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Federico Gatica

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Los 12 acusados se presentaron con nombre y DNI. Federico Gatica aclaró que está preso en la Alcaidía Policial de Trelew; Diego Lüters, en la Comisaría 2ª de la misma ciudad; Daniela Souza, en la Comisaría de Playa Unión; Sandro Figueroa, en la Comisaría 1ª de Puerto Madryn y Diego Correa, en el Centro de Detención de Trelew. Juan Carlos Ramón y Natalia Mc Leod tienen detención domiciliaria.

También hubo unificación de defensas: Miguel Moyano (reluciente saco blanco); Omar López y Damián D´Antonio representarán en conjunto a Jorge Godoy, Rubén Reinoso, Souza y Ramón. Hubo varios cuartos intermedios y unos 20 policías se ocuparon del traslado y la custodia de los imputados detenidos.

El defensor público Omar López pidió dos veces apagar el aire acondicionado o abrir las puertas. “Está a 22”, reclamó. Por el poco espacio, el presidente del tribunal lo invitó a cambiar de lugar. Trocó asiento con Moyano y problema resuelto.

A la Oficina Judicial no le pesó la responsabilidad de la organización. La prensa trabajó cómoda.

Sorprendió que Matías Cimadevilla pidiera la probation para Christian Gisande. Es que si el penalista considera que su cliente no era funcionario público al momento de los hechos y por tanto puede acceder al beneficio, no se explica por qué habría firmado con sello los papeles que lo comprometen. Una grieta para que aproveche la acusación.

Los únicos querellantes que faltaron fueron los diputados del Frente para la Victoria, Blas Meza Evans y Alejandra Marcilla. Del bloque sí estuvo Gabriela Dufour. En un tramo de la audiencia, Sergio Alcazar reemplazó a Martín Meza como abogado del bloque

 

 

 

Diario Jornada

Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez Gustavo Lleral rechace el planteo de Javier Patricio Romero, defensor de Federico Gatica en la causa “El Embrujo”.

El contador –imputado con otras 11 personas- está acusado de lavado de dinero proveniente de la corrupción. Romero planteó que este delito es competencia federal y que la Justicia provincial debe inhibirse de juzgar a su cliente y la Oficina Judicial de Rawson debe enviarle el expediente a Lleral. Pero según Gélvez, el reclamo es “extemporáneo” ya que vencieron los plazos procesales para el recurso del defensor. El juicio oral y público para la banda que presuntamente lideró Diego Correa está previsto para el 12 de marzo.

Para su reclamo, Romero se basó en un adelanto de este diario de noviembre del año pasado: la orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el Juzgado Federal capitalino investigue otro antiguo caso de lavado de dinero, pero en la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El defensor consideró que la situación de Gatica es similar y debe ocuparse Lleral “de modo exclusivo y excluyente”.

Sin embargo, el fiscal opinó que el juez federal debe rechazar el pedido porque el expediente ya se elevó a juicio tras la acusación de los fiscales de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez y Alex Williams, y el auto de apertura del 30 de octubre de 2018 que firmó el juez Sergio Piñeda.

Oportunidad perdida

“La oportunidad procesal para plantear la inhibitoria como toda cuestión de competencia es en cualquier estado de la investigación penal preparatoria, lo que comprende el inicio de la investigación y abarca la etapa intermedia hasta el dictado del auto de apertura a juicio”, explicó Gélvez. El planteo de Romero “no puede proceder porque la instrucción preparatoria o investigación preliminar terminó”.

“Corresponde expresar concretamente que caducó el derecho invocado por el Dr. Romero referente al planteo de la inhibitoria en la etapa procesal investigativa –instrucción preparatoria, instrucción previa, investigación preliminar al juicio-, por lo tanto es dable añadir que dicha pretensión es extemporánea, ya que se está en el caso ante la etapa que se denomina juicio”.

Sólo quedaría analizar si al estar fijada la fecha de debate oral y público, “sería procedente tal inhibitoria, o en su defecto también caducó el derecho a deducirla”.

En otro orden, Gélvez aclaró que si en cualquier provincia argentina ocurren delitos como el lavado, dañando el orden económico y financiero de la jurisdicción, “el órgano judicial competente para investigar y juzgar todos los hechos delictuales es el de la provincia donde se produjeron”.

