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Juan Garitano, militante del justicialismo, expresó a través de su cuenta en la red social de Twitter “Chubut ha entrado hoy en una tremenda crisis institucional. Enfrentamiento con el Poder  Judicial. Ruptura del bloque oficialista, falta de pago de salarios del mes de marzo y abril. Se requiere la urgente intervención del Gobierno Nacional”.

Agregó que “es imprescindible una urgente gestión política a los fines de ordenar el caos en que ha caído el actual Gobierno provincial. Los ciudadanos de Chubut no soportan más la actual situación. El riesgo es un estallido social”.

Mensajes en Twitter

El presidente de Chile, Sebastián Piñera anunció el inicio de sus vacaciones este miércoles, pese al estallido social en contra de sus políticas gubernamentales y las denuncias de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes por parte de agentes del Estado.

Según representantes de la Presidencia, Piñera «se mantendrá atento y monitoreando los hechos que suceden en el país», mientras aseguraron que continuará en contacto con el gabinete y sus asesores.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, permanecerá en el Palacio de La Moneda (sede de Gobierno), mientras el ministro de Secretaría General de la Presidencia asumirá la vocería en este tiempo.

Piñera abandona La Moneda a pocos días de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Chile, organización que certificó que el país vive una grave crisis de derechos humanos.

La represión a quienes salen a las calles para protestar contra Piñera, desde el 18 de octubre pasado, ha dejado 5.500 víctimas de violaciones a los derechos humanos, según la comisión.

«Chile enfrenta un profundo desafío para sus instituciones democráticas en el marco de una crisis social que ha producido un trauma extendido en su sociedad y que requiere de medidas decisivas para superarlo», refiere el informe preliminar.

El año 2019 ha dado lugar en Latinoamérica a una profunda reconfiguración política, con un fuerte protagonismo de la sociedad en las calles y varios conflictos con final abierto. Los últimos 12 meses estuvieron atravesados por elecciones, desestabilización política, un golpe de Estado, múltiples protestas y la profundización de las sanciones e intervenciones del Gobierno estadounidense a los países no alineados con Washington.

Sin dudas, el derrocamiento del presidente Evo Morales en Bolivia, a pocos días de concretada una elección, más allá de las denuncias de fraude que nunca fueron probadas de manera contundente, encienden una alarma respecto a la seguridad democrática y la soberanía de los pueblos de la región.

Ya en enero, el Gobierno de EE.UU. fue uno de los máximos auspiciantes del intento de golpe de Estado en Venezuela, encabezado por el diputado opositor Juan Guaidó, quien se autoproclamó ‘presidente encargado’. La misión desestabilizadora alcanzó su punto máximo el 30 de abril, con la llamada ‘Operación Libertad’, pero, sin la respuesta de las fuerzas militares, al menos al nivel que esperaban los ejecutores y promotores del levantamiento, fracasó ese mismo día.

Desde el mes de abril, la Casa Blanca decidió endurecer y ampliar las sanciones económicas y comerciales a Cuba, Venezuela y Nicaragua, los países considerados por Washington como «la troika de la tiranía». El objetivo fue expuesto por las propias autoridades de la administración Trump: «Acabar con la glorificación del socialismo y el comunismo» en el continente.

2019, el año de las protestas

En varios países, las calles han sido escenario de expresiones populares, pero también de extrema violencia y represión.

En este sentido, Chile ha dado sobradas muestras de que la bonanza económica y el equilibrio financiero de una nación, no necesariamente se traducen en bienestar social. Desde el 18 de octubre, miles de personas se manifestaron casi diariamente contra el Gobierno de Sebastián Piñera y sus políticas, con la desigualdad, los bajos salarios y la falta de acceso a los servicios esenciales, como principal eje de los reclamos.

En medio de graves denuncias por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad chilenas, en el marco de la represión policial, se ha iniciado un proceso de reforma constitucional con el objetivo de atender algunas de esas demandas, pero nada garantiza que cese la conflictividad para el próximo año. De avanzar en el plebiscito en abril de 2020, la nueva Carta Magna podría tomar forma recién en 2021, poco antes de las elecciones nacionales.

En Ecuador y Colombia también numerosos grupos opositores han expresado su descontento. En el caso del primero, por el ‘paquetazo’ económico que quiso aplicar el presidente Lenín Moreno para cumplir con las metas que impone el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que fue finalmente retirado debido al fuerte rechazo social que generaba. En cuanto a Colombia, el conflicto social estuvo marcado por una huelga nacional que no ocurría con semejante fuerza desde 1977, en respuesta a una serie de proyectos del gobierno de Iván Duque, principalmente una reforma tributaria que ya fue aprobada, pero también por las constantes violaciones a los derechos humanos y los asesinatos de líderes campesinos.

