que uno conoce”.

Dijo que el fallo del Tribunal “meritua muy bien cada cuestión. Hicieron un límite temporal desde diciembre de 2015”.

Subrayó que los jueces Alejandro Soñís, Marcela Pérez y Ricardo Rolón “tuvieron una tarea digna de elogios y sin escatimar esfuerzo, viniendo cada uno de su jurisdicción para el debate más importante de la historia judicial de la provincia en corrupción”.

El procurador adelantó que para debatir las pena “vamos a analizar los tipos penales por los cuales se atribuyó responsabilidad a cada uno; no es lo mismo un concurso real o ideal”. También se revisarán los agravantes. Por ejemplo, para el contador Federico Gatica, se eliminaron ambos.

Miquelarena también deslizó que “sin dudas hay que fortalecer” la Unidad Anticorrupción. “Nos manejamos como pudimos, con lo que pudimos y por eso resalto el terrible trabajo de horas hombre de fiscales y colaboradores. Pero debe ir acompañado necesariamente de tecnología, espacios y medios de movilidad adecuados”.

“Esta Unidad nació para quedarse. Pero lamentablemente si hacemos un chequeo de las causas que ya tienen apertura y las que están por tener, se da cuenta que tendrá que continuar, lamentablemente para todos”.

El procurador también consideró “inédita” la condena por lavado de dinero proveniente de la corrupción. “Conozco pocos fallos por lavado pero por dinero del narcotráfico o el tráfico de armas. Es el primer precedente del país de este tipo”.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Martín Montenovo, confirmó que hoy desde las 14 sesionará el pleno en Comodoro Rivadavia. Mañana se definirá si son enviados a jury de enjuiciamiento los fiscales Héctor Iturrioz y Marco Nápoli, investigadores de la Causa Revelación, por la discutida detención de Martín Bortagaray cuando contaba con fueros como ministro de Familia.

En “Línea Abierta”, que emite Radiocracia, Montenovo detalló que “algunos temas importantes los vamos a poder analizar en esta sesión, con la expectativa de celebrar concursos que habíamos suspendido”.

Consultado por la situación de los fiscales por el procedimiento del 5 de septiembre de 2018, que terminó con la detención de Bortagaray, Montenovo explicó que “tenemos el sumario concluido y las conclusiones del instructor (Torrijos) ya son conocidas, y también opinaron los denunciados”.

Iturrioz y el juez Sergio Piñeda “pidieron declarar ante el pleno, el fiscal de manera personal, y el juez, por medio de su letrada”. La petición del fiscal “fue admitida y ocurriría el jueves, mientras que la exposición de la letrada merece tratamiento previo, porque es el pleno el que debe hacer lugar a esta petición, ya que está previsto reglamentariamente”.

Los fiscales “han contestado por escrito a las conclusiones del instructor” y pormenorizó que una posibilidad “es que reiteren el contenido de sus escritos, y después corre por cuenta de quien solicita la prerrogativa de hablar ante el pleno el contenido de sus discursos”.

Aseveró que lo “escrito y presentado, escrito está”. Puede haber una reiteración sobre sus procedimientos en alusión a la detención.

El presidente del Consejo aseguró que el objetivo es “que los denunciados puedan explicar ante el pleno, ya que previamente lo hicieron, pero ante el instructor. Es una prerrogativa que se puede pedir, y se puede conceder para manifestarse ante el pleno”.

Sobre el dúo recae “un reproche por una falta disciplinaria al menos y declaran en su defecto. Pueden ser interrogados, contestar preguntas o negarse”.

Mañana se definirá el caso excepto que el pleno “entienda que por alguna razón excepcional, haya que posponer la decisión; en condiciones normales en esta sesión se define”, así lo informó Diario Jornada.

“Las opiniones del instructor son las opiniones de quien investigó”, abrevó Montenovo.

“El instructor no es el fiscal, acusa pero no decide. El pleno es garantía de objetividad e imparcialidad”. Recordó que las conclusiones fueron “la rendición del caso ante el Tribunal de Enjuiciamiento para los dos fiscales, y a una vía interna, disciplinaria, que por ser interna no implica la posibilidad de destitución para el doctor Piñeda. El pleno decide y tiene todas las alternativas, puede coincidir con el instructor o no”. Resta entonces aguardar la definición.

