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El PJ y el kirchnerismo impusieron un dictamen en contra, pero seguirá vigente hasta que no lo derogue el recinto. También invalidaron el DNU que habilita la licitación de frecuencias de Arsat y el que elimina la secretaría del Deporte.

El peronismo volvió a unirse en el Congreso y logró imponer en comisión un dictamen de invalidez del decreto de necesidad y urgencia que aplicó el proceso de extinción de dominio firmado por Mauricio Macri ni bien retornó de sus vacaciones, pero seguirá vigente hasta tanto no sea rechazado por ambas Cámaras del Congreso, un trámite difícil en un año electoral.

La mayoría opositora también firmó el rechazo del DNU que habilitó licitar entre los privados frecuencias reservadas a Arsat y del que eliminó la secretaría de Deportes para crear una agencia con mayor poder de maniobra para comercializar activos. Los dictámenes terminaron igualados en 8 votos pero el diputado de La Cámpora Marcos Cleri tuvo la misión de desempatar por ser el presidente y desniveló por los negativos.

Como adelantó LPO, la senadora salteña María Fiore de Viñuales, cercana a Juan Manuel Urtubey, la única que no había adelantado posición hasta la semana pasada, se sumó al lote opositor en todos los decretos. «Me preocupa el precedente. Una demanda de la sociedad es encaminarse a la institucionalidad y floja ayuda hacemos si permitimos que el presidente legisle en temas que están en tratamiento en el Congreso», se lamentó.

La bicameral de trámite legislativo se reunió en un colmado salón de las provincias del Senado y Cleri la había suspendido hace quince días porque Fiore estaba de viaje y no había quien la reemplazara. Se excusó en consultas previas realizadas al Congreso y al Poder Ejecutivo, pero el macrista Pablo Tonelli no se la dejó pasar. «Debería haberlo consultado con el cuerpo», lo chicaneó.

 

lapoliticaonline.com

El encuentro se pospuso por decisión del presidente del cuerpo, el diputado camporista Marcos Cleri.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo suspendió la reunión de este miércoles en la que iba a comenzar a analizar el decreto del Poder Ejecutivo sobre «extinción de dominio». Ese DNU prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como corrupción, trata de personas, narcotráfico y contrabando, entre otros.

La decisión la tomó el presidente de dicha comisión, el diputado nacional camporista Marcos Cleri. Según dijo, «de acuerdo a lo solicitado por los legisladores integrantes de la misma, se suspende la reunión de Comisión prevista para el miércoles 6 de febrero (hoy) a las 10:30».

El motivo para suspender la reunión es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional al pedido de informes sobre «los alcances del DNU». Sin embargo, trascendió que la causa real corresponde a la dificultad del diputado ultrakirchnerista en garantizar la presencia de miembros de la oposición en la reunión.

En esa comisión el oficialismo cuenta con 8 miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro legisladores de Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ y se suma la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.

La posibilidad de una o más ausencias obligó a Cleri y dar marcha atrás con la convocatoria. Es que si el oficialismo tenía asistencia perfecta, no hubiese tenido obstáculos para firmar el dictamen de mayoría sin cambios.

Pedro Braillard Poccard, senador correntino de Cambiemos, dijo estar sorprendido por la suspensión, algo que no es habitual que ocurra. «Nunca vi que la presidencia suspenda estas reuniones», enfatizó en diálogo con FM Concepto. Sin embargo, aseguró que «si no se analiza el DNU ahora será en marzo».

Cabe aclarar que mientras no sea rechazado por ambas Cámaras, el DNU firmado por Macri continúa vigente. La extinción de dominio es un régimen procesal que les permitirá a jueces civiles recuperar bienes que fueron adquiridos con dinero del narcotráfico, la corrupción y otros delitos graves.

Infobae

El encuentro se pospuso a pedido de los integrantes ya que aún no fueron girados pedidos de informes realizados tanto al Poder Ejecutivo, como a seis comisiones permanentes de ambas cámaras para su análisis.

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo suspendió la reunión este miércoles en la que iba a comenzar a analizar el decreto del Poder Ejecutivo sobre extinción de dominio, que prevé la incautación de bienes a través de un juicio civil contra acusados de cometer delitos federales, tales como narcotráfico, corrupción, trata de personas y contrabando, entre otros.

Así lo confirmó el presidente de esa comisión bicameral, el diputado nacional del FPV-PJ por Santa Fe Marcos Cleri, quien precisó que «de acuerdo a lo solicitado por los legisladores integrantes de la misma, se suspende la reunión de Comisión prevista para el miércoles 6 de febrero a las 10.30».

Las razones esgrimidas para suspender la reunión es la falta de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional al pedido de informes sobre «los alcances del DNU».

