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Femicidio

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En horas de la mañana del viernes se concretó en los tribunales penales del barrio Roca la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el ilícito contra la vida acontecido el pasado 24 de enero de 2016 que tiene como imputados a Héctor Gallardo y Lilian Campos. La fiscal, Cecilia Codina, solicitó se mantenga la medida de coerción, prisión preventiva, que pesa sobre ambos hasta la finalización del juicio. Por su parte las defensas pidieron el arresto domiciliario de sus defendidos. Finalmente la jueza penal, Gladys Olavarría, resolvió mantener la prisión preventiva de Gallardo y Campos hasta la audiencia de cesura.

En un primer momento la fiscal Codina solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que recae sobre ambos imputados que vence el próximo lunes 15 de octubre. Ello ya que subsisten los peligros procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación. Asimismo existen elementos de convicción suficientes en el legajo para tener por acreditado el hecho investigado y la participación en él de ambos imputados. El hecho incluido en la acusación es el acontecido el día 24 de enero de 2.016, entre las 04,00 y las 4,30 horas aproximadamente, en el interior del domicilio sito en calle Saavedra N° 1.490 del Barrio Pietrobelli de esta ciudad, cuando Héctor Rubén Gallardo estranguló a Valeria Soledad Vivar presionando el cuello de la misma con su antebrazo –estrangulación antebraquial-, ello en presencia de Lilian Magalí Campos –progenitora de Gallardo-, quien no impidió que su hijo llevara a cabo el homicidio ni ayudó a la víctima. Inmediatamente de ocurrida la muerte de Vivar, Gallardo procedió, a los fines de ocultar el hecho delictivo,  a realizarle un total de 23 cortes en ambas muñecas a Valeria Vivar, y a continuación junto con Campos, colgar una sábana desde las vigas del techo del lavadero de la vivienda y colocar un trozo de sábana al lado del cuerpo simulando que era el trozo con el cual se anudó el cuello de Vivar, y asimismo procedieron a imprimir una marca en el cuello de la víctima simulando la marca de ahorcadura. Codina recordó que ya se ha realizado la audiencia preliminar y se ha elevado la causa a juicio, el cual se encuentra programado entre el 8 y el 17 de abril del próximo año.

Respecto del peligro de fuga existente la fiscal se refirió a la expectativa de pena, de prisión perpetua en base a las calificaciones legales por las que se elevó la causa a juicio: “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género, femicidio”, en calidad de “autor” para Gallardo y de “partícipe necesaria” para Campos; y alternativamente como “homicidio doblemente agravado por el vínculo y por ser cometido en contexto de violencia de género, femicidio”, en calidad de “autor” para Gallardo y de “partícipe secundaria” para Campos, está última calificación tiene un mínimo de 10 años  de prisión para Campos . Por todo ello solicitó se mantenga la medida de coerción sobre Gallardo y Campos hasta la finalización del juicio.

Seguidamente el defensor particular de Campos, Mauro Fonteñez, argumentó que las evidencias colectadas por la fiscalía no son suficientes para mantenerla privada de su libertad. Por ello requirió la morigeración de la medida de coerción a arresto domiciliario ya que se han presentado anteriormente un Informe Social para ello. Rige el principio de inocencia en esta etapa del proceso, enfatizó el defensor.

Por su parte la defensora pública, Viviana Barillari, aseguró que rige el estado de inocencia para Gallardo. Además la prisión preventiva debe ser para cautelar el proceso y no ser usada como un anticipo de pena. Solicitando una medida alternativa menos gravosa como el arresto domiciliario hasta el juicio para su defendido, ya que “no existen los peligros de fuga ni de entorpecimiento y tiene arraigo en la ciudad.

Finalmente la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva de Gallardo y Campos hasta la clausura del debate, incluyendo la audiencia de cesura, o cuando se cumplan los seis meses, lo que ocurra primero. Ello teniendo en cuanta los elementos de convicción suficientes existentes, por los cuales se elevó la causa a juicio. La prueba demuestra la muerte de la víctima por asfixia y no por haber sido colgada de la viga; como también por los antecedentes previos de violencia familiar. También mencionó Olavarría el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que se encontraba la víctima al momento del hecho. Las características graves del mismo y la expectativa de pena en caso de recaer condena. Finalmente respecto del peligro de entorpecimiento, “el hecho en sí, implica entorpecimiento, ya que intentaron simular un suicidio”, concluyó.

En horas de la mañana del miércoles se concretó en los tribunales penales del barrio Roca de Comodoro la audiencia de revisión de la prisión preventiva por el hecho acontecido el pasado 5 de febrero de 2018 en el cual perdiera la vida María Soledad Arrieta, que tiene como único imputado a Gustavo Servera. La fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre Servera hasta la audiencia preliminar; en tanto que el defensor consintió el pedido fiscal hasta ese momento del proceso. Finalmente el juez penal resolvió mantener la medida de coerción del imputado hasta la audiencia preliminar.

