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Se ha dado inicio a la temporada de pesca de langostinos de la flota pesquera fresquera que opera en aguas nacionales y que descarga la mayoría de su mercadería en Puertos de la Provincia del Chubut: Puerto Madryn, Camarones y Comodoro Rivadavia. A partir de esto nos han surgido una serie de inquietudes con respecto a la Ley I 620, sus modificatorias y sus decretos reglamentarios sancionada por la Legislatura de Chubut en el año 2018: FAP (Fondo Ambiental Provincial), ya que sabemos que se le ha implementado su pago también a esta flota proveniente de Mar del Plata.

Según la Ley Provincial, el Artículo 1 tendrá como objetivo global:

a) La preservación de la biodiversidad y el uso sustentable de los recursos naturales.

b) La reparación de daños generados al ambiente. Volvemos a realizar el mismo planteo que hicimos con el de la Flota Amarilla y la Flota Artesanal de Rawson. Los barcos pesqueros fresqueros NO generan residuos ni desechos de langostino de ninguna índole. Son embarcaciones que traen mercadería ENTERA, sin procesar, entregándola en esas condiciones.

Según la Ley, el monto que resulte de la aplicación del FAP ( un arancel aplicado a cada cajón de langostinos, cuyo monto será equivalente en pesos al valor de un litro de diesel Premium YPF), se distribuirá en un 50% para la Provincia y el 50 % restante se distribuirá en función del número de cajones descargados en cada puerto para el municipio correspondiente al mismo.

En muchos casos se descarga en un Puerto ( Por ejemplo Camarones ) y su proceso se realiza en otras localidades (Rawson). ¿Qué localidad recibe el canon? ¿Cuál se queda con los ”desechos”ambientales’’?. Queda demostrado que no son los barcos los que dejan residuos. Incluso muchos de ellos trasladan sus descargas fuera de la Provincia para su procesamiento, por lo cual sería doblemente injusto el cobro, ya que los tan cuestionados residuos no serían tratados en nuestro territorio.

La Provincia del Chubut debería estar más preocupada y ocupada en brindar las mejores condiciones posibles en sus puertos, haciéndolos más competitivos, para atraer más descargas que redundarán en mayores beneficios: generando mano de obra local, ingresos económicos,etc.

Insistimos: el cobro del FAP es totalmente INJUSTO.

Por: Alicia Bain y Juan Carlos Ottulich

 

Fernando Alvarez Castellano, Presidente del Grupo CONARPESA, se ha manifestado rotundamente en contra del FAP (Fondo Ambiental Pesquero) y del impuesto extraordinario del Concejo Deliberante de Puerto Madryn.

Conarpesa es titular de 7 permisos de Flota Amarilla que operan desde el Puerto de Rawson: BP Calabria, BP Don Vicente Vuoso, BP Alvarez Entrena IV, BP Caleta Paula, BP Don Tomasso, BP Antonella y BP Maria Susana, y tiene plantas pesqueras en las localidades de Rawson y Puerto Madryn.

En concordancia con todos los miembros del Sector Pesquero, CONARPESA no ha hecho ningún pago del FAP ni lo hará por considerarlo inconstitucional por doble imposición. Misma postura ha tomado con el Impuesto extraordinario de Puerto Madryn, al cual catalogó de discriminatorio para el sector pesquero.

La llegada del Coronavirus es otro de los principales motivos por los cuales la pesca está sintiendo la retracción, fuerte caída en las ventas y en los precios internacionales.

Por esa razón ha tomado la decisión de trabajar la ZAFRA de aguas nacionales en la Provincia de Santa Cruz, disminuyendo aún más la actividad pesquera en las localidades chubutenses.

Respecto al FAP (Fondo Ambiental Pesquero), los barcos que operan en aguas provinciales ya tributan el canon de extracción (Ley 2409) que incluye conceptos de reparación ambiental.

Hace unos meses hizo una presentación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Provincia del Chubut y está a la espera de una respuesta de la Justicia. En el mientras tanto, no pagará el FAP y está dispuesto a dejar los barcos amarrados.

La aplicación del FAP (Fondo Ambiental Pesquero) representa uno de los gastos a descontar de la “Remuneración a la Parte” del personal embarcado en virtud del Art 24, inc g del Convenio Colectivo de Trabajo.-

El valor establecido “de la parte” dependerá en gran medida de la cantidad de gastos que haya tenido en el mes el Buque Pesquero.

A modo de referencia, citamos algunos ejemplos de capturas mensuales y cuanto impactaría en los trabajadores:

Según en cuadro adjuntado, los descuentos que sufrirá el personal embarcado es más que significativo e impactará fuertemente en las familias de los marineros.

