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Los restos del dictador español Francisco Franco fueron exhumados hoy del Valle de los Caídos, su mausoleo durante casi 44 años, e inhumados en una tumba más discreta cerca de Madrid, en un paso histórico para la democracia española que reflotó divisiones en torno a su figura y legado.

El féretro con los restos salió de la Basílica del Valle de los Caídos en los hombros de sus familiares, quienes, pese a las advertencias del gobierno contra la reivindicación de la figura del dictador, lo vitorearon públicamente al grito de «¡Viva Franco! ¡Viva España!», en una imagen polémica e incluso hiriente para las víctimas del franquismo.

Las labores de exhumación comenzaron por la mañana con la retirada del bloque de hormigón que cubría la tumba, un procedimiento que se llevó a cabo al resguardo de las cámaras de televisión, que siguieron todo el operativo desde la puerta del recinto monumental, a donde se acercaron una veintena de nostálgicos del franquismo.

Las pancartas de «Franco Vive» y banderas preconstitucionales desplegadas mostraron el descontento con la medida de un sector de la ciudadanía española, minoritario, que abiertamente defiende la figura del último dictador de Europa.

Sus restos descansaban en un monumento público al noroeste de la capital y junto a algunas de sus víctimas, lo que a nivel internacional se consideraba una anomalía democrática.

La histórica exhumación y reinhumación del dictador Francisco Franco, cuyos restos serán trasladados mañana desde su mausoleo en el Valle de los Caídos, a unos 50 kilómetros de Madrid, hasta el madrileño cementerio de Mingorrubio, en el barrio de El Pardo, se realizará bajo extremas medidas de seguridad, con imágenes distantes, y con la mayor rapidez posible.

La medida, de gran repercusión y calado histórico tiene lugar en un momento en el que los militantes de extrema derecha se encuentran muy exaltados por la escalada del conflicto de secesión de Cataluña, donde se están produciendo protestas multitudinarias -y brotes de violencia- en respuesta a las duras penas de hasta 13 años de cárcel impuestas por el Tribunal Supremo español a los líderes del fallido proceso de secesión de 2017.

Ante cualquier intento de boicot al operativo se adoptaron fuertes medidas de seguridad y las autoridades vetaron las concentraciones convocadas por la Fundación Franco y la Asociación Reivindicativa de la Memoria Histórica Raíces, ambas de ultraderecha, en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.

El gobierno español realizó hoy, con 24 horas de antelación, el ensayo de cómo será el procedimiento y, según mostró la televisión pública TVE, apenas se permitirá ver las imágenes del momento en el que el coche fúnebre traslada el féretro del dictador hacia el helicóptero que, si el clima lo permite, realizará el trayecto desde el Valle de los Caídos a El Pardo.

Nunca faltan flores frescas sobre la tumba del general Francisco Franco. Sus restos descansan bajo una losa de granito de 1,500 kilogramos en el Valle de los Caídos, el mausoleo que el dictador se hizo construir en las afueras de Madrid. Un guardia vigila que los turistas no alcen la voz, regaña a los niños que pisan la lápida y recuerda que está “prohibido tomar fotografías”. Nada puede perturbar el descanso del hombre que dirigió los destinos de España con puño de hierro y que, cuatro décadas después de su muerte, continúa dividiéndola.

Los españoles llevamos desde 1975 discutiendo qué hacer con el caudillo. En municipios de todo el país se sigue debatiendo si mantener o retirar monumentos en su honor. El Ayuntamiento de Madrid cambió en abril las placas de calles con referencias franquistas en la ciudad. Y el parlamento, tras años de debates fútiles, aprobó finalmente el año pasado una resolución que pedía la exhumación del general, una medida que el nuevo gobierno socialista de Pedro Sánchez se ha mostrado decidido a cumplir. Nunca es tarde para dejar de honrar a un dictador: ha llegado la hora de que los españoles desenterremos a Franco, para enterrarlo de una vez por todas.

El Valle de los Caídos, donde se encuentra la tumba de Franco y de 34.000 fallecidos en la Guerra Civil española (1936-1939), ha sido durante décadas un símbolo para los vencedores del conflicto y del régimen autoritario posterior. El propio Franco confesaba, en el decreto que anunciaba su construcción, su aspiración de que sirviera para que las futuras generaciones “rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor”. Esto es: a sí mismo. Pero las nuevas generaciones no necesitan que nadie les recuerde quién ganó una guerra que destruyó el país y enfrentó a hermanos, sino el precio que pagan las sociedades que se dejan llevar por la intolerancia y el sectarismo.

El Valle de los Caídos, una ofrenda a la dictadura en el corazón de Europa, debería ser convertido en un lugar de homenaje para todas las víctimas de la guerra, sin importar a qué bando pertenecieron, y en símbolo de una reconciliación que la presencia de Franco obstaculiza. Quienes se oponen a tocar la tumba del general alegan que exhumar su cadáver para darle una sepultura privada reabriría viejas heridas. La realidad es que nunca quedaron cerradas del todo.

