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El titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, Dr. Claudio Brun, fue denunciado ante la justicia luego de que haya dictado las excarcelaciones de 13 delincuentes aludiendo razones médicas en el marco de la pandemia de coronavirus.

Entre los detenidos que fueron beneficiados por el Dr. Brun, hay seis que lo estaban por delitos de abuso sexual agravado y con acceso carnal, uno condenado a prisión perpetua por homicidio agravado con alevosía y los seis restantes por robo agravado, algunos con portación ilegitima de armas.

La denuncia formal contra el Juez Brun fue presentada ante el Dr. Ulises Alberto Giménez, Secretario Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.

En la misma se hace la petición formal de la suspensión de Blum a su cargo de al frente del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, mientras que se adjuntaron evidencias del incumplimiento en los pasos formales para la concesión de las excarcelaciones.

Delincuentes excarcelados por el Dr. Claudio Brun:

  • Jorge Pedro Bergondi: Abuso sexual agravado de una menor de 9 años.
  • Néstor Luis Ibars: Abuso sexual con acceso carnal contra una niña con retraso madurativo.
  • Pedro Efrain Muñóz: Abuso sexual reiterado.
  • Luis Alberto Riquelme: Abuso sexual agravado.
  • Ricardo Roberto Moreyra: Abuso sexual agravado.
  • Juan Mattioli: Robo agravado por el uso de arma de fuego.
  • Claudio Molina: Robo agravado por el uso de arma de fuego.
  • Rodrigo Pereda: Robo con armas.
  • Oscar Galetti: Condena a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por alevosía.
  • Juan Domingo Sosa: Robo agravado por el uso de arma de fuego.
  • Federico Longiariu: Robo agravado reiterado. Portación ilegal de arma y reincidente por robo e intento de homicidio.
  • Cristian Marcelo Victola: Robo agravado.

La Sala I de Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que rechazó la excarcelación del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y ordenó su inmediata libertad por la causa de los Cuadernos de la Corrupción. Sin embargo, seguirá detenido con prisión domiciliaria por otro caso.

De esta manera, el tribunal hace lugar al pedido de la defensa del exfuncionario, que tiene una condena de 5 años y 8 meses de prisión por la Tragedia de Once y está procesado por el desvío de 176 millones de pesos de fondos públicos destinados a la mina de Río Turbio.

En este expediente ya le había sido concedido el beneficio, con arresto domiciliario, pero continuaba en la cárcel de Ezeiza por la causa de los cuadernos, en el que se encontraba detenido desde el 17 de septiembre de 2018 por decisión del Tribunal Oral Federal 7, que había rechazado su excarcelación.

Ayer se conoció que había iniciado una huelga de hambre en reclamo por su libertad y denunció una «despiadada persecución» en su contra. Así lo informó el Diario El Chubut.

El cuerpo instó al Tribunal Oral Federal 7, sorteado para llevar a delante el juicio de la causa de los cuadernos, a que dicte nuevos fallos, informaron fuentes judiciales.

La Cámara Federal de Casación Penal anuló los fallos con los que habían sido rechazadas las excarcelaciones del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y del ex secretario de coordinación de esa cartera, Roberto Baratta, en el marco de la causa conocida como Cuadernos. En el mismo fallo, la sala I del máximo tribunal penal del país les ordenó a los jueces de Tribunal Oral Federal (TOF) 7, que dicten una nueva resolución a la luz de las nuevas normas que rigen la aplicación de las prisiones preventivas, indicaron fuentes judiciales.

Los jueces Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone coincidieron en que correspondía analizar la posibilidad de aplicar medidas menos coercitivas que el encarcelamiento preventivo pero que de todas formas aseguren el correcto desarrollo del proceso judicial.

La prisión preventiva produce «efectos que no podrían ser reparados en la sentencia final», fue el criterio con el que los jueces entendieron que correspondía tratar los planteos en la Cámara de Casación.

«Entendemos que la norma citada exige analizar si se verifican indicios claros, objetivos y ciertos que funden las presunciones de fuga y entorpecimiento probatorio», sostuvo el juez Barroetaveña en su voto en relación a la prisión preventiva de De Vido.