El documento además da cuenta que pidieron opiniones a seis comisiones permanentes de ambas cámaras «conforme lo contempla el artículo 10 de la Ley 26.122, cuyas respuestas están aún pendientes».

Según el presidente de la bicameral, esperaban informes a las comisiones de Justicia (Diputados), Legislación General (Diputados), Legislación Penal (Diputados), Justicia y Asuntos Penales (Senado), Legislación General (Senado) y de Seguridad Interior y Narcotráfico (Senado).

Este mediodía, el diputado nacional del PRO, Pablo Tonelli, había asegurado que el oficialismo iba a «defender la validez» de ese instrumento que busca «erradicar el crimen organizado».

«Vamos a dar el debate en torno al decreto y vamos a defender la validez de este instrumento que necesitan los jueces y fiscales para erradicar el crimen organizado», afirmó Tonelli, integrante de la comisión de Trámite Legislativo cuando aún estaba firme la reunión de mañana.

La comisión debe analizar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Ejecutivo, que ingresó formalmente el jueves al Congreso, con la firma del presidente Mauricio Macri.

En esa comisión -la única que funciona aún durante el receso del Congreso- el oficialismo cuenta con ocho miembros, en tanto que los otros ocho corresponden a la oposición: cuatro responden a Argentina Federal, tres al Frente para la Victoria-PJ y se suma la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales.

Ese cuerpo debe pronunciarse antes de los 10 días hábiles respecto de la validez de la medida y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.

 

ambito.com

En Chubut hay una serie de casos que pueden servir como banco de prueba para la aplicación de una ley de extinción de dominio.

El debate por la llamada ley de extinción de dominio, por la que el Estado apunta a recuperar bienes y dinero producto de hechos de corrupción, tiene en Chubut una serie de casos que bien pueden servir como banco de prueba, aun con el riesgo de que en algunos casos se sobre actúe la postura en aras del obvio rédito político en un año electoral que ya comenzó.

Las causas “Embrujo” y “Revelación”, como también el de las coimas en el IPV local, son escenarios en los que se juega la posibilidad de que se recupere parte importante de los fondos que fueron birlados, con distintas modalidades, a toda la ciudadanía.

Diputados provinciales del radicalismo impulsan en Chubut un proyecto similar al que se discute en el ámbito nacional, con el fin de recuperar bienes adquiridos a partir de hechos de corrupción. En la iniciativa se contempla promover la demanda civil contra personas “humanas o jurídicas que ostenten un patrimonio que no sea compatible con los normales y habituales de la actividad que desarrollen, se hallen o no imputados en una investigación penal”.

El último punto es uno de los que abre el debate jurídico, ya que la norma, tanto nacional como provincial, habilita la quita de bienes aun cuando los sospechados de haberlos obtenido en hechos delictivos no hayan sido condenados por tales delitos.

Quienes rechazan esta tesitura, señalan como ejemplo que una norma así podría habilitar a que alguien que no fue condenado, o incluso sobreseído en un juicio por corrupción, podría posteriormente demandar al Estado para que le restituya y repare el daño causado por tal accionar.

Los que defienden la “extinción de dominio”, mencionan que el mecanismo está previsto por el Código Civil, además de que el país ha adherido a una serie de pactos internacionales que lo comprometen en la lucha contra la corrupción a través de un sistema judicial capaz de sancionar tales actos.

 

ADN Sur

La Comisión bicameral de Trámite Legislativo podría reunirse el próximo miércoles 6 de febrero para comenzar a analizar el decreto del Poder Ejecutivo sobre extinción de dominio, para recuperar los bienes de la corrupción y el narcotráfico.

Así lo hizo saber el presidente de dicha comisión bicameral, el diputado nacional del FPV-PJ por Santa Fe, Marcos Cleri, quien aclaró que aún no convocó a ese cuerpo parlamentario. Cleri no descartó que ese cuerpo se reúna «posiblemente» el próximo miércoles 6 pero aseguró que aún no definió la fecha de esa convocatoria.

La comisión bicameral de Trámite Legislativo analizará el DNU del Ejecutivo, que ingresó formalmente al Congreso con la firma del presidente Mauricio Macri, que establece el régimen de extinción de dominio para que el Estado recupere bienes vinculados a casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas, entre otros.

 

Diario Punto Uno

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que establece el Regimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, ingresó hoy al Congreso y debe ahora ser debatido en el marco de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene 10 días para expedirse en torno a la medida dispuesta días atrás por el Poder Ejecutivo.

El texto ingresó a la Cámara de Diputados a las 10 de hoy y fue girado a la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que debe pronunciarse respecto de la validez o invalidez de la medida y elevar el dictamen al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, en el plazo de 10 días hábiles.

