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La seccional Comodoro Rivadavia del gremio de la construcción se encuentra en estado de protesta debido a la falta del pago de haberes de los trabajadores pertenecientes a las empresas Jomar y Nuevo Cerro Dragón.

Ambas compañías se encuentran al servicio de la operadora de Bandera YPF Sociedad Anónima, en el marco de una situación que, señalan desde dicho sindicato, se repite de manera constante en los tiempos del pago quincenal.

Es por ello que, tras llevar a cabo una reunión entre la comisión directiva de la seccional y los delegados de la empresa, se ha decidido dar un plazo de 72 horas, el cual se cumpliría el día viernes 24 del corriente mes.

En caso de no regularizarse la situación de dichos trabajadores, desde la UOCRA local se llevarán medidas de acción directa con las firmas mencionadas y la operadora YPF, en su carácter de responsable solidario.

El representante de los policías retirados, Norman Frintt, se refirió al atraso en el pago de jubilaciones y salarios por parte del Gobierno Provincial. “El malestar es generalizado. El Gobierno nos está debiendo todo Mayo, Junio, aguinaldo y todo lo que es recomposiciones salariales. El último mes que se cobró de forma parcial fue Abril. Hay gente mayor que el único medio de subsistencia que tiene es su jubilación”, sostuvo.

En este sentido, señaló que “pedimos la agilización del pago de las clausulas adeudadas y que se paguen todos los haberes adeudados”.

“El Gobierno Provincial nos está debiendo todo Mayo, Junio, aguinaldo y todo lo que es recomposiciones salariales que hicieron que nuestro poder adquisitivo se pierda”, dijo en diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz.

Asimismo, aclaró que “todos estamos en la misma situación. Con la diferencia que los policías activos no pueden manifestarse por reglamento y además de eso la Jefatura de forma permanente línea para que no se prendan en las manifestaciones que nosotros estamos haciendo como retirados”

“El último mes que se cobró de forma parcial fue Abril. Hay gente mayor que el único medio de subsistencia que tiene es su jubilación”, indicó.

En este marco, manifestó que “el malestar es generalizado. Los policías están en la primera línea y no tienen los medios para enfrentar este virus que es un enemigo invisible, porque no se sabe en qué momento y de donde viene. Los agentes están expuestos y encima de esto, no cobran sus salarios en tiempo y forma”.

“El policía tiene que salir a la calle a enfrentarse con un enemigo invisible”, afirmó.

Finalmente, Frintt concluyó que “nadie del Gobierno Provincial no se ha pronunciado para dar respuesta a nuestro reclamo. No se vislumbra una solución en el corto plazo. Hoy por hoy el Consejo de Bienestar de la Policía en Puerto Madryn quedó acéfalo”.

En el marco del aislamiento para frenar el Covid-19, el Gobierno extendió la prohibición de cortar servicios a usuarios por falta de pago hasta fin de año, según la medida publicada hoy en el ‘Boletín Oficial’, que afecta a los servicios de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable. Además, hizo referencia a las tarifas.

El Gobierno volvió a prorrogar hasta fin de año la prohibición para las empresas de cortar servicios por falta de pago, en el marco de la extensión del plazo del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto para contener la pandemia de coronavirus Covid-19.

La medida implica la prohibición de cortar el suministro de gas, luz, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable.

De acuerdo con el texto publicado en el ‘Boletín Oficial’, “las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

El decreto también prorrogó por 180 días la facultad del Poder Ejecutivo de mantener las actuales tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de negociación para actualizar sus precios.

DECRETO 543/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-36279579-APN-DGD#MPYT, la Ley N° 27.541, los Decretos Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 311 del 24 de marzo de 2020, 325 del 31 de marzo de 2020, 355 del 11 de abril de 2020, 408 del 26 de abril de 2020, 426 del 30 de abril de 2020, 459 del 10 de mayo de 2020, 493 del 24 de mayo de 2020, 520 del 7 de junio de 2020, y su respectiva normativa modificatoria y complementaria, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Ley Nº 27.541 se declaró la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegaron en el PODER EJECUTIVO NACIONAL diversas facultades en los términos del artículo 76 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que por el Decreto N° 260/20 se amplió por el plazo de UN (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el COVID-19.

Que por el Decreto N° 297/20 se estableció la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020 inclusive, plazo que fue prorrogado sucesivamente mediante los Decretos Nros. 325/20, 355/20, 408/20, 459/20 y 493/20 hasta el 7 de junio de 2020 inclusive.