En Haití, el país más pobre del continente americano, las movilizaciones y la violencia no son novedad, pero se intensificaron este año con un claro objetivo: conseguir la renuncia del presidente Jovenel Moise, quien enfrenta un clima adverso por la extrema miseria, la escasez de combustible y graves acusaciones de corrupción contra la clase dirigente.

En casi todos los casos, los principales componentes de los colectivos que protestaron fueron: comunidades indígenas, movimientos feministas, estudiantes, sindicatos, organizaciones políticas, ambientalistas e independientes.

Cinco países a las urnas y una elección anulada

Hubo seis naciones latinoamericanas donde se desarrollaron elecciones generales en 2019, aunque en una de ellas los comicios fueron anulados. Fue el caso de Bolivia, donde las protestas opositoras que acusaban un «fraude escandaloso», fueron el preludio de un golpe de Estado. La violencia desatada y las presiones de las fuerzas militares para hacer renunciar al ganador de esa elección, Evo Morales, quien se privó así de un cuarto mandato, dieron lugar a la autoproclamación de la exsenadora opositora Jeanine Áñez, como presidenta interina.

La primera elección del año se celebró en El Salvador, donde el empresario Nayib Bukele, de 38 años, se consagró como el mandatario más joven de la región, marcando un quiebre de la tradición democrática bipartidista en el país centroamericano, luego de 30 años de dominio político de la derechista Alianza Republicana Nacionalistas (ARENA), y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Panamá acudió a las urnas en mayo, bajo un clima electoral tenso por los escándalos de corrupción revelados en la investigación Papeles de Panamá (Panama Papers). Con una diferencia de solo tres puntos, el candidato del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo, venció a su más cercano perseguidor, el oficialista Rómulo Roux (Partido Cambio Democrático y Partido Alianza). Con un discurso nacionalista, el empresario ganadero Cortizo prometió dar batalla a la corrupción y declaró una «guerra» contra la pobreza y la desigualdad.

Las elecciones de Guatemala se definieron en segunda vuelta en el mes de agosto, con la victoria del político conservador Alejandro Giammatei (58 %), frente a la socialdemócrata Sandra Torres (42 %). Giammatei, un médico y exdirector penitenciario de 63 años, asumirá recién el 14 de enero de 2020, en reemplazo del cómico Jimmy Morales. Tendrá por delante el desafío de reencaminar a un país signado por la corrupción, la pobreza, el narcotráfico y la violencia pandillera. Ya adelantó que se opone al acuerdo de tercer país seguro, firmado por su antecesor con EE.UU., a fin de recibir a los migrantes expulsados de ese territorio.

En el mes de octubre, en el marco de una grave crisis económica y social, los votantes argentinos decidieron que Mauricio Macri no continuara otros cuatro años al frente del poder. En su lugar, asumió el 10 de diciembre el peronista Alberto Fernández, junto a la vicepresidenta Cristina Fernández. Fue clave para lograr un resultado favorable, por una ventaja de 8 puntos, el armado de un frente de unidad que se encolumnó detrás de la figura de la exmandataria y del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

En la misma jornada, Uruguay eligió a su nuevo presidente en balotaje y puso fin a un período de 15 años de gobierno del progresista Frente Amplio. Luis Lacalle Pou, del derechista Partido Nacional, derrotó al candidato oficialista Daniel Martínez y asumirá en marzo de 2020, bajo la promesa de reducir el déficit fiscal y mejorar la seguridad ciudadana.

Brasil, entre la crisis ambiental y la liberación de Lula da Silva

Los incendios en la Amazonía brasileña —y la Chiquitanía, en Bolivia—, causaron una grave crisis ambiental y también política, ya que el desastre desatado a mediados de este año despertó duras críticas al gobierno de Jair Bolsonaro, quien ha negado lo que muchos consideran una tragedia ecológica, debido a la importancia de esa reserva verde, conocida como el ‘pulmón del planeta’. El mandatario culpó a ONGs ambientalistas de estar detrás de los focos ígneos, pero desde distintos sectores señalan que hubo falta de control y un incremento de la explotación forestal y minera en la zona.

Asimismo, en noviembre, un derrame de petróleo afectó las costas del noreste de esa nación suramericana, principalmente en las playas de Pernambuco. La administración Bolsonaro aseguró en un primer momento que se trataba de un barco «venezolano», pero las autoridades de ese país lo desmintieron y hasta el momento se desconoce su origen.

En el plano estrictamente político, el suceso de mayor relevancia para el país fue la liberación, el 8 de noviembre, del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encontraba preso desde hacía un año y siete meses en una sede policial de Curitiba, acusado por corrupción.

