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El abogado defensor de Federico Gatica en la causa de corrupción a nivel provincial, expresó que el pase al fuero Federal es una cuestión de tiempos judiciales, que no está en sus manos. Hoy la situación del imputado es que sigue detenido con autorización de visitas a su domicilio por cuestiones exclusivamente familiares.

“Para el hipotético caso que se declare competente la Justicia Federal, lo primero que hay que hacer es ‘corregir’ los distintos procedimientos: en el ámbito provincial la prueba testimonial con la que se hace la acusación de la fiscalía son entrevistas no juramentadas ante un funcionario de Fiscalía, sin presencia del juez. En el ámbito Federal, el testigo declara bajo juramento ante un Juez”, explicó esta mañana el Dr. Javier Romero.

Y agregó que “por eso, las pruebas testimoniales o declaraciones con los que la Fiscalía quiere fundamentar su pretensión, en el ámbito Federal esas declaraciones son inválidas porque no fueron frente a un juez. Entonces, hay que hacer un proceso de corrección y asimilación de un proceso a otro”.

“No puedo hablar por los demás imputados. En nuestro caso se pediría la morigeración de la medida de coerción hasta que esto se resuelva. En lo personal, considero que no existen los peligros procesales para fundamentar la privación de la libertad”, determinó el letrado.

En diálogo con FM La Petrolera 89.3 MHz, Romero indicó que “esta es una causa de once cuerpos solamente en pruebas. El trabajo investigativo fue arduo y hasta meritorio. No obstante tiene ciertas falencias que se van a exponer a la hora del juicio oral y público, algo que será materia de debate”.

“Uno como abogado defensor lo primero que tiene que ver es quién es el Juez competente. Estamos hablando de un fallo muy reciente, emitido el 13 de noviembre de 2018; no se planteó antes justamente porque no había sido dictado. Como profesional del derecho uno tiene que procurar que se apliquen las leyes, los principios jurídicos”, enfatizó.

Asimismo, se preguntó “cuál sería el sentido de tramitar un juicio ante un tribunal que, a priori, parece incompetente. Se podrían llegar a dar incluso nulidades. Se podría dar un escenario por ejemplo qué pasa si Gatica sale absuelto: es válido o no, porque fue dictada por un tribunal que en principio no sería competente. E incluso podría llegar a ser muy perjudicial”.

“Entonces, lo primero que hay que hacer es remover la duda, dejar sobre base firme el Tribunal competente y que éste dicte lo que por derecho corresponde, pero no el no saber siquiera si se va a juicio, si ese tribunal posee la competencia o no, es una cuestión fundamental que hay que revisar desde el principio”, analizó.

Por último, Romero dijo que “básicamente, el fallo de noviembre se origina por una actuación del Juzgado Federal de Rawson, que llevó a la Corte y regresó con la conclusión de que el lavado de activos, es de competencia estrictamente federal”

El Comodorense

Audiencia de suspensión de juicio a prueba en causa por corrupción, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes de funcionario público en el IPV local

En horas de la mañana del presente viernes se conoció la resolución de la jueza Daniela Arcuri sobre la causa por la suspensión de juicio a prueba para los imputados Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori en la causa conocida como IPV local. Por su parte para el entonces delegado local del organismo, Abel Reyna, en su calidad de ex funcionario, se pospuso el trámite hasta el próximo viernes 15 de febrero, a las 10.00 hs., cuando se propondrá un juicio abreviado.

El pasado lunes se realizó la audiencia donde los defensores de los imputados propusieron la aplicación de suspensión de juicio a prueba para los 4 imputados. La jueza autorizó la suspensión de juicio a prueba para Darío Acosta, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Claudia Leonori considerando la reparación ofrecida por ellos como “adecuada y razonable”. También consideró el trabajo comunitario en beneficio de una entidad pública para reparar el daño causado, también deberán cumplir por el término estimado la regla general de conducta de presentarse periódicamente ante el Cuerpo de Delegados de Control y no verse involucrados en nuevos delitos.

La jueza consideró asimismo en su resolución la admisibilidad y la procedencia de las suspensiones solicitadas. El Instituto fue solicitado antes de la apertura del debate y fue peticionado por los imputados, ofreciendo una reparación económica, en la medida de sus posibilidades; como el abandono de los bienes decomisados. Otro de los requisitos para poder hacer lugar a las suspensiones es que la pena sea inferior a tres años y que el sujeto activo no sea funcionario público. También se debe dar el consentimiento del fiscal, que en el caso se da, como también el de la querella.