El Chubut

Apuntan a que también en la provincia el Estado recupere los bienes que fueron adquiridos fruto de la corrupción política.

El Bloque de Cambiemos, en tándem con el Gobierno Nacional, presentó en la Legislatura el proyecto de Ley sobre Extinción de Dominio. De esta manera, el Estado recupera los bienes que fueron adquiridos fruto de la corrupción política. La iniciativa estipula crear, dentro del MPF, la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial.

Los diputados Jacqueline Caminoa, Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni presentaron en las últimas horas la Ley de Extinción de Dominio. El Presidente Macri, días atrás, impulsó un decreto sobre la misma temática.

El fundamento principal de la ley es luchar contra la corrupción. “Cuando la corrupción se asocia a la política se produce la degradación del sistema, la degeneración del orden instituido”, argumentaron los legisladores provinciales en la normativa y añadieron que “el interés superior de un pueblo está en manos de sus gobernantes, quienes asumen la función comprometiéndose a desempeñar tamaña elevada misión, con lealtad y patriotismo, presupuestos éticos indispensables para ostentar la representación ciudadana. El desarrollo, el crecimiento y el bienestar de toda sociedad dependen del riguroso apego de su dirigencia política a los valores fundamentales que están consagrados en el sistema de gobierno. Son principios éticos”.

Remarcan que “la ética es el camino de la rectitud, por el que debe acontecer la política” pero “lamentablemente, lejos aún estamos de los superiores objetivos señalados, no obstante lo cual, hay que extremar los medios a nuestro alcance, para recuperar la senda perdida, en estos años de democracia en nuestra provincia”.

Aseguran en el proyecto que uno de los instrumentos adecuados para ese fin,”es la recuperación de los bienes robados al Estado por parte de la dirigencia corrupta. El régimen de extinción de dominio que proponemos en el marco de un proceso autónomo, apunta justamente a lograr ese objetivo”.

Subrayan que el mecanismo propuesto “se ajusta al ordenamiento procesal en el fuero civil y comercial, a través del juicio sumarísimo con algunas modificaciones en beneficio de resguardar al máximo el derecho de defensa del demandado”.

Especificaciones

El art. 1907 del Código Civil y Comercial, modificado por el decreto nacional N°62/2019, constituye la base de sustentación jurídica para la construcción del este régimen procesal en nuestra provincia, ya que la legislación de fondo incorpora justamente la extinción del dominio de los derechos patrimoniales, a través de esta metodología procesal.

El Ministerio Público Fiscal queda a cargo del ejercicio de la acción civil, a través de la creación de la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial, con facultades de investigación, identificación y localización de bienes.

El Ministerio Público Fiscal promoverá la demanda civil contra personas humanas o jurídicas que ostenten un patrimonio que no sea compatible con los ingresos normales y habituales de la actividad que desarrollan, se hallen o no imputados en una investigación penal.

Al proceso comparecerán en calidad de terceros, todos aquellos sujetos que guarden relación con el suceso objeto de la investigación, o que ostenten un derecho sobre los bienes afectados, como asimismo la Fiscalía de Estado.

La acción de extinción de dominio procederá respecto de los bienes obtenidos por vía de la comisión de delitos de distinta naturaleza, por caso:
1) Corrupción de menores (art. 125 C.P.).
2) Promoción y facilitación de la prostitución (art. 125 bis y 126 C.P.).
3) Explotación económica de la prostitución (art. 127 C.P.).
4) Pornografía infantil (art. 128 C.P.).
5) Secuestro coactivo (142 bis C.P.).
6) Sustracción de menores (146 C.P.).
7) Fraude a la Administración Pública (art. 174, inc. 5° C.P.).
8) Cohecho pasivo (art. 256, 256 bis y 257 C.P.).
9) Cohecho Activo (art. 258 y 258 bis C.P.).
10) Presentación u ofrecimiento de dádivas (art. 259 C.P.).
11) Malversación de Caudales Públicos (arts.260 a 264 C.P.).
12) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265 C.P.).
13) Exacciones Ilegales (arts. 266 a 268 (2) C.P.).
14) Prevaricato (art. 269 C.P.).
15) Encubrimiento (arts. 277 a 279 C.P.).
16) Fraude al Comercio y la Industria (art. 300 bis C.P.).
17) Asociación Ilícita (art. 210 y 210 bis C.P.).

Alcance

La normativa nacional, el decreto 62/2019, alude asimismo a los delitos de competencia federal, tal el caso del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, el secuestro extorsivo, el régimen penal tributario, los delitos contra el orden económico y financiero (lavado de activos).