En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución. Se trata del juez Gustavo Toquier, que tiene un sumario tras su cuestionado accionar ante el concurso preventivo de Oil Combustibles, y de los fiscales Héctor Iturrioz y Marcos Nápoli, junto con el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.

Consejo de la Magistratura sesionará entre miércoles y juevesen Comodoro Rivadavia, para resolver las acusaciones que pesan contra el juez Gustavo Toquier, por un lado, mientras que en otro sumario se evaluará la situación de los fiscales Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.  En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución, aunque las decisiones podrían postergarse.

El juez de Ejecución Gustavo Toquierafronta un nuevo sumario. Este es consecuencia de una sanción anterior, que derivó en una suspensión temporal aplicada por el Superior Tribunal de Justicia, luego de que fuera cuestionada su conducta durante el concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López.

Como consecuencia de ese primer proceso, la corte provincial requirió al Consejo de la Magistratura que evalúe una serie de conductas que fueron reprochadas al mismo juez –durante la misma etapa instructoria-, de las que hoy la consejera sumariante intentará exponer sus conclusiones.

Sin embargo, es posible que esa instancia definitoria se postergue. Esto es a raíz de un nuevo recurso de amparointerpuesto por el magistrado, quien cuestiona que los plazos para el sumario se encuentran vencidos (el nuevo proceso comenzó en agosto de 2018). El mismo planteo había formulado en febrero de este año, pero la Cámara de Apelaciones entendió que no le asistía la razón y dio luz verde para continuar adelante con el sumario, en el mes de abril. Según detallaron fuentes del Consejo de la Magistratura ante ADNSUR, ahora el pleno de consejeros debe resolver si espera una vez más a que  la Cámara de Apelaciones se expida, o si sigue adelante con la exposición de las conclusiones del sumario.

Si se resuelve esta última opción, el sumario a presentar resultaría concluyente en al menos una de las acusaciones que se plantearon contra el juez. De un total de 5 conductas investigadas, 4 fueron descartadas como causales de sanción. Sin embargo, sí se sostuvo el cuestionamiento por haber actuado “como juez y parte”, según las conclusiones de la sumariante, en una serie de resoluciones que involucraban a una empresa de carácter financiero, en la que la esposa del magistrado tendría participación accionaria.

“Como el juez tomó decisiones para ejecutar algunos créditos impagos, esa resolución le favoreció indirectamente por beneficiar a su sociedad conyugal”, se explicó desde el seno del Consejo. Esta es al menos la argumentación del sumario, lo que deberá ser evaluado por todos los consejeros y resolver si hay fundamentos para sostener la acusación y, en tal caso, si cabe una sanción de tipo administrativo o si se debe iniciar unjuicio para remover al juez de su cargo.

Vale recordar que el mismo magistrado afronta un proceso penal, llevado adelante por la fiscal Verónica Dagotto, a partir de la derivación que tuvo su actuación en la causa de Oil Combustibles (independientemente de la sanción administrativa ya aplicada). También en esa vía, la fiscalía apunta a una pena que derive en la destitución del juez, según lo planteado en la audiencia preliminar, en la que se lo acusó por los presuntos delitos de “prevaricato” y “retardo de justicia”.

La detención de Bortagaray en la causa Revelación

El otro sumario que será tratado en esta sesión del Consejo de la Magistratura se vincula a la situación de los fiscales y el juez de la Causa “Revelación”. Los tres son cuestionados por la detención de Martín Bortagaray cuando todavía era ministro de Familiay como tal, estaba protegido por fuerosque garantizan inmunidad. Esto significa que no se puede detener al funcionario público, según la Constitución Provincial, salvo que se lo encuentre cometiendo un delito en flagrancia. Esa inmunidad, vale aclarar, no impide la investigación penal y posterior quita de los fueros por parte de los eventuales involucrados.

En este caso, la conclusión del sumario reparte responsabilidades en modo diferente: se solicita una sanción administrativa para el juez interviniente, mientras que para los fiscales se solicita el inicio del juicio de destitución. Una vez expuestas las conclusiones del sumariante, el pleno del Consejo deberá resolver si adopta el mismo criterio del sumariante, o si toma otra decisión. La sesión del jueves promete ser caliente, ya que el fiscal Iturrioz solicitó hacer uso de su derecho a réplica contra la acusación, lo que llevará los plazos de definición hasta la próxima sesión del Consejo, informó ADN SUR.