Si bien enfrenta múltiples causas en la Justicia, el líder del Partido de los Trabajadores ya ha retomado la actividad política, y se presenta como el principal referente opositor al actual presidente de ultraderecha.

Probablemente, en 2020 muchos de los conflictos y tensiones políticas que dejó el año previo continuarán, al menos, latentes. Serán claves la celebración de nuevas elecciones en Bolivia, pautadas para abril, y la votación en el mismo mes del plebiscito de reforma constitucional en Chile, donde las protestas continúan y dan escasos síntomas de replegarse.

Por las redes sociales, distintas organizaciones sociales convocaron para este miércoles a manifestaciones frente al shopping Costanera Center, un ícono de Santiago de Chile, en donde hay incidentes aislados.

Las protestas buscan hacerse sentir en los barrios ricosde Santiago de Chile, con convocatorias a marchar este miércoles hacia zonas que hasta ahora habían sorteado las tumultuosas manifestaciones, mientras el presidente Sebastián Piñera sostiene que no tiene «nada que ocultar» frente a las crecientes denuncias de excesos policiales: el centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica e ícono del progreso económico de este país, ya es epicentro de las protestas convocadas por las redes sociales y de los primeros incidentes.

Por precaución, tanto en el Costanera Center -que ha funcionado a media máquina durante estas últimas dos semanas- como en el edificio de la Cepal sus funcionarios fueron autorizados a dejar las instalaciones antes de la hora de almuerzo.

Las protestas sociales, que estallaron el 18 de octubre, han tenido como principal escenario el centro de Santiago, con manifestaciones -algunas violentas- casi a diario delante del palacio presidencial de La Moneda yen los alrededores de la Plaza Italia, que al cabo de varias jornadas muestran un panorama sombrío.

En La Moneda, junto a varios de sus ministros, el presidente chileno firmó este miércoles un proyecto de ley que eleva -a cargo estatal- el salario mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (467 dólares), en el marco de la agenda social que busca aplacar el malestar.

También este miércoles, entidades que agrupan a los camioneros realizaron una marcha lenta por las autopistas de ingreso a la capital, en protesta por el alto valor de los peajes.

«Establecimos transparencia total en las cifras porque no tenemos nada que ocultar», dijo Piñera este miércoles, al ser consultado sobre la catarata de denuncias sobre abusos a los derechos humanos por parte de las fuerzas del orden, al intentar repelar las manifestaciones callejeras.

El martes, dos estudiantes de secundaria resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron a su liceo y que incumplieron los protocolos de acción en estos casos, según reconoció el jefe policial Mario Rozas.

Las protestas, que se iniciaron en respuesta al alza de tarifas del ferrocarril capitalino pero que después derivaron a varios reclamos sociales, han provocado hasta ahora 20 muertes, en cinco de las cuales se investiga la intervención de agentes del Estado.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha interpuesto, además, 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y violencia sexual supuestamente cometidas por efectivos de la policía y militares que resguardaron las principales ciudades los nueve primeros días del estallido social después que Piñera decretara el estado de emergencia.

El Colegio Médico ha denunciado, por su parte, más de un centenar de heridos oculares por el uso de perdigones en las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, pidió este miércoles autorización al gobierno de Piñera para realizar una visita al país «a solicitud de un centenar de organizaciones, instituciones y movimientos de derechos humanos de Chile», anunció el organismo.

Una misión del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, se encuentra desde la semana pasada en el país para investigar las denuncias.

Con intentos a inicios de semana de avanzar desde la céntrica Plaza Italia hacia el oriente, para llegar el centro comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica e ícono del progreso económico de este país, la convocatoria de esta jornada fijó este lugar como el centro de las manifestaciones.

También hubo llamados a concurrir hasta la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), un organismo técnico de las Naciones Unidas, cuya sede en la exclusiva comuna de Vitacura representa uno de los mayores íconos arquitectónicos de la ciudad.

Jaqueado por las protestas,el mandatario descartó el martes renunciar, en una entrevista que concedió a la BBC de Londres.

«Por supuesto que voy a llegar al fin de mi gobierno. Fui elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos», dijo Piñera.

El martes, en un guiño al sector empresarial, anunció también un paquete de ayudas a 6.800 pequeñas y micro empresas afectadas por la crisis social.

Entre intentos de retomar sus actividades, los santiaguinos transitan desde hace días en una ciudad que de mañana muestra su mejor cara pero que de tarde y noche se paraliza en su gran mayoría, aunque las protestas han bajado en masividad y ganado en violencia en las últimas jornadas.

Los locales comerciales abren solo por pocas horas o mantienen sus cortinas semi cerradas y gran parte de los colegios y universidades todavía no retoman sus actividades, informó Clarín.