Ocho décadas después del final del conflicto que supuso la antesala de la Segunda Guerra Mundial, el resentimiento sigue distanciando a las dos Españas que Goya ya retrató hace casi doscientos años en su cuadro Duelo a garrotazos. Hubo un tiempo, en mitad de la euforia de la democracia recién conquistada y el auge económico de los años ochenta que devolvió el país al club de naciones modernas, en que parecía que los españoles habíamos logrado salir de nuestras trincheras. Fue un espejismo. Hoy es imposible mantener una conversación sobre cualquier asunto de interés público —educación, sanidad, economía, pensiones o política exterior— sin terminar en recriminaciones ideológicas o referencias a la Guerra Civil. Jóvenes que por razones obvias no vivieron el conflicto siguen llamándose “fachas” y “rojos”, haciendo suyos los bandos que enfrentaron a sus tatarabuelos. La prensa, la judicatura, la policía, las instituciones y, por supuesto, los políticos están divididos en bandos irreconciliables.

Los españoles nos aferramos durante demasiado tiempo a la fantasía de que huyendo de nuestro pasado podríamos dejarlo atrás. Y, sin embargo, cada vez que miramos en el espejo retrovisor de nuestra historia reciente, comprobamos que sigue ahí. El “holocausto español“, como definió el conflicto el historiador Paul Preston, dejó 200.000 muertos y supuso el inicio de décadas de atraso. En ambos bandos de la Guerra Civil española se cometieron atrocidades, pero el régimen militar extendió el dolor más allá de su victoria con una campaña de represión que se alargó cuatro décadas.

La Ley de Memoria Histórica de 2007 fue un intento del entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero de compensar a los perdedores del conflicto. El gobierno imponía la retirada de símbolos franquistas de las calles y se comprometía a facilitar los fondos para que los familiares de los desaparecidos pudieran buscar, desenterrar y despedir a sus muertos, entre otras medidas. La llegada al poder de los conservadores del Partido Popular (PP) en 2011 supuso la cancelación de los fondos destinados a aplicar la ley y un cambio de política que tenía como prioridad no “remover el pasado”. El resultado es que Franco disfruta en España de una legitimidad impensable en cualquier otra democracia, incluyendo el reparto de subvenciones públicas a la fundación que lleva su nombre y promueve “su obra”.

Los defensores de dejar las cosas como están alegan que España vivió una transición a la democracia modélica tras la muerte del dictador. Tienen razón. Los intentos de deslegitimar aquel proceso, que incluyó la amnistía de los miembros del régimen, no tienen en cuenta que fue un compromiso nacional necesario en un momento donde ni la estabilidad ni la paz estaban garantizadas. Ambos bandos dejaron de lado sus eternas diferencias para construir un futuro mejor. Y, sin embargo, ningún acuerdo puede imponer el olvido a quienes pagaron su enfrentamiento con la dictadura con el exilio o la cárcel, impedir que las familias busquen a sus desaparecidos o legitimar a quienes los hicieron desaparecer.

La eliminación de calles con nombres franquistas, la retirada de monumentos que honran al dictador o la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos, que pasaría a convertirse en un Centro Nacional de Memoria de todas las víctimas, no es una cuestión ideológica o de partidos. Se trata de una obligación moral que tiene la ventaja adicional de enviar el mensaje claro a los nostálgicos del franquismo de que los españoles hemos enterrado para siempre nuestro pasado autoritario.

La apertura de la tumba de Franco no será inminente y todavía tiene varios obstáculos por delante. El gobierno deberá pedir autorización a la Iglesia —la cripta está en la basílica del Valle de los Caídos y no puede abrirse sin su permiso—, acordar con la familia del caudillo un nuevo lugar de sepultura e incluso cambiar leyes en caso de que alguna de las partes se oponga. Solo entonces se podrá enviar a los operarios para que levanten la losa de granito bajo la que descansa el general y cerrar así el único mausoleo de un dictador entre las democracias europeas. España habrá enterrado ese día uno de los impedimentos en su largo camino hacia la reconciliación.

El Gobierno español decidió que la exhumación del féretro del dictador Francisco Franco (1892-1975) se llevará a cabo con la «dignidad» que corresponde a unos restos humanos, pero «en absoluto con honores militares ni banderas», como pidió su familia.

Franco ganó la Guerra Civil española (1936-1939), gobernó el país hasta su muerte (1975) y fue enterrado como jefe del Estado en el Valle de los Caídos, el gran monumento simbólico de su régimen donde también tienen sepultura cerca de 34.000 víctimas de los dos bandos de la contienda.

El Gobierno de España, en manos del socialista Pedro Sánchez, decidió el 11 de octubre pasado que los restos de Franco saldrían del Valle antes del 25 de este mes (probablemente el día 21 o 22), basado en una reforma de la ley de Memoria Histórica y avalado por el Tribunal Supremo, que resolvió un recurso de la familia, entre otros, contra la exhumación.

El gobierno español anunció hoy que los restos de Francisco Franco serán exhumados antes del 25 de octubre, sin especificar la fecha exacta, que será comunicada a la familia del dictador con 48 horas antes de antelación del histórico traslado del último líder fascista europeo que yace en una tumba donde pueden rendirse honores.