Arcuri argumentó que la reparación ofrecida por todos los imputados estaba dentro de sus posibilidades y que se ha abandonado los bienes decomisables por el procedimiento Administrativo de recupero de las viviendas iniciado por el IPV. Todos los delitos imputados son de acción pública y procede la suspensión ya que ninguno de los cuatro imputados era funcionario público, como tampoco ninguno poseía antecedentes penales computables.

Presidió el acto la jueza penal Daniela Arcuri, por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; por la querella María Laura Martensen, abogada patrocinante en representación del IPV; la defensa de Leonori, estuvo a cargo de Guillermo Iglesias. La defensa de Acosta la ejerció Francisco Miguel Romero, abogado particular; en tanto que la de Antimilla y Medina Consoli por Esteban Mantecón, defensor público.

Los hechos imputados en la acusación:

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a realizar maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos de dicho plan declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Para ello, Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI establecido por la norma, como tampoco se respetó el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI. Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

De la investigación surge también la existencia de casos donde se efectuó entrega de dinero o favores sexuales por viviendas. Concretamente, el 15 de agosto de 2014 Darío Acosta y Reyna contactaron a un particular, quien se encontraba inscripto en el IPV, y le requirió el pago de 80 mil pesos para acelerar el trámite de vivienda. Ante la necesidad de acceder a la vivienda, el particular solicitó un préstamo en Banco Chubut, pidió dinero prestado a su jefe y más los ahorros que tenía, logró reunir el monto requerido por Acosta, haciéndole entrega del mismo en sede del IPV de Rivadavia y Asturias. Luego del pago, Acosta incorporó al referido en el Plan 81 viviendas de Ciudadela, asignándole una unidad habitacional, todo ello con la anuencia de Abel Reyna y la participación para los actos administrativos de Raquel Antimilla, Anita Adelina Caro y Vanesa Consoli Medina, quienes completaron fraudulentamente las planillas de actualización de datos, modificando los puntajes. Calificando este hecho como exacciones ilegales, en concurso ideal con falsedad ideológica para Acosta y Reyna.

Asimismo, durante los primeros meses de 2014, Abel Reyna le requirió a una particular, inscripta en el IPV desde el año 2003, favores sexuales a cambio de hacerle entrega de una vivienda para ella y su hijo discapacitado. Debido a la urgencia de tener su vivienda, la mencionada acepta reunirse con Reyna, donde se pactó la entrega de la unidad. Posteriormente, el 24 de febrero de 2014, Reyna le hace entrega de una vivienda, ello con la participación administrativa de Darío Acosta. Calificándose jurídicamente para Abel Reyna, como autor de cohecho.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a entregar, sin los requisitos de ley, viviendas a sus colaboradores y a otras personas, que, a sabiendas, las recibían en pago por las tareas ilegales realizadas a su favor según consta en las carpetas del IPV.

Finalmente, con fecha 26 de septiembre de 2014, Fabián Alejandro Otero, ex cónyuge de Claudia Leonori, obtuvo de manera irregular una vivienda del IPVyDU en el Barrio Ciudadela. Dicha vivienda fue cedida por Claudia Leonori a Otero como propia en el marco del divorcio, habiéndola obtenido Leonori en forma fraudulenta, insertando datos falsos en su Legajo, ya que la ficha de inscripción no se encuentra sellada, lo que no permite conocer quien realizó la encuesta social que da fe de los datos incorporados. Asimismo, la cesión se realizó sin los requisitos de ley, ya que las viviendas FONAVI solo pueden ser transferidas a grupos familiares que se encuentren inscriptos en el Registro Permanente de este Instituto. En este caso, esto no ocurrió con esta formalidad dado que Leonori firmó una renuncia a su inscripción cediendo su número de legajo a su ex cónyuge Otero, sin la anuencia de ningún funcionario.

La investigación preparatoria ha permitido acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del instituto provincial de la vivienda delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, procedió a confeccionar las listas de preadjudicatarios del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela en forma arbitraria y sin seguir el orden de puntaje que manda la ley.

Lo manifestó la exmujer de Lázaro Báez y madre de Martín Báez, detenido este jueves en Comodoro Py.

Luego de que Martín Báez quedara detenido este jueves tras presentarse en los Tribunales de Comodoro Py, habló su mamá, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez. “No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, expresó y aseguró: “Todo lo que han dicho de mí es mentira; nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´”.