Aquellas conductas quedan excluidas del alcance de nuestra iniciativa, siendo resorte de la justicia federal su tratamiento, aún en la esfera de nuestro territorio provincial, y a través de sus tribunales.

Por otra parte, en el ámbito federal, se investigan los delitos vinculados a la corrupción política, que desde luego quedan alcanzados por el régimen que se implementa.

Los juicios en curso motivaron la ley

Los diputados reconocieron la ley fue motivada por los procesos penales en curso en la provincia, asociados a la corrupción política, y que habrán de ser alcanzados por el ordenamiento que se propone implementar.

“La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio ordenará la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a Rentas Generales de la Provincia”, expresan.

La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Provincial a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.

Para ese fin se prevé la creación de un fondo de garantía que estará cubierto con un porcentaje de los recursos recuperados, de forma de solventar la contingencia antes descripta.

“De esta manera habremos de dar un paso importante para combatir la corrupción política, paliando siquiera, en la medida de lo posible, los cuantiosos daños ocasionados a la población. Desde luego, mucho queda por hacer para combatir con eficacia y eficiencia semejante flagelo. El paso siguiente serán los mecanismos de control, los consagrados en la Constitución y otros que la legislación pueda crear, con la participación de la ciudadanía. Finalmente, aguardamos que la justicia del Chubut sancione penalmente con toda la fuerza de la ley a los corruptos ahora sometidos a proceso”, concluyeron los diputados de Cambiemos.

A continuación, reproducimos el texto del proyecto de Ley, en su parte resolutiva:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CHUBUT SANCIONA CON FUERZA DE LEY

ARTICULO 1°: Créase el régimen procesal de la acción civil de extinción de dominio, en los términos y alcances consagrados en el Anexo I, el que forma parte de la presente ley.

ARTICULO 2°: De forma.

ANEXO I

RÉGIMEN PROCESAL DE LA ACCIÓN CIVIL DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

ARTÍCULO 1°.- Naturaleza. La acción civil de extinción de dominio procede respecto de cualquier derecho, principal o accesorio, sobre los bienes descriptos en el presente régimen. La extinción de dominio se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente de cualquier otro proceso judicial, no pudiendo acumularse a ninguna pretensión.

ARTÍCULO 2°.- Competencia. Será competente para entender en las acciones previstas en el presente régimen, la Justicia provincial con competencia en lo civil y comercial.
Será competente el juez del domicilio del demandado o aquel donde se encuentren ubicados sus bienes, a elección de la parte actora. En caso de que existan bienes ubicados en distintas jurisdicciones la parte actora podrá accionar en todas o cualquiera de ellas.

ARTÍCULO 3°.- Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial. El Ministerio Público Fiscal contará con una Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente, en los casos que así lo dispongan los fiscales intervinientes en esas investigaciones.
La Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial , junto con los fiscales competentes conforme a lo establecido en el artículo 2º, deberán presentar las demandas e impulsar las acciones de extinción de dominio previstas en el presente régimen.
El Procurador General de la Provincia, establecerá los criterios que orienten el inicio y selectividad de las acciones de extinción de dominio en función de la significación económica de los bienes, el grado de afectación al interés público y los objetivos que orientan el accionar del Ministerio Público Fiscal.
La Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial estará facultada para requerir información a todas las áreas del Estado Provincial así como a entidades públicas y privadas, las que no podrán negarla bajo ninguna circunstancia.
Para el cumplimiento de sus funciones, la Oficina Fiscal podrá conformar equipos de investigación conjunta con organismos locales, nacionales e internacionales y/o de otros países, así como requerir y/o prestar colaboración internacional en los términos de la normativa vigente.

ARTÍCULO 4°.- Partes. En la oportunidad prevista en el artículo 8° del presente régimen, el Ministerio Público Fiscal podrá demandar a cualquier persona, humana o jurídica, que ostente la tenencia, posesión, titularidad o cualquier otro derecho sobre un bien objeto de la acción de extinción de dominio, se encuentre o no imputada en la investigación penal.
Deberá impulsar la citación como tercero de intervención obligada en los términos de los artículos 91 y 95 del Código Procesal Civil y Comercial, a la Fiscalía de Estado y a toda otra persona que ostente un derecho sobre los bienes objeto de la demanda que pudiera ser afectado por la acción de extinción de dominio.

ARTÍCULO 5°.- Bienes incluidos. Estarán sujetos al presente régimen aquellos bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de
su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de uno de los delitos enunciados en el artículo siguiente. Quedarán abarcados:
a. Todo bien susceptible de valoración económica, mueble o inmueble, tangible o intangible, registrable o no, los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad u otros derechos sobre los bienes mencionados, o cualquier otro activo susceptible de apreciación pecuniaria;
b. La transformación o conversión parcial o total, física o jurídica, de los bienes previstos en el inciso anterior;
c. Los ingresos, rentas, frutos, ganancias y otros beneficios derivados de los bienes previstos en cualquiera de los incisos anteriores.