El magistrado añadió que «la correcta inteligencia de la norma en trato es asignarle el sentido eminentemente procesal que posee, por lo que, no obstante no se verifiquen los supuestos previstos, si luego de ponderarse íntegramente los riesgos procesales es posible sostener que el arresto domiciliario resulta suficiente para que aquéllos puedan ser neutralizados, la adopción de esa medida debe ser tomada en consideración».

Por su parte, la jueza Figueroa sostuvo que «en todo Estado de Derecho en una sociedad democrática, resulta intolerable que con ritualismo y rigorismo formal no se aborde el tratamiento de instituciones esenciales de la libertad y se abuse en el uso de las prisiones preventivas, violando normas constitucionales y convencionales que rigen la materia, máxime cuando en el caso sometido a control jurisdiccional se ha dado cuenta de manifiestas arbitrariedades».

Al ex ministro y ex diputado De Vido ya le fue otorgada la prisión domiciliaria en el marco de otra causa, una que investiga aparentes irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a la mina de Rio Turbio, mientras que Roberto Baratta no tiene otras prisiones preventivas, señaló Télam.

Si cambia la jurisprudencia, beneficiaría a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La máxima corte de justicia de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), quedó más cerca el jueves de decidir por una ajustada mayoría un cambio en la jurisprudencia y declarar la inconstitucionalidad de detenciones de acusados con condenas ratificadas en la segunda instancia, una medida que podría beneficiar con la excarcelación a unos 5.000 presos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

José Antonio Dias Toffoli, presidente del STF, suspendió la sesión cuando el tribunal de 11 miembros contaba con cuatro votos en contra y tres a favor de rever la jurisprudencia. Sin embargo, uno de los más esperados pronunciamientos en la corte, el de la jueza Rosa Weber, considerada en este caso como el fiel de la balanza, se inclinó por votar por la inconstitucionalidad de detener a condenados en los casos en los que aún sea posible presentar apelaciones.

Abogados penalistas dijeron que el voto de Weber anticipa la formación de una nueva mayoría en el Supremo y que, si no hubiera sorpresas en los votos de los cuatro jueces que faltan pronunciarse, la corte podría decidir un cambio en la jurisprudencia vigente desde 2016.

Ese entendimiento fue el que posibilitó la detención de Lula el año pasado, luego de que el Tribunal Regional Federal con sede en Porto Alegre confirmó la sentencia de la primera instancia y lo encontró culpable por corrupción pasiva y lavado de dinero, condenándolo a 12 años de prisión.

La jueza Weber, al justificar su voto, dijo que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juicio de la sentencia penal condenatoria”, citando el artículo quinto de la Constitución de Brasil. “El Supremo es guardián de la Constitución, no su autor”, agregó.

Quedan por votar los jueces Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Celso de Mello y Carmen Lúcia, y se espera que los primeros tres se pronuncien a favor de la inconstitucionalidad de las detenciones, demandadas ante la corte por dos partidos políticos, uno de izquierda y otro de derecha, y por el colegio Orden de Abogados de Brasil (OAB) con el argumento de que vulneran la presunción de inocencia.

La corte no sesionará la próxima semana, según lo previsto meses atrás en la divulgación de su calendario de sesiones, antes de que el presidente José Antonio Dias Toffoli decidiera llevar al plenario del STF la votación sobre la constitucionalidad de las detenciones de condenados en segunda instancia.Toffoli dijo que el lunes informará cuándo la votación en el plenario será retomada.

Algunos analistas consideran que, hasta que el juicio se reanude, el STF podría debatir un límite en la aplicación del que sería el nuevo entendimiento. Una de las hipótesis levantadas es que sólo sería permitido al acusado continuar en libertad hasta que sea juzgada su primera apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). Si ese fuera el caso, cuya constitucionalidad también podría ser cuestionada, Lula no sería excarcelado.

En un evento en San Pablo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ex juez Sergio Moro, defendió el entendimiento actual, aunque dijo que cualquier decisión que tome el STF debe ser respetada.

“La ejecución (de la pena) en segunda instancia fue una innovación en 2016, un paso muy importante para el enfrentamiento no sólo de la corrupción sino al delito en general”, dijo Moro, quien como juez condenó a Lula en primera instancia.

Sin entrar en el mérito de la constitucionalidad de la decisión, que es lo que discute el STF, Moro aseguró que ejecutar la pena sólo al final del proceso es “problemático”debido a los procesos judiciales “extremamente lentos, con apelaciones, apelaciones y apelaciones”, informó El Clarín.