“Nada tiene que juzgar por carecer de competencia la justicia de excepción enclavada en la provincia argentina que fuere (…) Tal atribución no fue delegada expresamente a la Nación o Estado Federal, impide que intervenga otro órgano judicial, que no sea el provincial”.

Tener cuidado

Si se interpretara “sin profundidad” que la competencia de ciertos delitos es únicamente federal, “no sólo se estaría afectando a nuestra forma de estado federal, sino que se dejaría sin protección a los distintos órdenes económicos y financieros de la provincia, lo cual implicaría que en la realidad del funcionamiento de tal o cual Estado provincial, las autoridades designadas no puedan ejercer las funciones que poseen para resguardar tal orden económico y financiero”.

Si se juzgan hechos cuyos protagonistas son el Estado provincial y sus funcionarios públicos, y se lavó dinero del mismo Estado, “claramente la competencia es del órgano jurisdiccional de la provincia en cuestión y no del estado federal (…) La competencia para investigar y juzgar es de la justicia ordinaria como regla general y excepcionalmente de la justicia extraordinaria o de excepción”.

No hay daño federal

Gélvez precisó en su dictamen que en El Embrujo no se afectaron bienes federales o al menos tal dato no se demostró.

“La competencia es de la justicia del Estado provincial donde habrían acontecido tales episodios y el Poder Judicial de dicho ente estatal debe ser quien juzgue los mismos cuando la calificación legal sea la de lavado de activos del art. 303 del C.P”.

Por eso, advirtió, “resolver lo contrario, es violentar todo lo que se ha decidido en otros precedentes jurisprudenciales respecto de la competencia”.

El Comodorense

A partir de la solicitud del abogado del contador Federico Gatica, se puso en duda que el juicio por la primera de las grandes causas de corrupción que estallaron en Chubut el año pasado, comience el 12 de marzo. Además, la provincia no recuperaría algo de lo mucho que se habrían llevado a sus bolsillos Diego Correa y compañía.

El abogado penalista Javier Romero presentó el martes un escrito para que el delito de lavado de activos que le imputan a Federico Gatica quede en manos del fuero federal. Como hay un antecedente reciente en el que la Corte Suprema consideró que esta tipificación correspondía a ese fuero, hasta podría trabarse el comienzo del juicio oral y público previsto para el martes 12 de marzo.

El contador Gatica está imputado de lavado de dinero y fue de los últimos en ser detenido, ya que cuando el 7 de marzo estalló la causa se hallaba de vacaciones en Playa del Carmen, México. Hasta entonces, Gatica era un respetado profesional que hasta presidía el selecto club Patoruzú de Trelew, conocido en el resto de la provincia sobre todo por su equipo de rugby.

Según dio cuenta El Chubut, el 19 de diciembre de 2018 Romero analizaba sacar la causa “Embrujo” de la Justicia ordinaria para trasladarla a los tribunales federales. Esta decisión estuvo motivada en que el contador Gatica está sindicado de instrumentar mecanismos para lavar activos a través de la conformación de empresas, entre ellas Mezeta Consulting.

Anteayer, el abogado penalista presentó en el Juzgado Federal de Rawson un escrito para solicitar que el caso puntual de Gatica sea investigado y juzgado en los fueros federales.

Romero explicó que como a Gatica no le imputan ningún delito asociativo, “la Justicia bien podría separar este caso del resto de la causa”, aunque consideró que “hay millones de variables”. Las caras más visibles de esta causa que tiene a más de una decena de imputados son Diego Correa (extitular de la Unidad Gobernador); Diego Lüthers; Natalia McLeod; Daniela Souza; Sandro Figueroa y Juan Carlos “Tato” Ramón. “Embrujo” se podría sintetizar en las defraudaciones que supuestamente instrumentaba Correa, al desviar fondos públicos en su propio beneficio. Los mismos eran controlados por Lüthers, mientras el resto serían testaferros y pseudo empresarios que facturaban al Estado servicios que no se hacían, o bien se sobrevaluaban.

En este contexto, hay otros abogados defensores en la causa “Embrujo” que sostienen que el presunto lavado de activos que le enrostran a Gatica es consecuencia de la conformación de una asociación ilícita y del rol que cumplieron otros acusados, con lo cual especulan que la causa “debería ser girada a la Justicia Federal en su totalidad”.

