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Luís Roberto Barroso, juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, suspendió este sábado la orden del Gobierno de Jair Bolsonaro que obligaba a 34 diplomáticos venezolanos a abandonar el país este fin de semana.

El magistrado aceptó el recurso del diputado Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT), y consideró que la decisión del Gobierno puede violar las normas constitucionales de Brasil, los tratados internacionales de derechos humanos y las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares. Asimismo, estimó que la permanencia de diplomáticos venezolanos en el territorio brasileño no representa ningún «peligro inminente», mientras que su salida inmediata no atiende a «razones humanitarias mínimas».

El magistrado dio un plazo de diez días para que el presidente Bolsonaro y el canciller brasileño, Ernesto Araújo, proporcionen a la Corte aclaraciones sobre la orden.

El Gobierno de Venezuela denunció el jueves a Brasil por «forzar la salida» de su personal diplomático y consular. A través de un comunicaco, difundido por el canciller venezolano, Jorge Arreaza, Caracas declaró que el Gobierno brasileño alega «supuestas negociaciones previas» para justificar la salida de estos funcionarios, si bien la parte venezolana asegura que dichas reuniones «nunca han sido celebradas».

La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de Ley para derogar el decreto del Gobierno provincial que prohíbe el ingreso y expulsa a los delincuentes extranjeros. La legisladora cuestionó que se viola la Constitución Nacional y advierte una “frontera interna”.

La diputada Gabriela Dufour presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto N° 136/19 del Gobierno provincial, que prohíbe el ingreso y expulsa de Chubut a los ciudadanos extranjeros condenados o que se encuentren cumpliendo condena, que tengan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en el país o en el extranjero.

El decreto data del pasado 6 de febrero y ahora la legisladora del Frente para la Victoria presentó un proyecto para derogarlo, advirtiendo que “se estableció una barrera o frontera en los límites provinciales que impide el ingreso, tránsito y permanencia de una categoría de personas”.

Dufour citó al abogado Enrique Hidalgo, que en una nota del portal “El Cohete a la Luna” realiza un “análisis jurídico y ético del decreto y creo que es la mejor fundamentación -el cual considera Dufour- sólo busca que tengamos claro las aberraciones jurídicas que se realizan con el dictado de esta norma por parte del Ministro de Gobierno (Federico Massoni) y el gobernador (Mariano) Arcioni”.

Le diputada provincial aseguró que “desde el punto de vista moral, la medida es aberrante porque constituye una discriminación xenófoba, pero lo más grave es que los datos estadísticos del Poder Judicial confirman que no hay mayor proporción de extranjeros incursos en la comisión de delitos, desautorizando los fundamentos de la norma emitida”.

Precisó que “las estadísticas oficiales del Superior Tribunal de Justicia de la provincia establecen que el 3% de extranjeros están comprometidos en delitos penales”.

Dufour insistió en remarcar así que el decreto del Gobierno provincial “viola las garantías individuales que la Constitución Nacional reconoce a los extranjeros (en los artículos 20 y 21); desconoce el derecho al libre tránsito (artículo 14) y pretende ejercer facultades que son exclusiva del Gobierno nacional”, como el ejercicio de reglar las relaciones exteriores.

Con el instrumento, para la legisladora, se plantea “crear una aduana de personas o frontera interior”.

“Hacer efectivo el decreto impediría el ejercicio de lo establecido en la Constitución en relación al libre derecho a transitar, a radicarse, a ejercer industria lícita, trabajar, es decir, el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos que intenta restringir con el dictado de esta norma”, insistió la diputada.

Radio 3

El Gobierno Nacional le propondría al Ejecutivo de Chubut dejar sin efecto el decreto y coordinar el tema a través del Consejo de Seguridad Interior.

El polémico decreto que lanzó el Gobierno Provincial para expulsar de Chubut a los extranjeros que hayan cometido delitos no tendría el visto bueno de Nación, según confirmó el diputado nacional Gustavo Menna.

El legislador aseguró que el instrumento es inconstitucional y, en este sentido, dio a conocer que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se comunicó con él para anticipar que le propondrá al Gobierno del Chubut “dejar sin efecto el decreto y coordinar el tema a través del Consejo de Seguridad Interior”.

“Personalmente comparto el criterio de procurar la expulsión de aquellos ciudadanos extranjeros incursos en hechos delictivos”, dijo Menna, y sostuvo en ese sentido: “De hecho, el Gobierno Nacional, desde la gestión del presidente Macri, viene actuando de esa manera a través de la Dirección Nacional de Migraciones”.

En este marco aclaró que “si bien compartimos la preocupación por la situación de extranjeros incursos en hechos delictivos, el decreto emitido por el Gobierno del Chubut no se ajusta a lo que dictan la Constitución y las leyes migratorias”, ya que “es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional, el que como nunca antes en la historia se está encargando de la cuestión”.