Ayer jueves los jueces le dictaron la prisión preventiva a uno de los hijos del empresario Lázaro Báez, Martín, por mover más de 5 millones de dólares pese a estar inhibido.

Su madre, Norma Calismonte, ex mujer de Lázaro Báez y una voz desconocida hasta el momento, calificó la causa judicial como un “circo romano”, en un audio difundido por el periodista Luis Gasulla, de Periodismo y Punto.

La mujer, además, apunta a que debería estar presa “otra persona” y “otras personas”, según destacó el Diario Nuevo Día.

“No tendrían que estar presos ni mis hijos ni Lázaro, sino otra persona”, se escucha enojada a la ex mujer del hombre fuerte de la obra pública en la Patagonia en el audio difundido.

Agregó: “Todo lo que han dicho de mí es mentira, nunca le exigí a Lázaro ni le dije ´el límite son mis hijos´. Todas son habladurías. Este juicio se va a caer a pedazos”, resumió.

ADN Sur

El viernes se conocerá la decisión de la jueza Daniela Arcuri. Los acusados en la causa propusieron realizar trabajos comunitarios y retribuciones económicas.

La investigación preparatoria permitió acreditar que Abel Reyna, en su rol de delegado del Instituto Provincial de la Vivienda, delegación Zona Sur de Comodoro Rivadavia, realizó maniobras ilegales en el plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, insertando en los legajos declaraciones juradas con datos falsos, a fin de asignar viviendas a personas que no cumplían los requisitos exigidos por la ley. Estas maniobras fueron realizadas entre el 30 de diciembre de 2011 hasta su renuncia, el 5 de septiembre de 2014, en la sede de IPV sita en calle Rivadavia n° 2098 esquina Asturias de esta ciudad.

Reyna organizó un grupo de empleados del IPV integrado por: Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Lorena Medina, quienes cada uno desde el rol específico que acompañaba el cargo para el que se lo había nombrado, consignaron falsamente datos personales de los postulantes y omitieron agregar la documentación respaldatoria en las carpetas de los seleccionados, posibilitando la obtención de la vivienda de quienes no cumplían con los requisitos de ley en desmedro de los postulantes que si los tenían. Del análisis individual de cada uno de los legajos del Plan 81 viviendas del Barrio Ciudadela, del listado de pre adjudicados y de adjudicatarios establecido en la Ley, se visualiza que no se respetó ningún criterio de selección social FONAVI como tampoco el sistema de puntajes establecido por resolución FONAVI.

Por su parte, Darío Acosta, Raquel Antimilla y Vanesa Consoli Medina, quienes conformaban el sector Adjudicación, adulteraron las planillas de actualización de datos de los legajos de preadjudicación del Plan 81 viviendas de Ciudadela: agregando puntajes inexistentes; dando fe de visitas sociales que nunca realizaron, no requirieron en ningún caso la documentación respaldatoria de la situación social o habitacional declarada.

El abogado de Dario Acosta, Francisco Miguel Romero, solicitó el plazo de dos años de suspensión y abonar a modo de reparación la cantidad de 600 horas de trabajo comunitario a favor del Estado en una institución de bien público, y el pago del 20% de su sueldo durante dos años.

Por su parte, el defensor de Vanesa Medina Consoli y Raquel Antimilla, Esteban Mantecon, pidió que en caso de recaer condena sobre ellas, la misma será de cumplimiento en suspenso ya que ninguna de las dos tiene antecedentes penales computables. Solicitó por ende la aplicación del instituto de la suspensión de juicio a prueba para ellas por el término de un año, el 5 % de su sueldos por el término de un año y tareas comunitarias de tres horas semanales, como reparación del daño ocasionado al Estado.

Por su parte, Guillermo Iglesias, el defensor de Claudia Leonori también solicitó la aplicación de la suspensión para su pupila por el término de un año, con dos presentaciones ante el Cuerpo de Delegados de Control y la suma de $ 5.000 a favor del Estado provincial, como reparación.

El Comodorense

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió el arresto domiciliario y la colocación de una tobillera electrónica para David Dahhur, el ex gerente de relaciones institucionales del Instituto de Asistencia Social, considerado el organizador de unos 140 hechos cometidos de lo que se considera una asociación ilícita que constituyen la causa “Lotería”. Se trata de contrataciones directas o “auto contrataciones” que habrían perjudicado al erario público en unos dos millones de pesos, según la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal del Chubut.