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó este miércoles la excarcelación a Carlos Santiago Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner, en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez, y en la que también está procesada Cristina Kirchner.

Con el voto de los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, y la disidencia de Andrés Basso, el tribunal le impuso además una caución real de 12 millones de pesos y la prohibición de salida del país.

El TOF 2 está juzgando el supuesto direccionamiento de la obra pública de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. En ese proceso, Cristina Kirchner está acusada de ser jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado al favorecer al Grupo Austral. Carlos Kirchner es el único detenido en ese expediente.

El arquitecto está procesado como partícipe de la asociación ilícita junto al delito de administración fraudulenta agravada, y quedó detenido porque habría extraído dinero de cajas de seguridad a su nombre y de cuentas bancarias cuando ya pesaban restricciones para disponer de su patrimonio.

En medio de las excarcelaciones ordenadas por la justicia federal, el primo de Néstor Kirchner volvió a insistir ante el Tribunal que lo juzga para que le concedan la libertad. Este lunes, durante la audiencia y frente a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu, se negó a declarar pero dijo en la sala que estaba «injustamente detenido».

Entre otros planteos, el ex funcionario kirchnerista remarcó que sólo tiene dos causas abiertas en los Tribunales de Comodoro Py y «ambas se abrieron en este gobierno».Y advirtió que no debería estar con prisión preventiva, «Siempre trabajé y siempre estuve a derecho, hubo un malentendido con mi domicilio», deslizó. El malentendido al que se refiere es que había brindado a la justicia dos domicilios que no eran los correctos. Kirchner agregó que a raíz de su detención atraviesa «serias dificultades económicas por mi detención y embargo de mis bienes».

En paralelo, el ex secretario de coordinación del ministerio de Planificación Federal adujo problemas de salud.

El primero en pronunciarse en contra de su requerimiento fue el fiscal de juicio Diego Luciani, quien en su resolución sostuvo que aún existen los riesgos procesales que lo condujeron a la prisión. Por otro lado, señaló que el estado de salud debe ser verificado por especialistas.

Su detención

El primo del ex presidente se entregó la tarde del viernes 22 de diciembre de 2017 en los tribunales federales de la Avenida Comodoro Py, luego de enterarse por los medios que los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques le habían pedido al juez Julián Ercolini que ordenara su detención, lo que el magistrado dispuso esa mañana.

Los fiscales acusaron a Kirchner de haber realizado maniobras financieras para ocultar su patrimonio a la Justicia. «El acusado ha realizado un sinnúmero de maniobras económicas y financieras elusivas tendientes a ocultar parte de su patrimonio y a frustrar la posibilidad del rastreo y recupero de activos, logrando sustraer del alcance de la justicia la suma de prácticamente 4 millones de pesos», dijeron aquella vez Mahiques y Pollicita.

La Justicia incautó cinco vehículos del ex funcionario, a quien además se le secuestraron unos 80 mil dólares y 239 mil pesos que estaban guardados en una caja de seguridad del Banco de Santa Cruz. Los fiscales determinaron que Kirchner vació el contenido de una caja de seguridad que tenía en una sucursal del Banco Francés en la ciudad de Buenos Aires una semana después que ellos pidieran medidas para preservar su patrimonio, en agosto de 2016.

Además, al día siguiente de su indagatoria, en setiembre de ese año, el primo del fallecido presidente retiró más de medio millón de pesos y 120 mil dólares de sendas cuentas que tenía en el Banco Nación, pese a que al día anterior se había dispuesto la inhibición general de bienes.

Los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa, presos desde 2017, fueron excarcelados ayer por el Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio en su contra por presunta defraudación. No obstante, seguirán presosporque tienen ordenada la prisión preventiva en otras causas en trámite en el juzgado de Claudio Bonadio.

El TOF 3 los excarceló porque entendió que hubo un cambio sustancial en la situación de ambos como consecuencia de un fallo de la semana pasada que resolvió que la maniobra que se les adjudicaba y que había motivado las detenciones en realidad no existió.

Ese fallo, citado por la defensa de los empresarios en el pedido de hoy, sobreseyó a ambos en un expediente en el que estaban acusados de haber vendido acciones suyas del Grupo Indalo en un supuesto intento por obstruir la labor de la Justicia.