“En todo caso se trata de coordinar esfuerzos con normas jurídicamente aptas”, explicó, ante lo cual agregó que “la ministra Patricia Bullrich me transmitió que le propondrá al Gobierno Provincial dejar sin efecto el decreto, y coordinar la cuestión a través del Consejo de Seguridad Interior”.

De esa manera se podrá activar “el acceso a la base de datos de extranjeros, tal como se convino en el acuerdo firmado el año pasado entre el Gobierno Provincial y la Dirección Nacional de Migraciones, el que incluso contempla el uso de una aplicación para los teléfonos celulares, para que de esta forma los agentes de Policía puedan acceder en forma directa a esa base y efectuar una detección de aquellos casos que ameritan expulsión”.

ADN Sur

«Tenemos comando unificado en Comodoro Rivadavia, que es un lugar de alta necesidad de seguridad y hemos trabajado juntos en el verano», sostuvo Patricia Bullrich al elogiar ayer el decreto de Arcioni poniéndole límites al ingreso de extranjeros a Chubut.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo ayer que “la Argentina ha generado un modelo de seguridad donde el que las hace las paga” y precisó que “si es argentino la paga acá, y si es extranjero, se va”, al referirse a diferentes iniciativas para expulsar a extranjeros que cometan ilícitos en el país.

En declaraciones a radio Mitre del Grupo Clarín, la funcionaria explicó que “en la Argentina tenemos el sistema de información policial donde figuran las personas que tienen pedido de captura, pero todavía nos falta que algunas provincias actualicen esos datos. Si no, el delincuente va de una provincia donde tiene captura, a otra donde no está cargada esa información, y se escapa. Por eso estamos trabajando para unificar toda la información a nivel nacional”.

En tanto, sobre las polémicas medidas dispuestas por el gobierno de Chubut, que anunció que agilizará la expulsión de extranjeros que delinquen o con antecedentes penales, Bullrich manifestó que cree que “tienen la misma filosofía” que las que se promueve a nivel nacional.

“El decreto que lanza el gobierno de Chubut tiene la filosofía de decir queremos que en la argentina los delincuentes cumplan la pena que se merecen, si son argentinos y si son extranjeros, además de la pena, que no sigan en el país o en este caso que no sigan en la provincia” dijo Bullrich, quien evitó opinar si la provincia tenía o potestad para resolver esa cuestión.

“No puedo opinar en este caso lo que puede dictar o no la provincia”, señaló, acotando que de acuerdo a su entendimiento “va en esta filosofía de ordenar el país, de generar las reglas de manera correcta, que aquel que viene a trabajar es bienvenido, y el que viene a robar no es bienvenido”.

“Chubut tiene un alto nivel de extranjeros por las industrias extractivas, sobre todo en Comodoro; y en Puerto Madryn por el turismo, entonces tiene una situación, habrá que ver cuál es el índice y ver si no están por encima de los índices normales de las problema, porque agregaría un problema extra a la seguridad”, agregó Bullrich.

La funcionaria nacional aseguró que trabajan en conjunto con el gobierno de Chubut. “Tenemos comando unificado en Comodoro Rivadavia, que es un lugar de alta necesidad de seguridad y hemos trabajado juntos en el verano. Estamos inaugurando una brigada contra la droga en Puerto Madryn; es un trabajo que se hace en equipo y esta filosofía va en esta dirección” aseguró.

El Patagónico

El diputado provincial del Bloque de Cambiemos, Eduardo Conde catalogó el decreto como una acción electoralista y aseguró que la medida no tiene ningún efecto jurídico porque Chubut no es un Estado soberano.

El presidente del Bloque Cambiemos, Eduardo Conde, criticó el decreto impulsado por el gobernador donde prevé expulsar a los extranjeros que delincan. “El decreto del gobernador Mariano Arcioni de expulsión de ciudadanos con antecedentes penales del territorio provincial es un acto de demagogia que eriza la piel. Participo absolutamente de extremar, a través del Estado, las acciones necesarias a fin de combatir la inseguridad y la delincuencia pero dentro del marco de la legalidad”, expresó al respecto el legislador.

Además sostuvo que la medida, “a mi juicio sin ningún efecto jurídico, es un avasallamiento al orden instituido. Es una medida de facto porque no halla fundamento legal, y mucho menos, constitucional”.

En este sentido argumentó que la organización política argentina alude a un Estado federal, “en tanto que las provincias ostentan autonomía, más no son independientes al punto de hacer del territorio un estado soberano”.