Dahhur estaba detenido en la Alcaidía de Trelew

Fueron los propios investigadores que argumentaron en favor del imputado que hasta este miércoles se hallaba detenido en la Alcaidía de Trelew. Lo argumentaron indicando que el avance de la investigación si bien compromete cada vez más a Dahhur, ha disipado el posible entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga.

El fiscal general Alejandro Franco hizo alusión a que en los últimos meses se sumaron más pruebas en contra de Dahhur en alusión fundamentalmente a testimonios de testigos que fueron recabados por los investigadores luego de haber sido detenido quien había sido gerente de relaciones institucionales del Instituto de Asistencia Social. También hicieron alusión a los testimonios que en distintas audiencias brindó Dahhur y afirmaciones que allí realizó, que luego los fiscales comprobaron que no eran ciertas, como por ejemplo que su esposa se encontraba inscripta para ocupar cargos docentes en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en un informe realizado a pedido de los fiscales, desmintió lo que Dahhur había afirmado. Lo mismo ocurrió con otros testimonios que se tomaron que desmienten dichos de Dahhur en audiencias anteriores en función de pedir el arresto domiciliario.

Dahhur no influyó sobre los testigos

“Todas las declaraciones se realizaron libremente y no hubo obstáculo alguno para tomarlas. Se refuerza así nuestra hipótesis respecto de la participación de Dahhur en los hechos ilegales que se investigan”. Pero concluyó en que se “aligeró sustancialmente el riesgo de entorpecimiento de la investigación y que el riesgo de fuga puede quedar resguardado con el arresto domiciliario y la colocación de una tobillera electrónica”.

El defensor del imputado, Oscar Romero fue por más y pidió la libertad para su cliente, pero esta postura fue rechazada por el juez Nieto Di Biase argumentando que la expectativa de pena posible para Dahhur que sería de más de cinco años en caso de ser hallado culpable, podría motivarlo a eludir la Justicia y fugarse. Agregó que el delito es en el que está involucrado “es lo suficientemente grave porque no cuidó los bienes del Estado que era su responsabilidad, y los utilizó para beneficio propio o beneficio de terceros” a la vez que destacó que se trata de dos millones de pesos que pertenecen a toda la sociedad del Chubut.

Correa, Luters, Verdeau y Alarcón

Respecto de Oscar Alarcón, deberá dar cuenta de los movimientos a los que fue autorizado en función del arresto domiciliario que tiene en su contra. Alarcón tiene puesta además una tobillera electrónica y fue autorizado a visitar a su abogado defensor y concurrir por razones de salud al Hospital de Esquel.

Correa mantiene su situación de prisión debido a que se encuentra en esa situación por otras causas judiciales que pesan en su contra como por ejemplo las llamadas causas “Embrujo” y “Revelación”. Lo mismo plantearon los fiscales para Diego Luters.

En la audiencia se sumó el debate la situación que pesa en contra de Federico Verdea, ex gerente general de Lotería e involucrado desde el lunes pasado en esta investigación.

Verdeau tiene prohibido salir del país, contactarse con testigos de la causa y además ofreció como caución un vehículo que a manera de embargo quedó a disposición de la Justicia. Al respecto los fiscales Iturrioz y Franco reconocieron que se trató de un acuerdo con su abogado defensor, el penalista de Trelew Emilio Galende.

El Banco del Chubut recuerda a sus clientes que no se realizan promociones ni promesas de acreditación de préstamos gestionados mediante contacto telefónico, por mensaje de texto, o vía mail, por lo que recomienda proteger su información personal y financiera para evitar ser víctimas de posibles estafas.

Las modalidades para obtener la información personal de los clientes se modifican a diario para seguir sorprendiendo imprevistamente a las posibles víctimas, por lo que ante cualquier situación es importante tener presente las siguientes claves de protección.

En primer lugar, recuerde que el Banco del Chubut no está realizando promociones a particulares por mensajes de texto, por lo que en caso de recibir mensajes de ese estilo, serán apócrifos.

Por otro lado, se recuerda que las claves de acceso tanto de cajeros como de home banking son personales, por lo que no se debe permitir que otras personas las conozcan.

Asimismo deben tener en cuenta que el banco nunca pedirá datos confidenciales ni claves a sus clientes, por lo que se recomienda jamás proporcionarlos en ninguna modalidad de comunicación.