Antecedentes

La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo en noviembre de 2018 con respecto a esta cuestión de fondo. El caso puntual tenía como protagonista a la Cooperativa Eléctrica de Trelew y el máximo órgano judicial determinó que el lavado de activos es un delito de competencia federal.

Este antecedente tendría una fuerte incidencia a la hora de la resolución porque el fallo tiene dos elementos fuertes: aporta una claridad meridiana sobre la competencia del delito de lavado de activos y, por otro lado, la actualidad que posee la resolución adoptada por la Corte.

“Si el Juzgado Federal admite la presentación que se realizó, lo primero que hay que hacer es una instrucción suplementaria para adaptar lo hecho al procedimiento federal”, confirmó Romero.

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, deberá resolver si hace lugar al pedido de Romero. Dependiendo el resultado, se abren diversos escenarios.

Si Lleral considera que el lavado de activos es de competencia federal, el caso de Gatica será investigado por el fiscal federal Fernando Gélvez.

No obstante, Lleral deberá resolver si la causa entera es transferida a la Justicia Federal, o bien solamente el caso de Gatica.

Como trasfondo de esta disputa con respecto a si es competencia de la Justicia ordinaria provincial o federal, hay un tema sensible: si la causa desembarca en el fuero federal, Chubut resignaría la posibilidad latente de recuperar al menos 40 millones de pesos, de acuerdo a la tarea que los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pudieron comprobar hasta el momento. Además, el juicio oral y público fijado para el 12 de marzo quedará desmembrado.

En caso de darse este escenario, Rodríguez y Williams apelarán ante la Corte Suprema.

El Patagónico

El abogado defensor de Federico Gatica en la causa de corrupción a nivel provincial, expresó que el pase al fuero Federal es una cuestión de tiempos judiciales, que no está en sus manos. Hoy la situación del imputado es que sigue detenido con autorización de visitas a su domicilio por cuestiones exclusivamente familiares.

“Para el hipotético caso que se declare competente la Justicia Federal, lo primero que hay que hacer es ‘corregir’ los distintos procedimientos: en el ámbito provincial la prueba testimonial con la que se hace la acusación de la fiscalía son entrevistas no juramentadas ante un funcionario de Fiscalía, sin presencia del juez. En el ámbito Federal, el testigo declara bajo juramento ante un Juez”, explicó esta mañana el Dr. Javier Romero.

Y agregó que “por eso, las pruebas testimoniales o declaraciones con los que la Fiscalía quiere fundamentar su pretensión, en el ámbito Federal esas declaraciones son inválidas porque no fueron frente a un juez. Entonces, hay que hacer un proceso de corrección y asimilación de un proceso a otro”.

“No puedo hablar por los demás imputados. En nuestro caso se pediría la morigeración de la medida de coerción hasta que esto se resuelva. En lo personal, considero que no existen los peligros procesales para fundamentar la privación de la libertad”, determinó el letrado.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Romero indicó que “esta es una causa de once cuerpos solamente en pruebas. El trabajo investigativo fue arduo y hasta meritorio. No obstante tiene ciertas falencias que se van a exponer a la hora del juicio oral y público, algo que será materia de debate”.

“Uno como abogado defensor lo primero que tiene que ver es quién es el Juez competente. Estamos hablando de un fallo muy reciente, emitido el 13 de noviembre de 2018; no se planteó antes justamente porque no había sido dictado. Como profesional del derecho uno tiene que procurar que se apliquen las leyes, los principios jurídicos”, enfatizó.

Asimismo, se preguntó “cuál sería el sentido de tramitar un juicio ante un tribunal que, a priori, parece incompetente. Se podrían llegar a dar incluso nulidades. Se podría dar un escenario por ejemplo qué pasa si Gatica sale absuelto: es válido o no, porque fue dictada por un tribunal que en principio no sería competente. E incluso podría llegar a ser muy perjudicial”.

“Entonces, lo primero que hay que hacer es remover la duda, dejar sobre base firme el Tribunal competente y que éste dicte lo que por derecho corresponde, pero no el no saber siquiera si se va a juicio, si ese tribunal posee la competencia o no, es una cuestión fundamental que hay que revisar desde el principio”, analizó.

Por último, Romero dijo que “básicamente, el fallo de noviembre se origina por una actuación del Juzgado Federal de Rawson, que llevó a la Corte y regresó con la conclusión de que el lavado de activos, es de competencia estrictamente federal”

El Comodorense