En un primer momento, luego de la presentación de las partes, la fiscal solicitó se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado, Gustavo Servera, en base a la existencia de elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del hecho investigado. Descartando la presencia de una tercera persona en el lugar del hecho. El móvil del femicidio, una eminente separación de pareja. Ese mismo día se había producido una discusión, momentos previos al hecho. La constatación que la muerte fue provocada por quemaduras producto de una sustancia acelerante como el tiner. Según los indicios el ataque fue muy rápido en la madrugada, pudo haberse cometido en un lapso muy breve y en el horario que ocurrió el hecho, Servera no se encontraba en la plaza con sus hijos, aseguró la fiscal. Se ha presentado, por parte de fiscalía, la acusación pública del caso donde se mantienen los hechos, la calificación legal y la pena en espera, que en el presente caso es prisión perpetua. Existe también el peligro procesal de fuga en base a la gravedad del hecho y la pena máxima en espera, estamos ante el delito más grave establecido en el Código Penal, recordó la fiscal Blanco. Por todo lo cual solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva de Servera hasta la celebración de la audiencia preliminar del caso, fijada para el próximo 12 de diciembre del presente año.

Por su parte el defensor expresó que no comparte el criterio del Ministerio público Fiscal. Han sido notificados de la acusación y tienen 15 días para contestar. Consintiendo la prisión preventiva hasta la audiencia preliminar, momento en el que sí cuestionará la medida de coerción de su pupilo.

Finalmente el juez penal resolvió mantener la medida de coerción del imputado hasta la audiencia preliminar ya que su defensa consintió lo solicitado por la fiscal. Manteniendo la prisión preventiva de Servera hasta el 12 de diciembre, fecha en que se realizará dicho acto procesal.

Presidió el acto Jorge Odorisio, juez penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente María Laura Blanco, fiscal general; en tanto que la defensa de Servera fue ejercida por Francisco Miguel Romero, abogado particular del mismo.

El homicidio agravado investigado

El pasado 5 de febrero de 2018, en el horario comprendido aproximadamente entre las 01.30 y las 02.02 hs., María Soledad Arrieta se encontraba en el inmueble ubicado en la parte posterior del predio sito en calle Juan Manuel de Rosas al 3600, del Barrio Abel Amaya de Comodoro Rivadavia. En tales circunstancias, se hizo presente su esposo, Gustavo Alejandro Servera, quien reside en el inmueble ubicado en la parte delantera del predio, ingresó presuntamente por una ventana lateral, y mediante golpes y utilizando un lazo metálico que colocó alrededor del cuello de Arrieta, ejerció presión y la redujo. El ataque reseñado le produjo a Arrieta excoriaciones lineales en diversas partes del cuerpo, entre ellas en el tórax del lado derecho, y en el cuello, región latero-posterior, dos equimosis en la parte delantera del cuello. Acto seguido, la condujo al dormitorio del inmueble, donde la roció con un líquido inflamable y la prendió fuego, tras lo cual se retiró del lugar, provocando así la muerte de Arrieta por quemadura extensa y de vías aéreas.

El ataque reseñado se produjo como conclusión de una relación signada por violencia de género, en la que Arrieta se encontraba en una situación de subordinación y sometimiento hacia Servera, basada en una relación desigual de poder.

Un hombre de 35 años mató a su ex mujer y a su ex cuñada, hirió a la madre de las víctimas y, antes de suicidarse, dejó una carta a sus hijos en la que les pidió “perdón por abandonarlos”.

El hecho ocurrió en las últimas horas del viernes en una humilde vivienda del barrio Las Piedritas, en el sur de la capital tucumana, según publica el diario La Gaceta.

El asesino, identificado como Daniel Pacheco, se presentó en la casa de su ex mujer, Pamela Díaz, de 23 años, minutos después de las 22 del viernes. En el lugar se encontraban además Romina Díaz, de 29 años, y la madre de ambas, Susana Díaz, de 50.

Según la reconstrucción que pudieron hacer los investigadores, tras una breve discusión, el hombre sacó un arma de fuego, mató a las dos hermanas e hirió gravemente a la madre de ambas, que se encuentra internada en estado crítico. Luego, el atacante se disparó un tiro en la cabeza.

En el lugar se secuestró una pistola 9 milímetros, cuyo número de serie estaría limado, y se encontró una carta donde Pacheco explica los motivos del doble crimen y le pide “perdón” a sus hijos. En su escrito habría acusado a su ex esposa de explotar a los niños, de quienes no trascendieron las edades.

La fiscal Adriana Giannoni, a cargo de la investigación, anticipó que tratará de establecer si es verdad la versión sobre la posible explotación de los chicos, con fines laboral y comisión de actos delictivos.

 

 

Clarín