ARTÍCULO 6°.- Procedencia. La acción de extinción de dominio procede respecto de los bienes que presuntamente provienen de los siguientes delitos:
a) Los previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127, 128 primer párrafo, 142 bis y 146 del Código Penal;
b) El previsto en el artículo 174, inciso 5° del Código Penal, siempre y cuando la investigación impute a un funcionario público que tenía a su cargo el cuidado y/o manejo de bienes públicos;
c) Los previstos en los artículos 256 a 261, 263 cuando los bienes no pertenezcan a particulares, 264 a 268 (2), 269, y 277 a 279 del Código Penal;
d) Los previstos en los artículos 300 bis, del Código Penal, siempre que el hecho ilícito penal precedente fuera alguno de los enumerados en este artículo;
e) Los previstos en los artículos 210 y 210 bis del Código Penal, siempre y cuando los delitos que se le atribuyan a la asociación sean alguno o varios de los detallados precedentemente.

ARTÍCULO 7°.- Medidas cautelares. Los fiscales intervinientes deberán informar a la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio Estado Provincial, el inicio de todas aquellas actuaciones en las que pudieran existir bienes que, directa o indirectamente, provengan de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6° del presente.
Cuando la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial tenga elementos que permitan considerar que un bien proviene directa o indirectamente de alguno de los delitos enumerados en el artículo 6°, podrá requerirle al fiscal interviniente que solicite el dictado de las medidas cautelares que estime necesarias para asegurarlo a los fines de la acción de extinción de dominio y que aún no se hubieran decretado.

ARTÍCULO 8º.- Demanda. Objeto. El dictado de medidas cautelares sobre alguno de los bienes descriptos en el artículo 5º de este régimen en una investigación por alguno de los delitos enumerados en el artículo 6º, habilita la presentación de una demanda de extinción
de dominio sobre dichos bienes, debiéndose acompañar la documentación que así lo acredite.
La acción de extinción de dominio tramitará de conformidad con las reglas del procedimiento previsto en el artículo 502 del Código Procesal Civil y Comercial, con excepción del plazo de contestación de demanda, que será de QUINCE (15) días.

ARTÍCULO 9º.- Excepción previa. Sólo será admisible, como excepción de previo y especial pronunciamiento en los términos del artículo 349 del Código Procesal Civil y Comercial, la acreditación de que el bien o derecho objeto de la demanda se incorporó al patrimonio del demandado con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado, cuando esa circunstancia fuere manifiesta, sin perjuicio, en caso de no concurrir esta última circunstancia, de que el juez la considere en la sentencia definitiva.

ARTÍCULO 10.- Etapa probatoria. La parte demandada tiene la carga probatoria de demostrar que el o los bienes y derechos objeto de la acción de extinción de dominio, se incorporaron a su patrimonio con anterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado o el origen lícito de los fondos con los que los hubiera adquirido.
No será de aplicación la prueba confesional.
En lo demás, los medios de prueba admisibles serán los previstos en el Código Procesal Civil y Comercial.
Se aplicará en lo pertinente, la Sección 8° del Capítulo V, del Título II, del Libro Segundo del Código Procesal Civil y Comercial.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal propenderán a alcanzar acuerdos de extinción de dominio, siempre y cuando los activos involucrados resulten adecuados para compensar el detrimento patrimonial del Estado Nacional o el daño causado a la sociedad. Dichos acuerdos serán sometidos a la homologación judicial, y tendrán efecto de cosa juzgada.