De la misma manera, se recomienda no solicitar ayuda a terceras personas desconocidas para efectuar transacciones en cajeros automáticos o home banking ni realizar operaciones con instrucciones de una llamada procedente de comunicaciones que como se indicó anteriormente, no son de la entidad crediticia.

Por último, se debe tener presente que las operaciones realizadas por el cliente son de su exclusiva responsabilidad, como así también aquellas efectuadas por un tercero al que le haya permitido el acceso a sus datos de seguridad.

Para el próximo miércoles a las 8 en la Oficina Judicial de Rawson está previsto que se realice una nueva audiencia por la causa Lotería. En esta oportunidad se trata de una audiencia de pedido de “medidas sustitutivas” a las situaciones coerción que pesan contra tres de los imputados. Se trata de Diego Correa con prisión en una dependencia policial de Trelew, David Dahhur en igual situación, y Oscar Alarcón con arresto domiciliario en su casa de Trevelin, además de ser monitoreado vía satélite con una tobillera electrónica.

En una audiencia realizada este lunes, el juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase autorizó a Alarcón a salir de su casa para que reciba atención médica en Esquel a raíz de una dolencia que padece, además de poder visitar a su abogado, el defensor Guillermo Santos. La audiencia fue pedida por los respectivos abogados defensores.

En principio la audiencia está prevista para las 8 de la mañana del miércoles próximo aunque sujeta a cambios en el horario debido a otras obligaciones profesionales de algunos abogados defensores.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pedirán al menos tres años de prisión para Pablo Korn, acusado de direccionar contrataciones directas a un amigo y socio durante la emergencia climática de Comodoro.

l temporal que en 2017 azotó a esta ciudad abrirá, con las recientes postales de la catástrofe todavía vigentes y el mismo tendal de obras pendientes, una nueva herida.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams pedirán al menos tres años de prisión para el exsubsecretario de Servicios Públicos de la provincia, Pablo Korn, acusado de direccionar contrataciones directas a un amigo y socio durante la emergencia climática de Comodoro. El pedido incluirá la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. También pedirán tres años para el comerciante en cuestión, Rubén Darío D´Amico.

¿Habrá castigo para los que usaron una de las peores tragedias locales para consolidar una práctica que, según demostraron las investigaciones, eran usuales y recurrentes en el Estado provincial?

El 2019 será un año clave en las causas abiertas en Chubut, en el que se revelará hasta dónde el Poder Judicial podrá avanzar sobre la política y el empresariado. Y, como reclaman los fiscales, si habrá acompañamiento de la sociedad civil en este proceso en un año electoral.

El caso de Korn es apenas un ejemplo. El dato sobre el pedido de prisión surge de la acusación que ya fue elevada por la Oficina Judicial, tras finalizar la investigación por negociaciones incompatibles con la función pública. Al exfuncionario –imputado de autor- lo defiende su padre, Enrique Korn, y al comerciante –partícipe necesario-, Federico Ruffa.

El exsubsecretario de Servicios Públicos de la provincia, Pablo Korn, está acusado de direccionar contrataciones directas a un amigo y socio durante la emergencia climática de Comodoro.

Según los investigadores, entre los días 12 al 19 de mayo de 2017, tal como surge de doce expedientes administrativos, Korn se interesó en la contratación directa con Muebleluz SA, cuyo dueño es su “amigo y socio”, D’Amico. El objeto era adquirir los elementos necesarios para reparar “buena parte” de la infraestructura de los servicios públicos de Comodoro, dañados en algunos casos y destruidos en otros, por el temporal de lluvia del 29 de marzo de 2017.

En plena emergencia provincial decretada por el gobernador Mario Das Neves, “Korn, aprovechándose de la función pública que desempeñaba, y especialmente en función del cargo que ocupaba, con la clara intención de beneficiar económicamente a su amigo Darío Rubén D’Amico (presidente del Directorio de Muebleluz SA), se interesó y direccionó las contrataciones aludidas en favor de su amigo; por encima del interés público, violando el fiel y debido desempeño en la función que ocupó, perjudicando los interés a él confiados”.

En cuanto a D´Amico, “en razón de la amistad y sociedad que los unía, tenía pleno conocimiento del cargo que desempeñaba Korn, no obstante aceptó contratar de manera directa con la Subsecretaria, beneficiándose de manera contraria a la ley”.