Que por el Decreto N° 520/20 se establecieron las distintas áreas geográficas del país -de acuerdo al estatus sanitario de cada provincia, departamento y aglomerado- que entre el 8 y el 28 de junio de 2020 se desenvolverían bajo los regímenes de “distanciamiento social, preventivo y obligatorio” o de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, según corresponda.

Que dada la evolución de la pandemia, se han intensificado los controles del ESTADO NACIONAL para garantizar los derechos contemplados en el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL respecto de los consumidores, las consumidoras y usuarios y usuarias de bienes y servicios en la relación de consumo.

Que al respecto corresponde destacar que, oportunamente, mediante el artículo 5° de la referida Ley N° 27.541 se facultó al PODER EJECUTIVO NACIONAL, por un plazo máximo de hasta CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de su entrada en vigencia, a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, en los términos de las Leyes Nros. 24.065, 24.076 y demás normas concordantes, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.

Que la emergencia sanitaria y el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural conforme al citado artículo 5°.

Que ante las circunstancias mencionadas, resulta necesario ampliar el plazo establecido para la consecución de los objetivos establecidos en el artículo 5º de la Ley N° 27.541 por un plazo adicional de CIENTO OCHENTA (180) días a partir del vencimiento del plazo original, conforme surge tanto del Informe Técnico de la SUBSECRETARÍA DE HIDROCARBUROS como de la Nota de la SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ambas dependientes de la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, obrantes en el Expediente citado en el Visto.

Que, asimismo, por el Decreto N° 311/20, se dispuso que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrían disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a las usuarias y a los usuarios alcanzados por dicha medida en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas y cuyos vencimientos hubieran operado a partir del 1° de marzo de 2020.

Que, en el citado Decreto N° 311/20 se estableció que, tratándose de servicios de telefonía fija o móvil, Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, en caso de falta de pago del usuario o de la usuaria, las empresas prestatarias quedaban obligadas a mantener un servicio reducido, conforme se estableciera en la reglamentación, por un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

Que, sin perjuicio de ello, en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20, se estableció que si los usuarios o las usuarias que contaban con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet no abonaban la correspondiente recarga para acceder al consumo, las empresas prestadoras deberían brindar un servicio reducido que garantizara la conectividad en los términos que previera la reglamentación, y que esta obligación regiría hasta el 30 de abril de 2020, lo cual luego fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2020 inclusive, mediante el Decreto N° 426/20.

Que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), ambos organismos descentralizados en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO y el ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM), organismo descentralizado en el ámbito de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, emitieron sus respectivos informes técnicos planteando la necesidad de adecuar las medidas dispuestas por los artículos 1° y 2° del Decreto N° 311/20.

Que la continuidad de la prestación de los servicios públicos comprendidos en la medida, sobre todo en los sectores de mayor vulnerabilidad o en aquellos sectores gravemente afectados en su economía por la pandemia, cobra vital importancia en las condiciones de aislamiento establecidas. Ello, en función de las necesidades de la población para acceder a los servicios básicos que aseguran mínimas condiciones sanitarias, para comunicarse con los servicios de emergencia, para obtener información en materia de salud, para conocer las disposiciones de gobierno, para posibilitar el acceso a plataformas y contenidos educativos y a la gestión administrativa de subsidios o facilidades brindadas por el gobierno, entre otras muchas funcionalidades básicas indispensables.

Que, por su parte, los usuarios y las usuarias con sistema de servicio prepago de telefonía móvil o Internet forman parte, en líneas generales, de un sector socio-económico de escasos recursos, y es necesario garantizar su acceso a las prestaciones de salud y demás funcionalidades básicas señaladas precedentemente, por lo que resulta necesario garantizar la prestación de un servicio reducido.

Que, en virtud de lo expuesto, y atento a la inminencia del vencimiento de los plazos aludidos, deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes.

Que la Ley N° 26.122 regula el trámite y los alcances de la intervención del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN respecto de los Decretos de Necesidad y Urgencia dictados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que la citada ley determina que la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE tiene competencia para pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los Decretos de Necesidad y Urgencia, así como para elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de DIEZ (10) días hábiles.