ARTÍCULO 11.- Sentencia de extinción de dominio. Además de los requisitos previstos en el Código Procesal Civil y Comercial, la sentencia de extinción de dominio deberá contener:
a) Los fundamentos específicos que llevaron al juzgador a formarse la convicción de que bienes o derechos de propiedad del o los demandados y/o de los terceros citados fueron incorporados sin una causa lícita a su patrimonio;
b) Si se dispusiere la extinción de dominio, la identificación precisa de los bienes o derechos afectados por la sentencia;
c) La declaración de extinción de dominio del bien o de los bienes identificados conforme al inciso b) sin contraprestación ni compensación alguna a favor del o de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable;
d) Los efectos respecto de los derechos existentes sobre los bienes afectados;
e) En caso de que se determine un incremento patrimonial que no pueda desvincularse de un patrimonio constituido en forma previa a los hechos investigados, o que el bien o el derecho haya sido transferido a favor de un tercero de buena fe y a título oneroso, deberá determinar su valor en dinero para su ejecución;
f) Las medidas de ejecución de la sentencia, conforme los medios previstos por el Código Procesal Civil y Comercial, así como el plazo para la subasta de los bienes de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 13 del presente;
g) En caso de tratarse de bienes inmuebles y bienes muebles registrables, la notificación a los registros respectivos del cambio de titularidad de los bienes afectados por la sentencia;
h) El pronunciamiento sobre las costas, la regulación de honorarios y la compensación prevista en el artículo 18 del presente régimen, en caso de corresponder;
i) En caso de que la sentencia incluya bienes ubicados fuera de la República Argentina, deberá identificarlos de manera precisa, con el objeto de que la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial proceda a efectuar los trámites de reconocimiento y ejecución de sentencia en la jurisdicción correspondiente, conforme a la legislación aplicable.
j) En caso de que la sentencia rechace la demanda de extinción de dominio, deberá comunicarse al juez a cargo de la investigación penal en la que oportunamente se dictaron las medidas cautelares, a efectos de que adopte la determinación que estime corresponder.

ARTÍCULO 12.- Cosa juzgada. La sentencia firme hará cosa juzgada respecto de los bienes o derechos involucrados, con independencia del resultado de cualquier otra acción judicial.
La sentencia firme de sobreseimiento o absolución dictada en sede penal, fundadas en la inexistencia del hecho investigado o en que dicho hecho no encuadra en una figura legal, obligará al Estado Provincial a restituir el bien o derecho a su anterior poseedor o titular o, de resultar imposible, entregarle un valor equivalente en dinero.

ARTÍCULO 13 – Destino de los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio Durante la tramitación del proceso de extinción de dominio, la administración y el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles sometidos a medidas cautelares de desapoderamiento estará a cargo de la Fiscalía de Estado. En las mismas circunstancias, el dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias a la vista será transferido a una cuenta especial que devengue intereses a fin de mitigar su depreciación, y los instrumentos financieros con cotización en mercados regulados nacionales o internacionales serán administrados por la Administración General del Superior Tribunal de Justicia.
La sentencia que haga lugar a la acción de extinción de dominio deberá ordenar la subasta de los bienes y, una vez deducidos los gastos incurridos para su localización y secuestro, administración y mantenimiento y demás costos procesales, su producido ingresará a rentas generales de la provincia salvo cuando exista una asignación específica establecida en las disposiciones mencionadas en el artículo 6° del presente.

ARTÍCULO 14.- Disposición anticipada. El juez podrá, a pedido del Ministerio Público Fiscal y con intervención de la autoridad a cargo de la administración de los bienes, ordenar la venta anticipada de los bienes sujetos a medidas cautelares, cuando presenten riesgo de perecer, deteriorarse, desvalorizarse o cuando su conservación genere erogaciones excesivas para el erario público.
El juez siempre podrá ordenar la venta anticipada de los bienes cautelados cuando el afectado manifieste su consentimiento.
Previo a resolver, el juez deberá escuchar a quienes invoquen derechos reales o personales sobre aquellos bienes. De no presentarse los interesados, procederá sin más la venta anticipada y el producido con sus intereses pasarán a conformar el objeto del proceso de extinción de dominio.
El juez podrá adoptar las medidas que considere adecuadas para evitar la compra simulada o fraudulenta del bien que frustre los fines de desapoderamiento perseguidos por el presente régimen.
Asimismo, el juez podrá ordenar la destrucción de los bienes cautelados cuando:
a. Sea necesario u obligatorio dada su naturaleza;
b. Representen un peligro para el ambiente, la salud o la seguridad pública;
c. Amenacen su ruina.

ARTÍCULO 15. – Fondo de garantía. El Poder Ejecutivo Provincial deberá establecer un fondo de garantía, conformado por un porcentaje del producido de lo que enajene de acuerdo con el presente régimen, a los efectos previstos en el último párrafo del artículo 12.

ARTÍCULO 16.- Programas de colaboración. El Ministerio Público Fiscal podrá desarrollar programas de colaboración de personas que aporten información relevante para las investigaciones que lleve adelante la Oficina Fiscal de Extinción de Dominio a favor del Estado Provincial, fijando como compensación un porcentaje que no podrá exceder del DIEZ POR CIENTO (10%) de los bienes cuyo dominio se declare extinguido como consecuencia de la información aportada por el colaborador. A tal efecto, en cualquier instancia informará al juez a cargo del proceso, la existencia de uno o más colaboradores, cuya identidad será preservada, con el objeto de que la sentencia incluya dicha compensación.

ARTÍCULO 17.- Bienes cautelados. La acción de extinción de dominio procede aún en los casos en que los bienes se encuentren cautelados o vinculados de cualquier modo a otro proceso.