Entre las consideraciones que hizo sobre la posibilidad de avanzar en un marco normativo de tal magnitud, Conde manifestó que la temática hace a la legislación de fondo. “Es resorte del Estado Nacional, a través de las normas alusivas al régimen migratorio. La provincia no tiene ninguna injerencia, y mucho menos potestad para expulsar a nadie de nuestro territorio”.

En este marco, al tratarse de generalidades el proyecto: “no contiene precisiones, no sabemos si los sujetos alcanzados tienen condena o procesos penales en la provincia, en el país, o en sus lugares de origen”. Por eso consideró el legislador que: “es una mera declamación absolutamente demagógica que no se corresponde con los tiempos actuales”, concluyó el diputado.

 

El Patagónico

Además de expulsar a los condenados, prohíbe el ingreso de quienes tienen antecedentes a la provincia.

La disposición para echar de Chubut a extranjeros con antecedentes o prohibir el ingreso de los mismos ya está lista. La misma está por firmarse en breve.

El decreto que está por firmarse es para prohibir el ingreso o expulsar a los extranjeros delincuentes que tienen condena.

Semanas atrás, el ministro de Gobierno, Federico Massoni, pidió que jueces y fiscales “pidan la prohibición de acercamiento” de delincuentes extranjeros a Chubut.

“Extrajero que delinque no puede ser bienvenido en el territorio”, remarcó y le pidió a la Policía “un control hiper estricto de los extranjeros en la provincia”.

ADN Sur

La jueza que liberó al motochorro colombiano tras un pago de 700 pesos ahora autorizó su expulsión del país. De esta manera, Migraciones necesita la aprobación del Juzgado Contencioso Administrativo Federal de turno para poder ordenarle a la Policía la detención de Jair Stevens Jurado Mora y avanzar luego en el proceso que terminaría con su expulsión.

Este jueves, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), informó que el pedido de expulsión del país del ciudadano colombiano Jurado Mora quedó firme al vencer el plazo que el motochorro tenía para interponer un recurso jerárquico contra la medida.

La situación de Jurado Mora, que cuenta con antecedentes penales en su país, había vuelto a quedar en manos de Patricia Guichandut, la magistrada que lo liberó dos días después de ser arrestado por un robo de un teléfono celular a una joven en Almagro.

Para poder solicitar una nueva detención del delincuente mientras se tramita la deportación, Migraciones necesitaba el aval de Guichandut. Finalmente, la jueza notificó que no se opone al proceso de extradición.

Jurado Mora, un joven de 25 años que llegó al país hace poco más de tres meses y nunca tramitó su residencia, había sido arrestado el pasado 22 de enero. El Juzgado Nacional en lo Criminal en lo Correccional N° 62 a cargo de Guichandut le concedió una probation en una causa por «robo en grado de tentativa».

En un juicio abreviado, la magistrada le impuso la obligación de cumplir cuatro condiciones: regularizar su situación en Migraciones, presentarse todos los meses en el Área de Control y Dirección de Ejecución Penal, no consumir drogas ni alcohol durante un año y resarcir a la víctima del robo con $700. Así, Jurado Mora recuperó la libertad dos días después.

Sin embargo, al día siguiente, el viernes 25, fue informado de la expulsión del territorio dispuesta por Migraciones. De acuerdo a la normativa para estos casos, el lunes 28 empezó a correr el plazo de tres días para que Jurado Mora pudiese interponer un recurso jerárquico. Este plazo terminó ayer.

El fallo despertó críticas por los antecedentes penales del ciudadano extranjero. En su Colombia natal, Jurado Mora cuenta con un importante historial delictivo: en 2011 fue condenado por «hurto calificado agravado», en 2016 le abrieron una causa por violencia intrafamiliar y en 2017 lo sentenciaron a 4 años y 6 meses por tráfico de armas.

Al mismo tiempo se sumó un caso similar, cuando la Policía detuvo a Antonio José Franco, ciudadano uruguayo de 36 años que tenía prohibido entrar a la Argentina y, pese a ello, fue liberado al día siguiente.

En su caso, la DNM explicó que dispuso su expulsión el 10 de noviembre del 2016, pero fue apelada el 23 de abril de 2018 y tiene todavía el expediente en trámite. Es distinta a la situación del colombiano.

Al igual que ocurrió con Jurado Mora, la liberación de Franco generó fuerte rechazo en las altas esferas de poder: el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta cuestionaron las polémicas resoluciones.

Guichandut, por su parte, emitió un comunicado en el que explicó y justificó su accionar en el caso del delincuente colombiano, aunque dijo que no intervino en el caso del ciudadano uruguayo.

La DNM recordó que el Decreto 70/2017, que permitió agilizar judicial y administrativamente los trámites de expulsión, fue dictado hace dos años, el 27 de enero de 2017. «El trámite no debería demorar más de seis meses», se aseguró.

 

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