Que el artículo 22 de la Ley N° 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas resoluciones, y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Que el servicio jurídico pertinente ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Prorrógase el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 desde su vencimiento, y por un plazo adicional de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el primer párrafo del artículo 1° del Decreto N° 311 del 24 de marzo de 2020, por el siguiente:

“Las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios y las usuarias indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta SEIS (6) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1° de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

ARTÍCULO 3°.- Dispónese, hasta el 28 de junio de 2020 inclusive, la vigencia de la obligación establecida en el segundo párrafo del artículo 2° del Decreto N° 311/20.

ARTÍCULO 4°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL.

ARTÍCULO 5°.- Dése cuenta a la COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. FERNÁNDEZ – Santiago Andrés Cafiero – Eduardo Enrique de Pedro – Felipe Carlos Solá – Agustin Oscar Rossi – Martín Guzmán – Matías Sebastián Kulfas – Luis Eugenio Basterra – Mario Andrés Meoni – Gabriel Nicolás Katopodis – Marcela Miriam Losardo – Sabina Andrea Frederic – Ginés Mario González García – Daniel Fernando Arroyo – Elizabeth Gómez Alcorta – Nicolás A. Trotta – Tristán Bauer – Roberto Carlos Salvarezza – Claudio Omar Moroni – Juan Cabandie – Matías Lammens – María Eugenia Bielsa

e. 19/06/2020 N° 24319/20 v. 19/06/2020

Es por la falta de pago del mes de abril, que la empresa Bahía logró pagar solo la mitad.

Así lo reconoció el gerente responsable de la firma, Martín De los Ríos, en diálogo con Radio Chubut.

En Rawson se habían dispuesto 3 servicios en el marco de la flexibilización que se ejecutaba a las 8, 12 y 14 horas.

Con posterioridad se amplió la prestación con más salidas hacia Playa Unión, aunque todo quedó en la nada por el paro de actividades.

De los Ríos tiene la esperanza de recibir el aporte de nación con el subsidio para pagar la mitad de los sueldos, tema sobre el cual se avanzó pero no se lograron aún respuestas que espera cuanto antes para restablecer el servicio aunque sea de manera restringida por la pandemia.

La abstención de Corte de Servicios en caso de Mora o Falta de Pago abarca hasta tres facturas adeudadas en forma consecutiva o alternada, con vencimiento a partir del 1° de marzo de 2020.

¿A quiénes alcanza?

Los Usuarios Residenciales:

·         Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

·         Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

·         Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

·         Jubilados; pensionadas y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

·         Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

·         Usuarios que perciben seguro de desempleo.

·         Electrodependientes, beneficiarios de la Ley N° 27.351.

·         Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844).

·         Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Los usuarios NO Residenciales:

·         Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.

·         Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL (INAES) afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación.

·         Instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según   lo establezca la reglamentación.

·         Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

La falta de corte de los servicios a los usuarios beneficiados por el Decreto, vencido el plazo, quedarán obligados a ponerse al día con las facturas adeudadas mediante «Planes de Facilidades de Pago».

Los usuarios No incluidos en dicho Decreto 311/20 continúan con sus obligaciones establecidas en el Reglamento del usuario de cada Servicio que brinda la Cooperativa.

Al menos cuatro empresas que llevan adelante obras en la ciudad esperan el pago por parte de Provincia. Desde la UOCRA advirtieron que paralizarán las obras en los próximas días y dieron un plazo de tres días para que el municipio realice gestiones.

Ante la falta de pago de obras por parte del Gobierno Provincial, empresas de la ciudad advirtieron que paralizarán las obras. Desde la UOCRA pidieron la intervención del municipio.

“Por el momento no hay ninguna novedad de pago, estamos en la misma situación igual que los compañeros de Rawson”, aseguró Raúl Silva, secretario general de la UOCRA en Comodoro.

Asimismo, se refirió a la reunión que mantuvieron este lunes con el viceintendente, Juan Pablo Luque: “Le planteamos la situación de 150 compañeros, donde las empresas nos notificaron que van a desvincular gente por el no pago de provincia”, dijo.

Silva aseguró que Luque se comprometió a encontrar un canal de diálogo con provincia. “Le dimos un plazo de tres días para ver qué solución le dan al problema”, indicó al confirmar que por el momento, descartaron algún tipo de movilización.

La situación es complicada desde hace unos 90 días pero el viceintendente nos dio un panorama alentador por los Centro de Encuentro si el municipio se hace cargo”, aseguró Silva a La Cien Punto Uno.