«Hemos determinado disponer de un espacio de tiempo desde hoy hasta el 25 de octubre para tomar las decisiones técnicas y de seguridad para hacer efectiva la exhumación e inhumación de los restos de Franco», aseguró la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo.

En conferencia de prensa tras la habitual reunión de gabinete de los viernes, la «número dos» del Ejecutivo del socialista Pedro Sánchez subrayó que el proceso se hará «con absoluto respecto a los restos humanos y a la familia», y con «discreción», a pesar de recordar que Franco ha sido el «artífice de un pasado negro en nuestro país».

Este lunes el Tribunal Supremo de España ha hecho público su fallo sobre el recurso presentado por los nietos del dictador Francisco Franco. El alto Tribunal avala que la exhumación se pueda producir inmediatamente, puesto que sostiene que no hace falta licencia urbanística para llevar a cabo el traslado de los restos del dictador y rechaza todos los puntos de la apelación de la familia Franco.

Aunque el tribunal ya dio a conocer el pasado martes su decisión, no ha sido hasta hoy cuando ha notificado la sentencia con los argumentos jurídicos que la sostienen.

Así, el Supremo respalda el decreto del Consejo de Ministros 10/2018, que los recurrentes tachaban de inconstitucional, en el que se decidió la exhumación de los restos de Franco del lugar privilegiado en el que se encontraban, enterrados frente al altar mayor de la Basílica del Valle de los Caídos, en el norte de Madrid. Se trata de un complejo monumental que el propio dictador mandó construir, utilizando para ello como mano de obra a presos políticos, y que alberga en su interior en varios columbarios más de 33.000 cuerpos de combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil española.

El órgano judicial también descarta que se afecte a la libertad religiosa, sino que la decisión del Gobierno atiende a la Ley de Memoria Histórica «en un inmueble monumental de titularidad pública», y también asevera que «no lesiona el derecho a la intimidad familiar» justificando que «aunque comprende el derecho a elegir el destino de los restos de los familiares, no es un derecho absoluto», por lo que puede ser limitado en casos de interés público, como en este caso, ya que «no se trata de una sepultura particular».

El documento firmado por unanimidad por los seis magistrados de la Sección Cuarta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo advierte de que no hay infracción del Acuerdo con la Santa Sede de 1979 que reconoce la inviolabilidad de la Basílica como lugar de culto, puesto que esta inviolabilidad debe producirse «con arreglo a las leyes» y puesto que el acuerdo del Consejo de Ministros es constitucional, el Prior no puede impedir la entrada a la Basílica.

Licencia urbanística y lugar de enterramiento

También cierra la puerta al recurso presentado en un juzgado de Madrid que mantenía paralizada la licencia de obras para llevar a cabo la exhumación. La sentencia conocida hoy alega que «no es una obra mayor» ni contradice las normas del Ayuntamiento del municipio en el que se encuentra el complejo, San Lorenzo del Escorial. Así, afirma que la obra, al ser acordada por el Consejo de Ministros no necesita licencia municipal.

Asimismo, el órgano colegiado ha fallado también contra la pretensión de la familia del dictador de enterrar sus restos en la Catedral de la Almudena, en pleno corazón de Madrid y junto al Palacio Real. El fallo alega diferentes motivos para llegar a esta conclusión, como la seguridad que requeriría en este entorno y la significación que podría adquirir este enterramiento en un lugar que se podría convertir en un símbolo de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura.

La sentencia recoge en varias ocasiones alusiones a las circunstancias especiales del traslado. Así, habla de «la singularidad de su figura [de Francisco Franco] por su posición en el régimen surgido de la guerra civil», «se caracterizó por negar la separación de poderes y el pluralismo político y social», «la forma de acceder al poder, su permanencia en él durante décadas y la manera en que lo ejerció no tienen parangón», todas ellas líneas que el ponente dedica a la figura del dictador.

Un largo recorrido

El traslado de los restos de Franco fue una de las medidas estrella del Gobierno socialista desde que Pedro Sánchez fue investido presidente en junio de 2018. Su decisión, además, estaba avalada por la voluntad del Congreso de los Diputados, que en mayo de 2017 había aprobado una proposición no de ley que pedía la exhumación de los restos del dictador y su traslado fuera del Valle de los Caídos para evitar su exaltación. La moción recibió el apoyo del Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos, mientras que el Partido Popular se abstuvo.

Desde entonces, el proceso se ha enfrentado a numerosos obstáculos jurídicos, debido a la oposición frontal de los familiares del dictador, que han tratado de detener la exhumación por medio de recursos en los tribunales y proponiendo como alternativa su entierro en la catedral de la Almudena, en pleno corazón de Madrid.

Ahora, el único escollo que podría encontrar el Ejecutivo es el recurso de amparo que la familia Franco ha anunciado que presentará ante el Tribunal Constitucional, aunque hay pocas posibilidades de este órgano tome la decisión de paralizar el traslado como medida cautelar hasta que llegue a una resolución. Mientras tanto, Sánchez ya ha anunciado su intención de llevar a cabo la exhumación antes de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 10 de noviembre, así lo reseña RT.