Los 12 expedientes se iniciaron el 14 de julio de 2017. “Generaron una acreencia en favor de la empresa de D’Amico, de $ 3.726.244, que fueron abonados entre el 15 y 18 de agosto de 2017, por el Estado provincial”. Todas las facturas a favor de Electrocity fueron conformadas por el exjefe de gabinete, Alberto Gilardino. Electrocity es el nombre de fantasía del comercio pero la razón social es Muebleluz SA.

Los fiscales Rodríguez y Williams explicaron que cuentan con expedientes originales, copias de mail obtenido en el allanamiento a Electrocity, informes de contaduría, etcétera.

El 5 de abril de 2017 a las 7.20, Korn le avisó a D´Amico con un mail -privado, no oficial- que necesitaba comprar materiales requeridos por la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para paliar la crisis de servicios desatada por la tormenta.

Fiscalía consultó a dos empresas del rubro: Electrosur, una de los mayores proveedores de la provincia, y Nuevo Sur, con sede comercial en Comodoro. La primera contó que no fue llamada a participar ni ofertar; a la segunda, histórica proveedora de la SCPL, el Gobierno le pidió presupuestos con fecha posterior al mail de Korn. Esta firma tenía stock de material pero D´Amico, presuntamente gracias al aviso del exfuncionario, ya había mandado a comprar la mayoría de los elementos. “En realidad el pedido de presupuesto era una pantalla para encubrir el direccionamiento sobre el proveedor elegido Electrocity; esta circunstancia obedece al interés personal, por encima del interés público, que Korn tenía en relación a D´Amico”.

La acusación subraya el “vínculo personal estrecho” de ambos imputados: desde fotos en redes sociales hasta ser “socios en emprendimientos de loteos comerciales, cuestión que surge de los expedientes municipales de Trelew”.

Apenas un ejemplo de un modus operandi común a las causas por corrupción que se investigan en Chubut.

ADN Sur

Marcos Daniel Gómez Sepúlveda fue condenado a la pena de tres años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia y costas, por defraudaciones a varios comercios utilizando tarjetas de crédito robadas. Una de las tarjetas la sustrajo en una vivienda, la otra se la sacó de la cartera a una empleada del Hospital Zonal Esquel. La presentaba para pagar compras acompañadas del carnet de la obra social o la licencia de conducir, también sustraídas.

La condena fue dada a conocer por el juez Martín Zacchino, quién homologó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Ezequiel Forti y la abogada adjunta de la Defensa, Paola Bagnato.

El acusado reconoció haber ingresado a una vivienda, cuando no estaba su propietario, y haber sustraído una tarjeta de débito del Banco del Chubut, la licencia de conducir y el carnet de la obra social, entre otros elementos. El hecho tuvo lugar el 6 de octubre de 2018.

Ese mismo día, con el medio de pago y las credenciales ajenas, compró auriculares, aritos y una gaseosa en un comercio de Esquel.

Sin embargo no era la única tarjeta y documentos ajenos que tenía en su poder. Días antes, el 1 de octubre, sustrajo del interior de la cartera de una empleada de Salud Mental del Hospital Zonal Esquel, la tarjeta de crédito, el carnet de la obra social y la licencia de conducir. Usó esa documentación para realizar varias compras, alegando que le pertenecía a su tía que se encontraba enferma. En uno de los comercios hizo compras por $1.549; en otro por $3.486,5; en el tercero por $1.400; en otro por $4.411; y en el último por $150.

Gómez Sepúlveda deberá cumplir la pena de tres años y ocho meses de prisión, sin posibilidad de acceder al beneficio de la libertad condicional, debido a que fue declarado reincidente.

Un hombre discapacitado de 57 años pidió ayuda a una persona de sexo femenino para cobrar sus haberes, sin embrago esta se aprovechó de la confianza y se quedó con aproximadamente 1.400 pesos. Mediante la asistencia de personal del Comando Radioeléctrico de San Pedro dependiente de la UR-VIII, radicó la denuncia correspondiente.

La denuncia fue conocida por un vecino del damnificado de la zona Industrial quien manifestó que Nestro G. días atrás pidió ayuda para cobrar sus haberes a Fátima S. quien habría realizado la extracción de 7.400,00 pesos sin embargo hizo entrega de solamente 6 mil.

Personal del Comando se presentó en el lugar donde el damnificado confirmó lo dicho por Cesar, por lo que considerando su condición física, lo trasladaron a la Comisaría local donde dejó radicada la denuncia, donde se encuentran realizando las investigaciones pertinentes para dar con la supuesta estafadora.

El Territorio