ARTÍCULO 18.- Disposición transitoria.- La Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal deberán realizar un relevamiento exhaustivo de las causas penales en trámite a los efectos del artículo 7° del presente, dentro de los SESENTA (60) días contados a partir de su entrada en vigencia.

ADN Sur

Dos diputados del FpV reclamaron al procurador Casal que aplique el procedimiento contra Gianfranco Macri por la venta de parques eólicos. Se trata de «un hecho de corrupción que involucra al Presidente y su familia», aseguran.

Un día después de la publicación en el Boletín Oficial del decreto “para recuperar lo que se robó la corrupción”, tal como definió el ministro Rogelio Frigerio (n) al Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio cuya validez analiza el Congreso, dos diputados del Frente para la Victoria-PJ le pidieron el viernes al procurador interino Eduardo Casal que comience a aplicar con Gianfranco Macri la metodología propuesta por su hermano, el presidente Mauricio Macri.

La presentación de Rodolfo Tailhade y Martín Doñate apunta a la investigación por el giro de cinco millones de dólares que Gianfranco Macri recibió de Usir Argentina SA, la firma creada por el contador del holding familiar en diciembre de 2015 que con la venta y reventa de parques eólicos ya le generó más de 70 millones de dólares de ganancias, según el cálculo de Tailhade.

“Acompañamos para vuestra mejor comprensión las presentaciones que dieron origen a esa investigación, siguiendo las investigaciones periodísticas de Emilia Delfino en Perfil y Juan Amorín en El Destape, y las ampliaciones sucesivas de las que surge la información”, detallan en su nota los diputados Tailhade y Doñate.

Según la denuncia, la empresa Sideco Americana, nave insignia de los Macri, creó junto con un grupo de socios cuatro empresas a nombre del contador de la familia, Mariano Payaslian. Durante el primer año de gobierno de Cambiemos esas firmas le compraron a la española Isolux por 25 millones de dólares los contratos que había ganado por licitación pública para construir y explotar cuatro parques eólicos en Chubut y en Miramar.

En mayo de 2017 las revendieron y se quedaron con la diferencia: 48 millones de dólares.

En junio último, en tanto, Usir Argentina SA, una de las cuatro firmas del fabuloso negocio presidencial, le giró a Gianfranco Macri cinco millones de dólares.

Pasan las cosas

Tomando en cuenta esos hechos, Tailhade y Doñate le pidieron a Casal que los reciba para entregarle la información que también aportamolinos ron a la causa 415/18, en trámite en el juzgado federal 8. “El hermano del presidente de la Nación, Gianfranco Macri, recibió la suma de US$ 5.000.000 de parte de la firma que controla los paquetes accionarios de las sociedades que obtuvieron las concesiones, y que constituye una mínima parte de lo que se estima fue la ganancia de la familia presidencial por esta operación: aproximadamente 70 millones de dólares”, advirtieron.

Se trata de “un hecho de corrupción que involucra al presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, y su familia, en tanto desde el gobierno nacional se facilitó de manera ilegal la cesión de concesiones públicas de parques eólicos a sociedades que la familia presidencial había constituido pocos días antes con ese único propósito”, destacaron.

Mientras el Congreso analiza la validez de la decisión unilateral de Macri, que especialistas y organizaciones de la sociedad civil consideran inconstitucional, los diputados apelaron a Casal en base a un artículo del decreto que habilita al Ministerio Público Fiscal a desarrollar “programas de colaboración” con quienes aporten información relevante para las investigaciones de la “Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional” que ordena crear. Ante la eventual “compensación” de hasta el 10 por ciento de “los bienes cuyo dominio se declare extinguido” que reciban por la información aportada, tal como sugiere el decreto, adelantaron que lo donarán “a entidades de bien público”.

“Se impone la apertura del procedimiento que establece el anexo I del DNU 62/19, en tanto se trata de una suma de dinero obtenida a partir de hechos que configuran claros delitos contra la administración pública”, destacaron.

En este contexto, resulta sintomático que tres de las cuatro visitas que hizo Mauricio Macri como presidente a Chubut hayan tenido relación con parques eólicos: dos en Madryn y la de Comodoro, cuando aprovechó para visitar “espontáneamente” una panadería de la avenida Roca.

El Patagónico

Dijo que representa “un fuerte retroceso institucional” y pone en duda “la certeza de aplicabilidad”.

El senador nacional por Chubut, Alfredo Luenzo, lamentó la decisión del Poder Ejecutivo de crear mediante un DNU la figura de Extinción de Dominio ya que representa “un fuerte retroceso institucional” y pone en duda “la certeza de aplicabilidad”.