El FAP es un Canón Ambiental por cuestionado por el sector empresarial, no solo por representar una doble imposición sobre el mismo hecho imponible, sino además por afectar directamente a la clase trabajadora.

No tiene asesores Pagliaroni que lean los Convenios Colectivos de Trabajo?

El Convenio Colectivo de Trabajo del SOMU, establece que el personal embarcado, percibe una remuneración bajo la liquidación “A la Parte”

Este sistema de remuneración variable, establece que los Marineros participan de los ingresos y gastos que tiene el Buque Pesquero en el cual trabajan, y por ello cobran una “Parte”

Los ingresos surgen claramente del precio establecido por kilogramo de especie capturada, y entre los gastos, se deducen: Gas Oil, Lubricantes, Víveres, Administración, Impuestos y Canones.

Especialistas del sector pesquero, estuvieron proyectando el impacto del FAP en los sistemas de liquidación de “Remuneración a la Parte” y los números fueron asombrosos.

Dependiendo del mes de trabajo (por el nivel de gastos que acarrea la actividad de pesca), los Marineros podrían sufrir de sus ingresos un descuento adicional de hasta $60.000 (Pesos Sesenta Mil) mensuales por la incorporación del FAP a la liquidación de la parte.-

Una vez más, los trabajadores de la actividad privada tienen que subvencionar el gasto público y de toda la casta política.

¿Que harán los marineros? ¿Lo permitirán?

Así lo sostuvo el subsecretario de Pesca del Chubut, al referirse al comunicado emitido por la Cámara de Armadores de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACh), junto a otros representantes del sector pesquero, a través del cual piden la eliminación del Fondo Ambiental Provincial (FAP), y por el cual amenazan con un paro total de actividades en los principales puertos de la provincia.

El subsecretario de Pesca de la Provincia, Gabriel Aguilar, se refirió este viernes al reclamo, por parte del sector empresarial pesquero, de eliminación del Fondo Ambiental Provincial (FAP), sancionado por la Legislatura Provincial en 2018. “No es el Poder Ejecutivo el autor del FAP, sino el Legislativo. Hay que asumir las responsabilidades y hacerse cargo”, afirmó el funcionario provincial.

En ese sentido, Aguilar sostuvo “que el comunicado emitido, y en el que parece que todo el sector está representado en un 100%, genera cierta preocupación porque amenazan con realizar un paro total, lo que afectaría a casi 10 mil trabajadores, que hoy se encuentran nucleados en la actividad”, e indicó que “me comuniqué con uno de los interlocutores de la Cámara, y me explicó que el comunicado es por el tema del FAP, que es el Fondo Ambiental Pesquero; un canon impulsado por el Diputado Di Filippo en ese momento, y que se aprobó por la Legislatura y se incorporó en el año 2018”.

“En ese momento el representante de la CAFACh, Pablo Novello, había hecho una presentación judicial pidiendo que se declare la inconstitucionalodad de esa norma, entendiendo que había doble imposición, con cierto fundamento en su planteo”, explicó Aguilar, agregando que “todo eso quedó parado y hoy se insiste con el pago del FAP”.

Asimismo, Aguilar dijo que “me reuní con los representantes de la Flota y lo que ellos buscan es que la Legislatura los atienda para explicarles los alcances de esta medida, y si no se habla de un parate total con el apoyo de todo el sector, lo que es novedoso, por un lado, porque están representadas todas las voces pesqueras, pero por otro lado, nos pone en alerta porque en Rawson, especialmente, es una actividad influyente en la economía regional”.

Provincia como interlocutora

“El gobernador Arcioni nos ha indicado dialogar todo lo que sea necesario para destrabar esta situación. El Gobierno será un interlocutor porque este siempre fue un tema de la Legislatura. De hecho, en su momento, el Gobernador vetó esta norma porque entendió el reclamo del sector, que era meterles la mano en el bolsillo a los trabajadores, en especial a los marineros y maquinistas”, remarcó Aguilar, agregando que “la Legislatura firmó y aprobó una norma sin conocerla, y ahora se pone en jaque a la Provincia y al sector de la pesca por un capricho, el de no querer entender que el FAP no es la solución de la economía, y mucho menos de la economía de los municipios”.

Finalmente, el Subsecretario de Pesca aseguro que “la Flota hizo una propuesta, de modificar la Ley de Pesca, aceptando la elevación del 2% al 4% del canon por extracción, regulado por la 2409, pero los representantes de la política no lo entienden ni lo quieren entender, por eso el Estado tiene la obligación de ser interlocutor para que eso se resuelva”.