El fallo que sostiene que esa supuesta maniobra que se había denunciado no existió fue firmado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti el 13 de septiembre pasado y no fue apelado por la fiscalía. Es una decisión determinante en la situación de ambos detenidos porque el argumento central para su prisión preventiva fue la sospecha de que habían intentado sustraer su empresa del accionar de la Justicia, que los había inhibido.

Cuando detectó esa supuesta maniobra, el juez federal Julián Ercolini, que fue quien dictó las prisiones preventivas, dispuso que otro juez investigara si había existido un delito. Fue así como se inició el caso que instruyó Capuchetti.

López y De Souza están siendo juzgados por el Tribunal Oral Federal 3 en un juicio oral y público por retener impuestos a los combustibles por 8000 millones de pesos, según la acusación fiscal. Es ante ese tribunal que hoy pidieron la excarcelación.

Sin embargo, esta no es la única causa por la que están presos. Sobre ambos acusados pesan además otras prisiones preventivas dispuestas por el juez federal Claudio Bonadio, en el marco de causas ligadas al caso de los cuadernos de las coimas. Por eso, para obtener la libertad, López y De Souza necesitarán también ser excarcelados en esos expedientes.

En paralelo con la excarcelación pedida hoy, De Souza tiene presentado además una solicitud para que le concedan la prisión domiciliaria.

En el escrito de la excarcelación de De Souza, la defensa afirmó: «Como puede apreciarse, ha quedado objetivamente demostrado, en el marco de una resolución judicial pasada en autoridad de cosa juzgada, que el argumento que invocó el Dr. Ercolini para privar de su libertad a nuestro defendido es absolutamente falso, ya que jamás se engañó a nadie y nunca se vendieron las acciones del Grupo Indalo».

La defensa alegó además que la jueza Capuchetti había escrito que las operaciones sospechdas «no tuvieron como finalidad el incumplimiento de las medidas que pesaban sobre las sociedades cauteladas» y que había destacado que la «hipótesis inicial» que se investigó en la causa fue refutada por las pruebas reunidas.

«No se intentó defraudar a los intervinientes en ese expediente, tampoco fueron transferidas las acciones de las empresas y no obra ninguna prueba que permita inferir que se encontraban impedidos de realizar cambios de autoridades ni tampoco que esta situación haya sido efectuada con fines ilícitos», escribió la jueza y transcribió la defensa.

Capuchetti es la última jueza federal designada en Comodoro Py. Juró hace cuatro meses y ocupa el juzgado que tuvo a su cargo Norberto Oyarbide hasta que renunció.

Las prisiones

Ercolini ordenó la detenciones de López y De Souza en diciembre de 2017, cuando los procesó por defraudación al Estado junto con el exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray.

La detención de López y de De Souza fue levantada por la Cámara Federal en marzo de 2018. Los liberaron los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Como consecuencia de ese fallo, el presidente Mauricio Macri los criticó públicamente. Después, Ballestero renunció en medio de un juicio político, Farah fue trasladado a otro tribunal y López y De Souza volvieron a la cárcel por decisión de la Cámara de Casación, que en un fallo dividido, volvió a aplicar el criterio original de Ercolini, informó La Nación.

El Tribunal Oral Federal 4 rechazó hoy liberar al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín y al contador Daniel Pérez Gadín en la causa de la «ruta del dinero k» por lavado de dinero.

Los integrantes del TOF 4 rechazaron los argumentos de los acusados, quienes denunciaron que eran espiados tras conocerse la transcripción de las escuchas a los ex funcionarios Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, sobre quiénes no había orden de intervención.

Esas escuchas fueron presentadas por diputadas de la Coalición Cívica para denunciar que los ex funcionarios armaron la denuncia por extorsión a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Adriana Paliotti señalaron que la situación de los tres detenidos no cambió y por lo tanto no hay razones para liberarlos. Sobre las escuchas explicaron que no presentaron elementos concretos sobre esa situación, por lo que tampoco se modifica su situación.

Lázaro Báez y Gadín están detenidos desde abril de 2016, mientras que Martín Báez fue apresado la semana pasada luego de que se descubrió que movió 5.5 millones de dólares de una cuenta bancaria en Bahamas, lo que para la justicia es una obstaculización a la causa.

En el juicio se juzga el presunto lavado de cerca de 40 millones de dólares por parte de los Báez y sus empresas constructoras.

 

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