“El Poder Ejecutivo no puede legislar. Puede convocar a sesiones extraordinarias en menos de 10 días. Le pedimos al Gobierno Nacional que convoque al Congreso para acordar un proyecto con la oposición. Oposición y oficialismo queremos dotar a la justicia con esta herramienta pero asegurando que contemple su congruencia con nuestro ordenamiento jurídico”, afirmó Luenzo a Jornada.

El chubutense sostuvo que el Bloque Argentina Federal “no comparte los criterios que anunciando con este DNU” ya que “según los especialistas que han venido al Congreso hay un riesgo que lluevan las demandas o las cautelares. Dimos media sanción a una iniciativa que le da esta herramienta a la justicia pero asegurando que nadie puede poner en duda la decisión del juez”.

Luenzo sostuvo que la Extinción requiere “una reforma del Código Penal para que esta figura que proviene del derecho extranjero tenga inserción en nuestro orden jurídico”. La iniciativa de la oposición es una “buena ley que debemos seguir debatiendo”.

Por el contrario, el senador lamentó que el Poder Ejecutivo “no escuchó a la oposición” y por el contrario “anunció un DNU que saca del fuero penal la potestad de dictar la extinción de dominio en medio de una causa penal y lo manda a la justicia civil, que incluso antes de que haya condena puede disponer de la propiedad, algo que no condice con el sistema jurídico argentino”. La extinción de dominio requiere de “una etapa de proceso penal consistente” donde “haya prueba para poder disparar la acción”.

ADN Sur

Macri firmó el DNU de extinción de dominio para poder recuperar los bienes de los delitos por corrupción. Aunque la letra de la ley habla de narcotráfico, crimen organizado y delitos contra el Estado, la normativa tiene un destinatario claro: el votante anti kirchnerista decepcionado por la economía de Macri.

Más allá de la discusión técnico-jurídica del DNU, ahora el tema deberá ser analizado en el Congreso. La ley 26.122, establece que el Ejecutivo tiene 10 días para mandar el DNU al Congreso. Ahí la comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene que analizar técnicamente la validez del decreto.

Es decir, en teoría no debería evaluar el fondo de la medida sino la forma: ¿Era urgente? ¿Era necesario? ¿Estaba dentro de las competencias del Ejecutivo? Una vez que la comisión dictamina, las cámaras pueden tratarlo. Para voltear el decreto las dos cámaras -Diputados y Senado- tienen que estar de acuerdo.

La medida mete al peronismo en una nueva trampa porque los obliga a definirse en un tema sobre el que no hay acuerdo pleno. Así, mete una grieta fundamentalmente en el peronismo federal.

En la Comisión Bicameral, Cambiemos tiene 8 miembros y la oposición 8 miembros. Si hay empate, el voto del presidente de esa comisión vale doble. Este año, es el camporista Marcos Cleri.

Aunque Cambiemos puede contar con la ayuda de algunos miembros del peronismo federal. Por ejemplo, la salteña María Cristina del Valle Fiore Viñuales que responde a Urtubey. Ahí puede tener la firma que necesita para que salga el dictamen.

El problema es una vez que el tema llegue a los recintos. ¿Qué hará el massismo, autor del proyecto de ley en Diputados en épocas en que Macri y Massa eran amigos? Hoy los tiempos cambiaron y el massismo está intentando cautivar a votantes K. Este decreto es un problema.

Miguel Pichetto la tiene más fácil. Desde un principio estuvo en contra de la ley de extinción de dominio, tal como se había aprobado en Diputados. Y logró que el Senado aprobara otro proyecto en alianza con el kirchnerismo. Desde la coherencia, debería oponerse al DNU. Pero en los cálculos electorales, lo vuelve a acercar al kirchnerismo del que tanto quiere alejarse.

Pichetto no repunta en las encuestas como candidato presidencial. Pero busca ser el armador de Roberto Lavagna. ¿Podrá hacerlo arrastrando el estigma de haberse opuesto a una iniciativa que apunta al presunto esquema de corrupción kirchnerista?

El peronismo no kirchnerista tiene los votos para voltear el DNU tanto en Diputados como en Senado. Si decide no avanzar, se los acusará de ser funcionales al Gobierno.

Pero si lo voltea, le deja la bandeja servida a Cambiemos: otra vez, el peronismo y el kirchnerismo se unen «para proteger a los corruptos». Y aunque las generalizaciones son odiosas, basta con que uno de ellos se alíe con el kirchnerismo para que todos caigan en la misma volteada.

En definitiva, una jugada de pizarrón que le sirve al Gobierno en su peor momento económico para plantarse otra vez en el centro del escenario electoral.

A24.com